Parra Utreras Pedro Del Carmen

Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1973, 19 personas fueron detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo. Seis años después, sus cuerpos aparecieron en una fosa clandestina del cementerio de Yumbel. Fue uno de los casos impactantes de violación a los derechos humanos ocurrido en la región del Bío Bío y que aún está en el recuerdo.

Quiero ver a mi papá, Jack Gutiérrez -demandó Mirta al sargento Pedro Rodríguez en la Tenencia de Laja, aquel 13 de septiembre de 1973. – Aquí no hay ningún Gutiérrez detenido -le replicó el funcionario. – Yo sé que está aquí y quiero verlo -porfió ella. – Sí, está aquí -reconoció por fin Rodríguez- pero ése vivo de aquí no va a salir. – ¿Por qué lo detuvo? ¿Está acusado de matar a alguien o algo así? – Son cosas mías. Yo sé lo que tengo que hacer con todos estos que tengo aquí -le contestó con prepotencia el sargento-. No te aseguro que éste va a salir vivo de aquí- remachó. Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, 45 años, había sido detenido el 13 de septiembre de 1973, cuando salía de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Laja, después de cumplir su jornada laboral. El hecho ocurrió a las 16:30 horas. Gutiérrez junto a Heraldo Muñoz Muñoz caminaban rumbo a sus hogares, cuando fueron interceptados por una patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez, que en un jeep del Ejército se los llevó a la Tenencia local. Un vecino alertó a Rosa Soto, cónyuge de Jack Gutiérrez, la que de inmediato se dirigió a la unidad policial, donde el propio sargento Rodríguez le confirmó la detención. Pudo entregarle ropa que llevaba y en la noche regresó con comida. Así lo hizo todos los días hasta el 18. Ese día, la señora Rosa llegó temprano a dejarle el desayuno a su esposo, pero pronto se dio cuenta que las dependencias de la Tenencia estaban desocupadas y que un funcionario de apellido Montoya estaba lavando paredes y pisos. “Me pareció que el agua que salía de adentro tenía sangre, porque estaba medio colorosa, así como cuando se lava un ladrillo. Me vino como un hielo por todo el cuerpo”. – Mi marido ¿dónde está? -le preguntó al carabinero que no le daba la cara. – Los llevaron pa’ Los Angeles -le respondió siempre dándole la espalda. – ¿Y en qué parte de Los Angeles los van a dejar? – En el Regimiento -fue lo único que le dijo. A la salida, Rosa Soto se encontró con otra señora que le confirmó que adentro no había nadie y que, según carabineros, todos los detenidos habían sido llevados a Los Angeles. Abordó el bus de las 13 horas y en el Regimiento vio la lista de las personas que habían recibido, pero no figuraba ninguno de los detenidos de Laja. – Los habrán llevado pa’ la cárcel -le dijeron. Pero tampoco estaban allá. – Deben estar en el estadio y si están los va a ver de lejos porque es chico -le aseguraron. Antes de que su bus partiera, la señora Rosa fue al estadio. No vio a su marido ni tampoco a alguno de los conocidos que había visto en la Tenencia de Laja. Varios días regresó a Los Angeles, sin lograr nada. Incluso envió ropa para su marido a la Isla Quiriquina, pero ocho días después se la enviaron de vuelta. “ Anduvimos p’al sur, en Chillán, en Santiago, fuimos a preguntar a muchas partes, pero no, no estaban…Por esos días, aquí ya se corrían rumores de que los habían muerto…” En San Rosendo, localidad vecina, separada por un puente ferroviario, se vivía algo similar. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas fueron detenidas en San Rosendo y Laja, Seis fueron aprehendidas en la primera localidad, pero todos llegaron a la Tenencia de Laja donde estuvieron hasta el 17. A partir del 18, su rastro desapareció. Las historias se sucedían con escalofriante similitud: Florinda Riquelme Concha, relató el caso de su hermano , Federico Riquelme Concha, 38 años, casado, dirigente sindical, obrero de la Papelera Laja: “El día 13 de septiembre de 1973, en el momento en que mi hermano salía de su trabajo, en la Papelera Laja, fue detenido por una patrulla de Carabineros, al mando del sargento Pedro Rodríguez. Durante la tarde, mi cuñada Selva Valdebenito fue a avisarnos de la detención de mi hermano y que se encontraba en la Tenencia de Laja, donde fue visitado por ella durante los días 14, 15 y 16 de septiembre. El día 16, el sargento Pedro Rodríguez le entregó algunas pertenencias de mi hermano porque sería trasladado al Regimiento de Los Angeles. El día 17, al ser visitado nuevamente por ella, se le informó que mi hermano había sido llevado al Regimiento de Los Angeles ese día. Desde ese momento acompañé a mi cuñada a los distintos lugares donde había campos de concentración para presos políticos, sin obtener ninguna información de su paradero”. Ruth del Carmen Medina Neira, pasó por algo similar con su marido Luis Araneda Reyes, 43 años, maquinista de Ferrocarriles, domiciliado en San Rosendo: “El 15 de septiembre de 1973, como a las 15:30 horas, fue detenido en la puerta de nuestra casa, por personal de Carabineros de Laja acompañado por el cabo Castillo, de dotación de San Rosendo y al mando del teniente Fernández Mitchel, de Laja. Lo llevaron a la Tenencia de San Rosendo y luego a Laja junto a otros cinco detenidos más entre los que figuraban Juan Acuña y Dagoberto Garfias. El día 17 fui personalmente a dejarle almuerzo a Laja acompañada de mi cuñado y de mi hijo mayor. Ahí conversamos con él bastante rato y nos comunicó que en la tarde serían llevados a Los Angeles. Se encontraba muy agitado, era enfermo del corazón y la noche anterior lo habían tenido que sacar al patio a tomar aire tres veces. En esa oportunidad había unos treinta detenidos más, la mayoría gente conocida de Laja. El día 18 cuando concurrí a verlo, me informaron que se los habían llevado a Los Angeles y desde entonces no he tenido noticias de él”. INVESTIGACIÓN SECRETA A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez le contó a la abogada Martita Wörner (ambas trabajaban en el departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción) que tenía antecedentes suficientes para afirmar que al menos veinte personas que habían sido detenidas en las localidades de Laja y San Rosendo a mediados de septiembre del ‘73, estaban inubicables. Le dijo que había algunos testimonios que indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Fue así como ambas profesionales decidieron investigar el tema y durante varias semanas, los días domingo, viajaron a la zona a tomar contacto con los familiares. Lo hicieron sin avisarle a nadie. El asunto no dejaba de ser riesgoso. Algunas veces viajaban con un colega que las llevaba en su citroneta. Pero en otras ocasiones, las más numerosas, lo hacían en tren. Entonces, se bajaban en San Rosendo y cruzaban el puente ferroviario a Laja. Muchas veces lo hicieron con un fuerte temporal de viento y lluvia. Fue una labor de gran sigilo y que requirió mucha paciencia. Hablaron con el párroco de Laja, Félix Eicher y consiguieron que les prestara un lugar en la parroquia para reunirse con los familiares, principalmente mujeres. Lo hacían con el pretexto de conversar sobre algunos temas y así pudieron, lentamente, ganarse la confianza que necesitaban para avanzar en la investigación. Pero como se trataba de un pueblo chico, no tardó mucho en saberse que estas dos mujeres que llegaban de Concepción andaban en algo. Carabineros pronto se dio cuenta que algo pasaba cuando los familiares de los detenidos empezaron a concurrir regularmente a la parroquia, todos los fines de semana. La vigilancia a que estuvieron sometidas no las amedrentó. Después de más de ocho meses de viajes secretos y cuando ya habían contactado a 19 familiares cuyos antecedentes obraban en su poder, decidieron hablar con Jorge Barudi, a la sazón director del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción. – Cuando se lo contamos -rememoraba Martita Wörner- primero hizo un tremendo berrinche porque había sido una cuestión demasiado osada e intrépida. Pero él estaba tanto o más interesado que nosotras en el tema y rápidamente del berrinche pasó a la acción y nos preparamos para la querella que había que presentar ante los tribunales. Así, el 24 de julio de 1979, ante el Juzgado del Crimen de Laja, María Inés Herrera Zapata, Ximena Lamana Abarzúa, Ana Luisa Rebolledo Pino, Marta Parada Véjar, Marta Elena Herrera Rojas, Graciela Sandoval Esparza, Berta Elena Contreras Silva, Alma Celeste Garfias Gatica, Ruth Medina Villagra, Rosa Edith Barriga Pérez, Zoila Jara Lizama, Flor María Hernández Villablanca, Rosa Silva Sanhueza, Selva Valdebenito Bris, Laura Zorrilla Rubio y María Avello Espinoza, presentaron una querella criminal en contra de Alberto Fernández Mitchel, teniente de carabineros de Laja a la fecha de comisión del delito, Evaristo Garcés, Pedro Rodríguez Ceballos, sargento de carabineros, Juan Muñoz, cabo de carabineros y los funcionarios, Carlos Fritz, Leoncio Olivares, Gercio Saavedra, Luis León, Mario Cerda, Juan Oviedo, Pedro Parra Utreras, José San Martín y otros de apellido Otárola, González y Montoya, “todos con domicilio legal en la Tenencia de Laja en ese entonces, y de aquellos otros que aparezcan responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos de secuestro y homicidio calificado “ de Fernando Grandón Galvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Luis Antonio Acuña Concha, Mario Jara Jara, Juan Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio y Manuel Becerra Avello. A ellos se sumaron Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Alfonso Macaya Barrales y Wilson Muñoz Rodríguez. SE INICIA LA INVESTIGACION Caratulado bajo el rol 2.770 “Delito de secuestro de Fernando Grandón y otros”, el juez de Laja, Lupercio Fuentes ofició a diversas instituciones civiles y armadas para aclarar los hechos. Con fecha 8 de agosto de 1979, remitió a la Prefectura de Investigaciones de Los Angeles, una orden para investigar lo ocurrido. Las primeras indagaciones no fueron fáciles. Nadie parecía conocer a las víctimas y los organismos consultados –Carabineros, Ejército- negaban haber emitido órdenes de detención en su contra. Incluso el Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández fue consultado: “La consulta de ese tribunal incidiría en la presunta detención de los nombrados, por efectivos de Carabineros de Laja, entre los días 11 y 17 de septiembre de 1973…Sobre el particular, cúmpleme expresar a US. que, revisadas las nóminas de personas detenidas conforme a la facultad del Estado de Sitio, vigente en aquel entonces, no figuran los ciudadanos señalados, ni hay constancia de haberse dictado orden o resolución alguna en su contra”. MINISTRO EN VISITA En vista que la investigación avanzaba con lentitud y que se tenían antecedentes que revelarían con claridad dónde habrían sido enterrados los restos de las 19 personas que hasta entonces aparecían como desaparecidas, el Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción, decidió una nueva acción. Apoyándose en un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, del 21 de marzo de 1979, que ordenaba designar Ministros en Visita Extraordinaria en cinco departamento del país, mencionando específicamente a la Corte de Apelaciones de Concepción, es que el 7 de agosto de ese año se solicitó que un ministro de rango especial investigara la situación de los detenidos y desaparecidos de Laja y San Rosendo. Quince días después, el tribunal de alzada penquista reunido extraordinariamente, presidido por el ministro Víctor Hernández Rioseco y con las asistencia de Carlos Cerda Medina, Enrique Tapia Witing, Eleodoro Ortiz Sepúlveda, Luis Rodríguez Salvo y Ana Espinosa Daroch, “tomó conocimiento de la petición de designación de un Ministro en Visita hecha por don Jorge Barudi Videla, secretario ejecutivo del Departamento de Servicio Social del Arzobispado de Concepción y acordó designar al Ministro José Martínez Gaensly para que se avoque al conocimiento y fallo del proceso rol Nº 2.770 del Juzgado de Letras de Laja por secuestro y homicidio de Fernando Grandón Galvez y otros”. Con los antecedentes que ya se habían acumulado en el proceso, el Ministro Martínez Gaensly se constituyó en el Juzgado de Letras de Laja para cumplir su cometido. Había que ratificar las declaraciones juradas y citar a declarar a muchas personas, entre familiares, testigos y funcionarios de carabineros mencionados en las querellas. Uno de los aspectos que quiso precisar el ministro, fue dónde estaban los carabineros aludidos en la querella. Para ello solicitó la información que le fue entregada Por el Prefecto de BíoBío, teniente coronel, Osvaldo Leyton Grob. LA FOSA CLANDESTINA A esas alturas ya empezaba a hacerse más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y que sus cuerpos habían sido enterrados clandestinamente en algún lugar cercano a Laja, de donde fueron exhumados para luego ser trasladados, también en forma ilegal al Cementerio de Yumbel. Voces anónimas empezaron a aportar datos que se fueron sumando al proceso: se hablaba que en la zona cercana al fundo El Dorado, una noche se escuchó ruido de balas. Que en ese mismo lugar, se hallaron restos de vestimenta y calzado industrial. De muchas personas se había escuchado hablar de la sepultura clandestina en el cementerio de Yumbel. Con más precisión, un vecino relató que pudo comprobar en la puerta del camposanto yumbelino huellas de un camión que habría bordeado sus muros por el lado sur, donde no había cerco, para ubicarse en la pared oriente. En ese lugar, los rastros se hicieron más notorios, incluso había trozos de cables de arrastre y un zapato industrial. Hacia fines de septiembre, el Ministro en Visita escuchó las declaraciones de algunos de los carabineros que aparecían como autores de las detenciones en Laja y San Rosendo. Florencio Osvaldo Olivares Dade, cabo segundo, 31 años, que prestaba servicios en la Tenencia de Laja desde 1971, declaró el 26 de septiembre de 1979: “ En la mayoría de las ocasiones me correspondió intervenir en las patrullas de detención de activistas políticos con motivo del pronunciamiento militar, de tal manera que no recuerdo el nombre de aquellas personas que eran detenidas, solamente conocía al alcalde, José Arcadio Fica, al profesor Rubén Campos y a Oscar Sanhueza Contreras, con quien fui compañero de curso e incluso su mamá me preguntó por él y no le pude dar respuesta porque no lo vi en el cuartel. De las detenciones que se hacían se trataba de mantenerlos el mínimo en la unidad dado el poco espacio con que contábamos y por eso eran remitidos rápidamente a Los Angeles, ya sea por intermedio de las patrullas volantes que venían de allí, del Ejército y por intermedio del microbús que la Papelera había puesto a nuestra disposición… De los detenidos que dicen que fueron ajusticiados en el trayecto a Los Angeles, solamente me he impuesto por los comentarios de diarios y personas, pero ignoro también si fueron transportados por militares o carabineros”. LA EXHUMACION No fue necesario excavar mucho. A poco más de un metro de profundidad, empezaron a aparecer las osamentas: huesos y calaveras, además de restos de ropa, zapatos, cinturones e incluso una cédula de identidad. Era la mañana del martes 2 de octubre de 1979. A las 11 horas había llegado hasta el Cementerio Viejo de Yumbel, el ministro en visita José Martínez Gaensly. Pocas personas lo acompañaban. La diligencia que iba a practicar era de tal importancia, que mientras menos se divulgara mayor garantía podría haber de lograr un buen resultado. Por eso, sólo fueron avisados el médico legista, César Reyes, el sacerdote Pedro Campos, el comisario de Investigaciones de Los Angeles, Homero Urzúa y el secretario titular del Juzgado de Letras de Yumbel, Jorge Urrutia. También concurrió personal asesor y del cementerio. Por el pasillo central del cementerio, el grupo llegó al fondo de éste, hasta el muro que lo separa del exterior. Adosada a esa pared, al lado derecho y a cinco metros del fin del camino, se sitúa la tumba de la familia Patrito-Ghiotti. Entre ésta y el camino se inició la excavación de una fosa de dos metros de ancho por tres de largo y un metro de profundidad. – Realmente transpiramos harto. Fueron casi tres horas que estuvimos excavando el pozo -relató José Ricardo Morales, 52 años, sepulturero del cementerio quien junto a otros dos obreros cedidos por la Parroquia, participaron en esa labor. A medida que avanzaba la excavación, fueron apareciendo osamentas humanas correspondientes a 18 personas. Se encontraron también 17 calaveras completas, algunas incluso con pelo en la cabeza, según consta en el acta levantada en la ocasión. “Seguidamente se procedió por el doctor Reyes a clasificar los huesos largos del cuerpo humano, especialmente los fémures, lográndose encontrar los pares pertenecientes a 18 personas. Luego de la clasificación anterior se procedió a guardar todos los restos allí encontrados, embalándolos en bolsas plásticas y de cartón, siendo remitidos al Instituto Médico Legal de Concepción, para su examen de rigor”. A las 13:15 horas, la diligencia había terminado. “¡GRACIAS MI DIOS!” Berta Elena Contreras, 54 años, aguardaba con relativa calma en una pequeña oficina del Juzgado de Laja, la llegada del Ministro en Visita. Había otras mujeres en el lugar. Eran las 11 de la mañana del miércoles 3 de octubre. Algunos periodistas ya rondaban por el recinto. Con voz quebrada por la emoción, la señora Berta habló: “Cuando supe que habían sido encontrados los cadáveres sentí no sé qué. Tal vez por el hecho de que yo estoy muy ligada a la iglesia y voy siempre, sólo pude decir con emoción: ¡Gracias mi Dios! ¡Gloria a Dios por haber permitido que apareciera mi hijo!…” El recuerdo de lo ocurrido en Lonquén, rondaba fuerte entre los familiares de Laja y San Rosendo.. En noviembre de 1978 un informante anónimo había denunciado a la Iglesia Católica la existencia de un entierro clandestino en unos hornos, en la localidad de Lonquén, a unos 14 kilómetros de Talagante, en la provincia de Santiago. Verificada la denuncia, el 1º de diciembre se hizo la presentación ante la Corte Suprema que instruyó a la Corte de Apelaciones para que nombrara un Ministro en Visita. La designación recayó en el magistrado Adolfo Bañados. Los restos fueron exhumados y en febrero de 1979, parientes de los detenidos desaparecidos de Isla de Maipo iniciaron el reconocimiento . Se determinó que los cadáveres pertenecían a 15 personas que habían sido detenidas por carabineros de Isla de Maipo el 7 de octubre de 1973. Sin embargo, la tragedia se prolongó hasta el final. Mientras los familiares esperaban las urnas para una misa en la Iglesia Recoleta Franciscana de Santiago, el fiscal militar Gonzalo Salazar había dado la orden para que los restos fueran enterrados en una fosa común del Cementerio de Isla de Maipo. En Laja y San Rosendo, nadie quería que ocurriera lo mismo. Por eso, apenas supieron de la exhumación de 18 cadáveres en el Cementerio de Yumbel, los familiares empezaron a llegar al Juzgado de Laja para que el Ministro en Visita les entregara la versión oficial. “¡LO RECONOCI!” A las 11:15 horas del viernes 5 de octubre, numerosos familiares aguardaban en el Instituto Médico Legal de Concepción el momento en que entrarían a reconocer los restos exhumados de Yumbel. Hubo dolor, llanto, histeria, emoción… – ¡Lo reconocí! ¡Ahí está mi Choti! le toqué su cabecita. El tenía todos los dientes de oro. ¡Por Dios, señor, por qué será esta injusticia tan grande!? Quiero que me lo entreguen… tienen que entregármelo -lloraba desconsolada Rosa Barriga, esposa de Juan Acuña Concha, maquinista de Ferrocarriles, en San Rosendo. – Al tiro encontré su pantalón verde rayado y un pedazo de su chaquetón de castilla. Tienen que entregarme sus huesos, no pueden quedarse con ellos. Que castiguen a los culpables -decía entre sollozos Graciela Sandoval, quien sostenida por otras personas, aseguraba haber reconocido a su esposo Luis Armando Ulloa. Por su dentadura con dos chispas de oro y parte de su pantalón, Flor María Hernández logró identificar a su marido, Juan Villarroel. Marta Herrera encontró el crucifijo de plata de su hijo, Juan Carlos Herrera. Mientras proseguían las gestiones para identificar completamente los restos de los 18 cadáveres exhumados, el ministro Martínez avanzaba con la investigación. Había que seguir investigando. Faltaba por encontrar el cuerpo de uno de los detenidos desaparecidos denunciados en la querella. En ese afán, el ministro Martínez siguió tomando declaraciones a testigos y a personas que pudieran aportar algún antecedente que ayudara al proceso. Ya se habían iniciado los careos, y en forma paralela el Ministro Martínez realizaba una inspección ocular al fundo “San Juan”. A las 14:30 horas se trasladaba al lugar en compañía de la secretaria subrogante, los abogados Martita Wörner y Fernando Saldaña, además del médico legista César Reyes y el cura párroco de Laja, Félix Eicher, y algunos voluntarios de la iglesia premunidos de herramientas de trabajo. El objetivo era hacer un rastreo y excavaciones. “ Al extraer cierta cantidad de arena apareció un zapato de hombre, por lo que en ese lugar se prosiguió la excavación. A medida que se profundizaba, fueron apareciendo tres zapatos de diferentes tipos, desarmados y un bototo color café con un calcetín de nylon rojo. Una bolsa de fibra blanca que sirve para transportar soda o cal, se apreció a poco más de medio metro de profundidad una capa de cal, luego una botella de pisco vacía en buen estado y otra quebrada. Esta fosa se extendió en unos tres metros de largo más o menos, como tipo trinchera”. La diligencia continuó en otro sector del predio. Tras levantar unas ramas de una antigua explotación de pino, se removió la tierra apareciendo a pocos centímetros trozos de género azul que podrían corresponder a una camisa. También se encontró una peineta de bolsillo, botones posiblemente de un chaquetón, una billetera de plástico sin documentos. “Al seguir cavando, se tropezó con un zapato tipo bototo de seguridad con un calcetín largo de color amarillo. Al examinarlo, el médico apreció que contenía huesos en su interior. Con extremo cuidado, se procedió a agrandar la fosa y apareció el cadáver de una persona. Se ordenó la exhumación y una vez en la superficie, el médico procedió a examinar los restos que correspondían al sexo masculino , de más o menos 30 años, con la dentadura completa y en buen estado. Antes de sacar el cadáver se comprobó que éste estaba amarrado en los pies con un alambre y otro lo tenía a la altura de las rodillas, además se encontraba boca abajo…” A diez metros del camino semi borrado del predio, y siguiendo la dirección de las dos fosas anteriores, se removió un montículo sobre el cual se apreciaba gran cantidad de granos de cal. A poca profundidad apareció un hueso humano, al parecer correspondiente a un antebrazo. También se hallaron botones, una peineta de bolsillo, cuatro pares de zapatos y un par de lentes ópticos con marco café. Se dio la orden de llevar las osamentas y especies encontradas al Instituto Médico Legal de Santiago y poco después de las seis y media de la tarde se dio por concluida la diligencia. El hallazgo rápidamente fue conocido por la prensa, que al día siguiente dio cuenta profusamente del hecho: “En Laja apareció cadáver 19 amarrado con alambres”, titulaba La Tercera del 19 de octubre. MULTITUDINARIO FUNERAL Entre el 13 y el 19 de noviembre, el médico legista César Reyes remitió los informes de autopsia de los 19 cuerpos encontrados, con la identificación positiva de la totalidad. Los cráneos de cinco de ellos, y que correspondían a Oscar Sanhueza, Juan Acuña, Luis Ulloa, Wilson Muñoz y Heraldo Muñoz, presentaban orificios de proyectil. Otros nueve presentaban algún tipo de fractura y correspondían a Jorge Lamana, Federico Riquelme, Manuel Becerra, Mario Jara, Fernando Grandón, Rubén Campos, Alfonso Macaya, Juan Jara y Raúl Urra. Los restantes cinco cadáveres no presentaban alteraciones traumática y correspondían a Dagoberto Garfias, Juan Villarroel, Luis Araneda, Jorge Zorrilla y Jack Gutiérrez. Culminada la etapa de reconocimiento, a fines de noviembre el Ministro Martínez ordenó la entrega de los cuerpos a los familiares. El funeral quedó fijado para el martes 27 de noviembre, después de una misa que a las 10 de la mañana se oficiaría en la Parroquia San José, en Concepción. Pero el temor de que los restos no fueran entregados o se hicieran intentos por hacerlos desaparecer era fuerte. En la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos la inquietud hizo que sus integrantes estuvieran dispuestas a formar una guardia permanente en las puertas de la morgue, hasta que las osamentas fueran entregadas. No fue necesario, recordaría Ester Araneda casi veinte años después. “El doctor César Reyes y también el Ministro Martínez nos garantizaron que no habría problemas y así fue”. “Hemos llegado hoy a esta casa de oración para orar con esperanza junto a ustedes, madres, esposas, hijos, familiares de estos seres tan queridos a quienes hoy tenemos -por lo menos- el consuelo de dar cristiana sepultura y ante quienes podremos depositar la ofrenda de una sencilla flor, expresión de nuestro amor y de nuestro dolor… Hemos llegado a pedir que toda la angustia y el sufrimiento de estos seis largos y dolorosos años, no sea estéril…” Ante un templo repleto, las palabras del Obispo Auxiliar, Monseñor Alejandro Goic, resonaron fuertes y emocionadas. A las 10 de la mañana, las 19 urnas habían salido del Instituto Médico Legal y en una caravana de más de quince cuadras fueron llevadas hasta la Iglesia San José para la liturgia de despedida, antes de su entierro final en el Cementerio de Laja. El trayecto fue lento. Acompañado de gritos, de silencio, de mucho dolor. En la parroquia, veinticinco sacerdotes aguardaban. Poco después de las 11 se inició la misa. Había mucha emoción en el recinto que se hizo estrecho para recibir a quienes quisieron acompañar en el dolor a los familiares de los ejecutados de Laja y San Rosendo. Al término de la misa, hubo aplausos y se entonó la Canción Nacional. El cortejo inició entonces su largo viaje a Laja. Allí, a las 16:45, el párroco Félix Eicher ofició la última misa. Terminada la misa, en Laja, el cortejo con cinco carrozas, y centenares de personas, se dirigió al Cementerio. La tarde caía y el calor declinaba. Ya eran cerca de las 20 horas. En su tránsito al camposanto, la columna se detuvo frente a la Subcomisaría de Carabineros. No hubo incidentes. Sólo una joven se encaminó a la unidad policial y gritó “¡ asesinos !”. Las urnas fueron sepultadas en una gran tumba, sobre la que se colocó una cruz de tres metros de altura, con la palabra Paz en lo alto y una inscripción donde se lee un verso de Pablo Neruda: “Aunque los pasos toquen/ mil años este sitio/ no borrarán la sangre/ de los que aquí cayeron/ y no se extinguirá la hora / en que caisteis/ aunque miles de voces/ crucen este silencio…” INCOMPETENCIA Y SOBRESEIMIENTO Y lo que tanto se había comentado y, de alguna manera también temido, se produjo el 18 de marzo cuando el ministro José Martínez Gaensly se declaró incompetente para seguir conociendo la causa rol 2.770, porque de los informes y declaraciones acumulados durante el proceso pudo concluir que en los hechos denunciados en las querellas “les ha cabido a los funcionarios de carabineros de la Tenencia de Laja , ex teniente Alberto Fernández Mitchel, Evaristo Garcés Rubilar, Pedro Rodríguez Ceballos, Juan Muñoz Cuevas, Nelson Casanova Delgado, Luis León Godoy, Carlos Fritz Gómez, Gerson Saavedra Renike, Gabriel González Salazar, Juan Oviedo Riquelme, Anselmo San Martín Navarrete, Lisandro Martínez García, José Otárola Sanhueza, Samuel Vidal Riquelme, Florencio Olivares Dade, Pedro Parra Utreras, Sergio Castillo Basaúl (de San Rosendo ) y el civil Israel Ormeño, y que se desempeñaban en dicha unidad policial en el mes de septiembre de 1973, una participación inmediata y directa…” por lo cual y según lo dispuesto en el artículo 1º de Código de Justicia Militar, “me declaro incompetente para seguir conociendo este proceso debiendo, en consecuencia, remitírsele a la 1a Fiscalía Militar de Los Angeles por corresponderle su conocimiento”. Por ser agraviante a los derechos de la parte que representaba, la abogada Martita Wörner apeló a la resolución del Ministro Martínez, el 24 de marzo. Cuatro días más tarde, el tribunal militar aceptó la competencia declinada y dispuso que la investigación prosiguiera reponiéndose la causa a estado de sumario. Para esos efectos, nombró como fiscal ad-hoc al coronel (J) de Carabineros Gustavo Villagrán y como secretario al mayor (J) de Ejército, Alejandro Abuter Campos, asignándosele a la causa el rol Nº 323-80. Poco demoró el Tercer Juzgado Militar de Concepción en decretar el sobreseimiento de la causa. Lo hizo con fecha 9 de junio de 1980, tras conocer y aprobar el dictamen 16-80 del 20 de mayo, emitido por el fiscal ad hoc. Tras reconocer que las 19 personas mencionadas en la querella fueron detenidas en los días posteriores al golpe militar y que tras permanecer en la Tenencia de Laja, sus cuerpos fueron sepultados en el fundo “San Juan” y aunque no pudo determinarse la causa precisa de sus muertes, “ellas habrían sido producto de actos de terceros, con lo cual se tipificaría la figura delictiva de homicidio”, lo cierto es que según el tribunal militar “en el proceso no existen indicios legales suficientes que permitan individualizar a los posibles autores, cómplices o encubridores de las referidas muertes”. Consecuente con lo anterior -prosigue el dictamen- “los funcionarios policiales de la Tenencia de Laja, el de la Tenencia de San Rosendo y el civil Israel Ormeño Stuardo, no fueron encargados reos o sometidos a proceso en calidad de autores, cómplices o encubridores por los hechos investigados”. Por ello e invocando la ley de Amnistía establecida en el decreto ley Nº 2.191 de 1978, el Juzgado Militar sobreseyó total y definitivamente a los trece funcionarios y a un civil “por haberse extinguido sus eventuales responsabilidades penales en los hechos investigados al favorecerles la amnistía…” Algo más tramitadora fue la respuesta del ministro Martínez a la apelación presentada por la parte querellante respecto de su declaración de incompetencia. Recién el 4 de agosto resolvió la solicitud, indicando que “no es de aquellas que causan gravamen irreparable y grave y, teniendo además presente el estado de la causa y lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, no ha lugar a conceder el recurso de apelación… Devuélvanse los antecedentes a la Justicia Militar”. Finalmente y pese a la apelación presentada por la parte querellante, el 3 de diciembre de 1981, la Corte Marcial confirmó la resolución del Tercer Juzgado Militar de Concepción, sobreseyendo definitivamente la causa.

Fue una cacería. En septiembre de 1973 los carabineros de la Tenencia de Laja apresaron a 14 trabajadores de la Papelera y Ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores, a los que llevaron al Fundo San Juan donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco que les envió la CMPC, la que también aportó vehículos para la caravana de la muerte encabezada por el agricultor Peter Wilkens. A pesar de la desesperada búsqueda de sus familiares, el pacto de silencio sobre lo que ocurrió aquella noche se mantuvo hasta agosto del año pasado.

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda. Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

El cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme fue el primero que quebró el pacto. Por 38 años guardó el secreto de lo que pasó la madrugada del 18 de septiembre de 1973 con los 19 trabajadores que durante los cinco días previos él y sus compañeros de la Tenencia de Laja aprehendieron en esa localidad y San Rosendo para luego meterlos en un pequeño calabozo, torturarlos y después, esa noche, ejecutarlos clandestinamente en un bosque cerca del Puente Perales, en el Fundo San Juan.

La primera vez que Vidal habló sobre lo que pasó esa noche fue en 1979, cuando el Arzobispado de Concepción presentó una querella contra los carabineros de la Tenencia y el entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Concepción, José Martínez Gaensly, lo entrevistó. Pero esa vez dijo lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: que a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores, pero ellos aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces volvió a hablar con los carabineros. Aunque cambiaron la versión, todos dijeron lo mismo: que los habían subido a una micro que les había facilitado la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y que en el camino a Los Ángeles se los habrían entregado a una “patrulla fantasma” de militares. Que desde entonces les perdieron la pista.

Para algo sirvieron las indagaciones de Martínez: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, pero la jueza Corina Mera ordenó que se guardara en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin saber cómo habían llegado los cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, los restos fueron identificados, y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. En marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Esa fue la acción de la justicia.

27 años después, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Después de revisar los antecedentes, el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros denunciados y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así el sumario y la investigación bajo la causa rol 27-2010.

CIPER tuvo acceso a las declaraciones y documentos de esa investigación. Entre ellos está la confesión del cabo Samuel Vidal el 14 de junio de 2011 ante la Policía de Investigaciones (PDI). Desde entonces comenzaron a surgir uno a uno los detalles sobre el destino de los 19 trabajadores que él y sus compañeros asesinaron por la espalda la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Así se supo de los operativos de captura, de la ejecución en un descampado y del apoyo y financiamiento que dieron para su exterminio un importante empresario de la zona y en especial la CMPC de la zona, empresa presidida en ese entonces por el ex Presidente Jorge Alessandri y cuyo principal accionista era el empresario Eliodoro Matte Ossa.

El juramento que los carabineros de la Tenencia de Laja hicieron en noviembre de 1973 en el Puente Perales, cuando su oficial a cargo, el teniente Alberto Fernández Michell, se iba destinado a Antofagasta, se había roto: “Que si alguien abría la boca, había que pitiárselo entre los mismos compañeros”.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco negro y grueso el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese día. Buscó su nombre, pero no aparecía entre los que tenían programado viajar ese sábado 15 de septiembre de 1973. Entonces comenzó la caminata de vuelta a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

-Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña –le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto no le hizo caso. Le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, así que no tenía nada que hacer ese día allá. Además, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse. El día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando Eusebio le dijo al día siguiente en la calle que lo buscaban, que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su vestón gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio como seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso, levantaron sus fusiles y lo apuntaron justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo. Luego vio como se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. No había una lista formal ni órdenes de aprehensión: la orden que vino de la Comisaría de Los Ángeles fue detener a todos los dirigentes de la Unidad Popular (UP). Si Castillo, que los conocía, decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente del sindicato de Ferrocarriles, fue el siguiente en la lista. Lo fueron a buscar a su casa una hora después, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. La misma patrulla que había llegado a pie desde Laja se metió a la fuerza y lo sacó a punta de cañón. Luego le tocó al empleado de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que estaba pasando en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Una vez arriba del bus, se los llevaron.

11/9/73: LAS PRIMERAS ÓRDENES

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar ante el Tribunal. El 16 de agosto del año pasado fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando el día siguiente rompió el pacto de silencio que él mismo propuso después de la ejecución, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio entregado por la CMPC cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden por parte de la Jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra. Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rehern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la CMPC formaba parte de la lista de empresas que el gobierno pretendía expropiar. Por eso, el mismo día del Golpe, una patrulla comandada por Fernández Michell fue hasta la planta que la Papelera tenía –y aún tiene– en Laja. Eran las 16:00 horas cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, Garcés, Rodríguez y otros miembros de la Tenencia. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía en sus manos una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: esos eran los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear. Después los subieron a vehículos de la CMPC y se los llevaron al cuartel. Todos ellos fueron derivados después, en la misma micro de la empresa del Grupo Matte, a Los Ángeles. Entre ellos estaba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR que se sumó voluntariamente a la reconstitución de escena que llevó a cabo el ministro Aldana el 18 de agosto del año pasado. Antes de que se lo llevaran, Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó.

Después de poco más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, a Eduardo Cuevas se le volvió a ver. Una “suerte” que los que fueron cazados los días siguientes no tuvieron.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en sólo unos minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que la CMPC les había otorgado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, que trabajaba en las oficinas de Transportes Cóndor. Apenas supo, le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara su liberación. Él fue a la Tenencia y habló con el guardia de turno, pero le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían a su padre que lo habían detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido antes, durante la campaña para las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a otros amigos consignas del MIR en Laja. El joven quedó detenido.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle apenas llegó, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas puso un pie afuera de la planta, Juan de Dios Villarroel fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros de trabajo Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del Municipio, Alfonso Macaya, que llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo andaban buscando. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre lo fueron a buscar de nuevo a la casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, Rodríguez salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a los dos hombres que se sumaron ese día al grupo de detenidos políticos, los encontró saliendo de su trabajo en la planta papelera. Uno era Wilson Muñoz. El otro, Fernando Grandón, que a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Muy probablemente, la Tenencia de Laja nunca tuvo tantas visitas como esos días. Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción en Las Viñas Nº 104 que Fernández recuerda como “dos mediaguas grandes a las que se le habían hecho unos agregados”, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se había sumado esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, que se presentó en la Tenencia de forma voluntaria.

Desde que comenzaron las detenciones, sus padres, hermanos e hijos los fueron a visitar con la autorización del oficial a cargo del recinto. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Cuando lo vio, lo notó asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y cuando lo encontró en medio del grupo, se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo. Todos ellos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara, de 17 años, lo agarró la patrulla de Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa y de ahí fue directo al calabozo.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno recién hecho y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, que ingenuamente había acompañado a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iban intentaban convencer a los carabineros de que los soltaran. Los presos les decían que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí. La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden.

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que había 19 personas. Me dio la orden de “eliminarlos”. Me dijo que si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los hombres que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol que les dio la CMPC. El plan para matar a los 19 ya estaba en curso.

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell, hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declarara en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después de él, Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Antes no se sabía que Garcés lo había llamado, que había acompañado a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana ni que pasado el Puente Perales, después de una curva en el camino entre Laja y Los Ángeles, fue él quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos. Como sólo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó el hecho cuando en 1985 un joven de 19 años llamado Arturo Arriagada, sin antecedentes, ingresó a su fundo en Laja, mató a su mayordomo, ingresó a su habitación y le dio un escopetazo. Después subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde esa noche sepultaron a los detenidos de Laja y San Rosendo.

Según un reportaje que publicó Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin que nadie lo interpelara por haber sido cómplice y haber guiado y observado como un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan. Una noche que el sargento 2º (r) Pedro Parra recuerda muy bien:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Entonces dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

Los cadáveres quedaron bajo tierra. El grupo de carabineros subió a los vehículos y volvió al cuartel de Laja. Todos recuerdan que fue un momento extraño, que nadie se atrevió a decir algo. Cuando llegaron, se bebieron lo que había quedado del pisco que habían tomado antes de partir. Y allí mismo acordaron que nadie diría nada, que si alguno hablaba, correría la misma suerte de los que acababan de asesinar.

A la mañana de ese día, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno, y como los días anteriores, fue a la Tenencia a ver a su hermano Raúl. Esperaba encontrarse con todos los detenidos y sus familiares, sentarse junto a ellos y compartir la comida. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba encontrarse con su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: que los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel, el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando sin respuestas. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

Dos días después de la masacre, el sacerdote Félix Eicher acompañó al obrero de la CMPC, Luis Sáez, a Los Ángeles, según declaró ante el ministro Carlos Aldana, “para que los de Laja no le hicieran nada”. Los días previos habían allanado dos veces su casa buscándolo, pero no lo habían encontrado. “Así como se entregó Macaya, dile a tu marido que también lo haga”, le habría dicho el sargento Rodríguez a su esposa. El sacerdote lo convenció de que se entregara el 20 de septiembre de 1973. Ese mismo día quedó detenido. Seis años después, cuando encontraron a los otros 19 en el cementerio de Yumbel –donde habían sido llevados clandestinamente por Fernández y sus hombres–, los restos de Luis Sáez aparecieron en el Fundo San Juan.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA
Aunque habían pasado 38 años, muchos de los carabineros que trabajaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año . El sargento 1º (r) Gabriel González, por ejemplo, aseguró ante la PDI que no sabía nada de los 19 desaparecidos y que él sólo participó en algunas detenciones. Nada dijo de su pelea con Nelson Casanova esa madrugada justo antes de dispararles por la espalda. Y el mismo Casanova, quien según los testimonios se resistió a disparar, declaró: “En esa época había muy buena relación con los trabajadores de la CMPC, por lo que no tuve conocimiento de que hayan sido detenidos empleados de dicha empresa”.

Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro en visita Carlos Aldana emitir en agosto de 2011 una orden de detención para los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después de eso, todos comenzaron a hablar. El 18 de ese mes, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después de eso, no quedaron más dudas: luego de cuatro días, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron en la guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hoy todos están libres.

La siguiente es la lista de todos los carabineros involucrados y lo que ocurrió con ellos:

1.- Alberto Juan Fernández Michell: Teniente (r) de Carabineros. Fue el oficial a cargo de la Tenencia de Laja y el responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Él ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979, aduciendo “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio. Cuando todos los demás obtuvieron la libertad provisional, él quedó detenido por ser el oficial responsable. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000.

2.- Evaristo Garcés Rubilar: Era suboficial de Carabineros y el segundo al mando en la Tenencia de Laja, por lo que jugó un papel clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Él se consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de la diabetes.

3.- Pedro Rodríguez Ceballos: Sargento de Carabineros. Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un papel protagónico en la gestión de la ejecución. Estaba casado y tiempo después de lo que ocurrió esa noche, pasó a ser parte de la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 el el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Lisandro Alberto Martínez García: Sargento 1º (r) de Carabineros. Si bien declaró en un principio no haber participados en la masacre porque en ese entonces trabajaba en la oficina de partes del cuartel, terminó aceptando su participación: “Todos portábamos fusiles y disparamos”, dijo. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Luis Antonio León Godoy: Sargento 2º (r) de Carabineros. Al principio dijo que habían sido los militares los que pasaron por la Tenencia y se llevaron a los 19 detenidos. Luego cambió su versión: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, señaló. Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional luego de pagar una fianza de $300.000.

6.- José Jacinto Otárola Sanhueza: Sargento (r) de Carabineros. En sus declaraciones aseguró que no había participado y que no estuvo la noche de la matanza. Pero en la reconstitución de escena, reconoció haber estado allí. Su función fue estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía al frente suyo. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Fue procesado por encubrimiento de homicidio y luego de pagar una fianza de $100.000, obtuvo su libertad provisional.

7.- Gerson Nilo Saavedra Reinike: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue uno de los primeros en prestar declaración y reconocer lo que sucedió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Esa noche se juntó con la caravana cuando ya estaban por llegar al Fundo San Juan. Lo procesaron por homicidio y obtuvo su libertad provisional después de pagar una fianza de $300.000.

8.- Florencio Osvaldo Olivares Dade: Sargento 2º (r) de Carabineros. También reconoció su participación desde el 11 de septiembre de 1973. “Fueron días difíciles, se dormía poco”, dijo. Es uno de los procesados por homicidio y tras pagar los $300.000 de la fianza, salió en libertad provisional.

9.- Pedro del Carmen Parra Utreras: Sargento 2º (r) de Carabineros. Apenas lo interrogaron, contó con detalles lo que sucedió esa noche. También fue procesado por homicidio y está con libertad provisional desde que pagó los $300.000 de su fianza.

10.- Gabriel Washington González Salazar: Sargento 1º (r) de Carabineros. Fue el hombre que se peleó antes de disparar, aunque cuando le tocó declarar, dijo que habían sido los militares. Después reconoció su participación. Los procesaron por homicidio y hoy está libre.

11.- Samuel Francisco Vidal Riquelme: Cabo 1º (r) de Carabineros. Fue el primero que rompió el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con los 19 trabajadores en Laja. Fue procesado por homicidio y también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración sólo dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después agregó que estuvo esa noche y que disparó cuando se lo ordenaron, pero que no lo hizo a los cuerpos. Es uno de los procesados por homicidio y hoy goza de libertad provisional.

13.- Nelson Casanova Salgado: Sargento 1º (r) de Carabineros. Había dicho que nunca había participado en un operativo de detención de trabajadores de la CMPC, pero se comprobó su participación. También procesado por homicidio, hoy está libre después de pagar la fianza.

14.- Luis Muñoz Cuevas: Cabo 1º (r) de Carabineros. Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó de la investigación.

15.- Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Suboficial (r) de Carabineros. Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia y se quedó toda la noche allí. Es uno de los tres carabineros sobreseídos.

16.- Juan de Dios Oviedo Riquelme: Suboficial (r) de Carabineros. También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Sergio Castillo Basaul: Suboficial de Carabineros. Si bien no participó en el fusilamiento, tuvo un rol activo al guiar las detenciones en San Rosendo, ya que el se desempeñaba en esa localidad y conocía a sus habitantes. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20
La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Además de empleado en la CMPC, Sáez era dirigente sindical y militante del MAPU. Por eso, apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez se llevaron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y por tercera vez, no lo encontró. Ese fue el día en que le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que sólo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

En los documentos a los que tuvo acceso CIPER, aparece mencionado el Informe Policial Nº 988 del 15 de marzo de 2011. Según ese documento, se le preguntó a sus familiares directos, pero ellos dijeron que nunca les entregaron sus restos, por lo que aún Luis Sáez Espinoza es un detenido desaparecido.

Un grupo de ex carabineros que prestaban servicio en la tenencia de Laja fueron sometidos a proceso como coautores del delito de inhumación ilegal de 19 ejecutados políticos después de 11 de septiembre de 1973. La investigación se enmarca en el caso Laja-San Rosendo, indagado por el ministro en visita para Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, según señaló en un comunicado el Poder Judicial. Antecedentes arrojados por las pesquisas comprobaron que entre el 13 y el 17 de septiembre de ese año, funcionarios de dicha unidad arrestaron a 19 personas en ambas comunas situadas en la actual Región del Biobío. Los detenidos fueron asesinados a balazos, boca abajo y con sus manos amarradas, en el fundo San Juan de Yumbel. Posteriormente, los enterraron en una fosa de 60 centímetros de profundidad, cubierta con una capa de cal y tierra. Por los homicidios calificados ya se encuentran procesados Samuel Francisco Vidal Riquelme, Florencio Osvaldo Olivares Dade, Pedro del Carmen Parra Utrera, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Alberto Juan Fernández Michell, Anselmo del Carmen San Martín Navarrete, Víctor Manuel Campos Dávila, Lisandro Alberto Martínez García, Juan de Dios Oviedo Riquelme, Luis Antonio León Godoy, Gabriel Washington González Salazar y Nelson Casanova Salgado.   Los ex uniformados ahora fueron sometidos a proceso por la inhumación ilegal de las 19 víctimas, junto a Héctor Orlando Rivera Rojas y René Luis Alberto Urrutia Elgueta. Los ejecutados políticos en este caso son Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales. Los restos de las víctimas fueron hallados en octubre de 1973 y sepultados en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel, sin practicar autopsias y sin contar con autorización sanitaria y la orden judicial correspondientes.

Los cuerpos fueron descubiertos en octubre de 1973 en Yumbel y sepultados sin orden judicial. Los detenidos fueron asesinados a balazos. Posteriormente, los enterraron en una fosa de 60 centímetros de profundidad, cubierta con una capa de cal y tierra.

Un grupo de ex carabineros que prestaban servicio en la tenencia de Laja fueron sometidos a proceso como coautores del delito de inhumación ilegal de 19 ejecutados políticos después de 11 de septiembre de 1973.

La investigación se enmarca en el caso Laja-San Rosendo, indagado por el ministro en visita para Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, según señaló en un comunicado el Poder Judicial. Antecedentes arrojados por las pesquisas comprobaron que entre el 13 y el 17 de septiembre de ese año, funcionarios de dicha unidad arrestaron a 19 personas en ambas comunas situadas en la actual Región del Biobío.

Los detenidos fueron asesinados a balazos, boca abajo y con sus manos amarradas, en el fundo San Juan de Yumbel. Posteriormente, los enterraron en una fosa de 60 centímetros de profundidad, cubierta con una capa de cal y tierra. Por los homicidios calificados ya se encuentran procesados Samuel Francisco Vidal Riquelme, Florencio Osvaldo Olivares Dade, Pedro del Carmen Parra Utrera, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Alberto Juan Fernández Michell, Anselmo del Carmen San Martín Navarrete, Víctor Manuel Campos Dávila, Lisandro Alberto Martínez García, Juan de Dios Oviedo Riquelme, Luis Antonio León Godoy, Gabriel Washington González Salazar y Nelson Casanova Salgado.

Los ex uniformados ahora fueron sometidos a proceso por la inhumación ilegal de las 19 víctimas, junto a Héctor Orlando Rivera Rojas y René Luis Alberto Urrutia Elgueta. Los ejecutados políticos en este caso son Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Oscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

Los restos de las víctimas fueron hallados en octubre de 1973 y sepultados en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel, sin practicar autopsias y sin contar con autorización sanitaria y la orden judicial correspondientes.

 Este martes el ministro en visita para causas por violaciones a los Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, dictó acusación en contra de ex miembros de Carabineros y de ex funcionarios de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) de Laja, por los delitos de homicidio calificado e inhumación ilegal de 19 obreros y campesinos, perpetrados en septiembre de 1973, en el caso denominado “Masacre de Laja-San Rosendo”

En la resolución (causa rol 27-2010), el ministro Aldana acusó al ex oficial de Carabineros, Alberto Juan Fernández Michel, y a los ex Carabineros: Lisandro Alberto Martínez García, Luis Antonio León Godoy, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utreras, Gabriel Washington González Salazar, Samuel Francisco Vidal Riquelme, Víctor Manuel Campos Dávila y Nelson Casanova Salgado, en calidad de coautores de los homicidios calificados de las 19 víctimas del hecho represivo criminal: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya Barrales.

Asimismo, acusó a los también ex funcionarios policiales José Jacinto Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Montoya Burgos, Manuel Cerda Robledo y Anselmo de Carmen San Martín Navarrete como encubridores de los mismos delitos en perjuicio de las personas referidas.
Además, el ex oficial de carabineros René Urrutia Elgueta, fue sindicado como autor del delito de inhumación ilegal de las 19 víctimas.

Funcionarios CMPC
En marzo pasado, la Corte penquista dictaminó el procesamiento de cuatro ex funcionarios civiles de la CMPC por su implicancia y participación en los delitos. Esta decisión de la Corte obligó a Aldana a dictar acusación contra tres de estos funcionarios de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), pese a que inicialmente se había negado siquiera a encausar a estos represores civiles. Ahora, el ministro Aldana acusó al exjefe de seguridad de la empresa, Pedro Jarpa Foerster, en calidad de cómplice de los delitos de homicidios de siete víctimas: Fernando Grandón Gálvez, Jack Gutiérrez Rodríguez, Heraldo Muñoz Muñoz, Raúl Urra Parada, Federico Riquelme Concha, Juan Villarroel Espinoza y Wilson Muñoz Rodríguez.

Mientras tanto, a Alejandro Lionel Aguilera Covarrubias (exejecutivo de la CMPC) y Rodolfo Román Román (exchofer), los responsabilizó como cómplices de los 19 homicidios calificados.

En la etapa de investigación, el ministro en visita logró determinar que entre los días 13 y 17 de septiembre de 1973, en las comunas de Laja y San Rosendo, fueron detenidas, por personal de la Tenencia de Carabineros de Laja, sin orden judicial ni administrativa competente, y trasladados hasta la referida unidad policial las 19 víctimas ya mencionadas, desde la CMPC y otras empresas y sectores rurales de la zona.

Las referidas víctimas fueron ingresados en los calabozos de la señalada unidad policial, permaneciendo en ellos hasta la noche del 17 de septiembre de 1973, oportunidad en la que fueron sacados por el personal uniformado y subidos a vehículos de CMPC, para ser, supuestamente, trasladados hasta el Regimiento de la ciudad de Los Ángeles; sin embargo, mientras iban transitando por la Ruta Q-90, a la altura del Puente Perales, la comitiva ingresó por un camino lateral internándose en el denominado Fundo San Juan, de la comuna de Yumbel, donde el personal de Carabineros de la Tenencia de Laja, quienes iban armados de fusiles y carabinas, las hizo descender de los vehículos, obligándolas a colocarse en el suelo, tendidas una al lado de otra, boca abajo y amarrados de manos, procediendo los funcionarios policiales a ubicarse detrás de ellos, momento en que el oficial a cargo a un costado, quien premunido de su revólver, dio la orden de dispararles la cual fue cumplida por los uniformados presentes, posicionados en la línea de disparar, impactando con las balas los cuerpos de los detenidos, produciéndoles lesiones que le causaron la muerte.

Posteriormente, los mismos policías, premunidos de palas que portaban al efecto, cavaron una fosa de 60 centímetros de profundidad donde arrojaron los cuerpos, los que cubrieron con una capa de tierra. Finalizado este operativo, retornaron a la Tenencia de Laja, guardando silencio respecto de lo ocurrido. Días después funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la CMPC, la cual habría sido proporcionada por funcionarios de la empresa.

A fines de octubre de 1973, perros del sector encontraron restos humanos, hecho del cual se percató una persona que transitaba por ese lugar, dando cuenta a Carabineros de Yumbel. Ante esta denuncia, el comisario Héctor Rivera Rojas, ordenó al entonces oficial de órdenes, teniente René Luis Alberto Urrutia Elgueta que se constituyera en el lugar, quien ratificó el hallazgo al comisario para, finalmente, trasladar las osamentas directamente al cementerio parroquial para su sepultación en una fosa común, lo que cumplió Urrutia utilizando un coloso tirado por un tractor, en horas de la noche, durante la cual regía el toque de queda.

Que este procedimiento, se hizo sin practicar a los cadáveres encontrados la autopsia de rigor y fueron inhumados sin obtener la correspondiente autorización sanitaria, como tampoco la competente orden judicial.

En esta causa se abre ahora la etapa de plenario luego de la cual el ministro Aldana debe dictar sentencia.

Elementos comunes en matanzas de Santa Bárbara, Mulchén, Laja-San Rosendo, Lonquén y Chihuio. Sitios de Memoria.

Elementos comunes en las matanzas selectivas de campesinos en diversos lugares del país en tiempos de dictadura. Una amenaza, una advertencia que anunciaba los caminos a seguir por Pinochet, uniformados, representantes de Patria y Libertad y dueños de fábricas o latifundios se unen para eliminar sistemáticamente a cientos de obreros y campesinos en los primeros días después del Golpe de Estado Cívico-Militar.

Cronología del horror: Fusilamientos en los primeros días del golpe, septiembre y octubre de 1973.

Laja y San Rosendo.

19 personas que se presentaron a la Comisaria de Carabineros de Laja, fueron llevadas a las afueras de la ciudad y ejecutadas, enterradas clandestinamente en medio de un campo del “Fundo San Juan”; era septiembre del año 1973.  Trabajadores de La Papelera y Ferrocarriles del Estado, estudiantes y dos profesores fueron acribillados, amarrados con alambres, indefensos e inocentes, fusilados y enterrados luego de recibir instrucciones, comida y alcohol proporcionado por ejecutivos de la empresa papelera. El Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Concepción ha dictado sentencia contra 14 carabineros en retiro y tres ex funcionarios civiles de la CMPC.

Según el fallo unánime del 15 de marzo de 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa papelera perteneciente al Grupo Matte como cómplices de homicidio, la empresa delató y facilitó vehículos y choferes a cargo de un civil, el agricultor Peter Wilkens. Civiles y Carabineros unidos en un exterminio brutal.

Los ex carabineros acusados como co-autores de homicidio calificados: Alberto Juan Fernández Michell, Lisandro Alberto Martínez García, Luis Antonio León Godoy, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utrera, Gabriel Washington González Salazar, Samuel Francisco Vidal Riquelme, Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, y el oficial (R) René Urrutia, señalado como autor del delito de inhumación ilegal de las 19 personas. Civiles: Pedro Jarpa, ex jefe de seguridad de CMPC, cómplice de homicidio y Alejandro Aguilera, ex ejecutivo de la CMPC.

Santa Bárbara.

La desaparición y posterior ejecución de 28 campesinos de las localidades de Santa Bárbara y Quilaco en la Región del Biobío, en el año 1973, sigue los mismos patrones de ejecuciones en la zona, denuncias de patrones y apoyo de Carabineros, terminan con la vida de lugareños. Los procesos llevados a cabo por la Ministra Raquel Lermanda hasta mayo de 2013, tienen sentencias de 17 ex uniformados y 11 civiles que figuran como responsables de las detenciones y desapariciones.

Entre las victimas están: José Rafael Zúñiga Aceldini, José Secundino Zúñiga Aceldini, José Gilberto Araneda, Juan de Dios Rubio Llancao, Julio Rubio Llancao, José María Tranamil Pereira, José Guillermo Purrán Treca, José Domingo Godoy Acuña, Julio César Godoy Godoy, Desiderio Aguilera Solís, José Nazario Godoy Acuña, Manuel Salamanca Mella, José Mariano Godoy Acuña, Miguel Cuevas Pincheira, Juan de Dios Fuentes Lizama, Juan Francisco Fuentes Lizama, Elba Burgos Sáez, Sebastián Hernaldo Campos Díaz, Aliro Oporto Durán, Sergio D’Apollonio Petermann.

Mulchén

Desaparición de 18 campesinos de la comuna, hecho ocurrido en los primeros días de octubre de 1973, durante las acciones de represalia y castigo que llevaron a cabo los uniformados y civiles de la zona. Los asesinatos se cometieron en operaciones llevadas a cabo durante ese mes. Los campesinos fueron hechos prisioneros y ejecutados en tres lugares distintos de la zona cordillerana de Mulchén. Los fusilamientos se registraron en el fundo El Morro, ubicado a 50 kilómetros al interior de Mulchén, en el fundo El Carmen-Maitenes, ubicado a 80 kilómetros y en el fundo Pemehue, situado en la alta cordillera, a más de 100 kilómetros de la ciudad.

Los 18 campesinos asesinado fueron: los hermanos Alejandro Albornoz González (de 48 años), Alberto Albornoz González (41), Felidor Exequiel Albornoz González (33), Guillermo José Albornoz González (32), Daniel Alfonso Albornoz González (28), y un hijo de Alejandro de nombre Miguel del Carmen Albornoz Acuña (20); Luis Alberto Godoy Sandoval (23); José Fernando Gutiérrez Asencio (25); Juan de Dios Laubra Brevis (26); Juan de Dios Roa Riquelme (35); los hermanos José Lorenzo Rubilar Gutiérrez (33), José Liborio Rubilar Gutiérrez (28), Florencio Rubilar Gutiérrez (24); Gerónimo Humberto Sandoval Medina (22); Domingo Sepúlveda Castillo (29); Edmundo José Vidal Aedo (20); Celsio Nicasio Vivanco Carrasco (26) y José Florencio Yáñez Durán (34).

El Ministro Carlos Aldana de la Corte de Apelaciones de Concepción, ha notificado nueve ex militares procesados por delitos de homicidio y encubrimiento de 18 campesinos ejecutados en 1973. Los procesados serían Julio Reyes Garrido, José Puga Pascual, José Iturriaga Valenzuela, Jaime Müller Aviles, Julio Fuentes Chavarriga, Luis Palacios Torres, JuanCares Molina, Juan Carlos Balboa Ortega y Jaime García Zamorano.

Chihuio

El 9 de Octubre de 1973, grupos del ejército de los regimientos Cazadores y Maturana. de Valdivia, en el sector de “Baños de Chihuio”, ejecutaron a 18 campesinos en el sector sur del complejo maderero de Panguipulli. En los días posteriores al Golpe de Estado, la casa de administración del Fundo “Chihuio” (Valdivia), de propiedad de Américo González, se convirtió en un centro de exterminio. El fundo está ubicado en la pre cordillera, a casi 300 km de Valdivia.  Campesinos de Futrono,  Llifén, Curriño, Arquilhue y Chabranco fueron llevados desde sus hogares o lugares de trabajo hasta esta localidad, después de ser detenidos por soldados pertenecientes a la Cuarta División del Ejército, al mando del General Héctor Bravo Muñoz, y apoyados por civiles de la localidad. Los soldados habían llegado hasta las diferentes localidades con listas en la mano.

Los 18 campesinos permanecieron desaparecidos por más de 17 años. Se sabe que sus cuerpos fueron exhumados ilegalmente en 1979 (probablemente por miembros del ejército  o la CNI). Posteriormente, en 1990 y después de un largo trabajo por parte de los grupos de Derechos Humanos, solo parte de sus restos fueron encontrados.

Víctimas: Carlos Acuña Inostroza; Orlando Barriga Soto; José Cortez Díaz; Rubén Durán Zúñiga; Luis Ferrada Sandoval; Eliecer Freire Caamaño; Narciso García Cancino; Juan González Delgado; Daniel Méndez Méndez; Fernando Mora Gutiérrez; Sebastián Mora Osses; Segundo Pedreros Ferreira; Rosendo Rebolledo Méndez; Ricardo Ruiz Rodríguez; Carlos Salinas Flores; Manuel Sepúlveda Rebolledo; Rubén Vargas Quezada; Andrés Silva Silva.

Lonquén

Un descubrimiento estremecedor se realizaba el año 1978 en los hornos de Lonquén, los restos de 15 campesinos de la Isla de Maipo habían sido encontrados, lugareños que habían desaparecido el 7 de octubre de 1973. Es el caso de mayor impacto mediático donde la Vicaría de la Solidaridad juega un importante rol en dar a conocer el caso, bajo la dirección del Cardenal Raúl Silva Henríquez. Procesos: El año 2018 la Corte Suprema dicta sentencia contra 6 carabineros por secuestro calificado y secuestro simple en el caso conocido como “Hornos de Lonquén.”

Recorrido por los memoriales

Actividad organizada por el Consejo de Usuarios Prais y Departamento de Derechos Humanos, Municipalidad de Concepción. Los memoriales de Mulchén, Santa Bárbara, Laja y San Rosendo emergen silenciosamente en medio de las ciudades para recordar y conmemorar a los Detenidos Desaparecidos en Dictadura.

En 1978 la ahora ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, admitió que ocultó información clave sobre la matanza de Laja: la ejecución de 19 personas, perpetrada por civiles y carabineros. Entonces trabajaba en un tribunal de Yumbel y a pesar de este episodio siguió ascendiendo hasta llegar al máximo tribunal. Ahora, agregará una nueva distinción: el próximo 31 de enero asumirá la presidencia del Tribunal Calificador de Elecciones. En ese puesto tendrá que cautelar el plebiscito constitucional. El 7 de enero pasado se dictó condena por los crímenes de Laja, 46 años después. Solo carabineros fueron sentenciados y nada se dijo sobre el rol de los ejecutivos de la Planta de Laja de la CMPC, compañía emblemática del Grupo Matte.

Una semana después el Golpe de Estado, en la madrugada del 18 de septiembre de 1973, 19 hombres -trabajadores de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), ferroviarios, profesores y dos estudiantes- fueron asesinados y enterrados subrepticiamente en un campo privado de Laja, en la Región del Biobío. Durante más de 40 años hubo impunidad para sus victimarios y susurros sobre lo que les ocurrió a las víctimas. Un silencio que devela la colusión que existió para ocultar crímenes de lesa humanidad entre empresa privada, políticos, policías y, por cierto, distintos estamentos de la justicia chilena.

La protección para los homicidas y sus cómplices tuvo un hito solo un mes después de lo que se conoció como la Masacre de Laja y San Rosendo. En octubre de 1973, un agricultor de la zona encontró cadáveres mutilados de algunas de las víctimas y dio cuenta a la justicia. Pero su denuncia fue ocultada en una caja de fondos y bajo llave por la abogada Rosa Egnem, entonces secretaria de la jueza Corina Mera del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Yumbel.

Rosa Egnem

Rosa Egnem es hoy ministra de la Corte Suprema. Su acción de omisión y manipulación de registros judiciales hizo que las viudas e hijos de todos los asesinados continuaran por seis años buscando a sus seres queridos. En cambio, Egnem, quien confesó su delito en 1978 sin recibir sanción alguna por parte de la Corte de Apelaciones de Concepción, pasó a ser jueza y siguió ascendiendo en su carrera judicial.

A pesar de su historial, el próximo 31 de enero la ministra Rosa Egnem asumirá como presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, el que deberá cautelar el decisivo plebiscito sobre una nueva Constitución el 26 de abril.

La condena por los crímenes de Laja y San Rosendo acaba de ser dictada este 7 de enero por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana. Sólo carabineros fueron condenados. Ni una letra sobre el rol protagónico que tuvieron en los homicidios calificados los ejecutivos de la Planta de Laja de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), propiedad del Grupo Matte. Al igual que en el reciente millonario fraude de la colusión del papel higiénico que organizó la CMPC, sus dueños no pagaran con cárcel. El único que fue interpelado por la justicia fue el empresario Roberto Izquierdo Menéndez, quien en septiembre de 1973 era gerente de la CMPC, propietaria de la Forestal Mininco, la que a su vez era dueña del Fundo San Juan donde se enterraron ilegalmente los cuerpos de los 19 prisioneros ejecutados.

Roberto Izquierdo

Roberto Izquierdo Menéndez debió reconocer que sí tuvo conocimiento de la masacre de Laja y San Rosendo, aunque hoy no recuerde nada. Actualmente es consejero de la Sofofa y uno de los empresarios más poderosos el país. Y su poder lo hace sentir. Desde la presidencia de Alimar y a pesar de haber sido investigado por los pagos ilegales a la política que hizo a través del gremio de las pesqueras del sur (ASIPES), al que pertenece, y de haberse confirmado en tribunales y en CIPER que la Ley de Pesca que votó el Congreso fue a la medida de las pesqueras y de sus pagos ilegales, en enero del año pasado se lanzó en picada en contra del gobierno. Frente a la nueva Ley de Pesca que debe reemplazar a la que se obtuvo con coimas, Izquierdo Menéndez acusó “expropiación” y reiteró: “Obvio que sí. Si la autoridad cambia las condiciones nos tienen que indemnizar porque son derechos adquiridos” .

De impunidad Izquierdo Menéndez sabe. Dos de sus hermanos, Diego y Julio Izquierdo Menéndez, participaron del asesinato del general René Schneider en octubre de 1970, ejecutado por un grupo de extrema derecha para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia. Nunca fueron enjuiciados: a pesar de todas las pruebas judiciales que demuestran su participación, gozaron de la impunidad que les proporcionó el régimen militar.

EL FALLO DE LA COLUSIÓN

Cuarenta y seis años debieron transcurrir para que los familiares de las víctimas de Laja y San Rosendo obtuvieran algo de justicia.

El 7 de enero recién pasado el ministro en visita extraordinaria Carlos Aldana, de la Corte de Apelaciones de Concepción, condenó a nueve carabineros en retiro por su responsabilidad en 19 delitos de homicidio calificado. Solo uno de ellos, el ex oficial de Carabineros Alberto Juan Fernández Michell, recibió la pena de presidio perpetuo como autor de los homicidios calificados de: Fernando Grandón Gálvez, Jorge Andrés Lamana Abarzúa, Rubén Antonio Campos López, Juan Carlos Jara Herrera, Raúl Urra Parada, Luis Armando Ulloa Valenzuela, Óscar Omar Sanhueza Contreras, Dagoberto Enrique Garfias Gatica, Luis Alberto del Carmen Araneda Reyes, Juan Antonio Acuña Concha, Juan de Dios Villarroel Espinoza, Heraldo del Carmen Muñoz Muñoz, Federico Riquelme Concha, Jorge Lautaro Zorrilla Rubio, Manuel Mario Becerra Avello, Jack Eduardo Gutiérrez Rodríguez, Mario Jara Jara, Wilson Gamadiel Muñoz Rodríguez y Alfonso Segundo Macaya.

La historia que comenzó a desenmarañar el ministro Aldana en 2010, cuando se ordenó la reapertura del caso que había sido sobreseído, se comenzó a escribir en la madrugada del 11 de septiembre de 1973 cuando el teniente Alberto Fernández Michell les ordenó acuartelarse a los 16 carabineros de la Tenencia de Laja bajo su mando. Ese mismo día recibió una orden desde Los Ángeles: detener a todos los funcionarios y autoridades políticas del gobierno de la Unidad Popular.

¿Por qué entre los detenidos había un grupo de trabajadores de la Planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) cuyo dueño era y es el Grupo Matte? Porque sus ejecutivos y los principales agricultores de la zona fueron quienes le ordenaron a Carabineros a qué personas había que detener e incluso asesinar de acuerdo con las listas que fueron confeccionadas el mismo día 11 de septiembre o que estaban preparadas con antelación. Una situación similar se repitió en otras regiones del país.

Una parte de la secuencia de la Masacre de Laja y San Rosendo la relató CIPER el 13 de enero de 2012, solo un año después de que el juicio fuera reabierto por las nuevas pruebas aportadas por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de la Región del Biobío. Sin su acción, este crimen, como tantos otros, seguiría en la impunidad. Y ahora se completa con el reciente fallo del ministro Aldana.

15/9/73: CACERÍA EN SAN ROSENDO

El maquinista de Ferrocarriles Luis Alberto Araneda fue al mediodía a la Casa de Máquinas de San Rosendo para ver si estaba en “tabla”. Era lo que hacía todos los días cuando no le tocaba viajar la jornada anterior. Cuando llegó, vio a través de sus lentes de marco grueso y negro el papel que indicaba el itinerario de los trenes que saldrían ese sábado 15 de septiembre de 1973. Buscó su nombre, y como no aparecía entre los que tenían que viajar, regresó a su hogar en la Población Quinta Ferroviaria.

– Devuélvase al trabajo, que lo andan buscando los carabineros, a usted y a Juan Acuña– le dijo su vecino Eusebio Suárez, preocupado, cuando lo vio llegar.

Pero Luis Alberto le respondió que su máquina estaba en la Maestranza, que no tenía nada que hacer allá. Y que, si lo buscaban, no tenía por qué preocuparse: el día anterior había llegado de un viaje al sur y apenas supo que Carabineros requería que militantes y dirigentes sindicales se presentaran, Luis Alberto fue al Retén de San Rosendo. Allí le pidieron sus datos. En un papel escribieron su nombre, su RUT, que tenía 43 años, que era militante del Partido Socialista (PS), que presidía la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) y que era dirigente sindical de la Federación Santiago Watt de Ferrocarriles del Estado. Después le dijeron que podía retirarse. Luis Alberto volvió a su casa y no pensó más en eso, ni siquiera cuando al día siguiente Eusebio le dijo en la calle que hacía sólo unos minutos una patrulla de policías de Laja le había preguntado por él y que les había dicho dónde vivía.

Cuando estaba por llegar a su hogar, su esposa lo vio venir a través de la ventana con su chaqueta gris a rayas, su pantalón café, sus zapatos negros y sus anteojos del mismo color. También vio cómo seis o siete carabineros con cascos le cerraron el paso y lo apuntaron con sus fusiles justo cuando estaba por abrir la reja. Luis Alberto quedó tieso. Ella no lo pensó y salió gritando a los policías para que la dejaran, al menos, despedirse. Luis Alberto, que ya tenía las manos amarradas a la espalda, le dijo que sacara de su bolsillo el dinero y su reloj. Ella lo hizo y vio que se lo llevaban. Faltaba poco para las 16:00 horas. La cacería en San Rosendo recién comenzaba.

Como la patrulla que comandaba el teniente Alberto Fernández venía de Laja y no conocía a quiénes debía detener, el carabinero Sergio Castillo Basaul, del retén de San Rosendo, les sirvió de guía. Si Castillo decía que alguno de los vecinos debía ser detenido, de inmediato lo apuntaban, lo amarraban y se lo llevaban.

Juan Antonio Acuña, 33 años, tres hijos, también maquinista y dirigente ferroviario, fue el siguiente en la lista. Lo sacaron a punta de cañón de su casa, cuando estaba por sentarse a tomar once con su familia. Luego le tocó al empleado de la CMPC, Dagoberto Garfias, de 23 años. A él le siguieron Mario Jara (21) que estaba en su casa con su mamá y su abuela; Raúl Urra (23), que también estaba en su domicilio; y el director de la Escuela 45 de San Rosendo, Óscar Sanhueza (23).

Todos fueron llevados a la Plaza de San Rosendo, donde los esperaba otro detenido: Jorge Zorrilla, un obrero minero de 25 años que trabajaba en Argentina y que pasaba en Chile sus vacaciones. Él, al igual que Luis Alberto Araneda, se presentó voluntariamente ante Carabineros. De inmediato lo apresaron y cuando llegaron los demás, la patrulla los amarró y se los llevó a pie por el puente peatonal que unía San Rosendo con Laja. Al otro lado los esperaba una micro, una de las tantas cortesías de la CMPC con la patrulla comandada por el teniente Fernández Michell, el oficial a cargo de la Tenencia de Laja. Los subieron al bus y se los llevaron.

LA IMPORTANCIA DE LA PAPELERA

Desde que Salvador Allende asumió la presidencia en 1970, la empresa que detentaba el monopolio de la producción de papel en Chile, la CMPC, integró la lista de las más de cien empresas que el gobierno pretendía estatizar. La batalla por impedir su expropiación involucró a todos los gremios empresariales y a la derecha del país, y marcó un hito. Su directorio era encabezado por el ex presidente Jorge Alessandri y su accionista principal Eliodoro Matte Ossa (en 1976 le sucedió suhijo, Eliodoro Matte Larraín), quienes recibieron un apoyo tan potente que le permitió al Grupo Matte retener la empresa.

Por la importancia que tenía la CMPC para los golpistas, el mismo 11 de septiembre, una patrulla comandada por el teniente Fernández Michell llegó hasta la planta de la Papelera en Laja. Eran las 16:00 cuando los cerca de 300 funcionarios que salían de su jornada se encontraron con Fernández, los dos suboficiales que lo secundaban –Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos– y otros carabineros de la Tenencia de Laja. Los hicieron formarse en filas. La patrulla tenía una lista que el superintendente de la planta Carlos Ferrer y el jefe de personal Humberto Garrido, habían preparado: los “activistas”.

Los que figuraban en la nómina fueron separados y llevados a golpes y apuntados por fusiles al edificio contiguo, donde funcionaba el policlínico de la empresa. Allí los volvieron a golpear para luego subirlos a vehículos de la CMPC y trasladarlos al retén y a Los Ángeles.

En el grupo iba Eduardo Cuevas, un mecánico de mantención de la Papelera y militante del MIR. Antes de que se lo llevaran, el teniente Fernández lo agarró y se los mostró a sus compañeros de trabajo aún formados en la fila: “¡Véanlo por última vez!”, les gritó. Así lo recordó el propio Cuevas en la reconstitución de escena que ordenó el ministro Aldana el 18 de agosto de 2011.

Después de más de un año y tres meses en centros de detención y tortura, y luego de pasar por un Consejo de Guerra, Eduardo Cuevas volvió a la vida. Los que fueron cazados los días siguientes seguirían un camino muy distinto.

13 y 14/9/73: LA CAÍDA DEL ESTUDIANTE Y LOS OBREROS

Lo primero que hizo la patrulla que ese día encabezaba el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, fue ir a la Estación de Trenes. En el andén, Manuel Becerra se despedía de su mamá, su abuela, su hermano y su prima. Eran las 8:00 y en solo minutos saldría el tren que lo llevaría de vuelta a Curacautín, donde cursaba la enseñanza media en la Escuela Industrial. Estaba a punto de abordar cuando los carabineros lo agarraron. Entre los gritos de sus familiares, Manuel Becerra fue sacado a golpes de la estación, lo subieron al jeep que los ejecutivos de la CMPC les habían pasado para que se movilizaran, y se lo llevaron a la Tenencia de Laja. Era el 13 de septiembre de 1973. Mario tenía 18 años.

En cosa de minutos le avisaron a su papá, quien trabajaba en Transportes Cóndor. Le pidió a su jefe que hablara con Carabineros y gestionara la liberación de su hijo para luego dirigirse él mismo a la Tenencia. Allí habló con el guardia de turno. Le dijeron que ya habían registrado su detención en los libros correspondientes. Después le dirían que su hijo había sido detenido porque “militaba con los miristas”. Manuel ya había sido detenido en la campaña de las elecciones parlamentarias de 1973, por pintar junto a unos amigos consignas del MIR en Laja.

El siguiente en la lista fue Luis Armando Ulloa, 41 años, casado, cinco hijos, militante del Partido Comunista (PC) y obrero maderero de la Barraca Burgos de Laja, adonde lo fueron a buscar. Eran las 8:30. Como su hijo mayor trabajaba con él, lo primero que hicieron sus compañeros fue avisarle, porque justo cuando se lo llevaron no estaba. Él corrió a su casa y le avisó a su madre, aún convaleciente del último parto. Tampoco pudieron hacer nada por sacarlo del retén.

Esa tarde, los carabineros volvieron a la CMPC. Apenas Juan de Dios Villarroel puso un pie afuera de la planta, fue secuestrado por la patrulla de Rodríguez. Tenía 34 años, cuatro hijos y la mala fortuna de trabajar en una empresa que elaboró una lista negra con los nombres de sus propios empleados. En esa misma nómina estaban sus compañeros Jack Gutiérrez, militante del MAPU; Heraldo Muñoz, del PS; y Federico Riquelme. A todos los llevaron a la Tenencia de Laja, donde se sumó el comerciante de frutas y verduras y regidor del municipio, Alfonso Macaya, quien llegó voluntariamente después de oír en una radio local que lo buscaban. A él lo dejaron libre al día siguiente, pero el 15 de septiembre llegaron nuevamente a detenerlo, esta vez a casa de sus suegros. Nunca regresó.

El 14 de septiembre, el sargento Pedro Rodríguez Ceballos salió de nuevo a las calles en el jeep de la CMPC. No tuvo que alejarse mucho, porque a la salida de la planta papelera, justo cuando se retiraban de su jornada laboral, detuvo a los dos hombres que buscaba: Wilson Muñoz y Fernando Grandón, quien a sus 34 años ya tenía ocho hijos.

16 y 17/9/73: LA PEQUEÑA TENENCIA

Es muy probable que la Tenencia de Laja nunca haya sido tan visitada como en esos días. Padres, esposas, hermanos e hijos de los detenidos, llegaron a verlos con la autorización del oficial a cargo. La esposa de Fernando Grandón llegó el mismo día que lo detuvieron a verlo por primera vez. Lo vio asustado, pero sin lesiones. La hija mayor de Luis Armando Ulloa también fue a verlo y se dio cuenta que le habían cortado el pelo a tijeretazos. Pero la peor parte se la llevaron los de San Rosendo: todos tenían moretones, rasguños y mordeduras de perros. Jorge Zorrilla, el minero detenido en sus vacaciones, le dijo a uno de los familiares de los detenidos que también los habían sentado en la pica.

Para la noche del 15 de septiembre de 1973, en el calabozo de aquella construcción hechiza en Las Viñas Nº 104, había 17 personas detenidas: a los siete que trajeron de San Rosendo y a los nueve que secuestraron en Laja, se sumó esa tarde el director del Sindicato Industrial de la CMPC, Jorge Lamana, quien se presentó de forma voluntaria.

El 16 de septiembre llegaron a la celda los últimos dos miembros del grupo. A Juan Carlos Jara (17 años), lo agarró la patrulla del sargento Pedro Rodríguez cuando peleaba con otros jóvenes en la calle. A Rubén Campos, director de la Escuela Consolidada de Laja, lo sacaron de su casa.

Hasta el 17 de septiembre, las visitas a los prisioneros continuaron. En las mañanas llegaban casi todos los familiares con el desayuno y ropa limpia. Más tarde les llevaban almuerzo y en la noche la cena. También los visitaba el párroco de Laja, el sacerdote Félix Eicher, quien ingenuamente acompañó a algunos de los que se presentaron voluntariamente a la Tenencia para que “arreglaran sus problemas”. Y cada vez que iba les decía a los presos que estuvieran tranquilos, que pronto saldrían de allí.

La noche de la víspera de fiestas patrias, el teniente Fernández Michell recibió una orden. Treinta y ocho años más tarde confesaría ante un tribunal parte de lo que ocurrió esa noche:

“Estaba cenando en el comedor cuando el suboficial Garcés me dijo que el mayor Solari, el comisario de Los Ángeles, estaba al teléfono. Estaba muy molesto conmigo porque había mandado mucha gente al regimiento sin preguntarle. Yo lo había hecho por un tema de espacio. Me asustó que estuviera enojado, porque yo me había casado sin permiso de mis superiores y estaba esperando a mi primera hija, así que tenía que hacer lo que me dijera, si no me arriesgaba a otra sanción. Me preguntó cuántos detenidos tenía en la unidad. Le dije que 19 personas. Me dio la orden de ‘eliminarlos’. Me dijo que, si no lo hacía, tendría que atenerme a las consecuencias. Luego cortó. De inmediato llamé a Garcés y Rodríguez y les dije que alistaran al personal”.

18/9/73: MATANZA EN EL BOSQUE

Los dos policías que seguían a Fernández en la cadena de mando hicieron unas llamadas y en sólo minutos consiguieron cordeles, alambres, palas, vehículos y hasta un lugar alejado donde llevar a cabo la masacre. Tenían carabinas y fusiles para todos los funcionarios de la Tenencia. También el alcohol. Todo se los proporcionó la CMPC. El plan para asesinar a los 19 ya estaba en curso.

Sería uno de los carabineros que participó en la masacre y que guardó silencio por 38 años el primero que rompería el juramento de silencio contraído el 18 de septiembre de 1973. Samuel Vidal se armó de valor:

“Cuando nos llamaron al cuartel, ya había comenzado el toque de queda. Al llegar, nos juntaron en una sala que usábamos de comedor y nos ordenaron beber pisco en abundante cantidad. Estábamos casi todos los integrantes de la Tenencia de Laja, desde el teniente Fernández Michell hacia abajo. Los que no llegaron al cuartel, se unirían más tarde a nosotros. Después de tomar, el teniente Fernández nos dijo que sacáramos a los 19 detenidos de los calabozos de la Tenencia. Les amarramos las manos atrás de sus espaldas con cáñamo y alambres de fardo de pastos, los llevamos afuera y los subimos al bus de la CMPC. Yo tuve que custodiar el interior del bus. Por eso llevaba mi fusil Sig en las manos. Tomamos la carretera hacia Los Ángeles. Al frente de la caravana iban en un jeep Fernández, Garcés y Peter Wilkens, un agricultor alemán de la zona”.

Hasta que el cabo Samuel Vidal declaró en junio de 2011, el nombre de Wilkens jamás apareció en la investigación. Después, el ex teniente Fernández y varios carabineros ratificaron su participación en la matanza de esa noche. Fue así cómo se supo la verdad: que el suboficial Evaristo Garcés Rubilar lo llamó, que Wilkens acompañó a Fernández en el jeep de la CMPC que lideraba la caravana y que, pasado el puente Perales, después de una curva en el camino que une Laja y Los Ángeles, fue Peter Wilkens quien le dijo que doblara a la derecha y que se detuviera 300 metros más allá, en un claro junto a un bosque de pinos.

En 1985, Arturo Arriagada, un joven de 19 años sin antecedentes, entró al fundo de Peter Wilkens en Laja, mató a su mayordomo. Luego ingresó a la habitación de Wilkens y le dio un escopetazo. Después, subió los cadáveres a su furgón y los sepultó el borde del camino, muy cerca de donde una noche de doce años atrás sepultaron a los prisioneros de Laja y San Rosendo. Como solo los carabineros que estuvieron esa noche y juraron silencio sabían que Wilkens había estado allí, nadie relacionó los hechos.

Según un reportaje de Contacto cuando en 2001 se estaba por abolir la pena de muerte en Chile, Arriagada fue condenado a cadena perpetua y para entonces, por su buena conducta, había sido incorporado al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Concepción. Para su acto criminal, la justicia sí funcionó. Wilkens, en cambio, murió sin ser interpelado por haber sido cómplice y haber guiado y observado cómo un grupo de policías fusilaba a 19 obreros la madrugada del 18 de septiembre de 1973 en el Fundo San Juan.

Una noche que el cabo 1º (r) Samuel Vidal Riquelme recordó muy bien el 14 de junio de 2011, cuando fue el primero en quebrar el pacto de silencio:

“Como era arena no era difícil cavar. Hicimos una zanja de 2 a 3 metros de largo por 1,5 de profundidad. Luego bajamos de los vehículos a los 19 detenidos. A algunos los arrodillamos frente a la zanja; a los otros los dejamos de pie. Estaban delante de nosotros, dándonos la espalda. Recuerdo muy bien cuando el carabinero Gabriel González discutió fuertemente con Nelson Casanova, porque éste último no quería disparar. Fue tanto que yo me metí y le dije a González que, si le hacía algo a Casanova, yo le dispararía a él con el fusil Sig que tenía en la mano. Era tanta la tensión. Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, disparamos. Todos disparamos, incluyo al teniente Alberto Fernández Michell. Les disparamos por la espalda”.

Después de Vidal, el sargento 2º (r) Pedro Parra también decidió recordar y hablar:

“No había militares ni agentes de la DINA; sólo estábamos los de la Tenencia, menos los tres que se quedaron en la guardia. Cuando nos detuvimos, la camioneta quedó muy cerca de unos arbustos. La noche estaba clara y había luna, pero igual se usaron las luces de los vehículos. Con la pelea entre Gabriel González y Nelson Casanova, recién tomé el peso de lo que estaba pasando. Ya estaba todo decidido. El teniente Fernández Michell no decía nada; era uno más del grupo. Los detenidos estaban frente a nosotros con sus manos atadas. Yo tenía una carabina Mauser. Cuando Fernández dio la orden, todos apuntamos a los detenidos que nos habían asignado. Ninguno de ellos se quejaba o decía algo. Dieron la orden de disparar. Todos lo hicimos”.

El cabo Samuel Vidal siguió recordando: “Algunos cayeron directamente al foso. A otros, ya muertos, los tuvimos que empujar para que cayeran o bien los tomamos y tiramos al foso. Quedaron uno encima del otro. Luego los tapamos con la misma arena y algunas ramas y tomamos rumbo a Laja. Cuando llegamos a la Tenencia, seguimos tomando el pisco y las bebidas que el teniente había traído del casino de la planta papelera de la CMPC. Recién entonces los que quedaron en la guardia supieron lo que había pasado. Fernández dio la orden de guardar silencio. Después todo siguió como si nada”.

Días después, funcionarios de Carabineros volvieron al sector para tapar los cuerpos con cal, de aquella que se utilizaba en la planta de la CMPC, la cual habría sido proporcionada a los policías por funcionarios de la misma empresa. Así lo estableció el ministro Carlos Aldana en su fallo.

18/9/73: DESPUÉS DE LA MASACRE

A la mañana de ese 18 de septiembre, Gloria Urra se levantó temprano, preparó el desayuno y se fue a la Tenencia de Laja a ver a su hermano Raúl. Pero el calabozo estaba vacío. Ahora que lo estaban limpiando, se veía mucho más grande. A Hilda Bravo, la esposa del comerciante de frutas Alfonso Macaya, no le habían permitido verlo cuando lo encerraron dos días antes, así que esa mañana esperaba por fin abrazar a su marido. Pero le dijeron lo mismo que a las madres, esposas, hermanos e hijos de los 19 trabajadores que estuvieron allí hasta la noche anterior: los habían trasladado al Regimiento de Los Ángeles.

Los familiares se agruparon y partieron a buscarlos. En el Regimiento de Los Ángeles no los encontraron. Pasaron por la cárcel y el gimnasio de IANSA; nada. Después, algunos se fueron a Concepción y preguntaron en el Estadio Regional, en la Isla Quiriquina, en Talcahuano; sus nombres no aparecieron en las listas de prisioneros. Pasaron los días y la desesperada búsqueda se repitió una y otra vez en Chillán, en Linares. Así fue por semanas, por años. Muchos gastaron sus ahorros recorriendo distintas ciudades del país, buscando y preguntando. No obtuvieron ni una respuesta. Pasaron por Temuco hasta llegar a Santiago. Todo fue inútil: los 19 se habían esfumado.

EL ROL CÓMPLICE DE ROSA EGNEM

De lo que ocurrió en octubre de 1973, un mes después de la masacre, los familiares de los 19 prisioneros desaparecidos nada supieron. Cuando un agricultor de la zona avisó a Carabineros de Yumbel, a 20 kilómetros de Laja, que sus perros habían encontrado restos humanos, la conspiración el silencio tuvo aquí otros actores. El parte fue enviado a la jueza Corina Mera, del Juzgado de Letras de Yumbel. Pero como la jueza estaba con licencia médica, lo recibió la secretaria del juzgado: la abogada Rosa Egnem, quien en 1979 fue acusada por los familiares de las víctimas de haber guardado el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso posteriormente de haberlo borrado, alterando registros judiciales.

Pero quien sí fue informado del hallazgo del agricultor fueron sus victimarios. Porque lo cierto es que, en ese mismo mes de octubre y en completo secreto, el teniente Fernández exhumó secretamente los cadáveres y ordenó enterrarlos en el Cementerio Parroquial de Yumbel.

Fue en ese año 79 que nuevamente el círculo de protección de los implicados en la Masacre de Laja y San Rosendo se desplegó.

Porque la presión de los familiares de los 19, con el apoyo del Arzobispado de Concepción, el que en 1979 presentó una querella en contra de los Carabineros de la Tenencia de Laja, abrió una puerta. La Corte de Concepción nombró a José Martínez Gaensly ministro en visita. Sería la primera vez que el cabo Samuel Vidal sería conminado a recordar lo que pasó la noche del 18 de septiembre de 1973.

Vidal declaró lo mismo que sus 15 compañeros de la Tenencia de Laja: a los prisioneros los habían llevado al Regimiento de Los Ángeles. El ministro Martínez preguntó a los militares de ese regimiento por los 19 trabajadores. Le aseguraron que nunca ingresaron allí. Entonces, el ministro Martínez hizo algo inusual para el terror que reinaba en la época: volvió a interpelar a los carabineros de Laja. Aunque agregaron detalles, todos dijeron lo mismo: los habían subido a una micro que les facilitó la CMPC y en el camino a Los Ángeles se los entregaron a una “patrulla de militares”.

La indagación del ministro José Martínez abrió una segunda puerta: se supo que los cuerpos estaban en una fosa común del Cementerio Parroquial de Yumbel. Que los habían llevado allí en octubre de 1973, sin que nadie supiera, cuando los sacaron del hoyo donde los habían enterrado después de que un agricultor denunciara a Carabineros de Yumbel que sus perros mordisqueaban unos restos humanos. El parte con la denuncia llegó al Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de la localidad, donde la secretaria del juzgado, la abogada Rosa Egnem, lo ocultó en la caja de fondos. Nunca se investigó.

Sin que ningún estamento de la justicia asumiera cómo habían llegado los 19 cuerpos al cementerio ni quién los había ejecutado, en 1979 los restos fueron identificados y entregados a sus familiares que por seis años los habían buscado sin tregua. Una nueva víctima se agregaría a los 19 prisioneros: el obrero de la CMPC, Luis Sáez, a quien se le había perdido el rastro el 20 de septiembre y cuyos restos aparecieron en el Fundo San Juan, donde mismo habían sido enterrados ilegalmente los 19 de Laja y San Rosendo.

Y eso fue todo, porque en marzo de 1980, Martínez se declaró incompetente y remitió los antecedentes a la Fiscalía Militar Ad Hoc de Concepción. En tres meses la causa fue sobreseída y a fines de 1981, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento. Hasta allí llegó la acción de la justicia para los 19 asesinados de Laja y San Rosendo.

Rosa Egnem fue nombrada jueza y siguió sin obstáculos su ruta a la cima de la justicia; los carabineros de la Tenencia siguieron sus caminos sin que nadie los volviera a interpelar. Roberto Izquierdo Menéndez siguió haciendo negocios y siendo un empresario de bien. Ninguno de ellos creyó jamás que la verdad resurgiría 27 años después de la masacre, gracias a la persistencia de las familias de las víctimas.

En 2010, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y el Programa de Continuación Ley 19.123, del Ministerio del interior, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Concepción la reapertura de la causa. Fue entonces que el ministro Carlos Aldana dejó sin efecto la resolución que sobreseyó definitivamente a los carabineros y la ratificación de ese fallo por parte de la Corte Suprema. Se reabrieron así sumario e investigación (Rol 27-2010).

Había llegado el momento de desentrañar varios misterios.

OTROS ASESINATOS

Aunque fue el primero en ser detenido, el teniente (r) Fernández Michell fue el último de los miembros de la Tenencia de Laja en declarar. El 16 de agosto de 2011 fue detenido en Iquique, donde trabajaba como instructor en una escuela de conducción. Y cuando al día siguiente rompió el pacto de silencio, partió por el principio:

“Estaba en mi domicilio -el que me fue entregado por la CMPC- cuando recibí la noticia del Golpe Militar. Había llegado a la Tenencia de Laja a mediados de 1973 como subteniente subrogante, y como no había oficial, quedé de jefe. Tenía 22 años. Para el 11 de septiembre yo era la autoridad policial, y apenas supe del Golpe, mientras esperaba órdenes, llamé al acuartelamiento de todos los carabineros. Eso lo coordinaron el suboficial mayor Evaristo Garcés Rubilar y el sargento Pedro Rodríguez Ceballos, que me seguían en el mando”.

“Esa misma mañana recibí la orden de la jefatura de Los Ángeles para que detuviera a todas las autoridades de gobierno, subdelegados y al alcalde. La acción se cumplió sin problemas y después de detenerlos en nuestra unidad, fueron derivados al Regimiento de Los Ángeles en buses facilitados por la Papelera, porque ya tenía mucha gente en el cuartel. Días después, mi superior en Los Ángeles, el comisario Aroldo Solari Sanhueza, me ordenó comenzar a detener a todos los activistas de la comuna. Como la CMPC tenía una planta química, los activistas podían tomársela y actuar en nuestra contra”.

“Esa fue la información que me llegó de inteligencia militar. Uno de esos días llegó el coronel de Ejército Alfredo Rerhern Pulido para reiterar la orden. Les ordené a los suboficiales Garcés y Rodríguez que procedieran con el personal a realizar esa labor, porque ellos conocían más a esas personas”.

El coronel Rerhern dejó una huella letal en esos meses en la zona, siempre ligado a otros asesinatos de dirigentes de importantes empresas: participó en el secuestro y homicidio de 23 empleados y trabajadores de las centrales hidroeléctricas El Toro y El Abanico de Endesa, en Los Ángeles. Todos ellos fueron ejecutados entre fines de 1973 y principios de 1974. Los restos de algunos de ellos fueron encontrados en el fundo La Mona, que después del Golpe de Estado fue comprado por la Forestal Mininco de la CMPC del Grupo Matte. La sentencia de este caso la firmó el ministro en visita Jorge Zepeda en noviembre de 2010.

Fue en esos mismos días de la sentencia del ministro Zepeda que Carlos Aldana reabrió el juicio por la Masacre de Laja y San Rosendo. Para entonces de los 17 carabineros que integraban la Tenencia de Laja en septiembre de 1973, tres habían fallecido y otros tres habría que sobreseerlos pues no participaron en las ejecuciones ya que se quedaron de guardia en el retén. Restaba por determinar el rol que les cupo a los otros 11 policías.

Pero había otras participaciones en los 19 homicidios calificados que habían quedado en la nebulosa. En especial, la de los ejecutivos de la CMPC y el rol que cumplió la jueza Rosa Egnem. ¿Era falsa la acusación que habían hecho los familiares de las víctimas sobre el ocultamiento del parte policial sobre la exhumación ilegal? Porque si era efectivo, ¿cómo no había sido sancionada?

Los familiares de los ejecutados sabían que no habían mentido. Pero deberían pasar otros cuatro años para que emergiera la verdad oficial, cuando en septiembre de 2015 el ministro Carlos Aldana le pidiera su declaración en relación con su testimonio ante el ministro José Martínez. Para entonces, Rosa Egnem ya era ministra de la Corte Suprema: fue nombrada en 2006, en el gobierno de Michelle Bachelet. En su declaración de 1978 se lee:

«La señorita Mera (Corina Mera, jueza titular del Juzgado de Mayor Cuantía de Yumbel en septiembre de 1973) volvió a sus funciones y lo primero que hice fue entregarle el parte…, pero me dijo ‘déjelo no más en la caja de fondos y no lo saque de allí’. Pero en el intertanto yo había ingresado, sin consultarle, en el libro de ingreso, ese parte, y cuando ella me ordenó que lo dejara guardado, le conté que lo había ingresado… Me dijo ‘¿qué va a pasar cuando pidan (desde la Corte de Apelaciones de Concepción) cuenta del estado de la causa?’. Yo me asusté y lo borré del libro de ingreso…, pero recuerdo también que después volví a colocar en el mismo lugar en el cual había borrado, el mismo ingreso…, pues me arrepentí de haberlo borrado antes…».

Cuando Milton Juica, entonces ministro de la Corte Suprema, fue consultado sobre estos hechos, afirmó:

-En lo que se refiere a la jueza Corina Mera de Yumbel, se le aplicó por estos hechos una sanción disciplinaria. Y a la secretaria de esa época, la actual ministra Rosa Egnem, en una primera instancia, se le aplicó también una sanción que la Corte Suprema dejó sin efecto, y ella no recibió sanciones de carácter disciplinario, como sí lo recibió la jueza que era la responsable de ese tribunal (en 1973).

En efecto, la sanción a Rosa Egnem fue dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción en 1978, la que ese mismo año fue revisada por la Corte Suprema y revocada.

Cuando en 2015 el ministro Juica habló sobre este delicado asunto, aprovechó de rendirle un homenaje al ministro José Martínez Gaensly, de la Corte de Concepción, quien intentó avanzar en la verdad de los 19 homicidios calificados: «Tengo conocimiento incidental, porque no conozco la causa. Pero de ese terrible suceso en que 19 personas fueron fusiladas, se hizo una investigación por un ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción que tuvo la virtud de recuperar los cadáveres, hacer todas las pericias correspondientes y avanzó bastante en esta materia hasta que terminó siendo absorbida la causa por la justicia militar, sobreseída y amnistiada».

El 16 de diciembre pasado la ministra Rosa del Carmen Egnem Salgado, fue designada presidenta del Tribunal Calificador de Elecciones, cargo que asumirá el 31 de enero próximo. Fue como si se hubiera preparado para este importante rol. Y ello porque a fines de febrero de 2018 fue ella misma quien pidió cambiar de la Tercera Sala (ve material constitucionales) a la Primera Sala, para reemplazar al ministro Patricio Valdés, quien también era el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones y se fue a retiro.

Rosa Egnem cuenta con el apoyo del nuevo presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, a quien la Masacre de Laja y San Rosendo y la impunidad de los crímenes de lesa humanidad de esa región no le son desconocidos. Silva se desempeñaba como secretario del Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles en la época y en agosto de 1974 asumió como juez de Mulchén, donde los asesinatos fueron aún más cruentos que en Laja. En 1980 fue designado juez del 2° Juzgado Civil de Concepción y le correspondió ver la causa por la muerte por inmolación de Sebastián Acevedo Becerra. Una muerte que haría historia, pero no por el rol que jugó el actual presidente de la Corte Suprema.

EL PROCESO DE LOS FUSILEROS DE LAJA

Habían pasado 38 años, y muchos de los carabineros que se desempeñaron en la Tenencia de Laja en septiembre de 1973 pretendieron en 2011 mantener su juramento de silencio sobre lo ocurrido en la madrugada del 18 de septiembre de ese año.
Fueron los testimonios de los que sí decidieron confesar los que le permitieron al ministro Carlos Aldana, en agosto de 2011, ordenar la detención de los 14 funcionarios aún vivos que participaron en las detenciones y en la ejecución de los trabajadores asesinados en el Fundo San Juan. Después, todos hablaron. El 18 de agosto de 2011, Aldana realizó con todos los detenidos la reconstitución de escena de la cadena de hechos que acabaron con la vida de los 19 trabajadores. Fue un día clave, dramático. Después, el ministro procesó a nueve de los carabineros por homicidio y a uno por encubrimiento. Otros tres, los que esa noche se quedaron de guardia, fueron sobreseídos. A pesar de la crudeza de los crímenes, hasta el 7 de enero pasado, día en que Aldana dictó las condenas, todos estaban libres.

1.- Teniente (r) Alberto Juan Fernández Michell: Oficial a cargo de la Tenencia de Laja y responsable de ejecutar las órdenes que provenían de Los Ángeles. Ordenó y participó en las detenciones y la ejecución en el Fundo San Juan. Fue llamado a retiro de la institución en 1979 por “falta de vocación”. Fue procesado como autor de homicidio y condenado a prisión. Su defensa apeló y salió libre luego de pagar una fianza de $300.000. El 7 de enero fue condenado por Aldana a presidio perpetuo.

2.- Suboficial Evaristo Garcés Rubilar: Segundo al mando en la Tenencia de Laja. Jugó un rol clave en la organización de las detenciones y la matanza de los 19 en el Fundo San Juan. Consiguió el lugar para la ejecución clandestina y contactó al agricultor alemán Peter Wilkens. Murió el 25 de diciembre de 1987 a los 60 años por un accidente vascular producto de diabetes.

3.- Sargento Pedro Rodríguez Ceballos: Estuvo a cargo de varias de las detenciones y tuvo un rol protagónico en la gestión de la ejecución. Poco después de la masacre, pasó a integrar la DINA. Murió el 22 de diciembre de 2002 en el Hospital Dipreca por un cáncer gástrico metastásico que le provocó una falla multiorgánica. Tenía 64 años.

4.- Sargento 1º (r) Lisandro Alberto Martínez García: Fue procesado como autor de homicidio y salió en libertad provisional con una fianza de $300.000.

5.- Sargento 2º (r) Luis Antonio León Godoy: “Cuando mi suboficial Garcés dio la orden, todos debimos disparar”, confesó. Procesado como autor de homicidio, salió en libertad provisional previo pago de fianza de $300.000.

6.- Sargento (r) José Jacinto Otárola Sanhueza: En la reconstitución de escena, confesó su participación, estar todo el tiempo en el jeep de la CMPC alumbrando lo que sucedía. Lo vio todo, pero no apretó el gatillo. Procesado por encubrimiento de homicidio, obtuvo su libertad previo pago de una fianza de $100.000. El 7 de enero fue condenado a 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, en calidad de encubridor.

7.- Sargento 1º (r) Gerson Nilo Saavedra Reinike: Uno de los primeros en reconocer lo que ocurrió la madrugada del 18 de septiembre de 1973. Se unió a la caravana cuando ya llegaban al Fundo San Juan. Procesado por homicidio, obtuvo su libertad previo pago de fianza de $300.000. El 7 de enero fue condenado a 5 años y un día de cárcel como autor.

8.- Sargento 2º (r) Florencio Osvaldo Olivares Dade: Reconoció su participación diciendo: “Fueron días difíciles, se dormía poco”. Procesado por homicidio y tras pagar $300.000 de fianza, salió en libertad provisional.

9.- Sargento 2º (r) Pedro del Carmen Parra Utreras: Confesó detalles de la masacre. Procesado por homicidio, estaba con libertad provisional desde que pagó $300.000 de fianza. Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio como autor de los homicidios.

10.- Sargento 1º (r) Gabriel Washington González Salazar: Después de negar toda participación, debió reconocer su rol en los homicidios. Está libre.

11.- Cabo 1º (r) Samuel Francisco Vidal Riquelme: El primero en romper el pacto de silencio. Su testimonio fue clave para aclarar lo que pasó con las 19 víctimas en Laja. Procesado por homicidio, también obtuvo su libertad tras pagar la fianza de $300.000.

12.- Víctor Manuel Campos Dávila: Perteneció por 30 años a Carabineros. En su primera declaración dijo que después del 11 de septiembre, la Tenencia de Laja se mudó a dependencias de la CMPC. Después confesó que disparó cuando se lo ordenaron. Procesado por homicidio y en libertad provisional, el 7 de enero fue condenado a 5 años y un día de presidio como autor.

13.- Sargento 1º (r) Nelson Casanova Salgado: Negó su participación, pero se probó en la investigación. Procesado por homicidio, estaba libre después de pagar fianza. Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio como autor.

14.- Cabo 1º (r) Luis Muñoz Cuevas: Como esa noche se quedó haciendo guardia en el cuartel, el ministro Aldana lo sobreseyó.

15.- Suboficial (r) Anselmo del Carmen San Martín Navarrete: Su misión esa noche fue detener el tránsito en la zona del hospital para que pasara la caravana. Después volvió a la Tenencia. Fue sobreseído. El 7 de enero Aldana lo condenó a 5 años y un día de presidio, como encubridor de los 19 homicidios calificados.

16.- Suboficial (r) Juan de Dios Oviedo Riquelme: También se quedó esa noche de guardia en la Tenencia de Laja, por lo que fue sobreseído.

17.- Suboficial Sergio Castillo Basaul: No participó en el fusilamiento, pero su rol fue decisivo al guiar las detenciones en San Rosendo. Murió el 16 de septiembre de 2005 por una hemorragia digestiva masiva, várices esofágicas y cirrosis de laennec, la que produce el alcoholismo.

 

LUIS SÁEZ: EL FUSILADO Nº 20

La primera vez que los carabineros de la Tenencia de Laja fueron a buscar a Luis Sáez Espinoza (37 años) a su casa en la Población Mario Medina, fue el 11 de septiembre de 1973 a las 10:00. Sáez era empleado y dirigente sindical de la CMPC, además de militante del MAPU. Apenas supo del Golpe, pasó a la clandestinidad. Como él no estaba cuando llegaron los carabineros, allanaron su casa frente a su esposa, Rosa Ibaca, y sus hijos. Tres horas después, la patrulla al mando del sargento Pedro Rodríguez Ceballos volvió en el jeep que la empresa del Grupo Matte les había proporcionado, con cascos y armamento largo. De nuevo allanaron su vivienda, pero esa vez detuvieron a Rosa. Apuntándola con sus fusiles, la llevaron donde unos vecinos y como nadie sabía dónde estaba Luis, la dejaron allí. Al día siguiente se repitió la escena.

El 14 de septiembre, el sargento Rodríguez llegó de nuevo a buscar a Luis y, por tercera vez, no lo encontró. Ese día le dio a su esposa el recado: que se entregara como ya lo había hecho el día anterior Alfonso Macaya. Minutos después llegaron unos asistentes sociales de la empresa para ver cómo estaba la familia y se comprometieron en hablar con el teniente Fernández Michell para que no allanaran más esa casa. Los niños estaban traumatizados.

Seis días después, el párroco de Laja, Félix Eicher, fue a hablar con la mujer. Le dijo que sabía dónde estaba Luis y que quería hablar con ella. El sacerdote la llevó en su camioneta. Cuando se encontraron, ella le dijo que debía entregarse. Luis tenía miedo, sabía que su vida peligraba, que solo dos días antes el grupo de 19 detenidos había desaparecido sin dejar rastros. Para que no le pasara nada, el cura lo convenció de ir a Los Ángeles y no a la Tenencia de Laja. Él acepto. Ese mismo día, 20 de septiembre de 1973, poco antes del toque de queda, fueron en la camioneta del sacerdote hasta la Prefectura de Los Ángeles. Luis se bajó del vehículo, se presentó y allí quedó detenido. El sacerdote Eicher fue testigo.

Al día siguiente el mismo sacerdote le avisó al sargento Rodríguez que Luis ya se había entregado.

Rosa fue a dejarle ropa y comida en la oficina de la Cruz Roja, pero todo se lo devolvieron porque Luis no estaba en ningún centro de detención. Su esposa lo buscó durante años con la ayuda del sacerdote y el obispo de Los Ángeles, Orozimbo Fuenzalida, pero nada. Nunca más se supo de Luis.

La búsqueda se extendió hasta 1979, cuando la investigación que conducía el ministro en visita José Martínez llevó al paradero de los fusilados de Laja y San Rosendo, pero no a sus victimarios. Mientras que los demás habían sido llevados al Cementerio Parroquial de Yumbel, los restos de Luis aparecieron enterrados clandestinamente en el mismo lugar donde se llevó a cabo la masacre, en el Fundo San Juan, junto a un bosque de pinos de la CMPC. Tenía un orificio de bala y estaba amarrado con alambres.

“Se dice y a veces repite que, la justicia tardía no es justicia, pero nosotros, siempre con una mirada hacia el futuro, sincera y sin ánimo de venganza, podemos decir que ‘la justicia, aunque tarde, es también justicia cuando llega’”, manifestaron en un comunicado las familias de las 19 personas ejecutadas a manos de funcionarios de Carabineros de Chile una semana después del golpe de Estado de 1973.

El pasado 1 de marzo de 2024, la Corte Suprema dio a conocer el fallo definitivo respecto de los recursos de casación interpuestos, tanto por los querellantes y los querellados, y en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, de agosto del año 2021. 

En síntesis, la Suprema mantuvo prácticamente en su totalidad lo resuelto en su oportunidad por la Corte de Concepción, manteniendo las condenas de los ejecutores materiales directos de los 19 homicidios de vecinos de Laja y San Rosendo ocurridos en la madrugada  del 18 de septiembre de 1973 y cuyos responsables fueron ex uniformados de la tenencia de Carabineros de Laja a esa época. 

En efecto, se resolvió mantener: la pena de presidio perpetuo respecto del ex teniente de carabineros Alberto Juan Fernández Michell; la pena de 15  años y un día de presidio mayor en su grado máximo respecto de los ex  carabineros, Gerson Nilo Saavedra Reinike, Pedro del Carmen Parra Utreras,  Víctor Manuel Campos Dávila, Nelson Casanova Salgado, José Jacinto  Otárola Sanhueza, Mario Sebastián Montoya Burgos y, Manuel Enrique Cerda Robledo, todos los nombrados como autores de los 19 homicidios calificados. Finalmente se mantuvo la pena de 5 años de presidio mayor en  su grado mínimo respecto del ex carabinero Anselmo del Carmen San Martin Navarrete. 

Se debe considerar además que, en su oportunidad, respecto de otros cuatro ex carabineros, Luis León Godoy, Lisandro Martínez García, Gabriel González  Salazar y Samuel Vidal Riquelme, uniformados que habían sido sobreseídos temporalmente por el ministro instructor de la causa, Carlos Aldana Fuentes, por supuesta causa de demencia, se mantiene lo resuelto por la  Corte de Concepción en su fallo de agosto del año 2021, en orden a que no  correspondía favorecerlos con dicha decisión procesal y, en su lugar, se ordenó continuar el juicio contra los mismos por juez no inhabilitado, previéndose también sentencias condenatorias para cada uno con penas similares a las antes mencionadas.

A su turno, el fallo de la Corte Suprema terminó por absolver de responsabilidad penal respecto de los homicidios, a Pedro Jarpa Foester, por estimar que los delitos mencionados no le eran imputables por no existir dolo o dolo eventual en su actuar. No obstante, que la misma Corte se hace cargo del reproche penal que merecía la conducta desplegada por este con motivo de las detenciones y secuestros de ex trabajadores de la CMPC Planta Laja, principalmente su actuar consistente en la identificación directa de  las personas que iban siendo detenidas y secuestradas por carabineros a la  salida de los turnos de CMPC. 

Finalmente, respecto de la empresa CMPC y su relación y vinculación con  los hechos delictuosos investigados, los familiares apuntaron que "se refuerza nuestra convicción de que dicha empresa papelera y sus agentes, efectivamente permitieron, alentaron y facilitaron la consumación del designio criminal, como consta irrefutablemente en la investigación del Ministro Carlos Aldana, en las consideraciones tenidas en vista por la Corte de Concepción y en las reflexiones y consideraciones hechas suyas en el fallo de la Corte Suprema -suministro de vehículos, cal para cubrir los cuerpos de las víctimas,  propiedad o tenencia del predio donde las víctimas fueron sacrificadas,  proporción de choferes de la propia compañía, etc-". 

En síntesis, la Suprema mantuvo prácticamente en su totalidad lo resuelto en su oportunidad por la Corte de Concepción, manteniendo las condenas de los ejecutores materiales directos de los 19 homicidios de vecinos de Laja y San Rosendo ocurridos en la madrugada  del 18 de septiembre de 1973 y cuyos responsables fueron ex uniformados de la tenencia de Carabineros de Laja a esa época. 

En ese sentido, apuntan que "recordar a este respecto que, en su momento se dictó sobreseimiento definitivo del ejecutivo de la CMPC Carlos Ferrer Gómez y del chofer de  gerencia Rodolfo Román Román, en razón de haberse producido el  fallecimiento de estos, considerando que previamente habían sido procesados. Respecto de Lionel Alejandro Aguilera Covarrubias, el fallo de la Corte Suprema no innovó lo fallado por la Corte de Concepción". 

Conclusiones

En su comunicado, los familiares sostienen que "estamos poniendo término a un largo y por qué no decirlo, muchas veces extenuante, fatigoso, cruel, y desde luego doloroso camino que desde su  inicio vio transcurrir prácticamente 51 años en espera de este momento final  desde el punto de vista judicial y humano. Esta es la realidad y el tiempo  que debimos enfrentar". 

Al respecto, manifestaron que "se dice y a veces repite que, la justicia tardía no es justicia, pero nosotros, siempre con una mirada hacia el futuro, sincera y sin ánimo de venganza,  podemos decir que “la justicia, aunque tarde, es también justicia cuando llega”. Este camino, iniciado ante Tribunales inmediatamente después de la detención y desaparición de nuestros familiares, en septiembre de 1973, lo fue con la presentación de los primeros recursos de amparo en búsqueda de conocer su paradero, el '¿Dónde están?. Recursos todos que, como ocurrió en casos similares, en todo el país, fueron rechazados por los Tribunales de Justicia".

"Posteriormente, el año 1979 y con el apoyo extraordinario e invaluable del Departamento Social del Arzobispado de Concepción, se interponen las  primeras querellas criminales en contra de los responsables de estos  luctuosos hechos, asumiendo la investigación el valeroso Ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, ejemplo de fortaleza humana y  jurídica, Sr. José Martínez Gaensly. Para él y los abogados Martita Worner, Jorge Barudi, Fernando Saldaña, entre otros, nuestro eterno reconocimiento y respeto", relataron. 

"Terminado este camino, en lo jurídico y humano, podemos manifestar nuestra tranquilidad por lo que hicimos, por los caminos que abrimos, por las verdades que denunciamos, por la relevancia que otorgamos a nivel nacional a esta causa, que ha sido y será el mejor homenaje de memoria y dignidad para nuestros padres, cónyuges, hermanos e hijos, los que vieron truncadas vilmente sus vidas en la madrugada de un 18 de septiembre de 1973"

Sobre ello, describieron que "la breve y valiosa investigación del ministro Martínez Gaensly habrá de concluir con la ubicación de los cuerpos de nuestros familiares, su  identificación y entrega para su digna sepultación y, con la declaración de  incompetencia de este, en atención a que en los hechos aparecía  nítidamente la responsabilidad de carabineros de la ex tenencia de Laja, razón por la que debió trasladar el proceso a la justicia Militar, la que  prácticamente de manera inmediata y sin investigación alguna, procedió a  aplicar la Ley de Amnistía, sobreseyendo la causa sin hacer efectiva responsabilidad alguna de los uniformados autores de los hechos". 

Así, "recuperada la democracia en nuestro país, se inicia un proceso incansable  por obtener justicia a tantas violaciones a los derechos humanos ocurridas  en la etapa dictatorial. Es así como causas como la nuestra, el año 2010, son reabiertas, entregándose la responsabilidad de su investigación al  ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Sr. Carlos Aldana Fuentes, quien recién el año 2018 dicta sentencia condenatoria en primera instancia respecto de los uniformados involucrados". 

"Posteriormente se apela la sentencia definitiva dictada por el Ministro Sr.  Aldana, acogiendo la Corte de Apelaciones de Concepción gran parte de  nuestras pretensiones, elevando sustancialmente las penas impuesta a los  ex uniformados, condenando también a Pedro Jarpa Foester, ex empleado  de la CMPC Planta Laja, y elevando sustancialmente también las  reparaciones indemnizatorias civiles otorgadas a los familiares", aseveran.

"Terminado este camino, en lo jurídico y humano, podemos manifestar nuestra tranquilidad por lo que hicimos, por los caminos que abrimos, por las verdades que denunciamos, por la relevancia que otorgamos a nivel  nacional a esta causa, que ha sido y será el mejor homenaje de memoria y  dignidad para nuestros Padres, Cónyuges, Hermanos e Hijos, los que vieron  truncadas vilmente sus vidas en la madrugada de un 18 de septiembre de 1973", relataron