Arriagada Zúñiga José Gabriel

José Gabriel ARRIAGADA ZUÑIGA

El día 12 de octubre de 1973, en el Puente Pichoy, Valdivia, fueron ejecutados por carabineros, tres de las siguientes personas, mientras la otra falleció producto de las torturas recibidas:

            – José Manuel ARRIAGADA CORTES , 19 años, suplementero, militante comunista;

            – José Gabriel ARRIAGADA ZUÑIGA , 30 años, topógrafo, militante socialista;

            – José Manuel CARRASCO TORRES , contador, militante del Partido Comunista;

            – Gilberto Antonio ORTEGA ALEGRIA, 39 años, empleado, dirigente sindical, militante socialista;

                        Todos ellos fueron detenidos el día 10 de octubre de 1973 por Carabineros de Malalhue y de Lanco, y conducidos al Retén de Malalhue, siendo trasladados posteriormente a la Tenencia de Lanco, donde permanecieron hasta el día 12 de octubre de 1973.  En dicho recinto, producto de las torturas, falleció Gilberto Antonio Ortega Alegría, en presencia de testigos.  Al cabo de pocas horas, los otros tres detenidos y el cuerpo de Ortega fueron sacados de la Tenencia para ser trasladados a Valdivia.  José Gabriel Arriagada fue amarrado con José Manuel Arriagada, y Carrasco con el cuerpo de Ortega. 

                          Al llegar al Puente Pichoy, los detenidos fueron ejecutados.  Todos los cuerpos registraban múltiples impactos de bala.  Sus restos fueron entregados a sus familiares para su sepultación.  Versiones verbales entregadas a las familias por autoridades de Carabineros dieron como razón de la muerte el que los detenidos habrían intentado fugarse, sin dar explicaciones mas circunstanciadas sobre ello.

                          La Comisión se ha formado convicción que Gilberto Ortega murió a consecuencia de las torturas que le fueron aplicadas por agentes del Estado y que Manuel Arriagada, Gabriel Arriagada y Manuel Carrasco fueron ejecutados al margen de todo proceso también por agentes del Estado constituyendo estos hechos violación de sus derechos humanos.  Fundamentan esta convicción las siguientes evidencias:

              – Las víctimas fueron detenidas por Carabineros, habiendo muchos testigos de esos arrestos;

            – La existencia de testigos presencial de la muerte de Gilberto Antonio Ortega Alegría, producida en la Comisaría de Lanco, a causa de las torturas de que fue objeto;

            – La existencia de testigos que estuvieron detenidos junto a los afectados antes de su muerte y de su traslado a Valdivia, todos los cuales han declarado ante esta Comisión;

TRIGÉSIMO SEXTO:

Que se condena, como autores del delito de homicidio calificado de José Gabriel Arriagada Zúñiga, José Manuel Arriagada Cortes, José Manuel Carrasco Torres y Gilberto Antonio Ortega Alegría, perpetrado en el Puente Pichoy, correspondiente a San José de La Mariquina, el día 12 de octubre de 1.973, a las siguientes penas:

1- JUAN BAUTISTA RIVERA OBANDO, a la pena de CINCO AÑOS de presidio menor en su grado máximo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos
políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

2- A SAMUEL ABURTO VERA, ARTURO EDALIO FLANDEZ VERGARA, y OSCAR ENRIQUE ARENAS GONZALEZ, a cada uno la pena de OCHO AÑOS de presidio mayor en su
grado mínimo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure
la condena.

El Vigésimo Quinto Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $175.000.000 a la viuda e hijos de José Gabriel Arriagada Zúñiga, ejecutado el 12 de octubre de 1973, en la comuna de Valdivia.
Así, en el fallo se estableció la responsabilidad del Fisco por el daño moral causado a la familia del topógrafo que fue detenido por Carabineros y ejecutado junto a otros detenidos, en el sector del puente Pichoy.
La sentencia sostiene que en cuanto a la concurrencia del primer requisito de procedencia señalado, esto es, una acción u omisión de un órgano o agente estatal, se tendrá por acreditada la existencia de una acción ejecutada por agentes del Estado de Chile el día 12 de octubre de 1973 en contra de don José Gabriel Arriagada Zúñiga, cónyuge de la actora doña Rosa Alicia Rebolledo Jerez, y padre de los restantes demandantes, a saber, Gabriel Alejandro Arriagada Rebolledo, Edwin Eduardo Arriagada Rebolledo e Italia Isabel Arriagada Rebolledo. En efecto, de conformidad con lo asentado en la reflexión novena, se encuentra acreditado en el proceso que don José Gabriel Arriagada Zúñiga, junto a otras 3 personas, fue detenido por Carabineros el 10 de octubre de 1973, permaneciendo detenidos en Malalhue y Lanco hasta el 12 de octubre de 1973, día en el que fue conducido al Puente Pichoy y fue ejecutado, al margen de todo proceso, hechos por los cuales sus autores fueron condenados mediante sentencia penal ejecutoriada dictada por la Excma. Corte Suprema el 29 de abril de 2009.
La resolución agrega que en consecuencia, de conformidad con lo concluido precedentemente, se tendrá por establecida la concurrencia del requisito en mención, esto es, en definitiva, la falta de servicio cometida por el Estado de Chile en contra de don José Gabriel Arriagada Zúñiga, constituida por la violación a los derechos esenciales de que éste es titular en razón de su condición de persona humana, ya indicados previamente, con ocasión del hecho mencionado en el apartado decimoquinto, y, a mayor abundamiento, el propio Estado chileno ha reconocido que el señor Arriagada Zúñiga detenta la calidad de víctima de violación de derechos humanos, según el documento público inobjetado descrito en el N° 3 de la letra "A" de la instrumental reseñada en el considerando noveno.

on rayados e insultos, desconocidos vandalizaron un memorial en honor a cuatro víctimas de la dictadura, ejecutadas en el Puente Pichoy de Valdivia. El hecho será denunciado.

En octubre del año 1973, dos militantes del Partido Comunista y dos del Partido Socialista, fueron ejecutados por agentes de la dictadura en dicho puente, motivo por el cual se confeccionó un memorial para recordarlos, sitio que fue atacado en las últimas horas.

En el lugar, se rayaron insultos y también el símbolo de la organización de extrema derecha Patria y Libertad, hecho que también se observó en las puertas de la Municipalidad de Valdivia, con el escudo del mismo grupo.

Al respecto, Charlott Arriagada, quien es nieta de José Gabriel Arriagada Zúñiga, una de las víctimas, expresó que “es un atropello a la memoria de nuestros familiares (…) que se vandalice. La verdad es que hace que se revictimice la situación”.

Arrigada también señaló que “yo creo que no hay una motivación más allá del odio, de no ser empático con los familiares de los ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. No puedo más que pensar que ellos no son capaces de ponerse en nuestro lugar y respetar que nosotros queramos recordarlos”. 

• Presentación de denuncias.

Al conocerse la información, el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sebastián Smarti, confirmó que la institución “va a interponer una denuncia por daños a memoriales, comprendidos en el artículo 485 número 7 del Código Penal, para que la Fiscalía pueda investigar estos hechos”.

Consultado sobre otros ataques a estos espacios, Smart dijo que “en el contexto del estallido social, del 18 octubre en adelante, se evidenciaron muchos daños a memoriales, dentro de ellos el del Puente Estancilla, el mismo del Puente Pichoy y del cementerio (…) lamentablemente estos hechos vuelvan a repetirse y ,desde esa perspectiva es nuestra preocupación”, agregando que desde esa fecha “hemos presentado cuatro denuncias por ataques o vandalizaciones a sitios de memoria”.

Por su parte, Marisol Molina, secretaria del Partido Comunista en Los Ríos, apuntó a que el hecho “solamente dejar de manifiesto la bajeza y la calidad humana de estas personas y lo burdo de hechos como estos”, asegurando que “esto forma parte de una escalada anticomunista, propiciada por grupos de extrema derecha y facistas”.

Molina además precisó que “nos vamos a reunir y vamos a evaluar hacernos parte de lo que está haciendo la municipalidad y vamos, lo más probable, a levantar alguna acción legal, porque ya sabemos que hay una investigación frente a los hechos que sucedieron en el municipio”.

En tanto, la nieta de José Arriagada Zúñiga también señaló que están evaluando la presentación de acciones legales, decisión que eventualmente se llevará a cabo tras conversar con los demás familiares.