Humberto Medina Óscar

En sendos fallos de la Segunda Sala Penal se dictaron condenas en contra de tres personas que participaron en distintos casos de secuestros calificados ocurridos en las ciudades de Los Ángeles y Osorno.

La Corte Suprema dictó dos nuevas condenas en causas ligadas a investigaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

En sendos fallos de la Segunda Sala Penal se dictaron condenas en contra de tres personas que participaron en distintos casos de secuestros calificados ocurridos en las ciudades de Los Ángeles y Osorno.

En el primer fallo se dictó sentencia por los secuestros de Nelson Almendras Almendras, José López López, Juan Briones Pérez y Victoriano Lagos Lagos, cometidos a partir del 17 de septiembre y 1 de octubre de 1973 en Los Ángeles y se determinó sancionar a Óscar Humberto Medina cuatro años de presidio concediendo el beneficio de la libertad vigilada.

La decisión se adoptó en fallo dividido, donde los ministros Jaime Rodríguez, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Hernán Álvarez fueron partidarios de aplicar la sanción; mientras que los ministros Nibaldo Segura y Rubén Ballesteros fueron partidarios de la absolución acogiendo la prescripción de la acción penal.

En el segundo fallo se dictó condena por el secuestro de Humberto Salas Salas, ocurrido a partir del 24 de septiembre de 1973 en Osorno, determinando 5 y 4 años de presidio para Adrián Fernández y Rolando Becker Soliz, a quienes se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.

Con estas sentencias se completan 14 fallos de la Corte Suprema en esta materia en el año 2008 y 42 desde el año 2005.

La Corte Suprema rebajó de 10 a cuatro años la sentencia en contra del suboficial de Carabineros (r) Oscar Medina, encontrado culpable del delito de secuestro calificado de cuatro campesinos de la localidad de las Canteras, comuna de Quilleco, días después de golpe de Estado de 1973, quienes después fueron hechos desaparecer.

La decisión del máximo tribunal, que revocó una decisión anterior de la Corte de Apelaciones, implica que el ex uniformado tendrá el beneficio de la libertad vigilada gracias también a un informe favorable de Gendarmería de Chile.

El caso se tramitó en el Tercer Juzgado del Crimen de Los Ángeles, a cargo del magistrado Carlos Muñoz, y fue el primero en la zona donde hubo sentencia condenatoria en contra de autores de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a los antecedentes, el 17 de septiembre de 1973, los obreros agrícolas Nelson Almendras Almendras, José Ricardo López López, Juan de la Cruz Briones Pérez y Victoriano Lagos Lagos fueron detenidos por una patrulla de Carabineros a cargo del sargento 1º Oscar Humberto Medina, jefe del retén 'El Alamo'.

El operativo se inició en horas de la mañana con la aprehensión de José López, en la hacienda Las Canteras. Luego, el grupo – que se movilizaba en una camioneta verde del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) – detuvo a Juan Briones, de 28 años.

La lista terminó con Nelson Almendras, 22 años, quien también fue detenido en Las Canteras. Si bien la patrulla que los detuvo pertenecía al retén 'El Alamo', lo cierto es que las víctimas nunca llegaron allí. Versiones de testigos señalan haber visto la camioneta verde con las víctimas en el piso, dirigirse camino a Tucapel. Una hora después, el móvil regresó sin los detenidos. La lista de víctimas se completó el 1 de octubre con la detención de José Abraham Hernández Hernández, 51 años, cuyo paradero también se desconoce hasta hoy.

Como autor del delito de secuestro calificado de estas cinco personas fue encausado el sargento en retiro, Oscar Medina, mientras que como autores del delito de encubrimientos, a los carabineros Osvaldo Alvarez Melo y Carlos Espinosa Silva. Otros dos ex funcionarios que integraron la patrulla en esa época, ya fallecieron.

Aunque el tribunal angelino se declaró incompetente y traspasó los antecedentes a la Fiscalía Militar, que sobreseyó el caso por falta de antecedentes, la defensa de las víctimas presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema la que el 31 de enero de 2003 ordenó que la causa retornara a la justicia del crimen y, además, dispuso una serie de diligencias hasta dictar sentencia en contra de los ex uniformados.

Se trata del ex sargento Oscar Humberto Medina, condenado a diez años y un día por el secuestro calificado de cuatro obreros agrícolas en la Hacienda Las Canteras, en Los Angeles, provincia de Bío Bío, ocurrido el 17 de septiembre de 1973. Desde entonces nunca más se supo de ellos. Condena fue dictada por ministro especial para casos de derechos humanos, Carlos Aldana.

 Victoriano Lagos Lagos, casado, 6 hijos, obrero de aserradero, se encontraba frente a la Escuela Pública en la Hacienda Las Canteras la mañana del 17 de septiembre de 1973. Eran cerca de las 11:00 horas cuando frente a él se detuvo una camioneta verde oscuro propiedad del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) ocupada por Carabineros del Retén El Alamo de la 1ra. Comisaría de Los Angeles, entre los cuales se encontraba el Sargento 1° Oscar Humberto Medina quien conducía el vehículo. Rápidamente, los uniformados lo detuvieron, previamente habían allanado su domicilio, registrándolo completamente en busca de unos "bultos" que jamás fueron encontrados. La esposa de Victoriano Lagos Lagos, Graciela Alarcón González, logró reconocer al Sargento Medina entre los aprehensores. Al enterarse de la detención de su esposo no pudo movilizarse inmediatamente ya que uno sus hijos permanecía enfermo en cama. Esa mañana ya habían sido detenidos por los mismos carabineros los obreros agrícolas de la Hacienda Las Canteras, José López López y Juan Briones Pérez y posteriormente detendrían a Nelson Almendras Almendras en distintos lugares de la referida hacienda. En todos los casos los funcionarios policiales actuaron de un modo similar, sin presentar orden de detención. Las acciones judiciales iniciadas por esos años, no dieron resultado. Sólo en los últimos años, esta causa empezó a registrar algunos avances, en las indagaciones realizadas por el Tercer Juzgado del Crimen de Los Angeles, donde el caso se empezó a investigar a partir de 1996. Importante papel ha cumplido en esto el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Fue así como en julio de 2004, el tribunal procesó a tres carabineros por la desaparición de los cuatro campesinos detenidos en el sector Las  Canteras. Así, fueron encausados los cabos Osvaldo Alvarez Melo y Carlos Espinoza Silva, por el delito de encubrimiento, mientras que el sargento Oscar Humberto Medina, fue procesado como autor material de los secuestros y que actuó como jefe de la patrulla policial que practicó las detenciones. Pero en noviembre del mismo año, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, revocó los autos de procesamiento de dos de los tres carabineros, manteniendo sólo el de Medina. Con el tiempo y tras ser nombrado ministro especial para casos de violaciones a los derechos humanos, el ministro de la Corte de Apelaciones, Carlos Aldana se hizo cargo de este proceso. Fue así como el 30 de octubre de 2006 dictó sentencia en contra de Oscar Humberto Medina, condenándolo a la pena de diez años y un día. A comienzos de 2007, se empezó a tramitar la apelación de la sentencia en el tribunal de alzada y recién el 18 de marzo de 2008, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones conoció la apelación. Pero el fallo no estuvo de inmediato. Pasaron 23 días hasta que se dictó la resolución 12789, que en lo sustancial confirmó la sentencia del ministro Aldana en contra de Oscar Humberto Medina.

El escrito redactado por el ministro Claudio Gutiérrez, señala en lo medular que “en base a los mismos (hechos y conocidos y manifestados en el proceso), a estos sentenciadores les es válido deducir, por vía de presunción, que el secuestro de los ofendidos de autos se debió particularmente a la acción inmediata y directa del acusado del modo como lo considera el Nº 1 del artículo 15 del Código Penal, tal como lo señaló el señor juez de primera instancia; Consecuencialmente, debe responder por el hecho punible en calidad de autor, con lo cual se discrepa de la alegación de su defensa, quien pide su absolución por estimar que no hay antecedentes probatorios en autos que justifiquen su intervención en el hecho ilícito como autor, cómplice o encubridor”; De esta forma, la primera sentencia dictada por el ministro especial de casos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden principalmente a Concepción, Bío Bío y Arauco, quedó a firme, para tranquilidad de los familiares de las cinco personas desaparecidas y de la Agrupación que por estos años ha luchado incansablemente en busca de la verdad y la justicia.

La titular del Tercer Juzgado de Concepción acogió una demanda civil en contra del Fisco presentada por la viuda y las hijas de Nelson Almendras Almendras, detenido desaparecido desde el 17 de septiembre de 1973 y condenó al Estado al pago de una indemnización moral por cien millones de pesos.

La acción civil se funda, entre otros aspectos, en la responsabilidad civil que le cabe al Estado por las consecuencias de los hechos ocurridos que derivaron en la detención y posterior desaparición de Nelson Almendras.

El 17 de septiembre, Nelson Almendras, casado con Alicia Rodríguez Espinoza, padre de tres hijas fue detenido en el sector Villa Las Mercedes de Hacienda Las Canteras, en Los Ángeles, por 3 carabineros que se movilizaban en una camioneta de propiedad del Servicio Agrícola y Ganadero.

A cargo de esa patrulla, estaba el sargento primero Oscar Humberto Medina, quien se desempeñaba como jefe del retén El Álamo de Carabineros de Chile y que, al ser consultado por la cónyuge del detenido, manifestó que posteriormente se les indicaría el lugar donde quedaría detenido, lo que nunca ocurrió. Desde esa fecha jamás volvió a ver a su esposo.

Pese a las diversas diligencias que hizo la cónyuge, a los recorridos y averiguaciones que efectuó, nunca volvió a saber de su marido, debiendo hacerse cargo sola de sus tres pequeñas hijas, Daniette, 3 años, Maryetts de 2 y Nora de 1 año de edad. Como los ingresos de Alicia siempre fueron bajos, la infancia de sus hijas fue muy pobre. Pero no sólo tuvieron carencias materiales, también sufrieron carencias emocionales, “producto de la ausencia del padre, por el motivo ya referido, y de la propia madre, quien por su trabajo, nunca estaba en la casa y, cuando llegaba, las niñas ya se encontraban durmiendo y al cuidado de una hermana de la demandante”.

En el año 1990, Alicia Rodríguez se encontró con el sargento Medina en la Iglesia de Los Capuchinos en la ciudad de Los Ángeles, oportunidad en que ella le pidió que le contara la verdad sobre lo que le había pasado a su marido. El aludido le dijo que se encontraran en un lugar, día y hora determinados para conversar, sin embargo, don Oscar Medina no apareció a la cita y que, días después, al encontrarse nuevamente con él, le señaló que no volviera a preguntarle más sobre el tema o si no cualquier cosa podría pasarle a ella.

Estos hechos fueron conocidos por el Tercer Juzgado del Crimen de Los Ángeles, que condenó a Oscar Humberto Medina a la pena única temporal de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio y al pago de las costas del pleito, por su responsabilidad como autor de cuatro delitos de secuestro calificado, cometidos entre el 17 de septiembre y el 1 de octubre de 1973, en las personas de Nelson Cristian Almendras Almendras, José Ricardo López López, Juan de la Cruz Briones Pérez y Victoriano Lagos Lagos.

Deducidos los recursos pertinentes, se condenó finalmente a Oscar Humberto Medina a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, accesoria de inhabilitación absoluta y perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena, por los delitos ya indicados.

De lo anterior, se desprende claramente la responsabilidad jurídica del Estado, derivado del actuar de sus agentes ya que “Nelson Almendras Almendras fue víctima de agentes del Estado, teniendo actualmente el carácter de detenido desparecido“. Esto es una verdad oficial, pues su caso figura en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Los abogados que representan a las demandantes, Mabel Gajardo, Sergio Bustos y Oscar Vega, exponen en la demanda, que como consecuencia directa “del secuestro del padre y cónyuge de sus representadas, estas sufrieron un profundo daño moral derivado de la pérdida de la figura paterna, quien les daba seguridad y el sustento económico, a lo que se une el dolor permanente de no tener noticias de su paradero y tener que soportar toda clase de injurias y calumnias contra su familiar que fueron levantadas por las autoridades del régimen político de esa época con la finalidad de justificar su secuestro”.

En parte de los argumentos para rechazar la demanda, el demandando, es decir el Fisco de Chile, representando por el Consejo de Defensa del Estado, expresa- entre otros argumentos- que a través de la ley 19.123 123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, se buscaba “reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”.

Detalla las compensaciones que se establecieron como medidas de reparación para compensar los daños morales y patrimoniales, por tanto considera que no se pueden exigir nuevamente.

Al dictar su resolución, la jueza del Tercer Juzgado Civil de Concepción, Carola Rivas Vargas, señala que “atendida la existencia de un actuar ilícito por parte de agentes del Estado, el daño causado, el reconocimiento que ha hecho la Ley 19.123 de la calidad de víctima de violación de los derechos humanos de don Nelson Cristian Almendras Almendras y la calidad de personalmente afectados por la desaparición de cónyuge e hijas que tienen las demandantes, se han configurado todos los requisitos que hacen procedente la responsabilidad civil del Estado, que se ha demandado ante este tribunal, conforme lo habilita la Carta Fundamental, por la vía de la acción de indemnización de perjuicios deducida en autos”.

Respecto de la pensión de reparación que menciona la parte demandada, la resolución de la jueza Rivas indica que dicho mecanismo “constituye más bien un beneficio de carácter social destinado a paliar, en parte, el desamparo económico en que las familias de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos o víctimas de violencia política quedaron tras la muerte o desaparición de su familiar, por lo general, el jefe de hogar, pero no constituye en sí misma una indemnización del daño moral sufrido por ellos si se considera que no aparece, en la determinación del monto de la denominada pensión, que se hayan considerados elementos específicos y personales de quien ha debido soportar el dolor de la pérdida de un familiar, por el contrario, la cuantía de ella obedeció a criterios generales que corresponde, a través de esta sentencia, particularizarlos al caso concreto. A su vez, la propia ley la ha declarado compatible con otras modalidades de pensión o de otorgamiento de beneficios”.

Al referirse a la responsabilidad del Estado, el fallo señala que “tratándose de delitos cometidos por Carabineros en el ejercicio de su función pública, en que éstos, durante un período de extrema anormalidad institucional, representaban al gobierno de la época, y en que al menos en el caso de autos claramente se abusó de aquella potestad y representación, produciendo agravios de tanta gravedad como los que aquí se estudian, el Estado de Chile no puede eludir su responsabilidad legal de reparar dicha deuda, no siendo suficiente ni completa su esmerada actuación durante la persecución penal”.

Por sentencia de primer grado de 30 de octubre de 2006, confirmada por la Corte de Apelaciones de Concepción el 10 de abril de 2008 se condenó a Oscar Humberto Medina, quien a la fecha de desaparición de Nelson Cristian Almendras Almendras, era Sargento de Carabineros, de dotación del Retén el Álamo o Las Canteras y quien practicó su detención, como autor del delito de secuestro calificado en contra de la mencionada persona a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Dicho fallo fue modificado por la Corte Suprema, mediante sentencia de reemplazo de fecha 11 de diciembre de 2008, condenándose en definitiva a don Oscar Humberto Medina a la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de condena y a satisfacer las costas de la causa.

En cuanto al monto de la indemnización solicitada, la titular del Tercer Juzgado Civil indica que en la determinación del monto de la indemnización por daño moral serán considerados, respecto de Alicia Rodríguez Espinoza, “la angustia de la detención de su cónyuge por funcionarios de Carabineros, la búsqueda que hubo que hacer de su paradero, el tener que soportar el paso de más de 30 años hasta lograr que se investigaran concienzudamente los antecedentes de su desaparición por un tribunal donde finalmente se obtuvo la condena penal del culpable de este delito, todo lo cual incluso, está refrendado por las declaraciones testimoniales de Guillermina Sánchez Candia, Nubia López Sepúlveda y de Renulfo Sandoval Alveal quienes se encuentran contestes en afirmar que la demandante Alicia Rodríguez Espinoza sufrió daño moral producto del secuestro calificado de Nelson Almendras Almendras, por no saber nada de él ni dónde está, realizando una búsqueda interminable y sin resultados, además del dolor de no poder darle una cristiana sepultura”.

Respecto de sus hijas, se señala que los testigos coinciden en que el dolor que sufrieron deriva de la la ausencia de su padre durante su infancia, las carencias económicas que debieron soportar a raíz de la desaparición del sostén económico familiar, lo que les generó una vida muy empobrecida y de privaciones.

Por estas razones, se acoge la demanda, condenándose al Fisco de Chile al pago, por concepto de indemnización por daño moral, a la suma única y total de $100.000.000, cien millones de pesos.