Corvalán Valencia José Enrique

Rut : 6.239.3955 de Santiago
F.Nacim. : 20 08 29, 46 años a la fecha de la detención
Domicilio : Población Arauco, Pasaje Trigal 1769, Santiago
E.Civil : Casado, 6 hijos
Actividad : Empleado
C.Repres. : Dirigente Sindical de la Municipalidad de Santiago y de ENAFRI (Empresa Nacional Frigorífica) hasta septiembre de 1973, militante del Partido Comunista
F.Detenc. : 9 de agosto de 1976
José Enrique Corvalán Valencia, casado, 6 hijos, dirigente sindical, militante comunista, fue detenido por la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10 horas, en el domicilio perteneciente al señor Juan Sánchez, de 70 años de edad ubicado en Ayacara 8523 de la Población San Ramón, La Granja. En la misma oportunidad fueron detenidos el dueño de casa, ya individualizado, y otra persona cuya identidad se desconoce y que llegara a la casa cuando los agentes se encontraban en su interior.
Los 3 aprehendidos fueron trasladados a 4 Alamos, desde donde don Alfredo Sánchez fue dejado en libertad al día siguiente, bajo amenaza de no contar lo sucedido. La Comisión Verdad y Reconciliación consigna en su informe que José Corvalán Valencia permaneció recluido en Villa Grimaldi desde donde se le perdió el rastro, al igual que otros miembros del Partido Comunista detenidos el 9 de agosto. Ellos son, Víctor Hugo Morales Mazuela; Pedro Silva Bustos; Jorge Orosman Salgado Salinas; y Mario Jesús Juica Vega. Todos, al igual que José Corvalán, eran dirigentes sindicales y se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos.
En el respectivo proceso judicial por su desaparecimiento, consta las declaraciones judiciales de don Juan Enrique Sánchez Guzmán, quien expresa que cuando fue detenido Corvalán, se encontraba en el interior de su domicilio; era cerca de las 09:30 horas, cuando repentinamente golpearon la puerta y Corvalán salió a abrir. Inmediatamente entró una persona y otros dos sujetos quedaron afuera por espacio de unos 5 minutos custodiando a Corvalán. Mientras tanto, el individuo que entró a la casa lo interrogó sobre una supuesta reunión en su domicilio y acerca de su visitante. Posteriormente, ingresaron a Corvalán a una pieza del inmueble donde fue violentamente golpeado. En esos momentos llegó a la casa una persona amiga de Corvalán, siendo de inmediato detenido y trasladado junto a éste en un automóvil color guinda seca, chico, ignora marca y modelo. A él lo llevaron en otro auto de color plomo. Los trasladaron a 4 Alamos en donde fue interrogado y liberado en horas de la noche, con la advertencia de que si le preguntaban lo ocurrido, debía manifestar que había estado en la Cárcel. Agrega en su declaración que los agentes que llegaron en auto fueron llamados al parecer por radio por uno de los agentes que llegó primero, ya que el equipo de radio que andaban trayendo dentro de una bolsa lo pusieron sobre un mueble de cocina y empezaron a transmitir, pero él no escuchó el comunicado porque le hicieron salir de la pieza.
En el mes anterior a su detención, julio de 1976, el Gobierno reconoció la existencia de una investigación en curso, referida al Partido Comunista, así como la detención de "un grupo importante de militantes y dirigentes comunistas clandestinos" (declaración de la Dirección Nacional de Comunicación Social, publicada en la prensa el 17 de julio). En los días, semanas y meses siguientes muchos militantes y dirigentes del Partido Comunista fueron detenidos, entre ellos José Corvalán Valencia.
Su familia realizó múltiples diligencias y averiguaciones con el fin de ubicar su paradero y, en más de una oportunidad, obteniendo promesas del gobierno militar de investigar los casos denunciados. Promesas que nunca se cumplieron o no se dieron a conocer sus resultados. Aún desconocen la suerte que corrió en manos de la DINA.
En una de estas investigaciones realizadas por el gobierno militar, el 15 de febrero de 1977 llegaron hasta el domicilio del afectado, dos individuos de civil que dijeron ser funcionarios de Comunicación Social del Ministerio del Interior; preguntaron por el desaparecido y luego obligaron a firmar al único familiar que se encontraba en ese momento, doña Margarita Gutiérrez Calderón, un documento en el que se expresaba que José Corvalán "se encontraba en libertad". Sola e intimidada por los individuos, Margarita Gutiérrez firmó ese documento.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 13 de agosto de 1976 se presentó recurso de amparo en su favor ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 748 76, en el cual se exponen las circunstancias del arresto, solicitando que el Tribunal ordene que el amparado sea llevado a la presencia de la Corte desde el Campamento 4 Alamos, o que al menos, se comunique telefónicamente con el Jefe del Campamento señalado o quien corresponda, a objeto de que precisen la calidad y condiciones en que se encuentra ahí el amparado. La Corte sólo requirió informe al Ministerio del Interior, y rechazó las diligencias anteriormente señaladas. Por su parte, el Ministerio del Interior indicó que el afectado no se encontraba detenido por orden de esa repartición. Con el mérito de esta información de la autoridad administrativa, el 17 de septiembre de 1976 el recurso fue rechazado, a la vez que remitió los antecedentes al 4º Juzgado del Crimen de San Miguel, a fin de instruir proceso por el desaparecimiento del afectado.
El 13 de octubre de 1976 el 4º Juzgado dio inicio a la causa 11.310, emitiendo una orden de investigar, la que al ser diligenciada por el servicio de Investigaciones no dio resultado alguno. El primero de febrero de 1977, compareció don Juan Enrique Sánchez Guzmán quien relató los hechos que ya fueron expuestos. En ese mismo mes prestó declaración la denunciante, doña Hilda Marina Flores Aravena, quien ratificó los términos de la denuncia. Luego de recibir respuesta del Instituto Médico Legal, en el sentido que en el libro índice de ingreso de cadáveres no aparece registrado, el 15 de marzo de 1977, el juez don Patricio Villarroel Valdivia sobreseyó temporalmente la causa con el fundamento, que "no obstante encontrarse agotada la investigación, no resulta completamente justificada en autos, la perpetración del hecho denunciado". Con fecha 2 de mayo de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el auto de sobreseimiento por estimar que no se encontraba agotada la investigación.
El 15 de junio de 1977, el Juez se percató que en ese mismo Tribunal se encontraba tramitándose la causa 11.206 por presunta desgracia de José Enrique Corvalán Valencia, la que trataba de los mismos hechos, resolviendo acumular los autos al proceso 11.206.
En esa causa iniciada el 8 de septiembre de 1976, constan las declaraciones de la denunciante Hilda Marina Flores Aravena, y de don Juan Enrique Sánchez Guzmán. Asimismo, respuesta negativa del Ministerio del Interior y la orden de investigar diligenciada por Investigaciones, en la cual se entrevistó a la denunciante y a don Juan Sánchez. Con estas diligencias, el 31 de diciembre de 1976, la causa fue sobreseída temporalmente por no encontrarse acreditada la existencia del delito investigado. Dicha resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones el 6 de abril de 1976 por encontrar incompleta la investigación. En el intertanto, la parte ofendida había puesto en conocimiento del Tribunal la visita que dos individuos realizaron a la casa del afectado el 15 de febrero de 1977, y en la cual se conminó a la única moradora presente a firmar un documento en donde constaba que José Corvalán se encontraba en libertad. El 3 de mayo de 1977, nuevamente comparece don Juan Sánchez Guzmán, quien precisa más detalladamente las circunstancias que le tocó vivir. También se recibieron respuestas negativas de los distintos cementerios de la Capital, de Policía Internacional y del Registro Civil e Identificación.
Posterior a la acumulación de los dos procesos, se recibió nueva respuesta negativa del Instituto Médico Legal, de Policía Internacional ?no registra anotaciones de viaje? se agregó al proceso el extracto de filiación de José Corvalán la que fue remitida sin su fotografía. El 25 de noviembre de 1977 el Ministerio del Interior responde un Oficio originalmente dirigido al SICAR (Servicio de Inteligencia de Carabineros), en el que se expresa que el señor Director de Orden y Seguridad de Carabineros indica no tener antecedente alguno relacionado con el ciudadano José Enrique Corvalán Valencia. El 13 de julio de 1978, comparece ante el Tribunal doña Katia Corvalán Reyes, hija del afectado, quien agrega como antecedente que, una vez enterada de la detención de su padre, se apersonó a 4 Alamos donde un carabinero le señaló que se encontraban los documentos de José Corvalán, sin especificar si se encontraba en dicha unidad.
El 4 de agosto de 1978 se sobreseyó temporalmente la causa, con el fundamento de que no se encuentra justificado en el proceso que el hecho que dio motivo a su formación sea constitutivo de un delito.

La Corte Suprema rechazó recurso de casación y confirmó la sentencia que condenó a cinco jerarcas de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el delito reiterado de secuestro calificado de los dirigentes sindicales José Enrique Corvalán Valencia (46 años), Jorge Orosmán Salgado Salinas (42) y Pedro Silva Bustos (39), ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976, en Santiago.

En fallo dividido dictado este miércoles 14 (causa rol 62.032-2016), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Jorge Dahm y el abogado integrante Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia recurrida que condenó a penas de 10 años y un día de presidio a los ex oficiales de ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo, Carlos José Leonardo López Tapia, Rolf Arnold Wenderoth Pozo, Juan Hernán Morales Salgado y al ex oficial de carabineros Ricardo Víctor Lawrence Mires, en calidad de autores de los delitos reiterados de secuestro calificado de las víctimas señaladas.

El fallo se adoptó con el voto en contra del ministro Lamberto Cisternas quien estuvo por acoger el recurso de casación interpuesto por los criminales y en consecuencia aplicar la media prescripción y rebajar las penas a todos los condenados.

En primera instancia en junio de 2015, el ministro en visita Leopoldo Llanos condenó a los agentes represores a penas de 15 años de presidio; esta sentencia fue reducida en junio del 2016 por la Corte de Apelaciones de Santiago a 10 años de prisión. Esta última es la condena que ahora fue ratificada por la Corte Suprema.

En la etapa de investigación, el ministro Llanos logró establecer los siguientes hechos:

«a) Que, los hechos investigados en este proceso ocurrieron en el centro clandestino de detención conocido como «Cuartel Terranova» o «Villa Grimaldi», ubicado en Avenida José Arrieta Nº 8200 de la comuna de Peñalolén en la Región Metropolitana.

En Villa Grimaldi operaba un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo Director era el Coronel Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, bajo cuya dependencia jerárquica se encontraban varios oficiales y otros funcionarios de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, así como también algunos civiles; todos los cuales, ostentando diversos grados de jerarquía en el mando, ordenaron algunos y ejecutaron otros, capturas de personas militantes o afines a partidos políticos o movimientos de izquierda, a quienes encerraron ilegalmente en el lugar, doblegándolos bajo tormento físico de variada índole, con el objeto de hacerlos entregar información sobre otras personas de la izquierda política para aprehenderlas.

b) Los agentes antes referidos formaban parte de la Brigada «Caupolicán».

c) Los primeros detenidos llegaron a mediados del año 1974 a «Villa Grimaldi»; y en enero de 1975 pasó a convertirse en el centro de operaciones de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, que ejercía la función de represión interna en Santiago.

d) A los detenidos se les mantenía todo el tiempo vendados, con deficientes condiciones higiénicas y con escaso alimento, el que no recibían durante los primeros tres días. Los lugares más característicos donde se mantenía a los detenidos se denominaban «La Torre», «Casas Chile» y «Casas Corvi».

e) A «Villa Grimaldi» fueron llevados en calidad de detenidos las siguientes personas:

1.-José Enrique Corvalán Valencia; casado, seis hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10:00 horas en el domicilio ubicado en calle Ayacara Nº 8583 Población San Ramón, La Granja trasladado hasta Villa Grimaldi.

2.-Jorge Orosmán Salgado Salinas; casado, cinco hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador, junto a Pedro Silva.
3.-Pedro Silva Bustos; casado, seis hijos, dirigente sindical y dirigente regional del Partido Comunista y miembro de la comisión de organización del comité central del Partido Comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976 en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador.

f) Las consecuencias de estas detenciones es que las personas antes mencionadas se encuentran en calidad de desaparecidas, toda vez que, privadas de libertad, no han tomado contacto con sus familiares; tampoco han realizado gestiones administrativas ante organismos del Estado ni organismos privados, ni registran entradas o salidas del país, sin constar, tampoco, su defunción».

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, dictó sentencia en los procesos que sustancia por tres casos de detenidos desaparecidos desde el centro de tortura y exterminio de Villa Grimaldi.

El magistrado condenó a seis agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los secuestros calificados de José Corvalán Valencia, Jorge Salgado Salinas y Pedro Silva Bustos, ilícitos perpetrados a partir del 9 de agosto de 1976.

Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Marcelo Moren Brito, Carlos López Tapia, Rolf Wenderoth Pozo, Juan Morales Salgado y Ricardo Lawrence fueron condenados a penas de 15 años y un día de presidio como autores de los tres delitos.

Lawrence se encuentra prófugo desde febrero, cuando no concurrió a notificarse en la querella por torturas de una treintena de sobrevivientes de Villa Grimaldi. Posteriormente fue condenado por la Corte Suprema por la desaparición de Alfonso Chanfreau desde el centro de tortura y exterminio de Londres 38. También se encuentra prófugo el ex funcionario de la Policía de Investigaciones Daniel Cancino en el juicio por torturas que presentado por más de 30 sobrevivientes de Villa Grimaldi.

En su sentencia por los detenidos desaparecidos del Partido Comunista desde Villa Grimaldi, el magistrado logró determinar que José Enrique Corvalán Valencia; casado, seis hijos, dirigente sindical, militante del Partido Comunista (PC), fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, alrededor de las 10:00 horas en el domicilio ubicado en calle Ayacara N° 8523 Población San Ramón, comuna de La Granja.

El mismo día, Jorge Orosmán Salgado Salinas; casado, cinco hijos, dirigente sindical, también militante del PC, fue arrestado “en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador, junto a Pedro Silva”.

Silva era casado, seis hijos, dirigente sindical, miembro del regional del PC y de la comisión de organización del comité central del Partido Comunista. Fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto de 1976, en horas de la tarde en las inmediaciones de la Vega Central donde se desempeñaba como cargador”.

En una solemne ceremonia a las afueras de la sede de la ANEF, este lunes 8 de septiembre, se inauguró el memorial en homenaje a los empleados/as públicos víctimas de la dictadura cívico militar. En la ocasión, asistió la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; las representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, y de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira; junto a la ministra del Trabajo, Javiera Blanco; la ministra de Minería, Aurora Williams; la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa; el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz; Joan Jara, viuda de Víctor Jara; los parlamentarios/as Tucapel Jiménez, Maya Fernández, Lautaro Carmona, Hugo Gutiérrez y Claudio Arriagada; además de dirigentes sociales y sindicales.

En la ceremonia, el coro de ex presos políticos dedicó unos temas a los caídos de la ANEF. Luego, dirigieron unas palabras Lorena Pizarro y Alicia Lira, quienes celebraron este acto de memoria y llamaron a las autoridades a buscar la verdad y la justicia en los casos que aún están pendientes de desaparecidos y ejecutados políticos.

“Con este memorial cerramos una deuda de la ANEF con los trabajadores del Estado, ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, sin dejar de recordar que el nuestro fue uno de los sectores más golpeados durante este oscuro periodo”, señaló en su discurso el presidente de la ANEF, Raúl de la Puente.

De la Puente también recordó la resistencia y lucha de algunos de los homenajeados, como la de Jorge Peña Hen, Reinalda Pereira, Carlos Prats y el padre de la Presidenta, Alberto Bachelet. El memorial tiene los nombres de 380 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos plasmados en unas elegantes placas de bronces, empleados públicos de diversos sectores, quienes según lo informado por el Ministerio del Interior fueron víctimas de la tiranía.

“No se puede construir una comunidad sólida sin hacernos cargo de la violencia que fracturó nuestra sociedad y acabó con la vida de personas maravillosas, como las que hoy reciben nuestro homenaje”, señaló la Presidenta Bachelet, en su discurso.

“Necesitamos que esa justicia sea pronto y necesitamos, para que ello sea posible, que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen”, consignó la Mandataria, quien instó a la Justicia a trabajar por encontrar la verdad.

Tras la ceremonia, se mostró a los asistentes las placas que constituyen el memorial a la entrada de la ANEF, donde el sacerdote Mariano Puga, reconocido colaborador de los trabajadores/as, bendijo el memorial.

Por último, destacar la excelente organización del evento a cargo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Nayadé Zúñiga.