Pinda Figueroa Luis Franciso

En una masiva resolución la jueza Eliana Quezada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, procesó a cuatro oficiales y nueve suboficiales (R) de la Armada como coautores del secuestro -en septiembre de 1973- del sacerdote Miguel Woodward.

Con ello la ministra elevó a 19 los encausados en esta investigación, precisamente cuando se cumplen 35 años de la desaparición del religioso que militaba en el MAPU.

Por primera vez la magistrada dio cuenta esta vez del capitán de navío (R) Víctor Valverde Steinlein, quien como director entonces de la Escuela de Operaciones de la Armada, fue el jefe de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) que la Marina usó hasta fines de octubre de 1973 como centro de detención tras el golpe militar.

También encausó al capitán de navío (R) Luis Holley de la Maza y a los capitanes de fragata (R) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo.

Éstos comandaron los equipos que la Armada formó coordinados por Valverde para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón, utilizando las dependencias de la UTFSM como lugar de reclusión de quienes eran arrestados en esa zona.

Miguel Woodward fue detenido en su casa de Placeres el 21 de septiembre y conducido a esa universidad donde recibió los primeros golpes y torturas.

"Una patrulla del Cuartel de Operaciones de la UTFSM detuvo a Woodward, donde fue interrogado, golpeado y sometido a diversas torturas por parte de funcionarios de la Armada que integraban la Compañía de la Escuela de Operaciones allí asentada, para al día siguiente entregarlo a la Academia de Guerra Naval (AGN)", sostiene el dictamen de la jueza Quezada.

Diez de los trece procesados están ya bajo arresto en el cuartel de Infantería de Marina de Las Salinas en Viña del Mar, tras ser ubicados por funcionarios de Investigaciones.

El capitán de fragata (R) José Yáñez Riveros, regresa a Chile en noviembre porque está a bordo de una nave comercial.

Respecto del otro capitán de fragata (R) Marcos Silva Bravo, éste se encuentra de vacaciones en el sur, donde está siendo buscado por los funcionarios policiales. El suboficial Alfredo Mondaca Salamanca vive en Iquique y ya fue ubicado. Se espera que ambos ingresen hoy a cumplir su arresto en el mismo cuartel.

Miguel Woodward continuó luego siendo torturado en la AGN y quedó moribundo, por lo que fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde existía un hospital de campaña.

Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser, quien recomendó llevarlo Hospital Naval, entonces en el cerro Playa Ancha. No se ha determinado el lugar exacto donde murió Woodward.

Los actuales procesados tuvieron participación en la detención, golpiza y torturas del sacerdote, como en su posterior traslado a la AGN y a la Esmeralda. El jefe de la AGN y los torturadores del religioso en esta academia, tres vicealmirantes, dos capitanes de navío y un teniente, todos en retiro, fueron ya encausados en abril pasado.

Nómina de Procesados

1.- Víctor Valverde Steilein (capitán navío R)

2.- Luis Holley de la Maza (capitán navío R)

3.- José Yáñez Riveros (capitán fragata R)

4.- Marcos Silva Bravo (capitán fragata R)

5.- José García Reyes (suboficial R)

6.- Alfredo Mondaca Salamanca (subof. R)

7.- Luis Pinda Figueroa (subof. R)

8.- Carlos Miño Muñoz (subof. R)

9.- José Rojas Araya (subof. R)

10.- Pedro Vidal Miranda (subof. R)

11.- Héctor Palomino López (subof. R)

12.- Guillermo Inostroza Opazo (subof. R)

13.- Claudio Cerezo Valencia (subof. R)

 

El juez Julio Miranda Lillo responsabilizó en diez oficiales y
suboficiales de Armada la desaparición del sacerdote chileno
británico Miguel Woodward, de quien se perdió rastro físico
pocos días después de su detención en septiembre de 1973.
Miguel Woodward Iriberry fue un sacerdote chileno-británico que
luego del golpe militar se refugió en distintas casas de amigos,
temiendo por su vida ante un arresto por parte de oficiales del
Ejército. El 18 de septiembre de 1973 regresó a su domicilio en
Cerro Placeres, donde fue interceptado por oficiales marinos que lo
condujeron por distintos puntos de interrogatorio hasta perder su
rastro físico.
Este miércoles, el juez Julio Miranda Lillo presentó una acusación
en contra de diez marinos por su presunta responsabilidad en la
desaparición de Woodward. Se trata de oficiales y suboficiales de la
Armada que son individualizados en los cargos presentados en el
marco del Caso Woodward.
Los marinos procesados son Luis Francisco Pinda Figueroa, Carlos
Alberto Miño Muñoz, Guillermo Carlos Inostroza Opazo, José
Manuel García Reyes, Marcos Cristián Silva Bravo, Nelson
Roberto López Cofre, Jorge Leiva Cordero, Manuel Atilio Leiva
Valdivieso, Bertalino Segundo Castillo Soto y Héctor Fernando
Palomino López.
El juez Miranda argumentó que “los hechos antes reseñados
configuran la existencia del delito de secuestro seguido de grave
daño (posiblemente falleciendo) en la persona de Michael Roy
Woodward Iribery, que contempla el artículo 141 del Código Penal,
vigente a la época de los hechos, reuniéndose todos los requisitos
que lo configuran, pues fue privado de su libertad de
desplazamiento sin derecho, manteniéndosele bajo detención o
encierro en recintos de la Armada, lo que se ha prolongado desde el
mes de septiembre de 1973 en adelante, sin que se conozca su
paradero o sus restos hayan sido encontrados”.
Miguel Woodward fue conducido hasta la Universidad Santa María
para luego ser derivado al buque escuela Esmeralda, lugar
emblemático de las fuerzas armadas chilenas utilizado como centro
de detención y tortura en dictadura. Ante el deterioro
experimentado por Woodward luego de los interrogatorios, fue
trasladado hasta el Hospital Naval, sin que se tenga registro físico
luego de ello.
Si bien un médico naval extendió un certificado de defunción del
sacerdote, nunca fue posible dar con el paradero de su cuerpo. Las
últimas diligencias se realizaron en la fosa común del cementerio de
Valparaíso, sin resultados positivos.
La acusación será notificada a los querellantes y luego a la defensas
de los procesados, para luego dar inicio a la etapa de plenario,
previa a la dictación de condena de primera instancia.