Hernández Franco Nelson Edison

En otra decisión del tribunal, se concedió la excarcelación a dos procesados por el crimen de Tucapel Jiménez.
El coronel de Aviación (r) Edgard Ceballos Jones recuperó ayer su libertad por decisión de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Con los votos del ministro Domingo Kokisch y del abogado integrante Raúl Allendes, el tribunal resolvió que no hay diligencias pendientes que ameriten que el oficial continue privado de libertad. Por mantener la decisión del Noveno Juzgado del Crimen de Santiago, que había negado la excarcelación se pronunció el abogado integrante Benito Mauriz.

El proceso judicial contra Ceballos se mantendrá vigente, aunque el coronel ahora lo enfrentará en libertad, tras permanecer en prisión preventiva en un recinto institucional desde que fue procesado a fines de enero.

La causa contra el oficial de la FACh en retiro se refiere a la desaparición de once dirigentes de izquierda y el homicidio del comunista Alfonso Carreño Díaz.

Su defensa valoró ayer que la Corte de Apelaciones de Santiago "reconociera su derecho a la libertad provisional". Para el abogado Jorge Balmaceda se está comenzando a hacer justicia a los militares procesados por causas de derechos humanos.

El profesional espera tener pronto acceso al sumario para pedir la anulación del procesamiento del oficial. Balmaceda estima que no hay fundamentos para mantener la causa contra su cliente. Asimismo, abogó ayer para que se cumplan las diligencias que restan de la causa a la brevedad.

Lógicamente el abogado querellante Francisco Bravo manifestó una posición diferente respecto de la responsabilidad del coronel en retiro. Consideró "insólita y decepcionante" la resolución del tribunal. Recordó que el procesamiento de Ceballos se basa en los delitos de homicidio calificado, asociación ilícita genocida y secuestro. En su opinión, es inconcebible que a una persona se le conceda la excarcelación en circunstancias que se le inculpa de esos crímenes y hay 45 diligencias pendientes en la causa.

Este proceso fue pedido recientemente por la justicia militar, pero la Sala Penal de la Corte Suprema, con el voto en contra del auditor del Ejército, brigadier de Justicia Juan Romero, resolvió mantenerlo en el Noveno juzgado del Crimen de Santiago.

Edgard Ceballos Jones fue jefe del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile (SIFA). Los querellantes lo responsabilizan de acciones contra miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista.

Resolución en Caso
Tucapel Jiménez

Ayer también recuperaron su libertad dos procesados por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez. Por resolución de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago se concedió la excarcelación a Humberto Calderón Luna y al suboficial (r) de Carabineros Héctor Lira Aravena.

El tribunal con los votos del ministro Juan González y la abogada integrante María Cristina Navajas concedió la libertad a ambos procesados. Se pronunció por mantenerlos en prisión preventiva el magistrado Alejandro Solís.

También habían solicitado la excarcelación los ex integrantes de la brigada laboral de la Central Nacional de Informaciones (CNI) Jorge Ramírez Romero y Nelson Hernández Franco. Pero respecto de ellos, el tribunal estimó que hay diligencias pendientes que hacen necesario mantenerlos detenidos por ahora.

Calderón Luna está procesado como supuesto autor del homicidio, mientras que a Lira Aravena se le atribuye presunta responsabilidad en los seguimientos a Tucapel Jiménez previos a su muerte.

La Corte de Apelaciones de Santiago sometió a proceso a doce personas, entre ellas al general (r) Ramsés Alvarez Scoglia, ex director de Inteligencia del Ejército, por el homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez Alfaro, cometido el 25 de febrero de 1982.

El tribunal de alzada acogió así las peticiones de los querellantes y reabrió la investigación, que había sido cerrada por el ministro en visita Sergio Valenzuela Patiño, que mantenía sólo procesado al mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, a quien la corte modificó el procesamiento que pesaba sobre él al de homicidio calificado.

Seis de los autos de procesamiento son en calidad de presuntos autores del homicidio, cinco como cómplices y uno por encubrimiento.

Adem*s del general Alvarez y Herrera Jiménez, los procesados son los siguientes: Capit*n de Ejército (r) Raúl Descalsi Sporke; el ex agente de la CNI Humberto Calderón Luna; el Brigadier de Ejército (r) Víctor Pinto Pérez; el ex funcionario del DINE Maximiliano Francisco Ferrer Lima y el ex agente de la CNI Galvarino Ancavil Hernández.
También fueron encargados reos Valericio Orrego Salas, ex presidente de los trabajadores de Obras Públicas; Misael Galleguillos Vásquez, quien encabezaba la Secretaría General de los Gremios, y los ex integrantes de la brigada laboral de la CNI Jorge Fernando Ramírez Romero, Raúl Lillo Gutiérrez y Nelson Edison Hernández Franco. Por su parte el procesado por encubridor es el mayor de Ejército (r) Arturo Rodrigo Silva Valdés.

Se trata de Miguel Galleguillos, Valericio Orrego, Raúl Lillo, Nelson Hernández, Jorge Ramírez, Héctor Lira y Raúl Descalzi, los seis primeros procesados en calidad de cómplices y el último en calidad de autor del asesinato.

SANTIAGO.- El ministro Sergio Muñoz dictó hoy una resolución que absuelve de responsabilidad a 7 personas, 6 ex CNI y 1 ex DINE, quienes estaban procesadas por el asesinato del líder sindical, Tucapel Jiménez.

Estas personas son Miguel Galleguillos Vásquez, Valericio Orrego Salas, Raúl Lillo Gutiérrez, Nelson Hernández Franco, Jorge Ramírez Romero y Héctor Lira Aravena, todos procesados en calidad de cómplices.

Además, el ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército (Dine), Raúl Descalzi Sporke, quien se encontraba sometido a proceso en calidad de autor del asesinato. Por este caso además quedan aún 14 personas procesadas: 4 ex CNI y 10 ex DINE.

Ministro en visita Sergio Muñoz ya tiene encausados a tres ex jefes de inteligencia.
Con el procesamiento del general en retiro Hernán Ramírez Rurange como presunto encubridor del homicidio del líder sindical Tucapel Jiménez, el ministro en visita Sergio Muñoz ya mantiene encausados a tres ex jefes de inteligencia.

Desde que recibió la causa del ministro Sergio Valenzuela Patiño el año pasado, el magistrado ha dictado nueve autos de procesamiento contra oficiales, suboficiales y ahora tres generales, con lo que ya hay 22 encausados en el caso.

Como presunto autor del homicidio ocurrido el 25 de febrero de 1982 está procesado el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, que en el momento en que se registró el asesinato era el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), y en calidad de supuesto cómplice está encausado el general (r) Humberto Gordon Rubio, que en 1982 era director de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Ahora, el magistrado consideró que hay presunciones fundadas para estimar que el mayor general en retiro Hernán Ramírez Rurange pudo tener participación como encubridor del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez, que fue hasta el año pasado el único procesado en la causa.

Las presunciones del magistrado se basan en que la Corte de Apelaciones de Santiago consideró que Herrera fue ayudado a salir del país para eludir la acción de la justicia en 1991.

Las responsabilidades por encubrimiento se refieren a actos posteriores al crimen que signifiquen una ayuda para que el o los autores eviten ser enjuiciados. Herrera salió de Chile cuando era buscado por el caso. Fue detenido en Argentina en 1992 y extraditado por ese país en 1993.

De acuerdo con las conclusiones a las que ha llegado hasta ahora el magistrado, supuestamente en su salida de Chile, Herrera habría sido ayudado por el miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército Arturo Silva Valdés.

El nexo entre el encubrimiento y el general Ramírez estaría dado por su condición de jefe de Silva y del propio Herrera Jiménez, que también estaba asignado a la DINE.

El general Hernán Ramírez Rurange, que se encuentra bajo detención domiciliaria, desempeñó durante su carrera diversos cargos de importancia. En sus últimos años de servicio fue comandante en jefe de la Segunda División de Ejército, por lo que le correspondió ejercer como juez militar. En esa calidad debió pedir a Argentina la extradición de Herrera Jiménez en 1993, debido a que el mayor debía ingresar a cumplir la pena aplicada por la justicia castrense por la muerte del transportista Mario Fernández, registrada en 1984 en Ovalle.

Los 22 Procesados
Por el Homicidio

Con el nuevo auto de procesamiento el panorama en la causa se completa con 22 procesados. Los querellantes estiman que con esta resolución ya se acerca el cierre del sumario.

La tesis que se ha impuesto hasta ahora en el caso señala supuestas autorías de agentes de la DINE en servicio en 1982, complicidad de miembros de la CNI y sindicalistas y encubrimiento por parte de agentes de la inteligencia militar en 1991.

Como presuntos autores están procesados el general (r) Ramsés Alvarez Sgolia, el mayor retirado Carlos Herrera Jiménez, los suboficiales (r) Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el teniente retirado Raúl Descalsi Sporke, el brigadier Víctor Pinto Pérez, el teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima y el suboficial retirado Humberto Calderón Luna. También se encausó como supuesto autor a Galvarino Ancavil, cuyo paradero se desconoce.

Figuran procesados como supuestos cómplices el general (r) Humberto Gordon Rubio, el suboficial en retiro de Carabineros Luis Pino Moreno, el brigadier (r) Roberto Schmied, los ex miembros de la brigada laboral de la CNI Raúl Lillo Gutiérrez, Nelson Hernández Franco, Jorge Ramírez Romero, capitán de Carabineros en retiro Miguel Hernández; el ex junior de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales Julio Olivares Silva, el suboficial de carabineros (r) Héctor Lira Aravena, los ex dirigentes sindicales Misael Galleguillos y Valericio Orrego Salas.

El general (r) Hernán Ramírez Rurange y Arturo Silva Valdés figuran ahora como presuntos encubridores.

El ministro en visita Alejandro Madrid pedirá la extradición de tres militares uruguayos por su presunta responsabilidad en el asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos. La resolución afecta a los oficiales del Ejército uruguayo Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.

Los tres fueron procesados por el juez Madrid junto a militares chilenos por el delito de asociación ilícita, que se suma a los de secuestro y homicidio por los que ya están encausados algunos oficiales chilenos.

Los nuevos encausamientos apuntan a los generales Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, así como los oficiales Juan Pérez Santillán y Marcelo Sandoval y el suboficial Nelson Román, estos tres últimos en servicio activo.

Además, los civiles Nelson Hernández, Raúl Lillo Gutiérrez y la ex secretaria de la Unidad Especial Erika Silva, y los ex mayores enjuiciados también como autores Arturo Silva y Jaime Torres.

Los chilenos procesados enfrentan además cargos por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público.

Eugenio Berríos, de profesión químico, trabajó para la DINA en la fabricación de gas sarín, y se presume que intervino en la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, en 1982.

Asimismo, su nombre ha sido vinculado al secuestro y asesinato del diplomático español de Naciones Unidas Carmelo Soria, en 1976.

En 1991, cuando debía declarar en el proceso por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, Berríos fue sacado subrepticiamente de Chile y llevado a Uruguay, donde fue visto por última vez en noviembre de 1992, cuando se presentó en una comisaría para denunciar que estaba secuestrado.

El agente fue entregado por los policías a unos militares que llegaron tras él y nada más se supo hasta abril de 1995, cuando su cadáver, atado y con disparos en el cráneo, fue encontrado en una playa cercana a Montevideo.

En el juicio en Chile están procesados como autores los ex mayores Arturo Silva y Jaime Torres, y por obstrucción de la justicia varios otros oficiales, entre ellos los generales retirados Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubvias, ambos ex jefes de la Dirección de Inteligencia (DINE) del Ejército.

En julio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al juez Madrid una serie de diligencias, entre las que se incluía el eventual desafuero del ex Comandante en Jefe del Ejército Augusto Pinochet y la responsabilidad de otros 18 militares, entre ellos el general retirado Fernando Torres, ex auditor general del Ejército.

La abogada Fabiola Letelier, querellante en el caso, afirmó que la resolución se basa en la certeza del juez sobre la existencia de una asociación ilícita formada al interior de la DINE con el objetivo de secuestrar y asesinar a Eugenio Berríos.

Letelier, hermana de Orlando Letelier, el ex canciller que fue asesinado en Washington en 1976, agregó que una vez que estudie la resolución decidirá si solicita la reapertura de la investigación del crimen de su hermano.

Por esa muerte cumplieron condenas de siete y seis años de prisión, respectivamente, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando de esa organización.

En tanto, otro de los abogados querellantes en la causa, Tomás Ehrenfeld, señaló que el dictamen es "aplaudible" y "una acción de toda justicia".

El jurista indicó que con esta resolución se está entrando en la "obra gruesa de lo que significó esta operación para matar a Berríos y obstruir la justicia”.

Las estremecedoras revelaciones del documento adjunto forman parte del archivo que mantiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en la Embajada de los Estados Unidos en Santiago. Las razones y las circunstancias por las cuales dicha documentación obra en nuestro poder, serán dadas a conocer primero en los respectivos tribunales que investigan los temas y casos concernidos, por una cuestión de elemental imperativo de deber cívico.

Por el momento, podemos decir que se trata de un conjunto de aproximadamente cuarenta documentos, que totalizan más de doscientas páginas, las que iluminan con perturbadores destellos y contribuyen a comprender la particular configuración de la transición chilena, la actuación de la clase política dentro de ella, y la acumulación originaria de ciertos grupos empresariales del país, de una manera que el documento adjunto no es más que un anticipo.

Sin perjuicio de lo anterior, y puesto que el conocimiento de estos antecedentes constituye no sólo un derecho ciudadano, sino también un área oscura de nuestra historia que merece ser develada, estamos en condiciones de adelantar que la totalidad de la información será publicada en forma de un libro que aparecerá no bien finalice nuestra propia investigación, cotejo y verificación de los mismos.

Mientras tanto, los originales de los documentos, y una copia legalizada de cada uno de ellos, permanecerán en custodia en dos notarías distintas, desde donde un mecanismo para hacerlos públicos de manera inmediata, se activará en caso de cualquier eventualidad.

Nomenclatura

El informe con el cual inauguramos la publicación de los Documentos Secretos de la CIA en Chile, corresponde a la traducción de una recopilación de información relativa a las operaciones Coihueco, nombre cifrado del asesinato de Tucapel Jiménez; Valquiria, nombre cifrado del asesinato del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y Cóndor 2, nombre cifrado del asesinato del químico Eugenio Berríos, que registra entradas los años 1984, 1986 y 1999.

El original en inglés fue enviado a Washington DC, bajo la clasificación Secreto-3290, mientras que la anotación Eyes Only implica que se trata de un documento de solo lectura, indicativo de su alta confidencialidad.

Hasta donde sabemos, WSA es la dependencia encargada del seguimiento y la intervención en los principales medios de comunicación. AMCO, Comunicaciones Americanas, es el departamento de comunicaciones de la embajada. APO, es una sección dependiente de la CIA en cualquier país, la cual establece que la documentación con la denominación "APO" solo la puede manejar y compilar "personal autorizado", el cual sólo una vez chequeada, la envía a las otras dependencias. Una vez que APO la compila, ARA ingresa la documentación a un archivo de registros en la estación local de la CIA, sobre la base de la información suministrada por los equipos operativos.

Específicamente, en el caso de documento adjunto, la que suministraron los grupos G12 y G14, encargados de la infiltración de las áreas política y sindical, los cuales, por lo demás, siguen en plena actividad.

La veracidad de la información contenida en el documento Copia de Acción 9091 a 9097, corresponde determinarla a los tribunales competentes, los cuales tienen las facultades, atribuciones y medios para hacerlo.

Por nuestra parte, la decisión de publicar dicho documento obedece, tanto a los antecedentes que le puede entregar al Ministro en Visita, Alejandro Madrid, que no por casualidad acumula la investigación de los casos Frei y Berríos, como a los resultados de nuestro propio cotejo de la información, que de manera suficiente para la norma, la ética y el método periodístico, apunta a la autenticidad de los datos.

Mérito judicial

El desglose de la información del acápite 9091, relativo a la Denominación Operativa Coihueco, esto es, el asesinato de Tucapel Jiménez Alfaro, acaecido en 25 de febrero de 1982, no ofrece diferencias sustantivas respecto de la investigación del Ministro en Visita Sergio Muñoz, pero suministra algunos antecedentes no conocidos. Por de pronto, la participación, en diversos grados, de los generales Arturo Alvarez Sgolia, Hernán Ramírez Rurange, Humberto Gordon y Fernando Torres Silva, del mayor Carlos Herrera Jiménez, del coronel Arturo Silva Valdés y de los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Mnauel Contreras Donaire, aparece acreditada hasta el punto de la condena de la mayoría de ellos.

En cambio, en el fallo no aparece establecida la intervención de la UAT, Unidad Especial de Inteligencia Militar según el documento de la CIA, una escasamente conocida unidad de intervención directa, que respondía directamente a Pinochet, por encima del mando jerárquico de los servicios de inteligencia formales, y que aparece directamente implicada en los homicidios de Tucapel Jiménez, Eduardo Frei, Eugenio Berríos y Gerardo Huber Olivares, bajo el móvil de “neutralizar” potenciales amenazas para la dictadura en los dos primeros casos, y de prevenir posibles filtraciones de esas operaciones a los tribunales, en los dos segundos.

Tampoco existe novedad respecto a la participación de la Brigada Sindical de la CNI y de la Secretaría General de los Gremios en las labores de inteligencia previa y encubrimiento posterior. Los nombres de Misael Galleguillos, Raúl Lillo Gutiérrez, Miguel Hernández, Francisco Ferrer Lima, Valericio Orrego y Eduardo Arriagada Rehren, aparecen profusamente mencionados en el proceso, lo mismo que Jovino Novoa Vásquez, actual Presidente del Senado. Pero el informe de la CIA implica al Ministro del Interior de la época, Sergio Fernández Larraín, y agrega dos nombres que no aparecen en la investigación: Nelson Hernández Franco, al cual el mismo documento identifica posteriormente como enlace con Agustín Edwards, y Luis Becerra, quién por cerca de veinte años se desempeñó como chofer de Eduardo Frei Montalva.

Una secuela inquietante emerge del cotejo de las fechas consignadas en el documento -1984, 1986 y 1999- en circunstancias de que mientras lo conoció el Ministro Sergio Valenzuela Patiño, el proceso estuvo virtualmente paralizado, y que sólo en los últimos dos años previos al fallo, registrado el 5 de agosto de 2005, el Ministro Sergio Muñoz logró desentrañar la trama.

Esto significa, ni más ni menos, que desde 1984, y en todo caso en 1999, la CIA, y por tanto el gobierno norteamericano, tenían acabado conocimiento de la conspiración para asesinar a Tucapel Jiménez, atribuida a Pinochet en persona, y de los implicados en la misma. Es fácil deducir el poder de negociación que asigna la posesión de información de semejante calibre.

Operación Valquiria

El segundo capítulo se inicia con una información hasta hoy desconocida. En clave operativa, el asesinato del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva, se denominó Operación Valquiria, el mismo nombre utilizado por los conspiradores que intentaron acabar con Adolfo Hitler, mediante un atentado con explosivos, el 20 de julio de 1944.

Muchos de los nombres de los involucrados se repiten porque, según el informe de la CIA, “se crearon dos frentes de acción paralelos para el desarrollo de estos dos objetivos, Valquiria y Coihueco”. A mayor abundamiento, precisa que “a través de la Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT, la cual depende directamente del Comandante en Jefe General Augusto Pinochet, se desarrolla unidad operativa Valquiria, DC. Su objetivo principal era neutralizar y eliminar a Eduardo Frei Montalva”.

Siempre según el documento, de los aspectos económicos y logísticos se encargó la empresa Elissalde y Poblete, una de las fachadas que utilizaba la DINA para financiar sus operaciones. Nombres como los de Luis González Sepúlveda, Juan Jara Quintana, Alicia Uribe, Alejandro Campos, Fernando Arancibia Reyes y Fernando Suau Baquedano, aparecen frecuentemente mencionados tanto en procesos judiciales como en páginas de periodismo de investigación.

En los aspectos operativos intervinieron, según el documento, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINE; la Unidad de Contraespionaje, CIE; el Comando de Apoyo Táctico, CAT; el Departamento Exterior de la Central Nacional de Informaciones, CNI y el Complejo Químico del Ejército, IST.

Entre los nombres, figuran agentes que también aparecen mencionados en los asesinatos de Eugenio Berríos, y/o de Tucapel Jiménez, casos de Fernando Torres Silva, Hernán Ramírez Rurange, Eugenio Covarrubias Valenzuela, Arturo Silva Valdés y Raúl Lillo Gutiérrez, todos los cuales están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid, en el caso Berríos.

En palabras del informe de la CIA, el asesinato del ex-Presidente Frei se produjo por la inoculación, en cada una de las cuatro operaciones quirúrgicas, de sustancias tales como gas mostaza y el bacilo Clostridium Botulinum, ingresado por agentes de la DINE infiltrados en la Cancillería chilena.

El documento reporta acciones directas o indirectas, de los doctores Patricio Silva Garín, Augusto Larraín Orrego, Eduardo Wainstein, Rodrigo Vélez Fuenzalida, Sergio Virgilio Bocaz, Pedro Samuel Soto, Helmar Rosenberg, Eduardo Arriagada Rehren, Sergio Rosende Oyarzún, Alejandro Goic y Enzo Fujide. En la faena de embalsamar el cadáver y bloquear los indicios de las toxinas, aparecen mencionados los doctores Patricio Rojas Saavedra, Patricio Silva Garín, Hernán Barahona, Helmar Rosenberg y Sergio González Bombardiere, así como el auxiliar Humberto Gallardo.

Para el suscrito, ninguna de estas informaciones constituye una novedad, toda vez que se ajusta con milimétrica precisión a las líneas de investigación que lleva adelante el Ministro Alejandro Madrid, como consignamos en las ediciones 1447 y 1437. Pero es posible que al Ministro le interese interrogar a Juan Renán Quintana, María Eugenia Valenzuela y Julio Lobos Romero. Se presume que el Ministro Alejandro Madrid expedirá sus primeras resoluciones en el curso de este año. Por tanto, resulta altamente llamativo que la CIA maneje esta información, al menos desde 1999.

Paquete Berríos

Muchos de los nombres, como Ramírez Rurange, Covarrubias Valenzuela, Silva Valdés, Lillo Gutiérrez, y Herrera Jiménez reaparecen en la operación de “extracción” del país y posterior asesinato del químico Eugenio Berríos, porque, según el documento de la CIA, también fue una operación realizada por la UAT. Para hacer corto el cuento, todos los nombres que aparecen en los acápites 4, Paquete Berríos; 5, Extracción de Chile y 6, Ejecución Paquete Berríos, están sometidos a proceso por el Ministro Alejandro Madrid por su participación en diversos grados en el asesinato del químico, acaecido entre enero y marzo de 1993, en Uruguay. La mayor novedad que aporta el documento dice relación con el hecho que habría sido una delación de la estación de la CIA en Buenos Aires, la que permitió la detención de Herrera Jiménez; un dato no menor, pues a su regreso a Chile, fue uno de los primeros en romper la cadena de lealtades, toda vez que empezó a entregar información clasificada que conduciría al esclarecimiento del asesinato de Tucapel Jiménez.

Edwards y Cía.

En las partes donde el documento logra el clímax en materia de impacto y novedad es en los títulos 7, Operaciones Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia; 8, Objetivos de Inteligencia y Operaciones Criminales y 9, Lavado de Activos y Financiamiento Operativo.

Por de pronto, en la planificación, desarrollo de medios logísticos y empresas utilizadas para el encubrimiento de acciones de la Escuela de Inteligencia del Ejército, EIE; Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército, DINE; Unidad Especial de Inteligencia Militar, UAT y Central Nacional de Informaciones, CNI, el documento implica a Augusto Pinochet Ugarte, Agustín Edwards Eastman, propietario de la Empresa El Mercurio S.A.P, y a su primogénito, Agustín Edwards del Río.

El informe agrega que Pinochet le encargó personalmente la planificación, desarrollo y ejecución de las operaciones Valquiria y Coihueco al entonces mayor Arturo Silva Valdés. A mayor abundamiento, sostiene que en ambas operaciones se utilizó personal activo y en retiro del Ejército, el cual fue traspasado, en palabras del documento, al servicio privado de seguridad de Agustín Edwards Eastman y Agustín Edwards del Río, “colaboradores e informantes de esta dependencia desde 1968”. Agrega que se utilizó como enlaces a Arturo Silva Valdés, Nelson Hernández Franco, Marcelo Sandoval, Nelson Román, Erika Silva y Eduardo Martínez Wogner.

Este antecedente corrobora la crónica publicada por el desaparecido diario Siete + 7, el 1 de agosto de 2003, denominada Yo Amé a un Asesino, firmada por las periodistas Verónica Foxley y Mónica González, que sobre el retiro del Ejército de Arturo Silva Valdés, relató: “Sus planes los materializó en 1994. Nació Vanward. Y en septiembre de 1994, lo enviaron en comisión de servicio a trabajar para la seguridad personal de Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio. En esa misión se unieron a Valdés Nelson Hernández Franco, también miembro de la unidad secreta de la DINE y que se desempeñó en la CNI bajo la chapa “Marcos de la Fuente”, procesado por el asesinato de Tucapel Jiménez; Marcelo Sandoval y Nelson Román. Hubo también una mujer: Erika Silva. Todo el equipo quedaría más tarde encabezado por el mayor Eduardo Martínez Wogner, quien fue ayudante del director de la CNI Humberto Gordon”.

Por lo tanto, es posible que dicha información ya esté asentada en el proceso que conoce el Ministro Alejandro Madrid. Pero también entra dentro de las probabilidades que desconozca la información relativa al lavado de activos para el financiamiento de acciones operativas, para lo cual se creó una red de empresas de fachada, tales como Serprotec S.A.; Consultsistem Chile S.A.; Inversiones Canelo Seis, Compañía de Inversiones Nacionales; Inmobiliaria Santa Raquel, Ecogas, Focus Investment y una empresa que no identifica, la que estaría vinculada a Jovino Novoa Vásquez, entonces editor de informaciones del diario El Mercurio.

Nuestra propia investigación arrojó resultados sorprendentes, y en muchos casos concordantes con la información del documento de la CIA. .

Serprotec S.A. es una empresa constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1992, y cuyos socios son Inversiones Canelo Seis y Cía, con un aporte de 4.900.000 pesos y Juan Luis Armando Herrera Villena, que aportó la suma de 10.000 pesos.

Consultsistem Chile S.A. es una sociedad constituida por escritura publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre de 1996, que registra un capital suscrito y pagado de 6.000.000 de pesos, aportado en partes iguales por los socios Arturo Rodrigo Silva Valdés y Eugenio Augusto Covarrubias Benavides.

Canelo Seis es una sociedad de inversión constituida el 3 de septiembre de 1986, por Agustín Edwards Eastman y la Compañía de Inversiones Samotracia, integrada por Javier Duarte García de la Huerta y Jorge Eyzaguirre Correa, formada con la finalidad de triangular y licuar la cuantiosa deuda que por entonces acumulaba la Empresa El Mercurio S.A.P., ascendente a 5,2 millones de Unidades de Fomento, equivalentes al día de hoy a 109 mil 111 millones de pesos, o sea, poco más de 190 millones de dólares.

La Operación Salvataje de El Mercurio concluyó el 8 de marzo de 1990, esto es, el día hábil inmediatamente anterior a que la dictadura abandonara formalmente el poder, con cuantiosos créditos concedidos por el Banco del Estado, entre muchas otras maniobras, mientras lo presidía Alvaro Bardón Muñoz. La querella entablada por Andrés Sanfuentes, Presidente del Banco del Estado en 1990, estableció que la pérdida patrimonial directa del Banco con las citadas operaciones, ascendió por lo menos a 25 millones de dólares, equivalentes al 70% de la utilidad del Banco en el balance de 1989, y al 8% de la totalidad de su capital y reservas.

La primera referencia sobre Inversiones Nacionales S.A. en el Registro Nacional de Socios y Sociedades de la Cámara Nacional de Comercio, remonta al 6 de junio de 1989, cuando aparecen como socios Mauricio Andrés Parot Medina y Mikel Ugarte Larrazábal. La siguiente glosa de interés aparece en el Diario Oficial del 28 de febrero de 1992, con Inversiones Nacionales S.A. ya convertida en matriz del holding empresarial de Francisco Javier Errázuriz, con sus filiales Comercial e Industrial Unimarc; Hipermarc Internacional, Inversiones Salmones Unimarc, Compañía Minera Nacional e Ingeniería e Informática Nacional, entre otras que aparecen en la escritura.

No menos sorprendente es la vinculación societaria que el rastreo de las escrituras permite establecer entre Comercial Canelo S.A. e Inversiones Nacionales S.A., de Francisco Javier Errázuriz.

En el extracto del notario Iván Torrealba, publicado el 10 de junio de 1994, en el Diario Oficial, se lee:

“Con fecha 18 de mayo de 1994 se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Comercial Canelo S.A., en la cual los accionistas Agustín Edwards Eastman, Inversiones Nacionales S.A. y Agustín Edwards del Río, acordaron la división de Canelo S.A. en dos sociedades, distribuyéndose entre ellas el patrimonio, activos y pasivos, en la forma y términos acordados en la Junta”, estableciéndose un capital ascendente a $ 4.835.928.564, dividido en 1.450.000.000 acciones nominativas sin valor nominal.

Los vínculos entre Inversiones Canelo Seis e Inversiones Nacionales se reproducen en la Sociedad de Inversiones Rahue S.A., constituida el 20 de diciembre de 2008, y en la Sociedad de Inversiones Pozo Almonte, publicada en el Diario Oficial el 4 de octubre de 2008.

Nuevas revelaciones de los Documentos Secretos de la CIA, serán dadas a conocer en la medida en que la verificación y cotejo de antecedentes arroje resultados convincentes y comprobables.

El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia del país del norte. En esta entrevista, su hermana –la abogada Fabiola Letelier– se queja de que todavía se desconozcan los pormenores del juicio que ella sacó adelante en Chile para procesar a los principales autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano. Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.

Hace más de un año, el 10 de septiembre de 2010, el magistrado Alejandro Madrid Crohare, “ministro en visita extraordinaria”, emitió su extenso fallo de casi 500 páginas para un proceso que técnicamente comenzó con una denuncia del gobierno de Patricio Aylwin, elevada a la justicia el 15 de junio de 1993, por “presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos Sagredo, quién se encuentra desaparecido de su domicilio desde hace varios meses a la fecha, sin que se sepa su actual paradero”.

El juez Madrid estableció que Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay y sentenció a los culpables chilenos y uruguayos, pero estos apelaron ante la corte superior y la sentencia de primera instancia de Madrid está entrampada en la Fiscalía chilena desde el 19 de Agosto de 2011, a la espera del inicio del trámite de apelación que daría curso a la vista de la causa. En otras palabras, la Fiscalía debe poner el caso en tablas para que la sentencia sea ratificada o modificada por la Corte de Apelaciones.

La abogada de derechos humanos Fabiola Letelier participa tesoneramente en numerosos procesos cuya tramitación tarda años en los tribunales chilenos. Entre muchas otras cusas en curso busca justicia para el joven periodista estadounidense Charles Horman, asesinado por el Ejército el 18 de septiembre de 1973 y cuyo caso inspiró la película “Missing” (1982), de Costa Gavras, jamás exhibida –hasta hoy- en salas de cine de Chile. Esta entrevista está centrada en el “Caso Berríos”, uno de los entretelones desconocidos del “Caso Letelier” en Chile, juicio iniciado por Fabiola Letelier cuando Pinochet todavía era temido y mantenía una importante cuota del “poder fáctico” del Estado como comandante en jefe del Ejército, bajo gobiernos civiles elegidos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz Tagle.

Berríos fabricó el gas sarín que serviría para matar a Letelier en un plan que después fue descartado por la DINA y en 1991, en plena “democracia”, Pinochet ordenó que fuera sacado del país para impedir que declarara ante los tribunales que investigaron el asesinato del ex Canciller de Allende. Berríos terminó sus días asesinado en Uruguay a manos de militares chilenos y de ese país.

–“El Caso Letelier en Chile”, ¿ése sería el título de ese libro que falta?

–Quiero dar a conocer en este país -sobre todo a los socialistas que han sido unos malos compañeros con Orlando Letelier- lo que fue el proceso Letelier en Chile. Nadie lo conoce. Todos saben lo que pasó en EEUU porque se han escrito libros muy importantes: “Laberinto”, del ex fiscal Eugene Propper y el escritor Taylor Branch; y sobre todo “Asesinato en Washington”, de John Dinges y Saul Landau. Este libro ha sido premiado y reconocido en todos lados, pero ese texto relata lo que fue el crimen de Orlando Letelier, que ocurrió en EEUU el 21 de septiembre del año 1976, y describe la labor de investigación que efectuó el gobierno estadounidense. De 1976 a 1978 investigaron el crimen de Orlando Letelier hasta que deciden mandar a la Corte Suprema una solicitud de extradición de Manuel Contreras [ex general, jefe de la DINA], Pedro Espinoza [coronel secuaz de Contreras] y Armando Fernández Larios [teniente de la Caravana de la Muerte enviado también a Estados Unidos con documentación falsa para preparar el asesinato de Letelier].

–¿Cómo se origina el juicio en Chile por el asesinato de Orlando Letelier?

–La Corte Suprema, presidida entonces por Israel Bohórquez, rechaza el pedido de extradición. Y como se habían fabricado pasaportes para poder hacer misiones preparando este ilícito en Estados Unidos, es sólo entonces que mandan el expediente a la justicia militar. Y ahí intervengo yo. Me hago parte ante la justicia militar. Estoy 10 años investigando con Jaime Castillo Velasco [abogado PDC de DDHH, fallecido en 2003] y, después, cuando ya viene la transición, ahí pasa a un ministro de la Corte Suprema [Adolfo Bañados Cuadra], quien investiga hasta dictar la sentencia.

Pero este caso, esa investigación de Orlando Letelier en Chile, ha estado absolutamente encubierta; no sale publicada, ni nada. Nada más aparece lo final, que fue la primera vez que se condenó a Contreras y a Espinoza, pero con unas condenas que son absolutamente inadecuadas, porque fueron 7 y 6 años, respectivamente. Pero todo lo del asesinato de Orlando fue una operación de inteligencia que se ideó y se planificó en Chile y en la que, por tanto, participaron –en número muy importante– elementos del Ejército y, fundamentalmente, de los servicios de inteligencia –de la DINA–, para llevar a cabo esta acción de terrorismo internacional en Estados Unidos. Entonces, ése es un compromiso que yo tengo, que no puedo dejarlo y lo voy a hacer… Espero tener vida para eso.

Caso Berríos: “Proyecto Andrea”

–¿Cómo emerge el “Caso Berríos?

–De la investigación del crimen de Orlando surgieron otros casos, como el de Eugenio Berríos. El proceso que falló el ministro Madrid se refiere al secuestro y homicidio de Eugenio Antonio Berríos Sagredo.

–¿Quién era Berríos Sagredo?

–Era un químico que fue integrante y agente de la DINA, quien levantó un laboratorio químico en Lo Curro [Vía Naranja N° 4925] en la casa en que Michael Townley vivía con Marina Callejas, un inmueble comprado por el general Contreras con fondos públicos. Allí vivía la familia de Townley, pero una parte de ese edificio estaba destinado a laboratorio químico, clandestino por supuesto, que se habilitó después de varios viajes de Townley a países europeos para comprar elementos que, por supuesto, ingresaron a Chile sin los pagos y revisiones aduaneras correspondientes.

–¿Qué hacían en ese laboratorio?

–El laboratorio químico tenía por finalidad la creación y elaboración del gas sarín, y otros elementos de tipo toxicológico, que fueron desarrollados por la DINA con la finalidad de obtener un arma química moderna que le permitiera llevar adelante casos de eliminación. Este es el “Proyecto Andrea”.

–¿Y arma para probables guerras que se manejaban en la época?

–Por supuesto. En ese tiempo había una posibilidad de guerra con Argentina y, evidentemente, se veía con mucho interés. Además, Berríos era un químico, que igual que Townley y Mariana Callejas, perteneció al Movimiento Patria y Libertad. Allí Townley y Berríos habían hecho una buena amistad. Y Berríos, que había estudiado en Concepción como químico, sin duda era una persona bastante especializada y capacitada en materias químicas y había hecho una memoria especial sobre la “boldina”, una sustancia extraída del boldo [Peumus boldus].

Berríos es un hombre que, por ser parte de Patria y Libertad, aparece vinculado con Townley y gente de la DINA y entra en este proyecto. A la casa donde estaba en Lo Curro había ido varias veces Manuel Contreras, o sea, es un elemento que sabe exactamente…

–¿Y allí fabrica el gas sarín?

–Ahí elabora el gas sarín e incluso este gas fue enviado en estado líquido a EEUU, en un frasco de perfume Chanel. En un momento Townley lo lleva a EEUU [se presume que para utilizarlo en un “plan B” contra Letelier] y se sostiene que habría sido usado en Chile como elemento represivo letal de la DINA en algunos casos. Incluso se menciona a un conservador de bienes raíces [Renato León Zenteno], quien había muerto por aplicación del gas sarín en 1976, y no por la profesión de Zenteno, sino porque habría sido homosexual y habría tenido algún problema de ese tipo… Lo habrían eliminado. Y, por supuesto, hay otros casos que se han mencionado mucho, entre otras personas el de Camilo Soria [ciudadano español, funcionario internacional y editor de libros], que fue muerto por la DINA en una operación que se hizo ahí en Lo Curro y algunos han sostenido que se le habría aplicado también el gas sarín. Y otros, como el suboficial de Ejército Manuel Leyton Robles, que en un momento habría sustraído un automóvil que pertenecía a una persona de izquierda [Daniel Palma] y que él se lo habría apropiado, etcétera. Bueno, hay casos que demuestran que este gas sarín sí se aplicó, pero fundamentalmente era un arma letal que tenía en sus manos la DINA, un arma que podría utilizarse en un conflicto, incluso con otros países de América Latina.

–¿Tenía ayudantes Berrios?

–Entonces Berríos no trabaja solo sino que tiene la colaboración de otro chileno, Francisco José Oyarzún Sjoberg, hijo de un funcionario de Relaciones Exteriores, que secunda a Townley ahí en Lo Curro. Pero cuando sale a la luz la situación de Townley, cuando éste iba a ser detenido, etcétera, etcétera, Oyarzún se va a Europa y nunca más se supo de él, aunque están todos los antecedentes. Ahí se fabrica ese gas.

–Ahora, ¿cómo aparece Berríos?

–Lo cierto es que Berríos, aparece en la investigación que hace el ministro AdolfoBañados Cuadra. Por los antecedentes que él tiene en el proceso, lo llama a declarar. Berríos no comparece. Vuelve a reiterar la citación…

–¿Quién es el ministro Bañados?

–Bañados es el ministro de la Corte Suprema que llevó el proceso en Chile después que le fueron remitidos los antecedentes desde el tribunal militar. Entonces, él toma el caso y en el año 2005, la Corte Suprema dicta el fallo final y se condena a Contreras a 7 años y a 6 años a Espinoza. En eso tengo el honor de haber participado…, en el primer proceso importante contra la DINA que termina con la sentencia definitiva y después de eso…

–¿Este proceso fue motivado por…?

–Se transmitió por televisión a todo el país…

–Sí, pero el motivo ¿fue el caso de Orlando…?

–Fue el crimen de Orlando, el 21 de septiembre de 1976, en la ciudad de Washington, con una bomba explosiva que fue colocada en el automóvil, bajo el asiento de la persona que manejaba, que era Orlando, y que también causó la muerte de una ciudadana norteamericana, la Ronni Karpen Moffit…

–En este proceso de investigación, ¿el ministro Bañados…?

–Después de pasar por el tribunal militar y pasar a la Corte Suprema, él hace la investigación…

–Y el descubre… porque estamos hablando de Berríos, ¿no?

–El ministro considera que es importante que Berríos concurra ante él a declarar su relación y su incumbencia en este caso, ya que por otros antecedentes aparecía que él era un químico que fabricaba compuestos en una propiedad que pertenecía a la DINA. No concurre. Por lo tanto, el ministro, en el momento en que ya está dispuesto a dictar orden de detención, para que Berríos concurra…

–¿Por qué era tan importante Berríos?

–¿Por qué todo esto? Porque Berríos era civil, no era militar. Porque él había participado con Townley, que es uno de los ejecutores principales del crimen de Orlando. Entonces, era de la DINA, había participado en la DINA, conocía Lo Curro, el lugar al que concurrían varios altos miembros de la DINA, esta metido, precisamente, en todo este accionar represivo e ilícito de la DINA.

Bueno, resulta que Berríos no concurre y, entonces, ahí se realiza una operación de inteligencia del Ejército de Chile, y estamos hablando del año 1991 [bajo el gobierno de Patricio Aylwin y con Pinochet como comandante en Jefe del Ejército], fraguada por las más altas autoridades de la DINE, que es la Dirección de Inteligencia del Ejército. Ya no existen DINA, ni CNI, ni nada. Está la DINE, que es conducida por un general del Ejército llamado Hernán Ramírez Rurange. Esta Dirección de Inteligencia del Ejército decide, después de una entrevista que tiene Berríos con el general Hernán Ramírez Rurange, decide ordenar que a Berríos se le saque de Chile para evitar que concurra a declarar ante el ministro de la Corte Suprema que llevaba el caso de Orlando Letelier.

“Operación Control de Bajas” + Operación Cóndor II

–¿Cómo lo hacen?

–Primero lo esconden, y lo tienen más o menos 15 a 20 días en lo que se conoce como Batallón de Inteligencia del Ejército, BIE [García Reyes N° 12, Santiago]. Y ahí permanece como un civil, en un subterráneo donde le proporciona alimentos y se preocupa de su subsistencia el comandante de esa institución militar, el entonces coronel Manuel Provis Carrasco. Todo esto no aparece en investigaciones, reuniones, etcétera. Lo cierto es que Berríos permanece ahí mientras se organiza este operativo de inteligencia para sacarlo del país con un nombre falso, con la identidad de "Manuel Morales Jara". Al mayor Arturo Rodrigo Silva Valdés [conocido como El Príncipe y jefe de la seguridad privada de Agustín Edwards, servicio proporcionado bajo cuerda al dueño de El Mercurio] le encomiendan la dirección de esta operación, en la que participan otros militares, entre ellos el entonces capitán Pablo Marcelo Rodríguez Márquez y un civil que trabajaba para la DINE llamado Raúl Lillo Gutiérrez.

La operación, denominada “Control de Bajas”,coordina el traslado de Berríos a Punta Arenas. Desde allí, Lillo Gutiérrez, Rodríguez Márquez y su hermano [exteniente de Carabineros]Jorge Alejandro GuillermoRodríguez Márquez, lo trasladan en un vehículo a Argentina, el 26 de octubre de 1991, por el paso Monte Aymond, y en Río Gallego Berríos y Lillo abordan un avión rumbo a Buenos Aires, donde son recibidos por Silva Valdés y se quedan dos días, y desde la capital argentina siguen por vía fluvial a Colonia, Uruguay. O sea, hacen toda una tremenda vuelta y, por supuesto, con nombres falsos, y Berríos va acompañado de militares que lo custodian.

Al llegar al Uruguay, evidentemente comienzan a aparecer los uniformados uruguayos, que son tres: el coronel Tomás Ventura Casella Santos, que es el más importante, Eduardo Ernesto Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose. Esos son los tres, más otro, al que se le pidió la extradición, pero estos son los tres cuya extradición fue solicitada por nosotros, a través de la Corte Suprema chilena, aprobada por la Corte Suprema del Uruguay. ¿Por qué estos tres militares? Porque ellos intervienen en la custodia, en el encuentro con Berríos, en su encubrimiento y después también intervienen en lo que es la muerte del químico. Es muy larga esta historia…

–¿Cómo termina?

–En definitiva, estos militares uruguayos trabajan coordinadamente con los chilenos enviados por el Dine, para poder arrendarle un departamento a Berríos. Después Berríos se pone demasiado complicado… -era alcohólico-, se pone muy…, era una persona difícil de manejar… Entonces, al final lo llevan a una playa, a la casa de un familiar de Radaelli. O sea, todo es perfectamente sincronizado y allí, estando en esa playa, que se llama Parque del Plata, un día se les escapa y va al comisario y ahí aparece toda esta historia que termina en una sesión secreta del Senado uruguayo, a puertas cerradas. El presidente del Uruguay; Luis Alberto Lacalle, que en ese tiempo andaba en Europa, se devuelve… Todo lo que pasa es un escándalo tremendo.

Todo esto financiado absolutamente con fondos públicos de los dos países. El tribunal de la Corte Suprema de Uruguay, para dar lugar a la extradición, preparó una carpeta entera, analiza, intervienen los defensores públicos, analizan bien si darla o no darla, se consideran las normas internacionales, cuáles deben regir o no regir y, finalmente, acceden y entregan a estos tres militares a Chile. Por primera vez, militares latinoamericanos son extraditados de su país, por una petición de la Corte Suprema chilena por cargos de haber participado en una violación grave de derechos humanos.

–¿Cuál es la conexión con el “Caso Letelier”?

–Todo esto forma parte del crimen de Orlando. Eso es lo que está en el proceso, el primer elemento en este caso, en el asesinato de Orlando Letelier, el crimen ocurrido en Washington el 21 de septiembre de 1976, un chileno que se llama Eugenio Antonio Berríos Sagredo, químico, que desafió a la justicia chilena y no compareció para entregar elementos relacionados con el crimen de Orlando Letelier. Y por eso yo estoy metida en esta historia desde hace 9 años. Así son de largos mis casos. En el de Orlando fueron 15.

–¿Qué pasa entonces?

–Hacen la presión ante el comisario, que como Berríos se había arrancado y había llegado diciendo que lo perseguían, el comisario lo manda a un examen médico. El examen dice que está nervioso pero que es una persona normal y en eso, los que estaban en la casa, arreglando no sé qué en el techo, bajan los militares uruguayos y llegan todos adonde el comisario, y ahí, Tomás Casella, que es uno de los extraditados, hace presión sobre Berríos y le dice que no, que retire la denuncia, y lo hace retirar la denuncia. Y Berríos se va con Tomás Casella. Ése es el último momento de la vida de Berríos que se conoce, junto a este uruguayo. Y ahí desaparece a fines de 1992 y después de mucho tiempo, o sea, un año, creo que en abril de 1995, por una casualidad, una persona que va a una playa llamada El Pinar, en ese lugar de balneario Parque del Plata encuentra un elemento, no sé qué, lo sacan y ahí está Berríos. Asesinado, con dos balas en la cabeza. Su data de muerte está definida entre enero y junio de 1993.

–¿En ese tiempo también va Pinochet a Uruguay?

–Va Pinochet a Uruguay, evidentemente. Hace un paseo al Uruguay y hay incluso una fotografía en que creo que está con Tomás Casella. Ah, pero lo más importante son las declaraciones del general del DINE, Ramírez Rurange ante el ministro que investiga, Alejandro Madrid, un ministro de corte extraordinario, encargado de este caso. Ahí, en una declaración judicial, Ramírez Rurange dice que efectivamente no fue él quien dio la orden de sacar a Berríos del país, sino que la orden de sacar a Berríos de Chile la dio Pinochet, entonces comandante en jefe del Ejército. Y hay todo un tomo que registra cómo se investiga esta situación, porque Ramírez Rurange dice que la orden para sacar a Berríos de Chile se la dio Pinochet en un almuerzo o comida que tuvo en su casa, donde había otros generales. Todos fueron citados a declarar y, por supuesto, niegan haber oído esto, pero lo cierto es que Ramírez Rurange mantiene firme que fue orden recibida del general Pinochet y por eso que Berríos llega al DINE a hablar con el general y ahí se arma toda la operación. Esa es la historia.

–¿Lo mataron a balazos?

–Hay una versión que dice que a Berríos lo enterraron con la cabeza abajo, como mueren los traidores creo que dicen, pero lo cierto es que se encontraron balas, elementos de balas. Y hay toda una investigación criminológica bastante significativa. Ahora, el proceso, como tú ves, mira todos esos tomos [señala pilas de volúmenes de documentos judiciales], no está completo acá, faltan los últimos…

–¿Cuántos años lleva este proceso?

–Desde el 2002 al 2011…

–Nueve años…

–Nueve.

–¿Y cuántas fojas son, más o menos?

–En este momento yo te diría que, por lo menos, tengo aquí conmigo, y me faltan fojas… –el ministro Alejandro Madrid es un magistrado extraordinariamente eficaz–, nueve mil, más las últimas…

–No, es un dato general nada más…

–Te digo que de todas maneras son más de 10.000 fojas, tomo treinta y tanto: más de 30 tomos…

–Este juicio ¿es para esclarecer la muerte de Berríos…?

–El secuestro, el homicidio y la asociación ilícita, que es lo que a mí me importa.

–Usted está involucrada en este proceso como…

–Como abogada querellante… Y también se hizo parte en este juicio mi sobrino José Ignacio Letelier Morel, hijo de Orlando que reside en Isla de Pascua.

–Entonces, ¿el “Caso Berríos” es una derivación…?

–Del “Caso Letelier”. ¡Claro! Ésa es la importancia de esta causa, por la relevancia de Berríos… Tengo un libro que escribió un uruguayo sobre el caso, que por lo menos es algo… El libro del periodista Samuel Blixen.

–Cuando se conozca la sentencia definitiva quizás sólo aparezcan unas pocas líneas en los grandes medios y no se conectará el “Caso Berríos” al “Caso Letelier…

–…Si es que algo sale… Y sólo se hablará de Berríos, no de Letelier, y nadie sabrá que tiene que ver Berríos con el “Caso Letelier”. Además, estamos hablando de ejércitos y de oficiales que todos, todos siguieron sus carreras, ascendieron de grado y categoría, ahora son brigadieres, generales, porque son muchos los que están involucrados.

– La causa la instruyó el magistrado Alejandro Madrid…

–Del 6° Juzgado del Crimen. O sea, el es ministro extraordinario nombrado por la Corte de Apelaciones para investigar el secuestro y el homicidio de Berríos.

–Me imagino que la familia de Berríos está interesada en este juicio.

–Mira, Berríos se casó con una mujer muy bonita, que se llama Gladys Schmeisser, que era bailarina, y qué se yo, quien tiene una historia bastante complicada, aunque yo no me meto en las vidas personales, pero también Berríos vivía con una tía que tenía una pastelería, donde había instalado un laboratorio químico para estudiar la boldina, todo esto además de ser miembro de la DINA.

–Y la boldina la comercializaba…

–Claro, está en el expediente, todo lo que fue la tesis de grado que él hizo sobre la boldina, que francamente es…

–…una infusión de la hoja de boldo.

–De la hoja de boldo, que tiene propiedades medicinales. Francamente, él era un químico de alto vuelo, digamos.

–Que tiene propiedades medicinales para conservar la vida y después se puso a investigar en productos para hacer todo lo contrario: quitar la vida.

–Quitar la vida. ¡Exactamente! Y esta investigación ha tomado muchos años, en que el ministro Madrid ha realizado diligencias de investigación muy importantes acerca de cuál fue la participación de los oficiales y miembros del Ejército –son todos del Ejército– que participan en este delito. Y por supuesto, en la sentencia vamos a tener condenados no solamente a Ramírez Rurange, pues él se retiró, sino también a quien siguió a cargo, que es un general llamado Adrián Covarrubias, quien también está involucrado porque tuvo pleno conocimiento de lo que pasaba con Berríos. Y además, está también involucrado uno de apellido Provis, que era el comandante del Batallón de Inteligencia, donde Berríos estuvo viviendo 15 días, protegido en un establecimiento militar. Y se demuestra que tú no puedes ingresar a un establecimiento militar para vivir allí, a residir en el subterráneo con el apoyo del comandante Provis, sin autorización del Ejército, evidemente. Entonces, en toda la investigación del ministro Madrid se demuestra que en todo esto estuvieron efectivamente coludidos Provis, el general del DINE y otros. Este proceso demuestra cómo el Ejército de Chile, después de terminada la dictadura, siguió actuando en forma coordinada para llevar a cabo esta operación, porque Berríos tampoco fue el único que fue sacado del país para impedir que declarara ante la justicia. Hay otros dos casos más en la llamada “Operación Control de Bajas”. Uno es el ex mayor Carlos Herrera Jiménez, a quien también sacaron del país [se declaró culpable de los asesinatos de Tucapel Jiménez, ex presidente de la ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales), bajo las órdenes de la DINE, y del carpintero Juan Alegría Mundaca, por cuenta de la Central Nacional de Información, CNI]. El otro es el ex capitán de Ejército CNI Luis Arturo Sanhueza Ross. Son tres los miembros del Ejército que por estar involucrados en violaciones de los derechos humanos fueron sacados de Chile por orden de las más altas jerarquías del Ejército, para evitar su concurrencia a los tribunales en la investigación de otros crímenes. Los tres estuvieron en Argentina y Uruguay protegidos por el Ejército para evitar su comparecencia por otros crímenes, como el caso de Tucapel Jiménez.

Pero, además, y esto es importante, también al ministro Madrid la familia Frei le ha presentado y, fundamentalmente, la ex senadora Carmen Frei, una demanda, una acción o una querella, para que investigue si efectivamente el ex Presidente de Chile Eduardo Frei Montalva fue o no muerto en la Clínica Santa María de Santiago mediante un producto químico de este tipo, en cuya fabricación también habría participado Berríos. ¿Entiendes?

–Estos tres hombres fueron sacados de Chile en democracia, financiados con dineros del Estado…

–Los anteriores fueron sacados antes…

–En Uruguay también hubo una contraparte, el Ejército de ese país, que hizo exactamente lo mismo y prestó toda la infraestructura, asumió gastos con cargo al Fisco…

–¡Claro!

–Y también bajo un régimen democrático, ¿no?

–Exactamente…

–Gobernaba Luis Alberto Lacalle…

–Claro. Y cuando se produce el escándalo de la huida de Berríos, del balneario donde estaba, ahí el Presidente Lacalle andaba en Europa cuando se le comunica que se ha producido este alboroto y que ha llegado, por una comunicación anónima al Senado, el hecho de que uruguayos estuvieran coludidos en este crimen, el primer mandatario regresa a su país y prácticamente tratando de mantener todo encubierto.

El “Caso Frei Montalva”

–El juez Madrid también investiga la muerte de Frei Montalva…

–La investigación de Madrid ha sido tan extraordinaria porque el “Caso Berríos” no sólo está conectado al asesinato de Orlando –a través de la parte que le toca a este químico–, sino que está vinculado a la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Y ésa es otra enorme cantidad de investigaciones y de pruebas que han tenido mucha prensa, que ha suscitado adhesiones del Senado, de la Cámara de Diputados y todo lo demás, y que es una gran preocupación. Creo que será difícil para el ministro Madrid –no sé qué dirá la sentencia definitiva– probar que estando el presidente Eduardo Frei Montalva en la Clínica Santa María, cómo pudieron introducirle, haya sido Berríos o alguno de esos personajes, inocularle un elemento toxicológico que causará su muerte.

–¿Cuál es su impresión personal sobre ese caso?

–Espero que todo lo que han establecido con gran esfuerzo y con mucho apoyo económico –han ido al Uruguay, han nombrado abogados y qué sé yo– ojalá lo pueda probar el ministro Madrid, pero es un proceso muy complejo que el magistrado ha mantenido permanentemente en reserva.

–¿Cuál será el próximo paso en el “Caso Berríos?

–La designación del relator. Y el relator se va a demorar, porque tiene que conocer todos los expedientes…

–La sentencia ¿ya está en la Corte de Apelaciones…?

–Pero tienen que nombrar un relator y en ese proceso están. Y el relator, para poder entrar a alegar en la sala de la Corte de Apelaciones que se determine, donde tienen que llegar estas querellas, va a tomarse su tiempo. El relator tiene que narrar los acontecimientos, las pruebas y todo, así que se va a demorar. Eso me permite a mí poder, efectivamente, estudiar bien toda la documentación, porque yo soy la querellante, para poder alegar, sea yo, o Sergio Corvalán, quien es un gran abogado a quien le he dado representación para que los dos podamos seguir este proceso.

Las sentencias de primera instancia

? Arturo Rodrigo Silva Valdés, ex mayor del Ejército chileno, fue condenado a 10 años y un día de prisión en su grado medio "por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio de Eugenio Berríos Sagredo, descrito en el inciso final del artículo 141 del Código Penal, perpetrado en la localidad de Parque del Plata, Departamento de Canelones, Uruguay, en fecha no determinada que medió entre el 15 de noviembre de 1992 y el mes de abril de 1993".

"Asimismo, se le condena a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena por su responsabilidad como co-autor del delito de asociación ilícita descrito en el artículo 292 y sancionada en el artículo 293 del Código Penal, y que fuera formada en esta ciudad [Santiago de Chile], a partir del mes de octubre de 1991".

? Hernán Ramírez Rurange, ex general chileno, fue condenado a 5 años y un día, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, más 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, como co-autor de asociación ilícita.

? Eugenio Adrián Covarrubias Valenzuela, ex general chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 541 días, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Manuel Jorge Provis Carrasco, exz brigadier chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Jaime Fernando Torres Gacitúa, ex mayor chileno, 5 años y un día e inhabilitación perpetúa por secuestro, y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua, por asociación ilícita.

? Raúl Diego Lillo Gutiérrez, civil chileno DINE, 5 años y un día más inhabilitación perpetua, y otros 100 días por asociación ilícita.

? Pablo Marcelo Rodríguez Márquez, teniente coronel chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 70 días por asociación ilícita.

? Tomas Ventura Casella Santos, ex coronel de Ejército de Uruguay, 5 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro y 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Eduardo Ernesto Radaelli Copolla, ex capitán de Ejército de Uruguay, 5 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 70 días por asociación ilícita.

? Wellington Sarli Pose, ex coronel de Ejército de Uruguay, 3 años y un día más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Manuel Antonio Pérez Santillán, ex coronel del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por complicidad en secuestro.

? Juan Fernando Alfredo Torres Silva, ex general, ex auditor del Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por asociación ilícita.

? Nelson Williams Román Vargas, suboficial del Ejército chileno, 3 años y un día, más inhabilitación perpetua por secuestro, y 60 días por asociación ilícita.

? Marcelo Ariel Sandoval Durán, suboficial de Ejército chileno, 3 años y un día e inhabilitación perpetua por secuestro, más 60 días por asociación ilícita.

Absoluciones y cargos rechazados

? Gines Emilio Rojas Gómez, civil chileno, se rechaza acusación del Consejo de Defensa del Estado como cómplice de secuestro y cargos de obstrucción a la justicia.

? Enrique Gabriel Ibarra Chamorro, ex coronel del Ejército chileno, se desestima su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

? Mario Enrique Cisternas Orellana (teniente coronel del Ejército chileno), Nelson Edison Hernández Franco (cabo del Ejército chileno, DINE) y Erika Silva Morales (secretaria de la DINE), fueron absueltos del cargo de autores del delito de infracción al artículo 295 bis del Código Penal.

La sentencia también incluye indemnizaciones y reparaciones económicas en favor de los querellantes Fabiola Letelier del Solar, Gladys Schmeisser –la viuda de Berríos– y Gonzalo Berríos Sagredo, a cargo del Estado y de los condenados, quienes –además– deberán financiar las costas judiciales.

– Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

El 21 de septiembre se cumplen 35 años del olvidado asesinato de Orlando Letelier en Washington. Aunque hay varios libros sobre el crimen del ex Canciller, ex ministro de Defensa y ex embajador en Estados Unidos del gobierno de Salvador Allende, esos textos sólo abordan la investigación realizada por la justicia del país del norte.

En esta entrevista, su hermana –la abogada Fabiola Letelier– se queja de que todavía se desconozcan los pormenores del juicio que ella sacó adelante en Chile para procesar a los principales autores intelectuales y materiales del asesinato de su hermano. Los culpables resultaron condenados a penas irrisorias: 7 años para el ex general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y 6 años para su adlátere, el ex coronel Pedro Espinoza. Todavía está pendiente la sentencia definitiva del “Caso Berríos”, ramificación del juicio principal del “Caso Letelier”, que condujo a la extradición sin precedentes y prisión en Chile a tres altos oficiales del Ejército de Uruguay implicados en el secuestro y asesinato del químico civil de la DINA Eugenio Berríos Sagredo, apodado “Hermes”.