Letelier Verdugo Miguel Segundo

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad.

No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi.

Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado.

Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas".

De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo".

El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff  -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo.

Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional.

"Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar.

Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela.

"No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica.

Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública.

Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida.

Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron.

"Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva.

Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión.

De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado.

En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa.

Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal.

El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución.

También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe.

Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona".

A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil.

En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos.

Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

 La Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó hoy a revisar las apelaciones a las condenas emitidas en segunda instancia en el caso Tucapel Jiménez, asesinado por la CNI en febrero de 1982.

El pasado 24 de septiembre el máximo tribunal del país declaró admisible la mayoría de los recursos de casación (anulación) presentados por los implicados en el caso, a excepción del recurso presentado a favor del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, a quien se le confirmó la condena a cadena perpetua por el crimen del líder sindical y del carpintero Juan Alegría Mundaca.

En la causa aparecen mencionados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (r) Ramsés Alvarez, y los ex agentes Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, entre otros, quienes también fueron condenados por el ministro instructor Sergio Muñoz.

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas.

Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra.

De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales.

A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983.

Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió conceder el beneficio al suboficial (r) Miguel Letelier Verdugo, quien está condenado a ocho años de prisión, como autor material del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.

Según los antecedentes recabados, el suboficial (r) reunía todos los requisitos porque le quedaba poco tiempo para cumplir su sentencia.

La Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones sesionó durante dos días, durante los cuales se revisaron los informes técnicos de Gendarmería.

En el día ayer concluyeron el trabajo y las votaciones de los beneficiados de este primer semestre.

Los resultados oficiales se conocerán la próxima semana. Luego, los antecedentes serán revisados por la seremi de Justicia, que debe tomar la decisión definitiva.

El abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Leonardo Aravena Arredondo, haciendo referencia a la reciente libertad condicional otorgada al suboficial (r) Miguel Letelier, uno de los autores materiales del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, sostuvo que “han pasado 25 años desde que, con alevosía, se cometió ese crimen horrendo, acto en el que los homicidas actuaron concertados, con superioridad de número, por sorpresa, sobre seguro, con absoluta desproporción de los medios empleados, sin dar a la víctima ninguna posibilidad de defensa, acuchillando y baleando por la espalda”.

Aravena, quien también es integrante de Amnistía Internacional sección Chile, manifestó que “por no tratarse de un homicidio más, parece grave el olvido sin dejar una enseñanza. No basta con una romería y un homenaje. Es necesario recordar lo sucedido, el extremo al que llevó la garantizada impunidad a los malhechores, porque crímenes ocurren todos los días y, no obstante siempre ser repudiables, éste es diferente, porque el homicidio de Tucapel Jiménez resulta señero”.

Agregó que “la motivación, la ejecución cruel y fría, la calidad de la víctima, la investigación demorada judicialmente por años para asegurar impunidad, deben mantenerse presentes en la memoria de Chile para que actos tan crueles, que sólo pueden tener lugar concebidos, instigados y ejecutados por mentes enfermas, amparadas en una distorsión del ejercicio del poder absoluto, no vuelvan a ocurrir.

El abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Central manifestó que todo el país debe tener presente los hechos que terminaron con la vida del sindicalista. De esta forma, dijo, “redoblaremos la lucha por los derechos de todos y el respeto mutuo, es el mejor homenaje que podemos rendir a su memoria. Debemos hacer que, al menos, su muerte no haya sido en vano y asegurarnos que nuestra sociedad está de verdad en vías de mejoría, en la esperanza de dejar atrás el abuso, la locura y el descontrol”.

En libertad salió el viernes pasado desde el penal de Punta Peuco el suboficial (R) de Ejército Miguel Letelier Verdugo, coautor material del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez cometido el 25 de febrero de 1982 en una operación de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Letelier obtuvo el beneficio luego de cumplir su pena de ocho años a la que fue condenado en el proceso que instruyó el juez Sergio Muñoz, último magistrado que tuvo a cargo esta causa.

Nunca mostró arrepentimiento del crimen, como sí lo hizo el suboficial (R) Manuel Contreras Donaire, indultado en 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos. Su decisión fue en aquel momento duramente criticada por el actual diputado independiente Tucapel Jiménez, hijo del dirigente.

Ambos suboficiales hoy en retiro fueron junto al mayor Carlos Herrera Jiménez los tres autores materiales del homicidio. Herrera cumple por ello presidio perpetuo en el penal Punta Peuco. Gendarmería confirmó a La Nación la salida de Letelier Verdugo "tras haber cumplido íntegramente su condena de ocho años".

Al suboficial (R) que integró la DINE le fue computado el período que estuvo detenido antes de que la Sala Penal de la Corte Suprema confirmara el 9 de marzo de 2004 las condenas aplicadas por el juez Sergio Muñoz en su sentencia del 5 de agosto de 2002.

A pesar de que el juez Muñoz ya conocía durante la investigación las identidades de Letelier y Contreras Donaire como quienes acompañaron a Herrera a cometer materialmente el crimen, en la fase probatoria y pública del juicio quedó para el recuerdo el momento en que a Herrera, respondiendo consultas del juez Muñoz, se le escaparon de la boca los nombres de ambos.

Hasta ese instante Herrera nunca había mencionado las identidades de sus dos acompañantes.

También mostró después arrepentimiento por el crimen, e incluso pidió perdón público a la familia del líder sindical, pero hasta ahora nunca le ha sido concedido el indulto presidencial que ha solicitado.

En diciembre de 1981, el capitán de Ejército Carlos Herrera Jiménez, adscrito a la CNI,  recibió la orden de trasladarse a la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE, que comandaba el general Álvarez Scoglia.

Herrera, a quienes sus compañeros de curso en la Escuela Militar lo habían apodado “Boccacio” por sus prominentes labios, se incorporó al Cuerpo de Inteligencia del Ejército, CIE, el grupo ejecutivo de esa Dirección, a cargo del comandante Víctor Pinto Pérez, para realizar una “operación especial”.

Todos los datos recabados  por la CNI sobre Tucapel Jiménez fueron engrosando una carpeta que en los inicios de 1982 llegó a las manos del capitán Carlos Herrera, junto con la orden de secuestrar y eliminar al líder sindical.

“Boccacio” se instaló en la Unidad de Contraespionaje, dependiente de la sección de Contrainteligencia del CIE, situada en Avenida Echenique 5995, en la comuna de La Reina, conocida por los militares como “Cuartel Coihueco”, en esa época al mando de Hernán Ramírez Hald. Esporádicamente ocupaba también algunas oficinas en la sede central de la DINE, en calle García Reyes, muy cerca del barrio Brasil.

A mediados de febrero se tomaron las decisiones finales. Actuarían directamente tres hombres: “Boccacio” y los suboficiales de Ejército Manuel Contreras Donaire (“Felipe”) y Miguel Letelier Verdugo (Marcos”). 

La operación la realizarían en dos vehículos pintados como taxis reglamentarios y dispondrían, además, del apoyo de algunos agentes y colaboradores. Otro equipo, conocido como Unidad de Apoyo Especial, al mando del oficial Juan Carlos Arriagada Echeverría, estaba encargado de conseguir las armas, las que llegaron el día 24 de febrero, un día antes de la fecha elegida para acometer la tarea

En la mañana del jueves 25 de febrero de 1982, el grupo de trabajo especial del CIE siguió a Tucapel Jiménez cuando este salió desde su casa a bordo de su taxi en dirección a la Panamericana Norte. Sorpresivamente, en una esquina, Luis Rolando Pino, sargento de carabineros, sobrino del sindicalista, le hizo señas para que se detuviera, momento que aprovecharon el capitán Herrera y uno de los suboficiales para abordar el vehículo y obligar al presidente de la ANEF a tomar el camino que lleva desde Renca a Lampa, en la zona norponiente de Santiago.

Poco antes de llegar al cruce a Noviciado le ordenaron que se detuviera.

Carlos Herrera disparó entonces el revólver Dan Wesson calibre 22 que le habían pasado el día anterior. Cinco balazos impactaron sobre el costado derecho de la cabeza de Tucapel Jiménez. Al ver que la víctima seguía con vida, “Bocaccio” lo sujetó con una mano y con la otra le infirió tres heridas corto punzantes en el cuello.

De inmediato procedieron a limpiar el automóvil y sustrajeron diversas especies y documentos de la víctima, entre ellas el taxímetro, una linterna, un reloj pulsera, una peineta, la cédula de identidad y el carnet de conducir.

La misión especial estaba cumplida.

Los dos suboficiales fueron destinados a otras reparticiones militares en regiones apartadas del territorio nacional y el capitán Carlos Herrera permaneció en la DINE.

El 1° de marzo de 1982 la Corte de Apelaciones de Santiago designó al juez Sergio Valenzuela Patiño como ministro en visita para investigar el asesinato de Tucapel Jiménez.

A fines de ese año el alto mando del Ejército dispuso el traslado del capitán Herrera Jiménez a Coihaique, medida que “Bocaccio” se resistió a acatar. Acudió a pedir ayuda a su viejo amigo Álvaro Corbalán y le relató minuciosamente los entretelones del crimen del presidente de la ANEF. Corbalán llevó a Herrera ante el general Humberto Gordon, quien ya sabía los detalles de la operación y tranquilizó a “Bocaccio” ofreciéndole retornar a la CNI, pero en un cargo operativo en Viña del Mar.

Gordon, minutos después de retirarse el capitán Herrera, ordenó a Corbalán que lo acompañara a La Moneda para entrevistarse a solas con Pinochet. A la salida de esa reunión, el jefe de la CNI le comentó a Corbalán, quien le esperaba en un pasillo: “Dile a Herrera que el presidente le envía su reconocimiento, que lo felicita y que lo tendrá presente en el futuro”. 

En mayo de 1983, estando ya Carlos Herrera Jiménez como jefe operativo de la CNI en la Quinta Región, con asiento en Viña del Mar, el general Gordon comunicó a su jefe directo, el capitán de corbeta Sergio Echeverría Villarroel, que Herrera estaría dedicado por una semana a una operación especial en Valparaíso, bajo el mando de Álvaro Corbalán. 

Dos meses después, en julio de 1983, un carpintero cesante y alcoholizado, identificado como  Juan Alegría Mundaca, fue encontrado muerto en su humilde vivienda situada en un cerro de Valparaíso. 

Alegría Mundaca tenía profundos cortes en sus muñecas que le habían causado el desangramiento. Junto a él fue hallada una carta donde se inculpaba del homicidio de Jiménez, relatando que sólo había querido asaltarlo y robarle.

La autopsia, sin embargo, reveló que era imposible que el carpintero se hubiera suicidado de esa manera. Las profundas incisiones realizadas en los antebrazos habían cortado los tendones. El médico legista fue categórico: Alegría Mundaca podía haberse cortado una muñeca, pero jamás las dos.

Varios años después de los homicidios de Jiménez y Alegría, Héctor Alarcón Nohra, ex jefe de la División de Regionales de la CNI, aparentemente arrepentido, entregó al sacerdote Miguel Ortega un anónimo con los nombres de los cinco hombres de un servicio de seguridad que habían participado en el asesinato de Alegría Mundaca.

Los oficiales de la Brigada de Homicidios lograron establecer que en la noche del 20 de julio de 1983, uno de los hombres de confianza de Álvaro Corbalán en la CNI, el capitán (r) Francisco Zúñiga, recorrió las comisarías de Viña del Mar en busca de una víctima propicia, un hombre que a nadie le importara, pobre, sin personalidad ni carácter, que fuera fácilmente influenciable y que viviera solo.

Así, en plena calle, dio con Juan Alegría Mundaca, un alcohólico que recién había salido de la cárcel. Zúñiga le preguntó su nombre y su domicilio. Luego lo subió a un automóvil y lo llevó hasta una casa apartada en el sector alto de lo que hoy es la comuna de Concón.

Allí, Zúñiga y otros conjurados lo retuvieron durante dos días tratando de convencerlo primero y forzarlo después para que se inculpara como el asesino de Tucapel Jiménez. El carpintero se negó reiteradamente a colaborar y los hombres de la CNI debieron recurrir a Osvaldo Pincetti, al que apodaban ‘‘Doctor Tormenta’’ o simplemente ‘‘Doc’’, para obtener una falsa confesión escrita. Pincetti, una extraña mezcla de charlatán y de hipnotizador, intentó hacer caer en un trance al carpintero, pero éste se siguió resistiendo. 

Finalmente optaron por darle grandes cantidades de licor, presuntamente pisco, hasta conseguir doblegarlo cuando ya estaba en avanzado estado de embriaguez.

Alegría Mundaca escribió entonces de su puño y letra una carta sin fecha en la que se inculpaba del crimen de Tucapel Jiménez y anunciaba que se suicidaba motivado por el arrepentimiento.

En la mañana del sábado 21 de julio, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera, Armando Cabrera Aguilar y otro agente, al que apodaban ‘‘Zanahoria’’ por su pelo colorín, fueron a revisar el domicilio de Alegría. Comprobaron que nadie lo habitaba y prepararon el escenario para realizar el último acto del macabro plan trazado.

Los confiados agentes de la CNI  no se percataron que en los cerros de Valparaíso muchos ojos observan a los extraños, sobre todo si tienen una apariencia como la de ellos, que erizaba la epidermis de los vecinos, los mismos que casi diez años después no dudarían en identificarlos ante la presencia del juez Sergio Valenzuela Patiño.

El domingo 22 de julio llovía torrencialmente. Completamente borracho, el carpintero Alegría Mundaca fue dejado sobre su cama. Junto a él estaban los cinco hombres de la CNI. Herrera colocó la fecha en la carta: 22 de julio de 1983. Se acercó entonces Francisco Zúñiga y con una afilada navaja cortó casi al hueso las dos muñecas del infortunado alcohólico. Las profundas incisiones destrozaron los tendones que permiten la movilidad de los dedos y su capacidad para asir objetos. Ese exceso, fue uno de los antecedentes que más tarde permitió a los detectives de la Brigada de Homicidios establecer que la muerte del carpintero no fue un suicidio.

En el sitio del crimen también se encontraron otros indicios que ayudaron a los policías a convencerse del homicidio. La cama del carpintero estaba colocada de una forma que la víctima, según sus familiares, jamás habría puesto; y, el lápiz encontrado al lado de la carta dejada por Alegría era de un color de tinta diferente al empleado para redactar la nota.

El juez Valenzuela Patiño investigó durante 17 años los asesinatos de Tucapel Jiménez y Juan Alegría. No obstante, pese a los enormes avances conseguidos, por miedo o por abulia, nunca se atrevió a avanzar resueltamente en el caso; más pareció que lo único que deseaba era cerrarlo y relegarlo a los archivos judiciales. El 12 de abril de 1999, finalmente, la Corte Suprema decidió removerlo de la causa y nombró en su reemplazo al juez Sergio Muñoz Gajardo. El nuevo magistrado asumió personalmente la conducción de las investigaciones y en una tarea que quedará en los anales de la justicia chilena, sólo tres años después, el 5 de agosto de 2002, tras acumular 24 tomos, siete cuadernos reservados y 60 cuadernos agregados, dictó su primera sentencia por el crimen de Tucapel Jiménez:

-Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, mayor (r) destinado en 1982 a la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de presidio perpetuo.

-Ramsés Arturo Álvarez Sgolia, general (r), ex director de la DINE, en calidad de autor, a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Víctor Raúl Pinto Pérez, coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r), ex comandante de la Unidad de Contraespionaje del CIE, en calidad de autor, a la pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Miguel Segundo Letelier Verdugo, ex suboficial del CIE, en calidad de autor, a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo.

-Juan Carlos Arriagada Echeverría, capitán (r), ex jefe de la Unidad de Apoyo Especial del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Jorge Luis León Alessandrini, ex dentista del Departamento de Sanidad Dental del CIE, en calidad de cómplice, a la pena de tres años de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Hald, brigadier general (r),  ex jefe de Contrainteligencia del CIE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Hernán Ramírez Rurange, brigadier general (r), ex director de la DINE, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Juan Fernando Alfredo Torres Silva, general (r), ex auditor general del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 800 días de presidio menor en su grado medio.

-Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, coronel (r), ex jefe del Departamento IV de la Auditoría General del Ejército, en calidad de encubridor, a la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio.

Casi dos años antes, el 19 de julio de 2002, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago había anulado una sentencia del juez Valenzuela Patiño y en segunda instancia había condenado a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca a los reos Carlos Herrera Jiménez, Álvaro Corbalán Castilla y Armando Cabrera Aguilar. También aplicó una pena de diez años de presidio a Osvaldo Pincetti Gac.

Los “gurkas” salen a golpear en las calles

En diciembre de 1982 se convocó a un mitin sindical en la Plaza Artesanos, junto a la Vega Central, en los inicios del barrio Recoleta, inmediatamente al norte del río Mapocho. A las seis de la tarde, cuando ya estaban congregadas varias decenas de personas, ante la presencia de reporteros y corresponsales de prensa extranjeros, aparecieron de improviso unos 50 hombres vistiendo parkas, zapatillas y jeans y portando laques, cadenas, manoplas, palos y otros elementos contundentes. Se desplazaban con movimientos previamente concertados y empezaron a golpear a quien se le pusiera por delante, eligiendo como blancos preferidos a los periodistas y fotógrafos. Algunos reporteros gráficos lograron a captar a varios de ellos y escaparon presurosos del lugar. 

El apaleo fue rápido y brutal. Reporteros de las radios Chilena y Cooperativa, de la revistas Hoy y Análisis, entre otros, cayeron al suelo bañados en sangre mientras sus colegas trataban de ayudarlos a salir del sector. En pocos minutos los agresores desaparecieron en medio de la confusión de los presentes.

El piquete represivo lo dirigía el capitán de Carabineros Francisco Zúñiga, el mismo que cercenaría pocos meses después las muñecas del carpintero Juan Alegría Mundaca. Zúñiga estaba adscrito desde comienzos de abril de 1982 a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, pero desde allí fue enviado en comisión de servicios a la CNI, bajo las órdenes directas de Álvaro Corbalán, quien le encargó formar y adiestrar a un grupo de choque callejero, integrado por miembros de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y de ambas policías. 

El grupo tuvo diversas actuaciones en el arresto de grupos aislados y debutó “oficialmente” en diciembre del 82. Luego, el  1° de mayo de 1983 hizo una nueva  aparición pública –aún más brutal- en el acto conmemorativo del Día del Trabajo, organizado por la Coordinadora Nacional Sindical, que presidía Manuel Bustos, en la Plaza Artesanos.

Los llamados “gurkas” por la prensa, en alusión a los feroces combatientes nepaleses que lucharon por Gran Bretaña en la guerra de las islas Malvinas, actuaron ante la total permisividad de los carabineros apostados en el lugar, dirigidos por dos hombres, uno gordo y de barba y otro macizo, alto y de aspecto cuidado. El grupo, comandado por el capitán Zúñiga se adiestraba en las cercanías del aeropuerto de Los Cerrillos y en los patios de diversas comisarías de Santiago. Las fotografías publicadas por la prensa permitieron identificar a varios de ellos: dos cabos de Carabineros, Guido Fernández Taiba y Ricardo Rivas Baeza; Fernando Yau, funcionario de policía internacional; y Manuel Varela Mendoza, agente de la CNI.  Los vehículos en que se movilizaban tenían patentes correspondientes a diversas municipalidades de Santiago y provincias.

Los manifestantes agredidos también pudieron identificar a varias mujeres jóvenes y bien vestidas que se mezclaban con los asistentes y actuaban como delatoras. Consultadas las autoridades del gobierno al respecto, negaron la existencia de cualquier organismo paramilitar. El director de Carabineros, el general César Mendoza, declaró: “¡Esos son rumores, y como le va a creer usted a los rumores! ¡Son sólo rumores, copuchas! Eso está en la imaginación, nada más. Si supiéramos que existieran, los perseguiríamos”. 

Francisco Daniel Zúñiga Acevedo, el jefe de los “gurkas” nació en Valparaíso en 1949. Desde chico se inclinó por la  aventura y demostró una gran curiosidad por el mundo delictual. En 1969 ingresó como aspirante a la Escuela de Carabineros. En diciembre de 1970 recibió su grado de oficial en una ceremonia que encabezó el doctor Salvador Allende, quien acababa de asumir la presidencia del país.

Su primera destinación la cumplió en la Comisaría de Las Condes, donde se familiarizó con las incipientes operaciones terroristas de Patria y Libertad. En octubre de 1973, luego del golpe militar, la Corte Suprema envió a Carabineros una lista de los traficantes de droga que debían ser detenidos. El director de la policía uniformada, el general César Mendoza, eligió a uno de los que consideraba entre sus mejores hombres –el entonces mayor Luis Fontaine Manríquez-, para que comandara un nuevo grupo especial dedicado a combatir a la mafia de la droga en Chile. Nació así el OS-7, cuyos primeros integrantes viajaron a Washington para ser entrenados por el Drugs Enforcement Administrations, DEA. Entre sus integrantes figuraba Francisco Zúñiga y Luis Correa, ambos más tarde miembros de la CNI. En febrero de 1974, Zúñiga se integró al Departamento de Orden y Seguridad de Carabineros, donde permaneció dos años, hasta que en 1976 fue trasladado a la plana mayor de la Prefectura de Tarapacá y en octubre de 1977 fue redestinado al control de drogas y estupefacientes en Iquique.

Ese mismo año un fiscal militar de Arica lo encargó reo por su responsabilidad en la muerte de un presunto traficante que murió a causa de las torturas de Zúñiga. También se vio envuelto en otro episodio violento que tuvo como protagonista al joven Víctor Eduardo Monzalve, por el que fue acusado de homicidio y condenado por la Corte de Apelaciones de Iquique a la pena de diez años. El caso llegó a Santiago, y en un fallo redactado por el propio Hugo Rosende, ex ministro de Justicia de Pinochet, la Corte Suprema lo dejó en libertad y sin cargo alguno. A pesar de ello el oficial fue ascendido a capitán y obtuvo una felicitación, en agosto de 1979, por una pesquisa que culminó con la detención de un importante traficante de cocaína.

El primer “gurka” identificado por los tribunales de Justicia fue Manuel Reinaldo Varela Mendoza, capitán de Ejército, 32 años, casado, miembro de la CNI, a quien reconoció un compañero de curso en un liceo del sur. El segundo “gurka” reconocido fue el capitán de Ejército Norman Jeldes Aguilar, a quien el 13 de junio de 1985 la jueza Dobra Luksic, titular del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, encargó reo por lesiones menos graves, asignado en ese momento a un regimiento blindado de Copiapó. Por esos días también fue identificado Francisco Zúñiga como jefe del grupo. La CNI y el Ejército, en tanto, aseguraron que ninguno de sus miembros estaba en la plaza Artesanos el día de la agresión. El coronel Roberto Schmied, por la CNI, afirmó en un oficio que en esa fecha “se encontraba acuartelado todo el personal de ese organismo”.

A fines de 1990, en una larga entrevista concedida al periodista Francisco Poblete, en el diario La Época, Zúñiga reconoció su intervención en la golpiza: “Yo participé porque en Carabineros uno aprende técnicas y tácticas de control de muchedumbres, que es parte de la actividad policial”.

Sorpréndase y contenga su emoción al conocer el espantoso plan criminal ejecutado por el servicio secreto del Ejército de Chile -DINE-, para eliminar al líder de la ANEF. Seis generales y varios oficiales fueron condenados a penas de cárcel. Sólo dos cumplen cadena perpetua: los agentes Alvaro Corbalán Castilla y Carlos Herrera Jiménez, el verdugo que lo ejecutó.

BASES DEL PLAN DE ELIMINACION

En la lógica de la dictadura militar las labores de Inteligencia, para la “adopción de medidas resguardadoras de la seguridad nacional”, eran consustanciales al ejercicio del poder. O, según el Reglamento de Inteligencia del Ejército, “es una función primaria del mando”, aplicable a todos los campos de acción interno y externo –económico, diplomático y bélico-, y con repercusiones en el desarrollo industrial y comercial.

A.-INTELIGENCIA DEL EJERCITO: SU HISTORIA

         En 1967, el teniente coronel Luis Alvarado y el mayor Sergio Fernández fueron comisionados para seguir un curso especial de Inteligencia, en Fort Gulik, en la zona del Canal de Panamá. “Tales oficiales pueden ser considerados precursores de  la Inteligencia Militar chilena contemporánea”. A partir de 1968 se empezaron a impartir los primeros cursos de Inteligencia para suboficiales, enseñándose preferentemente doctrina de seguridad militar y el empleo de claves para el cifrado de mensajes secretos. El mayor Sergio Fernández creó un criptógrafo, bautizado Capfer, sigla del capitán Fernández.

Cuando se dispuso de suficiente personal capacitado se empezó a hablar del Servicio de Inteligencia Militar (SIM).

El año 1975, el mismo Sergio Fernández, entonces teniente coronel, asumió como primer director de la Escuela de Inteligencia del Ejercito, levantada en el fundo “Los Morros”, de Nos, que fuera donado por el agricultor conservador Sergio Fernández Larraín.

Ese mismo año, el general Odlanier Mena ascendió a Director de la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE).

Pero no sólo la academia de inmediato contó con el rechazo del coronel Manuel “Mamo” Contreras, director de la DINA, por cuanto daría origen a una doctrina distinta a la emanada de la ENI, instituto de la DINA, y que funcionaba desde 1974 en el fundo “La Rinconada”, en la comuna de Maipú, que fuera expropiado a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. También Contreras consideró su adversario a Mena y lo hostigó con todo lo que tenía a su alcance. “Detenían agentes míos, dejaban tarjetas de identidad falsificadas en hechos delincuenciales para culpar a la DINE. Siempre hubo problemas, los que representé. Esto terminó en septiembre de 1975, cuando se dictó una ley que subordinaba todos los servicios a la DINA. Me retiré voluntariamente, porque, además, no acepté la imposición de subordinarme a un coronel, Contreras”, declararía a posteriori el general Mena..

“Mamo” Contreras tenía a supremacía y viajaba continuamente a Estados Unidos, para articular la coordinación de la red Cóndor, según información y documentos revelados por el periodista John Dinges, autor del libro “Asesinato en Washington”, referido a la eliminación del ex Canciller Orlando Letelier.

“Cada vez que había una innovación en la Inteligencia chilena, Contreras viajaba a Estados Unidos. Hay cinco viajes y cada uno coincide con cambios importantes y con la expansión de las operaciones de la DINA, primero a nivel interno y luego a nivel internacional. Tengo confirmado con documentos secretos que no han sido desclasificados en EE.UU. que mi país mandó entrenadores a Chile, para ayudar a formar el modelo de la Inteligencia nacional. Contreras viajó a EE.UU. en marzo de 1974 y los entrenadores llegaron aquí en junio, julio o agosto, el año en que la DINA se está formando y hay gran actividad de los aparatos represores. Puede ser coincidencia o no, pero cuando termina el entrenamiento, Contreras manda a su gente a su primera operación internacional: el asesinato de (Carlos) Prats, (ex Comandante en Jefe del Ejercito, ultimado en Argentina por un bombazo) (30).

B.- SU ESTRUCTURA ACTUAL

Las funciones de Inteligencia en el Ejército de Chile las cumple una organización interna denominada DINE, dependiente del Jefe del Estado Mayor del Ejército, mayor general Enrique Morel Donoso, el año 1982. Su moderna estructura orgánica –desde marzo de 1981 a enero de 1983- presentaba el siguiente diseño funcional y dotación de oficiales superiores (31):

·        Director, general Ramsés Arturo Alvarez Sgolia; Ayudante, mayor Juan Carlos Uribe; Asesor jurídico, Marcos Alvear Rabanal; Secretario de coordinación, brigadier Marcos Lucares Robledo; ayudantía general; oficina de seguridad y centro criptográfico.

·        Debajo de la cúpula venían los siguientes Departamentos: Inteligencia, a   cargo del teniente coronel Eduardo Rodríguez Soto; Contrainteligencia,   a cargo del coronel Patricio Martínez Mena; Operaciones Sicológicas, servido por el brigadier Werter Araya Stek; Relaciones Internacionales, a cargo del coronel Carlos de la Barrera Werner; Administrativo y Logístico, encargado al teniente coronel Héctor Rosales Berroeta.

·        Además, existían otras seis unidades que dependían del Director de Inteligencia: Servicio Secreto, a cargo del teniente coronel Maximiliano

·        Ferrer Lima; Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE, después Batallón de Inteligencia), a cargo del brigadier Víctor Pinto Pérez; Escuela de Inteligencia, cuyo director era  el coronel Eduardo Riquelme Andaur; Agregadurías militares en las embajadas chilenas en el exterior e investigaciones científicas, bajo la responsabilidad del teniente coronel Eduardo Arriagada; Asesoría de Planes y Estudios, sin jefe designado; y Unidad de Inteligencia en la región militar norte.

·        Por su parte, el CIE tenía en su interior la siguiente orgánica: Departamento I, Inteligencia; Departamento II, Contrainteligencia; Unidad de Apoyo Técnico, Unidad de Protección de Personas Importantes, Unidad de Seguridad Militar y Unidad de Contraespionaje, todos los cuales dependían del brigadier general Hernán Alejandro Ramírez Hald, convirtiéndolo en la tercera jerarquía de la DINE.

El cuartel general del “ejército en las sombras” estaba en un inmueble de muros altos y antenas parabólicas sobre el techo, situado hasta los ‘90 en calle García Reyes 12, casi esquina de Avenida Bernardo O’Higgins, a doce cuadras del Palacio de La Moneda. La Unidad de Contraespionaje funcionaba en el denominado Cuartel Coihueco, situado en Echeñique 5995, comuna de La Reina, parte alta de Santiago.

C.-CONTROL Y JERARQUIZACIÓN.-

El Ejército de Chile, como institución jerarquizada que es, por regla general, el jefe directo y los superiores ordenan y disponen lo que deben realizar sus subalternos, excluyendo así la posibilidad que estos últimos hagan lo que se les ocurra, puesto que los superiores directos necesariamente deben estar en conocimiento de cada una de las misiones, operaciones y encargos que el subordinado ejecutará.

Dicho de otra manera: No es posible que en un cuerpo jerarquizado, el superior directo desconozca las acciones de uno de sus subordinados. Muchísimo menos puede darse en un organismo de Inteligencia, en el que se controla -además de  la eficiencia- la seguridad de sus efectivos, especialmente en la época en  que se inserta nuestra investigación.

D.- METODOLOGÍA DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA

El sistema operaba conforme a la siguiente metodología:

a) Búsqueda, procesamiento y difusión de la información (Inteligencia positiva), utilizando fuentes abiertas y cerradas, estas últimas desarrolladas en forma encubierta.

b) Materialización de la seguridad (contrainteligencia), constituidas principalmente por operaciones contrainteligencia y OPERACIONES ESPECIALES (el destacado es del editor) de contrainteligencia, constituidas por esfuerzos planificados y ejecutados por especialistas en el ámbito del contraespionaje, contra sabotaje, contra subversión y contraguerrilla, todo lo cual se opone a la inteligencia adversaria, desarrollando medidas de negación pasivas y activas.

Estas últimas “constituidas por acciones elaboradas en procedimientos especiales adecuados para evitar que la inteligencia enemiga alcance sus objetivos específicos, como también mediante medidas positivas, constituidas por acciones especialmente concebidas para producir decepción o engaño en la interpretación que haga la Inteligencia enemiga”.

c) Actuar operativamente con medios no convencionales (operaciones especiales de Inteligencia) considera todo tipo de esfuerzos ofensivos y defensivos encubiertos, ocultos, basados en técnicas secretas que de alguna manera permitan a los medios convencionales en cualquier circunstancia, tiempo y lugar, el logro de sus objetivos con mayor seguridad, facilidad, rapidez y menor desgaste, operando tanto en los planos legales y abiertos como encubierto, según la necesidad e importancia de la labor, la cual puede estar referida a los distintos campos de acción, dentro o fuera del territorio, en tiempos de paz o guerra, destinada a fines de propios o de cooperación con el mando, mediante medios pasivos de recolección de antecedentes o recolección de antecedentes o agresivos de acciones concretas que ocasionen daños directos y de consideración, pero en todo sin dejar al descubierto o delatar a quienes inspiran o realizan las acciones, permitiendo aprovechar sus resultados en beneficio institucional o nacional, protegiendo a sus ejecutores en el tiempo.

d) Operaciones que sean rutinarias o especiales, estas últimas siempre dispuestas por la Autoridad Superior, originados en hechos específicos de importancia y trascendencia para la Defensa y seguridad nacional.

e) Influir sobre la psiquis y moral propia del adversario (operaciones psicológicas).

f) La unidad de Inteligencia institucional constituye la mayor unidad ejecutiva

especializada y técnica del Ejército, dependiente directamente del Director de Inteligencia, quien responderá de su empleo ante el Comandante en Jefe a través del Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

g) La organización de la labor de inteligencia puede superponer actividades en los campos de acción, lo cual puede producir resultados útiles para otros organismos, circunstancia que lleva a mantener la necesaria comunicación y entendimiento permanente entre quienes desarrollan dichas labores, para lograr aprovechamientos mutuos, conformándose la Comunidad de Inteligencia, Comités de Inteligencia y Consejos de Inteligencia.

h) Teniendo en cuenta el compromiso en el obrar, la selección del personal que ingrese al sistema de Inteligencia debe ser voluntaria.

E.-SENTENCIA DEL GENERAL: ¡ES UN TRAIDOR, ELIMINENLO!

El entonces jefe de la DINE, general Ramsés Arturo Alvarez Sgolia, de carácter arrebatado, razonó conforme señalaba la “doctrina” de Inteligencia.   “Política e inteligencia son compañeras de cuarto”, reza una frase del teniente general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Eugene Tigue.  Es decir, percibió como perjudiciales las actividades realizadas por Tucapel Jiménez. Su relación tanto con personas de relevancia política nacional como con organizaciones internacionales de trabajadores. El logro del boicot a las exportaciones de productos de empresas chilenas por parte de la AFL-Cio. Y su convocatoria unitaria del mundo sindical junto con el llamado a paro nacional. Todo ello constituía “un sabotaje para con el buen éxito del Gobierno”, encabezado por el Comandante en Jefe del Ejército.

Y, asimilando lo ocurrido con Walesa en Polonia, creyó que la estrategia de Jiménez “podría representar el inicio de actividades de desestabilización de las autoridades gubernamentales”.

Conforme a ello, “decide implementar una Operación Especial de Inteligencia, de carácter no convencional, positiva y encubierta, con el objeto que las autoridades obtengan el logro de sus planificaciones con mayor tranquilidad, facilidad, seguridad, rapidez y menor desgaste, en el campo de acción económico, que entiende redundaría en beneficio institucional y nacional, al mismo tiempo que influiría negativamente en la psiquis de los opositores al Gobierno”.

Ese año 1981 la psiquis del general Arturo Álvarez estaba cegada con el operativo anti-Tucapel. No lo amilanó las graves secuelas dejadas por los asesinatos perpetrados en febrero en la ciudad nortina de Calama, por dos agentes CNI –Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez-, que secuestraron y dinamitaron a dos empleados del Banco del Estado, para robar 12 millones de pesos.

Tampoco se contagió con el estupor mundial ante dos graves atentados acaecidos con seis semanas de diferencia: 1) Lunes de 30 de marzo fue baleado el presidente norteamericano Ronald Reagan por un fanático identificado como  John W. Hinckley; y 2) miércoles 13 de mayo, el Papa Juan Pablo II resultó gravemente herido por un terrorista, Alí Agka, que le disparó desde la multitud, en San Pedro, Roma.

A estos dos magnicidios se sumó un tercero, ocurrido casi cinco meses después: El martes 6 de octubre, mientras presenciaba un desfile militar, el presidente de Egipto, Anwar Sadat, fue atacado mortalmente con armas automáticas por un grupo fundamentalista. Todos estos casos aumentaron en el primer mundo la conciencia del terrorismo y la vulnerabilidad de sus dirigentes.

Como Álvarez Sgolia tenía bajo su mando la única Unidad Ejecutiva dentro del Ejército, denominada CIE, que no está vinculada directamente al Comandante en Jefe, procedió directamente a “implementar lo planificado junto a quien se desempeña como Comandante de la ultra secreta unidad, coronel Víctor Raúl Pinto Pérez”.

Hizo una labor de convencimiento con todos los implicados en forma personal o a través de otros

-“Es un traidor a la Patria y hay que eliminarlo”,  sentenció Álvarez Sgolia a cada uno de sus oficiales jefes, haciéndolos cerrar filas con él. Pinto Pérez se encargó de súper vigilar su desarrollo, entregando su ejecución a un oficial y suboficiales del Ejército, a quienes proporcionó el apoyo material y logístico pertinente, todo lo cual denominaron “Operación Especial de Inteligencia destinada a la eliminación física de Tucapel Jiménez Alfaro”.

F.- BOCHORNO Y SELECCION DE EJECUTORES .-

Esta operación en un primer momento no prosperó por la negativa (“falta de compromiso”, lo tildaron) de los oficiales asignados a la misión. El fracasado comando sicario lo integraron los oficiales: Julio Infante, jefe del Cuartel Coihueco,  y los artilleros Claudio Sepúlveda y el comandante Enrique Vejar (este entró después a la Universidad Bernardo O’Higgins, a estudiar leyes), pretextando variadas excusas. Posteriormente, se conoció que fueron humillados en privado y en público por oficiales del alto mando.

Para evitar otro bochorno, el general Alvarez Sgolia seleccionó directamente al nuevo comando ejecutor. En primer lugar, a dos oficiales que se encontraban con destinación extrainstitucional en la CNI: Teniente Coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima y Capitán Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, alias operativo “Mauro” o “Bocaccio”.

El primero, del arma de Infantería, nombrado oficial el 1º de mayo de 1964. Se integró a la DINA en agosto de 1974, donde fue miembro de su Estado Mayor. Alias “Max Lenou”, estuvo a cargo de la casa de torturas José Domingo Cañas y luego del campamento de prisioneros “Villa Grimaldi”. Fue integrante del directorio de la Sociedad Pedro Diet Lobos en Buenos Aires, una firma de fachada de la estructura financiera de  la DINA.

El segundo, del arma de Artillería, nombrado oficial en 1971, cuando tenía 20 años de edad. Desde  1971 a 1978 destinado en el Regimiento Dolores de Iquique, donde cumplió funciones en el Centro de Inteligencia Regional (CIRE) y en el Departamento Especial de Inteligencia (DEI). Luego pasa a la Escuela Militar y a fines de 1978, a la CNI, en la brigada que combatía al MIR. Y a fines de 1981, destinado  al CIE.

Para tales efectos obtuvo algunos arreglos internos para darle cobertura a los futuros traslados. El teniente coronel Francisco Ferrer, encargado de supervisar esta vez la “Operación Tucapel”, quedó encuadrado en la DINE, trasladándose luego al CIE, donde cumplió funciones en todo momento, pues se le asignó la tarea de reorganizar el Servicio Secreto de Espionaje. Al capitán Herrera se le destinó –con fecha 3 de agosto de 1981- a la Dirección de Instrucción del Ejército, sin que cumpliera funciones específicas, aspecto que no llamó la atención de quien dirigía esa repartición, puesto que