Montiglio Murúa Juan José

Rut                   :            5.479.924-1 de Santiago

F.Nacim.            :            24-06-49, 24 años de edad a la fecha de su detención

Domicilio            :            Las Hualtatas 8195, Villa El Dorado, Las Condes, Santiago

E.Civil              :            Casado, 2 hijos

Actividad            :            Estudiante Universitario de Biología

C.Repres.            :            Militante del Partido Socialista, Jefe de la Guardia Presidencial GAP.

F.Detenc.            :            11 de septiembre de 1973

 SITUACION REPRESIVA

            Juan José Montiglio Murúa, casado, dos hijos, estudiante universitario, militante del Partido Socialista, miembro de la Guardia Presidencial, fue detenido el 11 de septiembre de 1973, al salir el último grupo de personas que se encontraban al interior del Palacio de La Moneda, sede de Gobierno. Fue trasladado al Regimiento Tacna donde permaneció hasta el 13 de septiembre, fecha en que fue conducido en un camión militar con destino desconocido y hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

            Montiglio Murúa era miembro de la Guardia Presidencial, más conocida por el calificativo de GAP, "Grupo de amigos personales", aludiendo a una expresión del propio Presidente de la República.

            En ella se desempeñaba como jefe de una de las unidades, encargada de dar protección a las residencias y locales de la Presidencia y en sus actividades de seguridad usaba el nombre de Aníbal Salcedo. Además, era estudiante universitario y había cursado segundo año de Pedagogía en Biología en la Universidad de Chile.

            El día 11 de septiembre estaba en la residencia de Tomás Moro y a las 7:30 horas, junto con el presidente Allende y 16 miembros de la Guardia se dirigieron a La Moneda, recinto al cual pudieron entrar sin dificultad.

            Ese día 11 de septiembre de 1973, el Palacio Presidencial de La Moneda, sede del Gobierno, fue tomado por efectivos de Infantería y de tanques del Ejército, dirigidos por el General Javier Palacios, a los que se sumaron más tarde Fuerzas de Carabineros. A las 11 de la mañana comenzó el bombardeo de parte de la Fuerza Aérea de Chile, que destruyó gran parte de La Moneda.

            La auxiliar de enfermería, Hilda Rosa Varas Gaete, que se desempeñaba en sus funciones en la Presidencia, tuvo oportunidad de ver ese día a Montiglio en La Moneda. La Sra. Varas, en declaración notarial, señala que al salir del recinto, de acuerdo a las instrucciones recibidas, se despidió del Dr. Danilo Bartulín, que era su jefe, de Carlos Alamos y de Aníbal Salcedo, nombre usado por Montiglio como se ha señalado antes.

            Los miembros de la Guardia Presidencial y otras personas permanecieron en el Palacio hasta que recibieron la orden del Presidente Salvador Allende de salir, lo que se hizo por una puerta de calle Morandé 80 del Palacio de La Moneda. Allí fueron encañonados y golpeados por los Militares y se les ordenó tenderse en el suelo con las manos en la nuca, estando incluso permanentemente amenazados de ser aplastados por un tanque que se dirigió hacia ese lugar.

            Dos miembros de la Guardia Presidencial, Antonio Aguirre Vásquez y Osvaldo Ramos Rivera fueron hechos prisioneros en el interior de La Moneda y fueron enviados a la Posta de la Asistencia Pública porque estaban heridos, algunos días después estas dos personas heridas fueron detenidas y desaparecieron desde dicho centro asistencial.

            Otros miembros del GAP que venían de la residencia presidencial de El Cañaveral y Tomás Moro, no alcanzaron a ingresar en La Moneda, siendo detenidos en sus proximidades por Carabineros e ingresados al recinto de la Intendencia de Santiago. Ellos eran, entre otros, Gonzalo Jorquera Leyton, Williams Osvaldo Ramírez Barría, Carlos Cruz Zavala y Domingo Blanco Tarrés, todos los cuales integraban un grupo de aproximadamente 13 personas, algunas de las cuales fueron posteriormente ejecutadas en tanto que del resto de ellos se desconoce su situación final y de alguno de ellos, incluso sus identidades.

            Las personas detenidas en La Moneda permanecieron en la calle Morandé hasta las 18:00 horas. A esa hora, estos prisioneros fueron conducidos en dos vehículos militares al Regimiento Tacna, ubicado a unas 12 cuadras del Palacio de La Moneda y que estaba a cargo del Coronel Joaquín Ramírez Pineda.

            Los sobrevivientes de estos acontecimientos han entregado la información que permite reconstruir estos hechos: los prisioneros permanecieron en el mencionado regimiento hasta el día 13 de septiembre. Mientras estuvieron detenidos en ese Regimiento fueron obligados a arrastrarse hincados, estar tendidos, con los brazos sobre la nuca o de pie con los brazos en alto. Durante casi 48 horas debieron permanecer en posiciones dolorosas, en terreno áspero o de huevillo, siendo pisoteados por los militares que corrían sobre ellos y que los golpeaban con las culatas de sus armas o les proferían heridas con sus yataganes, con la permanente vigilancia de guardias armados de ametralladoras, quienes los amenazaban y solicitaban a los oficiales ejecutarlos de inmediato. Posteriormente debieron permanecer en un sector denominado de los boxes o antiguas caballerizas. Permanentemente, los prisioneros eran llevados a una oficina ubicada en el segundo piso del Regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar, SIM. Posteriormente eran devueltos, en malas condiciones físicas, a reunirse con los otros prisioneros y a continuar en las posiciones dolorosas que les asignaban. Cada cambio de guardia comenzaba con una golpiza a culatazos de los prisioneros.

            Estos prisioneros eran 49 personas. De ellas se ordenó liberar, al día siguiente, a los 17 funcionarios de Investigaciones que integraban el equipo de protección presidencial y se separó a algunos otros prisioneros. Finalmente quedaron como prisioneros un grupo de personas, de las cuales se ha identificado a 21 de ellos: diez asesores del Presidente de la República o funcionarios del gobierno, diez miembros de la Guardia Presidencial y un obrero. Los asesores del Presidente eran Jaime Barrios Meza, ingeniero comercial, asesor presidencial y Gerente General del Banco Central de Chile; Sergio Contreras, relacionador público de la Intendencia y periodista; Daniel Escobar Cruz, Jefe del Gabinete del Subsecretario del Interior; Enrique Huerta Corvalán, Intendente de Palacio; Claudio Jimeno Grendi, sociólogo, asesor presidencial; Georges Klein Pipper, médico, asesor presidencial; Eduardo Paredes Barrientos, médico, asesor presidencial y ex Director de Investigaciones; Enrique París Roa, médico psiquiatra, asesor presidencial y miembro de Consejo Superior de la Universidad de Chile; Héctor Ricardo Pincheira Núñez, estudiante de medicina, asesor presidencial; y, Arsenio Poupin Oissel, abogado, Subsecretario General de Gobierno y asesor presidencial. Los miembros de la Guardia Presidencial, que han podido ser identificados son los siguientes: José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares Caroca y Juan Vargas Contreras. Además estaba el obrero Oscar Luis Avilés Jofré, quien había concurrido a La Moneda en apoyo al Gobierno.

            Alrededor de las 14 horas del día 13 de septiembre de 1973 estos prisioneros, amarrados de pies y manos fueron arrojados en un camión militar, unos encima de los otros y fueron conducidos fuera del Regimiento con destino desconocido.

            Sin embargo, uno de los que logró sobrevivir y ha contribuido a reconstruir estos hechos, es Juan Bautista Osses Beltrán, quien fue llevado detenido al Regimiento Tacna, pero fue incorporado a otro grupo de prisioneros, lo que le permitió salir con vida después de estar en prisión en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional.

            Osses señala en su extensa declaración que un grupo de 13 miembros de la Guardia Presidencial acompañó a Allende a La Moneda y fue detenido en su interior. Posteriormente, junto con los demás prisioneros fue conducido al Regimiento Tacna y allí fueron informados que serían fusilados a las 12:00 horas de la noche, después que el fusilamiento sería a las 3:00 horas y más adelante, se señaló a las 6:00 horas. Osses ha reconocido que entre los detenidos en el Regimiento Tacna se encontraban Héctor Daniel Urrutia, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio, Julio Moreno, Eduardo Paredes, Enrique París, Georges Klein, Héctor Pincheira, Arsenio Poupin, Luis Rodríguez Riquelme y Oscar Valladares.

            El testigo fue sacado del Regimiento Tacna en la madrugada del día 13 de septiembre de 1973 y conducido junto a otros detenidos al Estadio Chile.

            Beatriz Celsa Parrau Tejos, quien estuvo detenida en el Regimiento Tacna, ha podido brindar algunos antecedentes importantes. Ella estaba en INDUMETAL donde atendía a un herido en su calidad de enfermera. A las 18 horas del 11 de septiembre, esta empresa fue ocupada por Carabineros y todos los que allí estaban fueron detenidos y conducidos a una Comisaría y el mismo día, trasladados al regimiento Tacna. Allí supo que estaban detenidos los que habían sido apresados en La Moneda y a pesar de estar separada de ese grupo, tuvo la oportunidad de verlos cuando iban al baño o cuando eran conducidos a los interrogatorios. Allí vio a varios médicos, que conocía por sus actividades profesionales y a dirigentes del gobierno. También observó a numerosos grupos de otros prisioneros que ingresaban o salían. El 13 de septiembre, a mediodía, a través de las rendijas del galpón en que estaban encerradas unas 90 mujeres, Celsa Parrau pudo ver salir un camión del Regimiento llevando bultos que parecían cuerpos humanos. Cuando las sacaron del mencionado galpón, a las 14:30 horas, observó que ya no estaban los prisioneros de La Moneda.

            Por su parte, el Jefe de Investigaciones en La Moneda, el detective Juan Seoane, permaneció entre los detenidos de La Moneda hasta después del mediodía del 13 de septiembre, recuerda entre los detenidos a "Aníbal", que era el apodo político de Juan Montiglio. Seoane estuvo detenido y amarrado hasta el momento en que pudo presenciar como se llevaban a los prisioneros en el camión militar y quedaba solo.

            Según testimonios de los sobrevivientes, ellos escucharon de los militares que participaron en la operación, que los habían llevado a los campos militares de Peldehue, ubicados en Colina, donde habrían sido fusilados e inhumados.

            Un soldado del Regimiento Tacna, que pudo presenciar parte de los hechos, relata que los prisioneros fueron amarrados con alambre y lanzados a un camión Pegaso del Ejército que integró un convoy que salió del cuartel a las 14:00 horas aproximadamente, mientras se ordenaba a todos los conscriptos permanecer recluidos en sus cuadras y no transitar por los patios. En la tarde regresó el contingente que había formado parte del convoy y se corrió la voz entre los militares que los prisioneros habían sido conducidos al predio que el Regimiento Tacna tiene en los campos militares de Peldehue, en Colina, allí habrían sido ultimados frente a un hoyo o fosa, de un diámetro de unos cinco a seis metros y de varios metros de profundidad, que existía a poca distancia de la vivienda empleada por el personal de guardia del predio. Los prisioneros fueron colocados en grupos de a cuatro al borde de la fosa y se les disparaba. Una vez ejecutados y arrojados al fondo del foso, los uniformados lanzaron granadas para detrozar los cuerpos y así continuaron las ejecuciones de cuatro en cuatro. El soldado agrega que le correspondió ir al predio mencionado a fines de septiembre de 1973 y encontró la citada fosa tapada. Allí le confirmaron que se había enterrado a los ejecutados en ese lugar y que éstos eran 26 ó 27, los que antes de ser asesinados gritaron consignas políticas alusivas al gobierno de la Unidad Popular. Este soldado también declaró que el segundo día de su permanencia en Peldehue, un conscripto encontró, incrustado entre unos espinos, un trozo de carne que era fácilmente identificable como una oreja humana.

            Sin embargo, esta matanza de prisioneros, no ha sido jamás reconocida oficialmente ni se han entregado los cadáveres, y las personas mencionadas, entre ellas, Juan José Montiglio Murúa, se encuentran desaparecidas desde el 13 de septiembre de 1973.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            Ante la detención y desaparición de Juan Montiglio su cónyuge, que tenía dos hijos de 1 y 2 años de edad, debió deshacer su hogar y trasladarse a vivir como allegada con su madre y no se atrevió a hacer ninguna gestión judicial durante varios años, aunque lo buscó en los lugares habituales de detención.

            El 15 de mayo de 1990 se presentó denuncia por presunta desgracia ante el Quinto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, causa que roló con el N°126465-6. En el escrito, la cónyuge, señora Rina Belvederessi, declara que no se atrevió a iniciar acciones judiciales en ese tiempo por el legítimo temor que sentía ante los acontecimientos que comenzaban a precipitarse en el país. Señala: "Fui una de las personas que quedó paralogizada ante lo que ocurría. La seguridad de mis pequeños hijos hizo el resto". Simultáneamente solicita que se oficie a Policía Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores, cementerios, Instituto Médico Legal, Registro Civil, etc., para tener todas las informaciones posibles sobre el destino de su cónyuge. Actualmente (fines de 1992) la causa se encuentra en tramitación, en estado de sumario.

La vicepresidenta de la Asociación de Familiares Desaparecidos durante la dictadura militar chilena, Mirella García, expresó en Roma su esperanza de que Italia abra un proceso en contra del general (r) Augusto Pinochet por la detención y posterior desaparición de cinco italo-chilenos bajo su régimen (1973-90). Mirella García declaró ante el fiscal Giancarlo Capaldo, quien tiene a su cargo la investigación preliminar para determinar si existen las condiciones para iniciar un proceso no sólo en contra de Pinochet, sino también del jefe de sus servicios secretos, Manuel Contreras. Capaldo dirige la investigación sobre la desaparición de Juan Montillo, Omar Venturelli, Giovanni Maino, Jaime Donato y Dignaldo Pizzini.

Desde el domingo se encuentra en el país el fiscal italiano Giancarlo Capalbo, para avanzar en la investigación del desaparecimiento forzoso de cuatro ciudadanos ítalo-chilenos detenidos durante la dictadura. Aunque se trata de un proceso iniciado en Italia que aún cursa su etapa instructoria, la causa ya fue motivo de un exhorto a Chile solicitando la designación de un abogado para Augusto Pinochet.
El viaje del instructor tiene como objetivo recopilar antecedentes sobre los casos de Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.
Capalbo ya se reunió con los familiares de las víctimas, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y, esta mañana, sostendrá un encuentro con los abogados de derechos humanos Hugo Gutiérrez, Fabiola Letelier y Julia Urquieta.
En la agenda del fiscal se cuenta para el jueves el interrogatorio de algunos testigos y una cita con el juez a cargo del proceso por la Caravana de la Muerte, Juan Guzmán, aún sin horario establecido.
Aunque el proceso está aún en su etapa preliminar, fuentes italianas aseguraron a Primera Línea que, al menos en el caso Venturelli, estarían involucrados el procesado general Augusto Pinochet, el coronel (r) Marcelo Moren Brito, el abogado Alfonso Pollec Michaaud, además de los civiles Máximo Vivanco, Pablo Márquez, Pedro Calderón y Nelson Ubilla.
La investigación del caso se desencadenó en 1998, luego que el senador del Partido Verde Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la desaparición de Venturelli.
Una de las particularidades del sistema judicial italiano es que el juicio puede realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos en ausencia, por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de la península. De hecho, el ex directo de la DINA, Manuel Contreras y el ex agente Raúl Iturriaga Neumann fueron procesados y sentenciados a 20 y 18 años de presidio, respectivamente, por el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, perpretado en Roma en octubre de 1975.
Una vez presentada la denuncia penal, se designa a un fiscal para que actúe como acusador público (en este caso, Capalbo), en un proceso similar a la designación de un juez de primera instancia. Cuando concluya su investigación, y si estima que existen los antecedentes necesarios, el instructor puede iniciar una acusación formal, la que debe ser resuelta por la Corte de Asis, tribunal integrado por dos magistrados y seis personas más.
En agosto del año pasado el fiscal envió a Chile un exhorto por la desaparición de los cuatro casos mencionados, todos consignados en el Informe Rettig. Sin embargo, fuentes italianas aseguraron que en esa oportunidad sólo se trató de una notificación para que Augusto Pinochet designara a un abogado en Roma a cargo de su defensa en el juicio.
Además, otras fuentes aseguraron que en esta etapa del proceso ya han declarado varios chilenos en calidad de testigos, entre los que se cuentan los diputados socialistas Carlos Montes e Isabel Allende, el escritor Luis Sepúlveda y la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.

La ministra en visita Amanda Valdovinos, a cargo de verificar información de la Mesa de Diálogo sobre la ubicación de los restos de unos 20 detenidos desaparecidos al interior del Regimiento Justo Arteaga, de Colina, descubrió el lugar exacto donde fueron inhumados clandestinamente los cuerpos tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Una fuente exclusiva confirmó a La Voz que los restos están en un pozo de 15 metros de profundidad.
En enero pasado, los trabajos de excavación en el terreno -que fue donado por la Iglesia Católica al Ejército para prácticas de guerra antes del golpe militar- se concentraron en una fosa de 15 por 13 metros, desde donde se han extraído, hasta la fecha, más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad de cerca de tres metros.
Sin embargo, los estudios del suelo realizados por un botánico y por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) permitieron precisar que los fragmentos corresponden a los restos dejados por la remoción de las osamentas a finales de la década del '70. La precisión de los especialistas es tal, que se determinó que, por su ubicación fueron arrastrados desde uno de los extremos del sitio de excavación mediante el uso de una máquina retroexcavadora, cuyas características, (marca, modelo y propiedad) están acreditadas en el proceso.

Pozo equivalente a seis pisos

Los fragmentos, entre los que se cuentan cráneos, falanges, vértebras, dientes y arcadas, provienen de un pozo de unos cinco metros de diámetro y unos 15 metros de profundidad -equivalente a un edificio de seis pisos- donde fueron arrojados los cuerpos, una vez fusilados los detenidos y dinamitados (mediante granadas) en su interior. En los próximos días, las excavaciones se concentrarán en ese lugar y no se descarta que se verifiquen hallazgos de gran magnitud de osamentas.
Hasta el momento, con las recolecciones efectuadas, el Servicio Médico Legal ha podido aproximar en una decena las personas cuyos restos estaban en el lugar. Sin embargo, con las piezas dentales y los antecedentes con que cuenta el proceso se han podido confirmar cinco identidades, que sólo serán oficializadas una vez agotadas las diligencias.
Los familiares de las presuntas víctimas han sido informadas periódicamente por la jueza Valdovinos El último informe entregado por la ministra a la Corte Suprema confirma, además, los errores en el informe entregado por el Ejército a la Mesa de Diálogo, ya que el lugar ha sido localizado gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que se han acercado voluntariamente al tribunal. Todos los antecedentes reunidos por la ministra Amanda Valdovinos serán derivados a los tribunales del Crimen o militares que correspondan para determinar a los responsables de los homicidios y las inhumaciones y exhumaciones ilegales acreditadas en la investigación.

¿Quiénes son?
Según el Informe Rettig, 21 fueron los detenidos de La Moneda que terminaron trágicamente en Colina. Los asesores del Presidente Allende Eduardo Paredes Barrientos, ex director de Investigaciones; Enrique París Roa, Jaime Barrios Meza, gerente general del Banco Central; Sergio Contreras, Daniel Escobar Cruz, Enrique Huerta Corvalán, Claudio Jimeno Grendi, doctor Georges Klein Pipper, Héctor Pincheira Núñez y Arsenio Poupin Oissel, subsecretario General de Gobierno. Los miembros del GAP José Freire Medina, Daniel Gutiérrez Ayala, Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Tapia Martínez, Héctor Urrutia Molina, Oscar Valladares Caroca, Juan Vargas Contreras y Oscar Luis Avilés Jofré.

El ministro Juan Eduardo Fuentes encargado de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército, por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente.

La decisión del juez se aplicó en el caso ocurrido en 1978 con los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Según informó radio Cooperativa, el dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

El comandante del Regimiento Tacna en 1973 está procesado en Chile por los secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

La Corte Suprema amplió la solicitud de extradición a Argentina de Luis Joaquín Ramírez Pineda, comandante del Regimiento Tacna en 1973, quien se encuentra detenido en Buenos Aires.

Ramírez Pineda está procesado en nuestro país por el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar en la investigación por secuestros calificados en el denominado caso Palacio de La Moneda.

En fallo unánime, los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Rubén Ballesteros, Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller, acogieron la solicitud planteada por el ministro Fuentes Belmar en el caso de 9 víctimas que se encuentran desaparecidas desde el 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Sergio Contreras, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, José Freire Medina, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Egidio Enrique Paris Roa, Manuel Ramón Castro Zamorano, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala y Fernando Rodríguez Riquelme.

En 2003, la Corte Suprema decidió remitir una solicitud de extradición del procesado por los casos de secuestro de Jaime Antonio Barrios Meza, Daniel Francisco Escobar Cruz, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Juan José Montiglio Murúa, Julio Hernán Moreno Pulgar, Arsenio Poupin Oissel, Julio Fernando Tapia Martínez, Óscar Enrique Valladares Caroca y Juan Alejandro Vargas Contreras, también ocurridos a partir de 1973 en el Palacio de la Moneda.

Los antecedentes de la ampliación de la solicitud de extradición ya fueron remitidos al Ministerio de Relaciones Exteriores para que los remita a Argentina a su tramitación en ese país.

La historia de la búsqueda de Juan José Montiglio Murúa, uno de los jefes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende. Pese a todos los intentos de los servicios de represión de Augusto Pinochet para borrarlo de la historia, la tierra no permitió que desapareciera y 44 años después, reveló la verdad para decirle al mundo que los crímenes no se pueden ocultar para siempre.

Las nubes no tienen intención de abrirse. Cierran de forma espesa el cielo de una fría mañana en Santiago. Es 6 de mayo de 2017 y a las afueras del Servicio Médico Legal en Avenida La Paz hay un grupo de personas esperando reencontrarse con los restos del que fuera uno de sus grandes compañeros. En una mesa de la morgue los espera un pequeño y seco fragmento óseo. Es lo que quedó de Juan José Montiglio Murúa, uno de los jefes del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende.

Ese hueso no mide más de diez centímetros. El fragmento de un cuerpo que se negó a desaparecer, a pesar de todos los intentos de los servicios de represión de Augusto Pinochet para borrarlo de la historia. No bastaron las torturas y las humillaciones, ni que lo dinamitaran con granadas en una fosa luego de fusilarlo. La tierra no permitió que desapareciera y, 44 años después, reveló la verdad para decirle al mundo que los crímenes no se pueden ocultar para siempre.

De un joven estudiante a jefe del GAP

A comienzos de los años 70, Juan José Montiglio era un joven estudiante de Biología del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y militante del Partido Socialista. El 23 de noviembre de 1970, a la edad de 21 años y dos días antes de que naciera su primer hijo, ingresó oficialmente al grupo de seguridad de Salvador Allende, bajo la chapa de “Aníbal Salcedo”.

Era uno de los más jóvenes entre sus compañeros del GAP. Sus cercanos recuerdan que solía ponerse un bigote para verse más viejo. “Parecía un niño chico con bigote”, dice Manuel Cortés, alias “Patán”, uno de sus compañeros del dispositivo de seguridad.

Aunque oficialmente Domingo Blanco Tarrés era el jefe máximo del GAP, la personalidad y entereza de Montiglio lo llevaron a muy corta edad a convertirse en el líder natural del aparato de seguridad. Él fue uno de los que luchó hasta el final junto al Presidente ese frío martes 11 de septiembre de 1973, mientras La Moneda era bombardeada por las Fuerzas Armadas golpistas.

“No me hago la idea de que haya estado como un súper hombre en La Moneda ese día. Debió haber tenido miedo como cualquier ser humano. Ser atacado tan brutalmente, y sin embargo aguantó el chaparrón y estuvo ahí y no se achicó”, dice su compañera Rina Belvederessi, mientras el hueso del talón que se logró identificar está sobre un mantel blanco que oculta la frialdad de la camilla del Servicio Médico Legal.

Tras la muerte de Allende, Montiglio fue tomado prisionero y llevado junto a otras 24 personas al Regimiento Tacna, a 15 cuadras del Palacio de Gobierno que aún seguía incendiándose, dejando en cenizas una de las democracias más estables de América Latina.

En el Tacna los prisioneros fueron obligados a arrastrarse hincados y tenderse boca abajo con los brazos sobre la nuca. Fueron 48 horas en que militares se turnaban para torturarlos. Dos días en que los guardias armados con ametralladoras los amenazaban, y pedían a sus superiores ejecutarlos en el acto. Cada cierto tiempo eran llevados a una oficina del segundo piso del regimiento, donde eran torturados e interrogados por personal del Servicio de Inteligencia Militar.

“Son muchos años de estar ahí aguantando el chaparrón sin haber podido tirar para afuera toda esa pena y no es solo la pena de la muerte. Es pensar lo que vivieron en La Moneda esa mañana terrible, es pensar lo que les hicieron en dos días. Mira el consuelo que tuve por años: ‘por suerte los torturaron solo dos días. Hubo otros a los que los tuvieron por meses así’. Mira el consuelo estúpido. Yo decía ‘no sufrió tanto’, pero sepa Dios qué cosas horribles les hicieron. A qué cosas horrorosas los sometieron durante los dos días”, dice Rina Belvederessi.

Juan Bautista Osses Beltrán, también del GAP, fue uno de los últimos que vio a Montiglio en el Regimiento Tacna y de los pocos sobrevivientes que ha relatado lo que ocurrió ahí.

Osses recuerda que les dijeron que los iban a fusilar ese mismo 11 a la medianoche. “Se pueden levantar de a uno, tomar café y un pan porque después los vamos a fusilar”, fue la estremecedora orden que escucharon. Fue la última vez que Osses vio a sus compañeros.

A las dos de la tarde del 13 de septiembre, algunos prisioneros, entre ellos Montiglio, fueron amarrados de pies y manos con alambres y subidos a un camión militar. De ahí los llevaron al recinto militar Fuerte Arteaga, en el sector de Peldehue, al norte de la comuna de Colina.

Allí los prisioneros fueron puestos al borde de una fosa de unos cinco metros de diámetro y fusilados en grupos de a cuatro. Luego los militares lanzaron granadas para dinamitar los cuerpos. Décadas después un soldado que estuvo esos días en Peldehue, cuenta una escena que deja en evidencia la brutalidad y la magnitud de la matanza: encontró un trozo de oreja humana incrustado entre unos pinos.

Los familiares de Montiglio y de otros 19 prisioneros tuvieron que esperar décadas para enterarse de la terrible verdad.

Lanzados al mar

El penúltimo día de noviembre de 1978 fueron encontrados los cuerpos de 11 campesinos y 4 jóvenes en los hornos de Lonquén. Este hallazgo echaba por tierra la versión oficial de la dictadura, que aseguraba que los desaparecidos se habían escapado del país y que estaban por el mundo desprestigiando al Régimen Militar.

Pinochet sabía muy bien que los detenidos desaparecidos habían sido asesinados y enterrados en fosas a lo largo de todo Chile. Por esto, dio la orden de iniciar la “Operación Retiro de Televisores”, nombre en clave que se dio al desentierro de los cadáveres de prisioneros políticos para posteriormente lanzarlos al mar. Una forma macabra de encubrir las matanzas ocurridas tras el Golpe de Estado.

Luego de que la Mesa de Diálogo entregara una lista de 200 nombres con la supuesta ubicación de sus cuerpos, la esposa de Juan José Montiglio fue notificada de que había sido arrojado al mar, 200 millas marinas hacia el interior, frente a las costas de San Antonio. Sin embargo, a poco andar, se pudo comprobar la falsedad de la información, pues en ese listado aparecían personas que habían sido encontradas, por ejemplo, en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Ese dato abrió una nueva arista en el caso. Es así que se designó a la magistrada Amanda Valdovinos como ministra en visita con dedicación exclusiva, para investigar los crímenes y desapariciones de personas en Peldehue.

En enero de 2002, casi 30 años desde ocurrida la matanza en Peldehue, la ministra Valdovinos logró localizar el lugar exacto donde se encontraba la fosa en que fueron enterrados Montiglio y otros 19 prisioneros, gracias a testimonios de lugareños y ex uniformados que colaboraron voluntariamente en la investigación. El remordimiento comenzaba a atacar las conciencias de algunos testigos de los crímenes.

Ahí quedó en evidencia que la “Operación Retiro de Televisores” no pudo ocultarlo todo. En el lugar se encontraron más de 400 fragmentos óseos esparcidos en una profundidad cercana a los tres metros. Entre ellos un fragmento de un talón.

Tras años de investigación, un análisis de ADN en un laboratorio en Austria logró determinar que ese fragmento de hueso correspondía a Juan José Montiglio, el “compañero Aníbal”.

En su búsqueda, los familiares de Aníbal fueron tras pistas que muchas veces terminaron en nada. Les dijeron que algunos prisioneros habían logrado escapar o que podía estar en una casa de personas que habían perdido la razón, en Puente Alto. Debieron esperar más de cuatro décadas para que finalmente esa fosa les devolviera los restos de su compañero, como si la tierra estuviera «gritando que no se pueden ocultar los crímenes toda una vida”, como dice con la voz entrecortada Alejandra Belvederessi, cuñada de Aníbal, mientras el hueso sobre la mesa del Servicio Médico Legal espera para poder por fin descansar en paz.

“Tengo que decir con mucha fuerza que no hemos encontrado al compañero Aníbal”, dice Lorena Pizarro Sierra, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos a los pies del Memorial del Detenido Desaparecido y del Ejecutado Político, donde se le rinde el último homenaje a Montiglio.

“La historia hay que decirla con la verdad. Estamos encontrando fragmentos óseos de nuestros familiares y le rendimos homenaje y hacemos lo que debemos hacer y lo que ellos se merecen (…) Lo que está ocurriendo es un gesto de dignidad al jefe del GAP. Lo que está ocurriendo es un gesto de amor profundo de la familia de Aníbal de despedir al compañero, al padre, al abuelo.”, dice Pizarro.

por Felipe Avendaño

El ex jefe de la policía chilena Juan Seoane, de 71 años, tiene la sonrisa apacible de los que no tienen nada que perder y una memoria repleta de encuentros con la muerte. Ayer declaro en Roma precisamente sobre uno de sus recuerdos más dolorosos, en calidad de testigo en la desaparición del ciudadano italo-chileno Juan Jose Montiglio Murua, escolta personal del fallecido presidente Salvador Allende.

– Cual era la función de Montiglio en el entorno de Allende

– Pertenecía a la llamada Guardia de Amigos Personales (GAP), una escolta partidista de Allende. Llego muy poco después que yo. Solo llevaba un par de años trabajando cuando se produjo el golpe de Estado. Era un chico muy tranquilo, con bastantes estudios. Se hacía llamar Aníbal. Toda la gente del GAP se hacía llamar por otro nombre.

– Todos fueron detenidos juntos?

– Si. Cuando nos detuvieron pretendían pasar un tanque por encima de todos nosotros. Para eso nos pusieron con los pies sobre la vereda, y los cuerpos en la acera.

– Como se salvaron?

– La gente que estaba enfrente, en el Ministerio de Obras Públicas, empezó a gritar. Entonces el tanque se paró y ordenaron desalojar el Ministerio. Llegaron unos autobuses grises y nos llevaron al regimiento Tacna. Allí nos obligaron a arrodillarnos y nos rodearon con ametralladoras. Nos iban a fusilar.

– Que evito que lo hicieran? –

Los oficiales comenzaron a decir que no era conveniente hacerlo, calmaron al comandante. Nos colocaron en tres filas boca abajo, con las manos detrás de la nuca y los pies cruzados. Hubo simulacros de fusilamientos. El día 12 llegaron unos soldados con unos alambres galvanizados, pinzas y alicates, y empezaron a atarnos a todos de pies y manos. Nos dejaron atados y vinieron unos camiones. Me quedo solo en el suelo, viendo como subían a todos los demás. No recuerdo a Montiglio en particular, pero sí que estaba toda la gente que había sido detenida en La Moneda.

– Como fue su encuentro con Allende antes de que él se suicidara?

– Cuando se fueron los agentes de la Guardia del palacio y cambiaron de bando, el presidente me llamo. Estaba en el salón Toesca, en una mesa grande, sentado sobre la mesa y con los pies colgando. Estaba solo. Me acerque y me dijo que estaba liberado para retirarme junto con todos los funcionarios a mi cargo. Le contesto: “Yo voy a quedarme”. Entonces me dijo: “Estaba seguro de que usted se iba a quedar, porque los viejos robles mueren de pie”. No fue nada grandilocuente, solo una cosa sentida.

– Porque decidió quedarse en La Moneda?

– Uno piensa en ese momento en muchas cosas. Que se ha estado cumpliendo una función, que hay una familia que ha creído en lo que uno decía… Con que cara me iba a presentar a todo el mundo si escapaba? Son decisiones sin vuelta, sin importar lo que vaya a suceder.

– Cree usted que actualmente se prepara una amnistía en Chile?

– Chile es como un avestruz, tiene escondida la cabeza en la arena. Este país no se atreve a decir la verdad.

– Siente que su país le ha traicionado?

– No, como me va a traicionar a mi… Yo creo que este país se ha traicionado a sí mismo. A mí nadie me ha hecho nada, yo me doy con un canto en los dientes por poder estar con vida, por mirarme tranquilo al espejo y ver a mis nietas que me quieren. Con eso me basta. La verdad es una. El tipo que mato, mato. Y el que torturo, torturo. Y no hay vuelta. No se va a cambiar, se va a terminar por olvidar. Va a pasar lo mismo que en España, donde les dieron un reconocimiento a los soldados de la Republica cuando ya no existían. Van a poner nombres a calles cuando la gente ya está olvidada, muerta y acabada.

“Los juicios celebrados en Italia son el espejo de una justicia que no olvida a las víctimas que dieron su vida por la conquista de la libertad en América del Sur” Francesco Mollace, fiscal general ante la Corte de Casación de Roma

Llegué a Roma el 8 de julio por la mañana. Las nueve horas que duró el viaje en tren fueron de ayuda para repasar los antecedentes del Proceso Cóndor que, horas más tarde, iba a presenciar en la Corte de Casación italiana, un equivalente a la Corte Suprema de Justicia de los países latinoamericanos. Minutos antes de las 10 ingresé al Palacio de Justicia, una construcción de dimensiones colosales que combina los estilos neobarroco y tardorenacentista con paredes recubiertas de travertino de un metro de espesura, pasillos de cinco que circundan un patio interior que exhibe un conjunto escultórico de figuras de proporciones hercúleas. Intenté concentrarme y contener el colapso de mis sentidos para encontrar un cartel que me ayudara a conocer la ubicación del Aula Magna donde se desarrollaría el juicio, aunque cualquier cartel en aquella sucesión de columnas jónicas, a la luz de los vitrales en ocre y cristal con voladizos encintados en peltre, que creaban una atmósfera surrealista, pasaría necesariamente desapercibido.

Mientras subía por las enormes escaleras de mármol, pensé en lo que representa este laberinto: emblema de la unificación italiana, símbolo de la era de los imperios, de la época de la formación de los Estados Nacionales con sus ejércitos creados para reprimir de manera coordinada, en cada país europeo, la avanzada del movimiento obrero organizado. Años antes los ejércitos habían sofocado con éxito la toma del poder del Estado comunal de París bajo control obrero, se había promulgado la autogestión de las fábricas abandonadas, creado guarderías y escuelas para les hijes de les obreres, instaurado la laicidad de Estado, obligado a las iglesias y a los vecinos a sumarse a las tareas sociales y sancionado la remisión de los alquileres impagos y la abolición de los intereses de las deudas para palear la miseria producto de la Guerra Franco-Prusiana. Para reprimir la toma de la Comuna de París (1871) los ejércitos francés y prusiano se aliaron dejando un saldo de 30 mil obreres muertos, 40 mil detenidos deportados a los Campos de las Colonias de Nueva Caledonia, y hubo cerca de 14 mil ejecuciones entre hombres, mujeres y niñes. El remate fue el diseño de una estrategia superadora de la 1era Guerra: una matanza de obreros en manos de obreros alistados bajo distintas banderas.

Tuve la certeza de que lo que estaba por ocurrir ese día en el Palacio de Justicia, marcaría un hito en la caída de aquel modelo de institucionalidad, el cual ya viene desmoronándose como aquel edificio, tan pesado, tan excesivo, construido sobre suelos aluviales y apodado despectivamente por los romanos como il Palazzaccio. La metáfora fue ineludible. Allí se estaba probando la existencia del Plan Cóndor, cuya naturaleza fue la coordinación de los ejércitos de las dictaduras latinoamericanas para la persecución, secuestro, tortura y desaparición de la oposición política en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. Dos años antes, el 8 de julio de 2019, la Corte de Apelación de Roma había declarado culpables y condenado a prisión perpetua a 24 represores.

Ingresamos al Aula Magna. Los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos tenían asignadas las tribunas ubicadas a la izquierda del tribunal, la prensa a la derecha. Elsilencio era rotundo. Abajo, por una puerta de mármol con cortinas de terciopelo, ingresaron los miembros de la Corte de Casación, tribunal de última instancia en los procesos de la Justicia Italiana. La Corte fue presidida por una jueza, quien ocupó el lugar detrás de un macizo y tallado escritorio del que se prologaban, como dos largos brazos también de madera, los escritorios de los jueces dispuestos en sillones proporcionados al mobiliario. A la derecha, en un púlpito se encontraba el fiscal general, y atrás, en sillas bastante alejadas unas de otras, los abogados de la querella y de la defensa. Todos bajo una rigurosa toga negra y con barbijos. El calor era aplastante y lo acentuaban, aún más, los rayos de sol entrando por los enormes vitrales. La secretaria comenzó la lectura de los términos jurídicos de lo que a continuación relataré en esta crónica.

Una cronología necesaria

La denuncia de la denominada causa Plan Cóndor fue presentada en 1999 por los familiares de las víctimas uruguayas, quienes ante la falta de respuesta institucional en su país de origen, impulsaron la búsqueda de verdad y justicia en Italia. Por aquel entonces en Latinoamérica estaban en vigencia las leyes de impunidad o amnistía como la Ley de Caducidad en Uruguay (1986), las Leyes de Obediencia Debida (1986), Punto Final (1987) y los Indultos (1989-1990) en Argentina. El arresto de Augusto Pinochet en Londres en 1998, por orden del juez español Baltasar Garzón, por los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas, abrió las puertas para conseguir justicia
en los tribunales transnacionales. Así se fueron sumando otros denunciantes, de distintos países quienes fueron aportando documentos, buscando testigos, haciendo una detallada reconstrucción de los hechos y localizando los domicilios de los denunciados para que fueran detenidos o notificados.

Las pruebas recolectadas y 140 indagados pusieron en evidencia la articulación entre las fuerzas represivas de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. En 2007 la jueza que intervino a pedido de la fiscalía emitió una orden de arresto contra todos los acusados. De los más de 140 imputados, sólo llegaron a juicio 33 entre militares y civiles. De los 33, 14 fueron condenados. Muchos murieron, otros cumplen condena en sus respectivos países, otros tienen pedido de captura en Interpol. En 2013 la fiscalía presentó la acusación formal que dio inicio al juicio en febrero de 2015 donde se celebraron más de 60 audiencias en las que se escucharon las declaraciones de familiares, testigos y expertos, investigadores, periodistas e historiadores que ayudaron a comprender el contexto político de la época para comprender los alcances de la coordinación represiva. Todos los acusados se negaron a comparecer. En 2017 la Corte en primera instancia absolvió a la mayoría de los acusados por falta de pruebas.

El criterio del tribunal para dicha sentencia se basó en la condena a los imputados que formaron parte de los altos mandos de la jerarquía militar, mientras que a los de rango intermedio o bajo, por considerarlos simples subordinados, resolvió absolverlos. Fueron condenados a prisión perpetua 7 militares entre chilenos, bolivianos y peruanos y un civil, el ex canciller de la dictadura uruguaya Juan Carlos Blanco por los homicidios perpetrados en Argentina contra Daniel Banfi, Bernardo Arone, Gerardo Gatti, María Emilia Islas y Juan Pablo Recagno. A pesar de este duro golpe, quedó sentado el reconocimiento, en instancia judicial de un país europeo, de la existencia de la coordinación conjunta de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Organizaciones Paramilitares con sus correspondientes estructuras, entre las dictaduras de Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay, para ejecutar de manera articulada y sistemática el secuestro, tortura y desaparición de los opositores políticos bajo elparaguas del Plan Cóndor.

Con el recurso de apelación resuelto el 8 de julio de 2019, el tribunal habilitó la presentación de nuevas pruebas. De este modo fue posible constatar la creación y el funcionamiento de una oficina en el Cuerpo de Fusileros Navales de Uruguay conocida como La Computadora, encargada de un sofisticado sistema de inteligencia que sistematizaba toda la información obtenida bajo tortura de las personas secuestradas. Quien se encargaba de la misma era el militar uruguayo Jorge Tróccoli Fernández, quien había sido absuelto en 2017 por ser considerado un cuadro intermedio. La nueva instancia del debate abierta por la Corte de apelación permitió entonces revertir aquella sentencia, no sólo por semejante hallazgo, sino porque se tomó como probatoria la evidencia que había sido desestimada por la Corte en primera instancia, considerando que debido al perfil de los acusados, las tareas que llevaron a cabo, la articulación de la información y su utilización para llevar adelante la actividad represiva a gran escala, debían necesariamente contar con autonomía en la decisión de los tiempos, los lugares y los blancos, con espíritu de iniciativa y con la capacidad para encarar los imprevistos para asegurarse el éxito de la operación. Todos los acusados fueron condenados a la máxima pena, con resarcimientos económicos de van de los 10 mil al millón de euros, a excepción de Ricardo Eliseo Chávez
Dominguez, quien resultó absuelto.

El juicio del Proceso Cóndor

El Proceso Cóndor, nombre dado por la Justicia Italiana a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras cívico-militares latinoamericanas articuladas por el Plan Cóndor entre los años 70 y 80, tuvo lugar en Italia en principio porque la totalidad de las víctimas de origen boliviano, uruguayo, chileno y argentino, eran además ciudadanos italianos. Esto permitió a la Corte de Roma iniciar la investigación sobre los homicidios perpetrados a sus ciudadanos fuera del país. Así lo determina la ley, al igual que el hecho de realizar el juicio in absentia de los acusados, como ya había sucedido en 1989 con la primera investigación iniciada por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por la desaparición de su hija y sunieto, entre otros desaparecidos ítalo-argentinos. En aquella oportunidad fueron declarados culpables con la máxima pena siete represores argentinos.

Luego se produjo una segunda investigación por desapariciones ocurridas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la cual finalizó en 2007. Entre los militares condenados en esta instancia, 24 en total, se encontraban dos militares bolivianos los cuales, aun fallecidos, conocieron las sentencias condenatorias a cadena perpetua. Luis Arce Gómez y Luis García Meza fueron parte del último golpe militar en Bolivia el 17 de julio de 1980. Los golpes en Bolivia contaron con el apoyo económico y logístico de la dictadura argentina cuyo régimen apoyó con estrategas del terror y paramilitares, durante la preparación del golpe y en los meses que duró el gobierno de facto. El régimen de García Meza, Arce Gómez y sus colaboradores fueron juzgados en el juicio de responsabilidades que duró casi 9 años y que fue tercamente impulsado por las víctimas y por las organizaciones sociales. Fueron sentenciados por la Corte Suprema el 21 de abril de 1993 a la pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto, por ocho grupos de delitos: el genocidio perpetrado en la calle Harrington, asesinatos, crímenes de lesa humanidad, torturas, corrupción y negociados.

Ambos militares escaparon del país para evitar cumplir su condena. Luis Arce Gómez, quien fuera Ministro del Interior y Jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto del Ejército Boliviano, falleció en marzo de 2020. Previamente recibió una condena de 25 años por narcotráfico en Estados Unidos, fue deportado a Bolivia en 2009 y cumplió apenas un tercio de los 30 años a los que fue condenado en 1993 por el genocidio de la calle Harrington de Sopocachi y por su participación en los secuestros, torturas y desapariciones de más de 30 personas. El otro acusado, Luis García Meza, fue presidente de facto de Bolivia desde el 17 de Julio de 1980 hasta su renuncia el 4 de Agosto de 1981. Como el resto de los acusados, él también apeló a todos los recursos para retardar el juicio y dilatar el proceso. Presentó una lista de 432 testigos y antes de que sedictara la sentencia, escapó a Brasil. Fueron los familiares de las víctimas quienes una vez más lograron su extradición a Bolivia en 1994. Desde ese año recurrió a una serie de artimañas para incumplir su sentencia en la cárcel de Chonchocoro y estuvo la mayor parte de su sentencia cobijado en una suite del Hospital Militar Cossmil. Finalmente falleció en abril de 2018.

Arce Gómez, fue señalado por la Dra.Nila Heredia Miranda, detenida-desaparecida y torturada en 1976 por la dictadura de Hugo Banzer (1971-1978), como uno de los responsables de sistematizar el intercambio de información y los traslados de militantes políticos entre los que se encontraba su esposo Luis Stamponi, perteneciente al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y que, luego de ser detenido en Bolivia fue entregado a la dictadura argentina. Stamponi aún permanece desaparecido. Heredia Miranda, actualmente miembro de la Asociación de Familiares de Desaparecidos (ASOFAMD) y Presidenta de la Comisión por la Memoria de Bolivia, declaró que durante la dictadura de García Meza (1980-1981), Luis Arce Gómez estaba a cargo de la represión en su país y que la misma fue organizada por grupos paramilitares argentinos. De aquellos
grupos participaban también ciudadanos italianos y alemanes vinculados al narcotráfico.

Respecto a Uruguay, el proceso se retrotrae a 4 meses antes del Golpe de Estado de Juan María Bordaberry, momentos de la constitución del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA). Este organismo estaba compuesto por el Presidente, los ministros de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y junto a los jefes de las Fuerzas Armadas impartía directivas a los servicios de inteligencia relativas a las operaciones de los grupos de tareas militares y paramilitares de Uruguay y Argentina. El COSENA fue clave en la violenta represión a los opositores políticos de la dictadura. Bordaberry y Blanco fueron condenados en su país en 2006, por el asesinato de Zelma Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw (Buenos Aires, 1978).

El militar Jorge Tróccoli Fernández fue condenado por el secuestro, desaparición y muerte de seis ciudadanos de origen ítalo-uruguayos y de 20 uruguayos pertenecientes en su mayoría al Grupo de Acción Unificada (GAU). Asimismo quedó probada su participación en el Circuito Camps y en el Comando de Operaciones Tácticas de Banfield y Quilmes, centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes. Los planes de vuelo entregados por el gobierno de Uruguay confirman, por un documento de la Armada, los pasajes de los interrogatorios bajo tortura de Julio D’Elía Pallares, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo, Alberto Corch Laviña, Guillermo Sobrino y Alberto Moyano Santander. Todos desaparecidos en Buenos Aires en 1977. El sistema represivo en Uruguay estaba a cargo del Servicio de Información de la Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Los testimonios de los sobrevivientes del Pozo de Quilmes, así como en los documentos de la COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP), señalan la presencia en interrogatorios y torturas de los miembros de la OCOA. El represor uruguayo José Gabazo admitió en su declaración en este juicio, que actuaban de manera coordinada en operaciones de inteligencia y en su diseño tanto en territorio argentino como uruguayo, teniendo como base el centro clandestino de detención Automotores Orletti.

El pasado 1 de Julio de 2021 la justicia italiana confirmó la prisión perpetua de los represores chilenos Rafael Ahumada Valderrama, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan por la desaparición de dos ciudadanos ítalo-chilenos, Juan José Montiglio y Omar Venturelli. Los abogados de la defensa no presentaron el recurso de apelación, por lo que la condena quedó firme. Los tres represores chilenos habían sido procesados “en ausencia”, junto a otros militares latinoamericanos, por este motivo luego de las condenas definitivas la justicia italiana pidió a Chile el arresto provisorio de los condenados a la espera de la extradición.

El pedido de extradición es un proceso complejo, difícil de concretar para algunos expertos, puesto que los tratados varían de un país a otro. En lo que respecta a Italia es una decisión política a cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional. Como antecedente, la extradición de otros militares chilenos solicitada por la justicia de Francia fue negada por la justicia chilena en 2013. En este sentido, los militares chilenos procesados y condenados, están cumpliendo condena en sus domicilios. Algo similar ocurre en Uruguay donde los represores cumplen condena en una cárcel VIP construida especialmente para alojarlos.

Las derivaciones del alegato

Ante esta situación, el fiscal general Francesco Mollace, sostuvo que la justicia italiana juzga a los ciudadanos, por lo que existen dos caminos en relación a los acusados: “se extraditan o se juzgan”. Entre los fundamentos expuestos por el fiscal ante la Corte de Casación, dos sientan las bases para definir el destino de los imputados argentinos que aún continúan en libertad en suelo italiano, Carlos Malatto y el sacerdote Franco Reverberi, ambos prófugos de la justicia argentina. Otro fundamento refiere a la condena del militar uruguayo Jorge Tróccoli Fernández, a quien finalmente el Estado uruguayo pidió condenarlo. Otro de los puntos fue el denominado “Concurso en Homicidio”, según el cual todos los participantes en la ejecución de un homicidio, aunque no hayan sido los ejecutores materiales, a sabiendas de que existía la mínima posibilidad que las acciones emprendidas podían derivar en la muerte de la víctima, son culpables ya que contribuyeron a que el homicidio se consumara. Este punto es de particular importancia puesto que sienta precedente para determinar la responsabilidad tanto de los altos mandos militares como de los intermedios, y de su participación voluntaria en la persecución y en los secuestros seguidos de torturas, desapariciones y homicidios.

La jornada del pasado 8 de julio se extiendió a lo largo de 11 horas con dos intermedios de 15 minutos y un último de 30. En este último y, para sorpresa de todos los presentes, la Corte tuvo que decidir si suspendía o no la audiencia. El fiscal general advirtió la falta de los certificados de defunción de dos represores peruanos, quienes habían sido condenados por el secuestro y desaparición de Stamponi, por la Corte de Apelación en 2019, cuando aún estaban con vida. Ante la posibilidad de la suspensión, la sala se colmó de bronca, decepción y enojo. Finalmente el tribunal decidió separar el caso y continuar la audiencia el día siguiente. El día de la lectura de la ratificación de la sentencia muchos familiares ya no estaban. Aún así no ahorraron agradecimientos y abrazos a sus abogados Andrea Speranzoni, Giancarlo Maniga, Arturo Salerni, Alicia Mejía, Mario Angelelli, Alessia Liistro, al fiscal general Francesco Mollace, y al apoderado de los familiares y miembro de la ONG 24 de Marzo, Jorge Ithurburu.

De los 24 condenados en la Corte de Apelaciones de 2019, solo llegaron a la sentencia de este juicio, 20 imputados. Seis murieron, entre ellos los militares peruanos y 14 recibieron la condena a prisión perpetua. Tres militares chilenos: Daniel Aguirre, PedroEspinoza, Carlos Luco Astrosa. Once uruguayos, entre ellos el civil Juan Carlos Blanco -ex ministro de exteriores de la dictadura uruguaya-, José Arab Fernández, Juan Carlos Larcebeau, Pedro
Mato Narbondo, Ricardo Medina Blanco, Ramas Ernesto, José Sande Lima, Jorge Quesada, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli Fernández y Giberto Bissio, Nueve de ellos operaron en el CCD Automotores Orletti de Buenos Aires.

El 10 de julio de 2021, un día después de la sentencia, Jorge Tróccoli Fernández, de 72 años, fue arrestado en Nápoles cuando salía del Hospital de Battipaglia por dos carabineros del ROS di Roma, grupo de elite que cumple las funciones de arresto de la mafia. Pasará los últimos días de su vida en una cárcel de máxima seguridad, los dos primeros años con reclusión diurna.

Las víctimas

Argentina
Guillermo Alfredo Tamburini, secuestrado en Buenos Aires junto a su esposa el 16 de julio de 1976; Luis Stamponi Corinaldesi y su madre, Mafalda Corinaldesi de Stamponi, siendo el primero secuestrado en Bolivia el 28 de septiembre de 1976 antes de ser trasladado en Argentina y posiblemente a Uruguay y la segunda secuestrada en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1976 luego de su viaje a Bolivia en busca de su hijo; José Alejandro Logoluso Di Martino y Dora Marta Landi Gil, secuestrados en Paraguay el 29 de marzo de 1977; Lorenzo Ismael Viñas Gigli, secuestrado en la frontera Argentina/Brasil el 26 de junio de 1980; y Horacio Domingo Campiglia Pedamonti, secuestrado el 12 de marzo de 1980 en Rio de Janeiro.

Chile
Juan José Montiglio Murua, secuestrado en Santiago de Chile el 11 de setiembre de 1973; Omar Roberto Venturelli Leonelli, secuestrado en Chile el 4 de octubre de 1973; Jaime Patricio Avendaño, secuestrado en Santiago el 5 de mayo de 1976; María Cecilia Magnet Ferrero de Tamburini, secuestrada en Buenos Aires junto a su esposo Guillermo Tamburini el 16 de julio de 1976 y Giovanni Maino Canales, secuestrado en Chile el 16 de septiembre de 1976.

Uruguay
Daniel Álvaro Banfi Baranzano, única víctima del juicio cuyo cuerpo fue encontrado el 30 de octubre de 1974,Gerardo Gatti, secuestrado en Buenos Aires en junio de 1976, Armando Bernardo Arnone Hernández, Juan Pablo Recagno Ibarburu, María Emilia Islas de Zaffaroni, lostres secuestrados a fines de setiembre e inicios de octubre de 1976 en Buenos Aires; Andrés Humberto Domingo Bellizzi, secuestrado el 19 de abril de 1977; Julio César D’Elía Pallares, Yolanda Iris Casco de D’Elía, Ileana Sara María García Ramos de Dossetti, Edmundo Sabino Dossetti Techeira, Raúl Edgardo Borelli Cattaneo y Raúl Gámbaro Núñez, todos secuestrados entre el 21 y el 27 de diciembre de 1977 y Héctor Orlando Giordano Cortazzo, secuestrado

(*) Periodista de investigación y editora. Se especializó en estrategias de la comunicación y gestión de la información. En Argentina editó libros y revistas sobre Independencia Tecnológica, Desarrollo Industrial y Soberanía Política como fundamentos para el desarrollo económico y social.

El fiscal italiano Giancarlo Capalbo, que abrió una investigación contra Augusto Pinochet, ha llegado a Chile para recopilar antecedentes sobre cuatro ciudadanos ítalo-chilenos desaparecidos entre 1973 y 1976 en este país.

 El diario electrónico Primera Línea informa de que el fiscal, quien se encuentra desde el domingo en Santiago, se entrevistará con el juez Juan Guzmán, que investiga más de 260 querellas contra Pinochet. Capalbo es instructor de la causa que un tribunal de Roma abrió por la desaparición de Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Juan Patricio Donato Avendaño y en la que se investiga la participación de Pinochet.

En el informe que las Fuerzas Armadas chilenas entregaron en enero pasado al presidente del país, Ricardo Lagos, sobre los detenidos desaparecidos, Montiglio Murúa y Donato Avendaño figuran como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio, a 109 kilómetros al suroeste de Santiago. En la capital chilena, el fiscal italiano se ha reunido con allegados a las víctimas y la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y también tiene previsto hacerlo con un grupo de abogados de derechos humanos y con algunos testigos.

La investigación del caso se inició en 1998, después de que el senador del Partido Verde de Italia Stefano Boco solicitara el esclarecimiento de la muerte del ex sacerdote Venturelli, desaparecido tras ser encarcelado en Temuco el 4 de octubre de 1973. En julio del año pasado, Capalbo envió a la Corte Suprema chilena un exhorto dirigido a Pinochet en el que se pedía al ex gobernante de facto que designara a un abogado en la causa, solicitud que el máximo tribunal rechazó el 3 de agosto. Los diputados socialistas chilenos Carlos Montes e Isabel Allende viajaron a Roma y prestaron declaración ante el acusador público en la causa.

El juez italiano encargado del proceso contra Alfonso Podlech, ex fiscal militar durante la dictadura chilena (1973-1990) y acusado de la desaparición del ex sacerdote Omar Venturelli en 1973, ha denegado la petición de arresto domiciliario presentada por la defensa alegando motivos de salud.

El juez ha estimado que las condiciones de salud de Podlech permiten su permanencia en el penitenciario romano de Rebibbia, donde se encuentra detenido, ha informado hoy Maria Paz Venturelli, hija del ex religioso desaparecido.

En la última audiencia del pasado 3 de noviembre, precisó Venturelli, la defensa había presentado una instancia por motivos de salud para que el tribunal permitiera el traslado del ex fiscal militar.

Sin embargo, la Corte analizó la petición, así como los informes presentados por ambas partes, y desestimó autorizar el arresto domiciliario.

La próxima audiencia ha sido fijada para el 1 de diciembre de este año.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973-1990), entre ellos el ex religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.

Podlech Michaud, de 75 años, fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades italianas y, el 13 de agosto el ex fiscal militar fue extraditado a Italia desde España y encarcelado en la prisión de Rebibbia (Roma).

Durante la dictadura chilena, cuatro ciudadanos ítalo-chilenos desaparecieron: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

En julio de 2006, la familia del ex sacerdote presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese año, y contra Podlech, quien ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Omar Venturelli Leonelli, ex cura que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, a 672 kilómetros de Santiago, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro.

Un documento firmado por Alfonso Podlech señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

El ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud conserva el cargo de “primer miembro” del Tribunal Calificador de Elecciones de Temuco, aunque está preso y sometido a proceso en Italia desde hace más de seis meses. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la Araucanía solicitó la destitución del ex fiscal de ese organismo electoral. Podlech fue detenido en Madrid el 27 de julio de 2008, mientras viajaba de vacaciones por Europa. Fue extraditado a Roma el 13 de agosto por el fiscal Giancarlo Capaldo, que investiga la desaparición en Chile de Omar Venturelli Leonelli, un ex sacerdote ítalo-chileno detenido en 1973 por órdenes de Podlech, cuando oficiaba como fiscal militar en Temuco.
Además del caso Venturelli, Podlech tiene responsabilidad en otros secuestros, asesinatos y/o desapariciones de detenidos por la dictadura en Temuco, como el médico Hernán Henríquez Aravena, Alejandro Flores y el dirigente socialista Jécar Neghme Cornejo, padre de Jécar Antonio Neghme Cristo, dirigente del MIR, asesinado en Santiago en 1989.

La justicia a veces llega…

Al parecer, el abogado Alfonso Podlech decidió pasar el invierno chileno de 2008 en Europa, sin saber que su nombre aparecía entre 140 “extraditables” encargados por la justicia romana por crímenes de lesa humanidad en Chile, Argentina y Uruguay.
Entre otras desapariciones y muertes de italianos en Chile, el fiscal Giancarlo Capaldo investiga la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan José Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.
El pasado 6 de febrero los tribunales italianos denegaron por cuarta vez el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Podlech desde su extradición desde España. El ex fiscal militar se encuentra en una cárcel de Roma, a la espera del cierre del sumario y el comienzo de un juicio por la desaparición de Omar Venturelli, proceso que también sacará a la luz pública otros crímenes.
Aún no se conoce la fecha en que el fiscal Capaldo cerrará la fase de investigación. Pero cualquier otra solicitud de arresto domiciliario sólo conseguirá aplazar un juicio que es inevitable, según opinión del abogado Giancarlo Maniga, representante de Fresia Cea, viuda de Venturelli.

Tribunal Electoral de amigos

El Tribunal Electoral de la IX Región, entretanto, ha venido funcionando sin Podlech. Lo subroga el primer suplente, Renato Maturana Burgos. El tribunal tiene como presidente titular al magistrado Julio César Grandón Castro, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco; en tanto el también ministro Leopoldo Llanos Sagrista se desempeña como presidente suplente. Los dos ministros han ratificado sentencias de prisión en varios casos de violaciones de derechos humanos.
Además del primer suplente, Renato Maturana, hay un segundo titular, el abogado Ramón Diez Morillo, quien tiene como suplente al DC Hugo Ormeño Melet. El secretario relator es Andrés Vera Schneider.
Los abogados Podlech, Maturana, Ormeño y Luis Mercarini tuvieron durante años oficinas contiguas en un edificio céntrico de Temuco. El abogado Mercarini es el único de los cuatro que no pertenece al Tribunal Electoral, pero ha tenido una trayectoria como defensor de derechos humanos, al igual que Renato Maturana Burgos y su hermano Víctor.
El Tribunal Calificador de Elecciones es una instancia del Poder Judicial reinstalada en 1987, de cara al plebiscito de 1988. Se rige por los artículos 95 y 96 de la Constitución de 1980, la carta fundamental dictada por Pinochet, y por la ley orgánica constitucional Nº 18.480, de 1985, también “aprobada” en la sede del gobierno dictatorial, cuando el “poder legislativo” estaba a cargo del almirante José Toribio Merino.

Situación anómala

Desde la detención de Podlech en Roma, el Tribunal Electoral de la IX Región ha celebrado numerosas audiencias. Pero sólo en una abordó su detención.
“Los miembros del Tribunal percibirán una remuneración equivalente a cuatro unidades tributarias mensuales -UTM, equivalente a 37.163 pesos ó 62 dólares, a febrero de 2009- por cada audiencia a que concurran, con un máximo por cada mes calendario de veinte unidades tributarias mensuales”, reza el artículo 14 de la ley orgánica. Esto significa 248 dólares o 150.000 pesos por una hora de trabajo. Pero la canonjía es elástica y en los años de elecciones la remuneración mensual puede ascender a 88 UTM, es decir, 5.456 dólares en algunos meses.
Los familiares de las víctimas de Temuco aseguran que Podlech se hizo rico desde 1973, pero que ha traspasado casi todos sus bienes a testaferros y familiares. El fiscal Capaldo recibió información sobre dos

Roma.- La segunda audiencia del primer juicio por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en 1973, cuya responsabilidad fue supuestamente del ex fiscal militar durante la dictadura chilena Alfonso Podlech Michaud, finalizó hoy en Roma con la negación de su custodia fuera de la cárcel.

Así lo confirmaron a Efe los abogados de la acusación, Marta Vigola y Giancarlo Maniga.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italo-chilenos durante la dictadura militar (1973-1990), entre ellos el ex religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.

Podlech Michaud fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades italianas y el 13 de agosto el ex fiscal militar durante la dictadura chilena fue extraditado a Italia desde España y encarcelado en la prisión de Rebibbia (Roma).

Ante las peticiones de los abogados defensores, los jueces debatieron hoy si Podlech, de 75 años, podría obtener el arresto domiciliario o vivir en una casa tutelada, a lo que la acusación replicó que el ex fiscal podría huir.

La abogada de la acusación, Marta Vignola dijo a Efe que si el tribunal le otorgaba el arresto domiciliario "existía el peligro de huida a Chile" donde Podlech donde no está perseguido por la justicia con el agravante "de la posibilidad de modificación de pruebas".

Durante la dictadura chilena, cuatro ciudadanos ítalo-chilenos desaparecieron: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

En julio de 2006, la familia del ex sacerdote presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, y contra Podlech, quien cuando se produjo la desaparición ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Omar Venturelli Leonelli, ex cura que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Venturelli, que entonces tenía 31 años, estaba casado y era padre de una niña, fue trasladado posteriormente hasta la cárcel de Temuco, a 672 kilómetros de Santiago, donde fue visto por otros presos hasta el 4 de octubre de ese mismo año, fecha en que se pierde su rastro.

Un documento firmado por Alfonso Podlech señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

La mujer y la hija de Venturelli asistieron hoy al juicio, cuya próxima audiencia se celebrará el 9 de diciembre.

Por considerar que no están conectados con el delito principal de la causa, el secuestro permanente, el juez a cargo de investigar la remoción de cuerpos desde el Regimiento Peldehue en 1978 prescribió la acción judicial en contra de miembros en retiro del Ejército.

La decisión de Juan Eduardo Fuentes se aplicó en el caso ocurrido en 1978, que de acuerdo a las denuncias de agrupaciones de derechos humanos corresponde a los cuerpos de los ex asesores del Presidente Salvador Allende que fueron detenidos en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

El dictamen deja sin efecto los procesamientos que pesaban sobre los suboficiales en retiro Fernando Remigio Burgos Díaz, Sergio Antonio Medina Salazar, Isidro Custodio Durán Muñoz y el oficial retirado José Jaime Darrigrandi Marques, todos del Ejército.

El fallo sostiene que el hecho constituye una infracción al artículo 144 del Código Sanitario y no tiene el carácter de "crimen o delito de lesa humanidad".

Los procesamientos dejados sin efecto correspondían a la presunta remoción de los restos del ex gerente del Banco Central Jaime Barrios Meza, el intendente de Palacio Enrique Huerta Corvalán; el dirigente del PS Claudio Jimeno Grendi; el dirigente comunista Georges Klein Pipper; el ex subsecretario general de Gobierno Arsenio Poupin Oissel y del ex jefe de gabinete de la Subsecretaría del Interior Daniel Escobar Cruz.

A ellos se suman, de Oscar Lagos Ríos, Juan Montiglio Murúa, Julio Moreno Pulgar, Julio Tapia Martínez, Oscar Valladares y Juan Vargas Contreras, todos miembros del Grupo de Amigos del Presidente y militantes del Partido Socialista.

A fines de 1969 se realizó el cónclave en que la coalición de izquierda Unidad Popular, que agrupaba a socialistas, comunistas, radicales y otras organizaciones menores, designó al senador Salvador Allende, de 62 años, por cuarta vez como su abanderado presidencial. Éste debía enfrentar a dos fuertes contendores: Jorge Alessandri Rodríguez, candidato del Partido Nacional, y Radomiro Tomic de la Democracia Cristiana.

La marcha de la campaña fue revelando que Allende acrecentaba sus posibilidades de alcanzar la primera magistratura. Esto acarreaba grados crecientes de polarización, que se denotaban en las concentraciones, marchas y otras actividades donde las aglomeraciones de gente y las rivalidades iban creando situaciones que ponían en riesgo la integridad física del abanderado izquierdista.

En ese momento, el candidato de la Unidad Popular tenía un automóvil Peugeot, que no era muy adecuado para trasladarse a las regiones agrarias, donde los caminos estaban en mal estado. Enrique Huerta Corvalán (“Kique”), amigo de la familia Allende, especialmente de Taty, poseía un taxi americano que no había usado, porque él había permanecido fuera de Chile. En una reunión, Taty comentó que su padre no disponía de un auto adecuado para la campaña, Enrique le dijo que él estaba dispuesto a prestar su automóvil. Allende dio su aprobación y Enrique Huerta comenzó a trabajar como su chofer.

En la mayoría de las actividades de la campaña electoral, el candidato de la Unidad Popular era acompañado por su secretario privado, Osvaldo Puccio (padre); en algunas oportunidades también iban con él, Jaime Suárez, Augusto Olivares (“Perro”), Eduardo Paredes (“Coco”). Estas personas tenían con Salvador Allende una amistad personal. Fueron ellos los que en forma artesanal comenzaron a efectuar un rudimentario servicio de protección personal.

Algunos amigos del candidato, como “Coco” Paredes y el “Perro” Olivares, eran fogueados cuadros socialistas. Manejaban las técnicas de chequeos y contra chequeos, que les permitían constatar si eran víctimas de seguimientos o de otras formas de vigilancia. Aunque las actividades electorales se realizaban con normalidad, a medida que se acrecentaban las posibilidades de una victoria allendista, en este grupo de amigos surgió el miedo a un atentado, principalmente durante los desplazamientos a provincias. La frase que constantemente repetían para mostrar su preocupación era: “Alguien tiene que cuidar a Allende que anda con el puro Enrique”.

Así, ante el temor de un ataque, surgió la necesidad de crear una organización que brindara al candidato una efectiva protección personal. Taty era la más interesada en que se materializara ese grupo, ya que en sus viajes a La Habana había comprobado la eficiencia que tenían los cubanos en esa materia.

Cuando los cercanos de Allende analizaron la situación, coincidieron en que resultaba necesario contactar a los miembros del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN-B), ya que el Partido Socialista no tenía muchos cuadros militarmente preparados. El Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (ELN-B) fue creado por el comandante Ernesto Che Guevara en la sierra boliviana el 25 de marzo de 1967. Poco después y para colaborar en ese esfuerzo se creó la sección chilena. Su líder fue el periodista Elmo Catalán. En su mayoría estaba formado por militantes del PS. Actuaba en la práctica como una fracción del partido. Los amigos más cercanos de Allende conocían a los “elenos” (miembros del ELN-B, sección chilena) desde la época en que éstos eran estudiantes de medicina. Taty había entablado una amistad sincera con ellos y en algunas ocasiones desarrollaba actividades en la unidad de apoyo logístico de la organización.

A mediados de 1970, desde las sierras bolivianas retornó al país un grupo de chilenos que habían participado en el foco guerrillero de Teoponte. Entre ellos destacaba un joven llamado Francisco Gómez, cuyo nombre de batalla en el grupo era “Fernando”. Él había sido jefe de seguridad del oficial de Tropas Especiales del Ministerio del Interior de Cuba, Dariel Alarcón Ramírez (Benigno), uno de los sobrevivientes del grupo de guerrilleros que lucharon en Bolivia al mando de Ernesto Che Guevara. “Fernando” fue especialmente entrenado como guardaespaldas; era eximio tirador y experto en artes marciales. Junto a Benigno recorrieron Europa y Latinoamérica, realizando misiones confidenciales encargadas por la máxima dirigencia cubana, entre ellas, el traslado clandestino de ambos, hasta las sierras bolivianas, para continuar la insurgencia guerrillera del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia.

Estimamos que por la experiencia que poseía “Fernando” como escolta, fue comisionado por “Agustín”, comandante del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, sección chilena, para trabajar con Allende, con el fin de implementar el primer servicio profesional de seguridad.

Al comienzo actuaban solamente “Fernando” y “Kique” (Enrique Huerta Corvalán), ayudados por los amigos del candidato que lo acompañaban en sus presentaciones de campaña. Luego se les sumaron: 1) “Carlos Álamos” (Jaime Sotelo), ex dirigente de los trabajadores del cobre del mineral de El Salvador. En 1966, éste había sido encarcelado por su participación en los sucesos que terminaron con la muerte de varios obreros del mineral. Cuando salió de prisión se unió a los “elenos”. Posteriormente viajó a Cuba donde fue entrenado en combate rural y urbano. 2) “Luisito” (Félix Vargas Fernández), de familia minera de Copiapó, miembro del Partido Socialista y eleno, combatió en Bolivia; tuvo activa participación en el rescate de los guerrilleros cubanos que escapaban después de la muerte del Che Guevara. 3) “Bruno” (Domingo Blanco Tarres), y 4) “Manuel” (Enrique Ramos), joven obrero, socialista y eleno, fue edecán civil del Presidente Allende. Los primeros miembros del GAP son elenos, muchachos aún, algunos pertenecían al Partido Socialista. Los cerebros del GAP fueron, además de la hija del Presidente (Taty), “Coco” Paredes, “Agustín” y Rolando Calderón.

Las primeras actividades de custodia fueron los círculos para evitar que en algún tumulto Allende resultara agredido; mantener vigilancia sobre el auto en el que se movilizaban; cuando permanecía estacionado, tratar de detectar si eran objeto de seguimientos, y controlar las comidas y bebidas degustadas.

Poco tiempo después aparecen en escena los militantes del MIR.

La revolución cubana en 1959 y la derrota electoral de Salvador Allende en 1964 impulsaron un proceso de radicalización de importantes sectores de la izquierda chilena.

En 1964, un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad de Concepción, militantes de la Federación Juvenil Socialista (FJS), se retiraron de la organización y formaron la Vanguardia Revolucionaria Marxista (VRM). Al año siguiente, los días 14 y 15 de agosto de 1965, se realizó el Congreso de Unidad Revolucionaria. Asistieron un centenar de delegados, los que aprobaron una serie de tesis políticas, eligieron un Comité Central de 21 miembros y designaron como jefe al Dr. Enrique Sepúlveda. Había surgido el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Su principal objetivo era organizarse “para ser la vanguardia marxista leninista de la clase obrera y de las masas oprimidas y explotadas de Chile, que buscan romper sus cadenas de más de 150 años, luchando por la emancipación nacional y social que las conducirá al socialismo y al comunismo”. En el punto quinto de la declaración fundacional se proponía “una audaz política revolucionaria capaz de oponer a esta cínica violencia imperialista una viril y altiva respuesta de las masas armadas…”. El nuevo movimiento era sumamente claro en sus postulados, se autodefinía como la vanguardia armada de las clases oprimidas; consecuente con ello iba a desarrollar su estrategia de enfrentamiento con la burguesía y el Estado.

En 1967, a los dos años de su fundación, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) realizó el Tercer Congreso para evaluar su desarrollo. En el evento la organización resultó depurada. El grupo que hasta ese momento tenía el control —el médico trotskista Enrique Sepúlveda como secretario general, Eugenio Cossio y Clotario Blest— fue desplazado.

Asumió la dirección un grupo de jóvenes de Concepción, encabezado por Luciano Cruz, Sergio Zorrilla, Edgardo Enríquez (“El Pollo”), Bautista von Schouwen (“Bauchi”), Jorge Fuentes Alarcón (“Trostko”), Andrés Pascal Allende (“El Pituto”), Humberto Sotomayor (“Tonio”), Nelson Gutiérrez (“El Guatón”) y Miguel Enríquez. Éste se constituyó en el dirigente más importante. Como responsable de las unidades clandestinas, asumió Arturo Villavela (“Coño Aguilar”). El control de la nueva organización por los jóvenes significó una aceleración en la implementación de la estrategia armada.

El año 1969 marcó la intensificación de la línea de enfrentamiento al gobierno democratacristiano de Eduardo Frei Montalva. Comandos de la organización realizaron asaltos a entidades bancarias, como a la sucursal del Banco del Trabajo, en el barrio de la Vega Central, a la que atacaron dos veces. El enfrentamiento se agudizó, especialmente desde la vejación que estudiantes del MIR le hicieron al periodista derechista Hernán Osses Santa María, del diario Las Últimas Noticias de la Tarde de Concepción. Este hecho permitió al gobierno iniciar una persecución contra el movimiento, el cual debió pasar a la clandestinidad.

Ese mismo año, surgen diferencias internas en la organización. Un grupo de ellos que critica la línea de acercamiento a los frentes de masas propuesta por la dirección, se retira del MIR. El grupo escindido constituye el Movimiento Manuel Rodríguez 2 (MR-2). Entre sus principales dirigentes se hallaban “El Rafa” y el periodista del diario del MIR, El Rebelde, Jorge Silva Luvecce. Después de los asaltos al Supermercado Portofino, en calle Irarrázaval, y a la Armería Italiana, esta organización es desarticulada y sus miembros encarcelados.

Poco antes de las elecciones del 4 de septiembre de 1970, mientras el MIR se encontraba en la clandestinidad, se realizó una reunión de capital importancia entre Miguel Enríquez y Salvador Allende. La reunión se efectuó en una casa de seguridad del Partido Socialista, que también usaba el MIR, ubicada en la zona oriente de Santiago. Para llegar a la residencia, Salvador Allende fue trasladado, en una operación de máxima seguridad, por diferentes autos a distintos puntos de la ciudad, pues, al parecer, temían a la reacción de la gente si se llegaba a saber que el candidato presidencial de la Unidad Popular se reunía con el jefe guerrillero más buscado por la policía chilena. Allí el candidato presidencial manifestó su molestia por las acciones armadas que realizaba el MIR, las que eran usadas por la prensa proclive a la derecha y causaban daño a su campaña. Miguel Enríquez sostuvo que ellos no hacían “recuperaciones” porque les gustaba, sino porque necesitaban el dinero para mantener la organización. Allende se comprometió a entregar al MIR 80.000 dólares (de la época), antes de finalizar el año 1970. A su vez, Allende le pidió a Miguel Enríquez que se hiciera cargo de su seguridad personal. En la Comisión Política, los miristas ya lo habían debatido y estaban de acuerdo.

Cuando el MIR llegó a reforzar el grupo de seguridad de Salvador Allende, probablemente antes de que el Congreso ratificara el triunfo obtenido en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, se creó una dirección colegiada con un representante del MIR y uno del Partido Socialista. A su vez se integraron al GAP los siguientes miembros del MIR: “Ariel Fontana” (Max Marambio), quien contaba con experiencia en ese tipo de actividades y asumió como jefe del dispositivo, en reemplazo del primer encargado, “Fernando”. 

Las principales razones de este hecho tienen que ver con que “Ariel Fontana”, debido a su origen, hijo de un diputado socialista, desde joven se había mezclado con una parte de la burguesía chilena, especialmente aquella vinculada a la izquierda. Eso le permitía tener un manejo de “situaciones” que la mayoría de los otro miembros no poseía. “Ariel Fontana” se las arreglaba para cumplir su misión de acompañar a Allende a todos los lugares, por ejemplo, a las guarniciones militares, la Escuela Militar o la Escuela Naval, y cuando los soldados que montaban guardia le impedían el paso, él con naturalidad y mucha autoridad los empujaba y entraba. Eso no lo podían hacer con facilidad otros miembros de la escolta presidencial. 

También se incorporaron al GAP los miembros del MIR Sergio Pérez, Néstor Gallardo Agüero “Bolche”, y los ex comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército, Mario Melo Pradenas y Luis Barraza Rhul. Probablemente también se sumaron Jorge Vicente Piérola y Julio Martínez Lara. Estimamos que con las incorporaciones al GAP de soldados paracaidistas que habían sido expulsados del Ejército por ser reconocidos marxistas, Allende daba una nítida señal de que al interior de los cuerpos armados del Estado él podía contar con significativos apoyos. Al mismo tiempo, para los oficiales antimarxistas del Ejército era una advertencia de que no les sería fácil atentar contra su persona.

Las elecciones del 4 de septiembre se realizaron con absoluta normalidad y en ellas Salvador Allende alcanzó una victoria relativa. El período siguiente fue de incertidumbre sobre el futuro, puesto que, según el ordenamiento constitucional vigente, era el Congreso en pleno el que debía decidir entre las dos primeras mayorías relativas.

Para impedir que el Congreso se pronunciara a favor de Allende, que había obtenido la primera mayoría relativa, un grupo de extremistas vinculados a la derecha y al ex general Roberto Viaux trató de secuestrar al Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Éste, al oponer resistencia e intentar sacar el revolver de servicio, fue herido de muerte por la inexperiencia de los secuestradores.

Creemos que este hecho fue determinante para la constitución del Grupo de Amigos Personales (GAP). Ciertamente, si la derecha atacaba al Comandante en Jefe del Ejército, también podía atentar contra el Presidente.

En el ataque a Schneider el GAP encontró su argumento fundacional: el Presidente socialista de Chile sólo podía entregar su seguridad a un grupo formado por gente de su confianza, que le fuera absolutamente leal.

Los primeros GAP seguían al Presidente Allende a todas partes a bordo de una camioneta Volkswagen. Portaban revólveres, pistolas, escopeta y rifles Winchester, conseguidos por Osvaldo Puccio, por algunos amigos del Primer Mandatario y, las menos, por el MIR.

En una de las primeras salidas del grupo, mientras se hallaban en una población, un acucioso periodista que miraba atentamente a los jóvenes armados que no se separaban del Presidente, a los que se les notaba que no pertenecían a la Policía de Investigaciones, y que se rumoreaba eran miristas, le preguntó a Allende quiénes eran; y éste, en una de sus típicas respuestas, le contestó “son unos amigos personales”. Allí nació la denominación. Desde ese instante serían conocidos por la prensa como el Grupo de Amigos Personales (GAP). Ellos transitaban por las calles a alta velocidad, mostrando en forma amenazante los cañones de sus armas, sin los seguros, preparados a disparar a la menor sospecha de un atentado61. El secreto en que se movían, sin que se conocieran sus nombres verdaderos ni su origen, les hizo famosos, amados y odiados.

El 12 de noviembre de 1970, poco después de haber asumido la dirección de la nación, el Presidente Allende decidió desistirse en los procesos por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado que afectaban a 30 militantes izquierdistas, los que habían sido aprehendidos, acusados de la realización de acciones guerrilleras durante el mandato de Eduardo Frei, y que hasta ese momento permanecían detenidos. La argumentación del Primer Mandatario fue que merecían el desistimiento presidencial, pues sólo eran jóvenes idealistas. Algunos de ellos, cuando salieron de la cárcel, se integraron al Grupo de Amigos Personales. Creemos que con estas nuevas incorporaciones quedaba completa la fisonomía de la organización en su primera etapa. Entonces era una escolta pequeña formada por cuatro miristas y algunos socialistas, que en ningún caso sobrepasaba las 20 personas.

Hemos dicho que una de las personas que más se preocupaban por la seguridad del Presidente era Taty Allende. Ésta era conocida en las más altas esferas del régimen cubano, no sólo como la hija de Allende, sino también como una verdadera revolucionaria. A través de sus contactos ella pidió el apoyo cubano para el Grupo de Amigos Personales (GAP). Esta ayuda se materializó de dos formas: el envío de oficiales del Ministerio del Interior (Minit) y del Ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar) de Cuba, expertos en materias de protección a personalidades, para asesorar a la escolta allendista y apoyar su trabajo en terreno; y la especialización en la nación caribeña de varios contingentes del GAP.

“Preparamos alguna gente […] para la seguridad personal en la cual teníamos experiencia, porque habíamos tenido que defendernos […] de aquellos que querían liquidarnos. Y esa experiencia se la transmitimos al que pensamos que tenía enemigos, que podían tratar de atentar contra […] su vida.”. Creemos que para la administración cubana esto era importante, pues le permitía penetrar en el entorno del Presidente, acrecentando su influencia en la nueva revolución, y a la vez preparar la seguridad de la visita que realizaría Fidel Castro durante 1971. Uno de los primeros cubanos en llegar a Chile para desempeñar esa tarea se apellidaba Riveros.

En esa época un grupo de diez personas, formado entre otros por “Bruno” y “Manuel”, se embarcaron hacia Cuba para especializarse en la tarea de proteger la vida del Presidente Allende y su entorno. El curso tuvo una duración de 15 días; principalmente realizaron entrenamientos de defensa personal y algunas cuestiones relativas a la seguridad. Con posterioridad, a fines de 1972 un grupo similar viajó para tomar el mismo curso.

La práctica de enviar gente a Cuba para entrenarla en actividades paramilitares y de seguridad personal parece haber sido bastante frecuente, incluso hasta fines del gobierno. En julio de 1973, un numeroso contingente de militantes del Partido Socialista aterrizó en La Habana. Allí se les comunicó que su misión era adquirir los conocimientos necesarios para integrarse a su vuelta al Grupo de Amigos Personales. Éstos se opusieron, ya que cuando partieron les informaron que iban a recibir preparación en tácticas de guerrilla rural y urbana. Cuando se produjo el golpe de Estado aún se encontraban en La Habana.

Por motivos de seguridad, la llegada a Chile de Fidel Castro sólo fue anunciada con dos días de anticipación, sin mencionar el lugar de arribo, reflejo de la preocupación por la seguridad de éste y por la de Salvador Allende. Para esa fecha ya habían retornado de Cuba, para integrarse al dispositivo de seguridad presidencial, los jóvenes que participaron en el primer curso de instrucción.

Fidel Castro envió un numeroso contingente para encargarse de su seguridad, así como del personal diplomático cubano que prestaba servicios en el país. Al mando del grupo venía Antonio de la Guardia, acompañado de varios miembros del cuerpo de Tropas Especiales, como las conocen allí, el equivalente de los boinas verdes norteamericanos. Ellos tomaron contacto con el Grupo de Amigos Personales y en conjunto crearon un plan de contingencia que les posibilitara cumplir exitosamente su misión.

El GAP fue dividido en dos escoltas, una debía estar con Allende y a la otra se le uniría a los guardias de Fidel Castro, formando un grupo mixto.

En el trayecto que ambos mandatarios realizaron desde el aeropuerto Pudahuel, en un automóvil descubierto, constatamos que a bordo del automóvil observan atentamente “Carlos Álamos” y el oficial cubano Riveros.

Estimamos que este hecho fue uno de los aspectos más significativos de todo el decurso histórico del Grupo de Amigos Personales (GAP). Fue su prueba de fuego, una muestra de confianza en la lealtad de sus miembros y en el profesionalismo y capacidad operativa de ellos. Es difícil que en otras ocasiones se haya repetido la coyuntura de que un líder tan celoso por su integridad, como Fidel Castro, permitiera que parte importante de su protección la realizaran hombres que no eran de su escolta. Además, es un buen indicador para visualizar las estrechas relaciones existentes entre los aparatos de seguridad de Allende y Castro.

En el resto de la extensa visita del mandatario cubano, no hemos recogido hechos particulares que hayan demandado acciones especiales de parte del aparato de seguridad de Salvador Allende. En las actividades donde no participaba el Presidente chileno, el resguardo de Fidel Castro estuvo a cargo de la escolta mixta. En la visita al puerto de Valparaíso, el gobierno crea, con militantes de confianza de los partidos de la Unidad Popular, brigadas de seguridad, las que mezcladas con el público vigilaron el desarrollo de las actividades.

Al regresar a su país la escolta de Fidel, que había traído una cantidad mayor de armas que las que habitualmente transportaba, dejó una parte importante en Chile, retornando con el armamento mínimo para asegurar la integridad del comandante Castro. En el país quedaron lanzacohetes RPG-7, fusiles AKA-47, pistolas y subametralladoras, además de una gran cantidad de parque (balas). 

Creemos que esta donación fue uno de los mayores aportes de armas cubanas a la izquierda chilena en el período de la Unidad Popular. Parte de ellas pasó a integrar el arsenal del GAP; otra fue incorporada al stock del aparato militar del Partido Socialista. Es posible que, debido a la oposición de Allende, no le entregaron armas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Sin embargo, como en esa etapa los miristas controlaban el grupo de la seguridad presidencial, también indirectamente tenían acceso a ellas.

Posteriormente, cuando visitó Chile el Presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós, fue escoltado por agentes del GAP.

La expulsión del MIR

La forma en que “Ariel Fontana” trataba a los jóvenes del dispositivo fue causa de innumerables dificultades, principalmente con los militantes del Partido Socialista y con los de mayor experiencia en la función que cumplían. Los hombres dejaron de confiar en él y comenzaron a poner dificultades en el cumplimiento de las órdenes. Con la intención de superar con rapidez estas dificultades, el MIR envió a “Tonio” (Humberto Sotomayor), miembro de la Comisión Política, para que asumiera la dirección en reemplazo de “Ariel Fontana”.

La institucionalización de la guardia armada civil del Presidente Allende en la vida nacional le fue posibilitando al MIR la ejecución de una serie de actividades encubiertas, bajo la apariencia de prestar protección al Primer Mandatario y sus residencias. La organización implementó verdaderos cursos de formación paramilitar. Las clases eran impartidas con la “ayuda de oficiales cubanos”. Efectivamente, la dirección del GAP usaba las instalaciones construidas en El Cañaveral, donde tenía una pequeña cancha de entrenamientos, y los polígonos de tiro del Cuerpo de Carabineros en La Reina para impartir conocimientos guerrilleros, que incluían prácticas de tiro. Creemos que el uso de las instalaciones policiales era posible porque se trataba de la guardia del Presidente y Carabineros dependía directamente del Ministerio del Interior; además Carabineros era la institución armada más leal al Primer Mandatario. Ésta es una prueba de la ambigüedad legal en la que se desenvolvía el GAP. 

Numerosos cuadros del MIR que no tenían ninguna relación con el GAP visitaron las instalaciones, recibiendo instrucciones sobre la utilización de armas y técnicas y tácticas conspirativas.

Es posible que alcanzaran a pasar por las instalaciones de El Cañaveral alrededor de 1.000 miristas. Números más, números menos, lo significativo es que quienes recibieron esa instrucción son militantes que adquieren los conocimientos básicos para dirigir e instruir a otros miembros de la organización. Lo realmente importante es que cada uno de los miristas podía formar y dirigir una célula de combate de más o menos cinco personas.

Esto indica que el GAP en ese período era no sólo un dispositivo para la seguridad de Allende, sino que a la vez una escuela de formación de combatientes. En otras palabras, el GAP pudo ser el germen de un ejército revolucionario.

Una de las premisas fundamentales para que los grupos de seguridad puedan cumplir exitosamente con su trabajo es no tener flancos débiles. Desde esa perspectiva, la acción que el MIR desarrolló en el GAP fortalecía su capacidad de combate pero aumentaba el riesgo de infiltración en el entorno de Allende. En esa etapa, algunos miembros del grupo empezaron a realizar acciones de “financiamiento privado”. Estas acciones eran asaltos cuyo dinero no ingresaba a los movimientos o partidos de izquierda, sino a los bolsillos de quienes las ejecutaban. Miembros del GAP que después se fueron de la organización sin entregar las credenciales, efectuaron esas operaciones y “cuando los pillaban aparecían como gente del GAP”.

Un suceso que ilustra las acciones del dispositivo en esa etapa fue el acontecido el Viernes Santo de 1972, en el pueblo de Curimón, departamento de San Felipe, provincia de Aconcagua. Al atardecer, una camioneta Chevrolet, conducida en estado de ebriedad por Fernando Amaya Sepúlveda, GAP, ex oficial paracaidista del Ejército, quien portaba una credencial que lo distinguía como funcionario de la Presidencia de la República (seguridad presidencial, mecánico), se estrelló con un poste del alumbrado público.

Amaya iba acompañado por Guillermo Pardo Tobar, ex comando del Ejército de Chile, Mario Pérez, de quien se desconocían mayores datos, y Óscar Delgado (“El Negro Puga”), también ex comando y paracaidista.

Luego del accidente los dos primeros fueron detenidos y en su poder se encontraron planos de instalaciones militares, una granada de ejército (de origen español), dos cargadores para fusil Garand con 15 proyectiles cada uno, dos cargadores para pistolas con ocho balas cada uno, dieciocho vainillas calibre 45 y 14 calibre 32. Mario Pérez y Óscar Delgado lograron escapar.

Creemos que participaban en la búsqueda del mayor Arturo Marshall, ex boina negra del Ejército, y, al parecer, también realizaban un estudio operativo de la zona. Marshall, según los rumores que circulaban entre los militantes de izquierda, se desempeñaba como instructor militar del frente nacionalista Patria y Libertad, y el MIR pensaba que se escondía en el regimiento Yungay de San Felipe.

Pero todo el esfuerzo fue inútil, actuaron como irresponsables, se pusieron a beber, chocaron. Fueron detenidos, descubriéndose la naturaleza de la misión. Alertaron a la inteligencia del Ejército, que ya los conocía, y dejaron mal parado al GAP, comprometiendo al Presidente Allende. Luis Guastavino, diputado comunista por Valparaíso, sostuvo que era un hecho anormal, que debía ser investigado porque “cuando una acción de ultraizquierda se desarrolla […] esa acción termina sirviendo los intereses de la Derecha”. 

La crítica también se desató en la oposición, que podía comprobar cómo miembros o ex integrantes de la escolta de Allende, al “amparo” de ésta, realizaban acciones reñidas con la legislación vigente. De esa manera, se siembran dudas sobre la verdadera naturaleza y objetivos del Grupo de Amigos Personales.

En ese marco, el Partido Socialista decidió asumir el control de la guardia presidencial, ordenarla y profesionalizarla. Los principales argumentos socialistas fueron que si el Presidente era militante del partido, era lógico que ellos estuvieran a cargo de su seguridad; también se afirmaba que los miembros del GAP no podían operar en forma autónoma porque eran militantes socialistas; finalmente, se sostenía que el partido contaba con gente profesional, de absoluta confianza y de comportamiento intachable93.

Allende y su entorno aceptaron, y “Tonio”, así como la mayoría de los militantes del MIR, dejaron de formar parte del Grupo de Amigos Personales. Sin embargo, el movimiento se llevó la mitad del arsenal de la organización. Entre las especies sustraídas había dos cañones sin retroceso, algunas ametralladoras de calibre punto 30, punto 50, fusiles AKA-47 y rifles del campo capitalista FAL.

La relación de confianza política entre el MIR, la Unidad Popular y el Presidente Allende se había trizado. Este quiebre se advierte claramente en el enfrentamiento entre policías y pobladores en Lo Hermida el 5 de agosto de 1972. Miembros de la directiva mirista denunciaron que algunos detectives habrían torturado a pobladores detenidos en el hecho. La denuncia, dirigida específicamente en contra de “Coco” Paredes, Director de Investigaciones, y Carlos Toro, comunista, Subdirector de Investigaciones, causó malestar en la coalición gobernante y en el Presidente Allende.

Según Víctor Toro, sectores comunistas plantearon la necesidad de reprimir al MIR. La directiva mirista hizo presente que debían recordar que el MIR guardaba la mitad de las armas del Grupo de Amigos Personales.

Días después del enfrentamiento y de las acusaciones, el Presidente visitó la población Lo Hermida, pero algunos integrantes del MIR y de otros grupos como la USOPO, dirigidos por el comandante “Raúl” (Raúl Romo), trataron de impedir que ingresara. Un grupo del GAP penetró a la fuerza en la sede social y abrieron la puerta para que Allende entrara y hablara con los pobladores, a fin de conocer la versión que ellos tenían del suceso.

Sin embargo, Allende intentaba mantener buenas relaciones con el MIR, como lo señala un informe del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS, que afirma que “Allende, a pesar de algunas de sus declaraciones respecto al MIR, donde los amenaza con represalias, aspira más bien a poner bajo su control a esta organización más que a debilitarla o a destruirla”.

El GAP bajo el control del Partido Socialista

El sueño del PS de dirigir la organización que tenía como misión garantizar la seguridad de su Presidente, y que poseía también la mayor cantidad de armas y recursos logísticos, se cumplió. Estimamos que a mediados de 1972 Marcelo Schilling fue designado coordinador entre el partido, la Presidencia de la República y el Grupo de Amigos Personales.

Schilling, comisario político del GAP, en la nueva estructura tenía la misión de ordenar al dispositivo, darle unidad político-ideológica y entregarle la profesionalización requerida para cumplir su cometido. Debía evitar los errores del período mirista, para transformar el grupo de seguridad presidencial en una eficiente organización que garantizara totalmente la integridad del Presidente de Chile.

Nuevos miembros ingresaron al GAP, todos militantes socialistas, de absoluta confianza de la dirección partidaria y de la presidencia de la República. La dirección quedó constituida por “Bruno” como jefe máximo del dispositivo, “Carlos Álamos” se encargó de la sección Escolta Presidencial, “Mariano” (Francisco Argandoña) siguió como responsable del Grupo de Avance, “Kique” (Enrique Huerta) continuó al frente de la logística como Intendente del Palacio de La Moneda, y “Aníbal” (Juan José Montiglio Murúa) también asumió un puesto en la dirección.

Los responsables implementaron algunas medidas tendientes a reforzar la seguridad del dispositivo tales como facilitar el cambio de residencia de algunos miembros, a fin de concentrarlos en un área cercana a la casa del Presidente Allende en la calle Tomás Moro. Muchos fueron trasladados a las viviendas de un barrio modesto (conocidos como “poblaciones CORVI”), localizado sólo a algunas cuadras de la casa presidencial, hacia la montaña, en la comuna de La Reina. La reunión de los miembros del GAP en un lugar cercano permitía que la dirección tuviera un mejor control de las actividades que hacían en su tiempo libre, evitando los comportamientos peligrosos para la seguridad de la organización, licenciosos y alejados de las buenas costumbres; al mismo tiempo, la mayor cercanía les permitía acudir rápidamente a las llamadas de alarma; finalmente, se ahorraba dinero en transporte. El inconveniente principal de que estuvieran juntos fue un aumento en las posibilidades de romper la compartimentación.

Estimamos que bajo el control del Partido Socialista a través de “Bruno”, “Carlos Álamos”, “Mariano”, “Aníbal”, “Kique” y la jefatura política de “Gastón”, el Grupo de Amigos Personales adquirió su fisonomía definitiva, convirtiéndose en una organización dedicada a la custodia del Presidente de la República, su familia y las residencias. Los grados de eficiencia aumentaron, profesionalizándose sus miembros hasta convertirse en una efectiva organización paramilitar, cuyos militantes estaban capacitados para desarrollar las diversas tareas que la estrategia revolucionaria demandara.

Recibieron su entrenamiento en Chile, porque los que “viajaron a Cuba fueron pocos, no fue una cuestión masiva”. Ellos empezaron a practicar dirigidos por la gente que en esas materias sí tenía formación. Entre los instructores destacó Mario Melo, ex oficial paracaidista del Ejército chileno. También llegaron algunos cubanos para enseñarles el manejo de los autos, pero el GAP “tenía un chofer muy bueno, mejor que los caribeños”; vino otra gente que les ayudó a entrenar, pero básicamente los conocimientos los adquirieron en Chile. Lo que sabían no era mucho, pero destacaban nítidamente porque “eran súper dedicados, muy rigurosos, eran muy buenos”. La mayoría de los entrenamientos, en esta etapa, igual que en la anterior, los realizaban en la pequeña cancha de obstáculos de El Cañaveral y en los cerros cercanos.

Cada dos meses, una veintena de jóvenes venidos de todo el país intentaban vencer las trabas para ingresar al grupo: debían ser miembros del Partido Socialista, haber tenido una militancia constante, poseer claridad de ideas, reunir las condiciones físicas necesarias y tener recomendaciones de algún dirigente. La selección se realizaba en El Cañaveral, a veces con la presencia de Allende. Estimamos que la decisión final para contratar a los nuevos GAP la tomaba la jefatura del grupo, pero en ella influían significativamente el Presidente, su hija Taty y el doctor Eduardo “Coco” Paredes. 

Una vez reclutados, eran enviados a una de las tres reparticiones de la organización. Los que no eran seleccionados volvían a sus bases de origen, donde podían aplicar los conocimientos paramilitares adquiridos. El Grupo de Amigos Personales (GAP) era en sí una organización revolucionaria, porque ningún presidente de Chile ha contado con un grupo de similares características y, además, no tenía reconocimiento alguno dentro de la legalidad entonces vigente. Al comienzo se discutió una iniciativa legal para que sus miembros fueran contratados como funcionarios de la Policía de Investigaciones. Esta propuesta no se materializó. La legitimidad del grupo provenía solamente del apoyo que le daba de hecho el Presidente de la República. 

Durante la etapa del MIR, dependía exclusivamente de la Presidencia. Cuando el Partido Socialista tomó el control de la organización, pasó a depender del partido y de la Presidencia.

Aunque no conocemos la forma exacta en que se financiaba y la cantidad de dinero que mensualmente gastaba, creemos que obtenía los recursos necesarios de la Presidencia de la República y del Partido Socialista; también es posible que el gobierno cubano le entregara dinero en alguna oportunidad. Los GAP solamente recibían un estipendio, pues eran enviados a la organización por el Partido Socialista en comisión de servicio.

Estructura del GAP

Desde el comienzo la organización diseñó una estructura dividida en tres secciones específicas: la Escolta, el Grupo de Avance y la Guarnición. La sección Escolta Presidencial era la más numerosa e importante de las divisiones con que contaba el dispositivo. Se componía de alrededor de 20 hombres, casi la mitad de todos los miembros que tenía el GAP. Su misión específica era proteger y conducir al Presidente Allende hasta los lugares donde realizaba sus actividades.

Para transportarlo, la sección Escolta disponía de varios automóviles marca Fiat, la mayoría azules; también contaba con algunos de otros colores, además de camionetas. Todos los vehículos tenían el carburador arreglado para correr a 200 kilómetros por hora. Puesta en marcha la Escolta, generalmente estaba formada por tres autos del GAP, más algunas patrulleras de Carabineros e Investigaciones. En ocasiones ponían un cuarto auto de un color diferente, cuya misión era distraer a los posibles atacantes. 

En el Fiat designado con el N° “1” viajaba el Presidente; iba acompañado por el jefe de Escolta y el edecán militar de turno; si éste no estaba, un miembro del grupo, llamado edecán civil, ocupaba su lugar. Esta persona permanecía cerca de Allende, jamás debía separarse de él; y en caso de un atentado debía interponer su cuerpo para recibir el primer impacto y posibilitar la reacción de los miembros de la seguridad. En el cumplimiento de su misión portaba una pistola y una subametralladora y no “conocía” los chalecos antibalas.

Poseían equipos de radiotransmisión y teléfonos móviles cuya batería la transportaban en la maleta del automóvil; para ese tiempo era un gran adelanto tecnológico. La central de comunicaciones estaba en Tomás Moro. Desde allí controlaban los despachos, que eran cifrados, usando números y letras. Las claves cambiaban cada cierto tiempo, para evitar que fueran conocidas por los enemigos.

El Grupo de Avance fue la más desconocida de las divisiones del GAP. Esta división, poco numerosa, al mando de “Mariano” (Francisco Argandoña), tenía la misión de anticiparse y tomar posesión de todos los lugares que visitaba el Presidente Salvador Allende. Debía coordinar con los servicios de Carabineros e Investigaciones todas las iniciativas que fueran necesarias para resguardar el lugar.

De las actividades del Grupo de Avance podemos relatar los hechos del 21 de mayo de 1971 en Valparaíso. En la mañana se efectuaba el tradicional desfile de homenaje a las glorias navales. Muy temprano la seguridad de la Intendencia regional fue alertada por una llamada anónima; la voz advirtió que elementos pertenecientes a Patria y Libertad habían instalado explosivos bajo el muelle Prat, los que serían detonados cuando Allende arribara al lugar. En la búsqueda de la bomba participaron miembros del Grupo de Avance del GAP y agentes de investigaciones, bajo las órdenes del Jefe de Seguridad de la Intendencia de la Provincia de Valparaíso y del almirante José Toribio Merino. La amenaza resultó ser falsa.

La tercera sección del Grupo de Amigos Personales era conocida como Guarnición. Estaba dividida en varios grupos de no más de seis personas. Cada una de las unidades tenía su propio responsable. Éste dependía directamente del mando central del dispositivo. Su misión era prestar servicios de guardia y protección a las residencias de Tomás Moro, El Cañaveral y el Palacio de la Moneda, donde vigilaban las oficinas de la Presidencia de la República. Para desarrollar sus actividades en la casa de Tomás Moro, construyeron varias casetas o garitas de vigilancia. Portaban armas de puño y en ocasiones fusiles o subametralladoras.

Punto central del dispositivo fue la compartimentación. Cuando los jóvenes ingresaban a la organización, les entregaban una credencial de la Presidencia de la República con su nueva identidad, y el seudónimo por el que serían designados en el GAP. Recibían instrucciones precisas acerca de no conocer a sus compañeros, no frecuentar sus casas, no mezclar a sus familiares. La idea era que tuvieran el menor contacto posible entre ellos, porque de esa manera ofrecían menos puntos débiles. Estas medidas funcionaron bastante bien, ya que en realidad los miembros no llegaron a conocerse.

Después del golpe de Estado, si llegaban a ser detenidos, resultaba imposible que delataran a sus compañeros. La compartimentación fue efectiva; ejemplo de ello son las dificultades que tienen los sobrevivientes, uniendo seudónimos y nombres reales, para identificar a sus camaradas.

Hacia el fin del gobierno de Allende, cuando la dotación había disminuido y las posibilidades de un golpe de Estado se acrecentaron, muchos miembros optaron por espaciar las visitas a sus familiares. Luisa Catalán, esposa de ”Pato, afirma que él iba a su casa una vez al mes, a veces cada 90 días, y le decía que no quería comprometerla en sus actividades.

Algunos miembros de la organización y sus familiares eran atendidos por los doctores de la Presidencia. Ellos realizaban los tratamientos en Tomás Moro, La Moneda o los hospitales públicos donde trabajaban. Los médicos no conocían la historia clínica ni los nombres reales de sus pacientes

Abogados querellantes de las causas que contemplan la desaparición y muerte de integrantes del GAP (círculo de guardaespaldas de Salvador Allende) esperan que durante este año se dicte sentencia de primera instancia contra los responsables ya identificados. De paso, se extrañan que el partido de los asesinados invierta hoy su dinero en grandes empresas.

 Un grupo de hombres y mujeres avanza lentamente por calle Valentín Letelier con un dolor aferrado a sus huesos. La columna se detiene en el monumento a Salvador Allende, frente al Palacio de la Moneda, y el mutismo ahoga el espacio. Todos permanecen inmóviles rodeando una pequeña caja de madera que alberga los restos de un pasado que no abandonan.

El sábado 24 de junio y después de 44 años de haber sido ejecutado y posteriormente dinamitado su cuerpo, familiares y cercanos de Óscar Lagos Ríos, miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) del ex Presidente Salvador Allende, pudieron sepultarlo en el Cementerio General de Santiago, luego de ser velado en la céntrica sede de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Sector Privado de Chile (CEPCH).

Cumplieron con la ceremonia de llevar los restos de uno de los 32 miembros del dispositivo de seguridad del ex mandatario, quienes estuvieron defendiendo la democracia, desde la Intendencia Metropolitana y la sede de Gobierno ese 11 de septiembre de 1973. Todos militantes del Partido Socialista o del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Ninguno murió en el combate y cuando agotaron el escaso material con que contaban, fueron detenidos y trasladados al regimiento Tacna. En el recinto militar se les aplicó torturas y luego trasladados al regimiento Peldehue, donde yacieron fusilados, amontonados en una fosa y dinamitados sus cuerpos. Casi la totalidad de los  restos óseos fueron sacados en bolsas y lanzados al mar, en el contexto de la operación “Retiro de Televisores”, solución que dio Augusto Pinochet para encubrir las matanzas ocurridas a lo largo de Chile.

“Hoy la historia de nuestros familiares resulta incómoda para el Gobierno y el propio Partido Socialista “, explicó Francisca Alcayaga, secretaria de la Agrupación de Familiares de Detenidos en el Palacio de la Moneda e Intendencia.

La dirigenta indicó que el emplazamiento que realizan por años, es contra la colectividad oficialista, que agregó, ha tratado de silenciar el llamado que como familias hemos venido haciendo, “para que los que murieron, sean reconocidos y apoyados por el partido”.

“Ahí está el Partido Socialista sin decirnos nada, hemos hablando con su actual presidente Álvaro Elizalde, pero no escucha, se da la media vuelta, se limpia las manos y chao. Para ellos nosotros ya no servimos, nunca han considerado a las organizaciones sociales que representan a los GAP del Presidente Salvador Allende, ellos no se pueden negar a reconocer que eso fue verdad. No queremos grandes cosas, la patente por último del partido, para que dijeran ahí están nuestros muchachos y se podrían haber sentido orgullosos, no nos habrían mirado como chinches, siendo que los nuestros fueron más dignos que toda esa tropa de imbéciles que está hoy en el Partido Socialista”, argumenta Alcayaga.

Una crítica similar manifiesta Lidia Lagos Ríos, hermana de Oscar Lagos Ríos, ex GAP, sepultado el pasado sábado 24 de junio, luego que laboratorios europeos identificarán partes óseas rescatadas del regimiento Peldehue.

Lidia Lagos acusó igualmente al Partido Socialista chileno de haber abandonado a los familiares de las víctimas que combatieron el 11 de septiembre en la Moneda e Intendencia. Precisó que el desamparo es moral, político y que nunca se han sentido apoyados por la colectividad a la que pertenecieron.

“Ellos jamás se acercaron, nosotros tenemos pena, tristeza por eso, la invisibilidad de nosotros como persona, ese día no solamente mataron a mi hermano, sino que también nosotros fuimos marcados por la dictadura y ellos nunca se han acercado, un sentimiento de tristeza y rabia”, subrayó.

Al respecto, el secretario general del PS, Andrés Santander manifestó su sorpresa por el reclamo efectuado por la Agrupación de Familiares de Detenidos en el Palacio de la Moneda e Intendencia.

El dirigente de la colectividad precisó que en un poco más de tres meses que ha estado vigente la actual directiva, se ha sostenido una relación muy cercana con los familiares de las víctimas ex GAP, incluso indicó, la sede central del Partido Socialista siempre ha estado abierta para que los cercanos se reúnan y conversen sus demandas.

“De hecho el velatorio, los homenajes que se hicieron, se realizaron en la sede del partido, con todo nuestro apoyo, con la asistencia de la mesa y la juventud socialista, además de una conversación con todos los integrantes de la organización, por tanto, yo para ser sincero tengo una percepción absolutamente distinta. Esta dirección encabezada por Álvaro Elizalde y yo como secretario general, siempre vamos a estar disponibles, tenemos las puertas abiertas de nuestra sede para conversar con la organización, con las familias, etcétera”, afirmó.

Sobre el proceso penal que se mantiene por la desaparición y muerte de los 32 integrantes del GAP detenidos en la Moneda e Intendencia Metropolitana, el abogado que representa a la familia de Oscar Lagos Ríos,  Miguel Yáñez, informó que la investigación sumaria se encuentra cerrada.

El jurista aseveró que los responsables de los asesinatos y desapariciones, están identificados, siendo en su mayoría oficiales miembros de la plana mayor, quienes en ese entonces encabezaban el regimiento Peldehue.

“La etapa plenaria se cerró, está en manos del Ministro Miguel Vázquez, y esperamos que este año se dictamine en primera instancia, también que se incluya el fallo civil por reparación, por lo que esperamos que se haga justicia, se acojan las pretensiones y se condene a los criminales, dentro de los que está Pedro Espinoza que hoy cumple pena por delitos similares”, aseveró.

Según el expediente, entre el personal militar involucrado en las ejecuciones y desapariciones, se identificó además a los ex oficiales Luis Rodríguez Pineda, Fernando Maureira Roa, Teobaldo Mendoza Vicencio, Jorge Herrera López, Eliseo Cornejo Escobedo, Bernardo Soto Segura, Jorge Riquelme Silva e Ismael Gamboa Álvarez.

En el sumario, diversos testimonios acreditan que ese día se encontraban al interior del regimiento personal militar y de civil, los que utilizaban una pechera de color naranja, el mismo color de los uniformados que entraron a La Moneda.

Para el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, quien lleva la mayoría de las querellas criminales, la sentencia en primera instancia debería salir este año, aunque reconoció que existe una demora debido al cambio de tipificación de los delitos, de secuestro calificado a homicidio calificado, producto de la incorporación de nuevos antecedentes que contempla la reciente identificación de pequeños restos óseos encontrados en el regimiento Peldehue, que según informes periciales realizados en el extranjero, corresponden a Oscar Lagos Ríos y Juan Montiglio Murúa.

En 2001, a pesar de la acción de los explosivos y de la posterior exhumación de los cadáveres, se hallaron cerca de 500 piezas óseas.

Durante la dictadura que encabezó Pinochet, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

El reconocimiento simbólico irá en memoria de sus alumnos que perdieron la vida durante el régimen militar.

La Universidad de Chile fue habilitada por la Contraloría de la República para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los ex alumnos que fueron ejecutados políticos, además de aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante la dictadura militar.

La ceremonia que se realizará el próximo lunes 11 las 12:30 en la Casa Central y estará encabezada por el rector de la universidad, Ennio Vivaldi.  

La lista consta de 104 ex estudiantes de la universidad, los que fueron asesinados entre 1973 y 1989. Entre las víctimas se encuentra Jécar Nehgme, quien es conocido por ser el último asesinado de la dictadura y que apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes. 

Acá está la lista completa de ex alumnos condecorados:

1. Almonacid Dumenez, Luis Jorge. Estudiante de Servicio Social. Detenido Desaparecido.
2. Aldoney Vargas, Jaime. Estudiante de Periodismo. Ejecutado Político
3. Andreoli Bravo, María Angélica. Estudiante de Nutrición y Dietética. Detenida Desaparecida.
4. Aranda Schmied, Pablo Ramón. Estudiante de Medicina. Detenido Desaparecido.
5. Araneda Pizzini, Dignaldo Herminio. Estudiante de Economía. Detenido Desaparecido.
6. Arredondo Andrade, Gabriela Edelweiss. Estudiante de Pedagogía. Detenida Desaparecida.
7. Avello Avello, Oscar Eduardo. Estudiante de Medicina. Detenido Desaparecido.
8. Barrios Duque, Álvaro Miguel. Estudiante Pedagogía en inglés. Detenido Desaparecido.
9. Beltrán Sánchez María Isabel. Estudiante de Pedagogía en Música. Detenida Desaparecida.
10. Binfa Contreras, Jacquelina del Carmen. Estudiante de Servicio Social. Detenida Desaparecida.
11. Boettiger Vera, Octavio Julio. Egresado de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas. Detenido Desaparecido.
12. Boncompte Andreu, Juan José. Estudiante Economía. Ejecutado político.
13. Bustillos Cereceda, María Teresa. Estudiante de Servicio Social. Detenida Desaparecida.
14. Caldes Contreras, Jaime Humberto. Estudiante de Ciencia Política. Ejecutado político.
15. Castro Salvadores, Cecilia Gabriela. Estudiante de Derecho. Detenida Desaparecida.
16. Chanfreau Oyarce, Alfonso René. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
17. Cid Urrutia, Washington. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
18. Cornejo Campos, Raúl Guillermo. Estudiante de Sicología. Detenido Desaparecido.
19. Cortés Castro, Bernardo del Tránsito. Estudiante de Pedagogía. Ejecutado político.
20. Cuevas Moya, Carlos Alberto. Estudiante de Geología. Ejecutado político.
21. De la Jara Goyeneche, Felix Santiago. Estudiante de Pedagogía en Historia. Detenido Desaparecido.
22. Díaz Darricarrere, Carmen Margarita. Estudiante de Enfermería. Detenida Desaparecida.
23. Donoso Palacios, Sara de Lourdes. Estudiante de Enfermería. Detenida Desaparecida.
24. D’Orival Briceño, Jorge Humberto. Egresado de Medicina veterinaria. Detenido Desaparecido.
25. Drouilly Yurich, Jacqueline Paulette. Estudiante Servicio social y Teatro. Detenida Desaparecida.
26. Duran Rivas, Luis Eduardo. Estudiante de Periodismo. Detenido Desaparecido.
27. Elgueta Diaz, Luis Enrique. Estudiante de Pedagogía en Música. Detenido Desaparecido.
28. Elgueta Pinto, Martín. Estudiante de Economía. Detenido Desaparecido.
29. Escobar Salinas, Ruth María. Estudiante de Danza. Detenida Desaparecida.
30. Espinoza Henríquez, Mamerto Eulogio. Ex estudiante de Dibujo Técnico. Detenido Desaparecido.
31. Espinosa Méndez, Jorge Enrique. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
32. Figueras Ubach, Félix Francisco. Estudiante de Historia, Geografía y Educación Cívica del Instituto Pedagógico. Ejecutado político.
33. Flores Garrido, José Edilio. Estudiante de Administración Pública. Ejecutado político.
34. Flores Ponce, Sergio Arturo. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
35. Fuentes Riquelme, Luis Fernando. Estudiante de Biología. Detenido Desaparecido.
36. Gajardo Wolff, Carlos Alfredo. Egresado de Arquitectura. Detenido Desaparecido.
37. García Vega, Alfredo Gabriel. Egresado de Servicio Social. Detenido Desaparecido.
38. Guajardo Zamorano, Luis Julio. Estudiante de Ingeniería. Detenido Desaparecido.
39. Guendelman Wisniak, Luis Alberto. Egresado de Arquitectura. Detenido Desaparecido.
40. Guerrero Gutiérrez, Carlos Eduardo. Estudiante de Pedagogía en Historia. Detenido Desaparecido.
41. Herrera Manríquez, Guillermo Hernán. Estudiante de Ciencias Sociales. Ejecutado político.
42. Ibarra Echeverria, Carlos Leonardo. Estudiante de Pedagogía. Ejecutado político.
43. Ibarra Toledo, Juan Ernesto. Estudiante de Servicio social. Detenido Desaparecido.
44. Jorquera Encina, Mauricio Edmundo. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
45. Joui Petersen, María Isabel. Estudiante de Economía. Detenida Desaparecida.
46. Juantock Guzmán, Yactong Orlando. Egresado de Arquitectura. Detenido Desaparecido.
47. Lagos Salinas, Carlos Eduardo. Estudiante de pedagogía. Ejecutado político.
48. Lazo Rojas, Alonso. Estudiante de Pedagogía en Castellano. Detenido Desaparecido.
49. Leiva Vargas, Juan Alberto. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
50. Liendo Vera, José Gregorio. Ex estudiante de agronomía. Ejecutado Político.
51. López Stewart, María Cristina. Estudiante de Pedagogía en Historia. Detenida Desaparecida.
52. Matus de la Maza, Diego. Egresado de Ingeniería. Ejecutado Político.
53. Maza Carvajal, Enrique Antonio. Estudiante de Ingeniería Eléctrica. Ejecutado Político.
54. Medina Hernández, Rodrigo Alejandro. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
55. Meneses Reyes, Juan Aniceto. Estudiante de Economía. Detenido Desaparecido.
56. Montecinos Alfaro, Sergio Sebastián. Ex Estudiante de Ingeniería. Detenido Desaparecido.
57. Montiglio Murua, Juan José. Estudiante de Pedagogía en Biología. Detenido Desaparecido.
58. Moreno Fuenzalida, Germán Rodolfo. Estudiante de Derecho. Detenido Desaparecido.
59. Munita Castillo, Patricio. Estudiante de Derecho. Ejecutado Político.
60. Muñoz Andrade, Leopoldo Daniel. Estudiante de Construcción Civil. Detenido Desaparecido.
61. Muñoz Bizama, José Miguel. Estudiante del Conservatorio de Música. Detenido Desaparecido.
62. Nehgme Cristi, Jécar Antonio. Estudiante de Pedagogía en Historia. Ejecutado Político.
63. Núñez Rojas, Luis Hernán. Estudiante de Pedagogía. Detenido Desaparecido.
64. Ortiz Moraga, Jorge Eduardo. Estudiante de Medicina. Detenido Desaparecido.
65. Palominos Rojas, Luis Jaime. Estudiante de corno del Conservatorio de Música. Detenido Desaparecido.
66. Parada González, Alejandro Arturo. Ex estudiante de Medicina Veterinaria. Detenido Desaparecido.
67. Parada Valenzuela, Javier Ernesto. Estudiante de Agronomía. Detenido Desaparecido.
68. Peña Solari, Mario Fernando. Estudiante de Arquitectura. Detenido Desaparecido.
69. Peña Solari, Nilda Patricia. Estudiante de Biología. Detenida Desaparecida.
70. Pérez Molina, Sergio Alfredo. Estudiante de Pedagogía en Historia. Detenido Desaparecido.
71. Pérez Vargas, Aldo Gonzalo. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
72. Pérez Vargas, Iván Renato. Estudiante de Sociología. Ejecutado Político.
73. Pérez Vargas, Mireya de Lourdes. Estudiante de Pedagogía. Ejecutada Política.
74. Quiroz Nilo, Patricia Angélica. Estudiante de Lenguas Clásicas. Ejecutada Política.
75. Radrigán Plaza, Anselmo Osvaldo. Ex Estudiante de Ingeniería. Detenido Desaparecido.
76. Reyes González, Agustín Eduardo. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
77. Reyes Navarrete, Sergio Alfonso. Egresado de Economía. Detenido Desaparecido.
78. Ríos Soto, Herbit Guillermo. Estudiante de Pedagogía en Historia. Detenido Desaparecido.
79. Robotham Bravo, Jaime Eugenio. Ex estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
80. Ropert Contreras, Enrique. Estudiante de Economía. Ejecutado Político.
81. Salamanca Morales, Ernesto Guillermo. Estudiante de Filosofía. Detenido Desaparecido.
82. Salas Paradisi, Jorge Miguel. Estudiante de Pedagogía en Matemáticas. Ejecutado Político.
83. Salazar Aguilera, José Alberto. Ex estudiante de Servicio Social. Detenido Desaparecido.
84. Salcedo Morales, Carlos. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
85. San Martín Vergara, Luis Dagoberto. Estudiante de Agronomía. Detenido Desaparecido.
86. Sarmiento Sabater, Hernán. Estudiante de Medicina. Detenido Desaparecido.
87. Schneuer Yubero, Walter Carlos. Estudiante de Economía. Ejecutado Político.
88. Sepúlveda Contreras, Daniel Mauricio. Estudiante de Técnico Laborista. Detenido Desaparecido.
89. Sepúlveda Guajardo, Renato. Estudiante de Medicina. Detenido Desaparecido.
90. Sepúlveda Troncoso, Marcela Soledad. Estudiante de Audiofoniatría. Detenida Desaparecida.
91. Silva Saldívar, Gerardo Ernesto. Estudiante de Estadísticas. Detenido Desaparecido.
92. Silva Soto, Ricardo Cristian. Estudiante de Química y Farmacia. Ejecutado Político.
93. Soliz Poveda, Rosa. Estudiante de Enfermería. Detenida Desaparecida.
94. Soto Cerda, Juan Ramón. Estudiante de Derecho. Ejecutado Político.
95. Teruggi Bombatch, Frank Randall. Estudiante del Centro de Estudios Económicos y Sociales. Ejecutado político.
96. Thauby Pacheco, Claudio Francisco. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
97. Valenzuela Leiva, Luis Oscar. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.
98. Vallejo Ferdinand, Guillermo Osvaldo. Egresado de Derecho. Ejecutado Político.
99. Vergara Toledo, Eduardo Antonio. Estudiante de Pedagogía en Historia. Ejecutado Político.
100. Victoriano Veloso, Gilberto de las Mercedes. Egresado de Servicio Social. Ejecutado Político
101. Videla Moya, Lumi. Estudiante de Sociología. Ejecutado Político.
102. Villar Quijón, Elías Ricardo. Estudiante Técnico Laborista. Detenido Desaparecido.
103. Zerega Ponce, Víctor Osvaldo. Bachiller en Economía. Ejecutado Político.
104. Ziede Gómez, Eduardo Humberto. Estudiante de Sociología. Detenido Desaparecido.

El ministro en visita Miguel Vázquez Plaza condenó a siete oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores y GAP del Presidente Salvador Allende, detenidos en La Moneda el 11 de septiembre de 1973, entre ellos el ex director de la Policía de Investigaciones, Eduardo “Coco” Paredes, el doctor Enrique Paris y el subsecretario Arsenio Poupin.

En el fallo, el ministro condenó al brigadier (r) Pedro Octavio Espinoza Bravo a 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, los ex militares Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán purgar 9 años de presidio, mientras que Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez fueron sentenciados a 7 años de presidio, todos como coautores de los delitos de homicidio calificado.

En el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López, también se les aplicó la pena de 5 años de presidio, como coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

En la investigación, el ministro determinó que el día del golpe, tropas militares que ingresaron a La Moneda procedieron a la detención de un grupo de alrededor de 50 personas, integrados por asesores políticos directos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que se rindieron a las fuerzas militares de ocupación del Palacio de La Moneda.

El 13 de septiembre de 1973, las señaladas víctimas -que aún permanecían en el Regimiento Tacna- fueron amarradas de pies y manos con alambres, luego subidas a un camión militar, custodiadas por oficiales y personal militar, e inmediatamente trasladadas hasta el recinto militar de Peldehue, en Colina.

“Al arribar a dicho lugar en Peldehue, los referidos detenidos fueron bajados del camión militar y, de acuerdo con los antecedentes recabados en la investigación, se dispuso la instalación de una ametralladora, mediante la cual se disparó sobre dichos prisioneros, los que estaban atados de manos y pies con alambres, los que fueron ubicados al borde de un pozo o fosa vacía previamente excavada en dicho predio, y los cuales, al recibir los impactos de bala, cayeron al interior de dicha fosa”, señala el fallo.

“Una vez que concluyeron los fusilamientos, el personal militar arrojó granadas a la fosa, las que explotaron en el lugar, cubriéndose posteriormente con tierra y sepultándose de esta manera los cuerpos de tales prisioneros; acciones que fueron controladas y verificadas por un Oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército que presenció los fusilamientos desde una distancia cercana al sitio de los hechos”, agrega.

Más adelante, la resolución menciona que la superioridad del Ejército ordenó que se removieran los restos del lugar donde habían sido fusilados, trasladándolos con destino desconocido (aparentemente arrojados al mar o en la alta cordillera); sin embargo, efectuadas excavaciones en el lugar donde se produjo el fusilamiento, se encontraron restos que fueron identificados positivamente en el Servicio Médico Legal, que también estableció que las muertes se produjeron por un shock hemorrágico como consecuencia de lesiones por arma de fuego, siendo por ello la etiología médico-legal de la muerte de carácter violenta homicida.

“El resto de las personas que fueron detenidas en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y sacadas del Regimiento Tacna, a saber: Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca, no fueron identificadas en los restos óseos allí encontrados, desconociéndose desde esa fecha su paradero”, concluye.

En el aspecto civil, se acogió la mayoría de las demandas presentadas, ordenándose pagar indemnización a familiares de las víctimas por montos que se detallan en la sentencia.

El juicio al Plan Cóndor en Italia ha concluido con la absolución de la mayoría de los 27 militares imputados, pero ha servido para recordar a la veintena de italianos, militantes de izquierdas, que sufrieron dicho sistema represivo, de los cuales muchos continúan desaparecidos casi medio siglo después.

La acusación se ha asentado sobre los nombres de 42 personas presuntamente asesinadas en el conocido como Plan Cóndor, un sistema represivo impulsado por los regímenes dictatoriales latinoamericanos entre las décadas de 1970 y de 1980 para eliminar a la oposición.

Hace dos años el Tribunal de Roma aceptó juzgar estos hechos precisamente porque 22 de las personas que figuran en el mencionado listado sitúan sus orígenes al otro lado del Atlántico, en Italia, tal y como demuestran sus apellidos.

Tras 60 audiencias, el proceso en primera instancia concluyó hoy con la condena a cadena perpetua de ocho sujetos, entre ellos antiguos jefes de Estado, oficiales y miembros de los servicios secretos de los regímenes militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

Pero, para decepción de los acusadores, primaron las absoluciones, 19 en total, entre ellas la del antiguo miembro de los Fusileros Navales de Uruguay, Jorge Néstor Fernández Troccoli, único de los imputados que ha acudido a las vistas al vivir en libertad en Italia.

En cualquier caso, el proceso ha servido para honrar la memoria de las víctimas de estas purgas y para escuchar a los numerosos testigos que han apuntado a los supuestos ejecutores y han rememorado sus calvarios, que copan una de las páginas más negras de la historia latinoamericana.

Es el caso de Daniel Álvaro Banfi Baranzano (Montevideo, 1950), secuestrado cuando tenía 24 años en la localidad argentina de Haedo, en la periferia de Buenos Aires, debido a su militancia en el grupo Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

Su cuerpo sin vida fue encontrado el 29 de octubre de 1974, un mes y medio después de su desaparición, en San Antonio de Areco, en Argentina, junto a los cadáveres de dos connacionales, Guillermo Jabif y Luis Latrónica.

Estos asesinatos fueron adjudicados a la "Triple A", la "Alianza Argentina Anticomunista", que operó en la década de 1970 y que ha sido considerada como la primera colaboración entre los servicios secretos uruguayos y argentinos con manifiesta intención represora.

Otro caso rememorado en profundidad en Italia ha sido el de Juan José Montiglio Murúa (Santiago de Chile, 1949), militante del Partido Socialista chileno y miembro de la "Guardia de Amigos del Presidente", la escolta personal del presidente Salvador Allende.

Fue arrestado tras los enfrentamientos que precedieron a la toma del Palacio de la Moneda, en 1973, y ni siquiera se tiene constancia de su muerte, sino que directamente se presupone, ya que los testigos han apuntado a que fue fusilado junto a otros prisioneros.

También se ha abordado el caso de Jaime Patricio Donato Avendaño (Santiago de Chile, 1934), militante y dirigente del Partido Comunista del país andino capturado en una trampa de la DINA, la policía secreta del dictador Augusto Pinochet.

O del exsacerdote chileno Omar Venturelli Leonelli (Capitán Pastene, 1942), integrante del grupo Cristianos por el Socialismo y que guió a los indios mapuche en la ocupación de las tierras de los colonos europeos.

Permanece desaparecido desde que en septiembre de 1973 fuera detenido por el regimiento "Tucapel" de Temuco, y desde entonces su paradero continúa siendo un misterio de evidente solución.

También ha salido a relucir la desaparición del dirigente argentino del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, Luis Stamponi (Punta Alta, Argentina, 1935), amigo del Che Guevara y capturado por los servicios secretos de su país en 1976.

Fue apresado en Llallagua, Bolivia, y tras largas sesiones de tortura e interrogatorios fue entregado a la Gendarmería argentina, que lo encerró en la central de "Automotores Orletti", centro clandestino de detención bonaerense.

Tras el desmantelamiento de este centro, se cree que fue trasladado a Uruguay, donde fue asesinado junto a otros detenidos procedentes de Orletti.

O el chileno Juan Maino (Santiago de Chile, 1949), militante del marxista Movimiento de Acción Popular Unitaria que, tras ser detenido, se cree que fue ejecutado en "Colonia Dignidad", centro de torturas en tiempos de Pinochet.

Sea como fuere, estos son solo seis de los veintidós italianos latinoamericanos que sufrieron las consecuencias de la colaboración entre los regímenes militares de América Latina, un grano de arena entre la enorme cantidad de víctimas con las que se saldó el Plan Cóndor.

Siete oficiales (r) fueron condenados por detener, torturar y asesinar a 23 personas, las que fueron capturadas luego del golpe de Estado en el palacio de La Moneda.

El ministro en visita para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez, condenó a siete oficiales (r) del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del presidente Salvador Allende, detenidos tras el golpe de Estado en La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.

En el fallo, el ministro en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.

En tanto, Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán pasar nueve años en prisión; y los ex militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, el ministro Vázquez Plaza fueron condenados a siete años de presidio, como coautores de los delitos de homicidio calificado.

Además, en el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, se les sumó una pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, por ser coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.

Los hechos

En la investigación se determinó que tras el golpe de Estado, militares ingresaron a la casa de gobierno para detener a unas 50 personas, entre las que se encontraban asesores del presidente Allende, miembros de seguridad (GAP), médicos y detectives de la PDI.

48 horas después, sólo 23 quedaron detenidos, mientras que el resto fue liberado. Sin embargo, los aprehendidos fueron torturados en el regimiento Tacna, lugar donde fueron amarrados de pies y manos y trasladados a un recinto militar en Peldehue, donde fueron asesinados con una ametralladora.

Tras dar muerte a estas personas, se les arrojaron granadas hacia las fosas donde cayeron, para finalmente sepultarlos con tierra, todo «ante la vista de un oficial de Ejército que presenció los fusilamientos», como indica la investigación.

Tres testigos declararon hoy en la tercera audiencia del primer juicio por el asesinato del ex sacerdote de origen italiano Omar Venturelli en 1973, cuya responsabilidad fue supuestamente del ex fiscal militar durante la dictadura chilena Alfonso Podlech Michaud.

Lautaro Calfuquir, de origen mapuche y que fue compañero de Venturelli en la cárcel de Temuco (Chile), declaró ante el tribunal que el ex sacerdote salió del recinto a las seis de la tarde del día 4 de octubre de 1973, "una mala señal porque los que eran sacados a esa hora siempre eran torturados o desaparecían", dijo a Efe.

"Venturelli nunca regresó", subrayó Calfuquir quien por su parte, fue torturado "con golpes clásicos y picaduras de corriente, aunque no me tocaron la cara".

Otro testigo, Paolo Berzhenko, que entones era profesor de Historia en la Universidad Católica de Temuco, relató al tribunal que se encontró a Venturelli en la Fiscalía Militar, donde se realizaban los interrogatorios y los consejos de guerra, y cuyo fiscal militar era Alfonso Podlech Michaud.

Según Berzhenko, "Venturelli fue interrogado allí, pero se le hizo desaparecer antes y nunca fue juzgado".

Por último, Eleuterio Toro, profesor de Matemáticas en la Universidad Católica de Temuco, explicó de qué forma se llevaba a cabo la represión en esa localidad.

Detalló el origen italiano de Venturelli, dijo conocer a su familia, a sus padres, que vivía en la colonia italiana "Capital Pastene", señaló a Efe.

El sistema judicial italiano contempla que el juicio pueda realizarse "por derecho de sangre", lo que implica el inicio de procesos por delitos cometidos en cualquier parte del mundo contra ciudadanos de Italia.

En la audiencia anterior del pasado 18 de noviembre, los jueces italianos dictaminaron la negación de la custodia fuera de la cárcel romana donde ahora se encuentra Alfonso Podlech Michaud.

La Fiscalía italiana abrió en 1998 una investigación para esclarecer la desaparición de cuatro ciudadanos italochilenos durante la dictadura militar (19731990), entre ellos el ex religioso cuyo paradero se perdió mientras permanecía en arresto político.

Podlech Michaud, de 75 años, fue detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas en cumplimiento de una orden europea de detención y entrega emitida por las autoridades italianas y, el 13 de agosto el ex fiscal militar fue extraditado a Italia desde España y encarcelado en la prisión de Rebibbia (Roma).

Durante la dictadura chilena, cuatro ciudadanos ítalochilenos desaparecieron: Juan Bosco Maino Canales, Omar Roberto Venturelli Leonelli, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño.

Los dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar, frente a las costas de San Antonio.

En julio de 2006, la familia del ex sacerdote presentó en Chile una querella contra el dictador chileno Augusto Pinochet, fallecido en diciembre de ese año, y contra Podlech, quien ejercía como fiscal militar en la ciudad de Temuco, donde ocurrieron los hechos.

Omar Venturelli Leonelli, ex cura que había dejado los hábitos para casarse, se presentó voluntariamente en el regimiento "Tucapel", de Temuco, el 25 de septiembre de 1973, tras enterarse por una emisora de radio local de que era requerido por las autoridades castrenses.

Un documento firmado por Alfonso Podlech señaló que el ex sacerdote había sido liberado, pero nunca más se supo de él.

El proyecto de Memoria y Derechos Humanos invita a la reflexión al recrear los rostros de 10 víctimas de la Dictadura si estuviesen hoy presentes.

En el marco de la conmemoración de los 48 años del triunfo del Salvador Allende y la Unidad Popular, el Partido Socialista inauguró una exposición fotográfica de 10 Detenidos Desaparecidos ligados al partido y como se verían en la actualidad si no hubiesen sido víctimas de la Dictadura.

«La única forma de no repetir la historia, es manteniendo viva la memoria», es el lema de este homenaje que invita a la reflexión sobre los Derechos Humanos y las violaciones a ellos cometidas durante dictadura. Y fue presentado con un vídeo donde participan las familias de estos detenidos desaparecidos contando su historia y viendo por primera vez los rostros de su familiares si estuviesen presentes en la actualidad.

La producción de este proyecto estuvo a cargo de Wolff BCPP junto a Ojo de Buey, Salamágica y Darío Segui. La exposición es gratuita y esta abierta al público en Vicuña Mackenna #207.

Alejandro Arturo Parada González

Era estudiante de medicina veterinaria en la U. de Chile, pertenecía a la Juventud Socialista y era miembro del Consejo Normativo de la misma universidad. Fue miembro de la dirigencia clandestina del partido que funcionó entre 1973 y 1975. Era perseguido por la DINA y fue detenido en la comuna de Cerrillos en su casa a las 3:00 de la madrugada, vivía con su esposa que estaba con 6 meses de embarazo.

Rosa Elvira Soliz Poveda

Rosa vivía en un departamento junto a Sara Donoso Palacios, ambas eran ex-estudiantes de Enfermería y militaban en el Partido Socialista bajo las órdenes de Modesta Carolina Wiff Sepúlveda, realizando funciones de enlace tanto entre la Directiva central como entre éste y otros partidos políticos. Todas ellas desaparecieron después de ser detenidas por agentes de la DINA, cerca del 7 de Julio de 1975.

Vicente Israel García Ramírez

Vicente era un militante socialista y fue detenido a los 19 años, junto a su cónyuge Karin Reimer Carrasco, por efectivos de la DINA el 30 de abril de 1977, en San Fernando. Fueron trasladados a Santiago con la vista vendada y recluidos en un recinto de características que describen al cuartel de la ex Dina de calle Borgoño. Ahí fue interrogado y torturado, al igual que su cónyuge, quien fue dejada en libertad el 3 de mayo de 1977, pero él jamás pudo salir.

Juan Carlos Merino Figueroa

Al momento del Golpe Militar estaba esperando su entrada a la Universidad de Concepción en la carrera de Historia. Fue el cuarto de cinco hermanos y tenía sólo 19 años. Cuando intentaba salir del país fue interceptado, ferozmente torturado y posteriormente desecharon su cuerpo en el Arrayán junto a otros militantes, con una leyenda que decía “por traición al MIR” intentando hacerlo pasar por un enfrentamiento.

Manuel Tamayo

Nació el 6 de Mayo 1951 en Quinta Normal. Manuel era muy aplicado y estudió en el emblemático Liceo Experimental Dari´o Salas. Luego entró a estudiar sociología en la U. de Concepción y participó en la Juventud Socialista, siendo parte de la FECECH. Durante la dictadura se queda en Chile junto a la resistencia. En 1976 se va junto a otros jóvenes a Mendoza donde es detenido el 3 de abril, víctima de la operación Cóndor.

Jorge Marín Rossel

Jorge tenía 19 años de edad, era técnico astillero, militante socialista y estaba casado. Fue detenido el 28 de septiembre de 1973, a las 18:00 horas, por una patrulla militar que lo condujo primero a la VI División de Ejército y después al Regimiento de Telecomunicaciones de Iquique desde donde desapareció, el día 29 de septiembre de ese año.

Luis Evangelista Aguayo Fernández

Luis era inspector del Liceo Nocturno de Parral y militante socialista, fue detenido en su domicilio por efectivos de Ejército y Carabineros, en presencia de sus padres y hermanos. La vivienda fue allanada con violencia por los uniformados. A Luis su familia aún lo espera con el brasero, la tetera caliente, y el cigarrillo que su padre le ofrecía cada noche al regreso del trabajo.

Juan José Montiglio Murúa

Juan José fue militante del Partido Socialista y miembro del dispositivo de seguridad presidencial, GAP, donde eligió llamarse Aníbal. El 11 de septiembre de 1973 lideró la batalla que se libró ese día en La Moneda. Sólo salió del Palacio de Gobierno cuando el Presidente le dio la orden de rendirse a los atacantes. Al salir, fue detenido junto a sus demás compañeros, y luego interrogado, maltratado, torturado y cobardemente asesinado.

Sara de Lourdes Donoso Palacios

Sara era una joven muy inteligente, sensible, creativa, y militante del Partido Socialista. Amaba los libros, la poesía, el arte, el cine, el teatro, la música, y dibujaba increíblemente bien. El 15 de Julio de 1975, a las 8 de la mañana, fue secuestrada por agentes de la Dina cuando llegaba al Consultorio en Independencia donde hacía su práctica de Enfermería. Nada más se supo de ella

Juan Hernandez Zazpe

Juan era el segundo hijo de 12 hermanos, pertenecía a la Juventud Socialista y era presidente de la FEITECH. Se quedó en Chile a pesar de todas las advertencias, pero en septiembre del mismo año se vio forzado a partir a Mendoza para evitar a la DINA. Fue detenido junto a otros chilenos el 3 de abril del año 1976 y trasladado a Chile. Fue lo último que se supo de él.

El general en jefe de defensa nacional Javier Iturriaga del Campo es tildado como un “hombre duro”. El es el encargado de dirigir el estado de emergencia decretado por Piñera, teniendo un vistoso historial, familiar directo de violadores de DDHH y personeros de la DINA.

El general que estará a cargo de la seguridad de Santiago es calificado como un “hombre duro” en la filas del Ejército. Tiene 53 años y oficial del arma de caballería blindada. Su especialidad secundaria es paracaidista y comando. Y su actual cargo es comandante de Doctrina y Educación del Ejército

En la madrugada, hizo un balance el general jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga del Campo, bajo su responsabilidad estará la situación por el Estado de Emergencia que empezó a regir en Santiago pasada la medianoche y que implicó el despliegue de militares en las calles, algo no visto en la capital desde la declaración de los estados de excepción en dictadura

Iturriaga es un oficial con una carrera en ascenso. Ingresó a la Escuela Militar el año 1980, y se graduó con el grado de Alférez en el Arma de Infantería el 1 de enero de 1984. Se especialidad primaria es de Oficial de Estado Mayor, y la secundaria es de Comando y Paracaidista, de allí la boina negra con que se le vio salir desde palacio.
En su trayectoria también destaca su experiencia en mando, pues fue Comandante del Regimiento Reforzado Nº 4 “Rancagua” (2012) y también de la 2da Brigada Acorazada “Cazadores” (2013). Asimismo, fue parte de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”, como General de Brigada, y en el plano internacional fue designado como Agregado Militar en Brasil, para el año 2014.

Iturriaga fue el jefe de zona de las fuerzas militares desplegadas en la localidad de Santa Olga, en el Maule, durante los incendios forestales que devastaron parte de los bosques en la zona central del país durante el verano de 2017.
Sobrino de Pablo Iturriaga Marchese responsable de la desaparición de Omar Venturelli.

Desde 1998 el fiscal Giancarlo Capalbo indaga el caso de Venturelli, junto con la desaparición de Juan Bosco Maino Canales, Juan Montiglio Murúa y Jaime Patricio Donato Avendaño. Estos dos últimos figuran en el informe de las Fuerzas Armadas como lanzados al mar frente a las costas de San Antonio.

En el proceso de detención, secuestro, tortura y homicidio se menciona al ex procurador militar de Temuco-Cautín, Oscar Alfonso Podlech Michaud; al coronel (r) Pablo Heriberto Iturriaga Marchese; al ex comandante de la base aérea local, Andrés Pacheco Cardenas; al mayor (r) del Ejército Luis Armando Jofre Soto; al capitán (r) y encargado de servicios de inteligencia Nelson Manuel Ubilla Toledo; el ex director de la cárcel de Temuco Máximo Vivanco; suboficial (r) Leonel Quilodrán Burgos; el gendarme Jorge Arias; teniente (r) y ex integrante de los servicios de inteligencia Manuel Vasquez Chahuan; coronel (r) Hernán Jerónimo Ramírez Ramírez; oficial (r) Armando Nelson Ariel Maldonado Barría; oficial (r) Jaime Guillermo García Covarrubias y el oficial (r) Raimundo Ignacio García Covarrubias.

La presentación anexada al proceso 10205/98-R recrea los hechos comprobados hasta el momento sobre la detención de Venturelli y arroja luces sobre las personas presuntamente involucradas en el crimen. Se indica que el ex clérigo participaba en el grupo cristianos por el Socialismo e inmediatamente después del Golpe de Estado fue convocado a presentarse al regimiento Tucapel en Temuco, a través del bando militar número 16.

Iturriaga Marcheese es además, co responsable de la represión política en el área de Temuco y en la totalidad de la Provincia de Cautín -entre ellos, las comunidades mapuches del área- como representante de la Junta Militar de Gobierno en la Provincia de Cautín, en compañía del Intendente designado, Coronel de Ejército Hernán Ramírez Ramírez (ya fallecido); y del Coronel de Carabineros José San Martín (ya fallecido).

El general Javier Iturriaga es hijo de Dante Iturriaga Marcheese acusa de entregar detenidos en el centro de tortura colonia dignidad.

Un prontuario familiar que se corresponde con la dureza con la que describen al general encargado de dirigir el estado de emergencia.

El Ministro en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio.

El Ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, condenó a siete oficiales en retiro del Ejército, por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores del Presidente Salvador Allende, detenidos en el Palacio de La Moneda, el 11 de septiembre de 1973.
El Ministro en visita condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo a la pena de 20 años de presidio, en calidad de coautor de los delitos de homicidio calificado de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Luis Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa.
En tanto, Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López deberán purgar 9 años de presidio; y los ex militares Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, el ministro Vázquez Plaza a 7 años de presidio, como coautores de los delitos de homicidio calificado.
En el caso de los ex militares Servando Elías Maureira Roa y a Jorge Iván Herrera López, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, como coautores de los delitos de secuestro calificado de Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca.
En la etapa de investigación de la causa, el Ministro Vázquez Plaza logró establecer los siguientes hechos:
a.- Que, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden materializaron un golpe de Estado, previamente planificado, mediante el cual se derrocó al Gobierno de la época, acompañado de un puñado de asesores políticos, GAP y funcionarios del Servicio de Investigaciones, por causas de orden político, económico y social que no son del caso analizar en esta sede judicial, para lo cual se tomaron el poder y, para concretar el alzamiento, se rodeó el Palacio de Gobierno donde se encontraba el ex Presidente de la República Salvador Allende Gossens, por fuerzas militares y luego de advertencias de que los ocupantes de La Moneda abandonaran dicho sitio; al no hacerlo, se bombardeó por medio de aviones hawker hunter la sede de gobierno, sin que resultaran personas muertas por ese hecho. Luego, los ocupantes de La Moneda salieron, con las manos en alto, siendo llevados por las fuerzas militares hacia el exterior.
b.- Que, con ocasión de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 1973, tropas militares que ingresaron al Palacio de La Moneda, procedieron a la detención de un grupo de alrededor de 50 personas, integrados por asesores políticos directos, miembros del dispositivo de seguridad del Presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, que se rindieron a las fuerzas militares de ocupación del Palacio de La Moneda, algunos de los cuales fueron liberados y otros fueron detenidos y trasladados, en su mayoría, al Regimiento Tacna del Ejército de Chile, siendo ingresados en tal calidad a dicho Regimiento, sin cargo formal alguno, salvo que desempeñaban diversas funciones en el gobierno recién derrocado. Al día siguiente, fueron liberados los funcionarios de la Policía de Investigaciones que trabajaban al interior de La Moneda.
c.- Que, el día 13 de septiembre de 1973, los detenidos Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan José Montiglio Murúa, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel, Óscar Enrique Valladares Caroca, Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Julio Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina y Juan Alejandro Vargas Contreras, que aún permanecían en el Regimiento Tacna y que provenían del grupo de prisioneros capturados desde el Palacio de La Moneda, fueron amarrados de pies y manos con alambres, luego subidos a un camión militar, custodiados por Oficiales y personal militar, e inmediatamente trasladados hasta un lugar predeterminado, ubicado en el predio destinado al Regimiento Tacna que se encontraba en el recinto militar de Peldehue, aledaño a la carretera San Martín, sector Colina, lo que se realizó en virtud de una orden que emanó directamente del Comandante del Regimiento Tacna, quien a su vez solicitó o recibió dichas instrucciones de un oficial militar de grado superior, que en ese momento se desempeñaba como Comandante de la Guarnición Militar de Santiago, Comandante de la Segunda División de Ejército y Juez Militar de Santiago.
d.- Que, al arribar a dicho lugar en Peldehue, los referidos detenidos fueron bajados del camión militar y, de acuerdo con los antecedentes recabados en la investigación, se dispuso la instalación de una ametralladora, mediante la cual se disparó sobre dichos prisioneros, los que estaban atados de manos y pies con alambres, los que fueron ubicados al borde de un pozo o fosa vacía previamente excavada en dicho predio, y los cuales, al recibir los impactos de bala, cayeron al interior de dicha fosa. Una vez que concluyeron los fusilamientos, el personal militar arrojó granadas a la fosa, las que explotaron en el lugar, cubriéndose posteriormente con tierra y sepultándose de esta manera los cuerpos de tales prisioneros; acciones que fueron controladas y verificadas por un Oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército que presenció los fusilamientos desde una distancia cercana al sitio de los hechos.
e.- Que, concluidas las acciones de fusilamiento de los detenidos y posterior sepultura de sus cuerpos en la fosa antedicha, el grupo de militares que había participado en la operación, compuesto de Oficiales y personal militar de menor rango, regresó en los mismos vehículos utilizados para el traslado inicial, al Regimiento Tacna, dando cuenta de tales hechos al Comandante de la Unidad, el que a su vez, debió comunicarlos al Oficial superior jerárquico, Comandante de la Guarnición Militar de Santiago.
f.- Que, con ocasión de haberse descubierto en otros casos, cuerpos enterrados clandestinamente, se procedió a dar la orden por la superioridad del Ejército, que se removieran los restos del lugar donde habían sido fusilados, trasladándolos con destino desconocido (aparentemente arrojados al mar o en la alta cordillera); sin embargo, efectuadas excavaciones en el lugar donde se produjo el fusilamiento, se encontraron restos que fueron identificados positivamente respecto de: Óscar Luis Avilés Jofré, Jaime Antonio Barrios Meza, Manuel Ramón Castro Zamorano, Claudio Raúl Jimeno Grendi, Jorge Klein Pipper, Óscar Reinaldo Lagos Ríos, Julio Hernán Moreno Pulgar, Egidio Enrique Paris Roa, Héctor Ricardo Pincheira Núñez, Luis Fernando Rodríguez Riquelme, Jaime Gilson Sotelo Ojeda, Julio Fernando Tapia Martínez, Héctor Daniel Urrutia Molina, Juan Alejandro Vargas Contreras y Juan José Montiglio Murúa; como dan cuenta los informes periciales integrados remitidos por el Servicio Médico Legal, de fojas 7960 y siguientes, 8762 y siguientes, 9666 y siguientes, 9701 y siguientes y 12383 y siguientes, por pericias médico legales efectuadas a las evidencias óseas recuperadas del recinto militar "Fuerte Arteaga" ubicado en la localidad de Peldehue en la comuna de Colina, y de los restos humanos asociados al Protocolo N° 1561-01 del Servicio Médico Legal vinculado a esta causa, en los que se refiere igualmente, que la causa médica inmediata más probable del fallecimiento de estas personas, se produjo por un shock hemorrágico como consecuencia de lesiones por arma de fuego, siendo por ello la etiología médico-legal de la muerte de carácter violenta homicida.
g.- Que, el resto de las personas que fueron detenidas en La Moneda el día 11 de septiembre de 1973 y sacadas del Regimiento Tacna, a saber: Sergio Contreras, Daniel Francisco Escobar Cruz, José Freire Medina, Daniel Antonio Gutiérrez Ayala, Enrique Lelio Huerta Corvalán, Juan Eduardo Paredes Barrientos, Arsenio Poupin Oissel y Óscar Enrique Valladares Caroca, no fueron identificadas en los restos óseos allí encontrados, desconociéndose desde esa fecha su paradero".
En el aspecto civil, se acogió la mayoría de las demandas presentadas, ordenándose pagar indemnización a familiares de las víctimas por montos que se detallan en la sentencia adjunta.

El lunes 13 de mayo se reanudaron las audiencias de apelación en el Juicio Cóndor. Hubo dos momentos cruciales ese día. Por un lado, se volvió a incorporar al juicio al imputado chileno, Pedro Octavio Espinoza Bravo, el segundo en comando de la policía secreta chilena (DINA) después de Manuel Contreras. Por el otro, el abogado Andrea Speranzoni analizó en detalle las nuevas pruebas documentales, cuya anexión la Corte de Apelación había autorizado anteriormente, en diciembre de 2018

Después de meses de silencio, el imputado Espinoza Bravo finalmente respondió a las notificaciones enviadas por el tribunal y, en esta última audiencia, se pudo volver a sumar al juicio. En consecuencia, el Procurador General de la República, Francesco Mollace, pidió pena de cadena perpetua para él. Expresándose al respecto, el abogado del estado italiano, Luca Ventrella, afirmó de forma contundente que la absolución de Espinoza Bravo formaba parte de esas “absoluciones misteriosas y desconcertantes de la sentencia de primera instancia”. Ventrella resaltó el papel clavel y apical de Espinoza Bravo, como responsable de las operaciones en Villa Grimaldi, uno de los más crueles centros clandestinos de la DINA en Santiago, y su rol de comando dentro de las estructuras de la misma policía secreta chilena.

Acto seguido, Andrea Speranzoni, abogado de la República Oriental del Uruguay y de varios familiares de víctimas chilenas y uruguayas, empezó su intervención frente a los jueces. Habiendo logrado la incorporación de varios nuevos documentos de prueba en esta segunda etapa del juicio, el abogado se extendió por varias horas analizando en detalle la prueba recopilada durante su reciente viaje al Cono Sur. Speranzoni destacó que la distancia temporal y geográfica que separaba a los jueces de los delitos bajo su consideración, se podía superar gracias al esfuerzo por reconstruir los crímenes de lesa humanidad dentro de la misma sala del tribunal. En su largo relato, Speranzoni recordó el origen de la expresión “Nunca Más” en los años sucesivos a los delitos del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En un recorrido que empezó desde Núremberg, llegando hasta los tribunales de Ruanda y de Yugoslavia, pasando por Latinoamérica, el abogado recordó los conceptos de delitos de indiferencia, tomado de la jurisprudencia francesa, y de terrorismo de estado y plan sistemático, de la justicia argentina.

Con un abordaje cronológico, Speranzoni partió desde el golpe de Pinochet en Chile de septiembre de 1973, definiéndolo como un “nudo fundamental que llevó a los militares chilenos a generar una metodología criminal transnacional, con protocolos de acción entre las fuerzas conjuntas de la región”. Recordó en particular el caso de Juan José Montiglio Murúa, hijo de inmigrantes italianos, y miembro del Grupo de Amigos Personales (GAP) de Salvador Allende. Ese fatídico día del golpe, el 11 de septiembre de 1973, Juan nunca abandonó al presidente en La Moneda. Además, previendo lo que podía llegar a pasar, hasta se preocupó de destruir un archivo que contenía  los datos de otros miembros del GAP y de asistentes de Allende, para protegerlos a ellos y a sus familias. En mayo de 2017, meses después de la sentencia de primera instancia, los familiares de Montiglio finalmente pudieron identificar algunos de sus restos después de más de 40 años desde su desaparición.

Pasando a los casos de Uruguay, Speranzoni subrayó la relevancia de las nuevas pruebas documentales que se habían podido incorporar al juicio. El abogado entregó una memoria escrita de más de 200 páginas a la Corte y, durante su exposición, resumió algunos de los puntos claves. En relación con el imputado uruguayo, Jorge Néstor Troccoli, acusado de 20 homicidios de militantes uruguayos en el exilio en Buenos Aires entre fines de 1977 y comienzo de 1978, el abogado reseñó algunos de los nuevos documentos de archivo, como también las fichas de los detenidos, “que no habían sido analizadas por la corte de primera instancia.” Con una lectura cruzada entre los varios elementos de prueba, nuevos y viejos, desde los legajos militares, las comunicaciones de la Embajada, hasta los documentos del recién hallado archivo de la Computadora los Fusileros Navales (FUSNA), el abogado remarcó como Troccoli había estado involucrado a todo nivel, desde la preparación y la planificación de los secuestros, hasta su participación directa en las olas de detenciones en Argentina. El abogado resaltó el desempeño de Troccoli como jefe de inteligencia S2 del FUSNA y posteriormente, desde fines de 1977 y por todo 1978, como oficial de enlace entre el FUSNA y la ESMA, actuando directamente en territorio argentino en las mismas fechas en que las víctimas fueron apresadas.

De la misma forma, Speranzoni analizó el rol del coronel José Nino Gavazzo, quien en las últimas semanas ha ocupado los titulares de varios periódicos en Uruguay. De forma parecida, el abogado analizó el legajo militar del coronel para demostrar cómo él mismo era responsable de muchos asesinatos de exiliados uruguayos, secuestrados en Buenos Aires entre mayo y octubre de 1976, a raíz de su rol como jefe de operaciones del Sistema Cóndor en esas mismas fechas. Speranzoni también incluyó en su análisis a otros imputados uruguayos, tanto de la Armada como del Ejército, que también habían sido absueltos en primera instancia, demostrando que en realidad ellos también habían tenido un papel importante en los homicidios bajo imputación.

Los abogados Giancarlo Maniga y Nicola Brigida cerraron las intervenciones ese día. Por un lado Maniga se explayó sobre el caso del exiliado uruguayo, Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, remarcando cómo Argentina se había convertido en una trampa cruel para él y su familia. Evocó cómo, ya antes de la fundación oficial de Cóndor a finales de 1975, existía una coordinación represiva entre los países de la región, donde figuras como el excomisario de la policía uruguaya, Hugo Campos Hermida, actuaban con absoluta impunidad en Argentina ya en 1974, persiguiendo y deteniendo a los refugiados ahí.

Por último, Brigida en apenas pocos minutos generó paralelismos con algunos de los peores crímenes de la mafia, como el secuestro y asesinato del pequeño Giuseppe Di Matteo, un niño de 12 años a comienzo de los años 1990, recordando al tribunal que posee “todos los instrumentos necesarios para tumbar la sentencia de primera instancia y cumplir con los códigos y las reglas procesales”. Hablando directamente a los jueces populares, Brigida les recordó que “tienen una oportunidad única de hacer justicia.”

La próxima audiencia está agendada para el 21 de junio con las intervenciones de los últimos abogados de los familiares de las víctimas, mientras que el 28 se esperan los alegatos de la defensa. La Corte tiene previsto dictar su veredicto el 8 de julio.

Los militares enfrentan actualmente un proceso de extradición a solicitud de Italia, para cumplir en el país extranjero una condena a cadena perpetua.

La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez, decretó arresto domiciliario para cuatro ex agentes de la dictadura, condenados a cadena perpetua por la justicia italiana, por el crimen de 43 ciudadanos latinoamericanos de origen italiano, en los años 70, en el marco de la Operación Cóndor. Entre ellos se encuentran cuatro víctimas chilenas.

Estos son los exagentes Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vasquez Chahuán, Rafael Ahumada Valderrama y Daniel Aguirre Mora. De los otros dos requeridos, uno está fallecido y el otro, Pedro Espinoza Bravo, se encuentra preso en Punta Peuco cumpliendo diversas condenas por otros delitos de lesa humanidad.

Los militares enfrentan actualmente un proceso de extradición a solicitud de Italia, en el que se han hecho parte representantes de las víctimas. Entre ellos, los abogados Nelson Caucoto y Francisco Bustos actúan en representación de la hija de Juan José Montiglio Murúa, una de las cuatro víctimas italochilenas.

Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad de la Guardia Personal del Presidente Allende (GAP). Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue dos días después. Hasta la fecha, permanece en calidad de detenido desaparecido.

Anteriormente los criminales se encontraban con la medida cautelar de arraigo nacional, lo cual fue modificado a petición de la representación de la República de Italia, el Programa de Derechos Humanos y de los querellantes, quienes solicitaron una cautelar de mayor intensidad, por lo cual se les otorgó el arresto domiciliario total.

Para el abogado Francisco Bustos, esta nueva medida dictada por la magistrada Vivanco es de gran importancia, ya que «encontrándonos cerca del fin de esta fase del proceso, se reconoce la necesidad de asegurar que los requeridos estén a disposición del tribunal. De igual manera, tengo confianza en que demostraremos que concurren todos los requisitos para acceder a la extradición y lograr que sean cumplidas las penas impuestas por la Corte de Roma».

Condena 20 años más tarde

Las otras víctimas italochilenas son Omar Roberto Venturelli Leonelli (31),  exsacerdote, militante del MIR, detenido el 25 de septiembre de 1973; Juan Bosco Maino Canales (27) militante del MAPU, estudiante y detenido el 26 de mayo de 1976; y Jaime Patricio Donato Avendaño (41) miembro del Comité central del Partido Comunista, mecánico electricista, detenido el 05 de mayo de 1976.

En 1998, a instancias de sus familiares, la justicia italiana inició la investigación en torno a este proceso y solo después de 20 años la Corte Suprema de Italia emitió el fallo que condenó a cadena perpetua a 24  genocidas latinoamericanos implicados en la Operación Cóndor.

En abril del año pasado, una delegación italiana integrada por un abogado y un representante de las víctimas, visitó nuestro país para conocer detalles del proceso que se desarrolla en Chile, contribuir a que se conozca sobre este juicio histórico en nuestro país, y colaborar con la extradición de los involucrados y condenados en esta causa.

Reconocimiento simbólico irá dirigido a ex estudiantes asesinados durante el régimen militar.

A través del decreto exento número 0030766 de la Universidad de Chile, autorizado por la Contraloría de la República el 4 de septiembre de este año, dicha casa de estudios quedó habilitada, por primera vez en su historia, para hacer entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos a los estudiantes que fueron ejecutados políticos y aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos durante el régimen militar.

La ceremonia oficial, que estará encabezada por el rector Ennio Vivaldi, se desarrollará el próximo lunes 11, en el patio Domeyko de la casa central, a contar de las 12.30.

Para Vivaldi "esta iniciativa tiene dos significados muy profundos. Por una parte es un gesto de reparación para las propias víctimas y para sus familiares, quienes además asocian afectivamente a su seres querido con esta gran institución que es la U. de Chile. Por otro lado, la U. de Chile siente que está cumpliendo con su deber moral al no concederle a la dictadura el objetivo terrible de, además haberles truncado la vida, borrar sus logros como estudiantes y futuros profesionales para Chile".

La nómina incluye a 104 ex estudiantes de la universidad, quienes fueron asesinados por agentes de Estado entre 1973 y 1989.

Entre los casos más recordados destaca el del estudiante de historia Jécar Nehgme, quien figura, además, como la última víctima del régimen de Augusto Pinochet. Este ex dirigente del

Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) apareció muerto el 4 de septiembre de 1989 en la calle General Bulnes, a pocos días de que se desarrollaran las elecciones que marcarían el retorno a la democracia.

Tras un largo proceso judicial, que se resolvió en 2008, se logró establecer como autores del asesinato al jefe metropolitano de la CNI, brigadier (r) Enrique Levy Araneda; al coronel (r) Pedro Guzmán Olivares y al capitán (r) Luis Sanhueza Ross.

Desde las organizaciones sociales valoraron el gesto. La presidenta de la Agrupaciones de Ejecutados Políticos (Afep), Alicia Lira, señaló que "es un gran gesto, que reconocemos enormemente. Con esto, el rector Vivaldi cumple una tarea pendiente que tenía la Universidad de Chile, ya que gestos similares ya los habían cumplido otras universidades como la U. de Santiago y la Austral de Valdivia. Pero es una señal enorme para la democracia y para que se cumpla un verdadero nunca más en Chile". (EXTRACTO)

Entre los homenajeados se encuentra ;  Montiglio Murua, Juan José. Estudiante de Pedagogía en Biología. Detenido Desaparecido.