Un descubrimiento estremecedor
"Trozos de cráneos amarillentos, con huellas de cuero cabelludo; pelos sueltos, negros; ropas desgarradas en las que se reconoce un blue jeans, un chaleco de hombre". (Palabras del subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez, al describir los restos humanos encontrados en los hornos de Lonquén, 30 de noviembre, 1978, Memoria Prohíbida.)
Era lo que quedaba de 15 hombres detenidos en distintas circunstancias el 7 de octubre de 1973 en la comunidad rural de Isla de Maipo, cuyos rastros se perdieron hasta fines de 1978, cuando se descubrieron los hornos de Lonquén.
Este hallazgo, que estremeció la opinión pública, marcó un doloroso hito para los familiares de los centenares de detenidos - desaparecidos, víctimas del régimen militar: confirmó la terrible sospecha de que sus parientes estaban definitivamente muertos. El régimen ya no podía continuar aseverando que - tal como lo dijo el 7 de noviembre de 1975, el delegado de Chile ante las Naciones Unidas Sergio Diez en la Tercera Comisión de la Asamblea General de aquel organismo - "muchos de los presuntos desaparecidos no tienen existencia legal."
Sergio Maureira Lillo y sus cuatro hijos, Rodolfo Antonio, Sergio Miguel, Segundo Armando y José Manuel; Oscar Hernández Flores y sus hermanos Carlos y Nelson; Enrique Astudillo Alvarez y sus dos hijos Omar y Ramón; y los cuatro jóvenes Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro fueron detenidos en Octubre de 1973 por Carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo, a cargo en ese entonces, del teniente Lautaro Castro Mendoza. Ahí, en la Tenencia, fue la última vez que se vio con vida a los quince hombres, cuyas edades fluctuaban entre los 17 y 51 años.Los familiares, quienes realizaron innumerables gestiones de búsqueda sin obtener resultados, sólo supieron de la suerte que corrieron sus seres queridos en 1978, cuando los restos de los quince hombres fueron hallados en los hornos de las abandonadas minas de cal en Lonquén.Primera Comisión a Lonquén
El 30 de noviembre de 1978, la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, creó una Comisión encargada de verificar las declaraciones hechas por un anciano, quien aseveraba haber encontrado numerosas osamentas humanas en las minas abandonadas de Lonquén.
Ese día partió rumbo a Lonquén la comisión integrada por Enrique Alvear, el obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht y Javier Egaña, Secretario Ejecutivo de la Vicaría; el abogado jefe de la Vicaría, Alejandro González; el abogado Máximo Pacheco; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.
Los hornos, ubicados al interior de la cooperativa agrícola El Triunfador, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Talagante, eran dos viejas chimeneas de nueve metros de altura previamente utilizadas para la preparación de cal."Llegados allí, el abogado González removió los escombros y se introdujo por la bóveda. Comenzó a despejar el camino hacia arriba, partiendo de la base del horno a nivel de la tierra, y un tórax humano le cayó encima. Poco a poco fueron viendo que la chimenea del horno estaba tapada por un amasijo de fierros y enrejados que ocultaban una mezcla de huesos, ropa, cal y piedras." (La Memoria Prohibida.)
La comisión regresó a Santiago y al día siguiente, el primero de diciembre, presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema. El presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, a que confirmara el hallazgo e investigara el caso. Godoy convocó a Investigaciones y antes de que estos llegaran al sitio partió rumbo a Lonquén con un grupo de la Vicaría encabezado por el sacerdote Gonzalo Aguirre, y el cual además incluía al fotógrafo Luis Navarro. La Vicaría, mientras tanto, había contratado una empresa constructora para que iniciara las excavaciones, y dentro de tres días el doloroso trabajo estaba listo y los restos de los quince cuerpos habían sido sacados de su lugar de entierro.
Falsos testimoniosLos análisis del Instituto Médico Legal confirmaron que los restos humanos correspondían a las familias de los desaparecidos de la comunidad rural de Isla de Maipo. El 6 de diciembre de 1978 el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Adolfo Bañados Cuadra, encargándolo de proseguir la investigación del hallazgo de Lonquén.
La investigación de Bañados estableció que los quince hombres que hasta ese entonces habían engrosado la lista de desaparecidos, fueron efectivamente detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo.
El Ministro además estableció la falsedad de las versiones de los ocho funcionarios implicados en las 15 muertes, quienes declararon que las víctimas murieron en confusos enfrentamientos nocturnos. Al comparecer ante el juez Bañados, el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, declaró que los quince hombres fueron llevados a Lonquén después de ser detenidos dado que uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las abandonadas minas. Castro agrega que al llegar a los hornos de Lonquén, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros durante unos quince minutos, durante cual ellos respondieron de la misma forma, disparando. Según la versión de Castro al finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta que los 15 detenidos habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron totalmente ilesos.
"Una señorita me preguntó qué ropas llevaban cuando fueron detenidos...me hicieron pasar...yo me sentía bien, pero el olor..".El 4 de abril de 1979 Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar. Sin embargo, el ministro en visita había llegado a importantes conclusiones. La investigación de Bañados había establecido que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán Lautaro Castro era "intrínsecamente inverosímil". "En ninguno de los quince restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas," señaló la resolución del Ministro Bañados. De hecho, en la opinión de algunos, no todas las víctimas fueron enterradas muertas en los hornos.
Reos Impunes
El 2 de julio de 1979, el Fiscal Militar dictó encargatoria de reo en contra el Capitán Lautaro Castro Mendoza, y a los carabineros, Juan J. Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, Manuel Muñoz Rencoret, Jacinto R. Torres González, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda y Justo Romo Peralta, todos en calidad de autores del delito de la muerte de los quince detenidos el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, el 16 de agosto en virtud del Decreto Ley de Amnistía de 1978, se sobreseyó definitivamente en favor de los reos. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre de 1979. Nadie ha contestado por el terrible crimen de Lonquén que como la Comisión de Abogados por la democracia declaró en 1979, "afecta las bases morales de la convivencia nacional."
Los desaparecidos son individualizados
Una vez terminada la investigación, los familiares de los quince pidieron que se les entregaran los cuerpos para sepultarlos. Sin embargo, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos de las víctimas a sus familias, los restos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma subrepticia y fueron enterrados en una fosa común con el fin de evitar cualquier tipo de demostración contra un régimen que en repetidas ocasiones había declarado que los detenidos - desaparecidos eran un invento de la izquierda. De hecho, seis meses antes del hallazgo de Lonquén, el ministro del Interior, el civil Sergio Fernández, dijo, en respuesta a las presiones por parte de familiares de detenidos - desaparecidos, "es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o haya caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización." Lonquén, sin embargo, comprobó que al contrario de lo que decían las altas cúpulas del régimen, los detenidos desaparecidos no solamente tenían nombre y apellido, pero en este caso habían muerto bajo circunstancias extrañas y sus cuerpos habían sido ocultados.
Recordando el pasado
En marzo de 1980 el nuevo propietario del fundo Lonquén dinamitó los hornos, cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un lugar de peregrinaje para los parientes y amigos de los quince muertos. A pesar de todos los esfuerzos para borrar a Lonquén del mapa de la memoria colectiva, el sitio no ha sido olvidado, ni así las víctimas que ahí fueron encontradas. Este año, 1998, la propuesta de la Empresa Metropolitana de Residuos Sólidos, EMERES, de instalar un basural en Lonquén, ha provocado la indignación y oposición de los familiares de los muertos de Lonquén y de organismos de derechos humanos. "Pretenden cubrir con basura las violaciones a los derechos humanos," declaró en febrero de 1998 José Auth, dirigente del Partido Por la Democracia, quien respalda la solicitud de los familiares de las víctimas quienes exigen la instalación de un memorial en el lugar en vez de un basural. Purísima Muñoz , cuyo marido, Sergio Maureira Lillo, fue asesinado en Lonquén junto a tres de sus hijos, señala que, "instalar un basural en Lonquén sería como tirar basura en un lugar sagrado."