Zamorano González Víctor Manuel

Rut : 63.281 Buin
F.Nacim. : 12 07 55, 18 años a la fecha de la detención
Domicilio : Fundo Liguay. Huelquén. Paine
E.Civil : Soltero
Actividad : Obrero Agrícola
C.Repres. : No consta
F.Detenc. : 3 de octubre de 1973

Víctor Manuel Zamorano González, 18 años de edad al momento de los hechos, soltero, obrero agrícola, fue detenido el día 3 de octubre de 1973 desde su domicilio ubicado en el Fundo Liguay, en presencia de su familia, por Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo. En la oportunidad, en un vasto operativo que abarcó el Fundo Liguay y el Asentamiento El Escorial, se detuvo a once campesinos cuyos nombres se encontraban anotados en una lista que portaban sus aprehensores. El operativo que incluyó arrestos y allanamientos fue realizado al margen de toda legalidad.
Restos humanos correspondientes a Víctor Manuel Zamorano González y a otros 13 campesinos detenidos en ambos predios agrícolas durante operativos Militares realizados el 24 de septiembre y 2 y 3 de octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada distante 4 Km. del lugar de los hechos. En la oportunidad, el Instituto Médico Legal informó al Tribunal en causa rol 23643 del Juzgado de Letras Maipo, Buin su imposibilidad de a) identificar las víctimas y b) establecer la causa de la muerte. Sin embargo, en enero de 1991 el mismo Instituto informó en causa 2 90 E al Ministro en Visita Don Germán Hermosilla.
Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala.
Es así como de un total de 20 detenidos a consecuencia de los operativos efectuados, tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos una semana en el Campamento de Chena, otros tres fueron ejecutados en el mismo Campamento aduciéndose haber actuado ante un intento de fuga y 14 fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.
A las 00:30 horas del día 3 de octubre, golpearon fuertemente la puerta del domicilio de Zamorano González a la vez que se escuchó decir "abran, somos del Ejército" inmediatamente ingresaron siete uniformados con ropas de campaña verde oliva y sus rostros tiznados de negro, quienes procedieron a revisar cajones e ingresar a todas las piezas del inmueble a la vez que preguntaban al dueño de casa por "el cachudo" (sobrenombre de Víctor Manuel) a lo cual él respondió no saber de quien se trataba. Terminada la revisión se retiraron regresando al cabo de 30 minutos. De inmediato se dirigieron a Víctor Manuel manifestándole que debía acompañarlos para dar unas declaraciones. Esa madrugada se detuvo en similares operativos a otros 10 campesinos, el día anterior ya se había detenido a dos asentados desde su lugar de trabajo y el 24 de septiembre se habían detenido 7 trabajadores, en su mayoría dirigentes del Asentamiento; todos víctimas de arrestos ilegales efectuados por Militares de la Escuela de Infantería. Manuel Zamorano González no fue visto en ningún centro de detención ni se reconoció su arresto.
Testigos aseguraron ante el Tribunal en causa 2 90 E haber visto que los detenidos del día 3 de octubre fueron subidos a un camión rojo con toldo blanco y que en una de sus puertas tenía un distintivo fiscal, dirigiéndose éste hacia la Cuesta de Chada cerca de las 06:00 horas. A los detenidos se les habría obligado a ascender el cerro llevando la vista vendada y sus manos maniatadas a la espalda hasta llegar a lo alto, cerca de un árbol de quillay, donde habrían sido puestos frente a un pelotón de fusileros que descargaron sus armas sobre las víctimas. En abril de 1974 sus cuerpos en avanzado estado de descomposición fueron encontrados y reconocidos por algunos de sus familiares.
Familiares de la mayoría de estas 14 víctimas declaran en la causa 23643, que investigó el hallazgo de los restos humanos en Cuesta de Chada proporcionando antecedentes probatorios de sus identidades. Pese a ello al evacuar el informe requerido por el Tribunal, el Instituto Médico Legal solamente estableció que se trataba de 14 individuos de sexo masculino, cuyas edades fluctuaban entre los 20 y 50 años, su data de muerte se remontaba a 5 ó 6 meses previos al inicio del examen (mayo 1974) y agregaba no haber podido establecer la causa de muerte. Cabe hacer presente que las osamentas habían sido recogidas y amontonadas en 3 sacos de arpillera lo que sin duda dificultaba la posibilidad de identificación de las víctimas. Pese a ello, el Ministro en Visita Don Germán Hermosilla al iniciar el proceso rol 2 90 E para abocarse a investigar inhumaciones ilegales ocurridas en Paine, ordenó respecto a las víctimas de Chada a) ubicar el destino de estas; b) hacer un nuevo peritaje; c) rastrear la zona del hallazgo y en caso de encontrar evidencias someterlas a peritaje. Fue así como se pudo establecer que las osamentas aún se encontraban en dependencias del Instituto Médico Legal, por no haber contado éste con la autorización correspondiente para su sepultación que debía provenir de la II Fiscalía Militar por cuanto ésta había llevado el caso hasta su sobreseimiento en 1975. Iniciado un nuevo peritaje se identificó plenamente a cada una de las víctimas y al rastrear el sector en la quebrada del Cerro Redondo se encontraron 2 vainillas percutadas, 25 proyectiles deformados y 18 en buen estado, algunos restos óseos y de vestuario. Por su parte el Laboratorio de Criminalística, en su sección Balística Forense, estableció que "la mayoría de los proyectiles fueron diseñados para ser disparados por armas de fuego del tipo fusil ametralladora automáticas, cuyo calibre corresponde a 7,62 mm NATO, siendo ésta munición de guerra. En cuanto a los otros 2 proyectiles, uno corresponde al calibre 32 largo, diseñado para ser disparado por armas de fuego tipo revólver y la otra corresponde al calibre 7,9 mm. diseñado para ser disparado por fusiles o carabinas de ese calibre". Y respecto al servicio que utilizaba este tipo de armas durante los 4 últimos meses de 1973, el informe concluía "Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad (policiales) como asimismo cualquier persona que tenga acceso a este tipo de armamento como grupos paramilitares".
En enero de 1991, las osamentas correspondientes a Víctor Manuel Zamorano Galaz fueron entregados a sus deudos y sepultados en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N°104 del 5 de febrero de 1991 se consignó como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada causado por traumatismo pelviano por bala.
La detención y ejecución de Víctor Manuel Zamorano González se enmarca en lo que fue la represión en Paine durante 1973.

ACCIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 23 de enero de 1974 se interpuso un Recurso de Amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en su favor y de José Emilio González Espinoza ambos detenidos en el operativo del 3 de octubre. Este recurso bajo el rol 68?74 fue declarado sin lugar el 1° de junio de mismo año habiendo tenido como antecedente para tal resolución los informes de la Secretaría Ejecutiva Nacional de Detenidos, Jefatura del Interior de los Departamentos de San Bernardo y Maipo, Jefe de Zona en Estado de Sitio de los Departamentos de San Antonio y Melipilla y Ministerio del Interior, todos los cuales emitieron Oficios afirmando que las personas consultadas no habían sido detenidas por sus respectivos organismos.
Posteriormente, el 14 de enero de 1980 quedó interpuesta una Querella por el delito de Secuestro de Víctor Manuel Zamorano González y sus compañeros Francisco Calderón Nilo, José Hugo Vidal Arenas, Héctor Santiago Pinto Caroca y Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, en contra de efectivos de la Escuela de Infantería de San Bernardo, culpables de los hechos.
La investigación judicial bajo el rol 26037 3 la inicia el juez Fernando Montenegro Araya del Juzgado de Letras Maipo?Buin. Las respuestas a Oficios enviados al Ministerio del Interior, Policía Internacional, Dirección de Registro Civil, Cementerio General de Santiago e Instituto Médico Legal daban cuenta de que estas personas no figuraban en sus registros. Es decir, no aparecían detenidas ni fallecidas. Por su parte la Escuela de Infantería de San Bernardo respondió que no era factible verificar esos nombres por encontrarse la documentación correspondiente incinerada en conformidad a disposiciones reglamentarias que establecían su eliminación transcurrido 5 años en archivo.
En el año 1980 declararon ante el Tribunal los ex detenidos José Luis Marchant Raba, Francisco Javier Garrido Morales y Carlos Farías Arévalo. Ellos confirmaron haber sido arrestados el 24 de septiembre de 1973 desde el Asentamiento El Escorial, por contingente de la Escuela de Infantería de San Bernardo y haber permanecido detenidos primero en la Escuela de Infantería y luego en el Campamento de Detención ubicado en el Cerro Chena. Al ser consultados por los 5 detenidos a que alude la querella, declararon conocerlos, estar en antecedentes de su detención, pero no haberlos visto ni escuchado en ambos recintos.
También el juez inició intentos por identificar el personal que a la época de los hechos investigados se desempeñaban en el Campamento de detenidos de Chena, buscando por esta vía obtener información sobre el destino de los detenidos. Inicialmente ofició a la Escuela de Infantería el 29 de julio de 1980, desde la cual se le respondió que tal consulta debía hacerse al Ministro de Defensa Nacional" en cumplimiento a lo dispuesto en Oficio de la Subsecretaría de Guerra (R) Dpto. II /1 N°2460/6 del 19 de diciembre de 1979". El Ministro de Defensa, Raúl Benavides, por su parte respondió el 28 de octubre del mismo año negando la existencia del Campo de Detenidos de Chena, agregando respecto a detenidos, que sólo los hubo en forma transitoria y esporádica en dependencias de la Escuela de Infantería de San Bernardo.
Ante tal información la parte querellante entregó al Tribunal el Oficio de fecha 16 de abril de 1974 en que el Coronel Pedro Montalba Calvo, en su calidad de Director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, hiciera llegar a la Corte de Apelaciones de Santiago dando cuenta que Juan Guillermo Cuadra Espinoza e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz (campesinos de El Escorial) habían sido dados de baja por centinelas el 5 de octubre de 1973 en "el Campo de Prisioneros de Chena". Con ello el Tribunal tomó conocimiento de una prueba documentada incuestionable de la existencia de dicho Campamento de detención.
Sin haber esclarecido la situación del secuestro y destino de los campesinos objetos de la investigación, el Tribunal resuelve con fecha 30 de abril de 1981 sobreseer temporalmente la causa mientras no se presenten nuevos y mejores datos para proseguir la investigación. La resolución fue apelada y la Corte de Apelaciones de Rancagua resolvió la reapertura del sumario el 12 de mayo de 1981. Además ordenó que se oficiara nuevamente al Ministro de Defensa Nacional a fin de lograr la comparecencia del Coronel Pedro Montalba Calvo y del Teniente Andrés Magaña Bau. En cuanto a este último existía una querella por el secuestro del comerciante René del Rosario Maureira Gajardo ocurrido el 16 de octubre de 1973 en Paine. Concurrió al Tribunal en noviembre de 1981 negando toda participación en los operativos efectuados en el Asentamiento El Escorial y Fundo Liguay. Con posterioridad a esta declaración y no habiendo concluido la investigación, el Juez nuevamente cierra el sumario y resuelve sobreseer temporalmente el 1° de diciembre de 1981, junto a ella se sobresee la causa rol Nro. 24862 acumulada el 21 de agosto de 1981 también por secuestro de un campesino del Asentamiento El Escorial, Domingo Galaz Salas.
Cabe hacer presente que el Juez Instructor fue puesto en antecedentes por los propios denunciantes, de la existencia de un proceso iniciado por el mismo Tribunal relativo al hallazgo de restos humanos correspondientes a sus familiares detenidos desaparecidos rol 23643. Pese a ello, el expediente no fue traído a la vista. Igual actitud adoptó el magistrado respecto de otras causas, motivo de investigación de ese Tribunal, por denuncias de arrestos ilegales ocurridos en Paine en 1973. Entre ellos cabe mencionar la causa rol 24005?1 que investigaba el delito de secuestro de 23 campesinos de Paine la cual estaba a cargo del Ministro en Visita Humberto Espejo.
En el año 1990 ante Denuncia de Inhumaciones Ilegales ocurridas en Paine, la Corte de Apelaciones Presidente Pedro Aguirre Cerda resolvió designar un Ministro en Visita, recayendo el nombramiento en don Germán Hermosilla el que respecto a los detenidos desaparecidos del Fundo Liguay y Asentamiento El Escorial ordenó diligencias específicas que permitieron identificar las osamentas encontradas en la Cuesta Chada en marzo de 1974, correspondiendo una de ellas a Víctor Manuel Zamorano González. La mencionada causa al término del año 1992 se encontraba en tramitación, en estado de sumario.

En entrevista con Interferencia, el periodista autor de A la Sombra de Los Cuervos, repasa el cuadro completo de lo que se sabe de la participación de los Kast en la brutal represión que hubo en la localidad durante la dictadura, donde esta familia tenía su hogar y principales negocios.

Este miércoles 15 de junio la Corte Suprema, en un fallo inédito, desestimó la medida de prescripción solicitada para el caso del asesinato de 38 personas en Paine durante la dictadura, y elevó las penas para los miembros del Ejército y de Carabineros por su responsabilidad en los crímenes ocurridos durante septiembre y octubre de 1973.  Finalmente, siete militares en retiro fueron condenados a 10 años de presidio, otro ex militar fue condenado a siete años de presidio,mientras otros tres carabineros también recibieron condenas de presidio.

Los asesinatos ocurridos en Paine son casos emblemáticos entre los delitos de lesa humanidad ocurridos en dictadura, ya que dan muestra de la complicidad entre uniformados y civiles en la planificación y ejecución de estos crímenes. También, porque un testimonio clave para dilucidar estos hechos fue entregado por Alejandro Bustos, un campesino que logró sobrevivir a un fusilamiento escondiéndose entre los cuerpos de las víctimas que estaban a su lado. Su declaración fue clave para que se pudiera llegar a la verdad en estos casos.

El periodista Javier Rebolledo investigó profundamente la relación entre uniformados y civiles en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura, y en especial los asesinatos de Paine, que implican cerca de 70 víctimas, la mayoría campesinos beneficiados con la reforma agraria aplicada durante la Unidad Popular. Uno de estos crímenes es la “Matanza de Paine”, como es conocida la ejecución donde Bustos sobrevivió. La investigación de Rebolledo se plasmó en su libro del 2015, A la Sombra de los Cuervos, Los Cómplices Civiles de la Dictadura.

En esta entrevista, Rebolledo comenta a Interferencia el impacto que le causó el nivel de violencia y odio de parte de civiles que participaron en estos asesinatos y desapariciones y el rol que tuvo la familia Kast, en especial, el padre y el hermano del ex candidato presidencial, José Antonio Kast, en estos crímenes.

– Es impactante el caso de los asesinatos de Paine, que usted investigó, incluso implica a una persona que sobrevivió a un fusilamiento y gracias a su testimonio se pudo saber lo que ocurrió. Usted ya ha investigado otros casos de vulneración a los derechos humanos ¿Qué cosa en particular le llamó la atención de los asesinatos de Paine? 

-A mi me llamó la atención que ésta fue una venganza de los civiles, en conjunto con uniformados, tanto con carabineros como con militares en distintas operaciones y distintos días. Te diría que los civiles en buena medida,- sin quitarle responsabilidad a los carabineros ni militares-, le proporcionaron información a los uniformados, trabajaron en conjunto con ellos con un odio impresionante, un odio pocas veces visto. El nivel de crueldad, de ensañamiento, incluso después de los crímenes, es algo que al menos yo no sé si había visto antes, con tanto ensañamiento como en estos casos. 

En el caso de Paine, como comuna, tiene la mayor cantidad de desaparecidos y ejecutados de la dictadura por densidad poblacional. Son 70 víctimas en una cantidad de población pequeña, lo cual da un porcentaje alto de quienes fueron asesinados. 

Un ejemplo de esto es que hay un lugar en Paine que se llamó “el callejón de las viudas”, y ese lugar se llamó así porque una unidad de militares fue a buscar a casi todos los hombres de esa calle, donde las mujeres prácticamente quedaron solas hasta el día de hoy. 

El caso que mencionas, donde hay un sobreviviente de fusilamiento, Alejandro Bustos, conocido como “el colorín”, es importante porque él puede ubicar a civiles que participaron en estos crímenes, y entre otros, a Christian Kast, que es el ex presidente de Cecinas Bavaria, y además hermano de José Antonio Kast y de Miguel Kast,- ideólogo de los cambios económicos de la dictadura, como lo reconoció Joaquín Lavín.

En ese caso, conocido como “la matanza de Paine”, a las víctimas, después de ejecutarlas, les sacaron los ojos y les cortaron las lenguas con corvos. Y claro, impresiona el nivel de violencia, el nivel de crueldad que tuvieron estos civiles, en conjunto con militares y carabineros, en las detenciones, las torturas, los crímenes y desapariciones forzadas que se llevaron a cabo.

– ¿Cómo participa la familia Kast en estos asesinatos y ejecuciones? ¿Cuál es el rol que tuvieron en estos crímenes?

– Está, entre varios testimonios, el de la hermana de Pedro Vargas Barrientos,- actualmente detenido desaparecido-, Silvia, quien cuenta que su hermano Pedro, junto a toda su familia, trabajaron en Cecinas Bavaria y ayudaron a generar riqueza en la empresa, cuando los Kast recién empezaron con su primera sanguchería al borde de la carretera Norte Sur, en el sector de Buin. Y este joven Pedro Vargas siguió trabajando ahí y con los años organizó un sindicato, que fue su “mayor error”, porque ahí lo pasaron a rondín, le entregaron un arma y después tuvo que dejar su trabajo. Pedro fue una de las primeras personas que fueron detenidas en el cuartel de Paine. 

Su hermana fue a pedir por la vida de Pedro a Michael Kast,- quien era el papá de José Antonio, de Christian y Miguel Kast y abuelo de Felipe Kast- y Michael Kast no le prestó ninguna ayuda, le dijo que se fuera para su casa y por el contrario…En estos casos nunca se ha determinado, judicialmente, exactamente cuáles fueron los vehículos que participaron de las detenciones que terminaron en cada una de las ejecuciones y desapariciones forzadas. Pero el caso concreto es que el mismo Michael Kast reconoció que él facilitó un camión con chofer a carabineros para “efectuar su trabajo”, y el trabajo en ese tiempo era la detención de personas, aunque él no lo reconoció de esa forma. Y él murió en calidad de inculpado por la justicia, por este caso. Por eso no se pudo seguir su responsabilidad final en los hechos, porque murió. 

Existe el testimonio de un carabinero, Osvaldo Dominguez Muller, que señala que en la comisaría de Paine,- que dicho sea de paso, era el lugar desde donde desaparecían a las personas- vio el automóvil de Michael Kast estacionado ahí, los días cuando hubo asesinatos y desapariciones. Y está el testimonio del propio Christian Kast, quien reconoce que salió “a patrullar”, junto a otros civiles, con militares y carabineros. 

Se suma a todo esto el testimonio de Alejandro Bustos, quien cuenta que a él le dieron una pateadura en la comisaría de carabineros, y que estaba presente Christian Kast. Y cuando lo ejecutaron,- donde sobrevivió-, si bien los que dispararon eran uniformados, estaban presentes con sus vehículos varios civiles, entre ellos Christian Kast. 

Y Christian Kast no fue procesado porque la justicia determinó que al momento de estos crímenes era menor de edad, por eso no se persiguió su responsabilidad, por ese motivo. Y él mismo reconoció, cuando fue interrogado, que estuvo en la comisaría, donde se celebraban asados con carabineros y civiles, y que ahí vio detenida a una persona que le apodaban “el harina seca”, Luis Nelson Cádiz Molina, y dice que lo vio salir con el pelo rapado, pelado. Y bueno, Cádiz es un detenido desaparecido, yo me pregunto si uno sabe que una persona está detenida desaparecida, y Christian Kast dice que lo vió, ¿Acaso no le correspondía denunciar el hecho? Probablemente haya sido una de las últimas personas que lo vió con vida, que podía aportar una pista sobre el paradero de esta persona, y él no se acercó a la justicia para colaborar, fue al revés, tuvo que ir la justicia a buscarlo a él, muchos años después de ocurridos los hechos.

– ¿Es posible que José Antonio Kast no haya conocido estos hechos? 

– Es que yo no puedo trabajar con conjeturas. Yo sé lo que declaró Christian Kast y lo que declaró su padre Michael Kast, conozco el pasado de Michael Kast, la labor que tuvo Miguel Kast en dictadura y conozco lo que declaró Alejandro Bustos respecto de Christian Kast. Uno sabe qué postura política tiene José Antonio Kast, y yo no puedo saber si él sabía o no sabía. Lo que puedo decir es que él no puede decir “mi familia no tuvo nada que ver”, que no hicieron patrullaje, que no apoyaron la represión, ni prestaron vehículos ni que no fue identificado alguien de su familia en un fusilamiento, eso él no lo puede decir. 

Y eso es lo que él ha dicho, él ha dicho que no hay nada judicial en contra de su familia, pero no dice las razones, y una razón es que su papá se murió en calidad de inculpado, murió antes que tuviera una condena; y en segundo lugar, a su hermano Christian Kast no se le persiguió responsabilidad penal porque se determinó que era menor de edad al momento de ocurridos los delitos 

– Lo que cuenta también es relevante porque entre los condenados por crímenes de dictadura en Paine está un civil, que fue el primer civil condenado por casos contra los derechos humanos en dictadura en Chile, el empresario Francisco Luzoro, en 2017. En temas de memoria se habla de los civiles y empresas que participaron en estos delitos como “terceros actores”. ¿Cree que se pueda seguir avanzando en la justicia en estos casos que involucran a “terceros actores”?

 Debería ser así. Pero sabemos que ha pasado mucho tiempo, se están muriendo los denunciantes, los familiares, los victimarios, y este caso se ha dejado estar… Yo no tengo tanta esperanza, sinceramente, lo veo difícil, creo que lo de Luzoro es un ejemplo aislado, hay un par más de civiles condenados, pero no veo que el camino vaya para allá.

Siempre que sale una condena al menos es un poco de justicia. En este caso son condenas, quizás no son las condenas más altas, como uno podría esperar, pero es un poco de justicia. Uno celebra que haya algo de justicia, pero por otro lado, también hay crítica, porque uno espera que se haga más. Uno ve un lado positivo y otro negativo, ya que la condena es baja y uno piensa en cómo se lo toman los familiares y la sociedad en general.

El máximo tribunal condenó a 10 funcionarios del Ejército como autores del homicidio calificado de 38 personas y a un Carabinero por el secuestro calificado de dos víctimas.  

La Corte recalificó los delitos de secuestro calificado a homicidio calificado, dejando sin efecto la media prescripción, elevando las penas de los condenados.

Tras 49 años de ocurridos los hechos la Corte Suprema emitió fallo definitivo en uno de los casos más emblemáticos perpetrados por dictadura militar, a través de su Segunda Sala Penal condenó a ex uniformados por el homicidio calificado de 36 trabajadores agrícolas y 2 empresarios, todos de la localidad de Paine, quienes fueron ejecutados en la cuesta Chada y la quebrada Los Quillayes, el 3 y 16 de octubre 1973, respectivamente, a manos de funcionarios de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Los ministros Jorge Dahm, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier y los abogados integrantes Diego Murita y Leonor Etchebery, en fallo histórico condenaron a Jorge Romero Campos y Arturo Fernández Rodríguez, capitán y subteniente del Ejército, respectivamente, a 20 años de presidio mayor en su grado máximo como autores del secuestro calificados de las víctimas. En este caso, el máximo tribunal aumentó sus penas en relación al fallo de segunda instancia dictado por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en el cual Romero venía condenado a 15 años y Fernández a 10.

Del mismo modo, la Corte elevó las penas para el cabo José Vásquez Silva y a los conscriptos Carlos Lazo Santibañez, Juan Opazo Vera y Carlos Durán Rodríguez de 5 a 10 años de presidio mayor en su grado mínimo también como autores de homicidio calificado.

La misma pena recibieron los conscriptos Roberto Pinto Labordarie, Jorge Saavedra Meza y Víctor Sandoval Muñoz.

En el caso del conscripto Raúl Francisco Areyte Valdenegro, la Corte aumentó su condena de 5 a 6 años de presidio mayor en grado mínimo como autor de 14 homicidios calificados.

Señalar que para todos los condenados antes mencionados, el máximo tribunal recalificó los delitos en relación al fallo de segunda instancia, de secuestro calificado a homicidio calificado. Del mismo modo, los ministros reconocieron la colaboración que tuvieron los conscriptos mediante sus declaraciones, lo cual habría aportado
en las identificaciones y les aplicó la atenuante especial de colaboración sustancial y de irreprochable conducta anterior.

Mientras que el capitán de Carabineros Nelson Bravo Espinoza fue condenado a 10 años de presidio mayor en su grado medio, cuya pena fue elevada en 5 años y su delito fue recalificado como autor de secuestro simple a secuestro calificado de Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, ocurrido entre el 8 y 10 de octubre de 1973.

En tanto, Osvaldo Magaña Bau, Juan Guillermo Quintanilla y Carlos Kylling Schmidt, quienes habían sido condenados durante el proceso, fueron sobreseídos por encontrarse fallecidos, al igual que Víctor Pinto Pérez.

El abogado querellante Nelson Caucoto, quien representa a familiares de 37 víctimas, se mostró satisfecho ya que la Corte acogió todos los recursos de casación que presentaron y celebró el fallo señalando que “mañana habrá un día más luminoso para los familiares de las víctimas de Paine, ejecutadas por militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, un día plagado de nuevas sensaciones y esperanzas”.

Caucoto, quien lleva el caso desde sus inicios, señaló que “El máximo tribunal de la República ha dictado sentencia definitiva, en este caso, que habla de una masacre ocurrida hace 49 años en esa localidad rural. Se ha logrado vencer la impunidad, la indolencia y la barbaridad.  Lo que ha hecho la Corte Suprema es un acto de sanidad para esos familiares y para la sociedad chilena en general.

Uno de los crímenes imperdonables de la dictadura cívico-militar ha sido resuelto por la justicia chilena de manera civilizada.  A pesar del largo tiempo transcurrido, la Justicia es posible”.

Mencionar que en los alegatos actuaron también como querellantes el Programa De DD.HH del Ministerio del Interior, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC)  y el abogado Luciano Fouillioux, como apoderado del padre la abogada Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberng.

En materia civil se dejó sin efecto la cosa juzgada que había sido decretada por la Corte de Apelaciones de San Miguel y que impedía a algunos familiares de las víctimas acceder a una reparación.

LOS HECHOS

Cuesta Chada

De acuerdo a la investigación encabezada por la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, se puedo establecer que el día 24 de septiembre de 1973, en horas de la tarde, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo se presentaron en el asentamiento  ´El Escorial de la comuna de Paine y detuvieron, sin derecho, a Héctor Guillermo Castro Sáez y Juan Bautista Núñez Vargas, entre otros.

Tras su detención, Héctor Castro Sáez y Juan Núñez Vargas fueron trasladados al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo, lugar en que se les mantuvo ilegalmente encerrados.

Que, el día 2 de octubre de 1973, soldados de la Escuela de Infantería de San Bernardo se presentaron en el asentamiento  ´El Escorial de la comuna de Paine y detuvieron a José Ángel Cabezas Bueno, quien, acto seguido, fue trasladadoal campo de prisioneros del Cerro Chena.

El día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, soldados comandados por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena, a cargo del Teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y los Subtenientes Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, con los detenidos José Ángel Cabezas Bueno, Héctor Guillermo Castro Sáez y Juan Bautista Núñez Vargas, en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, se dirigieron al asentamiento  ´El Escorial  de la comuna de Paine y detuvieron, a Francisco Javier Calderón Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González.

Posteriormente, en el mismo camión trasladaron a todos los detenidos hasta una quebrada en la Cuesta de Chada y los ejecutaron, disparándoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose tiempo después sus cadáveres abandonados en el citado lugar.

Las osamentas de los cuerpos fueron encontradas por los propios familiares tiempo después y levantadas desordenadamente por Carabineros y llevadas al Servicio Médico Legal, lugar donde permanecieron durante 20 años arrumbados en una bodega sin ser periciados para su identificación, lo que se obtuvo recién en la época de los 90.

Quebrada los Quillayes

El  8 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento ´Campo Lindo de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Ramón Alfredo Capetillo Mora, quien, acto seguido, fue encerrado en la referida unidad policial.

En los días posteriores, Ramón Capetillo Mora fue trasladado al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Dos días después, el 10 de octubre de 1973, funcionarios de la Subcomisaría de Carabineros de Paine se presentaron en el asentamiento  ´24 de Abrilμ de la misma comuna y detuvieron, sin derecho, a Mario Enrique Muñoz Peñaloza, quien, acto seguido, fue encerrado en la referida unidad policial y trasladado al campo de prisioneros del Cerro Chena de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

En la época de los hechos, la Subcomisaría de Carabineros de Paine se encontraba a cargo del Capitán Nelson Iván Bravo Espinoza.

En tanto,  16 de octubre de 1973, en la madrugada, soldados de la misma Escuela de Infantería de San Bernardo, comandada por el Capitán Jorge Eduardo Romero Campos, salieron desde el campo de prisioneros del Cerro Chena, a cargo del Teniente Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau y los Subtenientes Carlos Walter Kyling Schmidt y Arturo Guillermo Fernández Rodríguez, con los detenidos Ramón Alfredo Capetillo Mora y Mario Enrique Muñoz Peñaloza, en un camión marca Dodge de color rojo conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, con el objeto de detener a veintidós personas en la localidad de Paine. Es así que, en sus respectivos domicilios, ubicados en la zona urbana de la comuna de Paine, detuvieron, sin derecho, a René del Rosario Maureira Gajardo ya Andrés Pereira Salsberg.

Mientras que en el asentamiento  ´24 de Abril, detuvieron a Patricio Loreto Duque Orellana, José Germán Fredes García, Carlos Enrique Gaete López, Rosalindo Delfín Herrera Muñoz, Jorge Hernán Muñoz Peñaloza, Ramiro Antonio Muñoz Peñaloza, Silvestre René Muñoz Peñaloza, Carlos Alberto Nieto Duarte, Laureano Quiroz Pezoa, Luis Ramón Silva Carreño y Basilio Antonio Valenzuela Álvarez. En el asentamiento  ´Nuevo Sendero, a José Domingo Adasme Núñez, José Ignacio Castro Maldonado, Luis Alberto Gaete Balmaceda, Luis Rodolfo Lazo Maldonado, Samuel del Tránsito Lazo Maldonado, Carlos Enrique Lazo Quinteros y Samuel Altamiro Lazo Quinteros y, por último, en el asentamiento  ´El Tránsito, a Pedro Antonio Cabezas Villegas y Roberto Esteban Serrano Galaz.

Posteriormente, los detenidos antes mencionados fueron trasladados hasta la quebrada Los Arrayanes, sector Los Quillayes, en las inmediaciones del Lago Rapel, lugar en que fueron fusilados por los soldados antes referidos y el civil que los acompañaba, quienes, acto seguido, enterraron sus cuerpos en el mismo sitio, siendo encontrados años después sólo fragmentos óseos y dentales de once de las veinticuatro víctimas, debido a que sus cuerpos fueron removidos y trasladados hasta un sitio desconocido hasta la fecha,  en el marco de la Operación retiro de televisores, en 1978.

 

A fines de la década de los ochenta, con no más de 11 años, para mí era común acompañar a mis padres a reuniones políticas en Paine, en plena campaña para el plebiscito del Sí y el No.

Era un Paine distinto, de caminos de tierra, casas de adobe y tejas de arcilla, de gente campesina sencilla, que, o andaba a caballo o lo hacía en bicicleta o a pie, recorriendo largas distancias.

Llegar a localidades rurales como Santa Marta, El Escorial, Águila Sur o Rangue, era complejo. No existían los teléfonos celulares, los teléfonos domiciliarios eran un lujo, los públicos escasos, y si bien Paine estaba a tan solo 45 kilómetros al sur de Santiago, parecía estar en un lugar lejano y detenido en el tiempo.

La gente era diferente, más cariñosa y espontánea, y se convivía con olores y ruidos muy característicos. Era un lugar acampado, con huasos y arrieros, reflejo de la ruralidad de la zona central que pervivía en la periferia de Santiago, negándose a morir.

Las reuniones políticas por esos tiempos eran tensas, difíciles, con miedo e incertidumbre. Si bien Paine era una comuna chica, tenía una carga emotiva muy grande producto de las 70 personas detenidas y desaparecidas tras el golpe militar, proporcionalmente la mayor cantidad de víctimas de la dictadura en Chile.

Recuerdo como si fuera ayer una concentración en la antigua Quinta de Recreo de la localidad de Champa, repleta de gente, con muchas mujeres y jóvenes, en que el aire se cortaba con cuchillo. Patrullaban afuera autos de la CNI, vigilantes y expectantes.

Llegaron varios políticos de los partidos de oposición a Pinochet, que en aquellos años eran verdaderos héroes. Recuerdo a Ricardo Lagos, Gabriel Valdés, Andrés Zaldivar, Aníbal Palma, a un joven Tomás Jocelyn Holt, y por supuesto, Andrés Aylwin, quien había sido un activo luchador por los Derechos Humanos en la zona.

En aquellos años costaba mucho hablar con confianza de política, el miedo de los paininos a las represalias era brutal, pues estaba todavía fresca en su memoria la pérdida de parientes cercanos y la gran mayoría de los civiles implicados, estaban vivos y activos.

Fue en esas andanzas políticas donde escuché por primera vez hablar de un callejón llamado “La 24 de abril”, conocido como el “El callejón de las viudas”, tristemente célebre por haber sido un lugar en el cual la dictadura asesinó a prácticamente toda la población masculina, existiendo familias a las que les arrebataron al padre, marido, hijos y hermanos.  

También recuerdo relatos de mujeres que narraban cómo en los primeros meses de la dictadura, llegaban por la noche escuadrones de carabineros, acompañados de civiles, para allanar sus casas y luego llevarse detenidos a sus familiares en camiones, cual ganado rumbo al matadero.

Con los años, pude recoger más antecedentes de este horroroso episodio de la historia de Paine, conversando con sobrevivientes como el “Colorado”, hombre de tez clara y colorín, con esa dignidad propia de los  que trabajan la tierra, que había escapado a un fusilamiento en Cullipeumo, haciéndose el muerto y arrastrándose por un río, para esconderse luego entre cuevas en los cerros, viviendo por años de la caza de animales y de la ayuda clandestina que le brindaban los pocos familiares y amigos que sabían de su existencia.

Por otro lado, tuve que escuchar testimonios que me dejaron desconcertado, como cuando una señora, viuda de detenido desparecido, para justificar el por qué votaba por un alcalde de derecha, me dijo que lo hacía porque sus patrones se lo pedían y porque ellos le habían dicho que el gran responsable de la muerte de su marido, había sido su propio marido, por meterse en “leseras”.

O como cuando otra mujer, entre sollozos y lágrimas me confesó que, tras la desaparición de su esposo, para sobrevivir y criar a sus hijos, tuvo que recurrir a los mismos que habían delatado a su marido, trabajando hasta el día de hoy con ellos.

Ahí comprendí las complejidades humanas que habían tenido que aguantar las viudas, lidiando con el sufrimiento de las desapariciones y con el drama de no tener el principal sustento económico de su hogar.

Recuerdo, asimismo, que, en una ocasión, siendo ya concejal de Paine, invité a Andrés Aylwin a un programa de radio, pidiéndole que nos contara el por qué la Dictadura se había ensañado tanto con esta gente, campesinos humildes que lo más peligroso que habían tenido entre sus manos, había sido una pala.

Me explicó que esto había sido una represalia en contra de los dirigentes de los asentamientos. Un ensañamiento. Pero lo curioso es que entre los civiles que colaboraron delatando, prestando camiones e inclusive disparando en contra de personas, no estaban los dueños de los fundos, sino que los comerciantes y capataces de la zona.

Con el tiempo descubrí también, que muchos de estos crímenes habían estado plagados de miserias personales. No fueron pocos los casos en que los asesinatos fueron consecuencia de acusaciones mal intencionadas entre vecinos por problemas de convivencia, o incluso por disputas económicas.

En Paine no hubo guerrillas ni grupos armados. Lo que hubo, fue asentamientos de gente que, clamando por dignidad y mejores condiciones de trabajo, participaron de la reforma agraria, en algunos casos con tomas violentas, pero en la gran mayoría, pacíficamente.

Como consecuencia de ello, se desarrolló una matanza de campesinos indefensos, absurda y cobarde, que además tuvo la peculiaridad de haber sido hecha en concomitancia con civiles, y no con cualquier tipo de civiles, sino que, con los propios vecinos de la misma comunidad, con personas que convivían a diario con los que posteriormente fueron sus víctimas.

Si bien ha habido algunas (pocas) condenas, la más conocida es la del empresario dueño de camiones, Francisco Luzoro,  la gran mayoría de éstas personas se pasean hoy libres por las calles de Paine, siendo por lo demás, quienes dan trabajo y mueven la actividad económica de la zona.

Se los puede ver en los rodeos, canchas de fútbol o actividades sociales, y gozan de estatus e influencia.

Finalmente, la gente terminó acostumbrándose a que víctimas y victimarios convivieran en un mismo lugar, dándose la cruel paradoja de que quienes sufrieron con la muerte de sus familiares, son muchas veces tratados como si fueran una molestia, un estorbo que ensucia la comunidad trayendo a la memoria recuerdos de cosas que es mejor olvidar. Pues al final de cuentas, aquellos civiles envueltos en las atrocidades de la dictadura, siguen siendo los patrones. Los que dan las “pegas”.

Traigo a colación este relato de la realidad que me tocó vivir, porque es completamente atingente a la discusión que se ha dado estas últimas semanas respecto al Museo de la Memoria y su significado.

Cuando hechos brutales se comienzan a naturalizar, se corre el riesgo de que se repitan. Por eso, independiente de los contextos y debates históricos – interesantes desde el punto de vista académico -, la memoria cumple un rol insustituible, de garante, de guardián de aquellos valores que como sociedad consideramos indispensables respetar, fundamentales para la sana convivencia democrática.

Lo sucedido en Paine constituye un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se esgrime la contextualización como antídoto para el olvido. Las peores atrocidades se terminan convirtiendo en cosas del pasado, que es mejor no recordar.

Incluso es más, quienes tiene el poder, en este caso económico y político (Paine es una comuna en donde de los últimos 28 años, 22 ha gobernado la derecha), terminan tergiversando la historia, instalando su verdad, una verdad llena de defensas y explicaciones, en donde los hechos se licuan, convirtiéndose en percepciones vagas, en que las muertes, torturas y desapariciones encuentran justificación, y donde el empate moral termina cumpliendo un rol, que no es más que el de enmarañar el bien y el mal bajo un todo, bajo un intervalo histórico en donde la sociedad en su conjunto erró el rumbo, se desquició, conviniendo en que todos somos responsables, para que finalmente nadie lo sea.

La ministra para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, quien lidera nuevas diligencias en la investigación, destacó que los cadáveres de los campesinos permanecieron 16 años en cámaras frigoríficas en el SML, sin ser entregados a sus familiares.

Se dio inicio a una nueva etapa en las investigaciones por el caso de 14 campesinos del Asentamiento Viña El Escorial de Paine, que fueron detenidos y ejecutados en 1973, por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, encabezó el pasado lunes 25 de noviembre una serie de diligencias junto a efectivos de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (Bridehu) y personal del Servicio Médico Legal (SML) para realizar un análisis exhaustivo del terreno en que soldados de la Escuela Infantería de San Bernardo ejecutaron, en octubre de 1973, a los 14 campesinos.

Las diligencias se extenderán por una semana y contemplan la utilización de un dron, detector de metales y la excavación, tanto del predio como de los pozos de decantación que se ubican al pie de una quebrada.

«Nos encontramos en la cuesta Chada, kilómetro 38, para dar inicio a las diligencias decretadas en la causa 14-2024 por inhumación ilegal. En este lugar, el año 1973, precisamente el día 3 de octubre, soldados de la Escuela Infantería de San Bernardo ejecutaron a 14 campesinos del sector de El Escorial», indicó la ministra en visita.

Se dio inicio a una nueva etapa en las investigaciones por el caso de 14 campesinos del Asentamiento Viña El Escorial de Paine.

«Ese día, luego de su ejecución, los cuerpos fueron abandonados y recién familiares pudieron encontrarlos en el mes de enero del año 1974. En esa oportunidad no se hizo un trabajo en el sitio del suceso, sino que los cuerpos fueron recogidos por los propios familiares y luego de que se dio cuenta a Carabineros del sector, se introdujeron en tres sacos de arpillera. Las osamentas estaban desarticuladas, fragmentadas y fueron trasladadas al Servicio Médico Legal», explicó.

«Posteriormente, en el mes de marzo de ese año, en el Servicio Médico Legal, se hizo un estudio de estas osamentas, logrando determinar que se trataba de aproximadamente 14 personas”, complementó.

Cifuentes destacó que los cadáveres de las víctimas permanecieron 16 años en cámaras frigoríficas sin ser entregados a sus familiares.

“Luego de eso, los cuerpos no fueron entregados a sus familiares, sino que fueron introducidos a cámaras frigoríficas en el Servicio Médico Legal y permanecieron en ahí 16 años hasta el año 1990, fecha en que el ministro Germán Hermosilla de la Corte Apelaciones de San Miguel, dispuso que se hiciera un estudio de esas osamentas y se constituyó en este lugar”, relató, según consignó una nota de prensa del Poder Judicial.

“En esa oportunidad se constituyó los días 16 y 17 de octubre de 1990, logrando encontrar nuevamente evidencia ósea, evidencia balística e incluso evidencia cultural. Pero no se hizo tampoco con la última tecnología y por lo tanto, no obstante que la causa relacionada con estos hechos, que es Paine principal, está ejecutoriada, se interpuso una querella por el Programa de Derechos Humanos en el marco del Plan Nacional de Búsqueda con el fin de realizar un estudio exhaustivo del terreno, que es lo que se va a hacer en esta oportunidad”, concluyó.

Secuestro y homicidio de 14 campesinos de Paine

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, la ministra en visita dio por establecido los siguientes hechos:

«Que, el día 3 de octubre de 1973, en la madrugada, en el Asentamiento El Escorial de Paine, soldados de la Segunda Compañía de Fusileros de la Escuela de Infantería de San Bernardo, a cargo del subteniente Osvaldo Andrés Magaña, detuvieron, sin derecho, a Francisco Javier Calderon Nilo, Domingo Octavio Galaz Salas, José Emilio González Espinoza, Juan Rosendo González Pérez, Aurelio Enrique Hidalgo Mella, Bernabé del Carmen López López, Héctor Santiago Pinto Caroca, Hernán Pinto Caroca, Aliro del Carmen Valdivia Valdivia, Hugo Alfredo Vidal Arenas y Víctor Manuel Zamorano González, para luego ejecutarlos junto a Juan Bautista Núñez Vargas, Héctor Castro Sáez y José Cabeza Bueno, en el sector de la Cuesta Chada, al que fueron trasladados en el camión marca Dodge de color rojo referido con anterioridad, conducido por Juan Guillermo Quintanilla Jerez, disparandoles con las armas de fuego que portaban, encontrándose, tiempo después, sus cadáveres abandonados en el citado lugar».

Yo soy Flor González Soto. Madre de Víctor Manuel Zamorano González, detenido el 3 de Octubre de 1973 a la edad de 17 años. Soy nacida, criada y casada en Requinoa, una localidad de Rancagua. En mi familia éramos siete hermanos, uno de ellos falleció y quedaron cinco hombres y yo, la única mujer. Mi marido era hijo único, también de Requinoa. Me casé a los 14 años, entrados los 15, teníamos diez años de diferencia, él era mayor. A Paine llegué de 19 años, llegamos a trabajar al fundo Liguay en Huelquén. Nos vinimos con toda la familia, mi mamá, mi papá, mi marido y cinco hijos que tenía hasta ese momento. Llegamos todos a una sola casa, una casa grande por allá por los cerros. Después el patrón le vendió la casa a mi marido y en esa casa vivimos 42 años. Tuve catorce hijos, hoy quedan diez. Víctor, “El Ñungo”, fue el mayor de todos, trabajaba en el fundo El Escorial junto con el hijo de la señora Margarita, Francisco Calderón Nilo  , eran los únicos que pertenecían al fundo Liguay, días antes pararon las labores en El Escorial y empezaron a trabajar acá en Liguay. Un lunes, a la hora de almuerzo, recuerdo que le tenía servido el plato de comida, él estaba afuera jugando a la pelota con los más chicos, lo llamé “¡Ñunguito, ven a almorzar!”. Y cuando estaba sentado, vimos pasar una camioneta donde iba un joven que se llevaban los milicos, cuando el Ñungo lo vio se le cayó la cuchara de las manos y le dije “¿Te pusiste nervioso donde viste pasar a los milicos?” “No, no”, me dijo. Ese joven los tenía amenazados, cayendo él iban a caer ellos. A éste cabro lo llevaron a las 12 del día y al Ñungo lo vinieron a buscar en la noche. A mi hijo se lo llevaron porque lo entregaron.

El momento en que detuvieron a mi hijo Llegaron como a las 00:30, eran siete milicos con la cara pintada, entraron a la casa y trajinaron todo, todo, todo. Y después que trajinaron todo se fueron a la pieza donde estábamos. Teníamos dos piezas, una era el comedor y la otra pieza era el dormitorio. En cuatro camas dormíamos todos, los diez hijos, el viejo y yo. Entonces un milico le dijo “Llévate al tiro tu carnet y el del MIR”, y él le respondió “Yo no pertenezco a ningún partido” y de ahí me dijo un milico “Quédese tranquila, señora, porque mañana va a estar de vuelta. Lo llevamos a una declaración no más”. Tenía una chaqueta negra de castilla colgada al lado de la cama y un milico le dijo “Ya abrígate con esa porque está helada la noche”. No puedo decir que los milicos en la casa fueron atrevidos, no, todos fueron muy suaves. Se fue con botas cortas, porque él trabajaba en la bodega y como no era tan fortachón, lo hacían que se metiera a lavar las botellas, allá mismo le pasaron botas, ese día se vino con las botas y con esas se lo llevaron. Recuerdo que el viejo le dijo que se pusiera zapatos, porque esas botas eran heladas. Mi marido era del sindicato del asentamiento Nuevo Horizonte, el que no tenía nada que ver con cosas raras y de allá no se llevaron a nadie, a nadie más que a los dos chiquillos. Y el motivo era porque habían estado en El Escorial.  (extracto)

Microbiografía

“El Manuel, era conocido como el Ñungo, por su segundo nombre Manuel. Trabajaba en la Bodega de vinos del Asentamiento el Escorial, ahí por ser el más pequeño, se dedicaba a lavar las botellas, llegaba del trabajo, se bañaba y tomaba once. Tenía una guitarra vieja y con ella hacia bailar a sus hermanos y hermanas más chicos, era la tarea de él hacer reír a las chiquillas, los hacía reír a carcajadas, verlos bailar y verlos caer. Tenía nueve hermanos que son las nueve estrellas que aparecen en el mosaico. El sol es su padre y la Luna su madre, la señora Flor María, Mariíta le decía él. Su madre lo recuerda como un niño muy tranquilo, que no le gustaba salir a jugar con otros chicos de su edad, era muy de casa, era amigable con el saludo, pero no era de andar con otros niños. Era muy respetuoso, nunca decía garabatos, no se burlaba de nadie, por eso todos lo querían, sólo lo sacaba de quicio un hermano, al que le decía orejas de canasto, en los momentos de rabia. Siempre preocupado de la salud de su madre, por los riesgos del embarazo, estuvo una semana enojado con la señora Flor María, cuando ésta le dijo, “yo estoy esperando la guagüita” le dije que iba a tener todos los hijos que Dios me diera, celoso, a los 6 años le preguntó a su mamá, por qué se había casado con un hombre tan viejo y feo. Le decía que cuando él fuera grande, él le iba a comprar una casa, donde íbamos a vivir los dos solitos. Fumaba cigarrillos escondido del papá, guardaba la cajetilla en el ropero, usaba ropa común y corriente, él no tenía nada especial para vestirse, no era bueno para la ropa, los domingos se ponía un blue jeans y camisa, su plato favorito eran los tallarines con trozos de carne y salsa encima, sin revolver, también era fanático de los porotos y las pantrucas no podían faltar. Llegó hasta sexto básico y tenía un amigo con el que escuchaban todos los días, un disco de Los Golpes. Su padre bromeaba preguntándole, si ya se lo había aprendido, pololeaba pero llegaba a la casa temprano, levantaba una ceja al conversar, un rasgo que comparten en su familia” .