Yáñez Franco Juan Miguel

Rut       : 4.780.088 de Santiago

F.Nacim. : 06-03-48, 25 años a la fecha de su detención

Domicilio : Mendoza 875, Los Angeles

E.Civil  : Casado

Actividad : Mueblista

C.Repres. : Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 11 de septiembre de 1973

SITUACION REPRESIVA

            Juan Miguel Yáñez Franco, casado, mueblista, militante del Partido Comunista, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, en horas de la noche, en su domicilio de calle Mendoza 875 de la ciudad de Los Angeles.

            La detención fue practicada por funcionarios de Investigaciones de esa ciudad, quienes procedieron a allanar su domicilio y lo condujeron posteriormente al Liceo de Hombres de Los Angeles, recinto a cargo de militares y destinado en ese entonces, para reclusión.

            Conforme al testimonio entregado por don Jorge Yáñez Franco, hermano de Juan Miguel, éste luego de su detención fue trasladado al Liceo de Hombres de la ciudad. En ese recinto se encontraban también en calidad de detenidos, entre otros: René Bahamondes Urrutia, miembro del regional de Los Angeles del Partido Socialista, su hermano Carlos Bahamondes Urrutia, quien fuera posteriormente Presidente Regional de Profesores Socialistas y Secretario Regional de dicha colectividad política; don Marcos Saavedra, Director Regional de Desarrollo Social de la Intendencia; un doctor de apellido Soto; el doctor Jaime Fuentes y don Julio Esteban Henríquez Bravo, esta última persona se encuentra en calidad de desaparecido a partir del 19 de septiembre de 1973, luego de haber sido detenido por funcionarios de Investigaciones en la Plaza de Armas de Los Angeles, y posteriormente trasladado al Regimiento de Infantería de Montaña N°1 de dicha ciudad.

            Según el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Juan Miguel Yáñez Franco, luego de haber sido detenido en su domicilio, fue trasladado en algún momento hasta el Regimiento de Infantería de Montaña N°17 de Los Angeles, lugar en el cual fue visitado por su cónyuge, desde donde fue sacado con destino desconocido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            No existe constancia de acciones judiciales interpuestas en relación a estos hechos. Juan Miguel Yáñez Franco permanece en calidad de detenido desaparecido.

El ministro de fuero Jorge Zepeda estableció la identificación de los restos pertenecientes a cinco detenidos desaparecidos desde el Regimiento de Infantería de Montaña de Los Angeles, en los días posteriores al golpe militar.

Tras someter a pericias de ADN osamentas halladas en 1990 en el fundo La Mona, cerca de Los Angeles, el juez determinó que estos corresponden a César Flores Baeza, Mario Belmar Soto, Juan Ulloa Pino, Juan Yáñez Franco y Víctor Ulloa Pino, este último de sólo 16 años al momento de su detención. César Flores, que era funcionario de la Corporación de la Reforma Agraria, es tío del periodista de La Nación Domingo Luis Narváez.

La resolución determinó que los cuerpos de estas personas fueron enterrados clandestinamente luego que se les dio muerte, y sus restos fueron luego desenterrados después de 1978 en lo que se conoció como “Operación Retiro de Televisores”. Los pequeños fragmentos hallados en 1990 corresponden a los que quedaron en el lugar del entierro luego de las exhumaciones posteriores a 1978.

La “Operación Retiro de Televisores” correspondió al nombre que la dictadura dio a las remociones de cuerpos a partir de fines de 1978, luego que en Lonquén se descubrieron los cuerpos de 15 campesinos asesinados. Esta operación fue confirmada por un criptograma enviado por el general Augusto Pinochet a los regimientos, documento del que fue testigo un suboficial de inteligencia que lo descifró y que así lo declaró este año al juez Juan Guzmán.

Los restos de detenidos desaparecidos identificados recientemente por el ministro Jorge Zepeda en Santiago y el Servicio Médico Legal (SML), hallados en 1990 en Los Angeles, llegaron anoche a la Octava Región y serán velados hoy en la parroquia Los Cotolengos.

      Así lo informó la abogada Nelly Navarro Rojas, querellante en varias causas por violaciones de derechos humanos en las provincias de Concepción y Biobío, quien precisó que los funerales de tres de las víctimas individualizadas serán realizados mañana.

      Los detenidos identificados por el juez Zepeda son Juan Miguel Yáñez Franco, Mario Omar Belmar Soto, César Augusto Flores Baeza y los hermanos Juan Eladio y Víctor Adolfo Ulloa Pino, cuyos restos fueron encontrados hace 14 años en el interior del fundo La Mona, hoy propiedad de la forestal Mininco. Las víctimas desaparecieron el 12 de septiembre de 1973, luego de ser aprehendidas y llevadas a la tenencia de Carabineros El Abanico.

      Según indicó la abogada Navarro, los funerales de los hermanos Ulloa y de Flores Baeza serán mañana, tras una misa en la Catedral de Los Angeles. Los primeros, sin embargo, serán llevados tras el oficio religioso a Curacautín, mientras que Flores Baeza será enterrado en el Cementerio General angelino. Las osamentas de Yáñez Franco fueron remitidas a su familia en Temuco. Las de Belmar Soto, en tanto, descansarán en el Memorial de Santiago, pues sus parientes residen actualmente en Argentina.

      La abogada Navarro sostuvo que en la Octava Región hay todavía alrededor de 150 detenidos desaparecidos. Agregó que a muchos de ellos podrían pertenecer las osamentas halladas en distintas excavaciones en la región, en análisis en el SML de Santiago.

Los crímenes contra la humanidad fueron perpetrados entre el 11 de septiembre y el 17 de noviembre de 1973 en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío. Investigación estuvo a cargo del ministro Jorge Zepeda.

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de secuestro y homicidio calificados de 23 trabajadores de la centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico; siete de ellos fueron ejecutados y el resto hechos desaparecer.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y Andrea Muñoz- rechazó los recursos de casación presentados en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que condenó a Patricio Martínez Moena a la pena de 20 años de presidio, sin beneficios; a Walter Klug Rivera a 10 años y 1 día de presidio, sin beneficios, y a Ismael Espinoza Silva a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.

En el aspecto civil, la Sala Penal ratificó la sentencia que condenó al fisco a pagar una indemnización de 50 millones de pesos a cada uno de los nueve familiares de las víctimas que fueron ejecutadas o desaparecidas en 1973, en el sector cordillerano de Los Ángeles, Región del Bío Bío.

Condenas que deberán cumplir por su responsabilidad en los homicidios de: Juan Miguel Yañez Franco, César Augusto Flores Baeza, Víctor Jerez Meza, Mario Belmar Soto, Mario Samuel Olivares Pérez, Juan Eladio Ulloa Pino y Víctor Adolfo Ulloa Pino.

Además la condena incluye los secuestros calificados de: Abraham López Pinto, José Abel Coronado Astudillo, Abel José Carrasco Vargas, Alamiro Segundo Santana Figueroa, Luis Leopoldo Sepúlveda Núñez, Plutarco Coussy Benavides, Wilfredo Hernán Quiroz Pereira, Exequiel del Carmen Verdejo Verdejo, Domingo Norambuena Inostroza, Luis Eduardo Vergara Corso, Benjamín Antonio Orrego Lillo, José Óscar Badilla García, Manuel Antonio Aguilera Aguilera, Manuel Sepúlveda Cerda, Bernardo Samuel Meza Rubilar y Manuel Jesús Arias Zúñiga.

De acuerdo a la investigación del ministro Zepeda, se logró determinar “que en el sector cordillerano, al oriente de la ciudad de Los Ángeles, se encuentran ubicadas las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, pertenecientes de la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA”.

“Los trabajadores de dichas centrales hidroeléctricas, al 11 de septiembre de l973, en su mayoría – según la sentencia del ministro Zepeda-, residían con sus familias en pequeños poblados rurales de dicha área, formando los pueblos de «Los Canelos», «Rayenco», «Polcura», «Antuco», además de campamentos de trabajo de las Centrales Hidroeléctricas de «El Toro», «El Abanico», y más al oriente, atrás de la laguna del Laja, el de «Cuatro Juntas», sector que era denominado «Mallines del Sol», perteneciente al cajón de Alto Polcura», patronímico del río «Polcura», que corre por lugar, donde también los trabajadores pasaban algunos períodos cumpliendo sus labores habituales”.

Con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, “al producirse violentamente el cambio de gobierno debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de l973, los trabajadores antes mencionados, como también el resto de la población civil de dichos pueblos, partidarios del gobierno anterior que es depuesto en ese día, en aplicación y conocimiento de una política del nuevo régimen y en un ataque flagrante de la dignidad humana y de la noción de humanidad misma, fueron perseguidas y detenidas por los agentes del Estado, bajo pretexto de que las víctimas pretendían atacar recintos de detención para liberar a personas privadas de libertad por la autoridad militar y/o atentar en contra de las centrales hidroeléctricas en las que muchos de ellos trabajaban”, consigna el fallo del ministro Zepeda, ratificado por el más alto tribunal del país.

El destino final de estas personas fue “su encierro o privación de libertad en el Regimiento situado en la ciudad de Los Ángeles o en lugares dependientes de esta unidad, y en definitiva muertas y, en otros casos, hechas desaparecer hasta el día de hoy», expresa el fallo.

La sentencia de la Corte Suprema se adoptó con el voto en contra -en el aspecto penal- del ministro Lamberto Cisternas, quien fue partidario de acoger minorantes de responsabilidad en el caso del condenado Klug Rivera; y la opinión disidente de la ministra Muñoz, quien fue partidaria de acoger la prescripción de la acción civil en el caso.

Los secuestros de los 23 empleados se llevaron a cabo, según la indagatoria, los últimos días de 1973 y a comienzos de 1974.

En una resolución de 120 fojas, el ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia definitiva por las ejecuciones llevadas a cabo por organismos de inteligencia de trabajadores de las centrales El Abanico y El Toro durante el régimen militar.

Los secuestros de los 23 empleados se llevaron a cabo, según la indagatoria, los últimos días de 1973 y a comienzos de 1974.

Zepeda condenó a Patricio Martínez, jefe del Departamento II de Inteligencia del regimiento de Los Ángeles, a penas de seis años de privación de libertad y a Ismael Espinoza Silva a cinco años de cárcel por el secuestro de Manuel Arias. Este último recibió el beneficio de la libertad vigilada.

Se absolvió a Walter Klug al considerar la eximente de obediencia debida, aplicando por primera vez en Chile lo reglamentado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por considerar que este precepto es más favorable para el procesado.

Asimismo, dictó el sobreseimiento en el caso del comandante del Regimiento, Alfredo Rehren Pulido, por fallecimiento.

El magistrado Zepeda acogió las demandas de indemnización por perjuicio en contra del Fisco de Chile, ordenando pagar $50.000.000 a cada uno de nueve familiares de las víctimas que presentaron acción judicial.

Crueles asesinatos, golpizas solo por placer y un trato inhumano en contra de detenidos políticos son parte de los relatos que definen al teniente (r) Walter Klug, criminal condenado por múltiples violaciones a los DDHH. En La Voz de los que Sobran revisamos en profundidad los escalofriantes testimonios que ubican a Klug como uno de los torturadores más brutales de Pinochet.

La tarde del lunes 28 de junio Walter Klug volvió a pisar tierra chilena. La estancia de su último viaje a Argentina duró aproximadamente 20 días, poco más que un periodo de vacaciones estándar. Pero Klug no estaba vacacionando, estaba huyendo de sus cuentas pendientes con la justicia tras haber sido condenado por el secuestro y homicidio de 23 empleados de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA). Tampoco tenía intenciones de volver, sino que planeaba usar al país trasandino como una pequeña escala para regresar a Alemania, país catalogado como un “refugio seguro” para criminales condenados por violaciones a los Derecho Humanos que posean la nacionalidad de la nación germana, como es el caso de Klug. No era la primera vez que el soldado intentaba evadirse de la sentencia.

Fue en octubre de 2014, al poco tiempo de jubilar, que todos los crímenes del teniente (r) del Ejército, Walter Klug, cayeron por su propio peso. Se materializaron en una condena, dictada por la Corte Suprema, de 10 años y un día en prisión por su rol en el denominado Episodio Endesa. Como resultado de la investigación, Klug fue sindicado responsable del homicidio calificado y secuestro de 23 trabajadores de las hidroeléctricas El Abanico y El Toro, entre otras causas de desapariciones forzadas en las cuales el exmilitar ha sido ubicado por sobrevivientes. Apenas a un mes de dictada la sentencia Klug obtuvo un pasaporte alemán y se escapó sin mayores complicaciones. Allí vivió tranquilamente 4 años hasta su recaptura en Italia. El ingreso del servidor de la dictadura a prisión no ha sido fácil. De alguna forma, hasta el día de hoy se niega a aceptar su responsabilidad por las múltiples violaciones a los DDHH cometidas.Y es que, a pesar de las sólidas pruebas en su contra, Walter Klug hasta hace casi 11 años, negaba tajantemente todo lo expuesto en instancias judiciales. Así lo confirma un texto legal fechado el 18 de noviembre de 2010 en relación al Episodio Endesa.

“Enfatiza que en este recinto jamás hubo torturas ni maltratos a los detenidos, quizás algunos puntapiés para imponer orden, lo que sí hubo fueron períodos de mayor dureza en el trato, conforme se iban presentando cuadros de personas alcohólicas, personas con angustia por sentirse privados de libertad, lo que le obligaba a actuar con mayor dureza, pero siempre dentro del límite del respeto a los detenidos”, es parte de las declaraciones que el Teniente Walter Klug Rivera dio a los organismos legales, desconociendo todos los crímenes cometidos dentro del Regimiento Reforzado N°3 de Los Ángeles.

Agrega que no sabe de fusilamientos ni asesinatos al interior de la unidad militar, y que si alguien los había llevado a cabo, él no se enteró, reiterando constantemente que fue “disciplinado, duro, sarcástico incluso, pero jamás permitió maltrato físico contra los detenidos, ni provocarles dolor físico”.

Las palabras del exmilitar son frágiles, y se quiebran en una condena y el testimonio de varias víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

“Cuando estuve en el campo de concentración me tocó presenciar un cobarde asesinato. Un campesino perdió la razón producto de los golpes y de la vida que llevábamos, por esto tomó un día una tabla de madera de pequeñísimas dimensiones y golpeó con ella a un soldado en su casco, esto lo vio el teniente Walter Klug Rivera, reconocido torturador y asesino, ordenó que todos los prisioneros que estábamos cerca nos diésemos vuelta para no ver, y ordeno que nos fuéramos a nuestras celdas, entonces el sacó su pistola y la descargó en el pobre campesino demente. Cruz Roja Internacional supo de este cobarde asesinato pues se le mostró el lugar de la muerte en donde aún se veían las manchas de sangre estampadas en el cemento”, versa uno de los vívidos testimonios, recogido por el portal Memoria Viva desde un artículo del extinto diario Fortín Mapocho, de un detenido que habría estado bajo la custodia de Klug.

En La Voz de los que Sobran revisamos en profundidad los relatos emitidos tanto por detenidos como por excompañeros de Walter Klug, los cuales revelan íntimos lazos del Ejército con la organización paramilitar de extrema derecha, Patria y Libertad, las atrocidades cometidas por agentes del Estado en el Regimiento N°3 de Los Ángeles, y el rol de uno de los servidores más brutales y despiadados que la dictadura llegó a integrar en sus filas.

Tranquilo y en la impunidad

Había estado evadiendo los actos cometidos desde el golpe de Estado perpetrado por Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Cuando sus acciones lo alcanzaron, lejos de encararlas, Klug optó por seguir escapando de ellas. En noviembre del 2014, a un mes de dictada la sentencia en su contra por parte de la Corte Suprema, Walter Klug tuvo acceso a un pasaporte alemán otorgado por la propia embajada de la nación germana en Chile, y escapó al país europeo.

Ni las autoridades chilenas ni las autoridades alemanas dispusieron de medidas para prevenir la fuga del exmilitar condenado. Salir de Chile habría sido un mero trámite, tan sencillo como comprar un pasaje de avión y adosar el papeleo correspondiente. Así de fácil, uno de los criminales más sádicos del periodo dictatorial en Chile se deshizo de todas sus responsabilidades.

Pasaron 4 años antes que se le volviera a ubicar en un hotel de la ciudad italiana de Parma. Klug, de 69 años de edad en ese entonces, se encontraba en la localidad para asistir a una conferencia que daría su esposa. Sin oponer resistencia, el exmilitar se entregó a las autoridades italianas, requerido por una orden de detención internacional emanada desde Chile por el caso de Luis Cornejo Fernández, un joven estudiante de topografía, militante del Partido Comunista que estuvo detenido en el Regimiento N°3, y en cuya desaparición forzada habría estado involucrado Walter Klug.

La historia antes del hecho fortuito que permitió la captura de Klug, se convirtió en una zona difusa. Lo cierto es que el criminal de la dictadura estaba escondido a plena vista. La periodista alemana, Ute Löhning, le siguió el rastro hasta el pequeño pueblo de Vallendar, una localidad de aproximadamente 9000 personas en la cual Klug vivió tranquilamente en la impunidad.

El ámbito económico nunca fue un problema para el exmilitar, quien, según desmenuza la investigación realizada por la mencionada profesional, recibía una pensión, pagada por el Estado chileno, cuyo monto aproximado asciende a la suma de $1.200.000, más aumentos varios.

ndependiente del caso de Luis Cornejo, por el cual se solicitó la detención internacional de Klug, es preciso destacar que, hasta el momento de su captura en Italia, Chile no había emitido orden de aprehensión para que el teniente regresara a cumplir la sentencia de 10 años y un día por el Episodio Endesa; dicho requerimiento fue girado por las autoridades chilenas solo tras notificar la necesidad de contar con Klug para la acción judicial relativa al caso de Cornejo.

Luego que la Corte Suprema de Italia acogiera la solicitud de Chile para extraditar al teniente coronel (r), basándose en que los crímenes cometidos atentan contra la humanidad, Klug fue devuelto el 6 de febrero de 2020.

El nombre de Walter Klug Rivera volvió a saltar a la opinión pública luego que el 8 de junio de este año la organización abocada a la defensa de los Derechos Humanos, Londres 38, denunciara que el exsoldado se volvió a fugar con rumbo a Buenos Aires, Argentina, eludiendo los controles fronterizos de la Policía de Investigaciones (PDI), con la intención de viajar de vuelta Alemania, país del cual no podría ser extraditado.

Sin embargo, al momento de llegar al país trasandino, la división de la interpol en Argentina ya estaba al tanto de su calidad de prófugo, siendo apresado el día 12 de junio en la vía pública, y dispuesto ante las autoridades para iniciar el proceso de extradición.

De alguna forma, Klug, por casi 48 años, ha estado huyendo de su pasado y de su destino, con todo lo que ello implica. El peso de ambos conceptos en la vida del exmilitar no es menor; las claves para comprender y dimensionar los crímenes en los que Klug estuvo implicado se encuentran en los documentos adjuntos a la investigación de la desaparición forzada de Luis Cornejo.

Retrato hablado de “El Nazi”

Cornejo y Klug tenían la misma edad cuando coincidieron en el Regimiento N°3 de Montaña “Los Ángeles”. En calidad de detenido político, el joven estudiante de topografía de la Universidad de Concepción, con tan solo 23 años, encontraría su suerte en manos de los altos mandos del recinto militar habilitado con el único propósito de detener, interrogar, torturar y asesinar opositores al régimen de Pinochet.

Al momento de su desaparición Luis Cornejo no estaba registrado en los cementerios locales, tampoco había notas de ingreso a hospitales, ni eventuales salidas del país u otorgamiento de asilo diplomático. La teoría que hasta el día de hoy se baraja es que Cornejo corrió la misma suerte que miles de compatriotas durante la dictadura militar. El joven estudiante había sido forzado a desaparecer por agentes del Estado. Sin embargo, su paso por el establecimiento donde sirvió Klug quedó en la retina de múltiples prisioneros que sobrevivieron para, años después, relatar los horrores ocurridos en el recinto.

Apenas 7 días habían pasado desde que las principales ramas de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Orden instauraron el régimen totalitario que cambiaría abruptamente el destino del país. Sin miramientos ni contemplaciones, los agentes del estado se abocaron a la única misión de apresar a cualquiera sobre quien tuvieran la más mínima sospecha de adhesión a ideologías de izquierda. Luis Cornejo, según consta en documentos revisados por este medio para la elaboración de este reportaje, fue detenido el 18 de septiembre de 1973 en una pensión junto al dueño del inmueble, Miguel Rojas, su hijo, Osvaldo Rojas, y una amiga de este último llamada Margarita Guajardo, luego que vecinos del sector los denunciaran, acusando la realización de una reunión política.

Sergio Daguere, cabo primero de carabineros que acudió en una patrulla integrada por civiles y militares para ejecutar la detención de las personas, confesó que las órdenes de captura, emanadas directamente desde la Intendencia, fueron giradas verbalmente. Nada quedó por registrado, y lo poco que se escribió del procedimiento para respaldar la detención fue incinerado por efectivos policiales.

Osvaldo Rojas, detenido junto a Cornejo, fue enfático en señalar que en su traslado al recinto del cual Klug estaba a cargo, lo sentaron en la parte de adelante del vehículo junto a su padre. Cornejo le habría confesado a Rojas que desde el primer momento los militares le habrían golpeado, luego que intentara defender a las mujeres que habían sido detenidas esa misma jornada tras enterarse que los soldados las querían violar.

Rojas continúa su relato señalando que los interrogatorios eran llevados a cabo por el sargento Eduardo Paredes, el detective Domingo Bascuñán, el funcionario de carabineros, José Miguel Beltrán, el militar Mario Pacheco y Mario Contreras Brito, revelando, además que Walter Klug, quien se encontraba a cargo de los detenidos, habría tenido participación activa en las sesiones de interrogación y tortura.

Además de Osvaldo Rojas, Luis Cornejo había estrechado lazos con otro detenido. Carlos Rivera, en ese entonces estudiante de auditoría, con la intención de suavizar el impacto de la tortura psicológica a la que constantemente eran sometidos, y que incluía “amenazas y simulacros de fusilamientos, golpes de latas y música fuerte”, comenzó a jugar con Cornejo un juego llamado Toque y Fama. La dinámica era simple, un detenido intentaba adivinar el número que el otro estaba pensando y lo anotaba en un papel. Posteriormente, en la mente de los militares, el inocente juego adquirió ribetes oscuros.

Rivera asegura que un día los soldados requirieron a Luis Cornejo para un interrogatorio. Desde esa instancia no lo volvió a ver hasta 4 días más tarde, cuando él mismo, sindicado como “el amigo de Cornejo” por parte de los funcionarios, fuese llamado a declarar.

Tímidamente salió del lugar en que se encontraba recluido. Entre el miedo de no haber visto a Cornejo en un largo periodo y la confianza en que más allá de la relación forjada por ambos en el centro de detención no había nada más que los involucrara, se presentó en la sala de interrogatorio, la “peluquería”, en el edificio principal.

Cuando llegó, apenas podía dar crédito a la escena. Cornejo estaba malherido, desnudo y tendido sobre una camilla. En su boca habían puesto un tapón de tela para ahogar los gritos y su rostro estaba completamente desfigurado producto de las extensas sesiones de tortura. Luego, frente a los ojos de Rivera, a Cornejo le aplicaron corriente. El joven saltó de dolor. Acto seguido, en forma amenazante, Walter Klug se acerca a Rivera y le exige que le cuente todo lo relacionado al Plan Z, la conspiración ideada por agentes de la dictadura sobre una eventual acción de desestabilización al régimen por parte de grupos adherentes a la izquierda, la cual les sirvió para justificar los actos más cruentos en contra de sus adversarios políticos. De no soltar la inexistente información, él ocuparía el puesto de Cornejo en la camilla.

Rivera entró en pánico. Comenzó a saltar en el lugar y a darse golpes contra las paredes hasta provocarse una herida lo suficientemente seria para que los militares creyeran que se había vuelto loco. Cuando su cabeza empezó a sangrar profusamente, y los soldados optaron por posponer el interrogatorio, Rivera supo que su plan había funcionado.

Lo devolvieron a las carpas donde se encontraban recluidos los prisioneros. Al mismo lugar llegó Osvaldo Rojas, a quien le contó lo ocurrido con su compañero en la detención, y, posteriormente, esa misma noche, casi a modo de amenaza, los funcionarios trajeron a Cornejo y se llevaron a Rojas. Rivera intentó conversar con Cornejo para preguntarle en qué lo había involucrado, pero estaba tan maltrecho que no podía hablar, su rostro estaba desfigurado y apenas podía gesticular y emitir sonidos, por lo cual no conversaron. Una hora más tarde, personal del ejército regresó al sector de las carpas, llevándose a Cornejo. Habría sido la última vez que Rivera vio con vida al estudiante de topografía.

Walter Klug volvió para indicarle que le tocaba interrogatorio, y que, si quería evitar eso, a horas de haber visto el estado de Cornejo, que empezara a contar todo lo que sabía del Plan Z, pero Rivera no sabía nada. Ofuscado, Klug le mostró una serie de papeles que le habían quitado a Cornejo. El estudiante de auditoría los reconoció en seguida, y le explicó que se trataba de un simple juego para evadirse de la terrible realidad en el regimiento, pero Klug no le creyó. Solo aceptó la verdad luego que Rivera dijera que Elías Peña, exdetective de la PDI con el que tenía un parentesco, se lo había enseñado, y que él solo lo replicó en el campo de prisioneros.

Una vez que Klug salió de la carpa, Rivera se puso a escuchar la conversación que el teniente habría mantenido con otro funcionario, en la cual mencionó que no podía creer que “por esa tontera se les había ido uno”, presumiendo que Cornejo había muerto.

La verdadera naturaleza del Toque y Fama fue ratificada por el propio Peña. El exfuncionario policial llegó al auxilio de Rivera por mera casualidad, y es que, en medio de la desesperada escena que el estudiante de auditoría montó para postergar su interrogatorio, llamó la atención de los soldados conscriptos que estaban ejercitándose en el patio. Muchos de ellos lo conocían, por lo cual, sin motivos demasiado claros, acudieron hasta el domicilio de su madre para contarle que le habían colgado y asesinado.

No obstante, Rivera aún estaba vivo. Este incidente motivó que su madre tomara contacto con Elías Peña, quien era esposo de su tía y funcionario activo de la PDI, para solicitarle que acudiera al regimiento e intercediera para que le entregaran el cuerpo de su hijo.

En seguida, Peña acudió a hablar con el comandante Alfredo Rehren, también implicado en crímenes de lesa humanidad debido a sus acciones en el Regimiento N°3 de Los Ángeles. El detective estaba nervioso, y solo tras una tensa conversación, Rehren oprimió un timbre en su oficina. Por la puerta apareció un militar cuyo aspecto físico concordaba con la descripción de Klug. “militar de grado, medio rubio, estilo alemán y macizo”, es parte de lo que se desprende de la declaración judicial de Peña, quien además reveló que Klug, por sus propios compañeros, había sido apodado como “El Nazi”.

El comandante le ordenó traer los papeles de Rivera, apenas unas cuantas hojas sueltas. Al revisarlas, cuestionó sorprendido: “¿Y por esto está detenido este hombre?”, le dijo al militar, posteriormente identificado como teniente, enrostrándole los pocos fundamentos para la detención de Rivera.

Pero el hombre, quien realmente sería Walter Klug, se mostraba reacio a liberar al prisionero. Decía que Rivera llevaba mucho tiempo detenido, que ya había visto demasiado de lo que ocurría al interior del regimiento, y que por consecuencia, sabía mucho. Además, le recordó que Rivera estaba para el operativo “Luna Roja”, lo cual significaba que iba a ser fusilado. Sin embargo, la influencia del funcionario policial logró lo que parecía inevitable, y Rivera finalmente fue liberado.

Tras salir del recinto, la historia sigue construyéndose sobre las declaraciones de Osvaldo Rojas. Él y Patricio Abarzúa fueron las últimas personas que vieron con vida a Cornejo antes de su desaparición forzada.

La diferencia es que Abarzúa, si bien era civil, no era un prisionero. Se trataba de un miembro del reconocido grupo paramilitar de extrema derecha, Patria y Libertad. El vínculo entre esta organización y la dictadura, en temas de torturas, asesinatos y desapariciones quedó expuesto luego que Klug admitiera en su declaración que el civil ejecutaba acciones propias de los militares al interior del regimiento.

Aquello no era bien visto por los ojos del teniente, que apuntó que jamás se subordinaría a las instrucciones de Abarzúa o de otro civil, sin aceptarlo como un par. Por otro lado, Abarzúa tenía sus propias impresiones sobre Klug; requerido en el caso del Episodio Endesa, el Patria y Libertad expresó que el exuniformado “jugaba a ser soldado, era como un niño chico. Se burlaba de los detenidos”.

En cualquier caso, la mala relación entre ambos no impidió que Abarzúa siguiera desempeñándose en el recinto militar, siendo este quien recogió a Cornejo y a Rojas para llevarlos a la fuerza al picadero, pero, en una decisión de último minuto el Patria y Libertad optó por devolver a Rojas, llevándose solo a Cornejo. Desde ese momento, nadie lo volvió a ver con vida.

Según consta en la documentación, la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos (SENDET) declaró, falsamente, en 1974, que Cornejo había sido detenido y puesto en libertad el mismo día de su detención por falta de méritos. Una acción que pretendía cerrar tajantemente el caso Cornejo eximiendo de responsabilidades a todos los criminales implicados, entre ellos Klug.

No lo lograron. Debido a su participación en los hechos, el teniente fue apresado en Italia y devuelto a Chile, siempre manteniendo esa mentalidad de evadir a sus viejos fantasmas.

Violencia de vocación

A pesar que la mayoría de los militares que han sido procesados por causas de violaciones a los Derechos Humanos son ubicados llevando a cabo sus crímenes en sesiones de interrogatorios, Klug mantenía una diferencia que lo desmarcaba.

La especialidad del criminal condenado era la violencia solo por la violencia. Si bien tomó parte y estuvo presente en las instancias en que los militares intentaban sacarle información a los detenidos, Klug se caracterizaba por golpear brutalmente a los reclusos sin mediar palabras.

Poco sabía de los motivos de las detenciones de sus víctimas, y poco le interesaba. Buena parte de los testimonios recabados para esta investigación apuntan a que rara vez, cuando estaba presente en las sesiones dedicadas a extraer información de los prisioneros, se dirigió directamente la palabra a estos. Su rol era simplemente golpearlos y causarles tormento. No hay preguntas, solo agresiones.

El nivel de sadismo del entonces teniente es recordado vívidamente por el detenido José Luis Cifuentes, quien relató que, mientras sus captores esperaban información desde la ciudad de Concepción, fue dejado en un pasillo a la espera de ingresar al interrogatorio.

Pero Cifuentes nunca tuvo la oportunidad siquiera de hilar un par de palabras conscientemente en la sesión. Minutos antes, dice que Klug lo encontró en el corredor, y, sin preguntarle demasiado, inició una brutal golpiza con puños y patadas en diversas partes del cuerpo.

Cuando requirieron a Cifuentes para concretar el interrogatorio fue que los propios militares a cargo de la tortura notificaron el estado en que Klug lo había dejado. La gravedad de las lesiones era tal, que la sesión tuvo que ser postergada porque el prisionero no podía recuperarse, siendo devuelto a las caballerizas.

Esa afición de golpear a los detenidos que estaban bajo su cargo sin mayores explicaciones y sin preguntarles nada, es reconocida tanto por detenidos como por los propios compañeros de Klug, que en más de una oportunidad sindicaron que el rol que el agente tenía al interior del Regimiento era similar al de un celador. Klug tenía tantos prisioneros como quisiera para descargar su ira, incluso, según se recoge en los documentos de prensa, el teniente visitaba constantemente la cárcel buscando prisioneros para trasladar al recinto militar donde el destino de varios de ellos fue el asesinato y la desaparición.

Con todo, entre fuga y fuga, Klug logró evitar su condena por seis años debido a múltiples negligencias en el sistema judicial chileno. Sin ir más lejos, y a pesar de haberse acreditado su participación como cómplice en el caso de la desaparición forzada de Luis Cornejo, por el cual fue requerido y se logró su primera extradición desde Italia, Walter Klug fue dejado en libertad en noviembre del 2020 luego que el ministro para causas de DDHH en Concepción, Carlos Aldana, desechara los cargos en su contra.

Casi como si se tratara de un mal chiste o una retorcida jugarreta del azar, el abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, lamentó, en dicha instancia, la decisión del tribunal, sugiriendo, casi en forma premonitoria, en conversación Radio Bío Bío, que era inexplicable que Klug caminara libre, y que, debido a sus antecedentes, podría intentar fugarse de nuevo al extranjero, situación que se materializó el 8 de junio de este año, luego que se informara que el exuniformado huyó nuevamente con rumbo a Argentina.

La serie de hechos fortuitos que han permitido la recurrente captura de uno de los servidores más sádicos al servicio de la dictadura hoy convergen en torno a un solo propósito: que Klug por fin pague con cárcel los crímenes del Episodio Endesa, los cuales debía estar saldando desde la condena dictada en 2014.