Montero Uranga Gabriel Bernardo

El ministro Joaquín Billard dictó sometió a proceso y ordenó la prisión preventiva para 3 personas acusadas de participar en  el secuestro de los ciudadanos uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, vistos por última vez en  septiembre de 1973, en San José de Maipo.

Tras analizar los antecedentes del proceso, el magistrado asumió que existen presunciones fundadas de la participación de Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño en el delito.

En su resolución se indica que "se encuentra justificado en autos que a fines del mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada unidad policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto".

Añade que "horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la unidad militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos". A reglón seguido se indica que  "luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del Ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero", dice el fallo..

Los nuevos reos fueron trasladados hasta el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, donde permanecerán recluidos provisionalmente

Tras el Golpe de Estado en 1973, el Ejército de Chile ha enfrentado grandes transformaciones que se basan en la defensa nacional de la nación. (Foto: Archivo).

La justicia chilena condenó este lunes a seis militares retirados por haber participado en la desaparición de tres uruguayos durante el golpe de Estado que lideró Augusto Pinochet en 1973.

Los efectivos del Ejército chileno identificados como; Mateo Durruty Blanco, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Francisco Martínez Benavides, Moisés Retamal Bustos y Guillermo Vargas Avendaño fueron condenados a seis años de cárcel.

La sentencia fue aprobada por un tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile (capital), que determinó que los funcionarios son culpables por los secuestros calificados de los uruguayos identificados como; Ariel Arcos, Juan Povaschuck y Enrique Pargadoy.

De acuerdo con un comunicado divulgado por el tribunal que lleva el caso, los uruguayos fueron capturados en las adyacencias de la capital chilena cuando intentaban escapar de la crisis que vivía el país para aquella época.

“Luego de ser detenidos fueron sometidos a interrogatorios y torturas en el Estadio Nacional de Santiago, un lugar que se utilizó como centro de detención tras el golpe de Pinochet”, narra el texto.

Hasta la fecha se desconoce el paradero de los uruguayos, quienes en su intento de huir de la crisis que enfrentaba el pueblo de Chile en 1973, fueron detenidos por efectivos militares de esa nación.

Salvador Allende, quien fuese electo presidente de la República de Chile el 4 de septiembre de 1970, inició una transformación política y social en ese país.

Más tarde, su trabajo por el bienestar social fueron truncados tras ser víctima del golpe de Estado liderado por el dictador Augusto Pinochet, quien instaló su dictadura el 11 de septiembre de 1973 dejando más de tres mil fallecidos.

Se informó por fuentes de Gendarmería, que esta madrugada del jueves falleció el ex oficial de ejército Francisco Fernando Martínez Benavides quien cumplía condena en el Penal Punta Peuco, en Santiago, por el crimen de tres ciudadanos uruguayos, delito cometido a fines de septiembre de 1973 en Puente Alto.

Los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuck Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, que permanecían asilados en Chile desde pocos meses antes del golpe militar, fueron detenidos por carabineros, entregados por éstos a los militares del Regimiento de Montaña N°7, de Puente Alto, quienes los conducen a su unidad y posteriormente son hechos desaparecer. En esa unidad Martínez Benavides era 2° Comandante y Jefe de Sección de Inteligencia.

Tanto el ahora fallecido, como los ex oficiales Mateo Durruty Blanco, a la época Comandante del Regimiento 7, y los miembros de la Sección de inteligencia Gabriel Bernardo Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, Lander Mickel Uriarte Burotto, y Guillermo Antonio Vargas Avendaño, fueron condenados a 6 años de presidio como autores de los crímenes en mayo de 2014 y permanecían en prisión desde abril del año 2015, luego que la Suprema ratificara las condenas.

Como demuestran los fríos datos, los criminales permanecieron por más de 40 años en completa impunidad. Recién el 2015, luego de casi 42 años de cometidos los crímenes, fueron recluidos. En su oportunidad, el fallo judicial estableció que los detenidos uruguayos fueron torturados reiterada y brutalmente por los victimarios. En el medio no permanecieron como inocentes palomas sino que varios de ellos continuaron sus oficios criminales y represivos al servicio de la dictadura. Martínez Benavides fue integrante de la DINA-CNI donde cumplió funciones en el Estado Mayor de la División Metropolitana hasta 1981.

Los crímenes de derechos humanos y de lesa humanidad no son prescriptibles ni amnistiables, de manera que los autores deben cumplir sus condenas en prisión; así lo exigen los tratados internacionales de justicia que Chile ha suscrito y que deben ser aplicados, a pesar de las ofensivas reaccionarias por tratar de imponer más beneficios y más impunidad a favor de los criminales. Pese al tiempo transcurrido de la comisión de los delitos, el daño causaron y la aberración que provoca siguen haciéndose sentir por el lento proceso de establecer la verdad y por el aún más lento papel de la justicia originado, entre otras causas, por el ocultamiento de información y la nula voluntad de cooperar con estas causas que siempre han mostrado estos criminales.