Blanco Ubilla Vicente Ramón

Vicente Ramón Blanco Ubilla, casado, 4 hijos, dirigente poblacional, militante del Partido Comunista, fue detenido el 20 de septiembre de 1973, luego que se presentara en la Comisaría de San Bernardo ubicada entre Freire y Eyzaguirre, en compañía de su cónyuge Elsa Odilia Sarmiento Ibáñez, su cuñada Rosa Sarmiento Ibáñez y de su suegro, todos los cuales fueron también detenidos. Los dos últimos salieron en libertad ese mismo día, en tanto doña Elsa Sarmiento fue dejada en libertad una semana después.

            Don Vicente Ramón Blanco Ubilla fue trasladado al día siguiente de su aprehensión al Campamento de Detenidos de Cerro Chena, y posteriormente a la Escuela de Infantería de San Bernardo, desde donde fue sacado el 24 de septiembre para ser asesinado en las orillas del río Maipo a cuyas aguas su cuerpo fue lanzado, de acuerdo al relato de un testigo sobreviviente.

            Días después del 11 de septiembre de 1973, Vicente Blanco fue buscado en su domicilio y en el de sus suegros por efectivos Militares del Regimiento de San Bernardo. En uno de los allanamientos a su casa, fue detenido su hijo Vicente, de sólo 15 años de edad, siendo dejado en libertad ese mismo día. A raíz de esta situación, el afectado decidió presentarse en la Unidad policial individualizada. Con posterioridad a su detención, tanto su casa como la de su suegro fueron allanadas en reiteradas oportunidades por Militares que decían que el afectado se había fugado y que buscaban armas. En una ocasión volvieron a detener a doña Elsa y a su hermana Rosa Sarmiento siendo liberadas en Calera de Tango; en otra oportunidad detuvieron al menor Vicente Blanco permaneciendo 2 días en el Cerro Chena, con la vista vendada siendo golpeado permanentemente.

            El menor Vicente Alberto Blanco, expresa en su testimonio que tras la detención de sus padres, los 4 hijos se fueron donde su abuelo paterno. Una semana después fue dejada en libertad su madre, quien se encontraba muy enferma, ya que había sido muy golpeada durante la detención. Sufría dolores en el estómago. Manifestó que a su cónyuge lo habían golpeado violentamente desde que ingresó a la Comisaría viéndolo después en muy malas condiciones físicas. Doña Rosa Sarmiento, por su parte, señala que a fines de octubre de 1973, concurrió con su hermana Elsa, la cónyuge de Vicente Blanco Ubilla, al Ministerio de Defensa en donde sostuvieron una entrevista con un Capellán que vestía uniforme militar, quien les informó que Vicente había sido ejecutado el 30 de septiembre de 1973 en el Cerro Chena por su participación en el plan Z; agregando que su cuerpo (como el de otros) no sería entregado nunca, pero que en 10 años más en el Registro Civil le darían un certificado de defunción. Agrega la testigo en su testimonio que su hermana Elsa fue paulatinamente quebrantando su salud, suicidándose el 17 de enero de 1975. También señala Doña Rosa Sarmiento, que otro de sus hermanos, Luis Sarmiento Ibáñez, vio a Vicente Blanco en el Cerro Chena, lo vio en una bodega con los ojos vendados; luego de 3 días, no volvió a verlo más.

            Don José Calderón Miranda, campesino, testigo sobreviviente a la ejecución practicada en el Cerro Chena, da cuenta en su testimonio haber sido detenido el 15 de septiembre de 1973 en el asentamiento "El Vínculo", ubicado en la localidad de Paine, luego que su casa fuera intensamente baleada. Sus aprehensores fueron Carabineros de la Tenencia de Paine. Fue trasladado a dicho recinto policial por el grupo de policías quienes estaban acompañados por civiles de la zona, entre los cuales reconoció a Héctor Carrasco. Ya en el recinto, un Sargento de apellido Verdugo, dio la orden para que fuera maltratado, recibiendo una brutal golpiza. En el cuartel, el tipo de tortura que recibían los prisioneros consistía en ser atados desnudos y obligados a tragar excrementos humanos, se les aplicaba corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo e introducían objetos contundentes por el ano. El 20 de septiembre, en horas de la tarde, fue entregado a una patrulla militar de San Bernardo siendo trasladado a la Escuela de Infantería. En el Regimiento lo recibió un Oficial alto, rubio y gordo, quien se molestó mucho por el estado en que se encontraba, todo manchado de sangre, pues en la Tenencia de Carabineros había intentado suicidarse cortándose las venas; el Oficial ordenó que fuera trasladado a la enfermería. Posteriormente, luego de recibir la curación correspondiente, fue trasladado a un campamento de prisioneros que la Escuela de Infantería mantenía en el Cerro Chena, donde estuvo hasta el 24 de septiembre. Durante esos días, llegaron muchos detenidos, los que eran sacados en la noche y no se sabía nada más de su suerte. Continúa relatando que fue devuelto a la Escuela de Infantería de San Bernardo, en donde pudo permanecer con la vista descubierta. En esas condiciones pudo conversar con un dirigente de pobladores de apellido Blanco. Otra de las personas a quien vio, fue a un joven de unos 14 ó 15 años de edad, detenido e interrogado por el paradero de su hermano que era militante del MIR. El día 24 de septiembre, en horas de la noche, fue subido a una camioneta junto al prisionero de apellido Blanco y al joven antes mencionado. Después de un trecho largo, el vehículo se detuvo en una parte en donde se escuchaba ruido de agua. Les desataron los pies y les ordenaron saltar de la camioneta siendo luego baleados, recibiendo un impacto en la espalda; cuando los tres se encontraban en el suelo, los militares volvieron a disparar especialmente a las otras dos personas, a quienes remataron con tiros en la cabeza. Posteriormente los lanzaron al agua a unos 10 metros desde donde les dispararon. El testigo, que sólo se encontraba herido, simuló estar muerto. Una vez que se marchó el vehículo militar, salió del agua, percatándose que se encontraba bajo un puente del Río Maipo. Después de 4 días de caminata llegó a su domicilio ubicado en el camino a Aculeo.

            Cabe señalar que este sobreviviente permaneció oculto en el campo durante 5 años, y cuando él pudo dar su testimonio ya la cónyuge de Vicente Ramón Blanco Ubilla había fallecido.

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

            El 28 de mayo de 1990, su hijo, Vicente Alberto Blanco Sarmiento, presentó una denuncia por presunta desgracia de su padre Vicente Blanco, en la cual exponen las diversas circunstancias represivas que su familia vivió, siendo la más grave el desaparecimiento del afectado. La denuncia se tramita en el 1er. Juzgado del Crimen de San Bernardo Rol N°65161-9 y a la fecha (fines de 1992) la causa se encuentra en estado de sumario.

            Los antecedentes antropomórficos de Vicente Ramón Blanco Ubilla fueron anexados a la causa 4449-AF del 22 Juzgado del Crimen de Santiago por el delito de inhumación ilegal, en el Patio 29 del Cementerio General, de personas no identificadas muertas entre septiembre y diciembre de 1973. El Juez Instructor de la causa ordenó la excavación de 108 tumbas en septiembre de 1991. De allí se exhumaron 125 cuerpos, los que fueron remitidos al Instituto Médico Legal. En la actualidad (fines de 1992) se está a la espera de los informes periciales de identificación.

“Yo sigo reforzando que en Chena puede seguir habiendo cuerpos, quizás fragmentos de prisioneros que allí fueron fusilados”, afirma a EFE Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerro Chena, uno de esos antiguos centros de detención y tortura de la dictadura (1973-1990) que 50 años después apenas ha sido investigado.

Ubicado a 25 kilómetros del corazón de Santiago, diversos testimonios aseguran que se trata de un “cementerio clandestino” que “ocupa el espacio de dos canchas de fútbol y está a escasos 300 metros de la carretera longitudinal sur, en la cara oeste del Cerro Mayor”, como escribía en 1988 la revista “Análisis” en su número 217.

Un artículo que incluía la confesión de un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) -brazo opresor de la dictadura de Augusto Pinochet- donde retrata el horror de los crímenes cometidos en el citado cerro, un promontorio seco de poco menos de 1.000 metros de altura visible desde una de las autopistas que rodean Santiago.“Los primeros cadáveres comenzaron a llegar al cementerio clandestino en noviembre de 1973, a escasos meses del golpe militar. Fue desde el Estadio Nacional desde donde partieron los primeros ejecutados”, señaló entonces el exagente, identificado como Ricardo Emilio Guzmán Bousquet, a la periodista Mónica González.

“A altas horas de la madrugada, camiones del Ejército marca Ford, Toyota o Mack, trasladaban hasta el recinto militar de San Bernardo su cargamento cubierto con lona resistente”, agregó.

De acuerdo con su testimonio, “mientras unos vigilaban la acción metralleta en mano, otros militares cavaban las fosas. En un principio, debido a la cantidad de muertos que llegaban, se hicieron tumbas a un metro de profundidad. Después, se dieron órdenes de que las tumbas tuvieran como mínimo cuatro metros”, describió.

Las cajas olvidadas de Cerro Chena

El 2002, 17 años antes de que fuera declarado Monumento Histórico y gracias al trabajo de la magistrada Cecilia Flores, aparecieron los primeros restos que destaparon su pasado represivo. Pequeños restos óseos llevados al tribunal, clasificados y guardados en sobres de papel y en cajas rotuladas como “Cerro Chena”.

A partir de ahí la historia de los restos se enreda. El nuevo encargado de la investigación, el juez Juan Guzmán ordena el traslado de las cajas y los restos a la Universidad de Chile. Allí quedan apiladas y olvidadas en una bodega que se inundó en 2014.

En febrero pasado, agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura chilena conocieron, con horror, que durante casi 23 años esos restos óseos permanecieron apilados sin ser sometidos a pericias de identificación.

En total, 89 cajas con restos de 300 presuntas víctimas dadas en custodia a la Universidad de Chile en 2002. En 2019 pasaron, igualmente sin ser examinadas, al Servicio Médico Legal (SML), incluida la rotulada como “Cerro Chena”, explica Mónica Monsalves.

“Estas cajas demuestran nuevamente un horror, una falta de humanidad, un desprecio. Esto nos ha afectado mucho, yo fui testigo de esto, las cajas existen y fueron olvidadas en el tiempo. No hay palabra para poder representar el daño que se hizo, negligencia no es suficiente”, agregó.

Algunas de las cajas enviadas a un laboratorio de Austria para una identificación que los familiares esperan con ansia.

Cien ejecutados y 17 desaparecidos

Informes oficiales como el que firma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Así como procesos judiciales acreditan lo que el Ejército se empeñó durante años en ocultar. En Cerro Chena se habría ejecutado a al menos 100 personas. Entre ellas campesinos y obreros ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo, y el padre de Mónica Monsalves.

De acuerdo a la nómina entregada por el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, allí se encerró a 441 personas: 353 hombres y 88 mujeres. Algunas de ellas, fusiladas y llevadas en camiones al SML. Pero 17, según registros de la Corporación Memorial, aún permanecen desaparecidas, 14 campesinos de Paine y 3 de San Bernardo. 

La prioridad de las organizaciones de derechos humanos es, ahora, que este sitio figure en el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que el Gobierno de Gabriel Boric aún elabora, que prevé despliegues en terreno para volver a revisar lugares con posibles tumbas clandestinas.

“La confianza que depositamos en este sistema fue un error, porque nosotros entregamos todos los antecedentes, todos los nombres, y el Poder Judicial nos negó saber la verdad respecto de los hallazgos que se hicieron en 2002 con ayuda de los familiares y la colaboración de los jueces” se queja Monsalves.

“Nosotros confiamos en ellos y esa confianza fue traicionada con el olvido”, subraya.

Fueron declarados culpables de asesinato en la persona de Vicente Ramón Blanco Ubilla, dirigente poblacional comunista que, el 20 de septiembre de 1973, fue acribillado en el puente del Río Maipo y arrojado a las aguas, encontrándose hasta hoy desaparecido su cuerpo.

Marianela Cifuentes, ministra en visita extraordinaria para causas de DD.HH, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, dictó sentencia de primera instancia en el caso que investiga la desaparición forzada del militante comunista Vicente Ramón Blanco Ubilla, ocurrida a partir del 20 de septiembre de 1973.

La magistrada condenó a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo como autores del delito de secuestro calificado, en grado consumado, al ex coronel (r) de Carabineros Hugo Medina Leiva, que a la fecha de los hechos era capitán de la Sexta Comisaría de San Bernardo, y a los ex militares Alfonso Faúndez Norambuena, actual teniente coronel (r), y a Jorge Romero Campos, actual brigadier (r) del Ejército, quienes eran teniente y comandante en el regimiento de Infantería de San Bernardo, respectivamente.

Blanco Ubilla tenía 37 años, era casado, padre de cuatro hijos y dirigente poblacional. Tras ser detenido por carabineros de la Sexta Comisaría, fue entregado a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo, siendo conducido al campo de prisioneros del Cerro Chena, lugar donde fue duramente torturado.

Cuatro días después, el dirigente poblacional fue sacado de ese recinto y llevado al puente del Río Maipo junto a otros dos prisioneros, siendo acribillados en ese lugar y lanzado a las aguas. Su cuerpo está desaparecido hasta la fecha.

Una suerte distinta corrió su compañero José Calderón Miranda, dirigente campesino de Paine, quien sobrevivió pese a sus graves heridas y observó todo el accionar de los militares fingiendo estar muerto, permaneciendo oculto por cinco años.

Para el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, en representación de dos hijos de la víctima: “Se trata de una sentencia muy esperada en la cual la judicatura ha hecho un gran trabajo, tanto en materia de la investigación de los hechos, como al determinar el grado de responsabilidad de los sentenciados Romero Campos, Faúndez Norambuena y Medina Leiva”, señaló.

Bustos, agregó que “como querellantes vamos a defender la sentencia en segunda instancia, y vamos apelar pidiendo elevar las penas impuestas, en atención a ciertas agravantes y también a la extensión del mal causado, considerando especialmente que la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas mandata que estos crímenes deben ser sancionados con penas que consideren su extrema gravedad”.

La actividad estuvo marcada por el retiro de la placa en homenaje al dictador Augusto Pinochet en la Casa de la Cultura comunal, además de los testimonios de los hechos ocurridos con pobladores luego del golpe de Estado de 1973.

En una jornada sensible para las víctimas de la dictadura, San Bernardo retiró una placa en homenaje a Augusto Pinochet que estaba ubicada en la Casa de la Cultura de la comuna.

A la ceremonia asistió el alcalde de Fontenay Sous Bois, Jean-Phillip Grutier, edil de una de las comunas francesas que acogió a más de 800 exiliados políticos durante la dictadura.

También asistieron agrupaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Corporación Memorial Cerro Chena, la Corporación Jenny Barra, el Grupo de Amigos del Padre Joan Alsina, Grupo Ferroviarios Mártires, Corporación Memorial Paine, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y representantes del Colegio de Profesores.

Durante el encuentro se anunció la puesta en marcha de la Oficina de los Derechos Humanos, iniciativa inédita en la comuna que comenzó a trabajar durante marzo.

En su discurso, el alcalde Christopher White comentó que “para poder mirar hacia el futuro debemos reparar el pasado y mientras siga en un muro el nombre de una persona que no genere consenso en el país creo que estamos dando un paso importante al retirarlo”.

Por su parte, Andrés Bravo, fotógrafo de la memoria recordó cómo su padre fue torturado en el centro de Casas Viejas de Chena, en un relato que emocionó a los presentes.

Al término del encuentro, ambos alcaldes mantuvieron una reunión bilateral para acordar un trabajo de intercambio en materia cultural, educativa y de gestión municipal.

Lecturas: 64 Hace 48 años, el cerro Chena fue convertido, a raíz del golpe de Estado de 1973, en un centro de detención, tortura, barbarie y exterminio. El 6 de octubre de 1973,18 prisioneros políticos, fueron masacrados por agentes de la dictadura cívico-militar. En ese lugar fueron ejecutados o hechos desaparecer más de un centenar de detenidos. Se suman a ello, más de 600 personas, prisioneros políticos que fueron torturados, entre ellas un centenar de mujeres. Advertisement Declaraciones e investigaciones judiciales, develan que los trabajadores y destacados militantes comunistas de la Maestranza de Ferrocarriles de San Bernardo, fueron detenidos el 28 de septiembre de 1973: el pastor Roberto Ávila, Arturo Koyk Fredes, Alfredo Acevedo Pereira, Raúl Castro Caldera, Hernán Chamorro Monarde, Manuel González Vargas, Ariel Monsalve Martínez, José Morales Álvarez, Pedro Oyarzún Zamorano, José Silva Oliva, y Ramón Vivanco Díaz. Además, los jóvenes estudiantes socialistas, que fueron detenidos el 27 de septiembre, Francisco Viera Ovalle y Héctor Hernández Garcés, de 19 y 17 años respectivamente. Igualmente Ricardo Solar Miranda, quien trabajaba de rondín y era militante del MIR,   sumado a los campesinos militantes del MIR de Linderos, Paine, Juan Cuadra Espinoza, Gustavo Martínez Vera y Carlos Ortiz Ortiz. También, a Javier Antonio Pacheco Monsalve, mueblista y   ex GAP, quien fue detenido el 5 de octubre, su muerte fue tormentosa y su cuerpo destrozado a golpes. Asimismo, Franklin Valdés Valdés dirigente de la Fenats. Juan Martínez Aldana dirigente socialista. Manuel Rojas Fuentes y René Martínez Aliste conscriptos. Vicente Blanco Ubilla, dirigente vecinal. Mauricio Cea Iturrieta, campesino. El regidor de Buin Héctor García García. Buin, Rubén Lamich, dirigente comunista. Muchos compañeros más, fueron asesinados en el cerro Chena. Además, estuvieron detenidos y torturados los Regidores de San Bernardo Doctor Luis Andrade Balcázar, falleció producto de las torturas. Fernando Ávila Alarcón y Bernandino Jara Zúñiga. Advertisement El Golpe de Estado, anti constitucional de 1973, fue contra el gobierno electo, donde el terrorismo de Estado era inseparable de la violencia institucional y económica contra el pueblo. En la primera fase de represión, la dictadura no se preocupó de esconder los crímenes, con el fin de traumatizar al país  y   lisiar el conocimiento. Su faena y su maldad fueron ideológicas. Fue para aniquilar dirigentes y militantes del movimiento popular. Entre los torturadores y criminales del cerro Chena, varios de ellos condenados, están los ex-oficiales del Ejército,  Iván de la Fuente,  Alejandro Emilio Valdés Visintainer y Alfonso Faúndez Norambuena, Julio Cerda Carrasco, los oficiales Víctor Pino Pérez (integrante de la DINA) Andrés Magaña Bau actualmente fallecidos. Sergio Rodríguez Rautcher, Eduardo Silva Bravo, Juan Nielsen Stambuk, Jorge Romero Campos, Carlos Kyling Schmidt, Luis Cortez Villa, Marcial Cobos Farías, Luis Villarroel Contreras, Héctor Maturana Zúñiga, Luis Garfia Cabrera, Víctor Sandoval Muñoz, Jorge Saavedra Meza, Carlos Duran Rodríguez, Hernán Pizarro Collarte, Ciro Ahumada Miranda, Pedro Montalva Calvo, Pedro Montabone Domínguez. El ex-coronel de carabinero  Sergio Ávila Quiroga,  el ex-prefecto de Investigaciones    Roberto Rozas Aguilera y los policías Oscar Vergara Cruces y Mario Campos Ripley, entre otros terroristas de Estado. Advertisement En 2012, se estableció el 6 de octubre como el “Día del Trabajador Ferroviario”, en reconocimiento de los martirizados y en 2018, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico, al Pórtico de Acceso al cerro, ubicado en la carretera Panamericana. A la Escuelita, lugar de torturas en septiembre de ese año, ubicada al nor-poniente de cerro de la muerte y la Casa de Techo Rojo, de la cual, sólo quedan vestigios, donde funcionó como lugar de torturas y exterminio, desde octubre de 1973. La dictadura, después de asesinar y hacer desaparecer a miles de nuestros compañeros y   compañeras, impuso la Constitución de 1980, la que fue elaborada sobre la sangre, las torturas, las delaciones y el odio de los golpistas contra el pueblo. Impusieron el negacionismo y la relativización de las masacres y exterminio de miles de luchadoras y luchadores sociales. Las familias y las organizaciones de derechos humanos, exigen que se construya un Memorial, en homenaje y reconocimiento de las víctimas del genocidio, con la participación del pueblo afectado por la tormentosa dictadura.                   RICARDO KLAPP SANTA CRUZ Advertisement Advertisement
 

Este sábado 8 de octubre por la tarde, el Gobernador de la Provincia de Maipo, Gustavo Marco Escobar, estuvo presente en el Acto Homenaje a las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos perpetrados en el Cerro Chena de San Bernardo.

La máxima autoridad provincial acompañó junto a la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana, Lorena Escalona González, a miembros de la Corporación Memorial Cerro Chena, presidida por Mónica Monsalves, organizadores del significativo evento, que se realizó en el sector donde estaba ubicada la denominada “Casa de Techo Rojo”, lugar hoy inexistente y donde estuvieron detenidos y sufrieron apremios muchas personas.

A manera de recuerdo, fueron ubicadas 101 fotografías de víctimas de la represión de la Dictadura, colocadas por parientes y familiares. También hubo actos musicales y discursos alusivos a lo ocurrido en el Cerro Chena, un ícono de la Provincia.

El diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, denunció en el Ministerio de Defensa que el Ejército retiró de forma unilateral una cruz emplazada en el cerro Chena, que servía como homenaje a las víctimas del centro de torturas que funcionó allí durante la dictadura.

Según se informó a través de un comunicado de prensa, Soto aseguró que el memorial se instaló pasado el 11 de septiembre con la autorización militar correspondiente y fue elaborado con rieles de tren de más de 5 metros de alto que donó Empresa de Ferrocarriles del Estado, ya que “entre las víctimas de este centro de exterminio hay 11 obreros de la Maestranza de San Bernardo, que tras el golpe fueron detenidos en su lugar de trabajo y luego ejecutados en el cerro Chena”.

“Se trata, por tanto, de una cruz con un gran simbolismo y carga emotiva, que logró levantarse tras décadas de lucha de las organizaciones de DDHH de la Provincia de Maipo. Sin embargo, solo un par de semanas después nos enteramos que el Ejército la arrancó, ‘embaló’ y abandonó en sus bodegas”, agregó Soto.

El legislador calificó el retiro de la cruz como “un vejamen y una provocación hacia los sobrevivientes y familiares de las víctimas del Cerro Chena, una acción de absoluta insensibilidad contra personas que ya han sufrido demasiado. Nosotros le exigimos al alto mando del Ejército que dé explicaciones públicas por este hecho de infinita insensatez, y que 

reponga a la brevedad la cruz en su lugar”.

Claudio Quintanilla, dirigente de la Agrupación Ferroviaria Mártires de la Maestranza, entregará junto a Soto los antecedentes de lo ocurrido al ministro de Defensa, José Antonio Gómez, con quien sostendrán una conversación.

“Esperamos que tras esta reunión el Ejército restituya la cruz a su lugar y que esto sea una manifestación de los nuevos tiempos, porque ya han pasado muchos años y debe existir un hito de memoria en el Cerro Chena”, dijo el dirigente.