Óscar Custodio Aitken Lavanchy
C.I.: 3.839.563-7
Domicilio: Borgoño 21000, Concon, V Región
En 2001 Pinochet le pidió a Óscar Custodio Aitken Lavanchyque fuera su albacea testamentario. En diciembre de 2004 renunció al cargo, según él, disgustado porque nadie le hubiera contado de sus platas en el Riggs. Sin embargo, el juez español Baltasar Garzón amplió en él la querella contra Pinochet por presunto alzamiento de bienes y lavado de dinero. Así se dañaron sus contactos internacionales, aún más con la resolución del juez Muñoz por complicidad en declaraciones tributarias "maliciosamente incompletas o falsas". Hasta el estallido del caso Riggs, Aitken atendía a decenas de empresas. Su oficina jurídica es corresponsal del estudio más grande de Panamá, que a su vez tiene sucursal en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
Fuentes de Información: El Mercurio; Archivo Memoriaviva
El Mercurio
5 de septiembre de 2004
Óscar Aitken Lavanchy, "cerebro financiero" del general (r):
Habla el responsable de la herencia del ex mandatario.
Intereses extraordinarios por sus depósitos bancarios, buena administración y fórmulas financieras exitosas permitirían al ex mandatario Augusto Pinochet demostrar un patrimonio de hasta 15 millones de dólares, según el representante legal de sus dos empresas en el extranjero, Óscar Aitken Lavanchy.
El "cerebro financiero" del ex gobernante relata por primera vez cómo Pinochet amasó una fortuna que puede llegar a los US$ 15 millones, y la manera en que se le explicaron sus ingresos al juez Sergio Muñoz.
Aitken argumenta que gracias a una gestión financiera muy exitosa, los dineros del general (r) habrían aumentado significativamente y "podrían justificarse entre 8 millones y 15 millones de dólares".
El Mercurio
14 de Junio de 2006 
Exportación ilegal a Croacia: Cuatro cuentas bancarias se abrieron tras venta de armas
En el banco Coutts International de Miami, su apertura fue a nombre de Óscar Aitken y sociedades offshore.
El procesamiento dictado ayer por el ministro Alejandro Solís en el proceso por la exportación ilegal de armas a Croacia, detectado a fines de 1991, revela que en esa época se procedió a la apertura de cuatro cuentas corrientes en un banco extranjero a nombre de personas y sociedades ligadas a la venta de material de uso bélico.
Según el dictamen, esta cuentas se abrieron en el Banco Coutts International de Miami.
La primera es "una personal de Óscar Aitken Lavanchy, asesor personal de Guillermo Letelier Skinner", detalla el fallo.
Otra figura a nombre de "Eastview Finance, empresa que se formó por las sociedades Cornwall Overseas Corp., controlada por Aitken; Berthier Investment Inc., controlada por Karel Honzik -fallecido- y por Lego Corp., sociedad controlada por Héctor Guillermo Letelier Skinner", de acuerdo al fallo.
La tercera corresponde a Tasker Investment, que se ha vinculado al general (r) Augusto Pinochet en la investigación por las cuentas del banco Riggs.
Y la última de Cornwall Overseas Corp., creada en 1991 en las Islas Vírgenes por Aitken y en la que se depositó US$1,5 millones en 1998, de comisión por la compra de los tanques Leopard I, según ha confirmado un ejecutivo de la firma holandesa RDM.
No obstante, el ministro Solís establece que los US$ 203 mil que los compradores extranjeros pagaron por las armas no se depositaron en una cuenta a nombre de Ultracan en el Banco de Chile, sucursal Nueva York, como se había instruido.
Ultracan, según el fallo, fue una sociedad constituida en las Islas Caimán por autorización del Consejo Superior de Famae y que después se denominó Famae Limited, con poder general de administración exclusivo del director de Famae.
El destino de ese dinero fue un depósito en una cuenta del Chile, sucursal San Diego, después un depósito a plazo en la sede de Nueva York y luego abonado a una cuenta corriente en moneda extranjera de Famae. Actualmente está invertido en el mercado de capitales.
El viaje a Zagreb
La resolución Nº 800 del director de Famae ordenó al coronel David Fuenzalida, al mayor Carlos Sepúlveda y al jefe de Presupuesto, José Sobarzo, viajar en una comisión de servicios. Fuenzalida y Sobarzo se dirigirían a España, Austria, Pakistán y Francia. Sepúlveda iría a España y Pakistán. El viaje se inició el 22 de noviembre de 1991,a días del embarque de armas a Croacia y luego detectado en Budapest, Hungría. Pero el 29 de noviembre, estando en Austria, dice el fallo, "tomaron contacto con un ciudadano chileno de origen croata y decidieron viajar a Zagreb, capital de Croacia, donde permanecieron a lo menos dos días, fecha coincidente con la programación original del despegue del vuelo desde Santiago a Budapest, Hungría, acontecimiento que demoraron más de 14 años de tramitación judicial en reconocer".
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El Mercurio
3 de Abril de 2005
NO SÓLO LE AFECTA SU RELACIÓN CON PINOCHET: Aitken bajo dos fuegos
La investigación del Senado de EE.UU. atribuyó al ex albacea una dimensión superior a la de ser mero administrador de los bienes inmuebles del general (r): el Consejo de Defensa del Estado sospecha que habría movido millones de dólares para distintas personas, o bien que manejó dineros suyos que no declaró.
De los dos frentes en que se investiga a Pinochet (el nacional y el foráneo, que se alimentan entre sí), el más avanzado es el relativo a la evasión tributaria en Chile. Aquí la suerte del general se liga más estrechamente todavía a la del abogado y especialista en derecho comercial internacional, Oscar Custodio Aitken Lavanchy (65, separado, tres hijos), a quien esta semana el Servicio de Impuestos Internos pidió procesar al mismo tiempo que pidió el desafuero del ex Presidente.
La acusación contra Aitken es ser copartícipe de declaraciones de impuestos, "maliciosamente incompletas o falsas" para que Pinochet no informara de los intereses que percibía su dinero en el extranjero, a la vez que traerlo sigilosamente a Chile. Y lo evadido se calcula sobre los tres mil 500 millones de pesos.
Con un nuevo desafuero, Pinochet enfrentaría un procesamiento por delitos económicos. Pero como Aitken no tiene fuero, podría convertirse en el primer encargado reo del llamado "caso Riggs". Este asegura, no obstante, que no tiene relación con el origen ni con el manejo de los fondos del militar y que nunca le ha prestado servicios como asesor tributario ni menos como contador. Y como tampoco se le objeta declaración de renta propia, para él sólo el hecho de que la prensa lo tildara de "cerebro financiero de Pinochet" le trajo la querella tributaria.
Sin embargo, en el SII (que recibe información desde el Senado y los bancos de EE.UU., y también tiene acceso al sumario de la causa chilena) se sabe que Aitken reconoció a Muñoz haber sido asesor económico y tributario de Pinochet.
A la vez, el CDE -donde se reconoce que Aitken no había sido hasta ahora un objetivo principal- se enteró a través de las noticias llegadas desde EE.UU. de una dimensión desconocida respecto del abogado: que habría realizado grandes operaciones comerciales y financieras no necesariamente relacionadas con Pinochet. Esto le creó un perfil distinto, ya que como Muñoz no conocía lo anterior, no lo interrogó al respecto.
Aitken le informó al juez de su sociedad de Inversiones Cornwall Overseas Corp. S.A., creada por él en 1991, dentro de la cual movía dineros. Pero desde EE.UU. se reveló algo más completo: un volumen superior a los dos millones de dólares de "platas libres", que se trasladadaban en forma constante y que no necesariamente pertenecen a Pinochet.
Este status superior de Aitken abre otras vetas para una nueva investigación judicial y del CDE: por ejemplo, como se sospecha, si fue enviado en representación de Pinochet para cerrar tratos con proveedores militares, basado en sus contactos con Famae y altos oficiales cercanos al ex gobernante.
Este descubrimiento podría complicarlo. Desde ya, podría ser investigado como probable testaferro (o sea, quien simula que son suyos bienes de otros), si no lograra justificar la naturaleza de los dineros que todavía mantiene en bancos de EE.UU. distintos al Riggs.
Es decir, podría llegarse a una hipótesis de investigación que no sólo abarcaría la administración legal de bienes. Podrían aparecer otros personajes que bien podrían ser militares. Esto, a menos que Aitken justifique que es propietario de estos dineros..., reconociendo para el efecto que no los habría declarado al SII.
El círculo sería vicioso: debería demostrar entonces cómo los obtuvo y por qué no los declaró.
"Graves perjuicios"
Este momento llega cuando Aitken parecía estar en una actitud distinta. El 14 de diciembre pasado hizo llegar al juez su renuncia indeclinable como albacea de los Pinochet-Hiriart. Influyó, según su defensa, que cuando, a pedido de Pinochet, trasladó 6 millones de dólares del Riggs al Banco de Chile de Nueva York, nadie le dijo que esos dineros eran investigados por el Senado norteamericano. Aitken le dijo a Pinochet que esto le causó "graves e irreparables perjuicios profesionales y personales".
Antes de eso incluso, había aportado importante información: al general (r) le hacía falta mucha plata para pagar a un "séquito" de mayordomos, enfermeras, cocineros, empleados, jardineros, además de costear la educación a varios de sus decenas de nietos, a algunos de los cuales también les ha comprado propiedades.
Casi en defensa propia, buscó convencer a Muñoz de que el patrimonio de Pinochet y familia se podía explicar. El juez partió de la base de que Pinochet usó parte de los gastos reservados del Ejército y del gobierno. Según le calculó Aitken a Muñoz, disponía de tres millones de dólares mensuales; más de 30 millones al año. Es decir, sobre 510 millones en 15 años de gobierno y de jefe del Ejército. Si hubiese retirado el 1% de esa cantidad significarían cinco millones 100 mil dólares. Aún más, planteó que si usó ese dinero para asuntos personales antes de 1998 (cuando dejó la Comandancia en Jefe) prescribió toda la acción del fisco porque el SII sólo puede investigar hasta seis años para atrás. Muñoz, sin embargo, ha impuesto una nueva tesis: la prescripción no existe en la medida en que los delitos se reiteran.
La explicación de Aitken y la defensa de Pinochet ante el SII y Muñoz coinciden en el punto que la figura de malversación de caudales públicos no se aplica a los gastos reservados porque son "de libre disposición", no constituyen renta, no son tributables y basta una declaración de buena intención para justificar tal gasto. Que así, por lo demás, el gobierno actual ha justificado los sobresueldos.
DEFENSA DE ÓSCAR AITKEN
"Conducta abusiva del SII"
Oscar Aitken tiene un segundo abogado, tras el término de labores de Juan Pablo Hermosilla. El nuevo es Rodrigo Henríquez Fauré. Interrogado sobre la solicitud de procesamiento presentada por el SII, señaló que "no me sorprende, ya que es una manifestación más de la conducta abusiva e ilegal que ha tenido el Servicio en contra de mi cliente".
-El Servicio está consciente de que para ser responsable del delito de presentar declaraciones maliciosamente falsas es necesario, como primer requisito, ser la persona obligada a prestar dichas declaraciones -explica Henríquez-. En consecuencia, es un absurdo pretender que don Óscar sea responsable de las declaraciones que pueda o no haber realizado el señor Pinochet. El único responsable es el contribuyente que las realiza o que está obligado por ley a efectuarlas.
Agrega que "la sola lectura de la querella permite ver que la razón para incluir en ella a mi cliente es haber sido mandatario de sociedades cuyo propietario fue, y entiendo que aún es, el general Pinochet, cargo que normal y legítimamente ejercen los abogados no sólo chilenos sino de todo el mundo, conforme a instrucciones de sus propios clientes. Por lo tanto, el fundamento para imputar responsabilidad penal a don Óscar es otra aberración. En cuanto a la solicitud de procesamiento propiamente tal, no la conozco, pero ella claramente es extemporánea por haber transcurrido el plazo de 120 días que establece el artículo 163 del Código Tributario para este tipo de procesos y, además, no se explica su presentación mientras no se resuelva la implicancia del ministro Sergio Muñoz, salvo para generar presión o titulares de prensa. El Servicio sabe que el ministro subrogante (Jorge Zepeda) ha manifestado en sus resoluciones que no se pronunciará sobre materias de fondo mientras no se resuelva la implicancia, lo que aún no ocurre".
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El Mercurio
17 de Abril de 2005
Procesamiento a colaboradores de Pinochet: Nadie sabe para quién trabaja
El trabajo de Mónica Ananías era guardar secretos y el de Óscar Aitken, invertir dinero. Mientras este último suponía que la mano del juez Muñoz lo podía tocar, la secretaria de Pinochet jamás lo esperó. Y eso que hace más de 30 años está junto a él.
La "Mono" la está pasando mal. Mónica Ananías Kuncar vive los peores días de sus 56 años de vida y no es sólo por el procesamiento, prisión y embargo de bienes que decretó en su contra el pasado jueves el juez Muñoz. Ese día él la consideró cómplice del delito tributario que se le imputa a su jefe, el general (r) Pinochet. Pero ella, mientras prestaba testimonio y era careada con Marco Antonio Pinochet, pensaba en que su madre estaba por morir.
Tras una larga estadía en la Clínica Las Condes, la octogenaria señora Víctoria Kuncar había sido derivada el día anterior a su domicilio, sin grandes esperanzas de recuperación. Su residencia la comparte con su hija Mónica, que se consagró a su cuidado con tanta fidelidad como a su trabajo con Pinochet.
"Mi hermana es intachable. Se ha mantenido soltera toda la vida. Sólo se ha preocupado de los demás", describe su hermano Rodolfo, antes de cortar el teléfono de la casa que Mónica y la señora Victoria habitan en calle La Castellana Norte, de Las Condes. Es una construcción tipo búnker, de impenetrable portón negro y casi inexistente antejardín.
Por estos días la dueña de casa no está. Permanece detenida en el Comando de Telecomunicaciones, un privilegio que tiene como funcionaria civil del Ejército.
Y aunque a última hora del viernes Mónica Ananías habría sido favorecida con la libertad bajo fianza, como ésta se tramita con consulta a la Corte, pasará todo el fin de semana en reclusión.
Mientras, su defensa buscará demostrar inocencia total y se trabajará en forma separada, aunque "solidaria", a la de Pinochet. Prueba de esto es que fuentes ligadas a los abogados del ex uniformado informaron la tarde del viernes que Carlos Cortés había asumido la representación de Ananías. Este último profesional, sin embargo, dijo enfático: "Sólo conversé. No asumí".
La señora Lucía invita
Lo que hay contra Mónica Ananías es que ella reconoció en sus declaraciones al juez Muñoz haber cobrado cerca de 40 cheques de los dineros que Pinochet tenía en el Riggs y que era la encargada de entregar la información (incompleta, según Muñoz) para que el contador del ex general declarara sus impuestos al SII. Lo que sus cercanos alegan es que actuó en virtud de lo que se le mandó. Porque, explican con lógica marcial, una secretaria cumple órdenes sin preguntar.
Fernando Barros, abogado que asesora a la defensa de Pinochet en materia tributaria, va más allá: "Incluso el conocimiento de un delito no hace la complicidad. El delito tributario supone un dolo específico, el concepto de malicia y no siempre se da". Y agrega: "El único responsable ante el SII es el contribuyente. Nadie más".
Pero la suposición de complicidad no es del todo injustificada. Se deduce por las 10 propiedades que tiene a su nombre, traducidas en los 17 mil millones de pesos en bienes que le embargó el juez Muñoz. Se intuye porque es casi una familiar, que comparte en cumpleaños y aniversarios con el general (r). Y se sospecha, más que nada, por el aura de poder que creció en ella a medida de que pasaban sus más de 30 años junto a Pinochet.
Mónica no pertenece a una familia militar, sino ligada a la industria textil. A fines de los 60 trabajaba como secretaria en la gerencia de una pesquera cuando una amiga la convenció de postular al Ejército. Lo hizo y quedó. A poco andar, su eficiencia y manejo de idiomas la transformaron en la candidata ideal para asistir al flamante Presidente Pinochet.
Mientras fue la secretaria de la Presidencia, era la última barrera que todos los que querían llegar al ex gobernante tenían que franquear. De esa época, cuando se instalaba en el segundo piso de La Moneda, la recuerdan como una mujer seca, pero muy ejecutiva. "Jamás olvidaba un nombre, una cara o una traición", dicen.
Una vez reinstalada la democracia siguió a la Comandancia en Jefe a quien siempre, en una mezcla de respeto y cariño, ha llamado "jefe". Luego, en su período de senador vitalicio, se trasladó a las oficinas de Calle Málaga que la Fundación Pinochet arrendó para el ex uniformado por razones de seguridad. Ahí, comentan, Mónica era dueña y señora de los 400 metros construidos y 1.100 de terreno donde se concentraba, repartido en cinco habitaciones, el dispositivo de seguridad y administrativo que rodea a Pinochet. Rara vez faltaba a trabajar y sus ausencias sólo se dieron y prolongaron cuando viajó, invitada por la señora Lucía, a Virginia Waters, a compartir con la familia los días de detención en Londres.
Fue en esa amplia y segura propiedad de calle Málaga donde el pasado 6 de enero Ananías observó, demudada, lo que consideró una de las afrentas más ofensivas hacia su jefe: el allanamiento del juez -"del comunista", le dicen- Muñoz.
Ese día se incautaron archivos con información contable y los pasaportes con identidad falsa que tenía Pinochet. Todo material de prueba judicial que estaba bajo el cuidado de la mujer. La indignación cundió y la decisión del círculo cercano a Pinochet fue inmediata: dejar el lugar. Hoy la propiedad se arrienda por poco más de 2 millones al mes.
Mónica Ananías participó a mediados de marzo en el traslado hacia una pequeña oficina de las dependencias que el Ejército tiene en las Torres San Luis. Ahí, tras unas frágiles puertas de vidrio polarizado que dan a la calle, y compartiendo espacio con los familiares de uniformados que llegan hasta el consultorio Rosa OHiggins, la mujer ha pasado los últimos días. Ahí y en medio de los cuidados médicos para su madre, que por la misma fecha se agravó.
QUIÉN ES AITKEN:
Auge y caída del ex albacea
Óscar Custodio Aitken Lavanchy (64 años, separado de dos matrimonios, tres hijos) tiene su oficina y alojamiento en un edificio poco vistoso de Américo Vespucio, donde unió dos departamentos y los engalanó con finos objetos clásicos, cuadros, alfombras, un bar bien surtido y un piano de más de 130 años, que a veces toca.
Según Dicom, tiene siete bienes raíces, es socio de 15 empresas y parte de tres directorios. No posee morosidades ni protestos.
Es minusválido desde 1988 (lo delata una leve cojera), cuando sufrió un accidente en moto. Varios pernos le fueron atornillados en su columna vertebral.
Compañero en la Escuela Militar del ex Vicecomandante en Jefe del Ejército general (r) Guillermo Garín, obtuvo las más altas calificaciones de su promoción. Pero, desilusionado, Aitken renunció al Ejército en 1964, cuando el entonces Comandante en Jefe lo acusó al director de la Escuela Militar por abandonar su deber militar por sus estudios de Derecho. Aun así, cuando se tituló, fue para ponerse al servicio del Ejército. Pero su vida cambió cuando realizó un posgrado de Economía en Suiza y regresó en 1972 hablando francés e inglés y como especialista en derecho comercial internacional. Se inició en los negocios comprando propiedades a quienes huían de la UP.
En septiembre del 73 lo mandaron a buscar del Banco Central. Después pasó por la Contraloría, Economía, Codelco y Famae. Como a través de esta empresa de armamento se canalizaron los viajes de Pinochet a Londres, lo acompañó dos veces en los 90. Fue su intérprete cuando el general se entrevistó con los ejecutivos de la British Aerospace sobre el proyecto Rayo. Una empresa internacional le pidió asesoría financiera y se hizo conocido en este rubro.
Hasta el estallido del caso Riggs, Aitken atendía a decenas de empresas. Su oficina jurídica es corresponsal del estudio más grande de Panamá, que a su vez tiene sucursal en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.
Constituyó sociedades, según él, "para programar la herencia" de Pinochet.
En 2001 Pinochet le pidió que fuera su albacea testamentario. En diciembre de 2004 renunció al cargo, según él, disgustado porque nadie le hubiera contado de sus platas en el Riggs. Sin embargo, el juez español Baltasar Garzón amplió en él la querella
contra Pinochet por presunto alzamiento de bienes y lavado de dinero. Así se dañaron sus contactos internacionales, aún más con la resolución del juez Muñoz por complicidad en declaraciones tributarias "maliciosamente incompletas o falsas".