Lizana Hugo

Es un avance sin duda, señalar y sancionar a los torturadores que operaban bajo el amparo de la dictadura militar, ojala también que esto sea el inicio de un proceso de identificación y de llevar a la justicia a todos quienes se apoderaron de la las instituciones militares, en este caso de la Fuerza Aérea, para cometer uno de los actos mas repudiables, la traición, el asesinato y la tortura en contra de personas inocentes a nombre  de la libertad y del deber militar.

Que no sea esto un intento mas frustrado, son muchas las expectativas de justicia, de que estos temas que se relacionan a los torturadores, a las violaciones a los derechos humanos, no sigan siendo negociables con fines políticos o para mantener la impunidad. A los chilenos nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo con la ley de amnistía de 1978 que protege a cientos de  militares y civiles autores o encubridores de lo que paso en Chile, se nos impuso.

Es tiempo que estos temas salgan de los cuarteles y de los salones del congreso, haciendo de ello un gran debate nacional al cual tenemos derecho. En Chile la democracia recortada que vivimos no permite participar en las decisiones, por eso ya es tiempo que se escuche la opinión ciudadana sobre el amplio espectro de los derechos humanos.

Desde siempre hemos sostenido que deben ser los altos mandos militares, los oficiales superiores y subalternos, el personal de cuadro permanente involucrados, dirigentes políticos y empresarios que se coludieron para conspirar en contra de un gobierno legitimo y democrático, quienes deben responder por sus actos ante la justicia.

Hoy se ha corroborado una verdad pendiente, que los ex Coroneles Edgard Ceballos y Ramón Cáceres torturaron al General Bachelet y que son culpables de su muerte, que hicieron lo mismo con un centenar de sus ex compañeros de armas, quienes nos opusimos al golpe de estado y que la FACH se transformara en una institución al servicio de políticos y empresarios ambiciosos tanto nacionales como extranjeros.

La justicia sabe que en la Academia de Guerra había otros torturadores, el ahora General Gabrielli, el entonces Comandante de Escuadrilla Piloto Jaime Lavín Fariña, los Capitanes de Bandada Pilotos Álvaro Gutiérrez, Víctor Mettig, León Duffey, Florencio Dublé, Juan Carlos Sandoval y el Teniente Dumont. Los suboficiales Sargento de Aviación Hugo Lizana, el Cabo de Aviación Gabriel Cortes entre otros. También sabe que en diciembre de 1973, el director de la Academia de Guerra Aérea era el General Fernando Mathei, del centro de detención y tortura mas conocido de le época. Y que este general estaba a la cabeza del recinto militar durante el periodo en que el General Alberto Bachelet y nosotros ex miembros  de la Fach fuimos torturados en ese lugar.

No sé si habrá cobardía más grande que la de ocultarse detrás del uniforme militar, del poder o de la  obediencia debida y de las leyes de amnistía, para justificar o cometer violaciones, torturas crueles, infringidas a personas maniatadas o los asesinatos clandestinos. Para hacer esto sus autores se han justificado en que sostuvieron una guerra en contra del comunismo y del marxismo, lo que se ha comprobado es falso, que los enfrentamientos no pasaron de ser algunos focos  de resistencia valiente y heroica al poder de fuego de las FFAA en contra de un pueblo indefenso.

En premio a “los combates” que todos estos valientes soldados libraron en las cámaras de torturas, con  enemigos maniatados, maltratados y desarmados se pusieron cientos de medallas al pecho y se condecoraron entre ellos, algunos bendecidos por la iglesia,  alimentando el ego falso del deber cumplido.

Es bueno recordar a estos señores que el cumplimiento del deber militar y el honor, los valores militares, el patriotismo son conceptos que se materializan y comprueban en la vida real, en la práctica del quehacer militar. Que los militares valen por lo que valen sus valores y la manera de como los viven, cuyo ejemplo está en la figura del General Alberto Bachelet, de los Suboficiales Enrique Reyes e Ivan Figueroa entre otros.

Por eso es que con orgullo reivindicamos lo que hicimos, fueron estos torturadores quienes nos acusaron de traición a la patria y de faltar a los deberes militares, porque propagamos la libertad de pensar como parte del profesionalismo militar, la libertad de conciencia para ejercer el mando y obedecer sobre la base de la disciplina consciente, identificándonos con el respeto a quienes soñando con su libertad, eligieron responsable y pacíficamente a Salvador Allende como Presidente.

Creemos que es tiempo que las Fuerzas Armadas miren su historia, lo bueno y lo malo de sus actuaciones, porque necesitan reivindicarse con la base de su potencial combativo, que es su relación con el pueblo chileno. Rescatar esa identidad necesaria pasa por reconocer el periodo en el cual las Fuerzas Armadas fueron instrumentos del terrorismo de estado ejercido por una dictadura militar.

Una acción noble que permitiría de una vez por todas que muchas familias conozcan el paradero de sus seres queridos desaparecidos, lo que facilitaría reconstruir la identidad entre los chilenos y su ejército.

Como lo hemos afirmado antes, la historia de Chile no se puede cortar en dos, entre la realidad actual y la de esa época, porque ambos periodos corresponden a un proceso y son la base de una explicación coherente del porque aun somos un país dividido.

Por eso reconocemos la importancia de lo que ha hecho la justicia al identificar y juzgar a los ex Coroneles Ceballos y Cáceres, porque no se sigue el camino del olvido, que como se ha demostrado no ayuda a nadie, por el contrario, es una equivocación histórica que le hace mucho daño al país. Sobre todo a los jóvenes chilenos, quienes sin haber vivido esta etapa difícil y muy dura, son víctimas directas o indirectas de ella, por la cual continúan condenados a vivir en un país dividido.

Es muy importante también porque al haber justicia, eso nos permite a los chilenos entrar al futuro, leyendo nuestro propio pasado. Y eso si que permitirá que la sociedad en su conjunto se haga un juicio de los hechos y decida el rumbo a seguir sobre este delicado tema.

Pero aun falta y hay que avanzar en este esfuerzo, fallos judiciales como este en ningún caso alteran el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, por el contrario abren un camino necesario para establecer el reconocimiento institucional de los hechos pasados y de las responsabilidades en cada uno de los casos investigados.

Las generaciones mas jóvenes de militares tienen el derecho a conocer la historia de su país, que Oficiales del ejercito no solo torturaron a sus compañeros de armas, sino que asesinaron al General y Comandante en Jefe del Ejército Rene Schneider para impedir que Allende asumiera el gobierno en 1970.

Tienen que saber que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas asesinaron al General Carlos Prats, a Ministros del Gobierno de la Unidad Popular, José Toha, Orlando Letelier. Que el Comandante de la Fuerza Aérea de Chile, Gustavo Leigh, ordenó el bombardeo a La Moneda y a la casa presidencial con el objetivo de asesinar a Salvador Allende y que son responsables de que más de cuatro mil chilenos fueran asesinados y que muchos de ellos continúen desaparecidos.

Desde hace bastante tiempo hemos manifestado que fuimos testigos del desenlace de una historia que intentamos denunciar y de una ofensiva militar a la cual intentamos oponernos. Por ello es que podemos dar fe que la Fuerza Aérea de Chile, conducida por Leigh y compañía, formaron parte de un plan de guerra y esta asumió la responsabilidad de bombardear La Moneda, para que luego en tierra el ejercito con las fuerzas de Infantería, terminaran la tarea de liquidar todo vestigio de resistencia “ del enemigo “.

Hemos denunciado que los aviones Hawker Hunter cumplieron una misión de bombardeo táctico cuando atacaron el Palacio de Gobierno, el mas importante símbolo de la democracia en Chile, asumiendo que allí estaban atrincheradas “las tropas enemigas” y el puesto de mando del gobierno de Allende, con la misión de aniquilarles. Hemos afirmado también que para ejecutar esta misión tuvieron que tener un plan previo y estudiado, además de practicarlo, lo que demuestra no solo la conspiración, sino que esa acción fue planificada con la misión explicita de asesinar a Salvador Allende y a todos los que estaban resistiendo en el palacio presidencial.

Si alguien tiene dudas de esto que revise los informes periodísticos de la época, los aviones descargaron los cohetes sobre el Palacio presidencial, uno entró por una ventana al salón presidencial y el otro hizo impacto en el techo de un pasillo en el segundo piso y en total, pasaron en vuelo rasante ocho veces descargando 18 cohetes en 20 minutos.

Hoy la justicia sabe que las practicas del bombardeo a la Moneda la realizaron en Cerro Moreno y que participaron el entonces Teniente Ernesto Amador González Yarra y al Teniente Fernando Rojas Vender, el Capitán Eitel Von Mühlenbrock y el teniente Gustavo Leigh Yates, hijo del comandante en jefe de la FACH y miembro de la junta militar. Sin embargo los que aun viven de este grupo  de Oficiales, han declarado a la justicia y se han negado  a reconocer su participación alegando secreto de honor.

Declaraciones que son una ofensa y un insulto a nuestra inteligencia, olvidan estos señores que nosotros somos testigos vivos de sus tropelías y que sabemos que actuaron de forma premeditada y consiente, haciendo uso de todo el poder de fuego contra enemigos creados por ellos para justificar sus acciones.

Los oficiales y suboficiales que participaron en todas las operaciones previas, durante y posteriores al golpe militar, fueron parte de la declaración de guerra demencial, que las FFAA hicieron en contra de los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, enemigos que como lo hemos dicho, no eran capturados en combate, sino que se trataba de ciudadanos y ciudadanas chilenos (as) comunes y corrientes sacados (as) de sus casas y llevados a distintos cuarteles militares, maniatados con capuchas en sus cabezas para luego ser cruelmente torturados (as) y maltratados (as).

Estos oficiales subalternos en esa época se sienten orgullosos de lo que hicieron sentimiento que comparte el General Mathei, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, el que se siente honrado, como lo declaro hace un tiempo atrás “ de haber participado en el gobierno militar, como ministro y como miembro de la Junta de Gobierno”.

Es tiempo entonces de que la justicia ayude a Chile a desenmascarar tanta mentira e hipocresía, son muchos los testigos y los antecedentes que permiten avanzar en este aspecto tan importante y decisivo para la convivencia nacional.

Las Fuerzas Armadas de hoy deben asumir la obligación moral ante la nación y reconocer sin medias tintas, los hechos contra la dignidad del hombre cometidos por integrantes de nuestras instituciones durante la dictadura militar.

Durante ese periodo la Fuerza Aérea fue parte y se involucró en el terrorismo de Estado y montó centros de torturas en sus unidades militares y bajo su jurisdicción. El mas importante fue la Academia de Guerra Aérea, una situación compartida y aceptada por los altos mandos institucionales y a través de ellos, traspasado  a toda la cadena de mando de la institución.

Este es un tema que debiera despertar el interés académico y de los juristas al calor de este tipo  de juicios post dictadura, vinculados con los programas de exterminio llevados a cabo por personas como los dos enjuiciados recientemente.

La profusa cantidad de documentación y testimonios que se hicieron públicos en los dictámenes de las comisiones Retigg y Valech, además de todo lo recopilado en la propia ONU, en Animista internacional, muestran al mundo una compleja burocracia estatal puesta casi exclusivamente al servicio del crimen y la tortura, es decir del terrorismo  de estado.

Habiendo sido parte de la estructura de las FFAA afirmamos que esas evidencias demuestran también, el grado de responsabilidad de sus ejecutores. SI partimos de quienes ejecutaban de propia mano los asesinatos, en la Academia  de Guerra Aérea por ej. y ascendemos a través de la cadena de mandos de la estructura organizativa del ejercito y la dictadura, hasta llegar al propio Pinochet, a medida que nos alejamos de los ejecutores, aumenta no sólo la responsabilidad por los hechos, sino también el dominio acerca de la decisión de lo que dio en llamarse guerra en contra del marxismo.

Por el contrario a medida que se desciende por la cadena de mando, el dominio sobre la concreta configuración de los asesinatos va en aumento, hasta llegar a los que tenían a su cargo cuidar a las víctimas o conducirlas a los recintos militares de tortura y muerte.

Por ultimo las complejas cuestiones que están vinculadas con este tema, se manifiestan ante todo respecto de la criminalidad estatal, dado que la estructura propia del Estado, con sus enormes recursos económicos y humanos, y sus cadenas de funcionarios conformadores de una gigantesca burocracia resulta ser la organización que se adaptó y se puso al frente  de todo esto.

Es necesario acotar también que tratándose de una organización criminal de esta envergadura, la realización del delito en modo alguno depende de los ejecutores singulares solamente. Ellos ocupan una posición subordinada en el aparato de poder, son intercambiables, y no pueden impedir que el hombre de atrás, el “autor desde las sombras”, alcance el resultado, ya que es éste quien conserva en todo momento la decisión acerca de la consumación de los delitos planificados.

Por eso es que en nuestro país hay unas cuantas verdades no dichas y unos cuantos simpatizantes y funcionarios de la dictadura que tratan de lavar su imagen, ya sea afirmando que votaron por el NO en 1989 o tomando distancia de lo que ellos mismos propiciaron. Esta pendiente enjuiciar a los que tuvieron el poder en Chile desde 1973 y encabezaron un esquema de terrorismo de estado contra quienes ellos consideraban eran enemigos del régimen, para condenarlos como autores mediatos con relación a los homicidios, secuestros, torturas y robos que en cada caso fueron comprobados.

En el caso de Chile los integrantes de la Junta Militar primero y del gobierno militar en su conjunto, mantuvieron siempre el dominio sobre los ejecutores y deben responder como autores mediatos de los delitos cometidos.

También es cierto que construyeron un aparato de poder paralelo al formal, basado sobre la estructura militar y que ordenaron a través de la cadena de mandos tanto de las fuerzas militares como de seguridad del Estado, pasar a actuar en la ilegalidad sirviéndose de ese aparato clandestino; no sólo eso, garantizaron a los cuadros no interferir en su accionar, y lo más importante, les aseguraron la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance.

Desde el Centro de Estudios de Exonerados de la Fuerza aérea 1973, seguiremos aportando a que la verdad se encuentre con la justicia. Tenemos la estatura moral para hacerlo, fuimos leales a nuestro juramento y con  nuestro pueblo.

Dr. Enrique Villanueva M.
Vicepresidente Centro  de Estudios
Exonerados Fuerza Aérea 1973

Edgard Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera son sindicados por testigos como los torturadores del padre de la ex mandataria que luego de sufrir violentos apremios fisicos y sicológicos en la Academia de Guerra de la Fach, fue devuelto a la cárcel donde murió de un ataque cardíaco. Luego, ambos integraron el Comando Conjunto, grupo de delincuentes-militares que hicieron desaparecer a más de una treintena de chilenos

La investigación donde el juez Mario Carroza dio a conocer las conclusiones a las cuales arribó el Servicio Médico Legal (SML) en el marco de la investigación por las circunstancias que rodearon la muerte del general Alberto Bachelet, ha generado gran revuelo.

Fue así como el juez detalló que la pericia establece que el oficial falleció producto de las torturas de las que fue víctima mientras permaneció preso en la Academia de Guerra Aérea durante el golpe militar.

Recordemos que Bachelet falleció al interior de la cárcel pública tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en marzo de 1974 en el marco de un "juicio por traición a la patria" ejecutado por miembros de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia de la dictadura.

Por ello, dos coroneles en retiro de la Fuerza Aérea son quienes están en la mira de ministro en visita, se trata de Edgard Ceballos Jones y Ramón Cáceres Jorquera, quienes aparecen en los testimonios de varios detenidos que estuvieron junto a Bachelet hasta el día de su muerte. Ambos encabezaron las torturas que le produjo posteriormente, un ataque cardiaco al padre de la ex presidenta Bachelet.

Luego de las torturas a sus propios camaradas de armas, los violadores de DDHH integraron el Comando Conjunto

El denominado Comando Conjunto (CC) fue una agrupación de inteligencia que operó aproximadamente entre fines de 1975 y el término del año 1976, y cuyo objetivo principal fue la represión al Partido y las Juventudes Comunistas. Durante este período, según el Informe Rettig, fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas. Otras fuentes hablan de más de 70.

Luego de realizar las torturas a sus camaradas de armas, la mayoria de estos integrantes de la Fach, se involucraron en crimenes, violencia y en el denominado "trabajo sucio" de la dictadura, que operaban independientemente de la policia secreta de Pinochet, la DINA.

El CC estaba formado principalmente por agentes pertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea (DIFA) y contó más tarde con una participación importante de efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR). Contó también, en menor medida, con la participación de agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y con algunos efectivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Además, colaboraron en ese Comando miembros de la Policía de Investigaciones de Chile y civiles provenientes de Patria y Libertad.

Cuarteles del horror

Entre los primeros recintos de tortura, aún antes de denominarse Comando Conjunto, aparece la Academia de Guerra Aérea (AGA) que funcionó desde fines de 1973 hasta fines de 1974, formalmente a cargo de la Fiscalía de Aviación, la que en la práctica se coordinaba estrechamente con el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA). El General Bachelet y muchos oficiales de la FACH fueron torturados en sus subterráneo. José Luis Baeza Cruces, miembro del Comité Central del PC actualmente desaparecido, también estuvo allí. Por este caso ha sido citado a declarar el general (R) Fernando Matthei, a la fecha Director de la AGA, y luego comandante en jefe de la Fach e integrante de la Junta de Gobierno.

En enero de 1975, cuando el SIFA desocupó el AGA, traslada a los detenidos a una casa de Santiago, ubicada en el sector de Apoquindo, a unas dos cuadras de la Municipalidad de Las Condes. Este inmueble fue utilizado como recinto secreto de detención hasta el mes de marzo de 1975 y estaba a cargo de agentes de la recientemente creada DIFA. Después de esa fecha, las oficinas de la DIFA se trasladaron a Juan Antonio Ríos N° 6, mientras los detenidos son repartidos entre el Regimiento de Artillería Antiaérea de Colina ("Remo Cero") y un hangar al interior del aeropuerto Cerrillos.

Otro centro clandestino de tortura es el conocido como "Nido 20", ubicado en la calle Santa Teresa 037, cerca del paradero 20 de la Gran Avenida, en Santiago. Producto de las torturas en su interior, falleció Alonso Gahona Chávez, hoy detenido desaparecido. También aquí fue muerto a golpes Humberto Castro Hurtado. Hoy la casa alberga a la Corporación Nacional de Laringectomizados (operados de cáncer a la laringe). 

El recinto denominado "Nido 18" fue empleado exclusivamente para practicar la tortura. Se trata un local ubicado en la calle Perú 9053, comuna de La Florida en Santiago, cercano al paradero 18 de Vicuña Mackenna. En este centro, según testigos, se quitó la vida Arsenio Leal Pereira, bajo la presión de las torturas a que estaba siendo sometido. 

En "Remo Cero", junto a los agentes de la FACH, operan miembros del Servicio de Inteligencia Naval y algunos agentes de Ejército. La dotación de la Dirección de Inteligencia de Carabineros era más numerosa. También aquí actúan los civiles provenientes de Patria y Libertad. Desde allí habrían sido sacados en helicóptero para ser arrojados al mar varios detenidos, entre ellos Humberto Fuentes Rodríguez y Luis Moraga Cruz. También hay testigos que afirman que fueron sacados desde aquí, para ser asesinados y enterrados en los terrenos militares del Peldehue Ricardo Weibel Navarrete, Ignacio
González Espinoza, Miguel Rodríguez Gallardo y Nicomedes Toro Bravo. En este recinto fallecieron algunos detenidos a consecuencia de torturas, entre ellos José Sagredo Pacheco.

Un recinto ubicado en calle Dieciocho N° 229, que había sido ocupado por el diario El Clarín y pasó a poder de Carabineros fue conocido como "La Firma". Allí se instaló la dirección de Inteligencia de Carabineros, algunos de cuyos profesores eran miembros no sólo de DICAR sino también del Comando Conjunto, donde era uno de los jefes Edgar Ceballos Jones, el torturador del general Bachelet.

Testigos que sobrevivieron a las torturas de la Academia de Guerra Aérea recuerdan como sus captores y torturadores, entre otros, al general Orlando Gutiérrez Bravo, los comandantes Sergio Lizasoaín, Edgar Ceballos Jones, Ramón Cacéres Contreras, Jaime Lavín, Juan Bautista González y Humberto Velásquez Estay; los capitanes León Duffey, Juan Carlos Sandoval, Jaime Lemus, Florencio Dublé, Contreras; los tenientes Juan Carlos Sandoval, Luis Campos, Matig y Pérez; el Sargento Hugo "chuncho" Lizana, el cabo Eduardo Cartagena y el Cabo 2º Gabriel Cortés (que se cambió el nombre).

Los torturadores del Academia de Guerra Aérea eran casi todos de la Especialidad de Aerofotogrametría, tanto oficiales como suboficiales