Rodríguez Hernández José Eusebio

El 14 de septiembre de 1973 fue fusilado José Eusebio RODRIGUEZ HERNANDEZ de 24 años, obrero, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Según versiones de prensa, fue juzgado por un Consejo de Guerra y fusilado por militares en cumplimiento de la sentencia emanada de esta. Se le acusó de ser el lugarteniente del “ Mickey”, nombre con el que era conocido un alto dirigente del MIR.

No se ha obtenido copia del supuesto Consejo de Guerra, a pesar de las peticiones realizadas por la Comisión a las autoridades correspondientes. Su certificado de defunción señala como fecha de la muerte el 14 de Septiembre de 1973 y como causa de la misma “heridas múltiples a bala”.

Dada la información de prensa no desmentida y la causa de la muerte, y a pesar de ignorar las circunstancias de su detención, esta Comisión ha llegado a la convicción que José Eusebio Rodriguez murió ejecutado por agentes del Estado al margen de todo proceso legal, siendo por tanto víctima de una violación de sus derechos humanos.

 

Tenía 18 años y era soldado del Ejército de Chile. Estaba patrullando con su unidad en una ciudad del sur cuando el dueño de un supermercado entregó a su propio hijo, acusándolo de proporcionar municiones y comida a un grupo guerrillero. Los soldados lanzaron al joven a un pozo y comenzaron a dispararle. Después, sacaron su cuerpo ensangrentado y lleno de balas, lo subieron a una camioneta militar y se fueron. Guillermo lo presenció todo abordo de un Jeep cercano.

“Nunca supe a dónde se lo llevaron, ni siquiera su nombre,” dijo. “Toda la experiencia me hizo madurar muy rápido. Me hice soldado a los 18 y después de todo lo que vi, a los 21 yo era otra cosa”.

Guillermo formaba parte de un comando militar que pasó meses rastrillando pueblos y villorios remotos en el sur de Chile en busca de quienes se sospechaba que eran opositores de la dictadura militar del General Augusto Pinochet.

Admitió haber participado en varias ejecuciones como parte de un pelotón de fusilamiento.

“No sentía nada”, dijo. Pero ahora, agregó: “Hay momentos en que no puedo sacar las imágenes de esta gente de mi cabeza”.

Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha investigado los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Pero el progreso ha sido lento. Más de 1370 agentes militares, civiles y de la policía han sido procesados, acusados o sentenciados por crímenes contra los derechos humanos. De estos, solo 117 personas han ido a la cárcel, de acuerdo con un informe publicado en diciembre por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Hasta ahora no se ha encarcelado a ningún conscripto. Los jueces han tratado a estos soldados con benevolencia: han preferido incentivarlos a que se acerquen y ayuden a establecer la verdad.

“Son una fuente muy valiosa de información”, sostuvo Mario Carroza, un juez encargado de más de 200 casos de derechos humanos. “Estuvieron bajo un mando jerárquico estricto, obligados a cumplir órdenes que no podían rechazar. Nuestra legislación permite otorgarles ciertos beneficios si cooperan, de tal manera que el conscripto se sienta liberado del peso de mantener el secreto”.

Como miles de conscriptos más, Guillermo aún carga con las cicatrices emocionales de haber sido obligado a presenciar o cometer atrocidades. A muchos se les ordenó, bajo amenaza de muerte, golpear, matar, torturar o violar a gente inocente. Aún sienten el miedo y la vergüenza que se les inculcó mientras pasaban de la juventud a la madurez casi de la noche a la mañana. Temen represalias, el rechazo de familiares y amigos o acabar en la cárcel.

Pero mientras otros se muestran reticentes a revelar los secretos de sus pasados, Guillermo habla abiertamente de sus experiencias.

“Mis compañeros me dicen que no hable de las ejecuciones, que recuerde que tengo casa y familia. A mi señora tampoco le gusta, pero ya no tengo miedo”, dijo.

Guillermo Padilla, de 62 años, fue reclutado por el ejército cinco meses antes del derrocamiento militar del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. Nunca se imaginó lo que le esperaba.

Según un informe oficial sobre prisión política y tortura durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, después del golpe de Estado, el regimiento de Padilla en Puente Alto metía a los prisioneros en vagones de tren, con los ojos vendados, amarrados y sin agua ni comida. Muchos detenidos fueron víctimas de tortura y violaciones.

Desde hace años, Guillermo toma medicamentos para dormir por las noches y ansía el perdón de los familiares de las víctimas. Pero duda en acercarse a ellos; dice que no sabe cómo, consciente de que gran parte de la sociedad considera criminales a los soldados como él.

Padre de tres hijos adultos, Guillermo y su esposa de 40 años viven un una casa modesta y bien cuidada en Cajón del Maipo, una zona montañosa a las afueras de Santiago. Es operador de maquinaria pesada en el proyecto de represa Alto Maipo.

Se describe como un adolescente rudo y rebelde al que le gustaba boxear y que vivía en un distrito de clase trabajadora en Santiago. Su padre falleció cuando él aún era niño y fue criado por su abuela en la capital. Cuando lo reclutaron en abril de 1973 trabajaba en una mina de yeso en El Volcán en Cajón del Maipo, pasaba los fines de semana con su abuela y salía con una joven de la cafetería de la empresa.

Meses después, presenció su arresto en una redada en el lugar de trabajo. Ella no lo reconoció mientras la obligaban a salir junto con otros empleados amenazándola con una pistola, los brazos alzados. Fue detenida poco tiempo. En 1975, cuando Guillermo fue exento de sus deberes militares, retomaron su relación y se casaron.

Él quería entrar al ejército. Le gustaba el uniforme y la vida militar, y no le interesaba la política. Es amigable y conversador, pero sus ojos se llenan de lágrimas al recordar el pasado.

Cuenta que días después del golpe, un teniente de su regimiento, Aníbal Barrera, eligió a un grupo de conscriptos para que formaran parte de un escuadrón de fusilamiento. “No queríamos ir pero nos gritó e insultó y nos amenazó con que si no íbamos también nos matarían”, dijo Padilla.

Un prisionero fue arrojado boca abajo a un camión y el oficial y los soldados lo llevaron al cerro La Ballena en Puente Alto, a unos pocos kilómetros. No le cubrieron los ojos, pero sí lo colocaron de espaldas al escuadrón. Después se dio la orden a los soldados de disparar

La versión de Guillermo concuerda con registros de la ejecución de José Rodríguez Hernández, que llevaba libros marxistas cuando fue arrestado por la policía. Lo entregaron al regimiento y fue asesinado en La Ballena el 14 de septiembre de 1973. Décadas después, el teniente Barrera y el comandante del regimiento, el Coronel Mateo Durruty, confesaron el asesinato. En 2011, Durruty fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional. A Barrera no se le acusó.

Guillermo no fue identificado como miembro de ese pelotón y nunca ha sido llamado a testificar sobre ningún crimen. Ha pasado décadas tratando de convencerse a sí mismo de que no es un asesino.

“Disparé contra gente, pero no puedo decir que maté porque no sé si mis disparos fueron los mortales… O más bien no quiero creerlo. Me ha ido carcomiendo todos estos años”, dijo.

A pesar de la distancia creada por el tiempo, la carga emocional continúa.

“Viví dos años con miedo”, dijo. “Éramos solo muchachos y nos destruyeron la vida”.

La Corte de Apelaciones de San Miguel condenó a 10 años de presidio al teniente coronel (r) Mateo Durruty Blanco por el homicidio calificado de José Eusebio Rodríguez Hernández, ocurrido el 14 de septiembre de 1973 en la comuna de Puente Alto. En fallo dividido, los ministros Carlos Gajardo, María Teresa Letelier y Adriana Sottovia ratificaron además que el sentenciado debe pagar una indemnización de $ 30 millones a Macarena Rodríguez Villagra, hija de la víctima.

El fallo se adoptó con el voto en contra de la ministra Sottovia quien fue partidaria de acoger la figura de la “media prescripción” para disminuir la pena del condenado.

En primera instancia la ministra Marta Hantke, el 24 de julio de 2008, había condenado a Durruty a la pena de 10 años y un dia de presidio.