Fecha Detención : 20-10-1973
Comuna Detención : Santiago
Fecha Asesinato : 20-10-1973
Comuna Asesinato : Santiago
Partido Político :
Oficio o Profesión : Obrero
Estado Civil e Hijos :
Nacionalidad : Chilena
Relatos de Los Hechos
Fuente :( informe rettig )
Categoría : Antecedentes del Caso
Hernan Anselmo CORTES VELASQUEZ
La noche del 20 de octubre de 1973, son ejecutadas las siguientes personas:
– José Tomás BELTRAN BIZAMA, 25 años, obrero, sin militacia política.
– Eduardo Antonio FONSECA CASTRO, 26 años, comerciante ambulante,sin militancia política.
– Hernán Anselmo CORTES VELASQUEZ, 22 años, obrero y sin militancia política.
Todos ellos fueron detenidos desde sus respectivos domicilios ubicados en el Campamento 18 de Septiembre, sector de Estación Central, en presencia de testigos, por una patrulla de carabineros que se movilizaba en una ambulancia.
Los cadáveres de los tres afectados aparecieron abandonados en la mañana siguiente, en un sitio eriazo del camino Lo Errazuriz, en la comuna de Maipú; los cuerpos tenían múltiples héridas de bala cráneo encefálicas con salida de proyectiles, siendo esa la causa de las muertes, conforme aparece en los respectivos protocolos de autopsia.
Las circunstancias en que se producen las muertes de Beltrán, Fonseca y Cortés, horas después de sus aprehensiones por efectivos de Carabineros, hacen formarse la convicción a ésta Comisión, que ellos fueron ejecutados por agentes del Estado, en violación a sus derechos esenciales.
Zanjones,sitios eriazos,y veredas; Las olvidadadas ejecuciones a pobladores en los primeros meses de la dictadura.
Fuente :eldesconcierto.cl 11/9/2016
Categoría : Prensa
No están en los calendarios oficiales de la memoria ni tienen himnos en su nombre. Los ejecutados en los primeros meses de la dictadura fueron, en muchos casos, ciudadanos pobres y sin militancia cuyos asesinatos han quedado en la impunidad y recién se empiezan a judicializar.
Una vez concretado el golpe de Estado los civiles y militares que derrocaron a Allende se abocaron a consolidar su posición y legitimarse en el poder mediante medidas represivas y políticas. Entre ellas estuvo la clausura del Congreso Nacional y la batería de decretos que establecieron el estado de sitio y guerra interno, lo que dio lugar a la justificación del "enemigo interno" para tácticas del terror como los campos de detenidos, muertes, ley de fuga, torturas, allanamientos a domicilios y poblaciones, ejecuciones extrajudiciales y desaparecidos.
"Lamentablemente, a pesar de haber presentado más de mil querellas, se tiende a visibilizar y cubrir 6 a 8 casos, dejando en el olvido innumerables muertes de campesinos, pobladores, niños y dueñas de casa", explica Nicolás Pavez, abogado patrocinante de la AFEP. La agrupación ha judicializado cientos de casos en que no sólo no se conoce a los culpables, sino que los familiares -por falta de redes, amedrentamiento policial en la época o simplemente miedo a la dictadura- no denunciaron.
En febrero de 1992 se promulgó la Ley 19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, que entre otras cosas creó la Comisión Rettig. En su artículo 6, la citada ley estableció que "la ubicación de las personas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena". Sin embargo, para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), existe un amplio campo de casos que no han sido investigados ni aclarados: los que no son “emblemáticos”.
Así, por ejemplo, de acuerdo a una investigación del año 2012 de Pascale Bonnefoy y John Dinges, a partir del 11 de septiembre la morgue de Santiago, acostumbrada a recibir un promedio inferior a 10 cadáveres diarios, se enfrentó al colapso: sólo en el primer mes de la dictadura llegaron 588 cuerpos, de los cuales 397 habían muerto por heridas de bala (revisa mapa interactivo aquí), muchos de ellos ocurrieron por la represión desatada en las poblaciones y barrios populares mediante tácticas como ráfagas de disparos indiscriminados contra zonas habitadas y detenciones y allanamientos aleatorios.
"En la vía pública, en varias oportunidades, cuando salía con él realizaba disparos al aire, incluso nos ordenaba disparar de la misma forma, sin motivos justificados, situación que no podía serle respondida porque era el oficial. Además, cuando salía a patrullar, ocasionalmente recuerdo que lo hacía con una raqueta de tenis, vestido con vestimenta institucional, con botas de cabalgar", relató el imputado Enrique Romero Jara, carabinero ya fallecido y quien fuera conocido como el "Hilton 100" respecto a su superior directo, el teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco. Ambos son investigados por la muerte de varios vecinos de la Población Los Nogales en los primeros meses después del golpe, cargos con los que también se acusa a Juan Eliecer Ponce Manivet. El mismo teniente Oscar Patricio Ibacache Carrasco atribuyó su sobrenombre de "Teniente Loco" a su vestir "excéntrico, según la palabra que emplearon mis amigos en la población, porque usaba botas y pantalón de montar".
El "extraño" teniente comandó una sede de Carabineros que, en la práctica, operó como un escuadrón de la muerte para los vecinos de Estación Central, ensañándose especialmente con pobladores jóvenes, obreros, la mayoría sin militancia ni participación política conocida. Ya el 16 de septiembre de 1973 carabineros de la tenencia Los Nogales ingresaron violentamente a la casa de los tres hermanos Hernán Rafael (28), Juan Manuel (25) y Ricardo del Carmen Sepúlveda Bravo (16). Se los llevaron detenidos hasta la esquina de las calles Uspallata y Antofagasta, donde los ejecutaron a la vista de numerosas personas de la población Los Nogales. Hernán y Juan Manuel fallecieron en el acto. El adolescente Ricardo del Carmen fue trasladado a la Posta Nº3, donde murió."Fue el Teniente Loco", le dijo el carabinero Jaime Reyes Godoy a su consuegra, Eugenia Rodríguez, cuando ella le preguntó quienes habían detenido a su esposo. Un día después del asesinato de los hermanos Sepúlveda Bravo la Tenencia Los Nogales -también conocida como Tenencia Cabo Tomás Pereira- siguió con las ejecuciones. Así, el 17 de septiembre de 1973, montados en una ambulancia del consultorio vecino a la unidad de carabineros, los efectivos entraron en la casa familiar de Luis Alberto Lobos Cañas (31), de profesión chofer y militante comunista, partido para el que trabajaba como chofer. El 18 de septiembre su cuerpo sin vida y con dos heridas de bala fue encontrado en el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes.