Cuartel Simón Bolivar

Las investigaciones del ministro en visita Víctor Montiglio han develado la numerosa participación de agentes de la Marina en la DINA después de 1975; entre los principales antecedentes establecidos en esta investigación está la existencia de la Brigada “Lautaro”. Un equipo operativo de la DINA dedicado a asesinar prisioneros que llegaban al cuartel de exterminio Cuarte Simón Bolívar, ubicado en calle Simón Bolívar 8630 comuna de La Reina en Santiago.

La Brigada Lautaro fur creada el 1 de Abril 1974 y se constituyó con personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que luego, fueron trasladados a dependencias en Portugal con  Diagonal Paraguay, Piso 9, "Torre 5", Torres San Borja y, a mediados de 1975, por el cambio de residencia de Manuel Contreras a La Reina, al Cuartel "Simón Bolívar,  ubicado en calle Simón Bolívar N° 8630, comuna de La Reina, donde permanecieron hasta el primer trimestre de año 1977; traslado que se efectuó bajo el mando del Capitán de Ejército Juan Hernán Morales, quien estuvo a cargo de la Brigada tanto en la "Torre 5", como en "Simón Bolívar"

En el lugar fueron asesinados los dirigentes comunistas Jorge Muñoz, esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz y Waldo Pizarro, esposo de Sola Sierra y padre de Lorena Pizarro, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hoy el lugar es la entrada trasera del Liceo Eugenio María De Hostos, establecimiento de educación municipal y administrado por la Corporación de Desarrollo de la Municipalidad de La Reina.

Criminales y Cómplices:

Ejército: Coronel Manuel Contreras; El ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides, los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras, los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz, el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda, el mayor Luis Felipe Polanco, la teniente Gladys Calderón Carreño y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo

Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro; los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

Fuerza Aérea: Los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora, y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

Carabineros: El teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Civiles: Eduardo Garea Guzmán.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Diario La Nación; El Mostrador; CEDE; El Dinamo; Memoriaviva;

Ocho meses mantuvo la DINA con vida el jefe clandestino del PC Víctor Díaz López, luego de secuestrarlo a comienzos de mayo de 1976 en la operación conocida como calle Conferencia. En los primeros días de 1977, el jefe operativo del organismo, Manuel Contreras, dio la orden de matarlo al jefe de la Brigada Lautaro, mayor Juan Morales Salgado.

En el cuartel de calle Simón Bolívar 8630 en la comuna de La Reina donde operaba esta brigada conocida como “de exterminio” y “operaciones especiales”, los infantes de Marina adscritos a la DINA, suboficiales Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña, sacan al dirigente de un calabozo, le ponen una bolsa plástica en la cabeza, la amarran una soga al cuello y lo asfixian.

De inmediato, junto a otros agentes también procesados el viernes pasado por el juez Víctor Montiglio al igual que los infantes de Marina, estos cubren el cuerpo del padre de la presidenta de la AFDD, Viviana Díaz, con bolsas plásticas más grandes. Lo atan, agregan al cuerpo un trozo de riel que amarran con alambre, y meten el cuerpo dentro de un saco papero que aseguran con otras amarras de alambre para que no se abra.

El cuerpo es trasladado por los mismos agentes en un vehículo hasta el campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, al sur de Santiago, donde los esperaba otro vehículo en el que desde Villa Grimaldi habían transportado los cuerpos de otros prisioneros, preparados de la misma forma que el de Víctor Díaz.

Un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército, tipos de naves que se usaron para estas operaciones, esperaba con los motores encendidos. Los agentes del cuartel de Simón Bolívar unieron sus fuerzas a los que transportaron los otros cadáveres, y entre todos cargaron los cuerpos a bordo del Puma, que terminada la tarea partió rumbo a la costa de la Quinta Región para lanzar los cuerpos al mar.

Estas son las últimas horas del secretario general en ejercicio del PC en la clandestinidad (el secretario general era Luis Corvalán que estaba detenido antes de ser canjeado por el disidente soviético Vladimir Bukovsky el 17 de diciembre de 1976 en el aeropuerto suizo de Zürich) según se logró establecer en la investigación judicial sobre la suerte corrida por la dirección clandestina del PC.

Hasta ahora se desconocían estos antecedentes respecto de la muerte del dirigente comunista, y siempre se presumió que fue asesinado poco tiempo después de su detención.

Sin embargo, Víctor Díaz no fue secuestrado en el operativo de calle Conferencia, sino un par de días después en calle Bello Horizonte de Las Condes. Primero lo condujeron a Villa Grimaldi y desde allí lo movieron por varios lugares. Uno de los lugares donde también permaneció secuestrado fue en la llamada “Casa de Piedra” en el sector del Cajón del Maipo, como lo reconoció tiempo atrás en una declaración el teniente coronel (R) de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, también ex agente DINA encausado el viernes pasado por el crimen de Víctor Díaz.

Para el abogado querellante Eduardo Contreras, lo alcanzado “es muy importante y demuestra que quienes estuvieron involucrados en estos hechos, hoy se han decidido a hablar sintiéndose liberados de la presencia del dictador Pinochet”.

El ministro Víctor Montiglio continúa sus investigaciones en esta causa para conocer también cuál fue el verdadero cautiverio y destino final de otros dirigentes del PC.

Los Otros

Junto a los dos infantes de Marina, el ex jefe de la Brigada Lautaro, mayor Juan Morales Salgado, y Ricardo Lawrence, fueron además procesados por el crimen de Víctor Díaz, el suboficial (R) de Ejército Guillermo Ferrán Martínez, la entonces teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, y la suboficial (R) de Ejército Elisa del Carmen Magna Astudillo. Todos pertenecían a la Brigada Lautaro, que dependía en la del entonces jefe operativo de la DINA, coronel Manuel Contreras

La Primera Sala de Verano de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer conceder la libertad provisional a cuatro ex agentes DINA, procesados por el secuestro y homicidio calificado del dirigente del PC Víctor Díaz, en hechos acontecidos en 1976.

Se trata del capitán (R) de Carabineros, Ricardo Lawrence y los otrora efectivos del Ejército Guillermo Ferrán, Gladys Calderón y Elisa Magna, quienes se encuentran recluidos tras ser encausados hace una semana por el ministro en visita Víctor Montiglio, en el marco del caso Calle Conferencia.

En el dictamen se pronunciaron los ministros Juan Escobar, Dobra Lusic y el abogado integrante Patricio González.

La Primera Sala de Verano confirmó de forma unánime los procesamientos y prisiones preventivas de cinco infantes de marina y militares de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) que participaron en el secuestro y homicidio calificado del dirigente del PC Víctor Díaz, en hechos acontecidos en 1976. Los hechos indican que Díaz fue mantenido con vida ocho meses y finalmente fue asfixiado en enero de 1977, mientras la entonces agente DINA y teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro y, posteriomente, su cuerpo fue lanzado al mar.

El ministro en visita del caso, Víctor Montiglio, procesará mañana a otros integrantes de la brigada Lautaro que participaron en los ilícitos, por lo que la cantidad de encausados llegará a 21 y es posible que siga aumentando.

Las indagaciones del magistrado develan la numerosa participación de agentes de la Marina en la DINA después de 1975, cuando esa institución sostiene que retiró a sus oficiales, suboficiales y cuadros permanentes. Esta es la primera querella que se interpuso en la justicia chilena contra Pinochet, el 12 de enero de 1998, y fue hecha por la fallecida dirigenta del PC Gladys Marin, ya que en la operación desapareció su esposo, Jorge Muñoz. En 1976 se dio un plan por parte de la DINA para detener, torturar y desaparecer a la mayoría de los dirigentes de la colectividad de izquierda que ya se encontraban en la clandestinidad.

La investigación por el crimen del secretario general en ejercicio del Partido Comunista en la clandestinidad durante la dictadura, Víctor Díaz, dio con la identidad de cuatro agentes mujeres de la Armada que operaban con la DINA en la Brigada Lautaro, las que fueron procesadas como coautoras del secuestro y desaparición del dirigente en mayo de 1976. Sus identidades permanecían hasta ahora desconocidas.

Se suman los dos suboficiales (R) de Infantería de Marina, Bernardo Daza y Sergio Escalona encausados el viernes 26 de enero por el juez Víctor Montiglio, como dos de quienes dieron muerte a Víctor Díaz, asfixiándolo con un bolsa plástica en la cabeza.

Las indagaciones del magistrado develan la numerosa participación de agentes de la Marina en la DINA después de 1975, cuando esa institución sostiene que retiró a sus oficiales, suboficiales y cuadros permanentes de esa asociación ilícita criminal.

Oscuras féminas

Las nuevas agentes mujeres declaradas reo el sábado 3 de febrero pasado y llevadas a prisión preventiva, son las empleadas civiles adscritas a 1976 con grado de suboficial de Marina, Celinda Aspé Rojas, Teresa del Carmen Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González. Todas ellas operaban en la Brigada Lautaro que comandaba el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, también encausado el viernes antepasado.

Esta brigada dependía directamente del jefe de la DINA, entonces coronel Manuel Contreras, y tenía su centro de operaciones en un cuartel clandestino de la calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina. Recién ahora se conoce que en este lugar se asesinó a muchos prisioneros

En ese lugar también habrían sido exterminados otros militantes comunistas que integraron tanto la dirección clandestina del PC secuestrada en mayo de 1976 que dio origen al proceso conocido como Calle Conferencia, como la posterior de diciembre de ese año, cuyo jefe era Fernando Ortiz y que se conoce como el “caso de los 13”.

Junto a las cuatro ex agentes de la Armada, el juez también sometió el sábado a proceso y ordenó el arresto de la ex agente de la DINA perteneciente a Carabineros, Orfa Saavedra Vásquez, del suboficial (R) de la Fach de la misma Brigada, Jorge Arraigada Mora, y de los ex agentes suboficiales (R) de Ejército que operaron en ese grupo, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo. Este último se desconoce a qué institución pertenece.

Tras su detención, Víctor Díaz fue mantenido con vida ocho meses y finalmente fue asfixiado en enero de 1977, mientas la entonces agente DINA y teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro. Su cuerpo fue lanzado al mar.

En una de las investigaciones más exhaustivas por los crímenes de la dictadura en la causa conocida como Calle Conferencia, el ministro Víctor Montiglio procesó a 19 ex agentes de la brigada de exterminio Lautaro pertenecientes a las tres ramas de la Fuerzas Armadas y Carabineros, los que se suman a los anteriores 17 encausados en enero y comienzos de febrero pasado por el secuestro y desaparición en mayo de 1976 del líder comunista, Víctor Díaz López.

Con ello, y contados otros nueve que permanecían declarados reos entre los años 2000 y 2005, como el ex jefe operativo de la DINA, general (R) Manuel Contreras, y el ex ministro de Interior y ex integrante de la Junta Militar, general (R) César Benavides, la cantidad de ex agentes encausados en este proceso asciende ya a 45, constituyéndose en el juicio por violaciones de los derechos humanos que más procesados acumula hasta ahora.

Los nuevos encartados por Montiglio, todos en retiro, son un teniente coronel y cuatro suboficiales de Ejército; dos suboficiales de la Armada; cuatro suboficiales de la Fuerza Aérea; y ocho suboficiales de Carabineros (ver recuadro). Todos operaban en la Brigada Lautaro que comandaba el coronel (R) Juan Morales Salgado.

BRIGADA LAUTARO

Entre los principales antecedentes hasta ahora desconocidos establecidos en esta investigación, está la existencia de la Brigada Lautaro como un equipo operativo de la DINA dedicado a asesinar prisioneros que llegaban al cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en la comuna de La Reina en Santiago, del cual no se sabía.

En él fueron exterminados varios dirigentes comunistas pertenecientes a las direcciones clandestinas arrestadas en mayo y diciembre de 1976.

Otro antecedente descubierto en la indagatoria para el ministro Montiglio, de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, es la existencia de ex agentes de la DINA adscritos a esta brigada que pertenecían a la Armada, varias de ellas mujeres, y que se mantuvieron en funciones después de 1975, año que la institución sostiene que retiró a toda su gente de la DINA.

La Brigada Lautaro dependía de Manuel Contreras, a quien le brindaba seguridad.

Hasta ahora el juez sólo ha procesado por el secuestro y desaparición de Víctor Díaz, pero ampliará los encausamientos a otras víctimas. Fuentes afirman que el juez continuará procesando ex agentes de la Lautaro. Todos los encartados permanecen detenidos.

Víctor Díaz fue asfixiado en el cuartel de Simón Bolívar a comienzos de enero de 1977 con una bolsa plástica en la cabeza, por los suboficiales infantes de Marina, Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña, mientras la agente teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro. Su cuerpo fue arrojado al mar a bordo de un helicóptero.

Identidades

Los nuevos procesados, todos retirados, son: el teniente coronel de Ejército, Federico Chaigneau Sepúlveda y los suboficiales de Ejército Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme y Orlando Torrejón Gatica. Los suboficiales de la Armada, Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterola. Los suboficiales de la FACH, Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Ana Vilches Muñoz, esta última empleada civil adscrita. También fueron declarados reos los suboficiales de Carabineros, Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio y Héctor Valdevenito Araya.

Fue uno de los mejores secretos guardados del dictador Augusto Pinochet y su hombre en la DINA, Manuel Contreras, tanto que no lo rompieron ni siquiera cuando comenzaron a odiarse. Un pacto de silencio mantenido por casi 34 años. ¿Cómo lograron los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro que su misión de exterminio no se conociera sino hasta hace unas pocas semanas? ¿Cómo pudo ocultarse durante tanto tiempo la existencia de la unidad más numerosa de la DINA?

Poco más de un par de meses atrás, medio centenar de ex agentes de la Lautaro hacían sus últimas compras de Navidad y se preparaban para celebrar el Año Nuevo en familia. Cumplían sus labores diarias (algunos con tareas directivas en grandes compañías), visitaban los malls y volvían a casa con los suyos. Pero ninguno sabía lo que se venía encima, ni menos sospechaban que un sencillo ciudadano –a quien, para proteger su identidad, llamaremos “Café para Dos”–, había resuelto contar el horror que había vivido como agente de la represión: la existencia de una unidad especial dedicada a matar comunistas y preparar sus cadáveres para tirarlos al mar.

Poco a poco, con especial discreción, los hombres de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones comenzaron las detenciones durante enero y febrero pasado. Todos fueron llamados a declarar. Todos, por cierto, negaron las acusaciones y alegaron inocencia. Varios, en tono amenazante, protestaron incluso por la “calumnia” que se levantaba en su contra. Pero eso duró algunos días. Pronto, algunos se fueron “ablandando” y empezaron a aportar más y más información al juez Víctor Montiglio.

Reconocieron, por ejemplo, cómo dirigentes y militantes clandestinos del PC habían sido llevados a un cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en La Reina, para ser asesinados. Y cómo algunos de ellos estuvieron detenidos durante meses antes de su muerte. Fue el caso de Víctor Díaz, jefe del partido en la clandestinidad hasta mayo de 1976, cuando fue arrestado, y padre de la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz.

Los otros comunistas

Los nuevos antecedentes indican que en dicho cuartel, de cuya existencia tampoco se tenían noticias, también fueron exterminados otros dirigentes comunistas. Si bien hasta ahora no hay certeza de sus nombres (debido a hermética forma de operar del juez Montiglio), las pistas apuntan a que corresponden a quienes integraron las direcciones clandestinas del PC de mayo y diciembre de 1976.

Entre ellos, Jorge Muñoz, el esposo de Gladys Marín; Fernando Ortiz, padre de Estela Ortiz; la directora de la Junji, y Waldo Pizarro, esposo de la fallecida dirigenta de la AFDD, Sola Sierra, y padre de su actual presidenta, Lorena Pizarro. Las declaraciones de los ex agentes también coinciden con las señas de Reinalda Pereira.

La investigación del juez Montiglio acerca del episodio conocido como Calle Conferencia no está concluida. Hasta donde se sabe, nadie salió de Simón Bolívar vivo para contarlo.

El comando de exterminio estaba integrado por infantes de Marina, agentes civiles de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros –entre ellos varias mujeres–, oficiales y suboficiales del Ejército, y decenas de suboficiales de todas estas ramas. Al mando, el jefe de la seguridad de Manuel Contreras, Juan Morales Salgado, entonces con el grado de mayor de Ejército. Treinta y seis ilustres desconocidos, que hasta ahora nunca habían sido procesados, hoy están encausados o presos. Y la lista aumentará en los próximos días. Son los hombres y mujeres de la Brigada Lautaro, la más numerosa y a la vez la más desconocida de la DINA, y a la luz de lo que se sabe de la indagatoria, tal vez la que usó los métodos más crueles para asesinar.

Sumando a otros siete ex agentes que ya habían sido procesados entre los años 2000 y 2005, además del ex ministro de Interior e integrante de la Junta Militar César Benavides, también imputado, la causa de Calle Conferencia acumula hasta hoy 44 procesados, convirtiéndose en el juicio por violaciones a los derechos humanos que más reos tiene hasta ahora.

Curiosamente, y por esas argucias legales a las que suelen echar mano algunos ministros de corte nostálgicos de la dictadura, Manuel Contreras fue beneficiado con un tecnicismo jurídico conocido como “cosa juzgada” y quedó fuera del proceso.

Del sarín al cianuro

La forma de exterminio fue variada. Veamos el caso de Víctor Díaz: primero, los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro le amarraron una bolsa plástica en la cabeza para asfixiarlo, mientras una teniente de Ejército, Gladys Calderón Carreño, le inyectaba cianuro en las venas para acelerar su muerte.

Otros murieron bajo los efectos del gas sarín. Un hecho que se ignoraba, puesto que las víctimas de esta macabra técnica de la DINA se contaban, hasta ahora, con los dedos de una mano.

El mismo Michael Townley, responsable del laboratorio químico que el sindicato criminal de Contreras armó en 1976 en una casa de Lo Curro, estuvo en el cuartel de Simón Bolívar ensayando con sarín fabricado por el químico Eugenio Berríos; ahora se sabe, para también matar comunistas. Según confesó uno de los ex agentes al juez Montiglio, un día tuvieron que sacar de ahí a Townley “porque resultó afectado por el gas”.

Otros testimonios hablan asimismo de prisioneros asesinados a golpes o con refinadas formas de tortura. Las órdenes de exterminio emanaban directamente de Contreras, jefe operativo de la DINA, y eran transmitidas a Morales Salgado, entonces su leal subordinado y ahora uno de los que comenzó a aportar información del caso.

En la investigación hay antecedentes que, inequívocamente, permiten concluir que cada uno de estos crímenes fue perpetrado con el conocimiento y la anuencia de Augusto Pinochet. Fue el mismísimo dictador el que decidió la suerte de las víctimas de Simón Bolívar, convertido en un cuartel altamente selectivo.

Pinochet, señalan los testimonios, siempre estuvo interesado personalmente en el destino final de los líderes comunistas. Tanto así que, según relató el agente Ricardo Lawrence, visitó personalmente a Víctor Díaz cuando éste estuvo detenido en la Casa de Piedra en el Cajón del Maipo, antes de ser trasladado al cuartel de La Reina.

Del Puma al mar

Uno de los procesados es el ex comandante del Comando de Aviación del Ejército (CAE) coronel (R) Carlos Mardones Díaz. La razón, que recién ahora sale a la luz, es que los cargamentos con los cuerpos de los prisioneros asesinados que salieron del cuartel de Simón Bolívar tuvieron como su siguiente destino los helicópteros Puma del CAE, que solían operar desde los terrenos de campaña que el Ejército tenía en la zona de Peldehue, al norte de Santiago.

La “preparación” para este último viaje fue la misma que la DINA utilizó cada vez que hizo desaparecer los cadáveres. Los envolvieron con sacos paperos, les amarraron con alambre un trozo de riel al cuerpo, volvieron a ponerlos en sacos –que ataron con más alambre– y los transportaron en camionetas hasta el lugar donde esperaba el helicóptero. Éstos despegaban con su carga macabra, enfilaban hacia la costa de la V Región y se internaban mar adentro para soltar su carga. Así desaparecieron Díaz y el resto de sus compañeros.

Otro de los procesados es el ex piloto de los Puma brigadier (R) Antonio Palomo Contreras, uno de los que condujo los vuelos de la muerte. Soberbio y arrogante, Palomo era el piloto preferido de Pinochet y por largo tiempo condujo el Puma destinado a su uso personal. El 15 de septiembre, Palomo recibió de Pinochet la misión de trasladar en helicóptero al general Carlos Prats hasta la frontera con Argentina, cuando el recién instalado dictador mandó a su antecesor al exilio, antes de ordenar su muerte. También piloteó el Puma de la Caravana de la Muerte, al igual que Luis Felipe Polanco, otro de los procesados.

 La lista de Montiglio

La siguiente es la nómina de los procesados por los crímenes de Simón Bolívar, todos en situación de retiro:

Del Ejército: el ex ministro de Interior y miembro de la Junta Militar general César Benavides, los brigadieres Miguel Krassnoff Marchenko, Carlos López Tapia y Antonio Palomo Contreras, los coroneles Juan Morales Salgado y Carlos Mardones Díaz, el teniente coronel Federico Chaigneau Sepúlveda, el mayor Luis Felipe Polanco, la teniente Gladys Calderón Carreño y los suboficiales Pedro Bitterlich Jaramillo, Manuel Obreque Henríquez, Eduardo Oyarce Riquelme, Orlando Torrejón Gatica, Elisa Magna Astudillo, Guillermo Ferrán Martínez, Jorge Escobar Fuentes, René Riveros Valderrama, Carlos Marcos Muñoz y Jorge Pichunmán Curiqueo, además del agente civil Eduardo Garea Guzmán.

De la Armada: Los suboficiales (Infantería de Marina) Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro los suboficiales Orlando Altamirano Sanhueza y Jorge Manríquez Manterota y las ex agentes Celinda Aspé Rojas, Teresa Navarro Navarro, Berta Jiménez Escobar y Adriana Rivas González.

De la Fuerza Aérea: los suboficiales Eduardo Cabezas Mardones, Jorge Díaz Radulovich, Eduardo Díaz Ramírez y Jorge Arraigada Mora, y la ex agente Ana Vilches Muñoz.

De Carabineros: el teniente coronel Ricardo Lawrence Mires y los suboficiales Heriberto Acevedo Acevedo, Gustavo Guerrero Aguilera, Claudio Pacheco Fernández, Jorge Sagardía Monje, José Sarmiento Sotelo, Emilio Troncoso Vivallos, Italia Vacarella Giglio, Héctor Valdevenito Araya y Orfa Saavedra Vásquez.

Algunos de ellos también están encausados por el asesinato de la militante comunista Marta Ugarte, la única de las víctimas que el mar devolvió y que apareció varada en la playa La Ballena, en Los Molles, debido a que el trozo de riel se soltó de la amarra.

Las indagaciones revelan que los infantes de Marina adscritos a la DINA, los suboficiales Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña, sacaron a Díaz de un calabozo, para ponerle una bolsa plástica en la cabeza.

Posteriormente le amarraron una soga al cuello y lo asfixiaron.

Presidente del PC califica de horroroso el informe sobre el asesinato del subsecretario general del p.c a la fecha del golpe militar Victor Manuel Diaz Lopez.

El documento está en manos del ministro Víctor Montiglio, quien investiga el denominado caso calle Conferencia y por el cual dictó varios procesamientos contra ex uniformados que participaron en la desarticulación de la cúpula del Partido Comunista el año 1976. Importante participación en el descubrimiento de esta brigada de la DINA tuvo la brigada de asuntos especiales y derechos humanos de la policia de investigaciones.La brigada criminal de agentes de pinochet, la "Brigada Lauraro", hasta el 2007- 30 años despues del asesinato de Victor Diaz "era desconocida por la opinion publica". Se ubicaba en la avenida Simon Bolivar 8630, en la comuna de la Reina. Muy cerca del aerodromo de Tobalaba, donde se encuentra el comando de aviacion del ejercito, con sus aviones y helicopteros.Esta dependencia de la Dina llego a tener hasta 30 secuestrados. Todos asesinados. Entre ellos miembros de las direcciones del partido comunista. 

En las dependencias de esta brigada se experimentaba con gas sarin. Con la presencia del agente norteamericano Michael Towley. Este antecedente tambien es nuevo en las investigaciones por violacion a los derechos humanos.

El mortal gas se aplicaba a secuestrados en este lugar. La brigada " lautaro" estaba comandada por el oficial del ejercito Juan Hernan Morales Salgado. Este dependia directamente de Manuel Contreras. Juan Morales Salgado es un oficial de artilleria. Morales es del grupo que fundo la dina. A septiembre de 1973 era capitan y nombrado gobernador de Constitucion. Actualmente tiene 63 años de edad.

Si bien se ha señalado en diversas publicaciones y en medios de los tribunales que no se conocia la "brigada lautaro". Su existencia fue revelada en algunas publicaciones hace mas de 10 años. Aparecio en "el periodista" en las ediciones entre septiembre y noviembre de 1973, en base a un listado de 2.600 miembros de la dictadura, que elaboro el centro de estudios CEDEC. Alli aparece el nombre de Juan Morales Salgado como miembro de la Brigada "Lautaro". 

Originalmente el grueso de esta brigada era parte de la escolta de Contreras. Su grupo operativo. Morales era jefe de los escoltas de Contreras. Morales estuvo al mando de la "brigada lautaro" hasta octubre de 1977

SUB JEFE DE LA BRIGADA ERA EL OFICIAL DE EJERCITO ARMANDO FERNANDEZ LARIOS. FERNANDEZ EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 PARTICIPO EN EL ASALTO A LA MONEDA CON EL GENERAL PALACIOS Y UN GRUPO DE TENIENTES Y CAPITANES. UNO DE ELLOS ASESINO AL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE CON RAFAGAS AL PECHO Y ESTOMAGO. PARTICIPO EN LA CACERIA INTERNACIONAL PARA ASESINAR A CARLOS ALTAMIRANO, SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO SOCIALISTA. Y DESPUES PARTICIPO EN EL ASESINATO DE ORLANDO LETELIER.

Como "horroroso" calificó eL martes 30 DE ENERO el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el contenido de un informe que entrega detalles sobre el secuestro en mayo de 1976 y posterior asesinato y lanzamiento al mar del dirigente de esa colectividad, Víctor Díaz.

El documento está en manos del ministro Víctor Montiglio, quien investiga el denominado caso calle Conferencia y por el cual dictó varios procesamientos contra ex uniformados que participaron en la desarticulación de la cúpula del PC.

"Se está descubriendo una cantidad muy grande de integrantes de las brigadas criminales y me da la impresión que el juez Montiglio está haciendo un muy buen trabajo de investigación, asesorado por

investigaciones, que han tomado una hebra importantísima", dijo Teillier.

Agregó que "habrán más detenidos y novedades, nosotros así lo esperamos.

Ahora estamos analizando las cosas, estamos hablando con nuestros abogados para ver qué más podemos hacer, pues hay que recordar que esta querella la interpuso Gladys Marín a nombre del Partido Comunista y nosotros estamos viendo qué pasos seguir hacia delante, estamos muy atentos.

Finalmente, dijo que espera que en este caso no se aplique la Ley de Amnistía, "sino que se haga justicia, en la máxima expresión de la palabra y que se dé a conocer toda la verdad".

EL INFORME

El informe incluido en la investigación de Montiglio, entrega antecedentes de cómo se perpetró en mayo de 1976 el secuestro de Díaz.

El documento, cuyos detalles fueron publicados por La Nación, revela que el dirigente fue secuestrado en la calle Bello Horizonte de Las Condes

LA CASA FUE ALLANADA POR UN NUMEROSO GRUPO DE AGENTES DE LA DINA ALREDEDOR DE LA 1 DE LA MADRUGADA DEL 12 DE MAYO DE 1976.

Procesados por el secuestro estan: Juan H.Morales Salgado, Bernardo Del Rosario Daza Navarro, Sergio Orlando Escalona Acuña, Guillermo Jesus Ferran Martinez,Gladys De Las Mercedes Calderon Carreño, Y Elisa Del Carmen Magna Astudillo.

Diaz se identifico con documentacion con otro nombre. Uno de los agentes lo hizo caminar y fue descubierto por su cojera. Entre los agentes destacaba la teniente de ejercito Gladys Calderon Carreño, quien gritaba , daba ordenes y actuaba con violencia en el secuestro de Victor Diaz

Primero fue llevado al centro de detención de Villa Grimaldi y desde ahí lo trasladaron a otros recintos. Uno de los sitios donde también estuvo secuestrado fue en la "Casa de Piedra" en el Cajón del Maipo. Casa apropiada al dueño del popular diario "clarin", Dario Saint Marie Sorucco. Esta casa la utilizo a la DINA como centro de tortura y para fiestas de los jefes de la criminal organización.

Aqui llego Pinochet a "conversar" con la "cupula" del partido comunista en cautiverio. Se encontraban alli Victor Diaz,con los dirigentes del PC Jaime Zamorano y Waldo Pizarro.

Esta actitud del dictador ya la habia efectuado cuando- como capitan de ejercito a cargo en 1948 del campo de concentracion de Pisagua- buscaba conversar con dirigentes comunistas para "convencerlos" de lo equivocados que estaban los dirigentes sindicales de izquierda. Los argumentos de Pinochet en ese entonces no hicieron cambiar la opinion de los dirigentes encarcelados en Pisagua.

Ahora con Victor Diaz el dictador repitio su actitud y recibio la digna y valiente respuesta del sub secretario general del partido comunista: "…atacar al partido comunista era como sacar agua del mar con un balde…"

MUERTE POR ASFIXIA

Las indagaciones revelan que- un día de la primera quincena de enero de 1977 , el comandante de la brigada juan morales recibio la orden telefonica de Manuel Contreras para asesinar a Victor Diaz. Este transmitio la orden a la teniente Gladys Calderon, quien le pone una inyeccion con cianuro. Victor diaz sobrevive, entonces la orden es trasladada a los miembros de la marina, los infantes de Marina y miembros de la DINA, Bernardo del Rosario Daza Navarro alias "el chancho" y Sergio Orlando Escalona Acuña,alias" el negro". Los infantes de la marina sacaron a Díaz de un calabozo, ubicado dentro de unos camarines para ponerle una bolsa plástica en la cabeza. Posteriormente le amarraron una soga al cuello y lo asfixiaron.

La investigación del juez Montiglio señala que los uniformados luego cubrieron el cuerpo con bolsas plásticas más grandes, le ataron con alambres un trozo de riel y lo introdujeron a un saco de papas.

Más tarde trasladaron el cadáver al campo de entrenamiento del Ejército en Peldehue, donde un vehículo los esperaba con otros prisioneros.

LANZADO AL MAR

En un helicóptero del Comando de Aviación del Ejército, los agentes del cuartel de Simón Bolívar 8630, transportaron los otros cadáveres, y entre todos cargaron los cuerpos con destino a la costa de la Quinta Región para lanzarlos al mar.

Lo reconoció en una declaración el teniente coronel (R) de Carabineros y agente de la DINA Ricardo Lawrence Mires.

MILITARES PROCESADOS

Por el crimen de Víctor Díaz fueron procesados el mayor (R) Juan Morales Salgado, y Ricardo Lawrence; los dos infantes de Marina Bernardo Daza Navarro y Sergio Escalona Acuña; la teniente del ejército de esa época Gladys Calderón Carreño, el suboficial (R) de Ejército Guillermo Ferrán Martínez.

Todos ellos dependían del ex jefe de la DINA, coronel Manuel Contreras a cargo de la Brigada Lautaro, a la que pertenecían los inculpados.

En tanto, el ministro a cargo de las indagaciones, Víctor Montiglio, continúa sus investigaciones en esta causa para determinar qué fue lo que realmente ocurrió con la desaparición de otros dirigentes comunistas.

 
FAMILIARES DE VÍCTOR DÍAZ Y SU ABOGADO QUERELLANTE SE REUNIERON CON JUEZ MONTIGLIO
Familiares del asesinado dirigente comunista Víctor Díaz y el abogado querellante Eduardo Contreras emplazaron a la Armada y a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, a que “de una vez por todas” esa institución entregue la nómina de oficiales, suboficiales y cuadro permanente que después del golpe militar de 1973 fueron adscritos a la DINA, incluyendo a quienes siguieron trabajando en ese organismo después de 1975, año en que la Marina sostiene que retiró a todo su personal.

QUE LA ARMADA ENTREGUE LISTA DE SUS AGENTES EN LA DINA-CNI
“Ya es hora de que la Armada entregue los antecedentes que tiene sobre sus funcionarios que operaron en la DINA, especialmente de la Infantería de Marina, porque es muy probable que éstos hayan participado en la eliminación de otros cuadros comunistas, como lo fue en el caso de Víctor Díaz(…)“también emplazamos a la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, para que esa institución entregue esta información, porque hasta ahora nos han mentido”, dijo el abogado Contreras.

La demanda surgió luego de que familiares de Víctor Díaz, entre ellos una de sus hijas, la dirigenta de la AFDD, Viviana Díaz, y su abogado Eduardo Contreras, se reunieron con el juez Víctor Montiglio que instruye el proceso conocido como Calle Conferencia, para enterarse de los avances de la investigación.

En la indagatoria se estableció que entre los siete procesados el viernes pasado (26 DE ENERO) por el ministro Montiglio por el crimen de Víctor Díaz, figuran dos suboficiales (R) de la Armada del cuerpo de Infantería de Marina (comandos), Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro, que participaron directamente en el asesinato del dirigente comunista, asfixiándolo con una bolsa plástica que le pusieron en la cabeza.

La entonces teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño, de la Brigada Lautaro de la DINA que operó en el cuartel de calle Simón Bolívar 8630, le inyectó cianuro, tal como entre 1975 y 76 fueron exterminados otros prisioneros en Peldehue a manos del paramédico de la DINA Osvaldo Pincetti, antes de subir sus cuerpos a helicópteros Puma que los lanzaron al mar.

Viviana Díaz afirmó que “nos ha golpeado mucho saber cómo mataron a nuestro padre, pero faltan más responsables, porque a la casa llegaron al menos 25 agentes el día que lo detuvieron”.

Existe la certeza de que allí fueron eliminados otros dirigentes del PC que se encuentran desaparecidos, entre ellos integrantes de la segunda dirección clandestina secuestrados en diciembre de 1976, el abogado Contreras pidió al ministro Montiglio que asuma también la investigación del proceso conocido “Los 13”; se refiere a los secuestros de diciembre de 1976. Esta causa la tiene el ministro Juan Eduardo Fuentes, pero se estima que éste no está investigando en profundidad como Montiglio.

Un ex agente de la Brigada Lautaro de la DINA que operó en el cuartel de Simón Bolívar 8630 en La Reina, confesó haber asesinado en enero de 1977 al secretario general del Partido Comunista en la clandestinidad, Víctor Díaz López.

Se trata de un suboficial (R) del Ejército, apodado “El Elefante” por su contextura física, que si bien se encuentra detenido, aún no ha sido procesado por el juez Víctor Montiglio que instruye el proceso conocido como Calle Conferencia.

Este nuevo antecedente se suma a la gran cantidad de información desconocida, obtenida en el marco de esta investigación de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones y el juez Montiglio.

Hasta ahora aparecían los infantes de Marina Sergio Escalona Acuña y Bernardo Daza Navarro, procesados en la causa, como quienes habían cometido materialmente el crimen del dirigente comunista. Sin embargo, ahora se sabe que fue El Elefante el que puso una bolsa plástica en la cabeza de Díaz para asfixiarlo, mientras la teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño le inyectó cianuro para acelerar su muerte.

Los dos infantes de Marina, hoy suboficiales retirados, estaban presentes y prepararon el cuerpo para ser lanzado al mar desde un helicóptero Puma del Comando de Aviación del Ejército.

En la investigación algunos ex agentes también confesaron que en el cuartel de Simón Bolívar se “experimentó” con los rostros de algunos prisioneros, desfigurándolos. Además de practicarles otras formas de tormentos “comparables sólo a los de los nazis en los campos de concentración”, de acuerdo a una fuente vinculada a la indagatoria.

Nuevos procesados

El ministro Víctor Montiglio continúa procesando a más ex agentes de la Brigada Lautaro, todos hasta ahora absolutamente desconocidos. Los tres nuevos declarados reos en las últimas horas, que se suman a los anteriores 44 encausados, son los ex agentes María Angélica Guerrero Soto, suboficial (R) del Ejército; Sergio Castro Andrade, suboficial (R) de Carabineros; y Luis Lagos Yáñez, entonces empleado civil adscrito a la Fuerza Aérea.

De acuerdo a fuentes estrechamente ligadas al proceso, “El Elefante” habría llegado incluso a las lágrimas, manifestándose “arrepentido” por el crimen cometido, argumentando que “si no cumplía las órdenes”, sería él quien sufriría el mismo destino de los prisioneros.

Los antecedentes de esta investigación judicial indican que tanto la Brigada Lautaro, que ahora se sabe que fue al final la más numerosa y bestial de la DINA, como el cuartel de calle Simón Bolívar operaron como entes de exterminio de militantes y dirigentes del Partido Comunista que trabajaron después del golpe militar de 1973 en forma encubierta. Principalmente sus dos direcciones clandestinas de 1976, secuestradas y hechas desaparecer.

La Brigada Lautaro fue dirigida por el entonces mayor de Ejército Juan Morales Salgado, pero fue una agrupación sobre la cual, tanto Manuel Contreras como Augusto Pinochet, mantuvieron un control directo.

El ex agente de la DINA Cristián Álvarez Morales tiene miedo. Está detenido y procesado por el juez Víctor Montiglio. Es el culpable, o el benefactor, de que la dirigente comunista se convirtiera en el único testimonio de una vía de exterminio, cuando su cuerpo atrozmente ultrajado fue devuelto por el mar en 1976.
 

El agente se dio cuenta de que uno de los sacos se movía. En Peldehue, todos estaban nerviosos y apurados. El ruido del helicóptero Puma, listo para elevarse, aportaba otra cuota de suspenso. El mismo agente sacó un cuchillo y abrió el saco. Marta Ugarte aún sobrevivía a la inyección. Entonces, el miembro de la DINA, con sangre fría, cortó uno de los alambres que ataban el trozo de riel al cuerpo de la dirigente comunista y la ahorcó. Luego, volvió a rehacer la amarra del saco como pudo, porque su jefe, Germán Barriga, gritaba apurando para que cargaran el último cuerpo a bordo de la nave.
 

Mar adentro, en la costa de la V Región, el piloto hizo una seña y Cristián Álvarez Morales, el estrangulador, tiró unos ocho bultos al vacío. La falta de una de las amarras del riel permitió que en el fondo del mar éste se desprendiera, liberando su cadáver hacia la superficie. Por eso, Marta Ugarte salió desde el océano, transformándose en la única testigo de esa vía de aniquilamiento de casi mil prisioneros de la dictadura.
 

Ahora, en la nueva fase de la investigación del proceso denominado Calle Conferencia, se conoció que ella también estuvo en manos de la Brigada Lautaro de la DINA, en el desconocido cuartel de calle Simón Bolívar 8630, en uno de los barrios de La Reina, en Santiago. Fue otra de las víctimas del batallón de exterminio, cuya historia recién comienza a develarse.
 

Cristián Álvarez tuvo valor para matar, pero también lo tuvo después para enfrentarse cara a cara con los que fueron sus jefes, que le dieron las órdenes. No los confundió al identificarlos, como lo han hecho intencionadamente varios otros ex agentes con barbilla trémula. Pero tiene miedo, porque sostiene ante los jueces que “los brazos del Ejército son largos, por eso tengo mucho miedo”.
 

Cristián Álvarez fue su chapa en la DINA y luego en la CNI. Y aunque fue un criminal frío, si bien por encargo, preferimos proteger su identidad. Hoy se encuentra procesado y detenido por orden del juez Víctor Montiglio por el secuestro y homicidio del secretario general, en la clandestinidad, del Partido Comunista, Víctor Díaz. Pronto debe correr la misma suerte por lo ocurrido con Marta Ugarte.
 

En las últimas semanas se supo que Álvarez fue uno de los integrantes del grupo de elite del exterminio comunista, gestado al interior o adjunto a la Brigada Lautaro, conocido como el Grupo Delfín, a cargo del entonces capitán de Ejército y agente DINA Germán Barriga.
 

Finalmente, con los estremecedores nuevos antecedentes descubiertos en esta última investigación, acerca del destino final de un grupo de líderes comunistas clandestinos secuestrados en 1976, que ya tiene 51 procesados, la vida y muerte de la integrante del Comité Central del PC quedó definitivamente ligada a la suerte de las víctimas de la calle Conferencia 1587, y del conocido grupo de “Los 13”.
 

Cuando “Don Jaime” (alias de Barriga en la DINA) llegó el 16 de enero de 2005 al santuario de Sor Teresa de los Andes para confesarse, nunca se sabrá si de verdad contó todos sus crímenes antes de suicidarse, al día siguiente, lanzándose desde un edificio del barrio de Las Condes en Santiago. Lo que sí se conoce hoy, con las nuevas revelaciones surgidas en el proceso Conferencia, es que Barriga fue todavía más brutal de lo que se suponía, y dirigió la matanza comunista desde el cuartel de Simón Bolívar al mando del Grupo Delfín. Todo pasó por sus manos, en comunicación directa con su jefe operativo en la DINA, Manuel Contreras. Torturó y mató de propia mano, según los últimos relatos de quienes fueron sus subordinados. “Don Jaime” nunca lo admitió ante juez alguno. Todo lo contrario, siempre quiso pasar como un inofensivo agente dedicado a cuestiones de análisis e inteligencia.
 

Aquella mañana en que Cristián Álvarez estranguló a Marta Ugarte, en los terrenos del Ejército en Peldehue, previamente los prisioneros fueron inyectados para morir, o sólo para adormecerlos en el viaje final hacia alta mar. Hasta ahora continúan existiendo contradicciones en ese sentido. Dentro del cuartel de Simón Bolívar la norma fue inyectar cianuro para acelerar o asegurar la muerte, a cargo de la “enfermera” teniente de Ejército Gladys Calderón Carreño. Sin embargo, no hay explicación por qué la dirigenta comunista todavía estaba viva dentro del saco.
Cuando el 12 de septiembre de 1976 su cuerpo varó en la playa La Ballena, entre Los Molles y Los Vilos, en la costa de la V Región, en su cuello tenía todavía el alambre con que el agente la estranguló. Prensa de la época que adhería a la dictadura creó la versión de un crimen pasional.

El 18 de noviembre de 1976, Manuel Contreras respondía al juez Rafael Mera que Marta Ugarte “nunca ha sido detenida por personal DINA”. Por otra parte, el ministro de Interior, general César Benavides, había afirmado lo mismo quince días antes al magistrado. Salvo que éste fue más tajante, y le recordó al juez las instrucciones expresas que existían “para que los tribunales se abstengan, por razones de seguridad nacional, de requerir informes a la DINA sobre la situación de personas arrestadas o desaparecidas”.

Un libro de reciente aparición (La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos-desaparecidos, de Javier Rebolledo) revela un hecho que se mantuvo en secreto durante más de 30 años y que se conoció hace un lustro, aunque sólo en el ámbito judicial chileno: la existencia de un centro de exterminio de la […]

Un libro de reciente aparición (La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos-desaparecidos, de Javier Rebolledo) revela un hecho que se mantuvo en secreto durante más de 30 años y que se conoció hace un lustro, aunque sólo en el ámbito judicial chileno: la existencia de un centro de exterminio de la dictadura pinochetista donde fueron torturados y ejecutados, entre otros, los dirigentes del Partido Comunista de Chile y los militantes del MIR; un sitio donde ocurrieron tragedias que evocan las de los campos de concentración del régimen nazi.

Poco más de 30 años duró el pacto de silencio sellado por asesinos y encubridores que guardaron uno de los mayores secretos de la dictadura pinochetista. Jorgelino Vergara, El Mocito, fue quien descorrió el velo: En la comuna de La Reina -en la capital chilena- funcionó el cuartel Simón Bolívar, un centro de exterminio de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina). Allí operó la Brigada Lautaro, unidad creada en abril de 1974 para dar protección al jefe de la Dina, el coronel Manuel Contreras.

A las órdenes de éste la Brigada Lautaro -comandada por el coronel Juan Morales Salgado- asesinó a cientos de personas con métodos en extremo crueles, algunos de ellos experimentales. No se conoce la cifra exacta de muertos, pero sí se tiene la certeza de que ninguno de los que ingresaron como prisioneros al cuartel Simón Bolívar vivió para contarla. Todos desaparecieron.

En enero de 2007 Vergara fue localizado por agentes de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) que indagaban la desaparición de la cúpula del Partido Comunista de Chile, ocurrida en mayo de 1976.

Vergara cooperó con la justicia. Como consecuencia de sus declaraciones se produciría el mayor número de procesamientos en la historia de los juicios por violaciones a los derechos humanos ocurridos en la dictadura militar (1973-1990).

Pero casi nada de esta historia se había publicado. Las declaraciones del Mocito estaban protegidas por el secreto del sumario de esta causa (número 2182-98). Cuando ocurrieron los procesamientos se supo de la existencia del cuartel Simón Bolívar y de la Brigada Lautaro pero no se conocieron los detalles de lo que allí sucedió: sólo retazos.

De ahí la importancia de la reciente publicación del libro La danza de los cuervos. El destino final de los detenidos-desaparecidos (Ceibo Ediciones, 2012), del periodista Javier Rebolledo.

En entrevista con Proceso el autor señala que «no hay registro hasta ahora en nuestro país, en ningún libro de historia ni en ningún libro de periodismo, de un episodio tan crudo como este».

El ventilador

La historia de las revelaciones del Mocito comienza el 19 de enero de 2007. Ese día el inspector de la PDI, Claudio Pérez, lo encontró en una aldea en medio de un bosque de la Cordillera de la Costa, en la región del Maule.
Pérez había seguido su pista durante seis meses debido a que un agente de la Dina acusó a Vergara de haber asesinado en 1976, con sus propias manos, al subsecretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz López.
Pérez le explicó a Vergara el motivo de su visita y le pidió que lo acompañara para rendir una declaración.

-Los estaba esperando hace mucho tiempo – respondió El Mocito, consigna el libro.

El inspector le tomó la declaración en una comisaría de la PDI en Curicó. De entrada El Mocito se mostró indignado por haber sido inculpado en la muerte de Díaz y no se anduvo por las ramas: dijo que sabía quién lo había matado.
«Esa noche la historia desconocida de Chile, la del único cuartel dedicado de modo expreso al exterminio, donde se decidió el destino final de los detenidos, las matanzas y lo que debieron sufrir los secuestrados antes de ser asesinados comenzaba a fluir por boca de quien decía no haber tenido poder alguno dentro de la estructura de la Dina ni de la Brigada Lautaro.

«Dueño de una memoria fotográfica, Jorgelino recordaba decenas y decenas de nombres, sus chapas (nombres en clave), los cargos y funciones que desempeñaba cada uno en la Brigada Lautaro, las instituciones a las que pertenecían y la crueldad que los caracterizaba (…) nunca algún agente de la Dina se había prestado para describir, desde las entrañas de la estructura misma, algo así de explícito y violento».

Después de firmar la declaración, Jorgelino Vergara fue trasladado al Palacio de Tribunales en Santiago. Allí lo esperaba el ministro Víctor Montiglio quien, alertado por los policías de la trascendental información proporcionada por Vergara, quiso tomar personalmente una nueva declaración.

Hasta ese momento Montiglio era conocido por haber aplicado sistemáticamente la Ley de Amnistía de 1978 en casos de crímenes de lesa humanidad. «Por su postura se había granjeado el odio y desprecio de numerosos familiares de detenidos-desaparecidos», afirma Rebolledo en su libro. Sin embargo, el conocimiento de los horrores de la Brigada Lautaro lo sensibilizó. Sus resoluciones lo evidencian.

En marzo de 2007 Montiglio dictaría el mayor procesamiento en la historia de los juicios por crímenes cometidos durante el periodo más cruel de la dictadura. «74 agentes pertenecientes a la Brigada Lautaro de la Dina, procedentes de todas las ramas y rangos de las fuerzas armadas y de orden, estaban tras las rejas gracias a la memoria fotográfica y a la revancha del Mocito.

«Fueron detenidos en distintos puntos del país en el más absoluto sigilo, sin darles tiempo ni posibilidad de ponerse de acuerdo entre ellos para coordinar el contenido de sus declaraciones. Debido al bajo perfil y al evasivo estilo de vida que suelen llevar, a muchos costó rastrearlos. Además un número importante de ellos jamás habían sido nombrados previamente en un proceso judicial, por lo que prácticamente no existían. A la larga todos cayeron y los penales destinados a este tipo de criminales debieron duplicar y triplicar sus esfuerzos para darles ‘alojamiento'».

A pesar de su valiosa colaboración, Vergara también fue detenido e incomunicado en la Cárcel Pública de Santiago. Permaneció ahí dos meses.

Fueron numerosos los careos en los que Jorgelino Vergara se vio enfrentado a los agentes que él acusó de participar en los crímenes de la Brigada Lautaro. «Frente a frente y en presencia del ministro, todos lo negaron. Nunca lo habían visto, decían».

Pero el jefe de la brigada, Morales Salgado, no pudo negarlo: lo reconoció e incluso lo definió como «un cabro (muchacho) muy esforzado».

Luego otro agente de la brigada, Jorge Pichunmán Curiqueo, también lo reconocería. «Así, poco a poco al comienzo y luego con velocidad pasmosa, el castillo de mentiras y el pacto de silencio se fueron resquebrajando y convirtiéndose en una avalancha de recriminaciones y acusaciones cruzadas. ‘Yo no fui, él fue’, se repitió tantas veces que pronto los agentes de la Dina ya no pudieron ponerse de acuerdo.

«Las traiciones parecían venir de todos lados y algunos de ellos comenzaron a confesar más y más y así entraron en detalles tan escabrosos o más que los narrados por el propio Jorgelino. Montiglio, desde el otro lado de la mesa, no perdonaba; interrogaba y volvía a interrogar minuciosamente a todos los agentes, hasta que casi cuatro años más tarde recibió una noticia inesperada: había contraído un cáncer que resultaba tan fulminante como mortal. Apenas alcanzó a solicitar su jubilación antes de ser internado en el hospital. Murió el 30 de marzo de 2011».

El caso sigue abierto, al parecer sin diligencias pendientes, esperándose en breve la sentencia. Todos los agentes de la Dina que han sido procesados en esta causa contra los dirigentes del Partido Comunista desaparecidos en 1976, esperan en libertad el veredicto.

«El Mocito»

Jorgelino Vergara nació en una familia muy pobre de la región del Maule. Su madre murió cuando él era casi un bebé. En 1974 -cuando tenía 14 años- sus hermanos José Vicente y Rosamel lo fueron a buscar al fundo donde trabajaba casi como esclavo, en el sector Los Niches, del Maule. Ellos vivían en Santiago donde trabajaban para el director de la Empresa de Correos y Telégrafos, el general Galvarino Mandujano, compadre de Contreras.

Recomendado por aquél, Jorgelino ingresó como asistente de mozo en la casa del coronel. Allí conoció a otros de los capos de la dictadura: Miguel Krassnoff, jefe de la Brigada Caupolicán (la encargada de eliminar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, tarea que realizó entre 1974 y 1975); Marcelo Moren Brito, jefe del centro de tortura Villa Grimaldi; Burgos de Beer, ayudante personal de Contreras.

«Le quedó registrado de aquellos encuentros que hablaban de ‘paquetes’ (…) de cuántos habían sido dados de baja. A personas eliminadas se referían. Y el coronel (Contreras) al otro lado, inmutable. Firmaba todos los documentos, porque todo quedaba documentado». El Mocito escuchaba y retenía todo lo que podía. Le gustaba saber.

En el invierno de 1976, a los 16 años, Jorgelino Vergara fue contratado para trabajar en la Dina. La chapa que eligió fue Alejandro dal Pozzo Ferreti. Después de firmar un contrato y hacer el juramento de confidencialidad fue llevado por dos agentes de la Dina al ultrasecreto cuartel de la Brigada Lautaro. El coronel Morales lo recibió y le mostró el recinto.

Auschwitz en pequeño

Un día Jorgelino estaba de guardia en la garita ubicada al lado del portón de entrada cuando llegaron unos extranjeros. Eran peruanos o bolivianos.

«Casi de inmediato llegó caminando el capitán Morales Salgado junto al capitán Germán Barriga y el teniente Ricardo Lawrence. Entre los tres los empezaron a interrogar ahí mismo. Gritos, golpes. El más loco esa vez era sin duda el capitán Morales. La cabeza se azotaba y volvía a levantarse. Todo el rostro roto. Una mezcla de sangre, tierra y los granos de maicillo incrustados en la piel. ¿Qué iban a responder si esos peruanos no sabían nada? Seguro cayeron detenidos por equivocación. O tal vez eran parte de un plan. Conejillos de Indias.

«Dos agentes pusieron a los peruanos contra uno de los muros del lugar (…) El Gringo (Michael) Townley sacó entonces un aparatito. Era como un control remoto con unas antenitas pequeñas y le comenzó a mostrar al coronel (Morales) la forma de utilizarlo. El coronel lo agarró entre sus manos y apuntó. En un instante salió volando el dardo. Antes de siquiera verlo ya estaba pegado sobre la boca del estómago de uno de los detenidos. El coronel movió la palanquita del control remoto y el peruano cayó de inmediato al piso, fulminado, contorsionándose en un millón de contracciones musculares, de un lado para otro durante un rato. (…) Más de 200 voltios y un alcance de 50 metros».

Días después los peruanos murieron cuando les aplicaron gas sarín en la cara. Fallecieron instantáneamente. Los agentes de la Dina estaban poniendo a prueba la efectividad de esa arma, que se barajó como una de las posibles a utilizar para asesinar al excanciller Orlando Letelier.

«Townley viajaría a Estados Unidos, a Washington concretamente, con pasaporte falso; se reuniría con Armando Fernández Larios y recibiría de él información acerca de los movimientos de Orlando Letelier en esa ciudad. Su misión era asesinarlo. A ese viaje llevó un frasco de perfume Chanel número 5 lleno de gas sarín. Era una de las posibilidades para eliminar a Letelier. Finalmente, por razones logísticas, se decidió matarlo por medio de una bomba a control remoto».

A medida que pasaba el tiempo Jorgelino se endurecía al punto de lograr despreciar a los comunistas y asumirlos como «destruye-patrias». En cierta forma -pensaba- se lo tenían merecido «por intentar acabar con el país».
Pero El Mocito reconoce haber sentido especial aprecio por Víctor Díaz, ejecutado por Juvenal Piña Garrido, El Elefante, quien confesó cómo lo hizo. Dijo que entró al calabozo de este prisionero y lo vio: estaba amarrado de pies y manos.

«En ese mismo momento le manifiesto a Díaz que me perdonara por la acción que iba a llevar a cabo, es decir su posterior muerte. En ese instante un agente, no recuerdo quién, me entregó una bolsa de nylon de supermercado, la que utilicé para introducir la cabeza de Díaz, momento en el que presioné esta bolsa a su cuello con el fin de impedir el paso de oxígeno a su cuerpo. Al cabo de unos tres minutos observé que ya no tenía signos vitales, instante en que terminé de presionar la bolsa, para salir del dormitorio inmediatamente, por cuanto me encontraba choqueado por la acción que había ejecutado».

El cuerpo de Díaz fue trasladado al Regimiento Peldehue donde fue subido a un helicóptero y arrojado al mar, como se hizo con muchos otros detenidos asesinados. Otros fueron enterrados en recintos militares o en lugares alejados de la ciudad.

Consultado respecto de qué conclusiones saca de lo relatado por El Mocito, Rebolledo señala que el cuartel Simón Bolívar «es un mini-Auschwitz; por ende tenemos que reconocer, aceptar, estudiar y hacer todo lo que sea necesario para entender lo que pasó. Porque si caímos tan bajo, es porque algo pasa… algo pasó con la identidad, con el ser de Chile que, a mi parecer, no ha cambiado mucho».

Rebolledo expresa: «Me encantaría que se comprendiera la importancia de preservar la memoria de este lugar, y que se reconstruya una réplica exacta de lo que aquí hubo».

por Francisco Marín

El emblemático caso de la Tecnólogo Médico y dirigente del Hospital Sótero del Río avanza con la presentación de los cargos por secuestro calificado de los miembros del Cuartel Simón Bolivar. Incluye al “Mamo” y Pedro Espinoza.

La plana completa de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los que estaban a cargo del cuartel y centro de detención clandestino Simón Bolívar fueron acusados este viernes por el juez Miguel Velásquez por la desaparición de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, en 1976.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago imputó por el delito de secuestro calificado a un total de 51 ex agentes de la primera policía secreta de Augusto Pinochet por el delito que afectó a la mujer detenida cuando esperaba micro en Ñuñoa.

El caso de Reinalda del Carmen, militante del Partido Comunista, es uno de los más emblemáticos de los primeros años de la dictadura por ser una de varias embarazadas que se encuentran en la lista de detenidos desaparecidos en el triste historial del régimen militar.

La mujer, que tenía 29 años al momento de su desaparición, estaba casada y esperaba su primer hijo (tenía 5 meses de gestación). Se desempeñaba como Tecnólogo Médico en el Hospital Doctor Sótero del Río donde también ejerció como Delegada de Personal, fue Secretaria de la Federación de Profesionales y Técnicos de la Salud y fue dirigente de la Asociación de Tecnólogos Médicos.

EL SECUESTRO PERMAMENTE: "NO SE LE VOLVIÓ A VER CON VIDA"
En la resolución, el magistrado estableció que "se encuentra legalmente acreditado que, pasadas las 16:00 horas del día 15 de diciembre de 1976, en las calles Exequiel Fernández con Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, 29 años de edad, tecnóloga médica y militante comunista, quien se encontraba embarazada, fue detenida por agentes de la DINA".
Agrega que estos "se movilizaban en dos automóviles, siendo ingresada a la fuerza a uno de ellos y trasladada a un cuartel secreto ubicado en calle Simón Bolívar 8.800, donde fue interrogada bajo apremios ilegítimos y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tenga noticias de su paradero.

Establece finalmente que los hechos descritos "configuran la existencia del delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza, previsto y sancionado en el inciso 3 del artículo 141 del Código Penal de la época, toda vez que del encierro de la víctima resultó un grave daño en su persona, puesto que no se le volvió a ver con vida".
EL CASO ES EL TEMA DEL DOCUMENTAL "REINALDA DEL CARMEN, MI MAMÁ Y YO"

LA NÓMINA DE ACUSADOS POR SU SECUESTRO ES LA SIGUIENTE:
1- Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda.
2- Pedro Octavio Espinoza Bravo.
3- Juan Hernán Morales Salgado.
4- Ricardo Víctor Lawrence Mires.
5- Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda.
6- Hernán Luis Sovino Maturana.
7- Gladys de las Mercedes Calderón Carreño.
8- Juvenal Alfonso Piña Garrido.
9- José Alfonso Ojeda Obando.
10- Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.
11- Jorge Laureano Sagardía Monje.
12- Héctor Raúl Valdebenito Araya.
13- Bernardo del Rosario Daza Navarro.
14- Sergio Orlando Escalona Acuña.
15- Jorge Lientur Manríquez Manterola.
16- José Miguel Meza Serrano.
17- Luis Alberto Lagos Yáñez.
18- María Angélica Guerrero Soto.
19- Jorge Iván Díaz Radulovich.
20- Guillermo Jesús Ferrán Martínez.
21- Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo.
22- Orfa Yolanda Saavedra Vásquez.
23- Elisa del Carmen Magna Astudillo.
24- Claudio Orlando Orellana de la Pinta.
25- Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme.
26- Heriberto del Carmen Acevedo.
27- Claudio Enrique Pacheco Fernández.
28- Emilio Hernán Troncoso Vivallos.
29- Sergio Hernán Castro Andrade.
30- Teresa del Carmen Navarro Navarro.
31- Juan Edmundo Suazo Saldaña.
32- Orlando Jesús Torrejón Gatica.
33- José Manuel Sarmiento Sotelo.
34- Carlos Enrique Miranda Mesa.
35- Víctor Manuel Álvarez Droguett.
36- Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza.
37- Gustavo Enrique Guerrero Aguilera.
38- Manuel Antonio Montre Méndez.
39- Guillermo Eduardo Díaz Ramírez.
40- Hiro Álvarez Vega.
41- Celinda Angélica Aspe Rojas.
42- Jorge Hugo Arriagada Mora.
43- Berta Yolanda del Carmen Jiménez Escobar.
44- Justo Bermúdez Méndez.
45- Eduardo Patricio Cabezas Mardones.
46- Carlos Eusebio López Inostroza.
47- Italia Donata Vaccarella Gilio.
48- Camilo Torres Negrier.
49- Joyce Ana Ahumada Despouy.
50- Marilín Melahani Silva Vergara
51- José Domingo Seco Alarcón.

Leyton era un funcionario de la DINA y la policía de Carabineros encontró en su hogar el vehículo de un detenido desaparecido que había sido encargado por robo. Fue detenido y en el cuartel policial contó cómo operaba el organismo represor, lo que le costó la vida.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, dictó condena en la investigación por el homicidio del cabo del Ejército Manuel Leyton Robles, perpetrado en marzo de 1977.

En la resolución condenó a los ex miembros de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Vianel Valdivieso Cervantes, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a penas de 15 años de presidio, como como autores del delito de homicidio, además de 3 años y un día por su responsabilidad como autores en el delito de secuestro, más 541 días por el delito de asociación ilícita.

En tanto, el agente Hernán Sovino Maturana fue condenado a 10 años y un día, en calidad de cómplice en el delito de homicidio; 3 años y un día, como autor en el delito de secuestro, y 541 días por asociación ilícita. En el caso del agente Vittorio Orvietto Tiplitzky, el magistrado Madrid lo condenó a 5 años y un día de presidio, como autor del delito de asociación ilícita.

Los agentes Pedro Valdivia Soto y Gladys Calderón Carreño recibieron condenas de 5 años de presidio por su responsabilidad como encubridores del delito de homicidio; en tanto, Hernán Taricco Durán y Carlotta Bolumburu Tabaoda fueron condenados a penas de 3 años y un día de presidio como encubridores del homicidio. A Valdivia Soto y Bolumburu Taboada se les concedió el beneficio de la libertad vigilada, y al agente Taricco Durán, el beneficio de la remisión condicional.

En la investigación, el ministro Madrid acreditó que “durante el mes de marzo del año 1977, dos funcionarios pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) procedieron, en primer término a sustraer un vehículo Renoleta perteneciente al profesor Sr. Daniel Palma Robledo –detenido desaparecido– y, posteriormente, cometieron un robo de otro vehículo de similares características perteneciente al comerciante de pinturas Sr. Marcel Jean Duhalde Garat, a quien luego de sustraerle el móvil en que se desplazaba por el sector centro de esta ciudad, procedieron a dejarlo abandonado en el sector de Las Vizcachas”.

Relata a Carabineros los procedimientos de la DINA

“Posteriormente, al tomar conocimiento de estos hechos, funcionarios de Carabineros de Chile pertenecientes a la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), a cargo del Teniente Alfonso Denecken Alberti, realizaron un allanamiento al domicilio particular del cabo de Ejército Sr. Manuel Leyton Robles quien prestaba en esa fecha servicios a la DINA, ubicado en calle Los Pioneros de la comuna de La Florida, lugar en el que también se encontraban los dos vehículos sustraídos, procediendo a detener al militar antes nombrado y posteriormente a otro funcionario de DINA de nombre Heriberto del Carmen Acevedo”, precisa la resolución.

“Luego los detenidos antes nombrados fueron trasladados al cuartel de la SIAT ubicado en calle Rodrigo de Araya, comuna de Ñuñoa, lugar donde fueron interrogados, señalando el cabo Manuel Leyton Robles, diversas actuaciones realizadas por el equipo de DINA al que pertenecía y que se encontraba bajo el mando del Capitán de Ejército Sr. Germán Barriga Muñoz. Debido a lo anterior el Director de la DINA, Coronel Sr. Manuel Contreras Sepúlveda ordenó a funcionarios de su dependencia que concurrieran a ese cuartel policial y procedieran a hacer las gestiones pertinentes para obtener la liberación de los detenidos pertenecientes a la organización bajo su mando”, agrega el magistrado.

“Como resulta que a los funcionarios de DINA privados de libertad se les imputaba la comisión de delitos y se encontraban siendo interrogados, debían, además, ser confeccionados los respectivos partes policiales para ser remitidos a la Fiscalía Militar del Ejército, por ello, no fue posible que se pudiera obtener en forma inmediata la liberación solicitada”, puntualiza el fallo.

Lo trasladan al Cuartel Simón Bolívar y la Clínica London

“Como, tomaron conocimiento de la situación producida altas autoridades de la época -añade el juez- tales como, el Ministro de Defensa Nacional, General (R) Herman Brady Roche, el Prefecto de Carabineros de Santiago General Sr. German Campos, el Comandante en Jefe del Ejército, el Jefe del Estado Mayor de la referida institución y el integrante de la Junta de Gobierno en representación de Carabineros, General Director Sr. César Mendoza Duran, se dispuso la entrega de los detenidos a la DINA”.

“Una vez obtenido el egreso de los detenidos, el cabo Manuel Leyton Robles fue trasladado al Cuartel de la calle Simón Bolívar a cargo del Mayor de Ejército Juan Morales Salgado y, posteriormente, llevado a la Clínica London, ubicada en la calle Almirante Barroso de esta ciudad, lugar donde permaneció privado de su libertad, vigilado permanentemente e interrogado acerca de las declaraciones que prestó mientras se encontraba detenido en el cuartel policial antes mencionado, por las cuales habría indicado el destino sufrido por algunos de los detenidos que se encontraban en el cuartel ubicado en la calle Simón Bolivar de esta ciudad”, expresa el dictamen.

“Luego de permanecer varios días en las condiciones precedentemente mencionadas, el nombrado Leyton sufrió un paro cardiorespiratorio y, por tal razón fue trasladado a una dependencia de la señalada clínica, siendo atendido por médicos y enfermeras de ese establecimiento, falleciendo el día 29 de mes de marzo de 1977”, puntualiza.

Pericias concluyen que lo asesinaron con gas sarín

“Luego de producido su deceso, funcionarios de la DINA procedieron a comunicar lo anterior a familiares del occiso, con el objeto que procedieran al retiro del cadáver y, mientras se verificaba el velatorio en su domicilio particular, por orden del Director Nacional de la referida organización, se retiró el cuerpo para ser trasladado al Instituto Médico Legal, donde luego de haberse efectuado una reunión entre un oficial de DINA y el Director de ese Instituto, a este último se le señaló la necesidad que no ocurriese ninguna dificultad que pudiera incriminar a directivos del organismo últimamente mencionado, procediéndose a realizar el señalado procedimiento, especificándose como causa de la muerte aspiración de contenido gástrico”, manifiesta el ministro Madrid.

“La causa últimamente señalada constituye sólo un síntoma producido por el cese de las funciones vitales de un individuo, tal como indica el doctor José Belleti a fojas 2.303, el hecho del fallecimiento de la víctima, de acuerdo a los antecedentes que fluyen de la investigación sólo ha podido producirse por la inoculación de una sustancia tóxica, tal como lo señala, como una de las posibilidades factibles, la autopsia médico legal agregada a fojas 1.087, realizada por el doctor Tomás Tobar Pinochet, y como en la referida pericia no pudo determinarse la presencia del agente químico denominado gas sarín, por las razones antes expuestas, tampoco es posible determinar que no haya sido utilizado y, por el contrario, los elementos de juicio analizados en el fundamento primero, permiten concluir que su muerte sólo se pudo producir por la inoculación del referido elemento químico», concluye la sentencia judicial.

El recinto de “Simón Bolívar”, de calle Simón Bolívar N° 8630, comuna de La Reina, contó con una sola entrada por un portón metálico, una casa de material ligero, un gimnasio con 3 camarines, una caseta de guardia, un casino, una cancha de baby fútbol y estacionamientos. Constituyó el asiento de la brigada "Lautaro", la que en sus inicios solo veló por la seguridad del General Manuel Contreras, su entorno familiar y labores de índole investigativo, relacionadas con denuncias. Se constituyó con personal de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, que luego, fueron trasladados a dependencias a calle Diagonal Paraguay, Torre 5 en la Remodelación San Borja y, a mediados de 1975, por el cambio de residencia de Manuel Contreras a La Reina, al cuartel ubicado en calle Simón Bolívar donde permanecieron hasta el primer trimestre de año 1977; traslado que se efectuó bajo el mando del Capitán de Ejército Juan Hernán Morales, quien estuvo a cargo de la Brigada tanto en la "Torre 5", como en "Simón Bolívar".

El cuartel de Simón Bolívar se vio alterado a mediados de 1976 con la llegada desde Villa Grimaldi del grupo del capitán de Ejército Germán Barriga y del Teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, los que se instalaron en dependencias del casino, encasillándoseles según algunos, bajo el nombre de "Mehuín". Los grupos de Barriga y Lawrence gozaron de cierta autonomía para realizar sus labores, sin perjuicio del grupo de confianza del Capitán Morales, denominado "Los míos" e integrado por varios infantes de marina que colaboraron regularmente en los procedimientos operativos realizados por los agentes de Barriga y Lawrence. No obstante la autonomía de la que gozaron, la gran mayoría de los agentes, coincide en sindicar que tanto Barriga como Lawrence recibieron órdenes del capitán Morales Salgado. Desde la llegada de este nuevo grupo de agentes se produjo una trasformación del cuartel desde una brigada de seguridad a un centro de exterminio.

La principal misión de los oficiales Barriga y Lawrence, fue la eliminación de la cúpula del Partido Comunista y de sus militantes, por lo que se realizaron operativos coordinados por Morales Salgado con la activa participación de los agentes de Barriga y Lawrence. El cuartel, empezó a recibir prisioneros, trasladados principalmente en camionetas marca Chevrolet, modelo C-10, que ingresaban con la vista vendada a los camarines, acondicionados como celdas, en los que esperaban sus interrogatorios, efectuados por los oficiales Morales, Barriga y Lawrence. Producto de los interrogatorios, los prisioneros eran sometidos a brutales sesiones de torturas, las que consistían en la aplicación de electricidad "La Parrilla", “Submarino Seco” y “Golpizas”; todos los cuales tenían como fin, obtener información acerca de las misiones, recursos, integrantes y, organigramas de las organizaciones políticas. Producto de las torturas los detenidos morían, sin haber indicios de sobrevivientes, atribuyéndosele la calidad de centro de exterminio de la Dina. Varios detenidos, con posterioridad a las torturas, eran inyectados, con un líquido, al parecer "Pentotal", utilizado para acelerar la muerte.

Los cuerpos de los detenidos se sujetaban a un trozo de riel con alambres, se envolvían en trozos de polietileno y en sacos paperos, nuevamente asegurados con alambres y, en la noche, trasladados al Regimiento de Paracaidistas del Ejército de Chile en "Peldehue", Colina, en el que se subían a helicópteros "Puma", pertenecientes al Comando de Aviación del Ejército, para ser lanzados al mar. Otros cuerpos, se llevaron a una mina abandonada en el sector de "Cuesta Barriga" y se arrojaron en piques profundos y otros, según indica Jorgelino del Carmen Vergara Bravo, se llevaron a sectores del Cajón del Maipo y se arrojaron en los acantilados.

Tribunal de alzada confirmó la sentencia que condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Joven de 29 años y con un embarazo de cinco meses, que fue detenida el 15 de diciembre de 1976, en la actual comuna de Macul y conducida al cuartel de detención clandestino ubicado en la calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, desde donde se pierde su rastro.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a 30 agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Reinalda del Carmen Pereira Plaza. Joven de 29 años y con un embarazo de cinco meses, que fue detenida el 15 de diciembre de 1976, en la actual comuna de Macul y conducida al cuartel de detención clandestino ubicado en la calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, desde donde se pierde su rastro.

En la sentencia (causa rol 3.023-2019), la Sexta Sala del tribunal de alzada –integrada por las ministras María Rosa Kittsteiner, María Paula Merino y Paula Rodríguez– ratificó la sentencia que condenó a Pedro Espinoza Bravo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence Mires a 10 años de presidio como autores del delito.

En tanto, en calidad de coautores, Gladys Calderón Carreño, Juvenal Piña Garrido, Héctor Valdebenito Araya, Sergio Escalona Acuña, Jorge Manríquez Manterola, María Angélica Guerrero Soto, Orfa Saavedra Vásquez, Elisa Magna Astudillo, Heriberto del Carmen Acevedo, Claudio Pacheco Fernández, Emilio Troncoso Vivallos, Teresa Navarro Navarro, José Manuel Sarmiento Sotelo, Gustavo Guerrero Aguilera y Jorge Arriagada Mora deberán cumplir  7 años de presidio.

En el caso de José Alfonso Ojeda Obando, José Miguel Meza Serrano, Jorge Iván Díaz Radulovich, Jorge Segundo Pichunmán Curiqueo, Sergio Hernán Castro Andrade, Carlos Enrique Miranda Mesa, Víctor Manuel Álvarez Droguett, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Bertha Yolanda del Carmen Jiménez Escobar, Carlos Eusebio López Inostroza y Joyce Ana Ahumada Despouy deberán purgar penas de 4 años como cómplices.

El tribunal de alzada hizo suyos los antecedentes que permitieron al ministro en visita Miguel Vázquez Plaza establecer la responsabilidad y participación que les cupo a los entonces agentes del Estado condenados, en el secuestro y desaparición de la tecnóloga médica.

“Que, en ese derrotero, se comparte lo razonado en la sentencia que se revisa, a efectos de establecer la participación de los condenados, por cuanto los antecedentes de prueba reseñados en la sentencia en alzada, en los motivos catorce en contra de Espinoza Bravo, diecisiete en contra de Morales Salgado, veinte en contra de Lawrence Mires, veintinueve en contra de Calderón Carreño, treinta y dos en contra de Piña Garrido, cuarenta y uno en contra de Valdebenito Araya, cuarenta y cuatro en contra de Escalona Acuña, cuarenta y siete en contra de Manríquez Manterola, sesenta y cinco en contra de Saavedra Vásquez, sesenta y ocho en contra de Magna Astudillo, setenta y uno en contra de Oyarce Riquelme, setenta y cuatro en contra de Acevedo, setenta y siete en contra de Pacheco Fernández, ochenta en contra de Troncoso Vivallos, ochenta y seis en contra de Navarro Navarro, noventa y cinco en contra de Sarmiento Sotelo, ciento siete en contra de Guerrero Aguilera y ciento veintidós en contra de Arriagada Mora, constituyen un conjunto de presunciones judiciales, que atendida su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia y por reunir los requisitos legales previstos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten acreditar la participación que a título de coautores, en los términos previstos en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, se les atribuye, conforme con lo razonado en los motivos quince, dieciocho, veintiuno, treinta, treinta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, cuarenta y ocho, sesenta y seis, sesenta y nueve en contra de Magna Astudillo, setenta y dos, setenta y cinco, setenta y siete, ochenta y uno, ochenta y siete, noventa y cinco, ciento siete y ciento veintitrés respectivamente y que se complementa con lo razonado en los fundamentos ciento setenta y tres, ciento setenta y ocho, ciento ochenta y dos, ciento ochenta y seis, ciento ochenta y nueve, ciento noventa y cinco, ciento noventa y siete, doscientos tres, doscientos seis y doscientos diez”, se detalla.

La resolución agrega que: “En este punto cabe precisar que la participación como coautor que se atribuye a Juan Morales Salgado, se encuadra plenamente en lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 Código Penal, desde que actuaba bajo las órdenes directas de Manuel Contreras y estaba a cargo del cuartel de Simón Bolívar a la época de los hechos, correspondiéndole en dicha calidad coordinar los trabajos operativos de las brigadas que actuaban bajo su mando, especialmente en relación a la desarticulación del Partido Comunista, destinando personal a su cargo para ello, dirigir las labores de investigación y recibir los informes correspondientes, disponiendo el ingreso y retención de los detenidos a la unidad, así como los interrogatorios y torturas a los que eran sometidos y, en su caso, su muerte y desaparición, estableciéndose que estuvo presente durante el interrogatorio y tortura de la víctima de estos antecedentes, lo que determina que intervino de una manera inmediata y directa en los hechos, por lo que su conducta implica un aporte funcional al resultado global, manteniendo en conjunto con los otros hechores, el codominio del hecho”.

“Por su parte, la atribución de responsabilidad a título de coautora, en los términos previstos en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, que se imputa a la encartada María Angélica Guerrero Soto, se establece en virtud de su confesión conforme con lo previsto en el artículo 482 del Código de Procedimiento Penal, la que se ve corroborada con el mérito los antecedentes señalados en la fundamentación cincuenta y siete de la sentencia recurrida, a lo que se suma lo razonado en la motivación ciento noventa y tres”, añade el fallo.

“Que, en el mismo sentido –prosigue–, se adhiere a lo señalado en la sentencia en estudio, por cuanto los indicios señalados en los motivos treinta y cinco en contra de Ojeda Obando, cincuenta en contra de Meza Serrano, cincuenta y tres en contra de Lagos Yáñez, cincuenta y nueve en contra de Díaz Radulovich, sesenta y dos en contra de Pichunmán Curiqueo, ochenta y tres en contra de Castro Andrade, noventa y ocho en contra de Miranda Mesa, ciento uno en contra de Álvarez Droguett, ciento cuatro en contra de Altamirano Sanhueza, ciento trece en contra de Díaz Ramírez, ciento veinticinco en contra de Jiménez Escobar, ciento treinta y cuatro en contra de López Inostroza y ciento cuarenta y tres en contra de Ahumada Despouy, reúnen la fuerza necesaria para configurar presunciones judiciales, que atendida su multiplicidad, gravedad, precisión y concordancia, permiten acreditar la participación que se les atribuye a título de cómplices, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Código Penal, al tenor de lo razonado en los basamentos treinta y seis, cincuenta y uno, cincuenta y cuatro, sesenta, sesenta y tres, ochenta y cuatro, noventa y nueve, ciento dos, ciento cinco, ciento catorce, ciento veintiséis, ciento treinta y cinco y ciento cuarenta y cuatro, respectivamente, a lo que se aúnan los razonamientos ciento setenta y uno, ciento setenta y nueve, ciento ochenta y siete, ciento noventa y ocho, doscientos, doscientos cuatro y doscientos ocho del fallo”.

Para el tribunal de alzada, en la especie: “(…) como se señaló, ha quedado suficientemente demostrado que todos los imputados eran parte de una estructura organizada bajo subordinación y dependencia, en la que coexistían quienes ejercían labores de dirección y personal operativo, dedicado tanto a la investigación cuanto a la detención, custodia, interrogatorio, tortura y, en su caso, muerte y desaparición de los detenidos, en lo que se observa, por un lado, la división de roles propia de la coautoría, desde que todos ellos realizaron un aporte funcional a la ejecución del delito, disponiendo cada uno de ellos del codominio del hecho y, por otro, una facilitación de los medios con que se comete el delito, cooperando así en el hecho ajeno, por actos anteriores o simultáneos, que es lo que caracteriza la complicidad”.

“En ese entendido, contrariamente a lo que señalan las defensas en estrados en sustento de sus apelaciones, conviene precisar que no se castiga a los condenados meramente por pertenecer a la institución, sino por las conducta desplegada por cada uno en relación a los hechos que atañen a la víctima de estos autos, doña Reinalda Pereira Plaza, lo que también conduce a descartar la intervención de aquellos acusados a cuyo respecto, no obstante haberse establecido que formaban parte de la misma institución y prestaron funciones en el inmueble ubicado en Simón Bolívar N° 8.800 de La Reina, no se ha comprobado su participación punible en alguna de las formas previstas en la ley”. Concluye.

Detención y desaparición
En el fallo en alzada, el ministro en vista Miguel Vázquez Plaza dio por establecidos los siguientes hechos:
“a) Que, la Dirección de Inteligencia Nacional Dina , en una fecha no precisada, pero durante el primer semestre del año 1976, ocupó y habilitó un inmueble de calle Simón Bolívar Nº 8800, comuna de La Reina, consistente en una casa quinta, que fue acondicionada para su propósito de reclusión. Contaba con un solo portón de acceso, una garita a su derecha donde se hacía la guardia de puerta, una casa al fondo, una cancha de baby futbol, estacionamientos y al lado izquierdo del predio una especie de gimnasio donde había un casino, cocina y unos camarines y baños, que se acondicionaron para ser utilizados como calabozos, inmueble en el que se desempeñó operativamente la brigada Lautaro a cargo del mayor Juan Morales Salgado y que fue ocupado como un lugar secreto y clandestino de reclusión; a dicho recinto eran llevadas personas en calidad de detenidas, para ser interrogadas bajo el empleo de diversas técnicas de apremios físicos, en especial respecto de aquellas que tenían o habían tenido militancia política adherente al Partido Comunista.
b) Que asimismo, en el segundo semestre del año 1976, se trasladaron a dicho recinto, las agrupaciones de la DINA a cargo de los oficiales Germán Barriga y Ricardo Lawrence, conjuntamente con sus agentes operativos, los que se preocuparon fundamentalmente de investigar, ubicar, allanar, perseguir, reprimir y desarticular a los miembros del Partido Comunista, en especial a sus cúpulas directivas, para lo cual se habilitaron dependencias provisorias para su instalación; consistentes en oficinas, un gimnasio y camarines que fueron calabozos de encierro, en donde se realizaban los interrogatorios y torturas, utilizando apremios con diversos métodos.
c) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, de 5 meses de gravidez, tecnólogo médico y militante comunista, que trabajaba asilando personas y como enlace entre Eliana Ahumada y Fernando Navarro, aunque también relacionada al militante comunista Fernando Ortiz, fue detenida a sus 29 años de edad, aproximadamente a las 20:30 horas, mientras esperaba locomoción colectiva, por agentes de seguridad el día 15 de diciembre de 1976, en la calle Exequiel Fernández esquina Rodrigo de Araya, comuna de Nuñoa, actualmente comuna de Macul. Los agentes que la detuvieron, se movilizaban en dos automóviles marca Peugeot; uno de ellos patente HLN-55, de donde se bajó un sujeto que la tomó violentamente, al dar gritos de auxilio, se bajó un segundo sujeto con el cual fue reducida a la fuerza e ingresada al interior del vehículo. La detención fue materializada en presencia de testigos que se encontraban en los diversos locales comerciales circundantes, que dan cuenta que una vez reducida la víctima y materializada la detención, el automóvil se dirigió por Rodrigo de Araya en dirección al norte.
d) Que, Reinalda del Carmen Pereira Plaza fue trasladada al cuartel secreto de reclusión Simón Bolívar, donde fue vista junto a otros privados de libertad, que a su vez, habían sido detenidos por las mismas brigadas bajo la misma política operativa entre el 13 y 15 de diciembre de 1976; esto es, Héctor Véliz Ramírez, Fernando Navarro Allendes, Lincoyán Yalu Berríos Cataldo, Juan Fernando Ortiz Letelier y Horacio Cepeda Marincovich. En este lugar, Reinalda fue duramente golpeada, torturada, apremiada ilegítimamente y luego hecha desaparecer, sin que hasta la fecha se tengan noticias de su paradero.
e) Que, el gobierno chileno de la época, dada las gestiones de búsqueda efectuadas por su familiares, informó que la afectada registraba salida ‘a pie’ por el paso fronterizo de Chile con Argentina Los Libertadores, el día 21 de diciembre de 1976, versión oficial que se estableció judicialmente como falsa, según consta en proceso tenido a la vista, autos Rol 2-77, en el cual se constató que la hoja de ruta que consignaba dichas circunstancias, había sido falsificada.
f) Que, la víctima de autos fue detenida en la vía pública al igual que otras trece personas en circunstancias similares; once pertenecientes al Partido Comunista y dos al MIR y, donde la información proporcionada por el Gobierno Militar fue semejante y errada, demostrando un operativo a gran escala que obedeció a una política de investigación, persecución y desarticulación del Partido Comunista y no, a un hecho aislado.
g) Que, todas las personas antes mencionadas, incluida la víctima, fueron detenidas para ser interrogadas y torturadas en razón de su militancia política y, a fin de obtener información sobre sus actividades de partido y la identificación de otros miembros del Partido Comunista en la clandestinidad; apremios que no cesaban hasta la obtención de la información requerida o, hasta la inconciencia de las víctimas”.

La Corte Suprema condenó a 14 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega; y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Los delitos fueron cometidos entre abril y agosto de 1976, en la provincia de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 71.900-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo y Eliana Quezada- revocó la sentencia dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, que aplicaba la media prescripción a los acusados.  En sentencia de reemplazo la Corte Suprema condenó a los ex jerarcas DINA y ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez a las penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de 16 secuestro calificado y a 10 años y un día en calidad de autores de un homicidio calificado.

En tanto, Rolf Arnold Wenderoth Pozo fue condenado a sendas penas de 10 años y un día de presidio, como autor de tres secuestros calificados y un homicidio calificado; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño a 10 años y un día de presidio, como autores de seis secuestros calificados.

En el caso de los ex agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, se les aplicó una pena de 5 años y un día de presidio, como autores de un solo caso de secuestro calificado.

Asimismo, los ex agentes Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza y Carlos Eugenio López Inostroza deberán purgar 7 años en calidad de cómplices de los 16 secuestros calificados y 5 años y un día presidio en calidad de cómplices del homicidio calificado.

Finalmente, Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 7 años en calidad de cómplice de 15 secuestros calificados y 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del homicidio calificado.

Los criminales Carlos José Leonardo López Tapia y Ricardo Víctor Lawrence Mires, que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Leopoldo Llanos en julio de 2017, a penas de 20 años de presidio, fallecieron en el curso del proceso. También fallecieron los condenados en primera instancia Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Al desestimar la media prescripción, la Corte Suprema establece que: "(…) resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional".

La resolución agrega que: "A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total".

"Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena", añade.

"Sin embargo -prosigue-, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes".

Los hechos

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá dio por establecido que en el marco de la represión sistemática a los opositores al régimen militar, en los meses de abril y agosto de 1976, se produjeron las detenciones de una serie de personas, todos militantes del Partido Comunista.

El día 29 de abril de 1976, en el sector de las calles Santa Rosa y Sebastopol de la comuna de San Miguel, fueron detenidos por agentes de la DINA los hermanos Manuel Guillermo, de 22 años, y Luis Emilio Recabarren González, de 29 años, junto a Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 20 años, y el hijo de ésta de dos años de edad. El menor fue abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche.

Al día siguiente, 30 de abril, a las 7:00 horas, fue detenido Manuel Segundo Recabarren Rojas, de 50 años de edad, a poco de salir de su domicilio en el mismo sector y cuando se disponía a abordar un bus de locomoción colectiva.

Todos los detenidos fueron conducidos al cuartel clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi'; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto 'Simón Bolívar' y a Luis Emilio Recabarren González en 'Cuatro Álamos'. Desde esos recintos la DINA los hizo desaparecer.

El día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rojas Magallanes con Panamá de la comuna de La Florida, fue detenida por agentes de la DINA la joven Clara Elena Canteros Torres, de 21 años de edad. Fue reducida al descender de la locomoción colectiva.

Es trasladada hasta 'Villa Grimaldi' donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y "scar Ramos. Desde entonces se les hizo desaparecer.

A las 21:40 horas Eduardo Canteros Prado, 48 años, tío de Clara Elena, constructor civil, es detenido en la vía pública por agentes de la DINA, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá, de la comuna de La Florida. Fue trasladado hasta la 'Villa Grimaldi'. En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.

El día 27 de julio de 1976, alrededor de las 17:15 horas, Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años de edad, fue detenido por agentes DINA desde su oficina ubicada en Mallinkrodt 70, Barrio Bellavista. Lo trasladaron hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El día 4 de agosto de 1976, Daniel Palma Robledo, 61 años, empresario, fue detenido en horas de la mañana, en avenida Matta, entre las calles San Diego y Arturo Prat; luego de retirar su correspondencia, compró un diario y al momento de retirarse fue detenido y se lo llevaron con destino desconocido, pero fue visto en el cuartel de exterminio 'Simón Bolívar'.

El mismo 4 de agosto, a las 15:00 horas, fue detenido el médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, de 39 años. Lo apresaron durante el trayecto que efectuaba entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y su consulta particular, ubicada en calle Barros Arana con Arturo Prat. Fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi' y, posteriormente, a 'Cuatro Álamos', desde donde se le hace desaparecer.

En horas de la noche del 4 de agosto fue detenido por agentes DINA el médico cirujano Iván Sergio Insunza Bascuñán, de 43 años, mientras conducía su vehículo. Fue trasladado a 'Villa Grimaldi' y luego a 'Cuatro Álamos'.

El día 6 de agosto de 1976, a poco de salir de su domicilio, alrededor de las 9:30 horas, fue detenido por agentes DINA el dirigente estudiantil y de la Central Única de Trabajadores, José Eduardo Santander Miranda, de 29 años; testigos sobrevivientes lo vieron en el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El 9 de agosto, Víctor Hugo Morales Mazuela, de 45 años, carpintero y obrero de la construcción, dirigente sindical y encargado de organización de un regional del Partido Comunista, fue detenido en horas de la mañana, en los alrededores de la población 'Villa México' de la comuna de Maipú y fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi'. Posteriormente, se le vio en el cuartel 'Simón Bolívar'.

El mismo 9 de agosto, Mario Jesús Juica Vega, 34 años, comerciante, fue detenido alrededor del mediodía, en las inmediaciones de plaza Egaña, en la comuna de 'uñoa, y trasladado a 'Villa Grimaldi', lugar en que fue visto por numerosos testigos. El día 20 de agosto fue sacado desde ese recinto junto a otros dos detenidos y desde entonces la DINA los hace desaparecer.

El 11 de agosto de 1976, a las 9:00 horas, en circunstancias que salía de su domicilio, ubicado en calle Chiloé, entre Santa Rosa y Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, fue detenido por agentes DINA el comerciante Miguel Nazal Quiroz, de 44 años. Fue trasladado a' Villa Grimaldi'.

En horas de la noche del mismo 11 de agosto, Carlos Mario Vizcarra Cofré, de 31 años, desabollador, en su domicilio en Quinta Normal fue detenido por agentes que lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi', recinto en que lo vieron testigos hasta el 25 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue visto en el recinto 'Simón Bolívar'.

El 13 de agosto, Juan Aurelio Villarroel Zárate, de 55 años, dirigente sindical, fotograbador, alrededor de mediodía, cuando se trasladaba desde su domicilio en Conchalí fue detenido por agentes DINA en las cercanías de la Estación Mapocho. Fue trasladado hasta Villa Grimaldi.

El día 16 de agosto de 1976, a las 11:30 horas, el obrero Julio Roberto Vega Vega fue detenido por agentes DINA en avenida Presidente Balmaceda, entre Cueto y Libertad, de la comuna de Santiago. Varios testigos lo vieron recluido tanto en 'Villa Grimaldi' como en el cuartel 'Simón Bolívar'.

por  Darío Núñez

Rodolfo Núñez Benavides fue catalogado como detenido desaparecido.

La sentencia se dictó en contra del teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, el mayor Juan Morales Salgado, y el cabo primero Juvenal Piña Garrido, todos del Ejército, quienes tuvieron responsabilidad en la desaparición de Rodolfo Núñez Benavides, el 18 de mayo de 1976.

Este lunes, la Corte de Apelaciones de San Miguel sentenció a tres exagentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado del vendedor de productos lácteos Rodolfo Marcial Núñez Benavides, ilícito que fue perpetrado a partir del 18 de mayo de 1976.

La condena fue dictada por la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos del referido tribunal, Marianela Cifuentes, quien resolvió imponer una pena de diez años de cárcel a los acusados Pedro Espinoza Bravo, teniente coronel de Ejército a la época de los hechos; Juan Morales Salgado, mayor del Ejército, y Juvenal Piña Garrido, cabo primero de la misma institución, como autores del delito.

El fallo establece penas accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, la sentencia acogió la demanda interpuesta y condenó al Fisco pagar una indemnización total de 160 millones de pesos por concepto de daño moral a los familiares de la víctima.

Hechos

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecidos los hechos ocurridos hace 47 años, cuando la DINA estaba a cargo del coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda –actualmente fallecido–, y secundado por el director de Operaciones de dicho organismo, teniente coronel Pedro Espinoza Bravo, quien tenía bajo su mando a todas las brigadas regionales, desde Arica a Punta Arenas, entre ellas, a la Brigada de Inteligencia Metropolitana (BIM).

Que de dicha brigada dependía la Brigada Lautaro, a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, unidad que ocupaba el cuartel ‘Simón Bolívar’, en la comuna de La Reina. Asimismo, operaba un grupo de élite denominado ‘Delfín’, a cargo del capitán de Ejército Germán Barriga Muñoz y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence Mires –ambos fallecidos–, que “fue creado con el propósito de perseguir y exterminar a la dirigencia del Partido Comunista (PC) que trabajó en el centro de detención clandestino denominado ‘Villa Grimaldi’ y, luego, en el cuartel ‘Simón Bolívar’”, reza el fallo.

En ese contexto, el 18 de mayo de 1976, alrededor de las 15:00 horas, en avenida Departamental al llegar a avenida Ochagavía, agentes de la DINA detuvieron sin derecho a la víctima, quien era militante del PC y viajaba junto a su hijo Rodolfo Francisco Núñez Moya en un vehículo, y momentos más tarde allanaron su domicilio en la comuna de La Cisterna.

En este sentido, los captores mantuvieron encerrado a Núñez Benavides en el centro de detención clandestino ‘Villa Grimaldi’, ubicado en Peñalolén, siendo posteriormente trasladado al centro de detención clandestino ‘Simón Bolívar’, el que estaba a cargo del mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, en el que operaba la agrupación ‘Delfín’.

Esta sería la última noticia que se tiene de la persona secuestrada, el cual “fue trasladado por el cabo 1° del Ejército Juvenal Alfonso Piña Garrido, agente del referido grupo ‘Delfín’, a una dependencia del mencionado centro de detención que se ocupaba para torturar a los detenidos, desconociéndose desde entonces su paradero”, concluye la sentencia.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, condenó a cuatro ex agentes de la disuelta DINA-CNI por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro calificado de Jenny del Carmen Barra Rosales, perpetrado a partir del 17 de octubre de 1977 en Santiago.

La joven, de 23 años de edad, estudiante de Enfermería de la Universidad Católica y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue secuestrada, torturada, asesinada y hecha desaparecer. Los agentes represivos arrojaron su cuerpo a un socavón de la mina 'Los Bronces', en la Cuesta Barriga, lugar donde el año 2001 se encontraron parte de sus restos.

En el mes de enero de 1979, por decisión del tirano Pinochet, agentes de la CNI realizaron en Cuesta Barriga un operativo con el fin de extraer los restos de los prisioneros ejecutados y arrojados en ese sitio, con el propósito de eliminar toda evidencia de sus crímenes, los que fueron removidos y trasladados a un lugar no determinado, pero quedaron restos esparcidos que posibilitaron la posterior identificación de víctimas una vez que el sitio fue develado.

En el fallo (causa rol 6-2002), la ministra en visita condenó a los ex oficiales de Ejército y jerarcas represores Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Hernán Morales Salgado, a la pena de10 años de presidio, en calidad de autores del delito. En tanto, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia fue condenado a 541 días de presidio, como encubridor.

En la resolución, la ministra Cifuentes dio por establecido que el día lunes 17 de octubre de 1977, en horas de la tarde, Jenny del Carmen Barra Rosales estuvo en la casa de una amiga en calle José Joaquín Pérez de la comuna de San Bernardo y, al retirarse en dirección a su domicilio en la misma comuna, fue detenida por agentes de seguridad, quienes la trasladaron al centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi', mismo recinto en que permanecía detenido José Tobar Quezada.

Con anterioridad, el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, José Miguel Tobar Quezada, también militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en la vía pública por agentes de seguridad quienes lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi' y lo sometieron a interrogatorios y torturas con el fin de obtener información acerca de otros militantes del MIR, logrando conseguir la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, de nombre político 'Hilda'.

Enseguida, los agentes se trasladaron hasta las inmediaciones del domicilio de Jenny Barra, ubicado en calle Industrias de la comuna de San Bernardo, entrevistando a un vecino, a quien consultaron respecto de las actividades de la joven, consumando luego su detención.

En 'Villa Grimaldi', Jenny Barra Rosales sufrió los mismos tormentos que el resto de los detenidos, de hecho Tobar Quezada escuchó su voz y su llanto en los momentos en que era interrogada y, doblegada por la tortura, habría proporcionado los antecedentes que permitieron la detención de Hernán Santos Pérez Álvarez, un fotógrafo y militante del MIR, practicada el día 19 de octubre de ese año en la comuna de Pudahuel y que también fue hecho desaparecer. Los tres militantes detenidos José Miguel Tobar Quezada, Jenny del Carmen Barra Rosales y Hernán Santos Pérez Álvarez, colaboraban estrechamente con la elaboración de la publicación denominada 'El Rebelde'. Con posterioridad, José Miguel Tobar Quezada y Jenny del Carmen Barra Rosales fueron trasladados al centro de detención clandestino denominado 'Simón Bolívar', lugar en que permanecieron encerrados por tiempo indeterminado.

Los hechos descritos tuvieron principio de ejecución en el mes de octubre del año 1977, época en que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) había sido declarada disuelta y continuaba operando como Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo de inteligencia que continuó realizando acciones represivas en contra de los militantes de los partidos políticos contrarios al régimen militar, en especial del Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y que, para tales efectos, recibió el personal y el patrimonio de la disuelta DINA, en particular los centros de detención clandestinos denominados 'Villa Grimaldi' y 'Simón Bolívar', los agentes encargados de su funcionamiento y sus superiores jerárquicos.

En razón de lo anterior, en el período de los hechos, el centro de detención clandestino 'Villa Grimaldi' estaba a cargo del entonces capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, quien, además, ejercía el mando de los equipos operativos encargados de perseguir y exterminar a los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, por otra parte, el centro de detención clandestino 'Simón Bolívar' estaba bajo el mando del entonces mayor de Ejército Juan Hernán Morales Salgado, quien, adicionalmente, detentaba la jefatura de la Brigada Lautaro.

Asimismo, el general de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda -actualmente fallecido-, el coronel de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y el teniente coronel de Ejército Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo se desempeñaron como director, director de Operaciones y subdirector de Inteligencia Interior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), respectivamente y, tras la disolución de dicho organismo, continuaron desarrollando sus funciones en la Central Nacional de Informaciones (CNI) en el período en que estos hechos criminales comenzaron a desarrollarse.

por Daría Núñez