Gómez Segovia Fernando

El ministro Jorge Zepeda dictó acusación en la investigación por el secuestro calificado de Pedro Juan Merino Molina, ocurrido a partir del 14 de septiembre de 1974 en la ciudad de Coronel, región del Bio Bio.

El magistrado acusó a Sergio Rigoberto Aplazaba Rojas, Manuel Rioseco Paredes, Orlando José Manzo Durán, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Paul Schäfer Schneider, Fernando Gómez Segovia y Gerd Seewald Lefevre como responsables del delito antes señalado.

El magistrado determinó que la víctima: “después de ser detenido por agentes de Estado, la madrugada del catorce de septiembre de 1974, en la vivienda que ocupaba de la población Yobilo Dos, calle Aconcagua N 817, de la ciudad de Coronel, fue trasladada al retén de Carabineros “Lo Rojas” y enseguida conducida a Parral, determinadamente, al centro clandestino de detención de la ex Colonia Dignidad, donde quedó registro de los interrogatorios que le fueron hechos por colonos alemanes actuando éstos junto a agentes de Estado pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA; con quienes los primeros cooperaban en la persecución, privación de libertad y eliminación de civiles por razones políticas o ideológicas; procediendo dichos agentes a mantener privada de libertad a la referida víctima, haciéndola desaparecer hasta hoy”.

El ministro en visita Jorge Zepeda dictó sentencia de primera instancia en la causa por la desaparición del militante comunista Pedro Merino Molina, ocurrida el 14 de septiembre de 1974.

El caso de refiere a una de las aristas de los procesos por violaciones a los derechos humanos ocurridas al interior de la ex Colonia Dignidad. De esta forma el magistrado determinó absolver de todos los cargos a quien fue el principal inculpado, Paul Schäfer, quien por estar fallecido no puede ser sujeto de acción penal.

Sin embargo, dictó penas de 5 años de presidio menor en su grado máximo sin ningún tipo de beneficio, a quien se desempeñó como jefe de la disuelta DINA, general (r) Manuel Contreras Sepúlveda.

La misma sentencia recibieron el jefe del órgano represor en la ciudad de Parral, Fernando Gómez Saravia y el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo. La resolución determina además que el Fisco de Chile debe pagar una indemnización total de $155 millones para la madre y los hermanos de la víctima, que se dividen en $50 millones para la mujer y $15 millones para cada uno de los siete hermanos de Merino Molina. El juez Zepeda dispuso también liberar de cargos por falta de participación a Orlando Manzo, Sergio Apablaza, Manuel Rioseco y el ex colono Gerd Seewald

Entre las 18 personas encargadas reo por el magistrado Jorge Zepeda también figuran los miembros de la DINA el general (r) Manuel Contreras, el brigadier (r) Pedro Espinoza, Armando Fernández Larios y Fernando Gómez Segovia.

SANTIAGO.- Un total de 18 personas, entre ex colonos y ex miembros de la DINA fueron procesadas hoy por el ministro de fuero Jorge Zepeda por el delito de asociación ilícita que se habría cometido al interior de la ex Colonia Dignidad, que dirigía Paul Schaefer.

Entre los ex miembros enclave alemán encargados reo figuran Paul Shaefer, Gerhard Mucke, Karl Van Den Berg, Kurt Schnellenkamp, Hartmut Hopp, el ex jerarca Albert Schreiber, quien se encuentra residiendo en Alemania y contra quien ya pesa una solicitud de extradición. 

Además, están procesados los cuatro ex protectores de Schaefer que aún residen en Argentina, entre ellos la hija adoptiva del líder, Rebeca Schaefer.

En la misma situación se encuentran el doctor Gerd Seewald y su esposa la doctora Gisela Gruhlke.

Entre los miembros de la DINA encargados reo figuran el general (r) Manuel Contreras, el brigadier (r) Pedro Espinoza, el mayor (r) Armando Fernández Larios y el coronel (r) Fernando Gómez Segovia.

Lo que establece la resolución

En una extensa resolución, el magistrado detalla una serie de delitos que se cometieron en asociación entre ambas entidades, entre ellas violaciones a los Derechos Humanos, infracciones a la ley de armas, maltratos a personas y abusos a menores.

"Al amparo de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad se organizó una estructura jerarquizada que planificó y ejecutó múltiples delitos, integrada por personas que fueron miembros y colaboradores de esa corporación, actividad que se inicia a lo menos desde el año 1970 en adelante, según consta fehacientemente de la documentación encontrada durante el año 2005 al interior del ex fundo 'El lavadero', actual Villa Baviera", sostiene el fallo.

El texto agrega además que dicha estructura "perfectamente organizada con el fin de actuar ilícitamente, contaba con un superior o mando responsable, el cual también estaba muy bien informado con un sistema creado al efecto, y si bien no implicaba ello constituir formalmente una organización tradicional militar, sí lo era en cuanto a la aplicación de reglas, experiencias y adiestramiento propios de una actividad de esa naturaleza".

De esta forma el juez establece que bajo el alero de Paul Schaefer y en colaboración con la DINA la colonia mantuvo material bélico oculto al margen de todo control legal, con un propósito "antijurídico del superior jerárquico de Villa Baviera de armarse y de lucrarse mediante el tráfico de armas, después de su fuga y cuando la oportunidad se lo permitiera".

En cuanto a violaciones a los derechos humanos "aparece de los antecedentes reunidos por este tribunal que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, la DINA, con conocimiento y en concierto con los jefes de Colonia Dignidad, implementó parte de sus actividades utilizando las instalaciones de la referida colonia, secuestrando civiles que fueron conducidos a ella y mantenidos en esa condición en su interior".

La extensa resolución detalla además que se comprobó que la organización "desarrolló su actividad mediante la confección de archivos que contenían los datos y antecedentes de personas sindicadas como izquierdistas, muchas de las cuales se ignora hasta hoy su paradero, dando luz, por los interrogatorios cuyos registros han sido encontrados, de que los últimos días en que se tuvo noticias de ellas, se encontraban secuestradas en la ex Colonia Dignidad".

Además de referirse en detalle a la comisión de delitos sexuales en contra de menores y a los maltratos que sufrieron una decena de jóvenes, a quienes se les suministró psicotrópicos y se les aplicó electroshock, el ministro precisa que los colonos se interceptaron mensajes en clave de las Fuerzas Armadas a través del complejo sistema de comunicaciones que tenían.

El caso de Gerd Seewald

El ministro dictó la resolución hoy, puesto que vencía el plazo de cinco días para definir sobre la situación procesal de Gerd Seewald, quien quedó detenido el pasado jueves tras haber sido interrogado por varias horas en dependencias judiciales.

Seewald está procesado por ser el autor de las más de 40 mil fichas que fueron halladas al interior del enclave en junio del año pasado. 

La nueva encargatoria de reo -la primera que dicta el ministro Zepeda por asociación ilícita- responde a la solicitud que en enero pasado le plantearan en ese sentido tanto el Ministerio del Interior como el Consejo de Defensa del Estado (CDE), ambos querellantes en la causa.

En septiembre pasado, Zepeda dejó sin efecto un procesamiento por asociación ilícita que había dictado la juez de Letras de Parral Jimena Pérez, por considerar que no se reunían los requisitos legales para configurar el delito.

A esta hora, los procesados están siendo notificados de su nueva situación procesal.

Hechos afectaron a Pedro Merino Molina, detenido en Coronel en 1974.  

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda dictó sentencia por el secuestro y desaparición de Pedro Merino Molina, quien fue detenido por agentes del Estado el 14 de septiembre de 1974 en Coronel, y conducido hasta la Colonia Dignidad.

Para el ex jefe de la Dina Manuel Contreras Sepúlveda se determinó una sanción de cinco años de presidio. Las mismas penas recayeron sobre Pedro Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia. Fueron absueltos Sergio Apablaza Rozas, Orlando Manzo Durán, Manuel Rioseco Paredes y Gerd Seewald Lefevre.

También fue sobreseído el fallecido líder de la Colonia Dignidad Paul Schaefer, quien cumplía condena por infracción a la ley de armas y lesiones en el Hospital Penal.

Los antecedentes del proceso determinaron que Merino Molina fue detenido y conducido a la Colonia Dignidad, centro clandestino de encierro de la Dina, donde quedó registro escrito de los interrogatorios a que fue sometido. El último, el 13 de octubre de 1974.

Zepeda condenó al fisco y a los sentenciados a pagar un indemnización total de $155 millones, que se dividen en $50 millones para Ana Molina Palacios, madre de la víctima, y $15 millones de pesos para cada uno de los siete hermanos de Pedro Merino.
 

Pedro Merino fue secuestrado en 1974 y desapareció tras pasar por Colonia Dignidad.

Juez Zepeda sentenció a cinco años a Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Fernando Gómez.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda dictó sentencia por el secuestro y desaparición de Pedro Merino Molina, quien fue detenido por agentes de Estado, el 14 de septiembre de 1974, en la ciudad de Coronel, en la Región del Biobío, y conducido hasta la Colonia Dignidad.

Por este caso fueron condenados a cinco años de presidio sin beneficios al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, y los integrantes del organismo represor de la dictadura Pedro Espinoza Bravo y Fernando Gómez Segovia.

En tanto, Sergio Apablaza Rozas, Orlando Manzo Durán, Manuel Rioseco Paredes y Gerd Seewald Lefevre fueron absueltos.

Por este delito fue sobreseído el acusado Paul Schaefer, debido a que falleció mientras cumplía condena por infracción a la ley de armas y lesiones en el Hospital Penal.

Los antecedentes del proceso determinaron que Merino Molina, militante de las Juventudes Comunistas, fue detenido y conducido a la Colonia Dignidad, centro clandestino de encierro de la DINA, donde quedó registro escrito de los interrogatorios a los que fue sometido, el último, el día 13 de octubre de 1974.

El magistrado Zepeda condenó, además, al Fisco y a los sentenciados a pagar un indemnización total de 155 millones de pesos, los que se dividen en 50 millones de pesos para Ana Molina Palacios -madre de la víctima- y 15 millones de pesos para cada uno de los siete hermanos de Pedro Merino Molina

El ciudadano alemán fue sentenciado junto al ex jefe de la DINA en Parral, el general (r) Fernando Gómez Segovia, en una querella interpuesta por la profesora Adriana Bórquez, quien fue secuestrada en Talca en 1975.

La Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó someter a proceso por torturas al ex jerarca de Colonia Dignidad, Gerhard Mücke Hoschitzke, y el general (r) Fernando Gómez Segovia, ex jefe de la Dina en Parral, tras acreditar la denuncia que presentó en su contra la profesora Adriana Bórquez.

El tribunal determinó que "puede tenerse por acreditado, en esta fase de la investigación, que doña Adriana Alicia Bórquez Adriasola fue privada de libertad el día 23 de abril de 1975 en la ciudad de Talca, a las 03.00 horas".

En ese momento, prosigue la sentencia, fue "trasladada a dependencias de Colonia Dignidad donde fue retenida ilegalmente, interrogada y sometida a apremios ilegítimos" siendo "presuntamente trasladada luego a la ciudad de Santiago, a un cuartel de la DINA conocido como 'Venda Sexy' o la 'Discotheque'".

Adriana Bórquez, vinculada en la época a la Iglesia Católica, fue detenida en su casa el 23 de abril de 1975 en el marco de una redada masiva contra opositores en Talca y, tras esta traumática experiencia, se refugió en Inglaterra, lugar donde vivió un largo exilio.

El fallo señala que "se somete a proceso a Fernando Gómez Segovia como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 148 y 150, ambos del Código Penal, y a Gerhard Mücke Hoschitzke como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 141 del mismo Código".

La sentencia corresponde a la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Juan Escobar Zepeda e integrada por Gloria Ana Chevesich Ruiz y por el abogado Emilio Pfeffer Urquiaga.

Por primera vez un ex  jerarca del enclave alemán es sometido a proceso en el marco de una querella por torturas interpuesta por la profesora Adriana Bórquez  Adriazola.

Después del golpe de Estado en Chile, Colonia Dignidad fue utilizada por los servicios de inteligencia del régimen militar como recinto de torturas y detención de opositores. Personas de la región del Biobio y del Maule pertenecientes a la Iglesia Católica, los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana fueron detenidos e interrogados en el enclave. Muchos de ellos ejecutados y enterrados en los terrenos de la secta de Schäfer, otros fueron trasladados a otros centros de detención y tortura.

Adriana Bórquez, vinculada en la época a la Iglesia Católica, fue detenida en su casa el 23 de abril de 1975 en el marco de una redada masiva contra opositores en Talca. Luego de una traumática experiencia en Dignidad, la profesora fue trasladada a “La Venda Sexi” en la ciudad de Santiago y varios meses después se refugió en Inglaterra, lugar donde vivió un largo exilio. Desde allí participó en la defensa de los derechos humanos y en las acciones que denunciaban a Colonia Dignidad por las atrocidades cometidas. Participa en el juicio de Bonn y posteriormente vuelve a Chile para seguir trabajando en temas de Derechos Humanos.

En 1997, luego de prestar testimonio en innumerables procesos contra el enclave, Adriana Bórquez demanda a Colonia Dignidad por torturas y trato degradante. Lo mismo hace otra veintena de ex prisionero en la Colonia.  Por más de 10 años los procesos son cerrados y apelados en los tribunales, a pesar del propio reconocimiento de los colonos de las prácticas aberrantes de Schäfer y los servicios de represión de régimen.

El 12 de septiembre la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago  determinó que “puede tenerse por acreditado, en esta fase de la investigación, que doña Adriana Alicia Bórquez Adriasola fue privada de libertad el día 23 de abril de 1975 en la ciudad de Talca, a las 03:00 horas, y trasladada a dependencias de Colonia Dignidad donde fue retenida ilegalmente, interrogada y sometida a apremios ilegítimos, y presuntamente trasladada luego a la ciudad de Santiago, a un cuartel de la DINA conocido como “Venda Sexy” o la “Discotheque”. Por lo que “se somete a proceso a Fernando Gómez  Segovia como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 148 y 150, ambos del Código Penal, y a Gerhard Mücke Hoschitzke como autor del delito previsto y sancionado en el artículo 141 del mismo Código.”

La sentencia corresponde a la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro  Juan Escobar Zepeda e integrada por Gloria Ana Chevesich Ruiz y por el abogado Emilio Pfeffer Urquiaga. La sentencia es trascendente para el centenar de personas sometidas a apremios y torturas en Colonia Dignidad y que a lo largo de casi cuatro décadas han esperado la acción de la justicia.

El procesamiento de Gerhard Mücke, uno de los guarda espaldas de Schäfer y Fernando Gómez  Segovia, ex miembro de los servicios de inteligencia durante la dictadura militar, abre la puerta a nuevos procesamientos de la cúpula de Dignidad que hasta ahora han gozado de total impunidad en los delitos de torturas cometidos contra ciudadanos chilenos.

Schäfer, para quien eran elaboradas las fichas, quería tener información de todo el mundo, y así es como la gran mayoría de las fichas están relacionadas con personas sin ninguna connotación política o militar. Hay fichas sobre estibadores del puerto de Lirquén, sobre taxistas, sobre profesores y profesoras (muchos) de liceos y universidades, sobre trabajadores de servicentros, de industrias, de supermercados e, incluso, sobre prostitutas.

En las 45 mil fichas desclasificadas este año hay de todo: espionaje a los “amigos” y “enemigos” de la colonia, rumores descabellados, obsesiones con los rosacruces, los masones y la Iglesia, evidencias del compadrazgo con la DINA e, incluso, fichas sobre trabajadores portuarios, profesores y profesoras, atendedores de servicentros y hasta prostitutas, mostrando un mundo maniqueo y lleno de prejuicios.

Me faltarían adjetivos para describir lo que he leído en los últimos cinco meses, en que he estado sumido en la revisión de las 45 mil fichas de inteligencia de la Colonia Dignidad que fueron desclasificadas este año por el ministro Jorge Zepeda, luego de que las mantuviera en secreto por nueve años, tras el hallazgo del archivo en 2005.

Lo primero que es necesario decir al respecto es, tal como me lo explicaba el abogado Hernán Fernández en un artículo que escribí tiempo atrás respecto de un episodio particular contenido en las fichas (el asedio de parte de Paul Schäfer a las monjas de San Manuel), la colonia era tres cosas al mismo tiempo: una secta erigida en función de las ansias pederastas de su líder supremo, una asociación ilícita dedicada a la tortura, la desaparición forzada de personas y el tráfico de armas (como lo ha establecido la justicia) y, además, un organismo de inteligencia.

No es que la colonia poseyera un equipo de inteligencia, sino que en sí misma era una agencia de inteligencia, paralela a la DINA y la CNI, con las que cooperaba estrechamente, a tal punto que compartían las mismas fobias y rivalidades, por ejemplo, hacia el Servicio de Inteligencia Militar (SIM); es decir, el aparataje formal de inteligencia del Ejército, que nunca fue visto con buenos ojos por parte de la DINA. Al igual que este organismo, la colonia contaba con un buen número de informantes, con agentes operativos (alemanes en su mayoría) que efectuaban seguimientos y fotografiaban a personas, y llevaba un enorme Kardex con información, que contenía –entre muchas otras cosas– el listado casi completo de quienes formaron parte del SIM en distintas épocas, con mayor énfasis en los militares que desempeñaban dichas funciones en regimientos de Concepción, Chillán, Talca, Los Ángeles y otras ciudades ubicadas dentro de la zona de influencia de la colonia.

No obstante, también espiaban a los amigos, pues hay muchas fichas relativas a los agentes de la DINA y la CNI. Las dos más particulares son las referidas a los hombres que la DINA instaló al lado de los alemanes, en Parral: Fernando Gómez Segovia y su sucesor, Eduardo Guy Neckelmann Schütz. Las fichas de ambos son las únicas que muestran secuencias de algún tipo de código. La de Gómez Segovia contiene un código alfanumérico, mientras que la de Neckelmann, por increíble que parezca, posee una escritura a mano (la única ficha que posee algo escrito de esa forma, pues todo era escrito a máquina), con unas inscripciones que parecen ser alfabeto rúnico, como el que usaban los antiguos pueblos germánicos, tal cual se aprecia en la foto principal.

“Don Mamo”

La simbiosis entre la DINA y la colonia, que a ojos de la justicia formaba una sola asociación ilícita, se grafica muy bien en las dos fichas dedicadas a Eduardo Soto Henríquez, un cabo de Ejército perteneciente a las filas de Manuel Contreras y destacado al interior del enclave, en cuya ficha número 1 se señala que “este funcionario ha demostrado hasta la fecha un excesivo interés en averiguar o indagar actividades que son netamente privadas en la Colonia, con lo que ha causado la desconfianza y el temor por parte de sus habitantes”.

[cita]Por cierto, lo más relevante de toda la información contenida en las fichas es la que dice relación con los Detenidos Desaparecidos y con aquellas personas que fueron torturadas e interrogadas al interior de la colonia. Además de mantener fichas de todos quienes fueron hechos desaparecer en medio de la “Operación Colombo”, los archivos de Dignidad contienen transcripciones de numerosos interrogatorios efectuados al interior del enclave y constan hechos que hasta antes del hallazgo de 2005 no estaban totalmente confirmados.[/cita]

Entre esas actividades se contaba el haberse mostrado “vivamente interesado en conocer la clave correspondiente” luego de pasar por una puerta que obviamente contaba con un sistema de seguridad. Amén de ello, “preguntó a dos personas diferentes cuál era la procedencia de los fusiles”.

Pero no fue su único pecado. El punto 4 del informe señala que “comenzó a abrir cajones, de un equipo de emergencia, mirando su contenido” y que (punto 5) “pese a que su acompañante le manifestó que iban a continuar viaje de inmediato, se bajó del vehículo en que viajaban y levantó la carpa en una puerta de entrada para mirar el interior”.

“Por suerte que las cosas que ya conoce don Mamo no se encontraban ahí en ese momento”, dice el documento en forma intrigante, sin explicar qué era aquello que ya conocía el todopoderoso jefe de la DINA, Manuel Contreras, más conocido como “El Mamo”. El texto prosigue con varias otras “faltas” cometidas por el indiscreto visitante, y luego señala que “se deja a criterio de don Mamo si debe continuar trabajando con la colonia o ser cambiado”.

Afortunadamente para Soto, como señala la misma ficha, solo fue sancionado “por su comportamiento en el fundo”. Ni él ni su polola, cuya dirección figuraba en la ficha, sufrieron daños (que se sepa), a diferencia de otros agentes díscolos, como Miguel Angel Becerra, asesinado al interior del predio con elementos tóxicos compatibles con gas sarín, o como Juan René Muñoz Alarcón, el “encapuchado del Estadio Nacional”, que pasó largas temporadas en la colonia, para terminar asesinado a puñaladas en Santiago, luego de que decidiera contar en la Vicaría de la Solidaridad lo que había visto en el imperio de Paul Schäfer y en los cuarteles de la DINA.

Una Stasi de derecha

Y esto es lo segundo que hay que entender: fichaban a cualquier persona y cualquier información les servía. En las fichas relativas al mayor de Carabineros Carlos Dondero, que fue comisario de Parral, se lo resalta como “un hombre derecho”, que había sido escolta de Allende en la UP y que desde allí “informaba sobre el GAP”. Además de ello, se relataba que había estado un año en Irán y que desde allá se había traído un auto Volkswagen.

Asimismo, la ficha lo describe como “alto y delgado” y también se señala algo aún más irrelevante y que incluso suena un tanto fantasioso: “… el informante nunca ha visto alguien que goza en comer tanto. Una vez comió 24 empanadas, con otra ocasión 8 a 10 hot dogs”.

Schäfer, para quien eran elaboradas las fichas, quería tener información de todo el mundo, y así es como la gran mayoría de las fichas están relacionadas con personas sin ninguna connotación política o militar. Hay fichas sobre estibadores del puerto de Lirquén, sobre taxistas, sobre profesores y profesoras (muchos) de liceos y universidades, sobre trabajadores de servicentros, de industrias, de supermercados e, incluso, sobre prostitutas.

Asimismo, cualquiera que tuviera algún contacto con la colonia, o que fuera de su interés, era fichado, espiado de cerca (en ciudades como Concepción o Chillán) y/o fotografiado por los alemanes, lo mismo que pasaba con casi todos los visitantes del “casino familiar”, en la comuna de Bulnes, donde además fotocopiaban los documentos de identidad de muchos de quienes llegaban allí.

La mayoría de las informaciones que hay procede de una centena de fuentes que eran definidas con siglas. La que más se repite es la que –con distintas variantes– se refería al entonces mayor de Ejército Fernando Gómez Segovia, el primer jefe que tuvo la DINA en Parral, y que funcionaba en una casa que era propiedad de la colonia. Dichos datos muestran que la DINA y la colonia funcionaban como una suerte de Stasi chilena, controlando los movimientos de todo el mundo, confeccionando listas de sospechosos de cualquier cosa y, sobre todo, recogiendo cualquier rumor que se escuchara e incorporándolo en sus bases de datos.

Por cierto, la mayoría de los rumores retratan un mundo bipolar, en el cual todos los opositores (supuestos o reales) a Pinochet eran personas inmorales, sucias, ladronas, dedicadas a negocios truculentos, que escondían armas en sus casas y que no dudaban en engañar a cualquiera para cumplir con sus perversos objetivos, descalificaciones que se repiten respecto de una serie de sacerdotes católicos y de oficiales del Ejército y Carabineros que, de un modo u otro, no eran adictos a la colonia, los cuales, si no se mostraban sumisos a los dictados de Schäfer no era porque estuvieran haciendo su trabajo, sino porque eran izquierdistas (o eso creían los alemanes).

Un ejemplo de ello es la ficha relativa al mayor de Carabineros Manuel Valdebenito Remsses, uno de cuyos funcionarios controló (en 1974) un camión cargado de armas, que iba destinado a la Colonia Dignidad. Dice la tarjeta (en la cual, por supuesto, no hay mención alguna a las armas) que “antes del 11-9-73, Valdebenito compraba el Clarín y en su lenguaje usaba términos de la UP”.

Los “nacionalistas”, en cambio, eran buenas personas, probas e íntegras, ejemplos de virtud y rectitud. Ello queda de manifiesto, por ejemplo, en el caso de los ex generales de Ejército Bruno Siebert y Julio Canessa, ambos calificados como “persona excelente” en sus respectivas fichas.

Como en toda secta, en este mundo paranoico y maniqueo lo “bueno” era el líder y sus acólitos, o aquellos que él sancionara como elementos positivos para la comunidad, mientras que lo “malo” era lo relacionado con lo que fuera que representara un pensamiento distinto del de ellos, partiendo por la Iglesia Católica, siguiendo por Silo e incluso por la Antigua y Mística Orden Rosacruz (Amorc), que parecía tener muchos miembros en la ciudad de San Carlos, y que se hizo acreedora a que uno de los más célebres informantes chilenos de la colonia, Óscar Muñoz Hildebrandt, más conocido en las fichas con sus iniciales (“OMH”), se “infiltrara” al interior de ese grupo, con el fin de obtener detalles de quienes lo formaban.

Lo mismo ocurría con la masonería. Hay muchas personas señaladas como tales y en la ficha de un profesor de apellido Godoy, de San Carlos, se señala que es “el único Godoy en la lista de masones”.

Además, no perdían la oportunidad de escribir “judío” en la ficha de cada persona que ellos creían era de dicha ascendencia.

Y un dato no menor es que en las diversas fichas se atribuye a distintas personas todo tipo de delitos: tráfico de drogas, homicidios, robos, hurtos, apropiaciones indebidas, manejos en estado de ebriedad, etc., pero no hay una sola ficha en la cual se hable de abuso sexual, el pecado favorito del pederasta Schäfer.

Los desaparecidos

Por cierto, lo más relevante de toda la información contenida en las fichas es la que dice relación con los Detenidos Desaparecidos y con aquellas personas que fueron torturadas e interrogadas al interior de la colonia. Además de mantener fichas de todos quienes fueron hechos desaparecer en medio de la “Operación Colombo”, los archivos de Dignidad contienen transcripciones de numerosos interrogatorios efectuados al interior del enclave y constan hechos que hasta antes del hallazgo de 2005 no estaban totalmente confirmados.

Una muestra de ello es lo que aconteció con Mile Mavrosky, un empresario de pompas fúnebres de San Carlos que fue detenido en diciembre de 1973, acusado de encabezar un plan llamado “Pascua Negra”, por medio del cual el MIR supuestamente iba a asesinar a todos los personajes connotados de dicha comuna; es decir, una suerte de “Plan Zeta” localizado, tan irreal y absurdo como el original.

Acusado de ello, Mavrosky estuvo 11 meses prisionero en un lugar que siempre creyó era la colonia. Nunca lo supo con detalle, pues permaneció todo ese tiempo solo en una especie de calabozo, sometido a torturas casi diarias, privado de alimentos y agua, tendido en una especie de cama, engrillado de pies y manos y con la vista vendada. Lo interrogaban a diario hombres que hablaban español, pero de fondo él escuchaba el murmullo constante de gente que conversaba en alemán.

Lo entrevisté hace poco. Muy cuidadoso, me dijo que creía haber estado en la colonia, pero no estaba seguro de ello, pues no vio a nadie. Solo oía las voces aquellas. No obstante, en las fichas está el detalle de los interrogatorios a los que fue sometido, las sospechas que tenían respecto de que era un peligroso marxista y varias cosas más, todo lo cual fue finalmente desvirtuado, al punto que quedó en libertad tras ser devuelto al regimiento de Chillán, “solo” con una fractura en su muñeca izquierda, visible hasta hoy.

Gran suerte la de don Mile, la misma que le fue tan escasa a tantos otros, como las más de 100 desaparecidos que el mismo “encapuchado del Estadio Nacional” dijo que se hallaban vivos al interior del predio de Parral hacia 1977, los mismos que hoy siguen engrosando los listados de Detenidos Desaparecidos y cuyo rastro se perdió en los contrafuertes de la precordillera de la Séptima Región.

por Carlos Basso

Este martes 4 de agosto el ministro en visita para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Chillán, Claudio Arias Córdova, sometió a proceso a 16 ex agentes represivos, civiles y militares, como autores de los delitos de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala, Ogán Esteban Lagos Marín y Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, ilícitos perpetrados entre el 27 y 28 de abril de 1974, en la provincia de 'uble.

Las tres víctimas eran militantes del MIR en la región. Rolando Angulo tenía 26 años de edad y era asistente social; Bartolomé Salazar tenía 31 años y era profesor de enseñanza media; Ogán Lagos tenía 20 años y era estudiante de agronomía de la Universidad de Concepción (Sede Chillán), fue el primero de tres hermanos que fueron asesinados por la dictadura.

Los procesados son los ex agentes de la DINA y ex oficiales del ejército: Fernando Gómez Segovia, jefe de la Brigada Sur de la DINA; Mario César Romero Godoy, fiscal militar a la época de los hechos; Osvaldo Enrique Ortega Echeverría; y los agentes DINA Froilán Enrique Aguilera Domínguez, Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, Patricio Orlando Marabolí Orellana, Humberto Artemio Olmedo Álvarez, Arturo Manuel Alarcón Navarrete, Fanor Eduardo Aguilera Pizarro, Luis Alberto Toledo Espinoza, y los empleados civiles Sergio Francisco Bustos Baquedano, Lincoyán Lagos Tortella y Héctor Soto Hermosilla.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Arias logró establecer que:

«El día 19 de abril de 1974, a través de un menor de edad que llegó al domicilio de Rolando Gastón Angulo Matamala, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en donde vivía con su cónyuge, en calle Isabel Riquelme de esta ciudad, cercanías del Mercado Municipal, quien le entregó un mensaje para que se dirigiera donde una persona que lo conocía, fue detenido por Agentes del Estado y posteriormente trasladado hasta un lugar de detención ubicada en las cercanías de San Carlos y desde allí hasta el Regimiento de Infantería de Montaña N° 9 de Chillán, lugar de donde fue sacado con fecha 27 de abril del mismo año con destino desconocido, siendo encontrado su cadáver el día 28 de abril de 1974 en el Canal Camilo Bravo del Fundo Mutupín, ubicado 7 kilómetros al oriente de San Carlos, con impactos de bala en su cuerpo lo que fue realizado por terceros, quedando de este modo configurado el delito de homicidio calificado».

En relación a este hecho y de acuerdo al dictamen se «desprenden presunciones suficientes y fundadas para estimar que les ha correspondido una participación culpable en calidad de autores del delito de homicidio calificado de Rolando Gastón Angulo Matamala a los inculpados Mario César Romero Godoy quien se desempeñaba a la fecha de comisión del delito como Fiscal Militar Letrada de Chillán  y de quien emanaban las órdenes de detener a las personas vinculadas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria(MIR); de Osvaldo Enrique Ortega Echeverría en su calidad de funcionario del Regimiento de Infantería N° 9 de Chillán, encargado de la «Oficina de Registro y Control»; de Fernando Gómez Segovia, Froilán Enrique Aguilera Domínguez, Luis Enrique Troncoso Verdugo, Pedro Blas Vergara Mieres, Hugo Enrique Villamán Salazar, Patricio Orlando Marabolí Orellana, Humberto Artemio Olmedo Alvarez, Arturo Manuel Alarcón Navarrete, Fanor Eduardo Aguilera Pizarro, Luis Alberto Toledo Espinoza, todos los cuales se desempeñaban al momento de ocurrencia de los hechos investigados como Agentes del Estado, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y Central de Inteligencia Regional (CIRE); y, de Sergio Francisco Bustos Baquedano, Lincoyán Lagos Tortella y Héctor Soto Hermosilla, quienes formaron parte del Servicio de Inteligencia Civil (SIC) en la ciudad de San Carlos, los cuales colaboraron directamente con el encargado de la Dina en la Región, facilitando información y los medios para la detención de personas vinculadas al Mir».

Respecto del homicidio de Bartolomé Salazar, el ministro Arias además dio por acreditado que:

«el día 17 de abril de 1974, alrededor de las 19:00 horas, Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), se reunió por breves momentos con su cónyuge en la Plaza de Armas de esta ciudad, a quien le manifestó que se juntaría con una persona para hacer un trámite ante lo cual esperó, pero nunca más regresó y posteriormente con fecha 27 de abril de 1974, su cuerpo fue encontrado sin vida en las cercanías de Quinchamalí, Comuna de Chillán,  a orillas de un río, muerto por impactos de bala realizado por terceros, quedando de este modo configurado el delito de homicidio calificado de Bartolomé Ambrosio Salazar Veloz, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, perpetrado en esta jurisdicción».

Por este hecho, añade el documento «Que, estos mismos antecedentes y de las propias declaraciones de los inculpados Mario César Romero Godoy, quien pertenecía a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y ejercía la jefatura de dicha Entidad de la Séptima y Octava Región; y de Patricio Orlando Marabolí Orellana el cual se desempeñaba al momento de ocurrencia de los hechos investigados como jefe de la Central de Inteligencia Regional (CIRE) en esta ciudad; se desprenden presunciones suficientes y fundadas para estimar que a éstos les ha correspondido una participación culpable en calidad de autores del delito especificado en el artículo 15 N° 1 y 3 del Código Penal».

Por último y en relación al homicidio de Ogán Lagos, el ministro en visita dio por acreditado que: «en la madrugada del día 15 de marzo de 1974, desde la casa de una hermana de la pareja de Ogan Esteban Lagos Marín, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), ubicado en Chillán Viejo, alrededor de las 02:30 horas, un comando de aproximadamente ocho personas, agentes de Carabineros y Ejército, todos de civil, allanaron el domicilio, quienes lo detuvieron junto a un hermano, subiéndolos a una camioneta de color verde, siendo trasladados al Cuartel de Investigaciones de Chillán y de allí los llevaron con la vista vendada al Regimiento donde fueron interrogados y posteriormente trasladado a la Cárcel Pública de esta ciudad;  desde allí fue sacado el 25 de abril de 1974 con destino desconocido por un grupo de Agentes, siendo encontrado su cadáver cerca de una casa del fundo La Dehesa de Tanilvoro, a consecuencias de impactos de bala realizado por terceros con fecha 27 del mismo mes y año, quedando de este modo configurado el delito de homicidio calificado de Ogán Esteban Lagos Marín, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal». Por este delito se dictó auto de procesamiento en contra de «Fernando Gómez Segovia, Mario Cësar Romero Godoy, Arturo Manuel Alarcón Navarrete y Patricio Orlando Marabolí Orellana, como autores del delito de homicidio calificado de Ogán Esteban Lagos Marín, previsto y sancionado en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, perpetrado en esta jurisdicción con fecha 27 de abril de 1974».

El ministro Arias ordenó la prisión preventiva de los 15 procesados, por lo que ofició a la Brigada Investigadora de Delitos Contra Los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Santiago y la Prefectura de Investigaciones de esta ciudad.

Al respecto, hay que señalar que Fernando Gómez Segovia cumple condena en el Penal Punta Peuco por otros delitos de derechos humanos.

Fernando Gómez Segovia en la Casa de Prisión y Tortura ubicada en la Parcela 31 del Fundo Pomuyeto de propiedad de Lincoyan Lagos Tortella (fallecido) 

La noticia fue entregada por la Multigremial FACIR a través de su cuenta de Twitter “Comunicamos sensible fallecimiento  de Coronel de Ejército (R) Don Fernando Gómez Segovia Q.E.P.D. Expresamos condolencias al Ejército de Chile, a sus camaradas de Punta Peuco y a su familia Que el Señor lo reciba en su santo reino y reciba la justicia que este mundo le negó” fin del comunicado.

Fernando Gómez Segovia fue trasladado el 20 de diciembre del 2017 desde la Cárcel de Punta Peuco,  hasta una  Casa de la comuna de San Carlos, ubicada en la Parcela 31 del Fundo Pomuyeto, que sirvió como centro de prisión y tortura   de Propiedad del Lincoyan Lagos Tortella (Fallecido), para participar en la reconstitución de escenas y así esclarecer la muerte de tres jóvenes del MIR.

La diligencias fueron dirigidas por el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana,

A la Muerte de Gómez Segovia se suma al fallecimiento del ex fiscal militar  Mario Romero Godoy, ocurrida el pasado 11 de enero, a  las 05: 45 hora, en la Clínica Las Conde, sus funerales se realizaron "privadamente"   el 12 de enero  del presente año,  tampoco se informó del lugar donde  fue sepultado,  según fue publicado en el obituario del diario impreso  El Mercurio. 

Así también el fallecimiento de Lincoyan Lagos Tortella en Mayo del 2017. Luego de padecer un cáncer biliar. En los años setenta fue activo militante del Frente Nacionalista Patria y Libertad, un movimiento paramilitar chileno de extrema derecha de ideología nacionalista.

Lagos Tortella, fue sometido a proceso por la muerte de Rolando Angulo Matamala, Joven Militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, asesinado el 27 de abril de 1974.

En la investigación que dirigió el Ministro Instructor Claudio Arias de la Corte de Apelaciones de Chillán, Lincoyan reconoció haber facilitado su casa “para poder mantener a los prisioneros político que Mario Romero quería que fueran interrogados” a petición de sus “amigos de Patria y Libertad” afirmó

La Impunidad Biológica

Ante La muerte de Fernando Gómez Segovia cabe recordar las declaraciones realizas por la agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Ñuble, luego del conocer la noticia del fallecimiento del ex Fiscal Militar Mario Romero Godoy, "Hemos sido testigo como han limitado la justicia a través de la Corte de Apelaciones de Chillán y actualmente Corte de Apelaciones de Concepción al momento de esclarecer el secuestro y homicidio de tantas víctimas y como la justicia ha conspirado contra el avance sustantivo que permita saber qué pasó con nuestros familiares y quiénes son los responsables en su desaparición y ejecución".

"La mal llamada justicia en este país ha llevado a los victimarios a declararlos interdicto por demencia o la impunidad biológica en este caso. Vulnerándose todo derecho a los familiares"

Ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana,

Fernando Gómez Segovia estaba procesado por diferentes casos asociados a la violación a los Derechos humanos en la Región de Ñuble.

Entre ellos  el crimen de tres jóvenes del MIR, hecho ocurrido el 27 de abril de 1974, “ellos integraban el Comité Regional del MIR,  fueron detenidos por este grupo de torturadores, que está siendo careado con Gómez Segovia, siendo llevados a San Carlos al sector de Pomuyeto, de propiedad de Lincoyan Lagos para luego ser  asesinados y sus cuerpos los arrojaron en distintas partes de la provincia” según manifestó Jorge Vera integrante del Comité Verdad y Justicia de Chillan, a Diario El Itihue en el mes de abril del 2015.

ABRIL 2015- CORTE DE APELACIONES DE CHILLÁN

Froilan Aguilera Domínguez, cabo de ejército (DINA); Pedro Vergara Mieres, cabo de ejército (DINA); Luís Troncoso Verdugo, cabo de ejército (DINA Linares); Luis Toledo Espinoza, cabo de ejército (DINA Linares) y Héctor Soto Hermosilla, fueron careados en la Corte de Apelaciones de Chillan.

Según la información proporcionada por Jorge Vera integrante del Comité Verdad y Justicia de Chillan, el careo realizado esta mañana en la Corte de Apelaciones de Chillan, es para  “esclarecer la muerte de tres compañeros del MIR que fueron detenidos el 7 de abril de 1974 por este grupo de seis torturadores junto a Fernando Gómez” posteriormente asesinados.

“Estos jóvenes fueron detenidos por el SIC de San Carlos  (Servicio de Inteligencia Civil), la  función que cumplió este organismo represor en los primeros días del golpe de estado fue: detener, perseguir, allanar casas de personeros de la Unidad Popular y principalmente del MIR”

SIC – DINA

El SIC y la DINA- una vez que la DINA se instaló en Chillan, se formó la Brigada Michimalongo Brigada Centro Sur de la DINA, comandada por Fernando Gómez Segovia y un sargento de carabineros de apellido Espinoza, actualmente está fallecido, el fiscal  Mario Romero Godoy, llamó al SIC a colaborar con la DINA y entregarle todo su apoyo y colaboración en la parte de infraestructura, esto  quiere decir que el SIC le proporcionó vehículos, propiedades, fundos, para que la DINA empezara   a opera entre Linares y Chillan.

Héctor Soto Hermosillas sancarlino, Fue el jefe del SIC, él visitaba constantemente la casa de centro de detención y tortura que se encontraba en el fundo Pomuyeto de Lincoyan Lagos,en la ciudad de San Carlos. Soto Hermosillas recibía los informes de los verdugos que estaban ahí, el cabo de ejercito Vergara, el cabo de ejercito Troncoso y los cabos de ejército del regimiento de artillería de Linares, Toledo y Olmedo.

Jorge Vera destaca que todos ellos “Están siendo careado con su jefe máximo, todos ellos involucran a Fernando Gómez Segovia, quien había visto con vida a los tres compañeros del MIR que fueron asesinados:  Ogan Lagos Marín de  22 años, estudiante de agronomía de Chillan; Rolando Angulo Matamala de 26 años, asistente social de la Gobernación de Chillan; Bartolomé Salazar Veloso profesor del Liceo de Niña de Chillan, todos fueron ejecutados el 27 de abril de 1974”.

Héctor Soto Hermosilla, fue jefe del SIC desde el año 1973 a 1974, junto con Sergio Gómez Vera, el resto de los integrantes del SIC, Lincoyan Lagos y Sergio Bustos Baquedanos.

Erick Zott, que pasó una semana recluido en las dependencias de la secta, hace 50 años, fue interrogado por un sujeto de acento portugués, sometido a torturas muy peculiares y, además, utilizado en medio de un entrenamiento de inteligencia destinado a miembros de la policía secreta de la dictadura.

Durante muchos años, el exoficial del Ejército y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Fernando Gómez Segovia (ya fallecido), negó que la oficina de dicho organismo que él dirigía en Parral tuviera alguna relación de trabajo con la secta de Colonia Dignidad, la cual, a su vez, efectuaba también trabajos de inteligencia en la época de la dictadura militar, manteniendo un inmenso kárdex con fichas de “enemigos” de la colonia, pero también de quienes consideraban sus amigos, al tiempo que realizaban seguimientos, vigilancias y hostigamientos en el mismo sector, pero también en ciudades como Chillán, Concepción y Los Angeles, como ha quedado en evidencia gracias a las 46 mil fichas que fueron encontradas por la PDI en 2005.

Sin embargo, Gómez Segovia, más conocido como “GURMIR” dentro de la colonia, fue dejando caer algunas piezas de información en varios de los procesos judiciales en que estuvo imputado. En varios de ellos relató que en 1974 fue destinado como jefe de la Brigada Regional Sur (BIRS) de la DINA, con asiento en Parral, y que esta se instaló en una casa ubicada en el centro de esa comuna que Paul Schäfer, líder de la secta, les ofreció en forma gratuita. También, en declaraciones prestadas en el marco de la investigación por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, dijo que su segundo en dicha unidad era el exoficial de Ejército Gerardo Huber (asesinado en el Cajón del Maipo en 1991) y que otros oficiales que se desempeñaron como jefes de la BIRS, que tenía jurisdicción en toda la zona centro sur de Chile, fueron Eduardo Neckelmann y Maximiliano Peppi.

Quizá lo más sorprendente de todo lo que alguna vez dijo fue -en el marco de la investigación por el secuestro de Alvaro Vallejos Villagrán, caso por el cual Gómez Segovia fue condenado a 10 años- que un día Schäfer le pidió acompañarlo hasta un inmueble ubicado dentro de la villa, cerca de la entrada del predio, “y allí me exhibió una construcción que desde fuera parecía un establo, pero al ingresar era impresionante, pues prácticamente habían reproducido la oficina que yo usaba en Parral, con todas las comodidades, diciéndome que esa era mi oficina, lo cual reproché, pues nuestro trabajo era reservado. Schäfer se molestó y luego se la ofreció a Guy Neckelmann, quien me sucede en el cargo”, pero el Mamo no la quiso”, aseveró.

La mención a esa kafkiana réplica de la oficina citadina de la DINA al interior del enclave era la única declaración que existió durante muchos años en torno a lo que siempre fue un secreto a voces: que la DINA contó con instalaciones propias al interior de la colonia, en las cuales operaron agentes de gran relevancia, como Pedro Espinoza, Marcelo Morén Brito, Fernando Laureani y otros. De hecho, varias personas que fueron aprehendidas en los años ‘70 por la DINA estaban convencidas de que al ser conducidas a la colonia habían estado dentro de esa oficina, pero esta nunca pudo ser ubicada. 

Sin embargo, hace un par de semanas uno de los sobrevivientes de la colonia, Erick Zott, quien hoy reside en Austria, participó de una diligencia clave dentro del villorrio, la que fue encabezada por la ministra en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, así como con personal de la PDI, en medio de la cual el exprisionero político pudo reconocer el lugar, diligencia que hoy cobra una nueva relevancia, dadas las diligencias que la jueza ha realizado durante el último año en búsqueda de pistas que permitan dar con el paradero de al menos 30 personas que fueron hechas desaparecer al interior de la secta, entre 1974 y 1975.

El regreso

Hacia inicios de 1975 Erick Zott era jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Concepción y, junto a varios otros miristas, se encontraba en Valparaíso, ocasión que la DINA -apoyada por miembros del Servicio de Inteligencia Militar del Regimiento Maipo- aprovechó para tomarlos detenidos. Los recluyeron en el Regimiento Maipo, donde tuvo lugar un episodio nunca esclarecido, que culminó con la muerte del capitán Osvaldo Heyder, y luego de ello Zott fue llevado hasta Villa Grimaldi, pero hacia la segunda o tercera semana de febrero lo trasladaron hasta la Base Naval de Talcahuano, donde operaba el SIRE (Servicio de Inteligencia Regional), que tenía detenido a otro miembro del MIR de Concepción, Luis Peebles (quien falleció a fines de enero de este año).

Desde allí, ambos fueron movilizados hacia un destino desconocido, por parte de la DINA. A poco de llegar a ese lugar, sin embargo, comenzaron a notar que estaban un recinto de detención distinto de todos los que habían conocido hasta ese momento, pues el vehículo en que iban entró a un camino de ripio y luego les pusieron algodones con agua en los oídos. Luego de ello, cuando la camioneta se detuvo, los hicieron subir hacia una especie de rampa de cemento, y después de ello los recluyeron en una oficina. Aunque llevaban semanas con una venda en los ojos, el suboficial que conducía la camioneta permitió a Zott sacársela por algunos minutos, a fin de que se pudiera limpiar los ojos. Así fue como el prisionero alcanzó a ver que estaba en una oficina que tenía una ventana que daba hacia el exterior.

Tras ello, le taparon la vista nuevamente y comenzaron los interrogatorios, muy distintos de los que ellos ya conocían a esas alturas. 

Zott relata que pasaban casi todo el día amarrados -con cintas de cuero- a catres metálicos, imposibilitados de moverse por completo y con la luz encendida día y noche, por lo cual perdieron la noción del tiempo. De cuando en cuando, además, los sometían a una tortura de la cual nunca habían escuchado: los metían en una caja de madera muy pequeña, de pie, donde apenas cabía una persona, y los dejaban ahí por horas. A esa técnica, por cierto, se sumaban las clásicas golpizas y administración de electricidad. 

Sin embargo, los interrogatorios eran muy distintos a los que habían conocido hasta ese momento. En el caso de Zott, quien lo hacía era un sujeto de acento portugués y, a diferencia del modus operandi de la DINA, que solo quería nombres, este sujeto primero les preguntaba todos sus datos personales, como si quisiera saber de ellos, entenderlos, saber de sus vidas, sus temores, etc. 

Además, el sujeto de acento portugués y otros más los interrogaban en forma simultánea con otros miembros de la DINA que estaban en Villa Grimaldi, por medio de una radio de alta potencia. El lugar además era desconcertante porque cuando no estaban siendo interrogados, el único sonido que les llegaba, como un sordo rumor, era el chicharreo de la radio que usaba la DINA, pero nada más. Incluso, ambos prisioneros tenían en forma constante a un guardia, que se ubicaba detrás de sus cabezas, pero nunca los oyeron emitir palabra alguna.

Permaneció cerca de una semana allí y cuando lo llevaban de regreso a otro centro de detención en Santiago el mismo suboficial del Ejército, la única persona que tuvo un trato humanitario con él, le dijo que había estado en Colonia Dignidad y no solo eso, sino que además le explicó que habían estado allí en medio de una instrucción “de una instrucción para oficiales en el ámbito de interrogatorios” (hasta el día de hoy Zott lo ha intentado encontrar, lo que ha sido en vano).

Lo anterior cobró sentido casi 40 años después, cuando la PDI encontró en la colonia un cuadernillo que evidenciaba que en noviembre de 1974 la DINA había realizado un entrenamiento de inteligencia para suboficiales al interior de la colonia.

Hoy, Zott entiende que tanto él como Peebles fueron básicamente utilizados como los sujetos a ser interrogados en dicho entrenamiento, en el cual todo indica que el sujeto extranjero era Carlos  Camacho Matos, un funcionario del Ejército brasileño que a inicios de los años ‘70 se infiltró en el MIR, en Concepción, y que posteriormente fue situado en la colonia junto a otros brasileños.

La oficina

Zott está seguro de que el sitio donde él y Peebles permanecieron dentro de la colonia no era la famosa “Bodega de las papas”, donde fueron recluidos muchos otros prisioneros detenidos por la DINA en Santiago, Talca, Parral o Coronel, y por mucho tiempo le carcomió la duda de dónde había estado exactamente. En 2007 estuvo al interior de la colonia, tratando -entre otras cosas- de ubicar el lugar, pero no tuvo éxito. Sin embargo, algo peculiar sucedió en dicha visita, que fue autorizada por el delegado que el gobierno de la época designó para la secta, Hermán Schwember, y que era guiada por Udo Hopp, el hermano mayor del médico Hartmutt Hopp.

En medio de ello, Zott me dijo quién era:

-Yo soy un sobreviviente de aquí, yo estuve preso aquí. Yo me llamo tal y cual -le explicó. Para su sorpresa, Hopp se emocionó.

-Me quedó mirando como un shock. Y me vuelve a mirar, se me acerca y me da un abrazo, mil por ciento emocional. Se le caen lágrimas y me volvía a mirar la cara como diciendo “lo conozco, no lo conozco, lo reconozco”. 

Tras ello, el guía le dijo que le iba a mostrar algo.

-Me llevó a un lugar que yo ahora, lamentablemente, no puedo reconocer. Sé cómo se ve por dentro, pero yo no me acuerdo desde qué parte llegamos a ese lugar, y me dice, este es el laboratorio donde mi hermano trabajaba con la gente de la DINA y me dice, tú sabes, son todos esos químicos que se elaboraron, etc. -en referencia a las armas químicas y probablemente bacteriológicas que se produjeron al interior de la DINA. Sin embargo, el recorrido quedó interrumpido, debido a la oposición de otros colonos y de la propia esposa de Hopp. 

Cincuenta años más tarde de su reclusión en la secta, Zott pudo finalmente identificar el lugar. Se trataba de una construcción que hoy se encuentra casi en ruinas, pues está llena de materiales de desecho, y que antes era conocida como la Hildegard Halle (el galpón de Hildegard), la cual posee en su parte posterior (por donde se ingresa) la rampa de cemento que Zott menciona, “la típica rampa de una bodega en la cual los camiones descargan”, explica. Se trata de una edificación de un piso, de madera, de gran tamaño, dividida en tres naves y que luego de que fuera identificada como el lugar en que estuvo Zott, está siendo en estos momentos estudiada por la PDI, especialmente ante la sospecha de que posea un subterráneo oculto, pues cabe recordar que solo en los últimos dos meses la ministra Plaza, junto a los detectives con los cuales trabaja, ha logrado encontrar ya dos búnkeres subterráneos e interrogar a una serie de testigos que estarían entregando antecedentes de utilidad para la reconstitución de la actividad represiva en conjunto de la DINA y la Colonia Dignidad, con el fin de encontrar a las víctimas que fueron allí ejecutadas

por Carlos Basso Prieto