Cienfuegos Cavieres Sergio Eduardo José

Rut. : 4.777.108, Santiago
F.Nacim.: 04 02 50, 23 años a la fecha de detención
Domicilio : Quintana 417, Independencia, Santiago
E.Civil : Soltero
Actividad : Empleado y estudiante de la Universidad de Chile
C.Repres. : Militante Partido Comunista
F.Detenc. : 7 de enero de 1974

Sergio Eduardo José Cienfuegos Cavieres, soltero, estudiante universitario, militante del Partido Comunista, fue detenido el 7 de enero de 1974, alrededor de las 11:45 horas por efectivos de Carabineros que vestían de civil, en su lugar de trabajo, División de Matrículas de la Oficina de Selección y Admisión de Alumnos de la Universidad de Chile, ubicada en calle Valentín Letelier 1330. Dos de los agentes ingresaron a estas dependencias y se dirigieron directamente al afectado, manifestando que lo arrestaban "por órdenes superiores". También se entrevistaron con el Jefe de la víctima, Hugo Sáez, a quien le exhibieron sus credenciales y luego procedieron a allanar el escritorio de Sergio Cienfuegos, requiriendo información respecto del trabajo que desempeñaba y el tipo de información que él manejaba de los alumnos.
Los policías indicaron que lo llevarían en tránsito a la 1a. Comisaría de Carabineros, y que su destino final lo desconocían. Alrededor de las 12:20 horas fue sacado de la oficina y subido a una camioneta amarilla doble cabina, donde se sumó otro civil que los esperaba en la entrada de la oficina, alejándose del lugar.
Hugo Sáez llamó por teléfono diez minutos después a la 1a. Comisaría, donde le respondieron que el detenido había estado breves instantes allí y ya lo habían trasladado a otro lugar. Antes de retirarse, los agentes hicieron un llamado telefónico, luego del cual llegó el vehículo a buscarlos. Al momento de su detención se encontraban también presentes otros funcionarios, entre ellos, el Jefe de la División Técnica Fernando Aranda y Nancy González Cavada, quien era novia de la víctima.
Nancy González se dirigió de inmediato a la 1a. Comisaría, donde sólo le informaron que el personal que había detenido al afectado estaba en comisión de servicio ante las "fuerzas militares".
Días después, el 12 de enero, se recibió una llamada telefónica anónima en la que se informaba que Sergio Cienfuegos se encontraba en Tejas Verdes, en poder del S.I.M. y que sus aprehensores pertenecían a la DINA.
El 19 de febrero de 1974 se denunciaron estos hechos al Juez Militar de Santiago, General Sergio Arellano Stark, el que anotó con su puño y letra que el afectado había sido detenido el 7 de enero de 1974, que se le había investigado y no se habían comprobado cargos en su contra por lo que fue dejado en libertad el 11 de enero del mismo año. Firmó y timbró.
También reconoció verbalmente su detención a sus familiares el Comandante Correa del SENDET, quien les señaló que había un decreto de arresto, pero no indicó el lugar donde permanecía recluido.
Sin embargo, Sergio Cienfuegos Cavieres se encuentra desaparecido hasta la fecha.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
El 17 de enero de 1974 su hermana Patricia Cienfuegos interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, rol 43 74.
El jefe del Campamento de Prisioneros Estadio Chile informó que no figuraba en sus registros. Lo mismo respondió SENDET.
Investigaciones y la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA también respondieron negativamente respecto de su detención por efectivos de esos servicios.
El Ministerio del Interior contestó a la Corte dos meses después, señalando que no existía una orden en su contra.
A raíz de la respuesta del General Arellano a la familia, y de la información entregada a su novia por el Comandante Correa de SENDET, que el afectado se encontraba detenido en virtud de un Decreto de arresto, dictado en su contra, se reiteraron Oficios al Ministerio del Interior. Ocho meses demoró esta respuesta para decir que no se tenían antecedentes del amparado. El Coronel Correa manifestó por su lado que él no había entregado ninguna información a los familiares de Cienfuegos.
Entre tanto, la Dirección de Inteligencia del Ejército también respondió negativamente respecto de su detención.
El 6 de diciembre de 1974, casi un año después que fuera interpuesto, el recurso fue rechazado por la Corte.
En enero de 1974 se presentó una denuncia por secuestro ante el 2º Juzgado del Crimen de Santiago, que inició la causa rol 81691 3.
Ante el Tribunal prestaron declaraciones los compañeros de trabajo de la víctima que fueron testigos de su detención, al igual que su novia y su hermana.
Tres meses después de dictada una orden de investigar ésta fue informada por Investigaciones, en la que se señaló que su arresto no se registraba en los Servicios de Inteligencia de Carabineros, Ejército y la FACH, ni tampoco en SENDET.
El Comandante de Tejas Verdes también respondió que no se había dictado una orden de arresto en su contra por parte de esta Fiscalía Militar. Con estos antecedentes, el 5 de agosto de 1974 se cerró el sumario y se dictó el sobreseimiento temporal de la causa, por no encontrarse acreditado el delito. Sin embargo, la Corte de Apelaciones revocó esta resolución y ordenó nuevas diligencias, entre ellas, verificar la anotación del General Sergio Arellano en el escrito que se había presentado, el cual se entregó al Tribunal.
Recién el 30 de diciembre de ese año se envió un Oficio al oficial acompañándole el escrito en cuestión. El General tardó en responder nueve meses diciendo que no podía informar ya que al parecer este documento se había perdido, porque no había llegado a su poder.
Ante esto, se ordenó a Correos y Telégrafos informara el destino de esta carta, pero nada se pudo resolver por esta vía.
La familia entregó al Tribunal una copia de este escrito y en abril de 1976 se citó al General Arellano para que concurriera a reconocer su letra y firma, lo que hizo cuatro meses después el 3 de agosto de 1976 ratificando tanto la letra como la firma y el timbre. Sin embargo, aún cuando con este reconocimiento se confirmaba la información oficial de la detención de la víctima, el General agregó que no podía precisar de donde provino la información que allí había consignado; ya que en esa época hacía consultas periódicas a todos los servicios de inteligencia y a Carabineros e Investigaciones.
A pesar de este antecedente, el Juez Militar informó que no se registraba el ingreso de ninguna causa en contra de Cienfuegos Cavieres. Lo mismo reiteraron los Directores de los servicios de inteligencia de la FACH, Ejército y Carabineros.
El 19 de marzo de 1977 se volvió a cerrar el sumario y se dictó sobreseimiento temporal, por no encontrarse acreditado el delito. Esta vez la resolución fue aprobada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 23 de agosto de 1977, aún cuando el Fiscal de esa Corte era de opinión que el Juez se declarara incompetente y remitiera los antecedentes a la Justicia Militar, para que resolviera este sobreseimiento.
El ayudante del General Pinochet, Mayor de Ejército Luis Patricio Serré Ochsenius, envió el 30 de mayo de 1974 una carta a la madre del afectado, señora Rosa Cavieres viuda de Cienfuegos, informándole que en el Ministerio de Defensa, el Inspector a cargo de las diligencias estableció que su hijo había sido detenido el 7 de enero de 1974, saliendo en libertad el día 11 del mismo mes, al no comprobársele cargos en su contra, pero que no se encontraba registrado en las listas de detenidos que allí existían, ni en las de SENDET. Agrega el Mayor Serré que en la 5a. Comisaría Judicial (de Investigaciones) existía una orden de aprehensión en su contra que no indicaba delito en el proceso 9?74 de la 1a. Fiscalía Militar. Sin embargo, consultada la Asesoría Técnica y el Departamento de Informaciones de Investigaciones, la víctima no registraba antecedentes policiales ni políticos.
Esta larga respuesta del Mayor Serré a la madre de Sergio Cienfuegos, respecto de los antecedentes de su hijo, entregó muchos más antecedentes que los otorgados en tres años por las mismas autoridades al Tribunal que investigó su secuestro. A esto se agrega que todas las respuestas enviadas fueron negativas respecto de la existencia de alguna orden que afectara a Cavieres, incluyendo la del 2º Juzgado Militar, Tribunal del que depende la 1a. Fiscalía que, según el Mayor Serré, había dictado una orden de aprehensión en su contra.

Un comité interdisciplinario liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones ha desarrollado un proceso de investigación que este 11 de abril permitirá la distinción póstuma y simbólica de estudiantes de la U. de Chile que fueron ejecutados políticos o que se convirtieron en detenidos desaparecidos, en lo que será la primera ceremonia de reconocimiento. El 11 de septiembre de este año se distinguirá a los nuevos nombres que arroje la investigación, y el proceso continuará hasta reconocer a todas y todos los estudiantes que fueron víctimas de violencia política durante la dictadura cívico militar.

En 1974 Luis Alberto Guendelman Wisniak realizaba su investigación de título junto a su compañera Valeria Vásquez Valdivia. A inicios de 1976 sólo Valeria Vázquez se presentó para rendir el examen. Su profesor guía, Miguel Villa, debió explicar ante la Comisión Examinadora que dos personas debían comparecer a esa instancia, sin embargo, el estudiante Luis Alberto Guendelman se encontraba desaparecido hace más de un año. El caso de Guendelman fue uno de los tantos que volvieron a estar presentes en la memoria de la U. de Chile el 11 de septiembre de 2017, en el anuncio de la promulgación del decreto que por primera vez en la historia de la Casa de Estudios permite la entrega de la distinción de títulos póstumos y simbólicos y grado académico póstumo y simbólico a estudiantes que fueron ejecutados políticos y a aquellos que se convirtieron en detenidos desaparecidos en la dictadura cívico militar.

Este 11 de abril se realizará la primera entrega de estas distinciones, una ceremonia que materializará un trabajo exhaustivo y riguroso desarrollado por el comité interdisciplinario liderado por la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones (Vexcom). Este equipo, integrado por el Archivo Central Andrés Bello y la Cátedra de Derechos Humanos de la Vexcom, la Dirección Jurídica y el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, lleva meses abocado a un proceso crucial y delicado, para el que se diseñó una metodología ad hoc.

“Esto parte con la constatación de que la Universidad no tenía un registro formal de cuáles eran estos estudiantes. En ese sentido, ha sido un trabajo súper cuidadoso y muy metodológico, ya que es un tema delicado y del que no sabíamos que no teníamos los datos”, señaló la directora del Archivo Central Andrés Bello, Alejandra Araya.

El primer paso del comité fue el rastreo y la construcción de este registro. “Se revisaron los documentos jurídicamente oficiales de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como el Informe Rettig, y se identificó a todos aquellos estudiantes de nuestra Casa de Estudios que figuran con ‘convicción’ en los archivos”, explicó Araya.

Con ese registro y por cumplimientos jurídicos, el Comité debió establecer metodológicamente cuáles serían los pasos para validar aquella condición de estudiantes de las personas identificadas en el Informe de Verdad y Reconciliación. “Había que encontrar la documentación de la U. de Chile, validada por la Universidad, que acreditara esa condición. Afortunadamente, la Dirección de Pregrado tenía estos archivos”, detalló Araya.

Los documentos donde la Universidad acredita las matrículas de aquellas personas que estudiaron en la Universidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, fueron resguardados por funcionarios de la época. Gracias a esa acción, la otra etapa del trabajo del Comité ha sido corroborar el registro de estudiantes con esta lista de matrículas del Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA).

"El proceso que cumple con el compromiso reparatorio de otorgar títulos y grados póstumos a nuestros estudiantes víctimas de la dictadura ha sido abordado en comunidad y está avalado por los valores y el rigor académico que distinguen a la Universidad de Chile. Ha sido una tarea noble que nos compromete también hacia el futuro para formar a personas que construyan un país incapaz de la violencia que hoy intentamos reparar a través de este acto simbólico", afirmó la vicerrectora de Asuntos Académicos, Rosa Devés.

“Nosotros pusimos a disposición todo lo que hay acá, por supuesto, pues es institucional, pero también en una necesidad de colaborar en una instancia tan relevante como ésta. El Departamento ha cautelado y almacenado una cantidad enorme de documentación histórica respecto de los estudiantes que ha tenido la Universidad, incluidas las sedes regionales de cuando tenía carácter nacional. Tenemos nóminas de estudiantes y planes de estudio de esa época. Información que es súper valiosa porque nos permite reconstruir la historia junto con la evidencia suficiente para otorgar los correspondientes reconocimiento de forma segura y fidedigna de las personas que fueron estudiantes y hoy día son detenidos desaparecidos”, señaló la directora Departamento de Pregrado, Leonor Armanet.

Parte clave de este proceso han sido las distintas validaciones que jurídica y administrativamente permiten la materialización de las distinciones. Una de de ellas es la que realiza la Dirección Jurídica, que asumió la tarea de elaborar y proponer el mecanismo jurídicamente viable para consagrar y permitir la entrega de estas distinciones a ex estudiantes -el Decreto Universitario N°0030766, de 2017, firmado por el Rector- y también ha debido trabajar en la primera resolución que permita conceder los "Títulos Póstumos y Simbólicos" y "Grados Académicos Póstumos y Simbólicos".

“Fue de suma relevancia comprender que la Universidad es un organismo público, y como tal debe ajustar sus actuaciones de manera estricta al marco jurídico administrativo que la rige, elemento que permitió encontrar la forma adecuada para otorgar este reconocimiento, que en épocas anteriores no fue concedido a familiares de ejecutadas/os políticas/os o detenidas/os desaparecidas/os”, señaló Juan Carlos Gimeno, abogado de la Dirección Jurídica de la U. de Chile.

El comité actualmente está trabajando para actuar frente a casos de mayor complejidad sobre los que no existe información completa. “Van apareciendo otros casos por información que van entregando las organizaciones y los familiares. Por ejemplo, sobre personas que eran estudiantes de la U. de Chile pero que en el Rettig sólo dice ‘estudiante’”, señaló, quien agregó que  “cuando ese dato no lo podemos corroborar ni con el Informe ni con los archivos de la Universidad, son las familias las que pueden ayudar a hacer esa identificación proporcionando los documentos que jurídicamente sean reconocidos”. El compromiso, en estos casos, es hacer un esfuerzo por validar distintos elementos, como un carnet, un acta de notas, un sumario administrativo o cualquier documento que acredite la condición de tal de estos estudiantes, a fin de que todos quienes fueron parte de la comunidad de la Universidad reciban el diploma que les corresponde.

Con el fin de ayudar a la tarea del comité, durante este tiempo también se ha trabajado con el apoyo de una comisión asesora, conformada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y el Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

“En lo que yo quiero insistir es que esto tiene una metodología, donde se están cruzando criterios jurídicos, administrativos e históricos. Y eso está permitiéndonos que la Universidad tenga un archivo o más bien un fondo de documentación sobre víctimas de violencia política. Estamos comenzando y ahora estamos abordando lo que refiere a los estudiantes”, advirtió Araya.

“Esta medida ha sido un reconocimiento necesario que avanza en justicia a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y honrar a quienes, habiendo sido parte de nuestra comunidad universitaria, perdieron sus vidas a manos de agentes de la dictadura cívico militar que gobernó nuestro país, cualquiera haya sido la circunstancia”, afirmó Gimeno.

Por lo mismo, esta ceremonia sólo es la primera entrega de un proceso que se mantiene abierto y que funcionará de forma permanente para la U. de Chile. Desde el 11 de abril el Comité interdisciplinario continuará su trabajo con aquellos casos más complicados y ya se tiene como siguiente fecha de entrega de distinciones el 11 de septiembre del presente año.

La División de Matrículas y la reconstrucción de la memoria

Sergio Eduardo José CIENFUEGOS CAVIERES, estudiaba para convertirse en Técnico en Estadística en la U. de Chile y trabajaba en la División de Matrículas de la Oficina de Selección y Admisión de Alumnos de la Casa de Estudios. El 7 de enero de 1974, alrededor de las 11:45 horas fue detenido en su oficina por efectivos de Carabineros que señalaron “órdenes superiores”.

De acuerdo a compañeros de trabajo de la época, Cienfuegos fue parte clave de quienes trabajaron en la construcción de los listados centralizados de matrícula de la Universidad, en ese entonces de carácter nacional. Esos documentos y ese trabajo iniciado a principios del ‘70 ha sido clave para el actual proceso que investiga los nombres de los estudiantes que recibirán títulos póstumos y simbólicos. Estos archivos que se continuaron construyendo y resguardando con los años son los únicos documentos conservados que acreditan las matrículas de aquellas personas que estudiaron en la Universidad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

Sergio Cienfuegos Cavieres se encuentra desaparecido hasta la fecha. De acuerdo a la información reconstruida en Memoria Viva, el estudiante fue sacado de su oficina a las 12:20 horas de ese 7 de enero.

Gracias al trabajo de Cienfuegos es que se reconstruye la memoria de la U. de Chile. Hoy su esfuerzo es parte de la investigación y validación que realiza el Comité en el proceso de las titulaciones póstumas y simbólicas donde también aparece su nombre como merecedor de esta distinción.

Una escultura y una placa ubicadas en el SEMDA Central son el testimonio de las y los estudiantes, académicos y funcionarios de las carreras de la salud que fueron ejecutados o hechos desaparecer por razones políticas durante la dictadura civil-militar, liderada por Augusto Pinochet a partir de 1973.

Con la presencia de familiares, amigos, representantes de colegios profesionales, autoridades y miembros de la comunidad universitaria, este jueves 21 de diciembre se inauguró el memorial que recuerda a todas las personas ligadas al Campus Norte de la Universidad que hoy se encuentran desaparecidas o fueron asesinadas por la dictadura.

En total son veintiocho personas, entre estudiantes, académicos y funcionarios de las unidades de la salud que perdieron la vida por acción de organismos del Estado entre 1973 y 1990, empezando por el mismo Salvador Allende, quien falleciera en el Palacio de La Moneda durante el golpe de Estado del 11 de septiembre.

El sitio de memoria consta de una escultura hecha por el artista Miguel Lecaros, además de una placa con los nombres de las víctimas, que pudo levantarse gracias a un trabajo conjunto entre la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el colectivo Jornadas de Derechos Humanos y Salud Pública, el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, y el Área Proyectos, Memoriales y Gestión Institucional, del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

La ceremonia, que fue conducida por la actriz Malucha Pinto y contó con la presentación de la cantautora Elizabeth Morris, se inició con las palabras que la Presidenta Michelle Bachelet envió con motivo de este acto. En ella destacó el homenaje a las víctimas de nuestro plantel: “Me honra saber que la Universidad de Chile, su Casa de Estudios, su refugio, su hogar, hoy honra su memoria con esta obra y, a través de ésta, también honra la persistencia y la valentía de sus familiares, sus amigos y compañeros, porque es gracias a todos ellos que nuestros ejecutados y detenidos no han muerto nunca, porque viven como un ejemplo en la memoria de cada uno de nosotros que reconocemos en sus historias de vida, testimonios de convicciones y tesón”.

Luego, a nombre de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, María Soledad Silva, coordinadora del Área de proyectos y memoriales, leyó un saludo en el cual se destacó al memorial en el marco de la promoción de una sociedad en la cual prime el diálogo y la paz: “Proyectos como éstos contribuyen a integrar a la sociedad civil y las nuevas generaciones, creando conciencia acerca de la importancia que los derechos humanos tienen para cada una de las personas y la sociedad en su conjunto”.

En la actividad estuvieron también presentes, el vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, Juan Cortés, el vicerrector de Investigación y Desarrollo, Flavio Salazar, el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Kukuljan, la directora de la Escuela de Salud Pública, Patricia Frenz, el coordinador accademico de la Catedra de DDHH de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Claudio Nash, y los ex directores de la Escuela de Salud Pública, Giorgio Solimano y Óscar Arteaga, entre otras autoridades y ex autoridades de nuestro plantel.

Rescatar los valores de lo público, la verdad y la justicia

El Rector Ennio Vivaldi intervino en la jornada señalando la necesidad de un cambio cultural que prevenga a la sociedad de volver a caer en los atropellos cometidos durante el régimen militar, y también destacó todo lo que se perdió junto con las personas que fueron víctimas: “Cada una de estas personas representa lo mejor que Chile tuvo para ofrecer, los valores trascendentes que nuestro país tenía, y que nosotros pudimos conocer”, indicó.

Esos valores, señaló, se pueden traer al presente para analizar cómo se enfrenta, por ejemplo, la coyuntura educacional: “Hoy podemos ver cuán tergiversado está un concepto tan esencial como ‘lo público’ en su sentido de bien común, de algo que nos pertenece a todos y nos hace sentirnos solidarios. Es impresionante cómo se pierden esos conceptos a la par que se perdieron las personas que fueron perseguidas”.

Por último, a nombre de los familiares de las víctimas, se dirigió al público Jaime Lorca, hermano del médico desaparecido Carlos Lorca Tobar, quien destacó la fortaleza de los cercanos a las víctimas, así como las instituciones y organizaciones que los acogieron, para no olvidar lo sucedido y levantar la causa de los Derechos Humanos. “Así hemos logrado que no se de vuelta la página, y también un poco de justicia bastante insuficiente aún”, señaló.

“No exigimos verdad y justicia sólo porque sea importante en términos personales o familiares, sino que lo hacemos pensando en el futuro, en las próximas generaciones y en el Chile que estamos construyendo día a día, para que estos hechos nunca puedan acaecer de nuevo”, finalizó Lorca.