Fecha Detención : 01-11-1977
Lugar Detención : Argentina – Tucuman
Actividad Política : Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
Actividad :
Estado Civil e Hijos :
Nacionalidad : chilena
Relatos de Los Hechos
Categoría : Antecedentes del Caso
El primero de noviembre de 1977, José Luis DE LA MAZA ASQUET, militante del MIR, fue interceptado en Tucumán por una patrulla de agentes civiles en la vía pública. Nunca más reapareció. La víctima se había refugiado en Argentina después de ser buscado por la DINA en su domicilio y trabajo de Rancagua, radicándose en las provincias de Mendoza y Tucumán entre los años 1975 a 1977.
Testimonios indican que una persona vinculada a la DINA en Argentina denunció a José Luis DE LA MAZA a la policía argentina, indicándoles su pasado político.
La Comisión estima que hay fundamentos para sostener que José DE LA MAZA desapareció en la Argentina, en violación de sus derechos humanos, y que en la instigación de esos hechos le cupo participación a agentes del Estado chileno.
(Informe Rettig)
Corte de Santiago ordena indemnizar a familia de víctima de la Operación Cóndor
Fuente :legalnews.cl 5/3/2021
Categoría : Prensa
Aumentó el monto que deberá recibir la viuda y rebajó la cantidad a pagar a los hijos.
La Corte de Apelaciones de Santiago fijó en $260.000.000 (doscientos sesenta millones de pesos) la indemnización total que el fisco deberá pagar a la cónyuge e hijos de José Luis de la Maza Asquet, quien fue detenido en noviembre de 1977 en Tucumán, Argentina, en el marco de la denominada «Operación Cóndor».
En fallo unánime (causa rol 7.206-2020), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Omar Astudillo, Alberto Amiot y la abogada (i) Pía Tavolari– aumentó el monto que deberá recibir la viuda y rebajó la cantidad a pagar a los hijos.
«Que, en la especie, no se encuentra controvertida la conducta ilícita en la que se hace sustentar el perjuicio moral alegado, consistente en la desaparición de don José Luis de la Maza Asquet, circunstancias que afectaron el futuro y proyecciones de los demandantes, ya que un hechos de esa especie desencadena un proceso que se inicia con la búsqueda del desaparecido, y, dadas las circunstancias socio-políticas de la desaparición, ésta adquiere el carácter de desesperada, permanente y desgastadora», sostiene el fallo.
La resolución agrega que: «Por ello los familiares al enfrentarse a la negación sistemática de los hechos acaecidos, surgen sentimientos de frustración que afectan gravemente su sentido de realidad, pues lo que ellos han vivido y sufrido es permanentemente negado por las autoridades del Estado a pesar de que, en la mayoría de los casos, existieron testigos e información suficiente para verificar los hechos. Todo ello conlleva a que el proceso de búsqueda infructuosa se prolongue de manera indefinida. Cabe precisar que los familiares mantuvieron vivo al desaparecido en el pensamiento, lo que se traduce en una mortificación permanente que está marcada por el dolor de la ausencia».
Para el tribunal de alzada: «Es dable entender que las secuelas de la desaparición forzada no solo afectaron profundamente la salud de los familiares de la víctima, sino que, además, dañaron a la familia como grupo humano, provocando un profundo deterioro de sus vínculos y dinámicas interaccionales, lo que causó severas alteraciones a la cónyuge y a los hijos, tornándose precario e inseguro el sistema familiar, bajo amenaza de desintegración».
«Por otra parte –prosigue– la experiencia de pérdida traumática ha dejado a los familiares en una situación de duelo inconcluso en el cual la dinámica de negación/aceptación de la pérdida se torna en el escenario propicio y complejo para la emergencia de síntomas y vivencias de un duelo alterado, difícilmente diferenciable por el factor del tiempo sin desenlace cierto de un episodio depresivo mayor, lo cual se suma al estímulo de la impunidad como factor coadyuvante en este proceso de duelo alterado, que implica la ausencia de los restos y la imposibilidad de darles sepultura, contribuyendo con esto a la prevalencia de alteraciones, para este caso, en la persona de la cónyuge y los hijos demandantes de autos, ya que se ha acreditado que han sufrido los embistes más severos que dicen relación con la muerte y desaparición de don José Luis de la Maza Asquet».
«Que en este entendido, y habiendo quedado demostrado que es efectivo que las demandantes sufrieron dolor por el quiebre de su entorno familiar, el que nunca volvió a ser el mismo, tras la desaparición y muerte de don José Luis de la Maza Asquet a manos de agentes del Estado, lo que incidió en la búsqueda permanente de su cónyuge y padre, lo que se volvió una prioridad para la familia, lo que fue destruyendo el proyecto de vida familiar y ello afectó el desarrollo personal de las actores hasta la actualidad, dolor del que nunca se han podido recuperar», razona el tribunal.
Por tanto, se resuelve que: «se confirma la sentencia de treinta de abril de dos mil veinte, con declaración de que se aumenta la indemnización por daño moral a la suma de $80.000.000 (ochenta millones de pesos) para doña Irma Graciela Palma Melgarejo y, además, con declaración que se reduce a la suma de $60.000.000 (sesenta millones de pesos) la indemnización por daño moral para don José Manuel de la Maza Palma; doña Carmen Gloria de la Maza Palma y doña María Loreto de la Maza Palma; montos que serán satisfechos de la manera que estatuye la aludida sentencia».
Plan Cóndor: la etapa de las víctimas chilenas
Fuente :infojusticias.gob.ar 27/4/2014
Categoría : Prensa
En las últimas semanas, declararon testigos chilenos en el juicio por "Plan Cóndor", donde se juzga a 23 jefes militares de las dictaduras sudamericanas. Está previsto que en las próximas semanas fiscales y autoridades judiciales viajen a Paraguay para investigar sobre militantes desaparecidos de ese país.
José De la Maza Asquet era un chileno de 27 años que se escapó de la dictadura de Augusto Pinochet. Estaba casado y era estudiante de veterinaria de la Universidad de Chile. También repartía sus horas con la militancia. Era dirigente estudiantil del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). A partir de la caída del presidente Salvador Allende, en 1974, empezó a ser perseguido por las fuerzas pinochetistas y se refugió en la provincia de Tucumán. Tres años después lo apresaron en pleno centro de San Miguel de Tucumán y nunca más se supo de él. Ante el Tribunal Oral Federal Nº1, declaró hace unos días su amigo José Patrocinio Luna. En el juicio del Plan Cóndor, se juzga a 23 jefes militares por delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del cono sur contra militantes de ideología contraria.
“José vino escapando de Chile, no recuerdo bien la fecha”, le dijo Luna a los jueces Oscar Amirante, Adrián Grumberg, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico. “Nos hicimos muy buenos amigos, compañeros. Construimos un comedor solidario y hacíamos una militancia social muy fuerte”, dijo el testigo. Desde la primera fila del público lo escuchaban sus dos hijos. Luna nació en la provincia donde se declaró la Independencia y fue parte del “Tucumanazo”, una protesta social masiva ocurrida entre el 10 y el 14 de noviembre de 1970.
De la Maza decidió ingresar clandestinamente a la Argentina después de ser perseguido por agentes de seguridad en las ciudades chilenas de Santiago y Rancagua. En Tucumán siguió militando y se unió a grupos peronistas. El 1 de noviembre de 1977 policías lo detuvieron en pleno centro de la capital tucumana. Según fuentes judiciales, De la Maza fue delatado por un agente chileno de Dirección de Inteligencia Chilena (DINA).
Luna respondió preguntas del fiscal ad hoc Pablo Ouviña y de los jueces, que quisieron saber sobre sus vínculos con De la Maza. El testigo contó que estuvo preso unos meses en 1978 y que después se fue exiliado. Luna dijo que en Tucumán está iniciada la querella por su causa, en la etapa de instrucción.
El juicio marcha por su segundo año -comenzó en marzo de 2013- y según fuentes judiciales le dijeron a Infojus Noticias, se espera que los alegatos sean en marzo de 2015. La instrucción del juicio a cargo del fiscal Miguel Ángel Osorio todavía está trabajando en la causa y es probable que se incorporen más hechos para el debate oral.
El juicio transita por la etapa de las víctimas chilenas, la anterior fue la de uruguayas. Está previsto que en las próximas semanas fiscales y autoridades judiciales viajen a Paraguay porque la próxima etapa del juicio se tratará sobre militantes desaparecidos de ese país.
Dos semanas atrás declaró en el juicio la hermana de José Luis. Ximena De la Maza Asquet testimonió vía videoconferencia desde Chile. “Nosotros viajamos a Tucumán para averiguar dónde podía estar mi hermano, fuimos a comisarías e instituciones, pero todas las pistas eran falsas. Nunca más supimos de él”. Esa audiencia tuvo un invitado especial: el juez Baltazar Garzón escuchó las declaraciones de Ximena desde las butacas para el público de la Sala Amia.
En diálogo con Infojus Noticias, el magistrado español aseguró ese día: “Este juicio es muy importante jurídicamente, para la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas de los gobiernos dictatoriales. Y políticamente, muestra la decisión de un Estado, el argentino, y la cooperación de otros como el chileno, por impartir justicia a las personas que fueron violentadas en sus derechos fundamentales”.
El 10 de octubre de 1998, en una decisión histórica, Garzón procesó a Augusto Pinochet Ugarte por presuntas violaciones de derechos humanos en Chile, su país natal, aplicando el principio de Justicia Universal. Le achacó ser uno de los ideólogos de una “organización internacional, que concibió, desarrolló y ejecutó un plan sistemático de detenciones ilegales (secuestros), torturas, desplazamientos forzosos de personas, asesinatos y/o desaparición de numerosas personas, incluyendo ciudadanos de Argentina, España, Reino Unido, Estados Unidos, Chile y otros estados”.
El 8 de abril de 2004, en una de las ampliaciones del procesamiento, el juez español incluyó el caso de José Luis de la Maza Asquet en su acusación contra Pinochet. El genocida chileno murió el 10 de diciembre de 2006.
A fines de marzo declaró la periodista chilena Laura Elgueta Díaz, que ratificó ante el TOF su detención en el centro clandestino Club Atlético, que funcionó en dependencias de la Policía Federal. Durante la audiencia señaló al agente de la DINA -ya fallecido- Enrique Arancibia Clavel como uno de sus torturadores, quien está sindicado como autor del asesinato en Argentina del general chileno Carlos Prats. Elgueta Díaz también declaró por la desaparición de su hermano Luis Enrique Elgueta. Lo mismo hizo Odette Magnet por la desaparición de su hermana, María Cecilia Magnet.
Por el momento, son 23 las víctimas chilenas que se tratan en el juicio: Edgardo Enríquez Espinosa; Luis Enrique Elgueta Díaz; Manuel Jesús Tamayo Martínez; Luis Gonzalo Muñoz Velázquez; Juan Humberto Hernández Zaspe; Alexei Vladimir Jaccard Siegler; José Luis De la Maza Asquet; Miguel Orellana Castro; Cristina Magdalena Carreño Araya; Ángel Athanasiú Jara; Pablo Germán Athanasiú Laschan; Frida Elena Laschan Mellado; Carlos Patricio Rojas Campos; Carmen Angélica Delard Cabezas; Gloria Ximena Delard Cabezas; José Luis Appel de la Cruz; Luis Arnaldo Zaragoza Olivares; Luis Alejandro Espinoza González; Oscar Julián Urra Ferrarese; Susana Ossola de Urra; Rafael Antonio Ferrada; Oscar Orlando Oyarzun Manso; María Cecilia Magnet Ferrero.