Salinas Torres Guillermo Humberto

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.

Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.

Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

La búsqueda

La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.

Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.

Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.

Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.

“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.

La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.

“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.

Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.

Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.

“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.

El hombre invisible

Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido

por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.

Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.

“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.

Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.

“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.

Crimen emblemático

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado a la justicia militar.

En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.

El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.

El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.

El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la batalla

Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense:

inhabilitar al testigo clave.

Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.

La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.

Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo

del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el

lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.

Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.

El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo que siguió

La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.

Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante

sectores importantes de la ciudadanía”.

Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.

Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.

“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.

Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.

En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.

Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla

Una orden de detención contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y otros seis agentes solicitó ayer la Fiscalía Nacional de España al juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta, en ese país, por el secuestro y crimen del diplomático español Carmelo Soria ocurrido en julio de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El fiscal Vicente González Mota hizo el requerimiento debido a que tramita la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex uniformados.

A su juicio, Contreras Sepúlveda es "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" del entonces funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y Caribe (Cepal), reseñan agencias de noticias españolas.

Las otras órdenes de aprehensión apuntan a los ex miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas Ramírez (muerto en 1982), el brigadier (R) Jaime Enrique Lepe Orellana; el suboficial mayor (R) José Ríos San Martín, y los coroneles (R) Guillermo Salinas, Pablo Belber y teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma.

Sobre el ellos, el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirles participación en los hechos a diferencia de otros querellados, como el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche, contra quien aún no se reúnen las pruebas necesarias. Sin embargo, no se descarta actuar contra ellos si se acredita su intervención en el crimen.

En Chile, en enero de este año, el ministro Alejandro Madrid dictó procesamientos contra Lepe y Quilhot por el crimen del diplomático.

La indagación se reabrió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del homicidio de Soria pese a que en 1996 se había aplicado la amnistía al caso.

 

Los generales (R) del Ejército de Chile Hermán Brady Roche, Cesar Raúl Benavides Escobar, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Jaime Enrique Lepe, Raúl Eduardo Iturriaga Neuman Orellana;  el ex Subsecretario del Interior, Capitán de Navío Enrique Montero Marx; los oficiales Jorge Remigio Rios San Martín;  Guillermo Humberto Salinas Torres; Pablo Belmar Labbé; René Patricio Quilhot Palma; Rolf Wenderoth Pozo; Ricardo Lawrence Mires, han sido procesados por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España por su participación, mediata o inmediata, en el secuestro, tortura y asesinato del diplomático D. Carmelo Soria.

En el Auto de 17 de noviembre de 2009, que próximamente publicará integro EL CLARIN en la sección “Caso Pinochet”, el Juez y el Ministerio Fiscal han aceptado la ampliación de querella formulada el 23 de enero de 2007 por la Fundación Presidente Allende-España y la viuda de D. Carmelo Soria. Estos habían solicitado, asimismo, el procesamiento del Ministro del Interior, Sergio Fernández, y de la Ministra de Justicia, Mónica Madariaga, por haber firmado en 1978 el Decreto de Amnistía en cuya aplicación la Corte Suprema de Chile ha ordenado en 1996 que este crimen no fuera enjuiciado en Chile.  El Juez español ha denegado el procesamiento de estos Ministros de la Dictadura “en este momento, por cuanto resulta insuficiente para hacerlo el hecho de que hubiesen firmado el Decreto de Amnistía en 1978 que sirvió para conferir impunidad a los autores, cómplices y encubridores, porque por tal razón también tendrían que serlo los demás miembros del gobierno y todos aquellos que aplicaron la norma posteriormente, máxime después del pronunciamiento sobre tal tipo de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, y ientras no se acredite una participación diferente en los hechos no puede admitirse a trámite la querella contra estas dos personas”.

 El Auto de 17 de noviembre de 2009 acuerda, entre otras Diligencias, poner en conocimiento del Sr. Secretario General de Naciones Unidas, en aplicación del artículo 11 del Convenio sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas de 14 de diciembre de 1973, la admisión de la querella  contra los presuntos culpables de la tortura y asesinato de D. Carmelo Soria Espinoza y que en su día se comunicará el resultado final.

 España asume la competencia para enjuiciar este delito en virtud de los principios de jurisdicción universal y de evitar la impunidad, después que la Corte Suprema ha acordado que no puede serlo en Chile, país cuya jurisdicción España considera preferente en virtud del principio de territorialidad.

 

La magistrada procesó a: Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma por su responsabilidad como autores del homicidio calificado de Renato León Zenteno, ocurrido en noviembre de 1976.

La ministra en visita de causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago Paola Plaza González sometió a proceso a 4 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad como autores  del homicidio del entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago Jorge Renato Francisco León Zenteno, hecho ocurrido entre el 29 y 30 de noviembre de 1976 en la comuna de Providencia.

La magistrada (causa rol 4.975-2021) encausó y ordenó la prisión preventiva en el Regimiento de Policía Militar N° 1 de Peñalolén de Guillermo Humberto Salinas Torres, Pablo Fernando Belmar Labbé, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma.

En esta etapa procesal la ministra Plaza González estableció:

a) Que, durante la dictadura cívico militar, con ocasión de la ejecución de los planes desarrollados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), existieron bajo su alero estructuras orgánicas secretas como también secretos fueron sus objetivos, cuyos integrantes dependían directamente del Director de la época, Coronel Manuel Contreras Sepúlveda, a quienes se encomendó el cumplimiento de misiones "especiales" dispuestas por el Director y conocidas sólo por él. Su organización y funcionamiento, sin asignación de un cuartel determinado, al margen de cualquier orgánica, aun extraoficial, obedecía al ejercicio clandestino de acciones previamente planificadas por parte de otras estructuras, desarrollándose en la época diversos operativos dirigidos a silenciar y/o neutralizar a ciudadanos chilenos y extranjeros opositores al régimen imperante o que en cualquier medida pudieren entrabar los fines ilícitos que se había propuesto;

b) Que en este contexto, a inicios del año 1976, al entonces Capitán Jaime Enrique Lepe Orellana, oficial de reconocida confianza del General Pinochet y de Manuel Contreras -todos actualmente fallecidos- se le encomendó la labor de reclutar a un grupo de oficiales altamente capacitados en inteligencia provenientes del Curso de Comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército de Chile, quienes fueron destinados en Comisión Extra Institucional a la DINA.

Así, los primeros meses de 1976 se formó la denominada “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta” del Presidente Augusto Pinochet, la cual estaba compuesta por tres capitanes y dos tenientes, a cargo del Capitán de Ejército Guillermo Humberto Salinas Torres, el de mayor antigüedad entre sus integrantes, además de Jaime Enrique Lepe Orellana, Pablo Fernando Belmar Labbé, y los Tenientes Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma. Colaboraban también con actividades particulares del grupo el oficial especialista en transporte Juan Alberto Delmás Ramírez, y los Suboficiales Jorge Aqueveque Pérez, José Remigio Ríos San Martín y Bernardino Ferrada Retamales, quienes desempeñaban principalmente funciones en los traslados.

Desde que se crea formalmente la Agrupación, los oficiales Salinas, Belmar, Pérez y Quilhot se mantuvieron al menos hasta diciembre de 1976; y en el caso de Jaime Lepe, al poco tiempo fue destinado a la “Agrupación de Seguridad Directa”.

c) Que, en la misma época, funcionaba en el inmueble ubicado en Vía Naranja N°4275, sector de Lo Curro, actualmente comuna de Vitacura, domicilio de Michael Townley, su esposa Mariana Callejas e hijos, un laboratorio a cargo del agente de la DINA Eugenio Berrios Sagredo, integrante de la “Brigada Quetropillán” de la DINA -intregrada por los tres antes mencionados, entre otros- en el "rubro" de las armas químicas, que tuvo a su cargo el desarrollo del Gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y usarlo en la eliminación de opositores, plan conocido como el "Proyecto Andrea".

Eugenio Berrios Sagredo ya era conocido de Manuel Pérez Santillán, con quien tuvo sus primeros contactos alrededor de 1970 en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, y le ayudó en el desarrollo de su tesis.

d) Entre las últimas horas del 29 y la madrugada del 30 de noviembre de 1976, los oficiales Pablo Belmar Labbé, Guillermo Salinas Torres, Manuel Antonio Pérez Santillán y René Patricio Quilhot Palma, integrantes de la “Agrupación de Seguridad Adelantada Indirecta”, en apoyo a un operativo de la Agrupación Quetropillán, concurrieron al edificio ubicado en calle Holanda N°14, departamento 31, de la comuna de Providencia, domicilio de Jorge Renato Francisco León Zenteno, abogado, 69 años, entonces Conservador de Bienes Raíces de Santiago, quien al abrir la puerta del inmueble es conducido por la fuerza hasta su dormitorio, dejando su cuerpo extendido sobre la cama maniatado e inmovilizado, momento en que los agentes que se encontraban en el lugar dan aviso por radio a los demás integrantes de la Agrupación, los que acompañados por el químico Eugenio Berrios Sagredo, facilitan las maniobras para que la víctima inhale por medio de spray el Gas Sarín, contra su voluntad causando su muerte en breve tiempo, producto de toxemia aguda.

e) Luego de limpiar todo indicio de su presencia en el lugar los oficiales se retiran del inmueble, dejando olvidado el contenedor del gas, motivo por el cual Berrios Sagredo acompañado de Ríos San Martín vuelve pasada la medianoche para tratar de entrar al domicilio, no logrando su objetivo porque la puerta tenía doble cerradura y el nochero del edificio se percató de su presencia, por lo que debieron retirarse.

f) Que, en la época de ocurridos los hechos un grupo de oficiales del Ejército de Chile, liderados por Manuel Contreras Sepúlveda, participó de un proyecto de adquisición de viviendas ubicadas en el sector de Talinay, en la comuna de Peñalolén, las cuales en un principio no pudieron ser inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago debido a que quien ejercía el cargo en ese entonces se opuso, así como también negó la inscripción y traspaso ilegal a sociedades de la DINA de terrenos ubicados en la comuna de La Reina y otros inmuebles de los que fueron despojados opositores al régimen militar.

A 47 años del asesinato a manos de la DINA del diplomático de la ONU, Carmelo Soria, y restando cuatro días para que se cumplan cinco décadas del golpe, los militares Guillermo Salinas Torres, René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé todavía no pisan la cárcel. El pasado 22 de agosto, el máximo tribunal ratificó sus condenas entre 15 y 10 años por el homicidio.

“¿Dónde están?”. Esta es la pregunta que por décadas se han hecho familiares de los más de 1.200 detenidos desaparecidos por la dictadura de Augusto Pinochet. El próximo lunes 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe militar y, gracias al inquebrantable pacto de silencio de las Fuerzas Armadas y del Orden, quienes buscan a sus seres queridos deberán seguir preguntándose lo mismo.

La familia del economista y diplomático español, Carmelo Soria, probablemente también se preguntan ¿dónde están? Sin embargo, en el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y cuyo crimen intentaron infructuosamente hacer pasar como un accidente vehicular-, sino quienes lo hicieron desaparecer.

El pasado 22 de agosto, 47 años después cometido el crimen, la Corte Suprema ratificó la condena de seis agentes de la DINA, pertenecientes a la Brigada Mulchén, por el asesinato de este diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal). De ellos, tres siguen libres a dos semanas de confirmarse su futuro tras las rejas y a falta de solo cuatro días para que se cumplan 50 años del golpe de Estado que dio paso a los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet.

¿Dónde están? En el caso de los Soria, quien se encuentra desaparecido, la pregunta de ahora no es por su pariente -asesinado en julio de 1976 por agentes de la DINA-, sino por quienes lo hicieron desaparecer.

El coronel de Ejército en retiro Guillermo Humberto Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de cárcel como autor del homicidio de Soria, además de asociación ilícita. Interferencia contactó a Gendarmería para saber si había sido ingresado al penal Punta Peuco, mas no figura en los registros.

Misma situación sería la del teniente coronel de Ejército en retiro, René Patricio Quilhot Palma y del brigadier en retiro Pablo Fernando Belmar Labbé, ambos condenados a 10 años y un día y 541 días de presidio como autores del homicidio y por asociación ilícita. Según publicó en sus redes sociales el espacio de memoria Londres 38, ambos continúan en libertad junto a Salinas Torres.

Los otros tres criminales de lesa humanidad, en tanto, se encuentran en Punta Peuco. Se trara de Pedro Octavio Espinoza Bravo y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, condenados por este crimen a 15 años; y Juan Hernán Morales Salgado, condenado a 10 años por el asesinato, quienes estaban todos ya cumpliendo penas por otras causas también ligadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura.  

Todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria prófugos. 

Esta redacción también contactó a la Policía de Investigaciones para saber si ya se está cursando la orden de detención de los homicidas. Desde el departamento de Comunicaciones indicaron que, para obtener una respuesta en torno a esto, había que consultar vía Ley de Transparencia, solicitud cuya respuesta puede tardar hasta 25 días hábiles. 

Se desconoce si ya puede considerarse prófugos de la justicia a los tres condenados, puesto que podrían aun restar diligencias por parte de la policía para llegar a su paradero y arrestarlos. Independiente de eso, todo pareciera apuntar a que los 50 años del golpe llegarán con los principales responsables del asesinato de Carmelo Soria en libertad, contrario a lo que dictó la justicia

El funcionario de la CEPAL fue detenido y torturado en 1976 por miembros de la policía secreta del régimen

La Corte Suprema chilena ha condenado hoy en forma definitiva a seis exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y dos exintegrantes del Ejército, por el homicidio el 16 de julio de 1976 de Carmelo Soria, diplomático español y militante comunista, miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Hace 47 años fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Entre los condenados se encuentran el exbrigadier Pedro Espinoza Bravo, el segundo jefe de la DINA –el director fue el general (R) Manuel Contreras– y Raúl Iturriaga Neumann, el que fue jefe del departamento exterior del mismo organismo.

Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, quien reside en Chile, tras conocer el fallo declara a EL PAIS: “El 16 de julio de 1976 mi madre dijo que esto era un asesinato político y hoy, cuando es 22 de agosto de 2023, la justicia chilena acaba de confirmar que fue un asesinato político. Es decir, 47 años nos costó que nos creyeran. Y las condenas son una miseria”.

El fallo señala que “la víctima fue privada de su libertad por agentes armados de la DINA, los que lo trasladaron a un lugar oculto, donde se le mantuvo por horas vendado y amarrado, siendo sometido a interrogatorio bajo apremios físicos que le produjeron la muerte, de manera que resulta claramente identificable que los agentes realizaron dos cúmulos de acción ilícitas, completamente diversas, las primeras realizadas con el propósito de privar de libertad al sr. Soria Espinoza, en tanto que las segundas, fueron perpetradas para ocasionarle la muerte”.

Carmelo Soria Espinoza nació en 1921, en Madrid. Estaba casado con Laura González Vera y tenía tres hijos: Carmen, Laura y Luis. Fue asesinado a los 54 años, cuando trabajaba como jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), organismo dependiente de la CEPAL y, a la vez, Naciones Unidas. La tarde del 14 de julio de 1976, al salir de su oficina en el sector de Providencia, en Santiago, fue secuestrado por agentes de de la DINA. Conducía un automóvil marca Volkswagen, hasta donde se subió uno de ellos.

Después de ser torturado y asesinado, su cadáver fue arrojado junto a su automóvil, con las llaves puestas y sin la radio, en un riachuelo en La Pirámide, en el sector norte de Santiago, la capital de Chile. El vehículo estaba con las puertas cerradas, con algunos vidrios quebrados y, en su interior, había una botella de pisco. Era un escena para simular un accidente. Sin embargo, se estableció que en el crimen participaron agentes del Estado de la dictadura de Pinochet.

Ha sido un largo proceso, que ha demorado en su fallo final, en la Corte Suprema, 47 años. El primer abogado de la causa, por más de dos décadas, fue Alfonso Insunza, quien murió en 2016, mientras que hoy representan a la familia Soria Nelson Caucoto y Francisco Ugás.

El caso de Carmelo Soria partió en 1976 en el tercer juzgado del crimen de Santiago. Y ha tenido una serie de tropiezos. Por ejemplo, en 1993 la causa pasó, por un mes, de la justicia civil a la justicia militar, para luego volver a los tribunales civiles. Incluso, algunos de los agentes que habían sido identificados como partícipes del crimen fueron favorecidos con la ley de amnistía, un decreto que impulsó la dictadura y que permitía que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978 fueran cerrados sin que se investigara.

El proceso por el homicidio fue sobreseído por los tribunales por aplicación de la amnistía. Hubo distintos intentos de reapertura. Y, en 1997, Carmen Soria, hija del diplomático español, junto a Insunza, el primer querellante del caso, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación por parte del Estado de Chile al derecho al acceso a la justicia por la aplicación de la amnistía.

Las condenas

En la sentencia, emitida por la Sala Penal, condenó a los jefes de la policía secreta de Pinochet, Pedro Espinoza Bravo y Raúl Iturriaga Neumann, a 15 años y un día de presidio como autores del homicidio, mientras que Juan Morales Salgado fue sentenciado a 10 años y un día de presidio como autor del homicidio. La pena no se les extendió a asociación ilícita pues los tres exagentes tienen condenas previas por ese delito por el doble asesinato, en 1974 en Buenos Aires, Argentina, del excomandante en jefe del Ejército chileno, Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, a quienes la la DINA puso una bomba en el automóvil en que se movilizaban en una calle de Palermo.

En tanto, Guillermo Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día de presidio como autor del homicidio y a 541 días de presidio como autor de asociación ilícita. Y René Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé a 10 años y un día de de cárcel -como autores- y a 541 días de presidio como autores de asociación ilícita.

Además, Eugenio Covarrubias Valenzuela fue sentenciado cuatro años de presidio por infracción al artículo 212 del Código Penal -presentación de declaración falsa bajo promesa o juramento- y Sergio Cea Cienfuegos a 600 días de presidio como autor de falsificación de instrumento público.

Pedro Espinoza Bravo cumple una decena de condenas en el penal de Punta Peuco, un recinto especial donde se encuentran privados de libertad militares por causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Su primera pena fue en 1995, cuando se le acusó junto a Manuel Contreras por el asesinato en Washington, en 1976, del excanciller del derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973), Orlando Letelier, luego que la DINA pusiera una bomba en su automóvil.

Espinoza, junto a Iturriaga Neuman, cumplen además condenas por el crimen del general Parts y su esposa.

La condena por el homicidio de Carmelo Soria se produce en la víspera de la conmemoración en Chile, el próximo 11 de septiembre, de los 50 años del golpe de Estado.

Según el Ministerio de Justicia, tras la dictadura de Pinochet en Chile hay aún 1.469 víctimas de desaparición forzada. De ellas, 1.092 son detenidas desaparecidas, mientras que otras 377, que fueron ejecutadas, están en la misma condición. Del total de personas, solo 307 han sido identificadas.

Se trata de una lista elaborada por el Estudio Jurídio Caucoto Abogados, que integran 14 criminales entre los que destacan personas vinculadas al homicidio de Víctor Jara, a la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y al asesinato del diplomático español Carmelo Soria.

Este viernes, el Estudio Jurídio Caucoto Abogados oficializó la nómina actualizada de los exuniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad.

Se trata de 14 personas, algunas de ellas involucradas en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal y el asesinato del diplomático español Carmelo Soria,  entre otras investigaciones, detalla un comunicado de la oficina especializada en derechos humanos.

Respecto del listado, lo integran exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles miembros de aparatos represores de la dictadura, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI) e inteligencia naval, quienes están acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros ilícitos.

Específicamente, este está integrado por:

1.   Jorge Octavio Vargas Bories (oficial en retiro del Ejército, CNI), sentenciado como coautor del asesinato de Federico Álvarez Santibáñez a 10 años y un día.

2. Rubén Aroldo Morales López (oficial en retiro de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

3. Luis Enrique Barrueto Bartning, empresario condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

A ellos, se suman cuatro condenados en el episodio Conferencia II:

4. Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial en retiro del Ejército, DINA)

5. José Miguel Meza Serrano (funcionario en retiro de la Armada, DINA)

6. Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial en retiro del Ejército, DINA)

Todos ellos, están sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, a lo que se adicionan los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a tres años de presidio, respectivamente.

7. Víctor Álvarez Droguett (funcionario en retiro del Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo.

Además, está sentenciado como coautor de los delitos de secuestro calificado de Fernando Alfredo Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio.

Adicionalmente, fue condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

Por último, Álvarez Droguett enfrenta una sentencia de 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

8. Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo, oficial en retiro de la Armada, quien fue sentenciado como autor del homicidio calificado y la aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

9.  Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

10.  Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial en retiro del Ejército)

11.  Juan Renán Jara Quintana (oficial en retiro del Ejército), quien junto a Hasse Mazzei está condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal.  Por estos delitos, se les estableció una pena de 10 años y un día por los secuestros, además de 15 años de presidio por los crímenes.

12. Guillermo Salinas Torres (oficial en retiro del Ejército)

13. Pablo Belmar Labbé (oficial en retiro del Ejército)

14. René Patricio Quilhot Palma (oficial en retiro del Ejército)

En el caso de estos tres prófugos de la justicia, fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, y como autores de una asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes, mientras que el delito de asociación ilícita, se sentenció a todos a la pena de 541 días de presidio.

«Sentencias deben cumplirse»

Atendiendo a este listado, el abogado Francisco Bustos asegura que trata de una situación preocupante que debiera ser prioridad para las autoridades. “Los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar delitos de lesa humanidad”, sostiene.

“Este deber no se agota con la mera dictación de un fallo condenatorio, estas sentencias deben cumplirse, y en ese sentido, que existan prófugos por cualquier delito, y especialmente 14 prófugos por crímenes de lesa humanidad, representa una falta grave a los deberes estatales”, agrega.

Por último, recalcó que “la judicatura y los querellantes en procesos por delitos de lesa humanidad deben extremar las medidas, incluyendo imposición de cautelares, a fin de evitar esta forma de impunidad”.

Se trata de tres miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: Guillermo Salinas, Pablo Belmar y René Quilhot, quienes una vez fueron condenados, se fugaron simultáneamente de la justicia chilena en agosto de 2023. A la fecha, Salinas ha cobrado 14 millones; Belmar, 23 millones y Quilhot, 11 millones, todos recibidos en calidad de prófugos. 

En agosto de 2023, la Corte Suprema ratificó la condena en contra de seis agentes de la DINA pertenecientes a la Brigada Mulchén por el asesinato en 1976 de Carmelo Soria, diplomático y miembro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas. 

Según sentenció el máximo tribunal, se condenó por el crimen a Guillermo Salinas Torres, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Neumann, Juan Morales Salgado, Patricio Quilhot Palma y Pablo Belmar Labbé. 

En concreto, Salinas Torres fue condenado a 15 años y un día en calidad de autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita, mientras que por los mismo delitos, Quilhot Palma y Belmar Labbé fueron sentenciados a penas de 10 años y un día. 

Pese a la fuga orquestada en 2023, los condenados por la justicia han recibido su pensión de manera ininterrumpida hasta febrero de este año la que ya supera los 40 millones en total. 

En detalle, según información entregada por Transparencia al periodista Andrés López Awad que ha seguido el caso y publicó la información en su cuenta de X (antes Twitter), a la fecha, Salinas Torres ya suma un monto de $14.394.724 millones; Belmar Labbé, $23.799.744; y Quilhot Palma, $11.372.034 millones. 

Respecto a los otros criminales de lesa humanidad sentenciados: Espinoza Bravo, Iturriaga Neumann y Morales Salgados, cumplen su condena en Punta Peuco, penal en el que ya cumplían pena por otras causas vinculadas a la violación de derechos humanos durante la dictadura. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

Como dato anexo, el 22 de agosto de 2023 -mismo día que la Corte Suprema dictó sentencia en contra de los agentes de la Brigada Mulchén- Patricio Quilhot, entregaba su última columna semanal en un canal de YouTube llamado Punto de Encuentro donde operaba como un líder digital influyente de comunidades de ultraderecha. 

La ruta del dinero

Según consultó Interferencia, fuentes policiales señalan que dichos dineros han sido cobrados. La estrategia para realizarlo es a través de un poder simple donde los pensionados delegan la atribución a un tercero y, por medio de esta triangulación, retiran los montos de la pensión. 

A raíz de estos nuevos antecedentes, Interferencia conversó con el periodista Andrés López Awad quien ha seguido el caso desde cerca y publicó el libro Carmelo. Matar dos veces a un mismo hombre junto al también periodista Camilo Pérez Alveal. 

Con todo, un documento de la Policía de Investigaciones (PDI) con fecha del 25 de octubre de 2023 indica que, a la luz de los antecedentes solicitados, la Secretaría General de la Interpol publicó una notificación roja a nombre de Patricio Quilhot Palma, Guillermo Salinas Torres y Pablo Belmar Labbé con vigencia de cinco años para su captura. 

"El abogado, Francisco Ugás, me dijo que ellos ya habían ejecutado ciertas maniobras para seguir la ruta del dinero a través del levantamiento del secreto bancario de los agentes para revisar los movimientos de las cuentas. Ahora la tarea es ver quiénes son las terceras personas que están recibiendo este dinero para llegue a manos de los agentes estando prófugos", comenta López Awad. 

Asimismo, indica que "es súper curioso que una vez que sale esta sentencia, estos agentes que eran íntimos de Augusto Pinochet, hayan desaparecido al mismo tiempo. Entonces, dado que ya sabemos cómo se financian, se abre la pregunta de ¿quién lo está protegiendo? ¿quién está gestionando su traslado? ¿quién gestiona sus compras? Ahí hay una red de protección que, a 50 años del golpe de Estado, está más vigente que nunca". 

Sobre el paradero de los prófugos, López Awad explica que "no podría aventurarme respecto a dónde están, pero sí puedo decir que tienen ciertas condiciones que los tienen obligados a estar cerca. Por ejemplo, Guillermo Salinas es una persona diabética a un poco más de sus 70 años, y requiere ciertos tratamientos. Entonces, si es que el tribunal así lo decide y oficia a los organismos de salud del Ejército o de las Fuerzas Armadas en general, de seguro se pueden llevar una sorpresa y encontrar alguna atención de Guillermo Salinas". 

"Nada de esto, la condena, la búsqueda incansable de justicia y hallar la verdad hubiese sido posible sin el trabajo impecable de Francisco Ugás y el equipo de Nelson Caucoto, además del tesón y la valentía de la familia Soria González-Vera (en especial de Carmen Soria) y de Gloria Gallardo, sobrina de Renato León Zenteno", concluye el periodista. 

El rol de Carmelo Soria durante la dictadura y los detalles de su asesinato

En abril del 2023, los periodistas Andrés López Awad y Camilo Pérez Alveal publicaron un libro con los detalles del asesinato de Carmlo Soria titulado Carmelo. matar dos veces a un mismo hombre. 

En la investigación, recopilan datos y testimonios que ayudan a reconstruir la escena del caso y las motivaciones de los asesinos para matar al funcionario español. 

Los autores, entrevistados por Interferencia en julio de 2023, explican que "la Brigada Mulchén, de la DINA, que es una brigada de élite criminal, eran oficiales del primer anillo de seguridad de Augusto Pinochet, eran sus hombres de mayor confianza". 

Sobre las motivaciones del caso, explican que: "Hay dos puntos importantes anteriores, uno es que cuando cae la dirección del PC en mayo de 1976, al poco tiempo después empieza a caer todo el frente de propaganda. Entre ellos, Carmelo Soria. Lo segundo, es que Carmelo elaboraba una revista que se llamaba Dulce Patria, una revista clandestina".

Sin embargo, detallan que "lo que molestaba realmente era que Carmelo Soria ayudaba a perseguidos por la dictadura para que los acogieran en distintas embajadas".

Respecto al crimen, el relato es crudo. "El testimonio de la secretaria de Michael Townley reconoce que éste le cuenta que iban a "preparar" un accidente. A Carmelo Soria lo secuestran algo así como a las 5:30 de la tarde y lo torturan hasta la medianoche, lo interrogan con las peores torturas, le rompen todas las costillas, le desplazan dos vértebras, le rajan el hígado", comentan los periodistas.  

Y agregan que: "Le abren la boca y lo llenan de pisco mientras los agentes de la Brigada redactan una carta donde aseguran que su mujer la está haciendo infiel para simular un montaje, después ponen su cabeza en una escalera y hacen palanca con su cuerpo, le tuercen el cuello y lo suben a su auto. Y en un montaje más bien torpe, muy cruel y siniestro, lo empujan por el cerro abajo para simular este accidente".

Sobre los asesinos, explican que se sentían en total impunidad pues "eran muy cercanos a Pinochet, ni siquiera se preocuparon de dejar bien hecho el montaje, no les importó. Entonces pidieron a otra brigada, la Lautaro, limpiar el sitio del suceso, para hacer que pareciera un accidente".

El Estudio Caucoto Abogados, oficina especializada en derechos humanos, dio a conocer un nuevo listado actualizado con un total 18 ex uniformados prófugos de la justicia condenados por diversos delitos de lesa humanidad, algunos involucrados en el crimen de Víctor Jara y Littré Quiroga, en la ejecución de 38 campesinos en el Caso Paine principal, el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”, entre otras investigaciones.

De acuerdo al listado dado a conocer por dicha oficina en noviembre de 2023, de un total de 14 prófugos, cerca de la mitad han sido capturados. Sin embargo, ahora se agregan a lista 10 nuevos ex uniformados que habiendo sido condenados por sentencia firme, están en calidad de fugitivos de la justicia.

El listado está compuesto por ex militares, carabineros, ex funcionarios de la Armada, y civiles integrantes o de aparatos represores de la dictadura como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, acusados como autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de tormentos, entre otros delitos.

Se trata de los sentenciados:

1) Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros ®), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

2) Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

3) Un condenado en el episodio Conferencia II (antes eran cuatro)

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército ®, DINA),

Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

4) Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada ®),

sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

5) Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército ®),

– Condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

6) Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército ®),

7) Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército ®),

8) René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército ®),

– Condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

A ellos se suman ahora los nuevos prófugos:

9) Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros ?), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Liborio Rubilar Gutie´rrez, Jose´ Lorenzo Rubilar Gutie´rrez, Alejandro Albornoz Gonza´lez, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acun~a, Daniel Alfonso Albornoz Gonza´lez; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz Gonza´lez, Felidor Exequiel Albornoz Gonza´lez, Jero´nimo Humberto Sandoval Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y Jose´ Fernando Gutie´rrez Ascencio, ocurridos en los di´as 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias;

También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, Jose´ Florencio Ya´n~ez Dura´n, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo Jose´ Vidal Aedo, Domingo Sepu´lveda Castillo y de Guillermo Jose´ Albornoz Gonza´lez, perpetrados a partir de los di´as 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulche´n, a la pena de diez an~os y un di´a de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales.

10) René Riveros Valderrama (oficial de Ejército ?) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

11) Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército ?), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio

Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge Peña Hen.

12) Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros ?), condenado a la pena de 15 an~os y un día de presidio mayor en su grado ma´ximo, por los homicidios calificados de He´ctor Mari´n A´lvarez, don Jose´ Luque Schurman y Benjami´n Garzo´n Morillo, el di´a 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

13) Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército ?), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

14) Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército ?) Condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Dos del Episodio Janequeo:

15) Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército ? – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

16) José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile ? – CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

17) Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernan Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

18) Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto). Condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército ? y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI) sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad;

Olegario Enrique González Moreno (Ejército ®, DINA), condenado como

coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023;

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros ®, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada ®, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército ®, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente;

Víctor Álvarez Droguett (Ejército ®, DINA),

– condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo;

– condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio;

– condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio“

– condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

-Juan Dionisio Opazo Vera (ex conscripto) sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

-Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército ®), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Prófugos como forma de impunidad

Para el abogado Francisco Bustos, del Estudio Caucoto Abogados, “nos parece importante alertar sobre este fenómeno, el cual tiene una doble dimensión de análisis. Por un lado, nos muestra que el Estado chileno, y en particular el Poder Judicial, está cumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad. Por esa razón se han dictado decenas de sentencias, y aquí solo basta recordar que el año pasado concluyeron 96 procesos por crímenes contra la humanidad por sentencia firme”.

Agrega que “la segunda dimensión muestra un déficit. Las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Bustos, informó que “por nuestra parte como querellantes hemos solicitado las medidas cautelares correspondientes en cada caso”.

Pese a ello, también hay algunas buenas noticias, señala el abogado “como el hecho que varios de estos represores han sido detenidos, y hoy cumplen sus condenas, lo que habla también de un buen trabajo policial”, finalizó.