Fonseca Faúndez Carlos

CARLOS FONSECA FAUNDEZ

Rut     : Sin información
F.Nacim. : 24 años a la fecha de la detención
Domicilio : Avda. Balmaceda s/n, Población Nueva Matucana, Quinta Normal
E.Civil : Soltero
Actividad : Soldador al arco
C.Repres. : Sin militancia política conocida
F.Detenc. : 17 de septiembre de 1973

Carlos Fonseca Faúndez, soltero, soldador al arco, sin militancia política conocida, al 17 de septiembre de 1973 tenía su domicilio en la Población Nueva Matucana, Quinta Normal, en donde convivía con Verónica del Carmen Poblete Sat, con quien tenía un hijo de 11 meses de edad. Ese día 17 de septiembre, llegó a su hogar en estado de ebriedad teniendo una fuerte discusión con su conviviente. En esos momentos, la una de la madrugada, se hizo presente en el domicilio una patrulla militar que interrogó a Carlos Fonseca acerca de lo que estaba ocurriendo. Luego, el militar a cargo, lo levantó violentamente de la silla y señaló que lo llevaría detenido, asegurando que al día siguiente estaría de regreso en el hogar. Los aprehensores también allanaron la casa y se llevaron los documentos personales del afectado.
A partir del día siguiente de los hechos, doña Verónica Poblete procedió a buscarlo en las distintas Comisarías de Carabineros e Investigaciones, en los Campos de Prisioneros Políticos tales como el Cerro Chena, Estadio Nacional, Estadio Chile e incluso en el Instituto Médico Legal sin obtener resultados positivos y aun desconoce la suerte que el padre de su hijo corrió en manos de los militares que lo arrestaron.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 24 de marzo de 1974, el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, integrado por la Iglesia Católica, las Iglesias Evangélicas, la Iglesia Ortodoxa y la Comunidad Israelita de Chile presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo en favor de 131 personas que a la fecha habían sido detenidas y cuyo paradero se desconocía, entre ellos por Carlos Fonseca Faúndez. En el libelo, signado con el rol 289?74, se señala que se recurre a la Iltma. Corte "con el objeto de salvaguardar la integridad física y moral de tantas personas que se encuentran privadas de libertad y recluidas en sitios que se mantienen secretos para sus parientes y amigos, por ende, a una justa y adecuada defensa jurídica. Así, son muchos los hogares en los que faltan miembros desde hace meses sin que las familias, pese a sus agotadoras e innumerables diligencias, hayan conseguido información alguna sobre su paradero y su suerte".
En la tramitación del recurso de amparo, se requirió información a las autoridades, sin que se lograra establecer la situación de la gran mayoría de los amparados, entre ellos, la de Carlos Fonseca. El 28 de noviembre de 1974, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de amparo, siendo apelada la resolución por la parte recurrente. El Pleno de la Corte Suprema, el 31 de enero de 1975, confirmó el fallo apelado, a la vez que acordó nombrar un Ministro en Visita Extraordinario a fin de investigar los hechos denunciados. La responsabilidad recayó en el Ministro Enrique Zurita Camps, quien el 24 de febrero e 1975 inició la causa rol N°106.657 del Primer Juzgado del Crimen de Santiago.
Al comienzo del proceso se citó a declarar a los familiares de los denunciantes, quienes ratificaron las circunstancias en que los ofendidos fueron detenidos. Asimismo, se requirió información a las autoridades y a diversos organismos asistenciales, cuyas respuestas fueron todas negativas. Además, el señor Ministro acumuló alrededor de 10 denuncias por presunta desgracia, entre las que se encontraban varios desaparecidos de Isla de Maipo, cuyos cuerpos años más tarde aparecieron en los Hornos de Lonquén. El 25 de septiembre de 1975, sin que hubiese avances en la investigación que permitiera saber el destino de los desaparecidos, se cerró el sumario y, el 29 de septiembre, con respecto al caso de Carlos Fonseca Faúndez y otros, sobreseyó temporalmente la causa con el fundamento de que no se encontraba "justificada la existencia del delito investigado". El 10 de mayo de 1976, la Corte de Apelaciones aprobó la resolución del Ministro Zurita. En relación a los otros casos investigados, el Ministro se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Justicia Militar.
En abril de 1992 su familia interpuso querella por secuestro ante el 24 Juzgado del Crimen de Santiago, causa que ingresó con el rol N° 23372 5 y que a fin de ese año se encontraba en estado de sumario.
Los antecedentes antropomórficos de Carlos Fonseca Faúndez fueron anexados a la causa 4449 AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

Un juez chileno confirmó hoy los nombres de otras cuatro víctimas de la dictadura que habían sido enterradas en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago y que fueron mal identificadas por el Servicio Médico Legal.

Según fuentes judiciales, el ministro en visita, Alejandro Solís, culminó la identificación de estos restos inhumados en el Patio 29 del Cementerio General, proceso que se inició en diciembre pasado y que se tramitaba en el vigésimo segundo Juzgado del Crimen de Santiago.

Las pericias fueron practicadas por los expertos del Servicio Médico Legal, Rhonda Roby y el doctor Francisco Echeverría, con una certeza de 99,99%.

Las identidades corroboradas corresponden a CARLOS FONSECA FAUNDEZ ; Sergio Fernández Pavez, Jorge Manuel Pavez Henríquez y en el caso de Francisco Arnaldo Zúñiga Aguilera, sus osamentas fueron rotuladas con fecha 17 de abril de 1998 e identificadas de manera errónea como las pertenecientes a Fernando de la Cruz Olivares Mori.

Estas personas, que fueron asesinadas en 1973, poco después del golpe militar del 11 de septiembre y lanzadas a tumbas marcadas como "NN" en el patio 29 del Cementerio General de Santiago, fueron exhumadas tras el restablecimiento de la democracia en el país.

Cuando en 1991 se abrieron las tumbas sin nombres del Patio 29 se descubrió que en algunas había hasta tres cuerpos en un mismo ataúd.

Al ser preguntado sobre el particular, Augusto Pinochet, quien aún era jefe del Ejército, comentó: "Pero qué economía más grande".

En el año 2006 se dio a conocer que había errores en la identificación de los restos y desde entonces el Servicio Médico Legal comenzó una serie de auditorías para lograr identificar correctamente a las víctimas.

En julio de 2006 el Patio 29, donde fueron ubicadas 123 osamentas, fue declarado Monumento Nacional.

Podría ser errónea la identificación de todos los cuerpos de detenidos desaparecidos hallados hace 15 años en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago. Una semana después que el Servicio Médico Legal (SML) y el juez Carlos Gajardo convocaran -el 19 de abril- a los familiares de las víctimas para informarles que hubo error en la identificación de los restos de 48 de las 90 personas halladas en 1991, hoy ni siquiera existe certidumbre de que los 42 cadáveres restantes estén correctamente identificados, ni tampoco que todos los 48 tengan errores. El SML efectuó comparaciones de ADN mitocondrial de 90 restos con ADN de los familiares vivos de las víctimas, concluyendo que en 48 casos no existió correspondencia en el Acido Desoxirribonucleico.

El caos surgió después que el magistrado Gajardo, quien está a cargo del caso del Patio 29, descalificara el martes 25 el informe emitido el miércoles anterior por el servicio forense. ‘Yo no puedo descalificar el primer peritaje sobre la base de lo que me dice el segundo. Tengo que escuchar a quienes participaron en el primero y quienes participaron en el segundo. [No hay] nada definitivo, absolutamente nada definitivo’, dijo. En buen castellano, significa que algunos cuerpos podrían estar ‘bien identificados’ y otros no, pero ¿cuáles?

La presidenta Michelle Bachelet comisionó a la asistente social María Luisa Sepúlveda para que aclare la compleja situación y sus primeras palabras también relativizaron el informe basado en el ADN mitocondrial, al afirmar que las pruebas de ADN mitocondrial efectuadas por el Servicio ‘no es concluyente’. Añadió que ‘hay que estudiar otros antecedentes del proceso para que el tribunal determine si con esa única prueba se determina que no es la persona que está identificada’.

Ahora deberá hacerse de nuevo todo el trabajo de más de una década. Se efectuarán nuevos peritajes antropológicos forenses, se traerá a Chile a peritos internacionales expertos en identificación, se realizarán contramuestras con ADN nuclear en el extranjero y se apoyará a los familiares. ‘Es mi decisión desarrollar un programa especial con el fin de saber exactamente la situación de las personas encontradas en el patio 29’, dijo Bachelet. ‘Por eso, he nombrado a una representante especial que va a responder ante mí, que lleve a delante y garantice tanto el apoyo a los familiares como el fortalecimiento y el desarrollo del Servicio Médico Legal», afirmó la Presidenta.

Líos cruzados

El trasfondo de la crisis de credibilidad más grave del servicio público forense está cruzado por una serie de conflictos secundarios: el Servicio ocultó a los jueces un informe pericial sobre una muestra de 27 cráneos evacuado en 2002 por la Universidad de Glasgow, mientras el director del servicio, Oscar Vargas, afirma que los magistrados, quienes tienen la última palabra en una identificación por razones jurídicas, decidieron por su cuenta ‘quién era quien’, sin soporte científico, todo esto ante la condescendencia de autoridades políticas ansiosas por una solución rápida. Existen también rivalidades entre las autoridades actuales y anteriores del SML. Los barones de la clase política recibieron un inesperado festín para toda suerte de cuestionamientos y exigencias de ‘responsabilidad política’ ante las cámaras de televisión, mientras el telón del fondo es el dolor impotente de los familiares que desean haya sanciones administrativas y judiciales, pero sobre todo que se identifique bien a sus seres queridos que perdieron por segunda vez.

Pero las consecuencias legales son también complejas, con implicancias jurídicas y económicas. Si no hay cadáveres, no hubo asesinato, sino secuestro. Los culpables que fueron procesados en innumerables juicios podrían quedar en el limbo por largo tiempo. Los familiares que cobraron indemnizaciones podrían tener problemas de otra naturaleza y quienes aún no perciben la reparación del Estado deberán seguir esperando. Y sobre estos aspectos, la comisionada Sepúlveda hizo una declaración críptica, un tanto extraña: ‘Eso no vamos a poder resolverlo en el caso particular mientras no se establezca por vía judicial que esa identidad no corresponde. En este minuto ese proceso no ha llegado […] Hoy día [esas personas] están oficialmente muertas, hasta que la justicia diga lo contrario’. Pero si esas personas no están muertas ‘oficialmente’, la justicia jamás lograr lo contrario, es decir, revivirlas.

El affaire de la morgue puso en la picota a los últimos ministros de justicia, el independiente Luis Bates Hidalgo, en el gobierno de Ricardo Lagos; y el radical José Antonio Gómez y la DC Soledad Alvear, en la administración de Eduardo Frei. También están cuestionados los procedimientos del sistema público de medicina forense.

El abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez denunció que «graves irregularidades» condujeron al error de identificación y demandó la designación de un ministro [de corte] en visita que investigue el error. El ministerio de Justicia designó a una fiscal que comenzó a trabajar. La Cámara de Diputados se apresta a constituir una comisión investigadora para establecer ‘responsabilidades políticas’, una figura que la gente común poco entiende en qué consiste.
El ex tanatólogo del Servicio Médico Legal Luis Ravanal dijo que ‘derechamente aquí hubo una política de ocultar la verdad, de detenerla en forma permanente, […] no solamente con la negación de la información a los tribunales de Justicia, sino también con la exoneración de funcionarios’. El facultativo presentó al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, antecedentes relacionados con esas supuestas irregularidades, entre las que se encuentra una carta del 26 de noviembre de 2001 en la que varios médicos de la Unidad de Tanatología advirtieron deficiencias en el registro de los restos encontrados.

‘No existía ningún tipo de control, y registro específico por osamentas, con excepción de los registros provenientes de la Unidad de Identificación a partir del 22 de noviembre del mismo año’, afirmó Ravanal. Agregó que existen datos relacionados con la ausencia de instrumental necesario y adecuado para la realización de peritajes en restos humanos y denunció mal manejo de fondos en el SML.

«Responsabilidades políticas»

Es un error centrarse en buscar responsables cuando se trata de buscar la verdad, dijo Enrique París, hijo del médico del mismo nombre que se encuentra entre los 48 restos cuya identidad fue cuestionada. La abogada de derechos humanos Pamela Pereira, a quien le correspondió abrir el Patio 29 como abogada querellante, en representación del obispo Sergio Valech y cuyo padre es detenido desaparecido, dijo que alertó al presidente Ricardo Lagos en 2005 sobre las irregularidades en las identificaciones. Añadió que el entonces primer mandatario se mostró conmovido, porque entre las víctimas se encuentra su amigo Enrique París padre. La abogada la pidió la destitución del director del SML y del ministro Bates. Cuenta que Lagos dijo: ‘Lo voy a ver’…, ‘tengo que verlo’, pero no hizo nada. ‘Al final, los presidentes también están limitados por las realidades del poder, aún en cuestiones humanas que los afectan’, aseguró Pereira en el vespertino La Segunda del martes.

El ex ministro de Justicia y actual senador radical José Antonio Gómez dijo estar ‘abierto a colaborar y no voy a eludir responsabilidades políticas’. Y añadió: ‘Hay que tener cautela en la difusión de versiones sobre la identidad de los cuerpos… el ADB mitocondrial no es 100% seguro’. El ministro jubilado Juan Guzmán, quien adquirió notoriedad por ser el primer juez que procesó a Augusto Pinochet, causó revuelo el año pasado cuando dijo que haber sido presionado desde la oficina Gómez para suavizar su trato judicial al ex dictador.

Soledad Alvear, actual senadora DC y también ex ministra de la misma cartera, dijo que ‘es delicado que se haya señalado categóricamente, antes de que se realicen los contraperitajes, que un número determinado de cuerpos no corresponde’. También aseguró que ‘no ocultamos ninguna información…, me siento tranquila’.

Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) focalizó las responsabilidades políticas en los ex ministros de Justicia Bates y Gómez porque ‘no tomaron medidas’, además responsabilizó al equipo que identificó y a los directores del SML y a otras autoridades en torno a no escuchar antes estas denuncias que se venían haciendo’.

Pizarro agregó que los familiares tienen conciencia de las dificultades para identificar osamentas, pero señaló que aún persistiría el error si el juez Sergio Muñoz no hubiera pedido la exhumación en marzo de 2005. Cuando Muñoz ascendió a la Corte Suprema fue sustituido en el caso por Carlos Gajardo. La dirigente protestó por la errática conducta del gobierno de Lagos, que toleró la mala identificación y a la vez indultó al principal asesino del dirigente sindical Tucapel Jiménez, entre otros gestos que pudieron desembocar en un abortado proyecto de punto final, muy poco antes de concluir su mandato.

La vicepresidenta de la AFDD, Mireya García, dijo que ‘siempre hay responsabilidades políticas cuando una institución del Estado comete errores tan grandes’ y recordó que al ministro Bates le señalaron la necesidad de que se regularizaran los procedimientos y se tomaran las medidas que correspondía tomar. ‘Sin embargo, no hubo ninguna reacción’.

Nomina de las 48 víctimas

Entre las 48 víctimas que estarían mal identificadas se encuentran los médicos Enrique París y Carlos Paredes, colaboradores de Salvador Allende apresados en La Moneda la misma mañana del golpe, el 11 de septiembre de 1973. Un caso que se hizo emblemático fue el de Fernando Olivares Mori, por el documental «Fernando ha vuelto», de Silvio Caiozzi, obra de 1998 que registra el regreso de sus restos supuestos al hogar familiar y su emotivo velatorio y sepultación. El film de 31 minutos exalta el trabajo de los tanatólogos hoy cuestionados.

En la lista aparecen también los periodistas Ernesto Traubmann Riegelhaupt, comunista, nacido en Checoslovaquia, capturado cuando trataba de hacer funcionar un sistema de radio, y Sergio Contreras Contreras, periodista socialista, detenido en La Moneda. (Ver sus historias en Morir es la Noticia, http://shop.logos.it/users/carmona/html/ii.html).

Precisamente, el 20 de abril, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le dobló la mano al ministro Juan Fuentes Belmar al revocar la prescripción aplicada a nueve inculpados de efectuar exhumaciones ilegales de víctimas de La Moneda sepultadas secretamente en el Regimiento de Peldehue y trasladadas al Patio 29 en 1978. El hallazgo del Patio 29 ocurrió en 1991.

La corte invocó los tratados internacionales sobre delitos de lesa humanidad y resolvió que «el juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, sean imprescriptibles o no puedan ser amnistiados». Además, estableció que la remoción de los cuerpos fue el último eslabón de una cadena de acciones que se inició con la detención de un grupo de personas en La Moneda.

El magistrado Fuentes investigó las detenciones ejecutadas el 11 de septiembre de 1973 en La Moneda en una causa sobre la llamada operación «Retiro de televisores», que desenterró cuerpos de detenidos desaparecidos a lo largo de todo el país. Fuentes consideró que exhumar los cuerpos de los prisioneros de La Moneda y sacarlos de Peldehue para arrojarlos al mar desde helicópteros o volver a enterrarlos en otros lugares, no podía ser considerado un delito de lesa humanidad sino una simple infracción al Código Sanitario.

Según la apreciación de Fuentes, las exhumaciones sólo fueron «un delito de exhumación ilegal tipificado y sancionado en el Código Penal con pena de reclusión menor en grado mínimo (61 días a un año) y multa de diez UTM», equivalentes a unos 300 dólares. El magistrado había absuelto al ex jefe del Comando de Aviación del Ejército, general retirado José Darrigrandi, y a los militares retirados Fernando Burgos Díaz, Sergio Medina Salazar e Isidro Durán Muñoz. Los tribunales chilenos ventilan todos los días causas de derechos humanos por crímenes acontecidos hace más de 30 años.

Las 48 víctimas que estarían mal identificadas, según el informe de ADN Mitocondrial del Servicio Médico Legal, son las siguientes:

1.- Albornoz Prado Hernán
2.- Albornoz Prado Juan
3.- Avilés Jofré Oscar
4.- Carreño Calderón José
5.- Cádiz Molina Luis
6.- Castro Maldonado José
7.- Castro Zamorano Manuel
8.- Cofré Martínez Germán
9.- Contreras Contreras Sergio
10.- Dávila García Luis
11.- Del Canto Rodríguez José
12.- Duque Orellana Patricio
13.- Fernández Pavez Sergio
14.- CARLOS FONSECA FAUNDEZ
15.- Freire Medina José
16.- Gallegos Gallegos Juan
17.- Gutiérrez Ayala Daniel
18.- Gutiérrez Rivas Luis
19.- Guzmán Altamirano Carlos
20.- Jiménez Cortés Luis
21.- Largo Vera Luis
22.- Lazo Maldonado Luis
23.- Marambio Araya Oscar
24.- Maturana Valderrama Samuel
25.- Montero Montero Enrique
26.- Muñoz Bizama José
27.- Muñoz Contreras José
28.- Muñoz Muñoz Raúl
29.- Muñoz Peñaloza Mario
30.- Olivares Mori Fernando
31.- Paredes Barrientos Eduardo
32.- París Roa Enrique
33.- Pavez Henríquez Jorge
34.- Pérez Godoy Pedro
35.- Pincheira Núñez Héctor
36.- Ramírez Ramírez José
37.- Reyes Avila Carlos
38.- Rodríguez Lazo Daniel
39.- Rodríguez Riquelme Luis
40.- Serrano Galaz Roberto
41.- Sobarzo Sepúlveda José
42.- Sotelo Ojeda Jaime
43.- Toledo Garay Enrique
44.- Traubmann Riegelhaupt Ernesto
45.- Utreras Beltrán Juan
46.- Vargas Barrientos Pedro
47.- Zárate Alarcón Pedro
48.- Zúñiga Aguilera Francisco

El IML dijo que la lista que mostró Sergio Diez ante la ONU en 1976 no emanaba del servicio. Era una falsificación. Hoy está la gran ocasión para que Diez dé cuenta de esto.

Roberto Garretón

El debate y las acusaciones a los gobiernos constitucionales en torno a las responsabilidades por los probables errores en la identificación de personas encontradas en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, que incluso autorizaron a un ex ministro de la dictadura a proclamar un grotesco empate moral entre pinochetistas y demócratas, olvidan dos hechos esenciales: primero, todas las víctimas fueron asesinadas (ninguna cayó en un combate o por accidentes del tránsito ni de muerte natural, como fue y es el discurso del pinochetismo desde 1973 hasta hoy y como será mañana); y, segundo, los crímenes estuvieron cubiertos por campañas de ocultamiento y encubrimiento con medios periodísticos y diplomáticos. Las dos más graves fueron los montajes para engañar a la ONU y la conocida como el caso de los 119. Me referiré a la primera.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU de 1976 el embajador de la dictadura Sergio Diez (actual presidente de RN) afirmó que en las listas de desaparecidos "hay 153 (nombres), además, que no tienen existencia" y que el Registro Civil "ha confirmado que estas 153 'presuntas' (sic) personas son combinaciones de nombres y apellidos supuestos, que no están en los registros y que no tienen familia, y sobre quienes nadie en Chile ha preguntado responsablemente". Agrega que "hay 64 personas de la listas de esos desaparecidos que están muertos, legalmente muertos, y que murieron casi en su totalidad, en los días siguientes al 11 de septiembre; y también, además por causas naturales o por accidente (tránsito, etc.). En la página 381 del informe (su informe) está la lista entregada por el Instituto Médico Legal, con la fecha y la hora en que esas personas fueron entregadas al Instituto Médico Legal".

Para ocultar el crimen de las 153 víctimas del primer grupo, Diez acompañó certificados del Registro Civil que expresan que las personas a que se refieren efectivamente no existen. El detalle está en que en los certificados el nombre del desaparecido tiene algún leve cambio, absolutamente inapreciable por los delegados de los otros países. Así por ejemplo, para demostrar que nunca existió el desaparecido o asesinado Sergio Tormen, famoso campeón chileno de ciclismo, cuya identificación completa es Sergio Daniel Tormen Méndez, Diez acompañó un certificado de la inexistencia de Sergio Manuel Tormen Méndez. Éste último, claro, no existe.

Según el embajador, tampoco "existieron" Sergio Fernando Fernández Pavez, ni Luís Carlos Jiménez Cortéz (Cortés), ni Luis Alejandro Largo (Larco) Vera, ni Ricardo López Elgueda, ni Jorge Manuel Pavez Henríquez (Enrique), ni Simón Eladio (Eludio) Sánchez Pérez, ni Héctor Daniel (David) Urrutia Molina. Sin embargo, sus cadáveres aparecieron en el Patio 29. Diez "informa" que los cadáveres de José Ignacio Castro Maldonado, Luís Rodolfo Lazo Maldonado, CARLOS FONSECA FAUNDEZ y Juan Gallegos Gallegos habrían ingresado al IML con los Nºs 3348; 3467; 2923 y 3395, respectivamente, entre el 21 de septiembre y el 26 de octubre de 1973. Pero sus cuerpos fueron inhumados como NN y se encontraron años después en el Patio 29.

Pero lo más grave es que el Instituto Médico Legal de la época informó que la lista que acompañó Diez no emanaba de ese servicio, por lo que se trataba de una falsificación. Nunca Diez ha dado cuenta de esta acción incalificable. Hoy, está la gran oportunidad para que por fin lo haga: sería impresentable que la recién constituida comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre eventuales errores técnicos en la identificación de los restos de desaparecidos y asesinados no soslayara la responsabilidad de los que participaron en operaciones destinadas a ocultar estos atroces crímenes. Saber si Diez actuó solo o con otros; quiénes son los otros (porque esos otros sí que saben dónde dejaron los restos de sus víctimas); quién falsificó los documentos que las autoridades del IML de 1975 ¡sí, las de Pinochet! dijeron que no emanaban de ese servicio; cómo llegaron a su poder, y tantas cosas que aún permanecen en las sombras tenebrosas de un régimen siniestro, pero del que mu chos están "agradecidos".

Si así no lo hace, la comisión habrá aumentado el dramático abismo que separa a la clase política de la clase de los ciudadanos y ciudadanas. Y los seguidores de la dictadura seguirán diciendo que no hay diferencias éticas entre ellos y nosotros, los que nunca colaboramos.