Hidalgo Luis Alberto

El magistrado sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de 15 detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel ® de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel ® de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial ® de Carabineros Luis Alberto Hidalgo

 Sus primeros procesamientos después del sobreseimiento definitivo de Augusto Pinochet dictó ayer el ministro instructor Juan Guzmán, con lo que el magistrado marcó la línea que seguirá de no declararse incompetente para seguir conociendo de los distintos procesos acumulados en sus manos, a pesar del sobreseimiento definitivo del ex jefe del Ejército.
El juez Guzmán sometió a proceso como autores del delito de secuestro calificado de quince detenidos desaparecidos a los ex gobernadores de Parral, coronel ® de Ejército Hugo Cardemil Valenzuela y al coronel ® de Carabineros Pablo Caulier Grant, además del suboficial ® de Carabineros Luis Alberto Hidalgo.
El magistrado se encuentra además trabajando en nuevos procesamientos por otros procesos que instruye, los que dictaría en los próximos días. Los encausamientos fueron dictados por el secuestro y desaparición de: Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.
Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad, a 40 kilómetros al este de Parral.
De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la mesa de diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.
El magistrado dictó estos nuevos autos de reo inmediatamente tras regresar el lunes pasado de una licencia médica, la que se inició el mismo lunes 1 de julio, fecha en que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema emitió el fallo que sobreseyó definitivamente a Augusto Pinochet de la causa Caravana de la Muerte, debido a una “enajenación mental” ocasionada por una “demencia vascular incurable”.
Originalmente esta investigación se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego la tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Colonia Dignidad del militante del MIR Alvaro Vallejos Villagrán. Tras múltiples vaivenes procesales, la causa llegó a la justicia militar, desde donde fue rescatada por abogados del Codepu y terminó acumulada en las manos del juez Guzmán.
La abogada querellante Julia Urquieta valoró que “finalmente se está haciendo justicia con las víctimas y los familiares de Parral. Varios de los desaparecidos de Parral fueron a parar a Colonia Dignidad”, dijo la abogada.
Si bien estos desaparecimientos ocurrieron en Parral antes de que allí comenzara a operar el cuartel de la DINA en 1975, en las primeras investigaciones fue inculpado el jefe de la Brigada Sur de la DINA, coronel ® Fernando Gómez Segovia

 El ministro Alejandro Solís dictó penas de cárcel de 10 a 15 años por el secuestro calificado de 21 personas en Parral.

Según Canal 13, los casos, ocurridos entre septiembre de 1973 y enero de 1974, incluyen un caso de sustracción de menor.

La sentencia de primera instancia afecta al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier, al comandante (r) de Ejército Hugo Cardemil y al suboficial (r) de Carabineros Luis Hidalgo. Ellos serán notificados hoy.

La jueza, con dedicación preferente para causas de derechos humanos, encausó por secuestro calificados al coronel (R) del Ejército Hugo Cardemil y al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grandt, además de los ex suboficiales de la policía uniformada Pablo José Duarte Vallejos y Luis Alberto Hidalgo.

Uno de los casos dice relación con la desaparición de Gaspar Hernández, un agricultor sin militancia política, que fue detenido por el 14 de octubre de 1974 en un sector rural Parral.

En tanto, la segunda víctima fue José Riveros Chávez, también sin militancia, detenido el 11 de octubre de 1973 por funcionarios de Carabineros.

Los ex uniformados, en agosto del año pasado, fueron condenados por el ministro de fuero Alejandro Solís como autores de cerca de 30 secuestros calificados. Las sentencias fueron de 17 años para el coronel Cardemil, diez años para el coronel Caulier y siete años para el ex carabinero Hidalgo.

Solís se desplazó hoy a la Séptima Región para tomar declaraciones a cerca de 12 ex prisioneros políticos, quienes podrían aportar antecedentes respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos que investiga.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago recalificó en segunda instancia las sentencias que dictó el ministro de fuero Alejandro Solís en contra de tres uniformados imputados por el secuestro calificado de 21 disidentes al régimen militar, en hechos acontecidos Parral, entre septiembre de 1973 y enero de 1974, y que incluyen un caso de sustracción de menor.

El 6 de agosto del 2003, el magistrado Solís condenó a penas de cárcel de entre 10 a 15 años al ex gobernador y coronel (r) de Carabineros Pablo Caullier Grant; al comandante (r) de Ejército, Hugo Cardemil Valenzuela y al suboficial (r) de Carabineros, Luis Hidalgo.

En votación dividida (2-1) el tribunal de alzada capitalino conformado por los ministros Alejandro Madrid, Juan Muñoz Pardo y Humberto Provoste, resolvió aumentar de siete a diez años y un día el castigo impuesto a Hidalgo; mantener la sanción de diez años de cárcel a Caulier; y disminuir de 17 años a 15 años y un día de presidio mayor la condena a Cardemil Valenzuela.

La investigación iniciada a comienzos de esta década por el retirado magistrado Juan Guzmán Tapia, permitió determinar la responsabilidad que le compete a los acusados en las desapariciones de Enrique Carreño González, Rolando Ibarra Ortega, Edelmiro Valdés Sepúlveda, Haroldo Laurie Luengo, Hernán Sarmiento Sabater, Armando Morales Morales, José Luis Morales Ruiz, Aurelio Peñailillo Sepúlveda, Luis Pereira Hernández, Armando Pereira Merino, Oscar Retamal Pérez, José Riveros Chávez, Enrique Rivera Cofré, Hugo Soto Campos y Víctor Vivanco Vásquez.

Todos fueron detenidos entre el 11 de septiembre de 1973 y 1974 en Parral, conducidos a la comisaría y a la cárcel de la ciudad, pero en varios casos su rastro se perdió luego de ser puestos a disposición de la Fiscalía Militar de la zona. En algunos de los casos sus familiares han manifestado que existen antecedentes de que éstos habrían sido llevados a Colonia Dignidad.

De ellos, Carreño González, Morales Morales, Peñailillo Sepúlveda, Retamal Pérez, Riveros Chávez y Soto Campos, aparecen en el informe de las Fuerzas Armadas emanado de la Mesa de Diálogo sobre derechos humanos, como lanzados al río Putagán.

Originalmente este proceso se inició en Parral a partir del Informe Rettig en 1991, luego lo tomó el juez del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago Lientur Escobar, que investigaba la desaparición en Villa Baviera del militante del MIR Álvaro Vallejos Villagrán.

 Resolución del tribunal dejó sin sanción uno de los crímenes más espeluznantes cometidos durante la dictadura y provocó desesperanza e indignación entre los familiares de las víctimas.

El último "regalo de Pascua" de la Sala Penal de la Corte Suprema tiene a los familiares de los 22 desaparecidos de Parral con la sensación de que lucharon 30 años para buscar justicia, pero no lo lograron.

El ministro Alejandro Solís había condenado a presidio a los autores de los secuestros con desaparición -17 años al coronel de Ejército (R) Hugo Cardemil Valenzuela, 10 años al coronel (R) de Carabineros Pablo Caulier Grant y 7 años al suboficial (R) de Carabineros Luis Alberto Hidalgo-, pero los cinco ministros de la Sala Penal rebajaron las condenas iniciales y los dejaron libres.

Pese a que a Cardemil lo sentenciaron a 5 años y a Caulier a 4 años -Hidalgo había sido absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago-, la Sala Penal les concedió "libertad vigilada".

La nueva "rebaja Suprema" -como ha sido calificada la sistemática reducción de condenas a los violadores de derechos humanos- tiene una especial connotación pues fue aplicada en uno de los casos más espeluznantes.

EN EL FUNDO

Los 22 detenidos fueron sacados, entre septiembre y octubre de 1973, desde la cárcel de Parral y el retén de Catillo en la VII Región, conducidos a la Escuela de Artillería de Linares, donde servía Cardemil, y desde allí llevados a Colonia Dignidad.

Allí los mataron con ayuda de los alemanes y los sepultaron en una fosa clandestina. A fines de 1978, por instrucción de Pinochet, Paul Schaffer ordenó "limpiar el fundo". Los cuerpos fueron desenterrados, metidos en sacos, quemados con fósforo químico y las cenizas arrojadas al río Perquilauquén. La operación la encabezó Gerhard Mücke, como el mismo lo reconoció ante el ministro Jorge Zepeda.

LOS OTROS AUTORES

De esta manera, los ministros de la Sala Penal, principalmente los magistrados Rubén Ballesteros y Nibaldo Segura -jueces partidarios del perdón absoluto a los criminales del régimen de Pinochet-, dejaron en total impunidad uno de los episodios más conmovedores y masivo del pasado sistema opresor.

Los jueces Hugo Dolmetsch, Jaime Rodríguez y el abogado integrante Juan Carlos Cárcamo dejaron las condenas para Cardemil y Caulier en 5 y 4 años respectivamente, pero les concedieron la libertad vigilada. Ballesteros y Segura estuvieron por absolver totalmente a los autores, pues son partidarios de la amnistía y la prescripción por el paso del tiempo y de desconocer tratados y convenciones de la legislación penal internacional que condena los delitos de lesa humanidad.

Agrupaciones nacionales de familiares de desaparecidos y ejecutados, abogados querellantes y los parientes de las víctimas de Parral han comenzado a manifestar su indignación por esta nueva resolución de la Sala Penal.

Ya anteriormente lo hicieron, protestando ruidosamente por otros casos ante las puertas de este tribunal.

Familiares de las víctimas de Parral viajarán a Santiago en los próximos días para protestar por esta decisión, en contra de la que ya no caben más recursos.

La ola de rebajas a las condenas en este tipo de juicios tendrá todavía su punto más álgido cuando el presidente de esta sala, Alberto Chaigneau, se retire en enero próximo al cumplir 75 años. En muchas oportunidades Chaigneau ha inclinado con su voto la balanza a favor de hacer justicia real por los crímenes del régimen militar, aunque también ha dado su visto bueno para rebajar sustancialmente algunas condenas.

Quien suceda a Chaigneau será vital para brindar mayoría en uno u otro sentido.