Morales Duran Mario

Héctor Guillermo Castro Sáez, 17 años al momento de los hechos, soltero, obrero agrícola, sin militancia política, fue detenido el día 24 de septiembre de 1973, por Militares provenientes de la Escuela de Infantería de San Bernardo desde las Viñas del Asentamiento El Escorial y conducido junto a otros 6 campesinos hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo, y luego hasta el campamento de detención del Cerro Chena, desde donde fue sacado el 3 de octubre y llevado hasta el sector de El Escorial, oportunidad en que se procedió a detener a otros 11 campesinos. El operativo del día 24 de septiembre se realizó al margen de toda legalidad, los nombres de quienes fueron detenidos figuraban anotados en una lista que portaban los aprehensores. El conscripto Mario Morales Durán fue reconocido entre los aprehensores.

Restos humanos correspondientes a Héctor Guillermo Castro Sáez y a otros 13 campesinos detenidos en los predios agrícolas El Escorial y Liguay durante operativos militares realizados el 24 de septiembre y 2-3 octubre de 1973, fueron encontrados en marzo de 1974 en una quebrada del Cerro Redondo ubicado en la Cuesta de Chada, distante a 4 kilómetros del lugar de los arrestos. En la oportunidad, el Instituto Médico Legal en causa rol 23643, del Juzgado de Letras Maipo-Buin informó al Tribunal la imposibilidad de identificar las víctimas y establecer la causal de la muerte.

Sin embargo, en enero de 1991 el mismo Instituto informó en causa 2-90-E al Ministro en Visita don Germán Hermosilla acerca de la identidad de cada una de las osamentas, tras haber realizado un nuevo peritaje de estas. Además se estableció que sus muertes fueron provocadas por múltiples impactos de bala. Es así como de un total de 20 detenidos en esta seguidilla de operativos, tres campesinos recuperaron su libertad tras permanecer recluidos en el Campamento de Chena, otros tres fueron ejecutados (dos en el Cerro de Chena y uno en la Escuela de Infantería de San Bernardo) y 14 fueron exterminados con ocultamiento de sus cuerpos.

La presencia militar en el Asentamiento El Escorial se inició el día 19 de septiembre de 1973. En la oportunidad hubo un operativo con numeroso despliegue militar, varios camiones, tanquetas y jeeps y un helicóptero acompañaron el operativo. Los campesinos varones fueron sacados de sus lugares de trabajo y casas y llevados a una cancha. Se les golpeó duramente mientras se les interrogaba acerca de armas y se les requería el nombre de algunos compañeros. Terminado el operativo que se prolongó por varias horas, los militares se retiraron sin haber efectuado detenciones; se mantuvo una unidad vigilando por varios días el acceso al predio. Su regreso se produjo el 24 de septiembre. Los militares hicieron consultas a los lugareños para identificar a quienes detendrían. En la oportunidad se detuvo a Héctor Guillermo Castro Sáez y los dirigentes Juan Guillermo Cuadra Espinoza, Juan Bautista Núñez Vargas, Francisco Garrido, José Luis Marchant, y a los trabajadores, Carlos Farías e Ignacio del Tránsito Santander Albornoz. Tras mantenerlos algunas horas botados en la cancha del Asentamiento, los detenidos fueron subidos a un camión y trasladados hasta la Escuela de Infantería. Cerca de las 20:00 horas a los detenidos se les vendó la vista y se les condujo nuevamente al camión. Todos fueron llevados al recinto militar de Chena inicialmente a una Escuela del Cerro Chena que en esos días era centro de detención, luego a una casa de techo rojo donde fueron torturados.

Estuvieron aproximadamente 8 días juntos en una misma celda. Francisco Garrido, Carlos Farías y José Luis Marchant recuperaron su libertad. Al declarar en septiembre de 1990 ante el Ministro en Visita don Germán Hermosilla (causa 2-90-E Juzgado de Letras Maipo-Buin) José Luis Marchant R. aseguró haber permanecido en todo momento juntos, hasta la noche del día 2 de octubre de 1973 oportunidad en que son separados entre quienes quedarían en libertad más adelante, quienes serían ejecutados en el recinto militar y quienes serían llevados a la Cuesta de Chada para su ejecución junto a otros asentados detenidos los días 2 y 3 de octubre.

En enero de 1991 las osamentas correspondientes a Héctor Guillermo Castro Sáez fueron entregadas a sus deudos y sepultados en el Cementerio de Huelquén. En la inscripción de defunción N°108 5/2 1991, se consigna como fecha de muerte el 3 de octubre de 1973, en Cuesta de Chada causada por traumatismo craneano y traumatismo pelviano de columna lumbar por bala.

Su caso se enmarca en lo que fue la represión en Paine en 1973.

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.