Acosta Velasco Maria Elena

34 años, casada, dueña de casa, detenida el 28 de septiembre de 1976 y desaparecida en enero de 1977 en Argentina. María Eliana Acosta Velasco desapareció después de haber sido detenida en la ciudad de La Plata, en la madrugada del 28 de septiembre de 1976, por un grupo de civiles armados. Testigos la vieron con vida por última vez durante enero de 1977, en los centros de detención clandestinos argentinos conocidos como "BIM3" y "ARANA". Según testigos, María Velasco, radicada en Argentina, era una activa militante del Partido Socialista chileno que ayudaba en ese país a compatriotas exilados, proporcionando información acerca de allanamientos que practicaba o iba a practicar la Policía argentina y mantenia vinculaciones de carácter informativo entre su Partido y el movimiento argentino Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). De acuerdo con declaraciones de una testigo presencial, durante su última visita a Chile en junio de 1976, la casa de sus padres fue allanada por militares, por lo que debió presentarse a declarar en el Ministerio de Defensa Nacional. Allí fue interrogada por sus actividades en Argentina y las vinculaciones que mantenía en ese país con chilenos y argentinos. Con ella también fue detenido su cónyuge, Esteban Benito Badell, a la sazón miembro de la Policía de Buenos Aires, de quien posteriormente se informó que se había suicidado. Los dos hijos del matrimonio, que se encontraban junto a sus padres ese día, permanecieron por 10 años a cargo de un policía, pariente de Esteban Benito Badell. En 1985, la Justicia argentina ordenó la entrega de los menores a su abuelo materno, radicado en Chile. En la investigación realizada por la Corporación no se pudo establecer que en la detención y posterior desaparición de María Eliana Acosta tuvieron responsabilidad directa agentes del Estado chileno, pero las características de su caso y los antecedentes obtenidos en esta investigación condujeron al examen de otros similares, en los que se comprobó que personas que habían desaparecido después de ser detenidas en ese país, en parecidas circunstancias, sus casos fueron consignados en el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación como víctimas de violación de derechos humanos. En esas investigaciones, la Comisión pudo comprobar que durante esa época un importante número de chilenos exiliados por razones políticas del régimen militar, desparecieron después de ser detenidos por agentes de la Policía y de organismos de seguridad argentinos, en operativos dirigidos en su contra; y que la información para esos operativos la obtenían desde la oficina que con ese objetivo mantenía la Nacional de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires. En virtud de estas consideraciones, el Consejo Superior llegó a la convicción de que Maria Eliana Acosta Velasco se encuentra en calidad de detenida desaparecida, a consecuencia de la acreditada colaboración entre agentes de ambos países con ese fin, declarándola por tal razón, víctima de violación de derechos humanos. (Informe de la Corporación)

Corte de Santiago sentenció a diez años a los autores materiales de los asesinatos en 1973 en la IV Región. El entonces teniente Juan Emilio Cheyre entregó a las monjas al hijo de dos años que sobrevivió, con la versión falsa del suicidio de sus padres. Ernesto quedó sólo en la mina abandonada en la Quebrada de Gualliguaica, en el valle del Elqui, cerca de la frontera con Argentina. Tenía dos años de edad, y vio morir a sus padres acribillados por los militares del regimiento Arica, de La Serena, el 8 de diciembre de 1973. No sabe cómo, pero horas después fue entregado al convento de las religiosas de La Providencia, en La Serena, para que se encargaran del huérfano. Llegó en los brazos del teniente Juan Emilio Cheyre. El destino sentenció que 30 años después, el portador del infante fuera ungido comandante en jefe del Ejército. La falsa versión oficial que también se entregó a las religiosas, fue que los padres de Ernesto "se suicidaron dinamitándose". Pero el niño del convento creció y hoy, a los 37 años, Ernesto Ledjerman Ávalos, ciudadano argentino residente en Buenos Aires, e incansable buscador de justicia para el crimen de sus padres, se convirtió en el querellante que a partir de ayer dormirá más tranquilo, acompañado por la sensación de que se reparó en parte el daño causado. Ayer, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena de diez años y un día a los autores materiales de los homicidios calificados del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman Konujowska, y la mexicana María Ávalos Castañeda, los padres de Ernesto. Estos son el brigadier (R) que no llegó de ascender a general, Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola. El ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y el entonces comandante del regimiento Arica, de La Serena, coronel Ariosto Lapostol, del cual Cheyre era su ayudante, no resultaron condenados pues el tribunal consideró que no tuvieron participación en el delito. Sin embargo, ninguno de ellos reveló nunca a la justicia la verdad de cómo murieron los padres de Ernesto, alegando desconocerla. En calificación de la parte querellante, con su dictamen la sala reparó así "la tremenda injusticia" cometida por el juez Joaquín Billard redactor de la sentencia de primera instancia y último instructor de la causa, que absolvió a los autores del crimen considerando que el delito se encontraba prescrito por el transcurso del tiempo. Desde hace tiempo Billard es criticado por abogados querellantes y organismos de derechos humanos porque -a su juicio- "no investiga y exculpa a los autores de crímenes de lesa humanidad". "Estamos muy contentos por esta sentencia", declaró Ernesto Ledjerman a La Nación desde la capital argentina, representado en Santiago por el abogado Héctor Salazar. Recordó con emoción que, además de la pérdida de sus padres cuando recién se asomaba al borde de la vida, luego de abandonar el convento entregado a las autoridades argentinas, "debí trabajar duro desde los once años porque mis abuelos con los que viví en Argentina recibían una pensión muy baja, Pero luché y me hice técnico electrónico, a pesar de todas las privaciones que enfrenté". La Novena Sala condenó además al fisco a pagar 300 millones de pesos a Ernesto Ledjerman, como acción reparatoria material por el daño moral y síquico ocasionado. En opinión de Ernesto, la sala dictó también justicia "porque de manera incomprensible, el Consejo de Defensa del Estado chileno se opuso a esta reparación, aduciendo algo increíble: que la acción civil reparatoria prescribe a los cuatro años, lo que quiere decir que yo, el único hijo, debí interponer esa demanda cuando tenía seis años, y cuando en Chile se vivía el tiempo más duro de la represión". Ahora las condenas pasarán el filtro de la Sala Penal de la Corte Suprema, que sistemáticamente viene rebajando las penas a los violadores de derechos humanos. 20 de Diciembre 2007 La Nacion