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7 Julio 2003

Política de exhumaciones ilegales: Pacto de silencio

El 23 de diciembre de 1978 personal del Departamento II de Inteligencia, perteneciente al Regimiento de artillería Motorizado Nº 1 Tacna, junto con funcionarios del cuadro permanente, se constituyeron en el Fuerte Arteaga en Peldehue y premunidos de maquinaria pesada, procedieron a remover una fosa clandestina ubicada en un antiguo pozo seco, en donde el 13 de septiembre de 1973 habían sido enterrados un grupo de asesores y miembros del GAP del presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda.

Para ubicar el pozo, uno de los partícipes (el suboficial en retiro Eliseo Cornejo Escobar) quien cinco años antes había presenciado el fusilamiento de los detenidos en el Tacna y su posterior traslado y enterramiento en terrenos del Fuerte Arteaga, señaló el sitio exacto donde se encontraban dichos cuerpos. Una vez en el lugar, procedieron a cavar y con la ayuda de una pala mecánica, se llegó a unos seis metros de profundidad, encontrando cuerpos prácticamente enteros que se habían mantenido en buen estado al estar bajo tierra arcillosa, lo que impidió su descomposición.

Una vez extraídos los restos, los ponían en sacos, uno a uno para que no se desarmaran. En total fueron colocados entre 12 a 15 sacos y puestos en un camión marca Unimog. Esta acción se realizó entre las 10 y 22 horas, bajo la supervisión del comandante del regimiento de la época, Hernán Canales Varas. El camión trasladó los sacos hasta un parque de estacionamientos ubicado al costado oriente de la Carretera San Martín.

Alrededor de las 22 horas llegó un helicóptero Puma del Ejército que aterrizó en el parque, hasta donde fueron llevados los sacos conteniendo los restos humanos y embarcados en esa aeronave, siendo luego, presumiblemente, arrojados al mar.

Según el Informe Rettig, 21 son las personas que fueron detenidas el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de la Moneda y que, luego de haber permanecido dos días en el Regimiento Tacna de Santiago, fueron fusiladas. En septiembre de 1991, en las excavaciones de 108 tumbas caratuladas como N.N. en el Patio 29 del Cementerio General, se encontraron los restos de 9 de los detenidos de La Moneda.

La identidad de los 12 desaparecidos y que, según la Mesa de Diálogo, habrían sido lanzados al mar, incluye a los asesores Jaime Barrios Meza, (47) ingeniero comercial, gerente general del Banco Central; Enrique Huerta Corvalán, (48) Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, (33) sociólogo, dirigente del PS; Georges Klein Pipper, (27) médico siquiatra, del PC, asesor de la Subsecretaría General de Gobierno; Arsenio Poupin Oissel, (38) abogado, miembro del Comité Central del PS y Subsecretario General de Gobierno; Daniel Escobar Cruz, (37) del PC, Jefe de Gabinete del Subsecretario del Interior. El grupo del GAP lo integraban Oscar Lagos Ríos, (21) del PS; Juan Montiglio Murúa, (24) del PS; Julio Moreno Pulgar, (24) telefonista y ordenanza en La Moneda, del PS; Julio Tapia Martínez, (24) del PS; Oscar Valladares Caroca, (23) del PS; Juan Vargas Contreras, (23) del PS.

En enero de 2001, a raíz del informe de las Fuerzas Armadas sobre el destino de 200 detenidos desaparecidos, la jueza Amanda Valdovinos fue designada como ministra en visita para investigar uno de los datos más concretos aportados por los militares: la existencia de una caverna con 20 cráneos de detenidos desaparecidos en Colina.

Pasaron más de dos meses sin que lograra hallazgos. Pero en marzo sus indagaciones confirmaron uno de los mayores errores de la información emanada de la Mesa de Diálogo, al encontrar en el Fuerte Arteaga de Peldehue, el esqueleto del dirigente sindical del PC Luis Rivera Matus, cuyo cadáver estaba casi completo, pese a que en el informe castrense aparecía como lanzado al mar a la altura de San Antonio. El hecho derivó en el procesamiento del ex uniformado Freddy Ruiz Bunger por secuestro calificado.

Cuatro meses después, las investigaciones dieron más resultados. Al excavar en la gran fosa ubicada al norte de la zona de campaña, la jueza recuperó cerca de 500 piezas óseas (fragmentos de cráneo, de extremidades y dientes) que corresponderían a 12, de los 21 prisioneros ametrallados de La Moneda. Además halló restos de granadas y material balístico.

Durante el año y medio en que tuvo la causa, la magistrado Valdovinos determinó que en 1973 los cadáveres habrían sido detonados tras ser arrojados a un pozo, y que cinco años después fueron removidos. Aunque el informe de las FF.AA. afirma que fueron lanzados al mar, la jueza considera que algunos fueron enterrados en un nuevo lugar.

Según el informe enviado por la magistrado a la Suprema en mayo de 2002, "la detenida observación de restos encontrados en toda el área de la fosa y en el pozo aludido, en cuyas paredes aparecen éstos incrustados, permiten concluir en forma categórica el uso de explosivos del tipo granadas para la destrucción de los cuerpos". La ministra agrega que "hay indicios que el sitio fue removido con maquinaria pesada de gran tamaño y su contenido extraído a mano con relativa minuciosidad".

La ministra se concentró en la cadena de cerros El Talhuenal, ubicados en el mismo recinto militar. En otro escrito enviado a la Suprema , Valdovinos señala que "estos lugares aparecen hoy como destino final probable o entierros secundarios de restos extraídos de las remociones de las primeras sepulturas. Se sabe que los restos fueron sacados y posteriormente hubo un entierro secundario", agregó.

Este es un dato importante, ya que según Valdovinos "no todos los restos fueron lanzados al mar" tras ser exhumados ilegalmente. Agrega que los testimonios que ella recibió "son recurrentes en orden a llamar al lugar como "el rincón de los finados".

Los restos humanos encontrados en el Fuerte Arteaga están en proceso de identificación en el Servicio Médico Legal. Mientras no se establezca la identidad se establece la figura legal de una desaparición forzada. Judicialmente, se trata de secuestro calificado.

En junio de 2002 la Suprema decidió reestructurar las investigaciones de causas de derechos humanos y el caso del Fuerte Arteaga fue traspasado al juez Juan Carlos Urrutia. A partir de los vestigios óseos dejados por la remoción de los restos, el Quinto Juzgado del Crimen inició un proceso por exhumación ilegal por el traslado de cuerpos sin vida.

La penalidad por exhumación ilegal es baja (de 61 días a 540 más multa, según el artículo 322 del Código Penal), pero el hecho agrega otro frente de conflicto, porque amplía la cantidad y el espectro de los procesados. Por ello el juez Urrutia, procesó como autores de exhumación ilegal al ex comandante del regimiento Tacna en 1978, coronel (R) Hernán Ricardo Canales Varas; al ex jefe de Inteligencia, mayor (R) Luis Antonio Fuenzalida Rojas, y a los suboficiales (R) Eliseo Cornejo Escobedo, José Canarios Santibáñez y Darío Gutiérrez de la Torre.

En enero pasado el magistrado ya había procesado a nueve oficiales (R) y suboficiales (R) como autores del delito de secuestro y desaparición de 12 de los prisioneros de La Moneda ejecutados. Ellos son el ex comandante del regimiento Tacna en 1973, general (R) Luis Joaquín Ramírez Pineda, quien se encuentra detenido en Argentina a la espera de que se resuelva su extradición a Francia, donde es requerido por el secuestro y desaparición de Georges Klein. También fue procesado el ex segundo hombre de la DINA, brigadier (R) Pedro Espinoza Bravo, quien supervisó el ametrallamiento de los detenidos y su posterior sepultación clandestina. Además los suboficiales (R) Teobaldo Mendoza, Servando Maureira, Jorge Herrera López, Eliseo Cornejo, Juan de la Cruz Riquelme, Fernando Soto y Jorge Ismael Gamboa:

El suboficial (R) Eliseo Cornejo Escobedo es el único que figura encausado tanto en las ejecuciones, como en el posterior desentierro de 1978. Su identidad corresponde al “suboficial Uno” que, en diciembre 2002 relató a La Nación Domingo cómo se hizo el desentierro en Peldehue. Los restos, según él, fueron subidos a un helicóptero para ser lanzados al mar.

¿Dónde está el piloto?

En su resolución el juez Urrutia estableció que "los cuerpos fueron desenterrados con máquina retroexcavadora, ensacados y trasladados en un camión hasta un punto en que fueron subidos a un helicóptero Puma del Ejército, que los llevó mar adentro para ser lanzados. Alrededor de las 22 horas llegó un helicóptero Puma del Ejército que aterrizó en el parque de estacionamientos ubicado al costado oriente de la carretera San Martín, a donde fueron llevados en el camión los sacos conteniendo los restos humanos y embarcados en esa aeronave, siendo luego presumiblemente arrojados al mar", señala. “Tal acción de remoción constituyó 'el último eslabón' del destino final de algunos de los detenidos de La Moneda", afirmó el juez.

Existe un cabo suelto en la investigación que lleva el magistrado, que dice relación con la identificación del piloto y del copiloto de la aeronave que habría arrojado los cuerpos al mar. Interrogado al respecto, el magistrado declaró que "por la vía de las presunciones estarían establecidos, pero si fueran las personas que suponemos, estarían fallecidos".

Distinta opinión tiene la jueza Amanda Valdovinos, quien en declaraciones a Radio Bío Bío dijo que "están identificados los responsables que sacaron los restos en dos helicópteros y los lanzaron al mar". Agregó que "hasta se sabe que los restos fueron sacados en dos helicópteros" y que "están identificados los responsables que sacaron los restos en dos helicópteros y los lanzaron al mar. Había personas perfectamente identificadas que realizaron remociones y, es más, había autoridades que sabían del caso", insistió la magistrada.

Con respecto a la remoción de los restos, la jueza Valdovinos señaló que " De acuerdo con lo que yo informé a la Corte Suprema habrían sido sacados con maquinaria pesada y ensacados después, y éstos, a su vez, trasladados por camiones al otro lado de la carretera donde estaban esperando los helicópteros. Uno habría tenido fallas mecánicas; entonces, aparentemente fueron sacados después en dos helicópteros. Fueron lanzados hipotéticamente al mar, de eso da cuenta el informe de la mesa de diálogo".

Interrogado por "El Mercurio" acerca de la identidad del piloto del helicóptero, el suboficial (R) Cornejo afirmó "No lo conocí y ni lo vi. Hay personas que saben quién era el piloto, que lo conocen todos, pero no sé si habrán declarado el nombre. Pero yo no tenía idea. Si hubiese sabido quién era el piloto lo habría dicho y de esto habríamos salido nosotros". El suboficial agregó que no sabe si los cuerpos "fueron llevados al norte, al sur, al mar o a la Cordillera" de los Andes.

Según testimonios, en los kárdex de la DINA se consignaba cuando un detenido estaba destinado a "Puerto Montt". Ese término indicaba que el preso sería asesinado. Otro término, "La Moneda", se usaba para indicar lo mismo, pero tirándolo al mar. Pero los archivos del Ejército fueron depurados y no hay acceso a los archivos de la DINA que siguen en manos de hombres de confianza del ex general Manuel Contreras.

En "Memoria y Justicia" se individualiza a tres pilotos que participaron en la Caravana de la Muerte. Antonio Palomo Contreras (62) es citado como piloto del helicóptero en la gira del sur. "En el 2000 fue señalado como uno de los pilotos del helicóptero desde el cual prisioneros fueron arrojados al mar", señala el informe.

Hasta hace pocos días atrás, Palomo vivió en una casa ubicada en La Reina, pero abandonó intempestivamente el lugar hace una semana. Dentro del sitio se divisa un automóvil blanco patente RL-4577. Un vecino informa que "hace una semana se empezó a cambiar, de vez en cuando, todavía viene a sacar cosas".

Antonio Palomo es uno de los dos socios de la empresa de materiales de construcción Palval Ltda, constituida el 20 agosto 1997 en la Notaría Aliro Veloso Muñoz, con un aporte inicial de unos 5 millones de pesos.

Emilio de la Mahotiere González fue copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte. Actualmente reside en un departamento ubicado en Las Condes. Finalmente "Memoria y Justicia" identifica a Luis Felipe Polanco, como "copiloto y ejecutor en la gira al norte".

Cementerio de cadáveres

Cuando en noviembre de 1978 un testigo informó a la Iglesia Católica que en los hornos de una mina de cal abandonada en Lonquén había “un cementerio de cadáveres”, no sabía que desencadenaba una segunda ola de violencia: la remoción de restos para hacerlos desaparecer definitivamente en el mar, en volcanes, lagos, ríos o con explosiones de dinamita. Este delito, que está siendo investigado por los tribunales, ha obligado a levantar la tesis de equipos organizados, que amparados por los altos mandos, rastrearon el país para destruir evidencias.

En diciembre de 1978 la comandancia en Jefe del Ejército planificó y ordenó una operación de desentierro de todas las fosas clandestinas del país, en las cuales habían sido escondidos centenares de cuerpos de las víctimas. A partir de este hecho se gestaron las exhumaciones ilegales y la destrucción definitiva de cuerpos de detenidos desaparecidos, supuestamente ocurridas en los años 78, 83 y 84 y, probablemente, el 89.

En enero de 2001 el presidente Ricardo Lagos describió con crudeza lo sucedido con 200 detenidos desaparecidos. Tan sólo podrían ubicarse los cuerpos de 49, en el caso que la información fuera exacta. Las otras 151 habrían sido lanzadas a los ríos, a los lagos del sur o al mar en distintas regiones. Se exhumaron víctimas y los restos fueron destruidos con explosivos, cremándolos, lanzándolos al mar. Así sucedió en Pisagua, Calama, Cuesta Barriga, Peldehue, Cerro Chena, Paine, Chihuío, el Cementerio General, etc.

La denuncia del ex conscripto de la FACh Andrés Valenzuela, miembro del Comando Conjunto, de que a fines de 1975 un número indeterminado de detenidos en Colina había sido sacados y ejecutados en un lugar desconocido, - después se supo que era Peldehue- para ser ejecutado, fue constatado por el juez Carlos Cerda, quien determinó el lugar de los entierros.

En el pique de una mina ubicada en el kilómetro 12,5 de la Cuesta Barriga, a varios metros bajo tierra debido al escurrimiento de las aguas lluvias, se encontraron dientes y pequeñas vértebras de miembros de la directiva clandestina del PC desaparecida en 1976. El hecho de que no aparecieran huesos grandes fue la prueba de que los restos fueron removidos por terceros y se creen válidos los testimonios que aseguran que en 1987 camiones del Ejército trasladaron los cuerpos, de acuerdo a la investigación que encabeza el ministro en visita Héctor Carreño desde 2001.

La causa arroja hasta el momento dos personas plenamente identificadas: Horacio Cepeda Marinkovic y Fernando Ortiz Letelier, integrantes del grupo de dirigentes del Partido Comunista. Inicialmente, el informe de la Mesa de Diálogo estableció que en el lugar habría osamentas correspondientes a seis personas, pero los análisis realizados por especialistas determinaron que podrían corresponder a ocho.

En su momento, antes de los exámenes de ADN, los peritos establecieron, además, acercamientos del 50% a las identidades de Lincoyán Berríos, Reinalda Pereira, Lisandro Cruz y Carlos Durán, todos miembros del mismo grupo, conocido como el de "los trece" de quienes fueron detenidos el 15 de diciembre de 1976, según el Informe Rettig.

En Calama las pesquisas del ministro Juan Guzmán permitieron identificar a Carlos Berger (PC) -esposo de la abogada Carmen Hertz- y a Domingo Mamani (PS) y los fragmentos encontrados evidencian remociones.

En Pisagua, la causa se encuentra en una fase decisiva, avanzando hacia nuevos autos de procesamientos y en la confirmación de que efectivamente hubo remociones de cuerpos y que fueron destruidos. Las pesquisas del ministro José Calvo se han centrado en determinar quiénes participaron, el 29 de septiembre de 1979, en la muerte de Juan Calderón Villalón, Nolberto Jesús Cañas Cañas, Marcelo Omar Guzmán Fuentes, Luis Alberto Lizardi Lizardi, Juan Jiménez Vidal y Michel Selim Nash Saez. De este grupo, Cañas, Jiménez y Nash figuran en la lista de las Fuerzas Armadas, entregada a la Mesa de Diálogo, como lanzados al mar frente a las costas de Pisagua.

En la causa se encuentran sometidos a proceso por el secuestro de siete personas de Pisagua y tres de Iquique, el general (r) Carlos Forestier, el brigadier (r) Pedro Espinoza y el suboficial (r) Miguel Aguirre. En paralelo, el juez interrogó al Primer y Segundo Comandante del Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique en la época. Ellos fueron requeridos por la muerte de Jorge Marin Rossel, empleado portuario, del PS, y de William Millar Sanhueza, ocurridas el 30 de septiembre de 1973.

En Chihuío, 18 personas fueron ejecutadas y enterradas en octubre del 73. Allí permanecieron hasta que cinco años después - según declaraciones de testigos- una patrulla militar llegó al sector a desenterrar los cuerpos sin que hasta ahora se conozca su destino final. En 1990 el ministro en visita Nibaldo Segura se constituyó en el lugar y pudo establecer que efectivamente había restos óseos muy fragmentados que quedaron después de la remoción de restos y que fueron enterrados simbólicamente en el cementerio de Valdivia.

En el informe de la Mesa de Diálogo sólo aparece mencionado el nombre de una de las víctimas de Chihuío, Pedro Pedreros Zenteno, quien según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, habría sido lanzado al mar. El proceso por el caso Chihuío pasó al Cuarto Juzgado Militar de Valdivia y sobreseído por aplicación de la amnistía en resolución que fue confirmada por los tribunales superiores.

Pero en 1998 los hijos de Pedreros se querellaron en contra de Augusto Pinochet Ugarte. La redistribución de las casi 300 querellas que llevaba Guzmán hizo que la causa fuera derivada al ministro Alejandro Solís, quien sometió a proceso a principios de mayo de este año a unos 6 militares - entre ellos Jerónimo Pantoja y Raúl Muñoz- por el secuestro de 17 personas, ya que una víctima fue identificada hace un tiempo.

En noviembre de 1979, el Vicario (s) de la Solidaridad, monseñor Ignacio Ortúzar, le entregó al ministro Humberto Espejo, quien investigaba la detención de seis campesinos de Paine, antecedentes acerca de inhumaciones masivas e irregulares en el Patio 29 del Cementerio General, en 200 fosas con cadáveres N.N. e identificados. Entre los cuerpos sepultados con identificación había varios detenidos en Paine, en el campamento de Cerro Chena.

El tribunal constató la existencia de decenas de tumbas con más de un sepultado, así como la existencia de más de 100 con anotaciones de N.N. A fines de 1979, el ministro Espejo comunicó al director del Cementerio la prohibición de incinerar, exhumar o trasladar los restos de personas enterradas sin identificación. A principios de los 80, trabajadores del Cementerio informaron al abogado Nelson Caucoto que se estaban llevando los cuerpos. "La orden del ministro sirvió para encontrar en 1991 a 78 personas, pero quizás tendríamos otros 200 más", afirma Caucoto.

El ex vicecomandante en jefe del Ejército Jorge Zincke Quiroz, otros dos generales y dos coroneles en retiro fueron procesados por el ministro Alejandro Solís, en calidad de autores del secuestro calificado en los casos de seis detenidos desaparecidos en Linares en septiembre de 1973. Entre los detenidos figuran dos mujeres, María Isabel Beltrán y Patricia Contreras.

Por este caso fue citado a declarar el actual director de Investigaciones, Nelson Mery, quien después de septiembre de 1973 fue destinado a la Escuela de Artillería de Linares, en calidad de oficial de enlace con el entonces director de la unidad, coronel Gabriel del Río. La resolución del magistrado afectaría, además, al ex director de la Escuela de Artillería de Linares y ex comandante de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana, mayor general Carlos Morales Retamal; al general (R) y ex subsecretario de Relaciones Exteriores del régimen militar, Humberto Julio, y a los coroneles (R) Juan Morales y Félix Cabezas.

Aunque el juez Solís efectuó sin éxito investigaciones en un campo de tiro de dicha repartición castrense, en busca de restos de ejecutados políticos, diversos informes señalan que precisamente en la Escuela de Artillería estuvieron detenidas las seis víctimas. El testimonio prestado por el hijo y hermano de un detenido desaparecido y un conscripto, cuya identidad se mantiene en secreto y que participó en los entierros de al menos 80 cuerpos en el interior del Polígono General Bari, se convirtió en pieza clave para iniciar los trabajos de búsqueda de la fosa común.

De acuerdo al dictamen jurídico del ex presidente Patricio Aylwin, sin cuerpo del delito nunca las causas se pueden sobreseer definitivamente, sólo temporalmente, debido a la figura legal del secuestro permanente. El criterio jurídico estipula que mientras no aparezca el cadáver, no se puede probar la muerte ni cerrar los casos judiciales.

Si quienes participaron en los crímenes entregan los datos y prueban que esos delitos los cometieron antes de abril de 1978, los jueces tendrían la facultad de aplicar la ley de amnistía. Si los cuerpos de los detenidos fueron dinamitados, incinerados o lanzados al mar, lo más probable es que nunca se dé con su paradero y que los procesos judiciales por secuestro permanente se mantengan indefinidamente.

Por esta causa, el Presidente de la Sala Penal, magistrado Alberto Chaigneau del Campo afirma que "El gran error que cometieron fue lanzar los restos al mar. Un error garrafal".

Los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Y como los victimarios no dicen nada, quedan cazados en su trampa del pacto de silencio.

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