Delmás Ramírez Juan Alberto

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones. Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.

Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.

Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

La búsqueda

La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.

Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.

Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.

Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.

“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.

La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.

“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.

Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.

Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.

“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.

El hombre invisible

Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó. “… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.

Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.

“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.

Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín. Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación.

“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”, dijo.

Crimen emblemático

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado a la justicia militar.

En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.

El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.

El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.

El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía. El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la batalla

Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense: inhabilitar al testigo clave.

Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.

La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.

Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente: “El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo

del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el

lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.

Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.

El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo que siguió

La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.

Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía”.

Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.

Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.

“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.

Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.

En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.

Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla

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El ministro Alejandro Madrid sigue arrojando sorpresas. A punto de terminar la pesquisa sobre la extraña muerte de Eduardo Frei Montalva, acaba de concluir una investigación que entrega una nueva versión sobre el robo de una sucursal bancaria en Calama, que terminó en 1981 con dos empleados dinamitados y un botín de $45 millones desaparecido. Los autores, dos agentes de la CNI, fueron fusilados y su jefe, el mayor Juan Delmas, se suicidó. El equipo policial de Madrid descubrió que Delmas fue asesinado por otros hombres de los aparatos represivos –tal como en las mejores historias de espías- para impedir que se develara que el robo fue parte de un plan organizado por los propios mandos CNI para financiarse. Y para ello debieron seguir matando a otros agentes, crímenes que hoy son investigados por un juez de Arica. El factor común: la temible Brigada Mulchén, hasta ahora intocable, la que siguió operativa años después de su disolución en 1977.

La historia oficial dice que la penúltima vez que se aplicó la pena de muerte en Chile fue el 22 de octubre de 1982. Ese día fueron fusilados los agentes de la CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez. Ambos robaron $45 millones de la sucursal Chuquicamata del Banco del Estado luego de dispararle en la nuca a dos ejecutivos de esa oficina y dinamitarlos en pleno desierto el 9 de marzo de 1981. Detenidos en junio de ese año, fueron condenados y –contra todo pronóstico de la época- finalmente fusilados en la cárcel de Calama. Un cómplice de ambos, Francisco Díaz Meza, fue condenado a presidio perpetuo y hace cuatro años obtuvo el beneficio de la salida diaria. El jefe del grupo y de la CNI de Arica, el mayor Juan Delmas, apareció muerto en el desierto. Suicidio, concluyó la justicia. Con esos datos, el caso quedó cerrado.
Pero 27 años después, una nueva investigación judicial revela que éste fue mucho más que un robo y homicidios impactantes. Con un botín equivalente a $ 830 millones de pesos de hoy, fue el primer y frustrado intento de una cadena de asaltos que planificó la CNI para financiar la represión y la ampliación de sus operaciones al exterior. En momentos que la economía se derrumbaba y la oposición comenzaba a organizar las primeras protestas y un paro nacional, asegurar financiamiento para mantener el miedo fue prioritario.

La nueva pista asomó cuando rastreando el uso que hizo del mortal gas sarín la Brigada Mulchén de la DINA, se investigó –esta vez de verdad- el extraño suicidio del mayor de Ejército y jefe de la CNI en Arica en 1981, Juan Alberto Delmas Ramírez, quien quedó caratulado como el jefe del estremecedor robo. La trama oculta indica que, como sus autores fueron descubiertos, la CNI decidió eliminar a quienes podían destapar el plan de “financiamiento”. El primero de la lista fue Delmas. El ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, no se suicidó: fue asesinado de un tiro en la cabeza. En los días y meses siguientes también fueron ultimados al menos otras tres personas –entre ellas el cuñado de Delmas, que también era agente de la CNI- en diversos puntos del país.

Esto fue lo que descubrió en una exhaustiva investigación el juez Alejandro Madrid al develar la masiva cacería humana contrarreloj ordenada por los altos mandos de la CNI y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) apenas se enteraron de que Hernández y Villanueva –los dos asesinos de Calama y agentes de la CNI- habían confesado actuar por órdenes de Delmas, su jefe zonal. Tres días después de que se hiciera pública dicha confesión, Delmas apareció con el cráneo perforado en pleno desierto. La versión del “suicidio” dejó las cosas hasta ahí, nada más se sabría sobre el Caso Calama. Un fleco quedó para el misterio: los cerca de $15 millones del botín que nunca aparecieron.

Lo que ocurrió entre el día de la desaparición de Delmas (12 de junio de 1981) y el hallazgo de su cadáver (15 de junio), es la historia no contada de una operación secreta en la que aparecen como protagonistas algunos de los más connotados represores de la dictadura: Francisco Ferrer Lima (Caso Tucapel Jiménez y caso Berríos), Marcelo Moren Brito (Caravana de la Muerte y Villa Grimaldi, entre otros), Carlos Parera Silva (ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Caso Boinas Negras de Peldehue) y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (Ex jefe del Departamento Exterior de la DINA, Brigada Mulchén y Purén, Casos Prats, Leighton, Dagoberto San Martín; por este último estuvo prófugo casi dos meses el año pasado). El reparto de una historia de terror.

El deportivo rojo de dos puertas

Cuando Delmas llegó a Arica como jefe de la CNI, después de disolverse la DINA en 1977, iba acompañado de una leyenda. Experimentado comando de elite, experto en inteligencia y en manejo de explosivos, en 1976 fue uno de los ejecutores del crimen de Carmelo Soria junto a sus compañeros de la Brigada Mulchén. Una noche de julio salió desde el cuartel de la DINA en Lo Curro, donde vivían Michael Townley y Mariana Callejas, disfrazado de carabinero y a bordo de un vehículo –en el que iba el cadáver de Soria– junto al hoy ex brigadier Jaime Lepe, quien escalaría alto al convertirse a comienzos de los ’90 en secretario privado de Augusto Pinochet y secretario general del Ejército.

La Mulchén adquirió experiencia en muertes que no dejan huella por el uso del letal gas sarín. El veneno ya había sido “probado” en los asesinatos del conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y del cabo Manuel Leyton (1977), ejecutado por violar el pacto de silencio y ventilar los crímenes de la DINA. La marca registrada de la Brigada Mulchén tuvo como otra de sus víctimas al propio Delmas, al químico Eugenio Berríos (1993) y al coronel Gerardo Huber (1992). La lista sigue sumando nombres. Pero en Arica muy pocos sabían el verdadero nombre de Delmas. Operando bajo la identidad falsa de “Carlos Vargas Casella” se hizo conocido en la zona. La chapa era un guiño al hoy retirado teniente coronel del ejército uruguayo Tomás Casella Santos, involucrado en el secuestro y asesinato de Eugenio Berríos en Uruguay.

Muchos de sus subordinados han declarado que “Carlos Vargas” contaba con múltiples contactos en la frontera y en Perú y tenía un alto ascendiente en las filas. Incluso algunos han dicho –más de veinte años después- que lo consideraban su “formador” y “un líder al que todos seguían”. Bajo su mando, hicieron cursos de comando, buzo táctico y entrenamiento para operaciones de infiltración y combate, dada la cercanía con Perú.
“Carlos Vargas” no pasaba inadvertido. Se desplazaba por Arica y sus alrededores en su deportivo Mazda 929 rojo de dos puertas. Y los ojos se centraron en sus desplazamientos cuando se supo que dos de sus subordinados -Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez- eran los autores del robo al Banco del Estado de Chuquicamata. Ambos convencieron al jefe y cajero de la sucursal de que iban a simular un asalto ya que un reciente robo les obligaba a aumentar las medidas de seguridad.

En una declaración judicial hoy olvidada, Hernández Anderson declaró el 3 de agosto de 1982 –poco más de dos meses antes de morir fusilado-, que Delmas lo visitó en Calama en enero de 1981, para ordenarle que participara “en una importante misión en beneficio y ayuda para el servicio”. La explicación que según Hernández le dio Delmas fue clara: “La CNI se encontraba desfinanciada a nivel nacional, porque todo el envío de agentes del servicio, tanto de oficiales, personal de planta y empleados civiles a las embajadas del extranjero en distintos países debieron ser canceladas por el mismo servicio, siendo que esto correspondía hacerlo al Ministerio de Relaciones Exteriores”. También hizo mención a que se habían suspendido “las contrataciones de personal, reencasillamiento y otras medidas atingentes al orden económico”.

La declaración de Hernández no fue considerada ni por jueces ni policías. Y ello, a pesar de que a comienzos de 1981 todo indicaba que la economía tambaleaba. El recorte fiscal se generalizó, pero no alcanzó a la CNI. Cuando en 2007 la ministra Amanda Valdovinos investigó los flujos y usos de gastos reservados que manejaba la dictadura, descubrió que sólo en el ciclo 1979-1984 se asignaron al organismo represor unos 13 mil millones de pesos, según declaró el ex ministro Sergio de Castro. Informes oficiales incautados en distintos procesos indican que tanto Pinochet como los altos mandos de la CNI sabían que a mayor crisis económica, más importante sería la rebeldía que ya se empezaba a palpar en las calles. Con la cesantía en alza, no había presupuesto que alcanzara para pagar a informantes y agentes suplementarios que la CNI requería con urgencia para bloquear el paro nacional que en esos días organizaba el líder sindical Tucapel Jiménez.

La necesidad de reforzar la represión determinó que Pinochet sacara del mando de la CNI al general Odlanier Mena, quien reemplazó a Manuel Contreras luego de los coletazos del caso Letelier (consumando así una lucha a muerte entre ambos), y en su lugar nombrara al frío y obediente general Humberto Gordón. Para los sucesos de Calama, Gordón ya le había dado un nuevo impulso a la acción represiva, sepultando la interdicción que pesaba sobre los hombres más duros de Contreras.
Lo anterior abre nuevas interrogantes para el juez titular del 2° Juzgado de Letras de Arica, Julio Aguilar, que deberá concluir ahora el proceso. Y la más importante es el destino de los entonces $15 millones del botín del banco de Chuquicamata que nunca aparecieron, unos $278 millones de hoy. La pista que podría probar cuán institucional fue la decisión de allegar fondos en forma ilícita a la CNI, o si se trató de una pantalla para encubrir actos de corrupción. Sobre eso, Madrid adelantó en gran parte el camino.
La sangrienta “Teletón” de la CNI

Hernández Anderson y Villanueva Márquez siguieron al pie de la letra las instrucciones de Delmas. El día del crimen se hicieron acompañar por el taxista Francisco Díaz, quien sólo la jornada anterior se había incorporado a la CNI, aceptando una vieja oferta. Luego de dinamitar al jefe de la sucursal del banco (Luis Martínez Araya) y al cajero de la misma (Sergio Yáñez Ayala), se repartieron una pequeña fracción del botín: $200 mil para Díaz, $100 mil para el ex CNI Juan Arenas Cortés y $300 mil para Delmas. Los dos homicidas también se dejaron montos menores para cada uno, le entregaron unos $8 millones al hermano de Villanueva y escondieron el grueso del dinero en distintos lugares, usando bidones.

El grupo alcanza a disfrutar poco más de tres meses del secreto y de la plata. En ese período Delmas incluso recibe en Arica a Augusto Pinochet, quien llega de visita unos 15 días antes de que se descubra el crimen: junto con personal de la CNI, el mayor forma el segundo anillo de seguridad durante los tres días que el dictador permanece en la ciudad.
La versión más conocida dice que Hernández y Villanueva cayeron por los típicos errores: Villanueva gastaba en regadas fiestas en las que incluso pagaba a músicos para que le cantaran “El Rey”, la misma canción que tanto le gustaba a Pinochet. Además, el rumor de música fuerte y una orgía con prostitutas en el empobrecido poblado de Chiu Chiu corrió rápido. Pero en su pesquisa, el equipo del juez Madrid se encontró con la sorpresa que el crimen fue resuelto casi por casualidad.

Son policías civiles de Calama los que detienen a comienzos de junio al taxista Díaz por un asunto menor y ajeno al crimen. Al registrar su auto, aparecen gruesos fajos de billetes, cuyos números de serie coinciden con los que ya estaban encargados tras el robo al banco. Al poco rato, el detenido confiesa y pone los nombres de sus nuevos jefes sobre la mesa.

Hasta ese momento, los empleados bancarios llevaban casi tres meses desaparecidos, al igual que los $ 45 millones. Y según la prensa partidaria de la dictadura eran los responsables del robo. Con la confesión de Díaz, los policías tenían a dos cadáveres dinamitados por encontrar y una bola de fuego en las manos que les podía costar la cabeza. Deciden telefonear al entonces prefecto Víctor Lillo Monsalve a Arica, y soltar la bomba recurriendo al viejo truco de “Jefe, le tenemos una noticia buena y una mala”. Eran casi las 4 de la mañana y al otro lado del teléfono el prefecto elige saber primero la buena.
– La buena es que tenemos resuelto el robo al Banco del Estado.
– Excelente. ¿Y la mala?
– Es que fueron los “Charlies” (clave para “CNI”).
Lillo dispone terminar la investigación en la más completa reserva: sólo avisaría a la CNI cuando tuviera todo amarrado. Para eso basta que Díaz aparente cumplir las órdenes que le habían dado: que cada 15 días cambiara la plata en Perú por soles, y de regreso al lado chileno de la frontera la volviera a cambiar por pesos para hacer entrega del botín saneado. Vigilado de cerca por Investigaciones, el taxista llega al “punto” y ahí cae Hernández Anderson, jefe de la CNI en Calama. Después es el turno de Villanueva.
Sólo entonces Lillo da aviso al entonces director de Investigaciones, general Fernando Paredes, y éste a su vez al general Humberto Gordon. La alarma es total.

¿Delmas o Vargas? Un gol de media cancha

Apenas enterados del desastre, los mandos en Santiago ordenan un amplio despliegue. Gordon instruye a Paredes para que disponga dos aviones de la policía civil que trasladen a personal de la CNI al norte. A las pocas horas aterriza en Arica el coronel Héctor Bravo Letelier (ex DINA), jefe de las Brigadas Regionales del organismo, acompañado de otros efectivos. Bravo llega con la misión de intervenir la oficina CNI de Calama y hallar el botín. Sobre la marcha también llega el capitán Juan Vidal Ogueta, jefe de la Contrainteligencia de la CNI. El espía de los espías.
Como zonas fronterizas, tanto Arica como Calama son centro de múltiples unidades de espionaje castrense, a las que se suman los “corresponsales” que cada alto oficial de Santiago tiene apostados allí. Así, al momento de ser “intervenida”, el área ya era monitoreada por la CNI y por el Destacamento Especial de Inteligencia (DEI), con base en Arica; repartición de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). A toda la red descrita se sumaron varios agentes del Servicio Secreto de la DINE que reportaban a Santiago.
Si por el tiempo transcurrido se ha hecho difícil saber exactamente quién actuó primero, sí hay constancia de los hechos gruesos. Uno de los primeros en tomar medidas es el capitán Vidal Ogueta. Adelantándose a los interrogatorios de Investigaciones, visita al entonces recién detenido Hernández Anderson. El Jefe de la Contrainteligencia CNI llevaba dos tareas: que le dijera qué sabía y había dicho; y ordenarle callar para siempre. Suicidarse.

Pero Hernández Anderson, hijo de un connotado juez de Arica, no obedece la instrucción de Vidal Ogueta. Y apreta play. Su padre juega un rol principal en esa decisión. Y declara que fue su superior quien le ordenó todo (más de un año después diría que el mayor le había garantizado que la detención y los primeros interrogatorios eran parte del show y que todo saldría bien). Sólo se guarda una munición: dice que su superior era “Carlos Vargas”. En tiempos en que era casi imposible que un juez consiguiera el nombre real de un agente, no es un olvido pequeño.
Enterado de la confesión de Hernández, Vidal Ogueta telefonea a Santiago: hay un mayor experto en inteligencia involucrado en varias operaciones secretas anteriores, directamente acusado en el robo. Al otro lado escucha el general Gustavo Rivera Toro, segundo jefe nacional de la CNI, quien al instante transmite la orden “detenga a Carlos Vargas”. Quien la recibe, según varias versiones es nada menos que el coronel Marcelo Moren Brito, jefe del DEI en Arica.

Moren, más conocido como el “Ronco” o “El Coronta”, le transmite la misma orden al prefecto Lillo: “Hay que detener a Vargas”.
En 1981, Moren arrastraba un amplio prontuario como ex alto mando de la DINA y hombre de confianza de Contreras (fue cabeza de la Brigada Caupolicán y jefe de la Villa Grimaldi). Después se confirmaría en los tribunales su brutal rol en los crímenes de la Caravana de la Muerte, Calle Conferencia, casos Alfonso Chanfreau, Lumi Videla y Alberto Bachelet, entre varios otros.
Sólo ahora –y gracias a la confesión de varios protagonistas de la época- se sabe que fue una de estas dos llamadas telefónicas, o ambas, lo que le permitió huir a Vargas/Delmas. Los detalles de cómo se entera Delmas de la orden de captura, difieren. Una de ellas es hasta graciosa: cuando el prefecto Lillo recibe en su oficina la llamada de Moren Brito, se encuentra precisamente acompañado de Delmas, quien lo visitaba constantemente para informarse de los avances de la diligencias y ofrecer su ayuda. Pero Lillo no sabía que Delmas y Carlos Vargas eran uno solo. El hecho cierto es que el coronel Moren dispone el cierre de la frontera para evitar que Delmas aproveche sus contactos en Perú.

Como quiera que sea, el viejo juego de las “chapas” le ha pasado un golazo a medio aparato de inteligencia, en plena dictadura militar, y en la zona más vigilada del país: Delmas se esfuma. Toma un alto de vales de bencina, instruye a la telefonista del cuartel de la CNI de Arica para que lo mantenga conectado con las llamadas entrantes y salientes, se sube a su Mazda rojo y se va. Pasadas las 8 AM del 12 de junio de 1981, el ex escolta de Pinochet desaparece para siempre.
Nadie sabe para quién trabaja

En Santiago las alarmas siguen encendidas. Que Delmas sea el jefe del robo le indica a Gordon que cualquier esfuerzo por capturarlo es poco. Y despacha a otro enviado especial. Tan urgido está el director de la CNI que incluso saca de sus vacaciones al jefe del aparato ultra secreto para que se una a la cacería. Nadie tiene idea cómo ni cuándo llega a la zona el entonces mayor Francisco Maximiliano Ferrer Lima, recién llegado de Buenos Aires, donde había estado operando con la Secretaría de Inteligencia del Estado trasandina (SIDE).
Ferrer Lima, alias “Max Lerou” entonces era un oficial experto en espionaje, capacitado en Brasil y en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), además de haber integrado la Brigada Caupolicán de la DINA. Meses después, ordenaría el asesinato de Tucapel Jiménez –lo que le costó una condena a 8 años de presidio- y luego llegaría a ser jefe del Servicio Secreto Exterior de la DINE, tras haber sido instruido en el MI-5 en Inglaterra como recompensa por los servicios prestados por Pinochet durante la guerra de Las Malvinas. Entre 1983 y 1992, fue el motor del “despacho” al extranjero de agentes comprometidos en juicios.

Luego de aterrizar en Arica en un vuelo comercial, Ferrer se mueve por su cuenta y se instala en una habitación con vista al mar en el Hotel “La Lisera”. Al día siguiente interviene la unidad CNI local. Su misión: encontrar a Delmas y el dinero. Para eso se hace ayudar, entre otros, por el suboficial José Aqueveque Pérez, ex compañero de Delmas en la escolta de Pinochet y en la Brigada Mulchén, a quien Ferrer le tiene plena confianza desde los tiempos del Curso de Paracaidistas.
“Max Lerou” se reúne con su viejo conocido Moren Brito a cotejar datos y luego su pista se pierde por completo. Después, Ferrer declarará que regresa a los pocos días a Santiago, lo que varios otros contradicen.

Arica se ha convertido en la “zona cero” de la dictadura. Allí se ha dado cita la selección nacional de la represión: Moren Brito (DEI), Ferrer Lima (DINE), Vidal Olgueta, Bravo Letelier y Aqueveque (los tres CNI) además del capitán Jorge Camilo Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica). Con los días se agregan el capitán Manuel Pérez Santillán (Cuartel “Las Machas”, de dotación del Regimiento “Rancagua” de Arica, también ex miembro de la Mulchén), el coronel Carlos Parera Silva (Regimiento de Artillería “Dolores”) y varios otros.

La misión es contra el tiempo: el mismo día de la confesión de Hernández y Villanueva, se hace público que hay gente de la CNI involucrada en el crimen de Calama. Se filtran tantos datos, que en Santiago, Gordon tiene que optar por algo insólito: sacar un comunicado de prensa con “la mala” noticia, estableciendo que Delmas era cómplice y cerebro del crimen, y que tanto él como los dos agentes comprometidos han sido expulsados de las filas.

Cada uno de los oficiales involucrados indaga por su cuenta qué pasó, qué se sabe y qué corre riesgo de quedar al descubierto. Casi todos operan en forma compartimentada. Nadie confía en nadie. Ferrer Lima y Vidal Ogueta se han alojado en el mismo hotel ariqueño, donde se topan brevemente y apenas se confiesan estar trabajando en la zona, sin especificar en qué. El suboficial Aqueveque se suma a las pesquisas sin que se sepa claramente para quién trabaja: mientras algunos lo sitúan colaborando con “Max Lerou”, otros lo muestran operando por cuenta propia o para alguien más.

Las pesquisas recientes establecen que muy pocos o ninguno de los involucrados sabe qué hizo exactamente el capitán de contrainteligencia CNI Vidal Ogueta en los tres días que duró la búsqueda de Delmas. Las mismas dudas corren respecto de Aqueveque y Ferrer Lima.
Mientras algunos interrogan infructuosamente a los familiares de Delmas, otros se dedican a “peinar” la zona desde una o más avionetas militares, buscando en el desierto el famoso Mazda 929 rojo del mayor. En este punto tampoco hay coincidencias. Según personal de la CNI local, el agente Carlos Ortega León –especialista en infiltración al otro lado de la frontera- sobrevuela la zona acompañado de un piloto y forzosamente acompañado por Aqueveque. Otra versión dice que había una sola aeronave y que ésta fue utilizada para los mismos fines por Moren Brito, quien dice haber viajado a Iquique para rendir cuentas. Lo importante es que la o las avionetas eran indispensables para cubrir rápidamente los puntos críticos de Arica, Calama, Iquique y sus alrededores.

Entre el 12 y el 15 de junio el destino de Delmas es un misterio. Sólo ahora se sabe, por algunas declaraciones y otros indicios, que es altamente probable que se haya refugiado en la unidad “Solo de Saldívar”, del Regimiento “Rancagua” de Arica. Más conocida como “Cuartel Las Machas”, es un reducto en la salida norte de la ciudad, pero disimulado entre las dunas y la playa. En apariencia inocente, terminará siendo clave en la historia.
Mientras el “Rancagua” estaba bajo el mando del coronel Carlos González Coderch, el comandante de “Las Machas” era el capitán Manuel Pérez Santillán, otro ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA, y por tanto viejo conocido de Delmas. Hay versiones que dicen que desde el mencionado cuartel lo sacan en horas de la madrugada hacia la Parcela del Lluta, que dependía del “Rancagua”.

Las sospechas también apuntan al Coronel Carlos Parera Silva, entonces muy amigo de Delmas y comandante del Regimiento “Dolores”. Entre los últimos testimonios algunos sostienen que Delmas fue a refugiarse a su lado y luego se pierde su pista. Parera se libró por el pacto de silencio de ser involucrado en el caso Letelier y se haría famoso en 1990, cuando como comandante de la guarnición de Santiago se negó a pedirle la venia al Presidente Patricio Aylwin para iniciar la primera Parada Militar en democracia.

La tesis de la justicia es que Delmas debió haber sido ubicado por alguien de su confianza, con similar preparación y perfil y que la misma persona lo eliminó. Dichos parámetros dejan en la lista de sospechosos a Vidal Ogueta (quien si no lo mató, en último caso habría ordenado su asesinato), José Aqueveque y Manuel Pérez Santillán (ambos ex compañeros suyos en la Brigada Mulchén de la DINA). También se menciona a Ferrer Lima -tanto él como Aqueveque se culpan mutuamente en sus declaraciones judiciales- y a Raúl Iturriaga Neumann, también ex alto mando de la DINA y de la Mulchén, a la fecha comandante de la guarnición de Putre.

Sobre este último, ninguno de los involucrados sabe o recuerda qué hizo. Una de las pistas es que la bitácora de operaciones aéreas militares de esa zona muestra que el día 9 de junio –dos días antes que se sepa públicamente el rol de la CNI en el robo y doble homicidio- un avión despega precisamente con destino a Putre, llevando nada menos que a Augusto Pinochet.
Sobre el resto del botín, las pesquisas apuntan a Moren Brito. Hay testimonios que aseguran que el “Ronco” se quedó con una bolsa con dinero que habría sido ocultada en un basural por un suboficial del “Rancagua”, quien a su vez la recibió de Delmas. Moren declaró que nunca vio los billetes. Pero no le creen: a pesar de los múltiples testimonios y pruebas que lo incriminan, también ha dicho siempre que nunca torturó ni hizo desaparecer a nadie.

Un último dato respecto del dinero. Si bien las declaraciones de Aqueveque son contradictorias en lo que toca a su actuación, sí entrega un antecedente clave sobre las platas robadas. Dice que en 1981 estaba en Los Andes y Delmas lo llamó para que lo fuera a buscar al Aeropuerto de Pudahuel: allí le entregó un maletín lleno de dólares, que “provenía de un operativo de drogas y que debía entregárselo al Jefe de la DINA en calle Belgrado, lo dejé ahí y me retiré”. Aqueveque agrega que al día siguiente Delmas le ofreció irse a trabajar con él a Arica, lo que aceptó y “al mes salió mi destinación”. Finaliza contando que al tercer día de su llegada al cuartel ariqueño se enteró de lo que habían hecho Hernández y Villanueva.
Aunque dicho testimonio tiene un error –la DINA fue disuelta en 1977 y reemplazada por la CNI-, lo cierto es que muchos de sus antiguos agentes siguieron llamándola así. Y en cuanto al fondo, lo declarado por Aqueveque indicaría que Delmas llevó el dinero a Santiago alrededor de un mes antes de recibir un tiro en la cabeza. El viaje es confirmado por la viuda del mayor, quien declaró que “unas tres semanas” antes de su muerte “él tuvo que viajar a Santiago, vía aérea, sin darme explicaciones, fue todo rápido y como a los tres días regreso”.
“Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet”

La insólita cacería termina la tarde del 15 de junio. Una mujer y su hijo entran y salen de Arica por el camino a Ticnamar. En ambos trayectos les llama la atención un destello rojo bajo el sol. Se acercan y avisan a la prensa local: es el Mazda 929 de Delmas.
¿Quién se enteró primero? Hernández Anderson, en su declaración de 1982 da a entender que fue el corresponsal de La Tercera y director del diario La Defensa de Arica, Juan Carlos Poli, “que también es informante de la CNI de esa ciudad”.

Los primeros en llegar son el capitán Jorge Mandiola Arredondo (segundo jefe del DEI en Arica), acompañado de dos suboficiales, más el jefe del OS-7 ariqueño, teniente Juan Ortega. Ninguno cumple con la norma de avisar al juez y Mandiola hasta se da tiempo para revisar el auto y abrir el portamaletas, sin hallar nada de importancia, según él. Al atardecer de ese día se dejan caer en el lugar personal de Investigaciones, de la CNI, del DINE, del DEI, además del fiscal militar de la guarnición local, Sergio Rodríguez Moraleda y el juez Humberto Retamal Arellano.
Mandiola también es el primero que ve una serie de frases escritas sobre el vaho del parabrisas del Mazda: “Perdón mamá, perdón. Perdón, mi general Pinochet. Perdón, Rosita”. Con el correr de las horas, en torno al vehículo se arma un tumulto compuesto al menos por el juez, el fiscal militar, el prefecto Lillo, los inspectores Juan Barrera y Zvonco Tocigl, el capitán Vidal Ogueta, el coronel Moren Brito, el suboficial Aqueveque y el agente CNI Carlos Ortega. Las distintas declaraciones colocan nombres de más o de menos, especifican distintas horas de hallazgo y condiciones del sitio y hasta expresan disímiles sospechas respecto de los otros presentes.

Ferrer Lima sólo aparecerá por ahí conducido por Aqueveque cuando no quede ni el auto. Según su versión, su conspicuo acompañante le indicará excavaciones que se hicieron allí mismo en busca del botín.
En lo que todos coinciden es en lo que sale al día siguiente en la prensa: Delmas se hallaba inclinado en el asiento del conductor, con un balazo en su sien derecha y salida de proyectil por la izquierda. En su mano derecha estaba su pistola con otra bala pasada en la recámara –que los que llegaron primero se apuraron en disparar al aire-, y una vainilla en el asiento trasero. El cuerpo estaba hinchado y recién comenzando a despedir hedor. Uno de ellos atestigua en las recientes pesquisas que Delmas tenía una de sus piernas quebradas.
Bastaba observar su cadáver para que asomaran numerosas dudas, varias de las cuales se filtraron inmediatamente a los medios. Un auto rojo como ese era fácilmente visible desde la carretera con luz de día; en pleno desierto, la carrocería estaba impecable y sin polvo. En el asiento trasero había una parka salpicada de sangre, que nunca fue periciada. Lo más grave es que la bala no aparece por ninguna parte y que los primeros peritajes indican que el disparo se produjo desde unos 65 centímetros de distancia (la autopsia después dirá que fue a quemarropa). Para colmo, Delmas era zurdo hasta para disparar.

En pocos días, hasta la prensa oficialista dirá que el oficial ha sido asesinado. Un trascendido paraliza los comentarios: el recién sepultado cadáver había sido misteriosamente retirado del cementerio de Arica. La CNI se ve obligada a sacar un nuevo comunicado: el mayor era ambidiestro, el clima del lugar impedía la formación del polvillo que todos echaban de menos, Delmas se había suicidado y no había nada más que investigar.
Las diligencias forenses no aportaron mucho. Los policías que llegaron al sitio ahora reconocen que no examinaron el cadáver y ni siquiera practicaron el básico examen de detección de residuos de nitratos en las manos, necesario para confirmar o descartar si alguien disparó o no un arma. La explicación: “carecían de laboratorio”.

Tampoco se puede hablar de autopsia. El médico legista que la hizo, Carlos Villavicencio, recordó recientemente que tampoco examinó restos de pólvora en las manos porque el juez Retamales no sólo no se lo indicó, sino que además le ordenó que “todo debía realizarse rápidamente”. El certificado de defunción fija la data de muerte el 13 de junio, es decir, dos días antes de su “hallazgo” y al día siguiente de su misteriosa desaparición.

Todos los antecedentes recabados por el equipo policial que trabaja con el juez Madrid han formado la convicción de que el mayor CNI fue asesinado y luego dispuesto en un sitio fabricado para que pareciera un homicidio. El magistrado derivó el caso Delmas a la Corte de Apelaciones de Arica, y ésta dejó la causa en manos del titular del 2° Juzgado de Letras de dicha ciudad, Julio Aguilar. Éste ha hecho varias diligencias, entre ellas, diversos exhortos que en octubre pasado envió al resto del país para recabar nuevos testimonios; ya ha recibido cuatro.
La sangre sigue corriendo

Las muertes no pararon ahí, y en su momento sólo fueron mencionadas y relacionadas por la RevistaCauce, opositora a la dictadura. Una de las primeras queda al descubierto cuatro días después del hallazgo de Delmas. Ese día fue hallado flotando en el mar Mario Barraza Molina, uno de los informantes más cercanos al mayor.

El 31 de octubre de ese mismo año, José Rienzi Zumaeta Dattoli, gerente de una distribuidora avícola local, muere asesinado de un balazo en la frente a la entrada de su casa. La nueva víctima también era muy cercana a Delmas.

A esas alturas, el pánico se había apoderado de los funcionarios menores de la CNI en Arica y Calama. Algunos fueron trasladados. Uno de ellos fue el segundo de Delmas en la CNI de Arica, el capitán Sergio Saldivia Millar: fue destinado a Puerto Montt como jefe de la CNI local. La noche del 26 de octubre de 1982 salió en su vehículo oficial y horas después murió en un extraño accidente de tránsito que hoy se investiga. Pero el caso más oscuro es el del cuñado de Delmas, Gonzalo Fort Arenas, agente de la CNI en Arica y trasladado a Antofagasta y más tarde a Osorno, contra su voluntad. Sus cercanos han declarado que su nueva destinación fue producto de fuertes presiones del suboficial José Aqueveque. En el sur, Fort se empecinó en averiguar qué había sucedido realmente con Delmas y también oyó –entre otras- las historias que vinculaban a su fallecido cuñado con el coronel Parera.

No pudo seguir con su investigación. El 27 de abril de 1984, Fort se encontraba en su casa. Entre las 2 y las 2.30 AM, su esposa lo encontró tendido en una cama, con un balazo en el pecho y sobre éste una foto arrugada de Juan Delmas; en sus manos había un papel y un lápiz. Los teléfonos de la casa estaban cortados. El caso fue etiquetado como suicidio. Años más tarde, el caso del agente CNI fue propuesto a la Comisión Rettig, que luego de investigarlo lo declaró “sin convicción”.

Hasta allí, parte de la oscura trama que descubrió el equipo policial que trabaja bajo las ordenes del juez Alejandro Madrid. El magistrado logró determinar que, pese a la disolución de la DINA en 1977, la Brigada Mulchén siguió operativa varios años después. Su última operación fue el acoso y apremio ejercido sobre uno de sus integrantes, Remigio Ríos San Martín, hasta obligarlo a cambiar su testimonio judicial en el que había revelado los detalles del asesinato de Carmelo Soria, para eludir la prisión. Y tuvieron éxito porque el crimen fue amnistiado. Un crimen que involucró al grupo de escoltas mas selectos de Pinochet, hombres que conocían todos sus secretos. Como el brigadier Jaime Lepe, quien fue también escolta de Lucía Hiriart y que muy probablemente ahora no podrá escapar de la prisión.
 

El poder oculto y los crímenes de la Brigada Mulchén
Pocas unidades represivas de la dictadura han permanecido tanto tiempo secretas, aún preservan crímenes ocultos y seguirán dando tanto que hablar. Conocida como uno de los dispositivos letales más selectos de la DINA, el historial de la Brigada Mulchén –bautizada con este nombre de origen mapudungún, al igual que la "Caupolicán" y la "Lautaro"– inició su amarga fama con el asesinato del funcionario de la Cepal y diplomático español Carmelo Soria (1976).

En la tortura y homicidio de Soria participaron también miembros de la célula "Quetropillán", “el diablo que mata” en idioma mapuche, aunque otros la traducen como “Dios volcán”, posiblemente en referencia al inactivo cráter de 2.360 metros ubicado en el límite de las regiones de Araucanía y los Ríos.

Como apéndice de la Mulchén, la Quetropillán operaba básicamente en manos de Michael Townley y Eugenio Berríos (“Hermes”) en la casa de la DINA que habitaba el primero, en Vía Naranja No 4275, Lo Curro. Allí funcionaba un laboratorio químico en el que ambos desarrollaron la versión chilena del gas sarín y otros venenos, como las toxinas botulínicas. En la fría formalidad del papel, la agrupación figuraba como “Centro de Investigación y Desarrollo Técnico Quetropillán”.

La sola mención de Townley y Berríos vincula a la Mulchén con los asesinatos de Orlando Letelier (Washington, 1976), del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, 1974), y del propio Berríos (Uruguay, 1993). Otra de sus agrupaciones -“Alacrán”- eliminó usando el sarín al conservador de bienes raíces Renato León Zenteno (1976) y al cabo Manuel Leyton (1977). Hasta hoy, uno de sus principales jefes, el alto oficial de Ejército Guillermo Salinas, se mantiene lejos de cualquier presidio. Pero será por poco tiempo.

No ha sido fácil para ningún juez confeccionar la nómina de los integrantes de la Brigada Mulchén. Lo que sí es un hecho cierto es que lo peor que le puede pasar hoy a un oficial activo del Ejército es que lo pongan en la lista. Es lo que le sucedió al general Eduardo Ludovico Aldunate Hermann cuando se encontraba al mando de la misión militar en Haití. Al final, resultó que Aldunate no pasó por la Mulchén, pero sí por el grupo escolta de Pinochet que estuvo en su origen. También sirvió en la CNI. Aldunate se fue a retiro recientemente.

La importancia de determinar sin margen de error si el ex Presidente Eduardo Frei Montalva fue eliminado con sustancias toxicas fabricadas por la DINA, obligó al ministro en visita Alejandro Madrid a profundizar en el historial de la Mulchén y en sus crímenes. Con esa base, se sabe hasta ahora que entre quienes pasaron por sus filas figuran los entonces oficiales Guillermo Salinas Torres (su primer comandante), Pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe Orellana, Raúl Eduardo y Alfredo Iturriaga Neumann, Patricio Quiloth Palma, Manuel Pérez Santillán, Juan Delmas Ramírez, Rolf Wenderoth Pozo y los suboficiales José Remigio Ríos San Martín, José Aqueveque Pérez, Jorge Hernán Vial Collao y Bernardino del Carmen Ferrada Moreno ( en servicio activo en 1992). Con el tiempo varios de sus integrantes terminaron siendo ascendidos y obtuvieron la amplia confianza de Augusto Pinochet, a quien prestaban seguridad en los anillos más cercanos al general.

Sólo de la lista anterior, cuatro miembros de la Mulchén aparecen implicados de una u otra forma en el crimen del Caso Calama: Delmas, Iturriaga, Pérez Santillán y Aqueveque.

A Madrid le interesa determinar si después de la disolución de la DINA (1977) la Mulchén siguió o no operativa. Además del Caso Calama, hay otros hechos que demuestran que los viejos compañeros siguieron por lo menos hasta bien entrados los ‘90 borrando huellas, obstruyendo pesquisas judiciales –para lo cual contaban con el fiscal Torres Silva, que tuvo un sillón en la Corte Suprema como auditor del Ejército hasta fines de esa década- y asegurándose que nadie los pusiera como acusados frente a un tribunal.

Así ocurrió precisamente con el caso Soria en 1993, cuando los ex Mulchén se enteran por uno de sus infiltrados en Investigaciones que uno de ellos, José Remigio Ríos San Martín, había confesado los detalles del crimen ante dos detectives. Sabiendo que para que la declaración fuera válida debía ser ratificada ante el juez, iniciaron la cacería dirigida por el brigadier Jaime Lepe, desde su privilegiada posición de secretario general del Ejército. Tanto Lepe como Patricio Quiloth, entonces en el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), debieron ocupar todos los medios a su alcance para encontrarlo y presionarlo para que cambiara su testimonio. Sólo no lo mataron porque habría sido muy evidente la mano de sus autores.

Había urgencia. No solo porque implicaba al anillo más cercano a Pinochet, sino también por un párrafo de la confesión de Ríos: “El mismo día que detienen y matan a Soria el comandante Guillermo Salinas me presentó a un visitante en la casa de Lo Curro, posteriormente el señor Quilot me informó que se trataba del cubano Virgilio Paz (asesinó a Orlando Letelier en Washington). Conozco a Eugenio Berríos alias “Hermes”. Yo utilizaba la chapa ALBERTO ARROYO QUEZADA hasta mediados del ’82 cuando era su escolta”.

En un restaurante en Ñuñoa se produjo finalmente el encuentro entre Ríos y sus ex compañeros. Afuera vigilaban los escoltas de Pinochet. Cada detalle fue como una película de espías. De allí salió Ríos con una nueva camioneta y una pensión. Días más tarde cambiaría su versión judicial sobre el crimen de Soria. Aunque Ríos después lo reconoció ante un juez, eso no logró cambiar el destino del Caso Soria: se aplicó la Amnistía en 1996. Pero Lepe no pudo llegar a integrar el cuerpo de generales, como era su sueño. El Presidente Eduardo Frei se negó a ascenderlo y se fue de baja como brigadier.

Una orden de detención contra el ex jefe de la DINA Manuel Contreras Sepúlveda y otros seis agentes solicitó ayer la Fiscalía Nacional de España al juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta, en ese país, por el secuestro y crimen del diplomático español Carmelo Soria ocurrido en julio de 1976, bajo el régimen de Augusto Pinochet.

El fiscal Vicente González Mota hizo el requerimiento debido a que tramita la querella presentada por la Fundación Española Presidente Allende contra quince ex uniformados.

A su juicio, Contreras Sepúlveda es "la persona que indiciariamente ordenó el secuestro, detención y asesinato" del entonces funcionario de la Comisión Económica de la ONU para América Latina y Caribe (Cepal), reseñan agencias de noticias españolas.

Las otras órdenes de aprehensión apuntan a los ex miembros de la Brigada Mulchén de la DINA: el capitán Juan Delmas Ramírez (muerto en 1982), el brigadier (R) Jaime Enrique Lepe Orellana; el suboficial mayor (R) José Ríos San Martín, y los coroneles (R) Guillermo Salinas, Pablo Belber y teniente coronel (R) Patricio Quilhot Palma.

Sobre el ellos, el fiscal estima que hay antecedentes suficientes para atribuirles participación en los hechos a diferencia de otros querellados, como el ex ministro de Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche, contra quien aún no se reúnen las pruebas necesarias. Sin embargo, no se descarta actuar contra ellos si se acredita su intervención en el crimen.

En Chile, en enero de este año, el ministro Alejandro Madrid dictó procesamientos contra Lepe y Quilhot por el crimen del diplomático.

La indagación se reabrió luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a las autoridades chilenas sancionar a los culpables del homicidio de Soria pese a que en 1996 se había aplicado la amnistía al caso. 

Eran las 0.50 horas del 30 de septiembre de 1974, cuando las amenazas de la DINA finalmente se cumplieron y el vehículo en que se trasladaban el ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Carlos Prats González y su esposa, Sofía Cuthbert Chiarleoni, explotó al llegar a su hogar en la ciudad de Buenos Aires, lugar donde residían exiliados.

El odio de Pinochet contra Prats: la traición

Carlos Prats asume  como Comandante en jefe del Ejército luego del atentado contra otro general que respetaba la Constitución y las leyes: el general René Schneider, el 22 de octubre de 1970, como resultado de una acción de grupos de ultra derecha que intentaban impedir la elección de Salvador Allende en el Congreso Pleno.

Agonizante durante tres días, Schneider murió el 25 de octubre y, en su reemplazo, el presidente Eduardo Frei Montalva nombró a Prats el 27 de octubre.
Asume Salvador Allende y éste confirma a Prats al mando del Ejército el 6 de noviembre de 1970.

Luego y en un periodo de convulsión social y política, Allende designa a Carlos Prats como ministro del Interior y luego en una gira del presidente al exterior, el jefe del Ejército asume como Vice Presidente de la República.

El 9 de agosto de 1973, Prats asume el Ministerio de Defensa y el 23 de agosto renuncia a la jefatura del Ejército.

Prats recomienda a Allende que designe a Pinochet para sucederle en el cargo, dado que éste supuestamente tenía una larga hoja de servicios como soldado profesional y que era apolítico. Los generales constitucionalistas Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, dos generales leales a Prats, renuncian también en gesto de solidaridad.

Después del golpe de Estado encabezado por Pinochet el 11 de septiembre, Prats, advertido de que grupos descontrolados le buscaban para asesinarlo, huyó a Argentina la madrugada del 15 de septiembre.

Atentado y asesinato
Prats —que había llegado al país vecino como húesped del Ejército Argentino y del presidente Juan Domingo Perón— consiguió trabajo como gerente de Relaciones Públicas de la empresa Cincotta, ubicada en el barrio de Palermo.

Se sabía vigilado por informantes, que, a su entender «se habían desplazado desde Chile para encontrar un indicio que pudiera afectar su honra o que les permitiera exhibirlo como el general al servicio del marxismo». Según documentos entregados por el exbrigadier Pedro Espinoza, el agente de la DINA coronel Juan Morales Salgado (preso en Punta Peuco) vigilaba los detalles de la vida de Prats y su esposa.

Esto motivó que Prats decidiera viajar con su esposa a España, donde una universidad de Madrid le había ofrecido dar clases durante un año. Como el pasaporte del general había caducado y el de su esposa había sido retenido al salir de Chile, esta solicitó en julio de 1974 los respectivos nuevos pasaportes al cónsul en Buenos Aires, comunicándole que viajarían a Brasil.

? Pero no consiguieron los documentos, a pesar de que informaron a la cancillería chilena que había una amenaza de muerte contra Prats hecha telefónicamente por un chileno «con un forzado acento argentino» que había mencionado el viaje a Brasil.

Traición: Oficiales del Ejército asesinan a su propio ex jefe
El brigadier del Ejército Pedro Espinoza Bravo (preso en Punta Peuco) encargó la misión de organizar el asesinato al jefe del departamento exterior de la DINA, el entonces comandante de Ejército Raúl Iturriaga Neumann, que utilizaba el nombre falso de Diego Castro Castañeda,? y al oficial y mayor Armando Fernández Larios, (en libertad con apoyo de Estados Unidos por cooperar con otro crimen: el del ex canciller Letelier)recordando que días antes del atentado se encontró en Buenos Aires con Iturriaga.

Todos señalan que la orden vino de "arriba". Y arriba estaba el general Augusto Pinochet.

? El asesinato de Prats, se realizó con la cooperación de ciudadanos argentinos, y los que estaban a cargo de la DINA Exterior eran el citado Iturriaga y, como segundo jefe, el capitán José Zara Holger (preso en Punta Peuco). Los miembros de la Brigada Mulchén de la DINA que participaron en el atentado son los siguientes:

Brigadier Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (a) Diego Castro Castañeda.
Comandante Guillermo Humberto Salinas Torres (a) Freddy Yáñez.
Mayor Pablo Belmar Labbé (a) Sergio Molina Correa.?
Mayor Armando Fernández Larios (a) Armando Faundez Lyon.?
Mayor Juan Alberto Delmás Ramírez (asesinado).

Ejército usa a Townley para asesinar a Prats

El viernes 28 de septiembre de 1974, el estadounidense Michael Townley, agente de la DINA, se introdujo en el garaje de Prats y colocó un aparato explosivo bajo la caja de velocidades del automóvil del general, un Fiat modelo 125.

El 30, a las 00.50 horas, al regresar Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert a su casa en la calle Malabia 3305, Townley hizo detonar el explosivo por medio de control remoto, provocándoles la muerte instantánea. Según el informe policial con carácter «estrictamente confidencial y secreto», «los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros» y se observaban «restos calcinados de carne humana».?

En el transcurso del proceso llevado por el ministro Alejandro Solís, se pudo establecer que en los meses previos al doble asesinato operó en Buenos Aires «una célula de la DINA integrada por más de seis individuos (…) que disponía de explosivos de gran potencia y que estaba compuesta por varios oficiales del ejército de Chile», según se puede verificar en el fallo de primera instancia. Los integrantes recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires, como el Banco del Estado de Chile y Lan Chile.?

Townley, que a veces viajaba bajo el nombre de Kenneth Enyart, confesó ante la Justicia de Estados Unidos, en 1978, haber colocado la bomba que causó la muerte de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, en septiembre de 1976.

En dicha confesión afirma haber entrado en Buenos Aires con el nombre de Kenneth Enyart semanas antes del atentado a Prats, y que salió de Argentina horas después de que hiciera explotar la bomba, esto es, el 30 de septiembre de 1974, rumbo a Uruguay, desde donde regresó a Chile el día 1 de octubre de ese mismo año. Consta también que el agente de la DINA que vivía en Buenos Aires, ya mencionado, también abandonó Argentina ese mismo día.

En un fallo de relevante significado la Corte Suprema sometió a proceso a 15 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del  funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) Carmelo Soria Espinoza, ilícito perpetrado el 14 de julio de 1976, en Santiago.

En fallo dividido (causa rol 8547-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocó este miércoles 19 de agosto, la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que en julio pasado había rechazado los procesamientos aduciendo, entre otros resquicios, que se les había aplicado la ley de amnistía.

Este caso ha sido uno de los más emblemáticos de impunidad que nacía desde el poder judicial mismo. Negando a asumirlo y remitiéndolo a los llamados tribunales militares (en realidad estas entidades operan como oficinas jurídicas de impunidad), dando por cerrado y sobreseído el proceso, negándose a procesar. Esta vez ha dado un giro en 180 grados ya que la Corte Suprema falla el procesamiento.

La Sala Penal de la Corte Suprema sometió a proceso como autores de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, a los ex oficiales de ejército y jerarcas de la DINA: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Enrique Lepe Orellana, René Patricio Quilhot Palma, Pablo Fernando Belmar Labbé, Virgilio Paz Romero y Juan Hernán Morales Salgado, además de Armando Fernández Larios y el agente terrorista de nacionalidad yanqui Michael Vernon Townley; estos dos últimos permanecen protegidos y ocultos en Estados Unidos luego de su procesamiento y condenas en el caso del crimen de Orlando Letelier en Washington en 1977.

En tanto, como autores de asociación ilícita, fueron encausados los agentes de la Brigada Quetrupillán, la unidad Química de Townley y Eugenio Berríos: Mariana Inés Callejas Honores, María Rosa Alejandra Damiani Serrano, Ricardo Bartolomé Muñoz Cerda y Carlos Alfonso Sáez Sanhueza. Y en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, se procesó a José Lagos Ruiz.

Salinas Torres, Lepe Orellana, Quilhot Palma, Belmar Labbé y Paz Romero formaban parte de la Brigada Mulchén de la DINA, en tanto Morales Salgado y Fernández Larios eran parte de la Brigada Lautaro; todas estas unidades eran de dependencia directa del Mamo Contreras.

El propio Manuel Contreras, así como Juan Alberto Delmás Ramírez, Eduardo Antonio Díaz Darrigrandi y José Remigio Ríos San Martín, deberán ser sobreseídos por encontrarse fallecidos.

La resolución de la Corte Suprema determinó los siguientes hechos:

A) El día 14 de Julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza, ciudadano español, que también gozaba de nacionalidad chilena, y que trabajaba en Chile en calidad de Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, dependientes ambos de la Organización de Naciones Unidas, fue detenido por un grupo de individuos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que lo trasladó en su vehículo Volkswagen a un inmueble ubicado en vía Naranjo N° 4925, Lo Curro. En este lugar los esperaban o se les unieron durante su permanencia ahí, otros miembros también pertenecientes a la DINA. En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores buscan la impunidad del delito simulando un desbarrancamiento del referido automóvil Volkswagen, para lo cual, además, causaron en la víctima un forzado estado de ebriedad.

B) La detención ilegal y muerte de Carmelo Soria Espinoza, así como los actos posteriores destinados a ocultar las reales circunstancias en que ello ocurrió, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de las órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, Juan Manuel Guillermo Contreras Espinoza y Pedro Octavio Espinoza Brazo, organización que fue creada y operó con el objeto de perseguir, detener y asesinar sistemática y clandestinamente a opositores políticos del gobierno de la época y a quienes colaboraban con ellos, como lo estimaron era el caso de Carmelo Soria Espinoza, finalidad que se encubría en aparentes actividades estatales de inteligencia, policía y seguridad. La DINA, entre los años 1973 y 1977 en que operó bajo esa denominación, mantuvo una estructura, funcionalidad y organización jerárquica paralela a la de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y se conformó con miembros de estas instituciones destinados en comisión para ese efecto así como con civiles que igualmente adscribieron a sus fines y métodos criminales.

En un fallo sorpresivo, la Corte Suprema revocó la resolución de primera instancia del ministro Lamberto Cisternas, y sometió a proceso a 15 ex integrantes de la Dirección de Inteligencia (DINA) por los delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del  funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Carmelo Soria Espinoza, perpetrado el 14 de julio de 1976, en el domicilio de Michael Townley. Esta es la cuarta oportunidad en que la Corte Suprema revoca decisiones de tribunales inferiores, empeñados en amnistiar el caso, como efectivamente sucedió en 1996…hasta ahora. En el expediente aparece acreditada la participación del ex mayor Juan Delmás Ramirez, aparentemente suicidado en el nunca esclarecido caso Calama. Precisamente, uno de los mayores méritos de la decisión de la Corte Suprema radica en que deja abierta la investigación de la siniestra brigada Mulchén, una de las más secretas de la DINA, que estuvo detrás del asalto al Banco del Estado de Calama, en 1981, el cual e terminó con dos cajeros del banco dinamitados, un agente presuntamente suicidado, y dos de los autores, presuntamente fusilados, caso que recordamos en reportaje adjunto.

En fallo dividido (causa rol 8547-2014), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Gloria Ana Chevesich, Carlos Aránguiz, Andrea Muñoz y Carlos Cerda- revocó hoy, miércoles 19 de agosto, la resolución del ministro instructor del máximo tribunal Lamberto Cisternas, que rechazó los procesamientos.

La Sala Penal de la Corte Suprema sometió a proceso como autores de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, a los agentes: Pedro Octavio Espinoza Bravo, Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Enrique Lepe Orellana, René Patricio Quilhot Palma, Pablo Fernando Belmar Labbé, Michael Vernon Townley, Armando Fernández Larios, Virgilio Paz Romero y Juan Morales Salgado.

En tanto, como autores de asociación ilícita, fueron encausados: Mariana Callejas Honores, María Damiani Serrano, Ricardo Muñoz Cerda y Carlos Sáez Sanhueza. Y en calidad de cómplice del delito de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza, se procesóa José Lagos Ruiz

La resolución de la Corte Suprema determinó los siguientes hechos:

A) El día 14 de Julio de 1976, Carmelo Soria Espinoza, ciudadano español, que también gozaba de nacionalidad chilena, y que trabajaba en Chile en calidad de Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, organismo perteneciente a la Comisión Económica para América Latina, dependientes ambos de la Organización de Naciones Unidas, fue detenido por un grupo de individuos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, que lo trasladó en su vehículo Volkswagen a un inmueble ubicado en vía Naranjo N° 4925, Lo Curro. En este lugar los esperaban o se les unieron durante su permanencia ahí, otros miembros también pertenecientes a la DINA.

En ese recinto Carmelo Soria Espinoza fue sometido a interrogatorios, apremios físicos y, posteriormente, ya muerto a consecuencia de la violencia ejercida, los autores buscan la impunidad del delito simulando un desbarrancamiento del referido automóvil Volkswagen, para lo cual, además, causaron en la víctima un forzado estado de ebriedad.

B) La detención ilegal y muerte de Carmelo Soria Espinoza, así como los actos posteriores destinados a ocultar las reales circunstancias en que ello ocurrió, fueron planificados y ejecutados en cumplimiento de las órdenes dadas por quienes se desempeñaron como jefes o superiores jerárquicos de la DINA, entre ellos, Juan Manuel Guillermo Contreras Espinoza y Pedro Octavio Espinoza Brazo, organización que fue creada y operó con el objeto de perseguir, detener y asesinar sistemática y clandestinamente a opositores políticos del gobierno de la época y a quienes colaboraban con ellos, como lo estimaron era el caso de Carmelo Soria Espinoza, finalidad que se encubría en aparentes actividades estatales de inteligencia, policía y seguridad. La DINA, entre los años 1973 y 1977 en que operó bajo esa denominación, mantuvo una estructura, funcionalidad y organización jerárquica paralela a la de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, y se conformó con miembros de estas instituciones destinados en comisión para ese efecto así como con civiles que igualmente adscribieron a sus fines y métodos criminales.

La resolución deja constancia que si bien se han reunido antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de  Juan Manuel Contreras Sepúlveda como autor de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita, se determinó «no someterlo a proceso al ser de público conocimiento su reciente deceso»; mismo criterio aplicado a José  Ríos San
Martín, Juan Delmás Ramírez y Eduardo Díaz Darrigrandi.

La participación de Delmás Ramírez constituye la conexión con el caso Calama, pero no menos cinemátrográfico es el papel que desempeñó el ex suboficial José Ríos San Martín, como recuerda la siguiente crónica de época.

El último secreto del crimen de Soria abre la puerta para condenar a brigadier (R) Lepe

Luego de casi 13 años, el secreto mejor guardado del proceso por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria ocurrido el 14 de julio de 1976- llegó a su fin. Y el principal articulador de la verdad es el ministro en visita Alejandro Madrid, quien sustancia la causa por el secuestro y homicidio del químico de la DINA Eugenio Berríos.

El magistrado, junto al detective Nelson Jofré, establecieron que el principal testigo confeso de haber participado en el crimen de Soria, el suboficial mayor (R) José Remigio Ríos San Martín, fue seguido y detenido en 1993 por agentes del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) para que modificara la declaración que había prestado ante Investigaciones.

Pero no es todo. Madrid aclaró que la orden provino del entonces secretario general del Ejército, brigadier (R) Jaime Lepe, quien precisamente era el imputado activo con mayor preponderancia en el caso. Este último fue vetado para ascender a general por el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1997, tras las protestas de Carmen Soria, hija del asesinado diplomático español.

Pero Lepe participó además en una reunión secreta junto al comandante (R) Patricio Quilhot, otro de los imputados de este proceso. En el encuentro, realizado en el restaurante “La casa vieja” de calle Chile-España Nº 249 se tejió toda la conspiración en contra de Ríos San Martín y la acción de la justicia, cuyos detalles los entregó el propio equipo operativo del BIE encargado de montar el anillo de seguridad para el encuentro.

Debido a estos hechos, que en su momento no fueron conocidos por la justicia, ni menos por el Estado español que vanamente intentó que se juzgara a los implicados, la Corte Suprema aplicó la ley de amnistía y los responsables quedaron sin castigo, al menos hasta ahora.

La búsqueda

La operación se realizó porque la inteligencia militar de la época sabía que Ríos San Martín estaba colaborando con la ministra en visita a cargo del caso, Violeta Guzmán, y que entre los antecedentes que había entregado en su confesión a los detectives no sólo mencionaba a Lepe, sino también a otros ex DINA.

Este hecho preocupó no sólo al entonces brigadier, sino también a Pinochet, ya que el primero era muy cercano al ex dictador y uno de sus preferidos en la institución.

Las declaraciones de los agentes que destaparon este hecho histórico se encuentran en el tomo XVI del proceso sustanciado por Madrid.

Uno de los primeros en confesar esta historia fue el ex jefe de la Unidad de Contraespionaje del BIE, el mayor (R) Patricio Belmar Hoyos.

“Estando de jefe del BIE el comandante Fernán González, recibí una orden para ubicar a José Ríos San Martín que estaba involucrado en el homicidio de Carmelo Soria y al cabo de algunos días, con mi gente, entre ellos “el Gitano”, el suboficial Roa Vera, lo ubicamos en un sector de Santiago y procedí a dar cuenta de su domicilio”, dijo Belmar Hoyos en una se sus declaraciones policiales a fojas 5.981 del expediente.

La información, sin embargo, no fue entregada directamente a Fernán González, sino a la comandancia en Jefe del Ejército, puntualmente al brigadier Lepe.

“Recuerdo haber concurrido a la comandancia en Jefe a hablar con el comandante Jaime Lepe Orellana que me dio las instrucciones para ubicar a San Martín.

Después me correspondió ubicarlo en distintas oportunidades. En una de ellas para comunicarle que Jaime Lepe y el comandante que ya se había retirado, Patricio Quilhot, querían conversar con él”, sigue el relato judicial.

Varios fueron los encuentros entre Ríos San Martín, Quilhot y Lepe, pero hubo uno más importante que los anteriores.

“En una oportunidad se concretó una reunión entre Lepe y San Martín en el restaurante “La Casa Vieja”, donde me correspondió junto a mi personal dar protección con un anillo de seguridad, donde me enteré que Lepe le ofreció una camioneta que se le entregó después”, declaró Belmar Hoyos.

El hombre invisible

Otra confirmación la entregó el suboficial (R) Manuel Carreño Arriaza, quien relató cómo la operación tuvo un error que la develó:

“… Se me dio instrucciones de realizar un seguimiento a esta persona por varios días y por 24 horas, pero en una oportunidad Ríos San Martín se percató que era seguido por nosotros y enfrentó a uno de mi grupo, al cabo Cornejo, a quien lo increpó”, dijo a la policía.

Ríos San Martín era comando, paracaidista, perteneció a la brigada Mulchén de la DINA, autora del crimen de Soria y, de acuerdo al testimonio del ex agente del servicio secreto, suboficial mayor (R) Luis Herrera Mansilla, cambió abruptamente de personalidad.

“Después que pasó a retiro, como tenía mujer y conviviente, ellas le quitaron todo el desahucio con el que pretendía comprarse un taxi, pero quedó sin ningún peso e hizo una especie de voto de pobreza, prácticamente no comía, vivía en lugares marginales y frecuentaba la capilla de Las Ánimas y librerías de calle San Diego”.

Para los agentes fue muy difícil seguir a Ríos San Martín.

Así se ve reflejado en el testimonio del mayor (R) Juan Vladilo Villalobos que también participó en la operación:

“Este seguimiento era una situación bastante rara, ya que Ríos San Martín supo de inmediato lo que sucedía. Se metía a calles sin salida y desaparecía, se subía y bajaba de las micros y circulaba por distintos sectores de la ciudad”.

Crimen emblemático

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

El ex DINA testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas Sarín. Luego, lo “destestuzaron”, dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De esta manera el testimonio entregado por el ex agente de la DINA, Michael Townley en Estados Unidos a fines de 1992 quedó confirmado con una segunda declaración. Entonces fue que se desató la máquina de la justicia militar y la inteligencia del Ejército para encubrir los hechos, porque además de los seguimientos y la reunión relatada arriba, Ríos San Martín también fue llevado a la justicia militar.

En noviembre de 1993 la Segunda Fiscalía Militar, a cargo de Sergio Cea Cienfuegos, trabó una contienda de competencia, siendo esta resuelta el 16 del mismo mes por la Segunda Sala (Penal) de la Corte Suprema a favor de la justicia castrense. Dos días más tarde, el mismo Cea decretó la prohibición de no informar a los medios de comunicación.

El gobierno de la época tenía pleno conocimiento de la declaración de Ríos San Martín y Carmen Soria, hija del diplomático español, presionaba junto a la Embajada de España para que la causa quedara en la justicia civil y se nombrara un ministro instructor de la Corte Suprema.

El contexto se complicaba, pero el desaparecido diario “La Época”, en su edición del 22 de noviembre de 1993, rompió la prohibición y publicó, aunque sin nombre, los antecedentes entregados por Ríos San Martín. La fiscalía militar requisó una serie de ejemplares para evitar su difusión.

El tema se zanjó el 3 de diciembre de 1993, cuando el máximo tribunal desechó nombrar a un magistrado especial para el caso en una estrecha votación de siete votos contra seis. El 6 del mismo el juez militar de Santiago, Hernán Ramírez, aplicó la amnistía.

El 10, la Corte Suprema revirtió todo y nombró al ministro marcos Libedinsky para llevar el caso. El 30 de diciembre, sin embargo, el magistrado nuevamente amnistió el caso.

Sigue la batalla

Pero la pelea no quedó allí, porque el 7 de abril de 1994 el proceso fue reabierto por la Primera Sala de la Corte Suprema y se decretaron cinco diligencias: careos, declaración del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, exhorto al ultraderechista cubano Virgilio Paz, reconstitución de escena y, la más importante, un informe siquiátrico a Ríos San Martín. En esta última pesquisa estaba la mano del BIE y la principal estrategia castrense: inhabilitar al testigo clave.

Días más tarde, el abogado querellante de la familia Soria, Alfonso Insunza, presentó a Libedinsky una recusación amistosa, la que éste último aceptó. La Suprema quedó entonces en posición de nombrar a un nuevo magistrado. Y así fue: la responsabilidad recayó en Eleodoro Ortiz, recientemente fallecido.

La investigación de Ortiz se extendió hasta mayo de 1995. El 25 de ese mes la sala penal de la Suprema sometió a proceso al mayor (R) Guillermo Salinas y a Ríos San Martín. Uno de los votos disidentes fue del ministro Roberto Dávila, otrora auditor del Ejército y sin carrera en el Poder Judicial, quien señaló en su voto que no había elementos de ninguna especie para encausarlos.

Paralelamente, la inteligencia militar de la época seguía hostigando a los oficiales de Investigaciones que llevaban éste y otros casos de violaciones de los derechos humanos.

Un hecho relatado por el detective Nelson Jofré Cabello en una orden de investigar contenida a fojas 6.003 es elocuente:

“El 8 de septiembre de 1995, oportunidad en que oficiales policiales de la Brigada de Homicidios trasladaban a una testigo relevante para el caso Berríos, se percataron que eran seguidos por el agente del BIE, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Víctor Rojas Zúñiga, quien conducía un vehículo marca Peugeot 605 de propiedad de la institución castrense, de cargo del director de la DINE, general Eugenio Covarrubias, el que resultó involucrado en una triple colisión en la esquina de Alameda con avenida España, tomando el procedimiento Carabineros y agentes del BIE que rodearon el lugar, logrando los detectives trasladar a la testigo a pie hasta el Sexto Juzgado del Crimen, donde declaró”, declaró el policía.

Pese a estos hechos, el 5 de junio de 1996 Ortiz volvió a aplicar la amnistía.

El 24 de agosto, como era de esperarse, la Segunda Sala del máximo tribunal confirmó la decisión. La batalla de los Soria estaba perdida, al menos en Chile.

Lo que siguió

La decisión judicial provocó una acusación constitucional contra los ministros de la Suprema que resolvieron el fallo de la amnistía, una demanda contra el Estado de la familia Soria por 2 mil 700 millones de pesos y el compromiso del gobierno de Eduardo Frei, secundado por España, para entregar una reparación a la familia del diplomático español.

Lepe siguió en el Ejército como secretario general, pero ya había cumplido el tiempo de brigadier y debía ser ascendido a general. Así el 5 de noviembre de 1997, Frei vetó el ascenso de Lepe. Así se creó un nuevo criterio para los ascensos: “las situaciones públicas y notorias que involucren a la persona de índole tal como para afectar negativamente su imagen ante el país o ante sectores importantes de la ciudadanía”.

Lepe anunció querellas contra los medios junto a su abogado Jorge Balmaceda.

Este último además envió una carta al diario “La Época”, donde aseguró que el otrora testigo clave del caso Soria, el suboficial (R) Ríos San Martín, modificó su declaración policial ante el ministro Eleodoro Ortiz, durante la reconstitución de escena. Éste, nunca reconoció a Lepe. Además un informe del Servicio Médico Legal establecía que tenía “una personalidad anormal”.

“Que en relación a mis declaraciones de fojas 737 y siguientes, ellas nos las ratifico en su totalidad, por cuanto estimo que fui influenciado por personal de Investigaciones a través de orientaciones”, declaró el propio Ríos San Martín, eso sí, después de las reuniones con Lepe.

Balmaceda llegó al paroxismo en su escrito ante el desaparecido matutino, cuando señaló que “para los abogados no puede pasar inadvertido y que refleja la totalidad tranquilidad del brigadier Lepe en su no participación en los hechos… ya que habiendo sido investigados por cinco jueces … ninguno de ellos lo acusó… en consecuencia es absolutamente falso que existan pruebas que lo inculpen en cualquier otra calidad procesal en el homicidio de Carmelo Soria”.

En 1997 aún existía el delito de obstrucción a la justicia y la lógica de cualquier juez investigador habría colegido que la conducta de Lepe y los agentes del BIE algo buscaban esconder.
Quizás Balmaceda no supo de la reunión ni de los seguimientos, pero el secreto que Lepe guardó por tantos años, indica que su participación en la muerte de Carmelo Soria fue tan importante como la cantidad de medios que usó para encubrirla.

Con un nuevo beneficio cuenta Francisco Díaz Meza, el único condenado vivo por los homicidios del agente y cajero del Banco del Estado de Calama en junio de 1981. Tras obtener el 28 de diciembre del año pasado su primera salida dominical desde el Complejo Penitenciario de Acha, en Arica, ahora goza de la garantía de salida diaria con reclusión nocturna en un anexo del penal en el centro de la ciudad.

El reo permaneció 22 años y cinco meses sin acceso a ninguna de las alternativas que considera el sistema de libertad condicional, tras ser condenado a presidio perpetuo en su calidad de cómplice de los crímenes.
Díaz Meza participó como chofer en el robo. Los agentes de la entonces CNI Gabriel Hernández Anderson y Eduardo Villanueva Márquez sustrajeron 40 millones de pesos. Ambos tomaron como rehenes a los funcionarios del banco, los llevaron al desierto, los balearon en la cabeza y luego dinamitaron sus cuerpos.

El caso quedó en la memoria colectiva no sólo por las características del crimen, sino porque en 1982 los dos agentes de la CNI fueron sentenciados a muerte y fusilados.

Además, el jefe de la CNI en Arica, mayor Juan Delmas Ramírez, también comprometido en el caso, se suicidó días después de cometido el crimen.

Carta rogatoria pide conocer la situación procesal, antes de encausar, de los ex ministros de Pinochet Sergio Fernández, Enrique Montero y Mónica Madariaga, además de 12 ex militares y agentes de la DINA. Según Fundación Allende, se podría pedir extradición de quienes no tienen causas pendientes.

La Fundación Allende de España pidió al juez Baltasar Garzón que someta a proceso a 15 chilenos, entre ex ministros de Estado y agentes de la DINA, por el crimen del diplomático Carmelo Soria, ocurrido en julio de 1976 y actualmente amnistiado.

La solicitud afecta a los civiles Mónica Madariaga, ex secretaria de Justicia, al abogado de El Mercurio Enrique Montero Marx y el otrora ministro del Interior Sergio Fernández.

Los uniformados en retiro son Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Guillermo Salinas Torres, Pablo Belmar Labbé, René Quilhot Palma, Jaime Lepe Orellana (ex secretario general del Ejército), Raúl Iturriaga Neumann, Rolf Wenderoth, Ricardo Lawrence, Raúl Benavides Escobar, Ernesto Baeza y Herman Brady.

Antes de resolver la solicitud, el magistrado ibérico envió un exhorto a Chile -al cual tuvo acceso El Mostrador.cl– pidiendo que la justicia le informe cuál es la situación procesal de cada uno de los mencionados.

La carta rogatoria aún no ha llegado a la Corte Suprema, donde seguirá el procedimiento de pasar a la fiscalía a cargo de Mónica Maldonado, para luego ser enviado a la Segunda Sala Penal, que lo enviará a un juzgado del crimen para que sea tramitado y devuelto a España.

Hecho esto, es altamente probable que los mencionados sean sometidos a proceso, lo que implicará que quienes no tienen causas pendientes -Montero, Fernández y Madariaga- estén impedidos de viajar fuera del territorio nacional ya que, como lo ha hecho en otras oportunidades, Garzón dictará una orden de captura internacional.

El magistrado europeo logró que Pinochet estuviera detenido en Londres en esta indagatoria por los delitos de terrorismo y genocidio.

Fujimori al centro
Para la Fundación Allende, el exhorto no puede llegar en mejor momento, luego de que la Sala Penal de la Suprema extraditara a Alberto Fujimori.

El cruce está en que los cinco altos magistrados estimaron que al ex presidente peruano le cabía participación en dos causas de violaciones de derechos humanos como "autor mediato", es decir, aquel que sin participar materialmente de un crimen, es responsable por las órdenes que imparte para ejecutar el ilícito o bien por omisión.

De acuerdo con fuentes de la organización, la teoría aplicada es importante, ya que una vez procesados en España, Garzón podría pedir la extradición de quienes no cumplen condenas o carecen de procesos pendientes.

¿Cuál es la figura?
El exhorto de Garzón también se cruza con la investigación que sustancia el ministro Alejandro Madrid por la muerte de Soria, ocurrida el 14 de julio de 1976.

El magistrado acreditó en el proceso que, cuando a mediados de la década de los 90 Investigaciones logró obtener una confesión del ex agente de la DINA -que participó en la muerte de Soria-, José Ríos San Martín, efectivos del entonces Batallón de Inteligencia del Ejército hicieron seguimiento y vigilancia al declarante.

Todo ello, con el fin de que se reuniera en forma secreta con Lepe en el restaurante "La casa vieja" de calle Chile-España 249 y modificara su testimonio donde entregaba todos los nombres de la Brigada Mulchén de la DINA que habían participado en el crimen.

El crimen de Carmelo Soria es uno de los casos emblemáticos de las violaciones de los derechos humanos y la declaración que Ríos San Martín prestó ante la policía en 1993 fue clave para tratar de establecer judicialmente los hechos.

Ríos San Martín testimonió que los miembros de la brigada Mulchén estaban dirigidos por el entonces capitán Guillermo Salinas Torre. Este último ordenó a los oficiales del Ejército Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbé, Juan Delmás Ramírez y el suboficial Pedro Aqueveque que se disfrazaran de carabineros para interceptar el auto Volkswagen en el que viajaba Soria la tarde del 14 de julio de 1976.

La DINA sospechaba que Soria pertenecía al Partido Comunista (PC). De ahí la decisión de detenerlo. Una vez en la casa de Vía Naranja, en el sector de Lo Curro (la misma de Townley), fue torturado y, como nunca entregó información, le aplicaron gas sarín. Luego, lo "destestuzaron", dijo Ríos San Martín, haciendo palanca contra un escaño por medio de la torsión de la cerviz.

De acuerdo con fuentes allegadas a este caso, Madrid sometería a proceso a Lepe y a otros agentes, aunque no está claro por cuál figura legal, ya que el caso está amnistiado.

Una vez cumplidos los correspondientes trámites judiciales y administrativos, incluída la referencia del Consejo de Ministros, el pasado 15 de febrero el gobierno español aprobó solicitar a Chile la extradición de seis ex agentes de la Dina culpables del secuestro torturas y asesinato del diplomático español Carmelo Soria Espinoza perpetrado en julio de 1976.

Los criminales imputados son ocho pero uno de ellos, Juan Delmas Ramírez, falleció y el otro, Michael Vernon Townley Welch, no se encuentra en Chile.

Los cinco autores materiales directos circulan como blancas palomas por las calles de Santiago y son el suboficial José Remigio Ríos, el capitán Jaime Lepe Orellana, el capitán Guillermo Humberto Salinas, el capitán Pablo Belmar Labbé y el teniente Patricio Quilhot. Todos miembros en retiro del ejército que integraron la Brigada Mulchen. El sexto es Manuel Contreras Sepúlveda, procesado por su responsabilidad superior.

Carmelo Soria se desempeñaba en nuestro país como Jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía, Celade, dependiente de la Comisión Económica para América Latina, Cepal, cuando fue secuestrado el 14 de julio de 1976 en circunstancias que se dirigía a su casa ubicada en la calle Aldunate en Santiago en su automóvil Volkswagen sedan TL 1600 con patente diplomática de Naciones Unidas como correspondía a su cargo y a la estructura científica internacional para la que trabajaba.

Para detenerle, los agentes Ríos y Lepe, como parte del operativo pretextaron una supuesta infracción de tránsito y le detuvieron en la calle José Domingo Cañas alrededor de las 17.30 horas trasladándolo a la casa de Vía Naranja 4925 de Lo Curro, centro clandestino de propiedad de la Dina y en donde residía el doble agente Michael Vernon Townley que a su vez dirigía la agrupación Quetropillán. En esa mansión comenzó el martirio de Carmelo Soria a quien la DINA suponía vínculos con el Partido Comunista de Chile.

Bajo la dirección del entonces capitán Lepe, Soria, maniatado y con la cara vendada, fue golpeado brutalmente durante horas fracturándole las costillas a ambos lados de la caja torácica. Según declaraciones que constan en el proceso judicial, durante ese tiempo infernal, Soria sólo murmuraba “¡…pobre Chile ! ”

Cansados de golpearle y frustrados en su intento de arrancarle alguna declaración que les permitiera otras detenciones ilegales, el grupo criminal decidió darle muerte. Así consta en el expediente rol nº 19 / 1997 – D y se reproduce en la resolución de procesamiento y captura internacional, cuya copia tenemos, del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional de España de fecha 29 de octubre de 2012.

Textualmente se señala : “Tras ello acabaron con su vida antes de las 22 horas del día 14 mediante estrangulamiento manual que le produjo la rotura del hueso hioides siendo el autor Guillermo Humberto Salinas Torres, ayudado materialmente por otros dos miembros de la Brigada de entre los participantes del hecho…”

Se deja constancia que “para hacer pasar su muerte como un accidente de tráfico, le inyectaron o hicieron ingerir previamente el contenido de media botella de pisco”.

Horas después del estrangulamiento, alrededor de la 1.30 de la madrugada del día 15 de julio introdujeron el cadáver de Soria en su Volkswagen y, conduciendo Juan Delmas, llegaron hasta el canal del Carmen, mientras en otro vehículo les acompañaban Lepe, Salinas y Belmar. Llegados al canal, echaron a andar el motor del auto de Soria y lo precipitaron al vacío lanzando en seguida el cadáver al canal. En el asiento del auto habían depositado media botella de pisco sobre la que se constató que no había huella dactilar alguna. Soria no bebía y además se comprobó que por una neuralgia del trigémino que le afectaba por esos días tomaba medicamentos incompatibles con el alcohol.

El vehículo fue encontrado el mismo día 15 y el cadáver recién el día 16 a unos mil metros del auto. Los informes forenses explican que el cuerpo estuvo un máximo de 12 horas en el agua y apareció con las manos crispadas, signo de dolor o sufrimiento, inusual en casos de accidente de tránsito.

Al sacar el cadáver de las aguas, los agentes de la Dina colocaron en la chaqueta de Soria una nota de un supuesto amigo de la misma oficina de Naciones Unidas en la que le contaba presuntas infidelidades de su mujer.

Pero la burda maniobra resistió muy poco dado que las pericias probaron que la supuesta carta había sido introducida con posterioridad ya que por la calidad del papel y el tiempo en el agua no se habría encontrado en el perfecto estado en que estaba y por otra parte el tipo de letra mecanográfica de la nota no se correspondía con ninguna de las que existían en la oficina de la ONU en Santiago cuyo origen se le atribuía.

Es más, posteriormente los propios agentes confesaron que la nota se escribió en la misma casa de Lo Curro y fue redactada por Patricio Quilhot en las últimas horas del día 14 de julio.

Como se sabe, la escala de mando de la época en la Dina era encabezada por Pinochet, luego Manuel Contreras, director, seguía el coronel Pedro Espinoza en la Dirección de Operaciones, luego la Brigada de Inteligencia Metropolitana a cargo del teniente coronel Marcelo Moren Brito y el jefe de la Brigada Mulchen que era Guillermo Humberto Salinas Torres. La orden de muerte de Soria, así se acreditó en el juicio, la impartió personalmente Manuel Contreras, es decir Pinochet.

En cuanto al proceso judicial en Chile se vio bruscamente truncado cuando en el año 1996 una sala de la Corte Suprema cerró el caso aplicando de modo arbitrario e irregular las normas del decreto ley de autoamnistía que los verdugos dictaron en 1978. La situación se ha mantenido por años, pese a que, con posterioridad y en diversas ocasiones, en casos de crímenes de la dictadura militar la misma Corte Suprema ha dictaminado la inaplicabilidad de la amnistía y de la prescripción dada la naturaleza de los delitos y la vigencia de tratados y convenios internacionales.

Entre ellos los Convenios de Ginebra, ratificados por Chile en la década de los 50 del siglo pasado, que eran ley interna de la República y que, en armonía con el propio Decreto nº 5 de Pinochet de 12 de septiembre de 1973 que estableció el “estado de guerra interno en Chile” y que por tal razón hizo aplicable “toda la legislación de tiempos de guerra”, conforman un fundamento jurídico sólido que además está en armonía con el desarrollo del Derecho Penal Internacional y del Derecho Humanitario a escala mundial.

Es precisamente la imposibilidad de juzgar en Chile a los asesinos de Soria por ese aberrante fallo de la Corte Suprema la que determinó a la Audiencia Nacional de España a procesar a los autores del crimen y a disponer orden de captura internacional y, ahora, a requerir a través de los gobiernos respectivos la extradición de estos sujetos.

La más alta magistratura hispana – la misma que en su propio país se ha negado a llevar adelante los juicios por los crímenes de lesa humanidad del franquismo – invoca los principios de Derecho que hacen posible la llamada jurisdicción universal cuando se trata de delitos de lesa humanidad.

Si la ofendida es la humanidad entera, precisamente ello viabiliza que cualquier Estado del mundo pueda juzgar a los autores de estos delitos con independencia de la nacionalidad de los criminales y del país en que se cometieron esos delitos. Los precedentes abundan y bien les conocemos los chilenos. En este caso específico el tribunal español es plenamente competente y los elementos indiciarios de incriminación justifican sobradamente lo resuelto en la resolución ya citada.

La petición de octubre pasado de los tribunales de Madrid se funda además en jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España y del Tribunal Penal Internacional, aludiendo al criterio de subsidariedad que permite fuera de toda duda u objeción la intervención del tribunal madrileño.

Ante tal situación y sin perjuicio de que sigan adelante en el intertanto las diligencias propias de una extradición, en nuestro país está planteada la reapertura del proceso abruptamente interrumpido por el más alto tribunal nacional el 23 de agosto de 1996.

¿Quién juzgará en definitiva a los autores de este crimen? Lo importante es que se les juzgue.

Lo importante es que la impunidad mantenida por tanto tiempo parece retroceder.

Los próximos meses serán decisivos y no resulta posible hacer vaticinios certeros habida cuenta de que en nuestro país, como en otros, la realidad muestra el peso de los llamados poderes fácticos en las determinaciones de los tribunales.

Si no, veamos lo que acaba de suceder en Uruguay. Se han cerrado por aplicación de la prescripción todos los procesos por crímenes de la dictadura de ese país mediante extraño y sorpresivo fallo de la Corte Suprema de ese país no obstante su naturaleza jurídica, los tratados internacionales y además una ley expresa que había reiterado la imprescriptibilidad. Por si fuera poco, removieron desde los tribunales del crimen a los tribunales civiles, a la jueza Mariana Motta, reconocida internacionalmente por su destacada actuación en juicios de derechos humanos, sino que es además quien condenó a Bordaberry específicamente por el delito de golpe de Estado.

Es decir, jurídicamente el mismo tipo de querella que en enero de este año presentaron en Chile las agrupaciones de familiares de las víctimas de la dictadura.

Las alternativas sufridas en el caso Soria y en el caso uruguayo vuelven a recordarnos que la larga lucha por la vigencia plena de los derechos humanos, la verdad y la justicia, no es sólo asunto de las víctimas,sus familiares o sus abogados.

Por el contrario, son cuestiones de fondo que afectan a la sociedad en su conjunto y carece de seriedad y de sentido ético estimar que pueda desarrollarse una democracia verdadera si no se curan las graves heridas del cuerpo y el alma de un país que soportó una dictadura tan cruel como la chilena. Esas heridas sólo sanarán con toda la verdad y con justicia real.

El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha solicitado el procesamiento de siete militares que formaban parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile por secuestrar, torturar y asesinar al funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria el 14 de julio de 1976.

En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el representante del Ministerio Público imputa los delitos de genocidio, asesinato y detención ilegal a los siete integrantes de la 'brigada Mulchen' del servicio secreto chileno, que únicamente respondía a las órdenes de la Junta Militar de Gobierno y "más tarde y exclusivamente" a las del general Augusto Pinochet, ya fallecido.

La acción penal se dirige contra el suboficial José Remigio Ríos San Martín; los capitanes Jaime Lepe Orellana, Juan Delmás Ramírez, ya fallecido, Guillermo Humberto Salinas Torres, y Pablo Belmar Labbe; el teniente Patricio Quilhot; y el ciudadano estadounidense Michael Vernon Townley Welch.

El Ministerio Público pide al juez Ruz que cuando acuerde los procesamientos dicte órdenes de busca y captura internacional contra todos ellos y solicite a Chile la extradición de los seis primeros y a Estados Unidos la del séptimo.

ELIMINACIÓN DE OPOSITORES

Según el relato de hechos del fiscal, Soria, que trabajaba como jefe del Departamento Editorial del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), fue asesinado dentro del "proceso de represión sistemática y eliminación de opositores al régimen militar" que emprendió la dictadura chilena.

Cuando volvía a su casa de Santiago de Chile el 14 de julio de 1976, fue secuestrado por los agentes de la DINA, que asegurando que había cometido una infracción de tráfico lo trasladaron a una vivienda situada en la vía Naranja, que era ocupada habitualmente por el norteamericano Michael Vernon Townley Welch y que funcionaba como "centro clandestino de interrogatorios y torturas".

En la vivienda, según el escrito del fiscal, los agentes de la DINA maniataron a Soria, le vendaron la cara y le fracturaron varias costillas mientras le preguntaban si tenía relación con el Partido Comunista de Chile y le instaban a explicar cuál era "su misión en el país". Mientras tanto, Soria sólo murmuraba: "Pobre Chile".

SIMULARON UN ACCIDENTE

Tras asesinarle, los agentes le inyectaron media botella de pisco y le trasladaron junto a su vehículo hasta el barranco de un canal, al objeto de hacer ver que su muerte se había producido por un accidente de tráfico. Para dar veracidad a la simulación, colocaron en el vehículo la botella de pisco, que "sorprendentemente" no tenía huella dactilar alguna, y pusieron en el bolsillo de la chaqueta del cadáver una nota en la que un supuesto amigo contaba a Soria las supuestas infidelidades que habría cometido su mujer.

La nota, según recoge el escrito del Ministerio Público, no se correspondía con ninguna de las máquinas de escribir que se utilizaban en la oficina de Naciones Unidas y, de haber estado en el agua todo el tiempo, se habría deshecho.

Además, el fiscal destaca que en la época en la que se produjeron los hechos Soria no tomaba alcohol porque estaba ingiriendo analgésicos, a lo que hay que unir que sus manos aparecieron "crispadas", lo que sería, según el escrito, "signo de gran dolor o sufrimiento que es inusual en los accidentes de tráfico".

En su escrito, Bautista también sostiene que la Audiencia Nacional es competente para perseguir estos hechos a pesar de la limitación de la jurisdicción universal, puesto que Soria tenía la nacionalidad española y la investigación abierta en Chile fue archivada en virtud de la Ley de Amnistía aprobada en el país sudamericano en 1978.

¿Quién mandó a matar al cajero Yánez?

En Antofagasta ha existido siempre una mafia que ha protegido a los hampones estatales, especialmente a los de la dictadura…pero lo singular es que los que les sucedieron: siguen igual juego. La justicia de la Segunda Región fue responsable de la muerte de Yánez y del Agente Martínez.

En Antofagasta han de estar los tribunales más corruptos de Chile. A ellos se debió que el cajero Sergio Yánez fuera una víctima más de la dictadura.

En diciembre de 1980 un asaltante solitario se hizo presente en el Banco del Estado de Chuquicamata y a punta de revólver asaltó la sucursal.

El hombre huyó…y nunca fue ubicado.

Ese hombre se llamaba Fernando Villanueva Márquez y está muerto. Es el hermano de Eduardo Villanueva, fusilado en octubre de 1982, y de Saniel, quien ahora está en libertad.

Cuando se produjo el asalto al Banco, Yánez reconoció al delincuente…Expuso su situación en Antofagasta, porque no se atrevió a hacerlo en Calama, por el alto riesgo que significaba que allí operaba la CNI que encabezaba Gabriel Hernández Anderson, quien urdiría –junto a Juan Delmas Ramírez- el gran robo al Banco (poco más de un millón de dólares para la época).

Sergio Yánez vio al asaltante y desde un principio supo que se trataba de uno de los hermanos Villanueva. Pero decir eso a la policía de la época equivalía entregarse él, al ser denunciado por Eduardo y Saniel Villanueva, hermanos del asaltante y miembros de la CNI.

El miedo que acorraló a Sergio Yánez es obvio. Estaba contra muchos muros: las policías y la CNI de Calama.

En un acto desesperado Sergio Yánez se presentó, como dijimos, en Antofagasta días después del robo de diciembre de 1980. Allí trató de entrevistarse con los magistrados de los Juzgados del Crimen y Civiles…Su temor lo hizo recurrir a todo…pero nadie escuchó su voz…

Poco después el asaltante solitario –Fernando Villanueva- desapareció. Su hermano Eduardo juró venganza. Decía que los asesinos de Fernando eran detectives.

Los nombres de ellos han permanecido casi en la impunidad, aunque en mi libro CALAMA, EL CRIMEN DEL SIGLO, yo señalo sus apellidos.

Esta noticia de la búsqueda de amparo o asilo me llega de golpe por dos amigos periodistas de la zona que realizan una investigación importante para mí.

Sergio Yánez –y con él el cajero Martínez- se habrían salvado, ya que si los aparatos judiciales de la época hubiesen actuado, los criminales de la CNI no podrían haber cometido tan horrendo doble crimen.

Los compromisos POLICÍA CIVIL-POLICÍA POLÍTICA y JUSTICIA de la época son responsables de este grave hecho. ¿Acaso no fueron también ellos los que no aceptaron las declaraciones de una joven comunista que fue violada por los CNI, basándose los aparatos señalados, que eso no tenía nada que ver con el caso de los bancarios?

Hoy en día todavía hay elementos en los tribunales de Antofagasta que son responsables de no haber permitido a Sergio Yánez haber denunciado a Fernando Villanueva y que, por lo mismo, son responsables de su muerte y la del Agente Martínez.

¿Cuándo se investigará esta unión POLICÍA CIVIL-JUSTICIA ocurrida en Antofagasta? Muchos de sus autores están vivos. Y todavía opera la POLICÍA POLÍTICA, aunque nos cuenten otra historia.

El nuevo presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, el ministro Carlos Aldana Fuentes, hasta ahora ministro especial para causas de Derechos Humanos en la jurisdicción, emitió controvertidas opiniones en una reciente intervención pública.

En efecto, el pasado miércoles 1° de abril intervino en una ceremonia con que Carabineros daba comienzo a las actividades de su mes aniversario. En la oportunidad el ministro Aldana dictó una clase magistral con la ponencia "Control de convencionalidad en causas de derechos humanos" ante un auditorio compuesto por unos 400 funcionarios y aspirantes de carabineros.

En su charla, versada en el papel del poder judicial como garantía de respeto de las convenciones internacionales sobre la persecución de los delitos de lesa humanidad, el ministro Aldana dijo que el Ejecutivo y el Legislativo debían derogar la Ley de Amnistía, que aunque en los hechos no se esté aplicando, en la práctica sigue teniendo existencia legal. Pero, por otro lado, señaló que los crímenes cometidos durante la dictadura fueron perpetrados por individuos y no por instituciones.

Preguntado luego por la prensa insistió en su postura. Refiriéndose a su participación en la actividad de Carabineros dijo: «Es coherente con la función que desempeño, porque yo siempre he planteado que Carabineros es una institución permanente, que no ve disminuido su prestigio porque en algunas indagaciones hayan participado funcionarios, ya que las responsabilidades penales son individuales». Frente a una consulta específica respondió que él siempre ha descartado la idea de que los delitos de lesa humanidad hayan sido institucionales, precisando que en su concepto las responsabilidades son individuales porque se castigan penalmente de manera individual.

Un error de concepto o un concepto erróneo.

Para el caso da lo mismo porque encierra uno de los principales problemas con que ha tenido que enfrentarse la búsqueda de verdad y de justicia en las causas de derechos humanos desde el término de la dictadura en adelante. Esto es, la escaza voluntad por lograr esos propósitos de verdad y de justicia que han mostrado los tribunales de justicia como cuerpo, como institución del Estado llamada a cumplir esa labor. La verdad ha sido que la actitud cómplice, complaciente o negligente con que actuaron los tribunales de justicia durante toda la época de la dictadura ante las graves y permanentes violaciones de los derechos humanos que sufría la población chilena se ha prolongado como un lastre de vergüenza; lastre que no ha sido fácil remover.

La autocrítica o reconocimiento de estos errores y falencias que el año 2013 realizó el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no ha tenido más significado y eficiencia que un montón de palabras de buena crianza destinadas a aplacar las denuncias que organizaciones y familiares de las víctimas de derechos humanos venían sosteniendo frente a los descarados afanes de imponer criterios de impunidad por parte de jueces, ministros y cortes en los tribunales de justicia y de una buena parte de la clase política dominante. En su declaración de entonces los ministros de la suprema corte señalaban, entre otras cosas: "….., no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas -las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada- pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se  promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva  tutela judicial de que gozaban los afectados". Sin embargo, la autocrítica pública de hace dos años solo se quedó en declaración aunque cumplió sus propósitos: las críticas y cuestionamientos amainaron y la actividad pro impunidad siguió aplicándose solapada e invariablemente.

En esta actitud no sólo influyen las pociones ideológicas y políticas de ministros, jueces y funcionarios, sino también estas visiones erróneas como la del ministro Aldana sobre el rol de las instituciones uniformadas en dictadura, en la permanente violación de derechos humanos y en la comisión de delitos de lesa humanidad. Sostener la aberración de que los delitos de lesa humanidad son de responsabilidad individual y no de las instituciones es una forma absurda, pero recurrente, de buscar favorecer a criminales y encubrir las responsabilidades judiciales de los altos mandos en la comisión de aquellos delitos y, por cierto, encubrir las responsabilidades políticas de los que dominaban el país y las responsabilidades éticas de los propios tribunales. Esta actitud de encubrimiento fue la que sostuvieron políticos y tribunales para posibilitar la impunidad aberrante con que el dictador Pinochet se fue al infierno. Ese es el principio que sostienen ministros de cortes y jueces para imponer y aplicar la falacia de la media prescripción, la remisión condicional, la libertad vigilada, la "ausencia" de convicción y otros pretextos que son utilizados como formas descaradas o solapadas (según quien sea el criminal, no el delito) de impunidad.

Las responsabilidades son individuales cuando se trata de delitos comunes

Tan absurda es la postura del Sr. Aldana que es desmentido por los propios hechos judiciales y por la realidad de las mismas instituciones que él encubre. Las responsabilidades son individuales cuando se trata de delitos comunes; cuando se trata de delitos de lesa humanidad las responsabilidades son institucionales aunque el delito, obviamente, sea cometido por los individuos que integran la institución.

Sí los delitos de derechos humanos y de lesa humanidad fueran de responsabilidad individual como sostiene el Sr. Aldana, las instituciones se desprenderían de inmediato de los hechores; eso es lo que lo hacen y ocurre aún antes de que haya un veredicto o fallo condenatorio del implicado en cualquier caso de delito común en que haya incurrido un integrante de la institución. Pero en la realidad, cuando se trata de delitos de derechos humanos, las instituciones siguen sosteniendo a los criminales implicados, les brindan apoyo legal, les mantienen sus ingresos salariales, les siguen considerando parte de sus organizaciones, perdón, instituciones, precisamente porque ellas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros. Esa es la realidad.

Esa es la práctica que se produce en todas las instituciones de las fuerzas armadas y policiales involucradas en la instauración, sostenimiento y en el desempeño criminal de la dictadura: ejército, carabineros, armada, aviación, investigaciones. Más aún. Incluso los agentes civiles que fueron integrados a las fuerzas represivas de la DINA, CNI o de los propios aparatos de seguridad o inteligencia de las instituciones uniformadas (DINE, SIFA, SIN, SICAR) reciben la misma actitud de protección de parte de las fuerzas armadas y policiales, es decir, de las instituciones en que fueron asimilados y en función de las cuales cometieron delitos.

El Sr. Aldana quiere ver sólo responsabilidades individuales porque su opción ideológica y política lo lleva a proteger o intentar proteger a los altos mandos de instituciones que cometieron delitos de lesa humanidad por ser parte del Estado represor y opresor instaurado por la dictadura, es decir, por ellos mismos. No es la realidad actual, pero es lo que fue. No existe el individuo que siendo integrante de las instituciones uniformadas dictatoriales o de sus aparatos represivos, haya actuado por iniciativa propia, por voluntad propia, por decisión propia en la comisión de algún crimen o delito de lesa humanidad. Todos los agentes represores actuaron (reprimieron, secuestraron, detuvieron, torturaron, mataron, obraron como criminales) porque hubo una política de Estado impulsada y ordenada por sus instituciones, por los superiores de sus instituciones, por los mandos, destinada a cometer tales delitos. Si alguna vez hubo alguno de esos agentes que se hubiera salido de los estrictos márgenes que el mando y la jerarquía establecían o quiso operar más allá o por fuera de la orden determinada, fueron los propios aparatos represores de la dictadura los que le castigaron como ellos solían hacerlo: matando, y ejemplos sobran (Manuel Leyton Robles, Juan Delmás Ramírez, Eugenio Berríos Sagredo, etc.). El criminal Carlos Herrera Jiménez, oficial de ejército y agente de la CNI condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, el asesinato del carpintero Juan Alegría y otros delitos, afirmaba en una causa sustanciada por el propio ministro Aldana: "Quiero indicar en este acto, el personal subalterno no actuaba solo. Siempre eran mandados por algún oficial y los que mandaban eran los responsables de lo que ocurría". ¿De qué responsabilidad individual habla el Sr. Aldana? Por lo visto, confunde sus deseos con la realidad.

¿Qué garantía son entonces los ministros, jueces y funcionarios de los tribunales chilenos de respeto de las convenciones internacionales sobre la persecución de los delitos de lesa humanidad? ¿Qué entiende el Sr. Aldana por "Control de convencionalidad en causas de derechos humanos" si las convenciones asumen y establecen que es el Estado o son instituciones los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad?

En rigor, desde los tiempos de la dictadura ha existido al interior del poder judicial una corriente de funcionarios, jueces y ministros que sí han tenido una actitud de búsqueda de verdad y de aplicación de justicia; aunque ello le haya implicado correr riesgos y exponer la continuidad de su carrera profesional. Con el término de la dictadura esta tendencia se vio reforzada por aquellos de sus pares que se atrevieron a abrir gavetas, cajones y puertas por donde comenzó a asomar la verdadera historia que había vivido el país y la miserable actitud del poder judicial. Pero también comienza a aflorar el lastre institucional construido por la dictadura en el poder judicial. Lastre que ha sido preservado por la acción de la derecha política que se ha encargado de obstruir y cercenar las carreras judiciales de aquellos jueces y ministros que más compromiso han tenido por resolver las causas de derechos humanos. La derecha ha tenido, desde luego, la colaboración de los políticos concertacionistas cuya corrupta moral los ha llevado a transar y negociar cuanto han podido para aferrarse a mezquinas cuotas de poder y de riqueza, desde la infamia de "justicia en la medida de lo posible" en adelante, pasando por el rescate de Pinochet en Londres, las cárceles de lujo para los criminales, y otras bajezas, incluida la ineptitud de no derogar la ley de amnistía que hasta el mismo Aldana les reclama.

El lastre tiene y ha tenido donde aferrarse. Por lo que no queda más que seguir confiando en aquellos ministros, jueces y funcionarios del poder judicial que sí tienen un compromiso ético con la justicia, con la verdad y con las causas de derechos humanos. Ello se refleja también en que tienen una clara concepción del carácter de los delitos de lesa humanidad, de la imprescriptibilidad de los mismos, de la imposibilidad de ser amnistiados, por haber sido cometidos por agentes del Estado, por instituciones del Estado, valiéndose de la fuerza, al margen de toda juridicidad, respecto de personas a quienes violentaron sus derechos fundamentales. Por la misma razón, es decir por tratarse de delitos de lesa humanidad cometidos por agentes del estado, es que no puede (no debiera) aplicarse ninguna forma de prescripción que sí son válidas para otros delitos comunes contemplados en el código penal. A eso se refieren las convenciones internacionales que Chile ha firmado.

A comienzos del 2004, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea, tenía el alma en un hilo. El 22 de diciembre del 2003 debió declarar en la causa que lleva adelante el ministro Alejandro Solís y donde se investiga la muerte de 15 personas ocurrida en octubre de 1973 en Liquiñe, en las cercanías de Valdivia.

Los asesinados eran simples campesinos que trabajaban en el complejo maderero Panguipulli. Sus familiares afirman que la noche del 11 de octubre de 1973 los 15 fueron fusilados y sus cuerpos, arrojados al río Toltén. En los días siguientes, lugareños vieron los restos corriente abajo. Según sus testimonios, los cadáveres estaban amarrados de pies y manos. Algunos iban al interior de sacos. Otros, incluso, presentaban la amputación de sus cabezas.

El alcalde de Providencia Labbé figura en este siniestro expediente por un motivo: fue nombrado por el teniente coronel (r) Arturo Antonio Bosch González como parte de la comitiva militar que operó en la zona cuando ocurrieron los hechos (ver recuadro). Liquiñe, sin embargo, no es la única historia que reclama a Labbé desde el pasado. El ex oficial que se retiró con el rango de coronel de Ejército, también es mencionado en otra causa que sustancia el ministro Alejando Solís. Se trata de la investigación por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas, ocurridos en Tejas Verdes, en la V región. En esta causa, el ex conscripto Samuel Enrique Fuenzalida Devia identifica al alcalde Labbé como uno de los instructores que tuvo la misión de entrenar al personal que luego formó la DINA. El 31 de marzo pasado Alejandra Arriaza, abogada de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), solicitó que Labbé fuera careado con Fuenzalida. La respuesta del tribunal fue que la petición se resolverá en su momento. Las elecciones municipales se aproximan y muchos dan por seguro que Labbé será candidato de la UDI para el cargo de alcalde de Providencia. Los testimonios de estos procesos no le hacen nada de bien a sus aspiraciones. Motivos de sobra tiene para tener el alma en un hilo. 

La otra caravana de la muerte Para las organizaciones de Derechos Humanos, las muertes de Liquiñe no son un caso aislado. Por el contrario, formarían parte de un extenso operativo llevado adelante entre septiembre y octubre de 1973 y que afectó a poblados al sur de Temuco. José Araya, secretario ejecutivo del CODEPU de Valdivia, va más lejos y afirma que las muertes de Liquiñe forman parte de “otra caravana de la muerte, similar a la que operó en el norte”. Tras su paso, más de 70 personas fueron ejecutadas y muchas de ellas permanecen desaparecidas. Para Araya, aunque en estas muertes participaron militares y carabineros de la zona, un grupo venido desde Santiago jugó un rol central en los hechos: se trata de comandos paracaidistas de Peldehue, más conocidos como “boinas negras”. Cerca de 200 efectivos de ese selecto grupo de combate aparecen hoy vinculados en los distintos procesos por las ejecuciones ocurridas de Temuco al sur. José Araya afirma que la presencia de este cuerpo de elite se debía a un motivo específico. -Los militares creían que los bosques de la región estaban llenos de guerrilleros cubanos. Durante meses operaron hasta con helicópteros artillados y bombardearon los montes. Todavía se pueden ver los cráteres que dejaron- afirma Araya. Un relato de ese extenso operativo quedó registrado en la edición del 18 de noviembre de 1973 de El Mercurio. Allí, bajo el título de "Operativos de limpieza de grupos extremistas armados", se informa la actuación de una “Brigada Especial Contra Guerrillas” que, bajo las órdenes del general Nilo Floody Buxton y del comandante Carlos Medina Lois, operó en Neltume, Arquilhue, Lago Ranco y, por cierto, en Liquiñe. La nota describe la preparación de esta brigada anti guerrilla. "Está integrada por profesionales graduados en el extranjero, con lugares de honor. Han estado en cursos efectuados en Francia, Panamá, Estados Unidos. Han sobrevivido en plena selva con indígenas, precisamente con el objeto de especializarse en este tipo de combate y para la lucha contra las guerrillas". Los hechos demuestran hoy que la guerrilla cubana con la que decían luchar los hombres de Floody, nunca existió. Esta fuerza de elite simplemente cayó a sesgo sobre campesinos desarmados.

La mala memoria Durante la investigación de las muertes de Liquiñe, un escollo central ha sido identificar a los oficiales que efectivamente estuvieron en la zona. Fuentes del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, que han participado directamente en este proceso aseguraron a The Clinic que “los oficiales de mayor graduación, no recuerdan los nombres ni cargos de sus subalternos, o declaran fechas que no concuerdan con los hechos probados”. Sin embargo, lentamente el círculo de protección se ha ido resquebrajando y "los militares de menor graduación al momento de los hechos, están colaborando", afirma la fuente. Debido a esto ya estaría probado que en esta comitiva participó, con su dotación casi completa, la Escuela de Paracaidistas de Peldehue, unidad en la cual Cristián Labbé se desempeñaba con el grado de oficial. -Ahora, el juez tiene que delimitar las fechas y la participación de cada oficial- concluyó la fuente. El nombre de Labbé apareció en esta lenta entrega de datos recién el 18 de diciembre del año pasado. Ese día, el teniente coronel (r) Arturo Bosch González reveló al juez Solís los nombres de los oficiales que actuaron en la zona de Valdivia. En la lista, Labbé figuraba como un oficial que “ejercía mando”. Bosch afirmó que el contingente, compuesto de entre 200 y 300 personas llegó a la zona a principios de octubre “manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de navidad”. Afirma que la zona quedó dividida en franjas a cargo de diferentes oficiales, aunque hoy no puede ligar nombres con territorios. Cree, sin embargo, que Liquiñe pudo haber quedado bajo el control del general “Nilo Floody o de personal a cargo del oficial Saldes, o personal de la Escuela de Montaña”. El alcalde Labbé compareció ante el ministro dos días después de que lo hizo Bosch. En su declaración, a la que The Clinic tuvo acceso exclusivo, Labbé admitió haber formado parte de la brigada que comandó el general Floody. Admitió, también, que el contingente estaba formado por cerca de 200 personas y que si estaba bajo el mando de un general era “porque se trataba de una unidad operativa importante". Cuando se le preguntó por los objetivos de esta comitiva, declaró: “Se pensaba que en el Complejo Maderero Panguipulli podía existir una guerrilla rural; se tenía la idea que podía haber un foco de este tipo de agrupación. La idea era conformar esta brigada para barrer estos focos. Y en el caso que se produjere un enfren-tamiento, además, de barrer el lugar, abrir fuego”. Más adelante, Labbé también reconoció haber participado en la operación contraguerrillera. Pero –y aquí comienzan las contradicciones- argumenta que sólo estuvo a cargo de la tropa de reserva. "Me desplacé junto a la unidad de reserva a Panguipulli”, declaró. Luego insistió en ese punto cuando se le preguntó por los sucesos de Liquiñe: “No tuve intervención en el operativo porque yo estaba a cargo de la tropa de reserva, la cual se despliega en casos extremos, a los cuales no se llegó en esa oportunidad”, dijo. La afirmación llama la atención. Ninguno de los oficiales que ya han declarado, mencionan la participación de reservistas en estas operaciones. Sólo se habla de personal de planta y conscriptos. Por otra parte, un militar en retiro de la misma graduación de Labbé y que fue exonerado después del golpe militar, dijo a The Clinic que en un comando de boinas negras no existe la reserva. -Los boinas negras son una fuerza de elite, con personal altamente capacitado y de planta. Además, para una misión de esa envergadura no iban a llevar a reservistas- afirmó el ex uniformado a condición de permanecer en el anonimato. Como Bosch, Labbé tampoco no pudo precisar qué oficiales actuaron en cada zona y según sus recuerdos, casi ningún boina negra marchó al sur. En su caso afirma que sólo estuvo en la zona dos semanas, a fines de noviembre, cuando las muertes de Liquiñe ya habían ocurrido. Sin embargo, comete errores. En el tribunal, por ejemplo, le consultaron por una anotación hecha por el general Medina en la hoja de vida del oficial Patricio Landaeta. La anotación está fechada el 30 septiembre de 1973 y da cuenta de que el grupo enfrentó “fuego enemigo”. -Ignoro a qué se refiere con la expresión “fuego enemigo”, porque del 21 al 30 de septiembre de 1974, yo no me encontraba en la Escuela de Paracaidistas”, declara Labbé. Si no notó el error del alcalde, lea la frase de nuevo. A Labbé le preguntan por un hecho de 1973 y él contesta sobre 1974. A la larga, Labbé sólo tiene claro que no es responsable de las muertes investigadas, que durante el periodo en cuestión fue destinado a custodiar la casa de Pinochet y sólo tuvo a su cargo instruir a funcionarios de reserva. Y lo cierto es que no hay ninguna prueba de que Labbé haya participado en los crímenes de Liquiñe o en las matanzas efectuadas en toda la zona. Pero el hecho de que sea mencionado por Bosch, lo hace un testigo relevante para ayudar a aclarar las muertes y sobre todo, responsables. Respecto de esto Alejandra Arriaza, abogada de CODEPU, no tiene dudas. “Todos los antecedentes confirman la participación de Labbé. Sólo falta precisar su responsabilidad específica en los hechos”, dijo a The Clinic.

Instructor de gimnasia No sólo Liquiñe le complica hoy la vida al edil de Providencia. También lo hace su paso por el centro de detención que operó en el exclusivo balneario de las Rocas de Santo Domingo: Tejas Verdes. La investigación sobre este centro la lleva adelante el mismo ministro Solís y persigue los delitos de asociación ilícita, detención ilegal y torturas. En esta investigación, el nombre de Labbé saltó de la declaración judicial de Samuel Enrique Fuenzalida Devia, un ex conscripto que el 30 de octubre de 2000 identificó a Labbé como uno de los instructores de ese campo de tortura. “Durante mi permanencia en las Rocas de Santo Domingo, lugar que funcionaba como escuela de inteligencia de la DINA, recibimos instrucción en materias de acondicionamiento físico y diversos cursos que tenían relación con inteligencia y seguimiento de personas. En ese lugar tuvimos como instructores a César Manríquez Bravo, profesor del curso de inteligencia; Cristian Labbé, preparador físico y actual alcalde de Providencia; Miguel Krassnoff Marchenko, a cargo de las técnicas de combate cuerpo a cuerpo, guerrilla urbana y suburbana", dijo Fuenzalida. El ex soldado ha declarado en varias causas de derechos humanos entregando información relevante sobre el origen y la operatividad de la DINA, organismo que por años lideró el general (r) Manuel Contreras. Ante el ministro Solís, Fuenzalida relató que entre diciembre del 73 y enero del 74 fue trasladado al balneario de Santo Domingo, junto a militares de otras reparticiones del país. El grupo fue recibido por el propio Contreras quien les informó “que habíamos sido escogidos entre las fuerzas armadas para integrar un grupo selecto de personas para conformar la DINA, entidad que estaba a su mando". La declaración de Fuenzalida tiene una relevancia especial. Fija la hora cero en que Manuel Contreras comenzó a preparar a los agentes que luego participaron en el periodo más sangui-nario de la dictadura de Pinochet. Fuenzalida sostiene que Labbé Galilea fue instructor de aproximadamente 600 militares, que meses más tarde fueron los primeros funcionarios de la DINA. Los datos disponibles hoy indican que en esos años Tejas Verdes fue una suerte de academia de contrainsurgencia donde los futuros agentes no sólo recibieron instrucción teórica sino que también pudieron ejercitar sus conocimientos con las personas detenidas ahí. De acuerdo al Informe Rettig, este recinto comenzó a funcionar como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre, existiendo testimonios de su uso sistemático hasta 1975. De acuerdo a quienes sobrevivieron a ese infierno hubo períodos en los que Tejas Verdes llegó a tener más de 100 prisioneros. La mayoría fue brutalmente torturado. Algunos desaparecieron. Ninguno de los sobrevivientes acusa a Labbé de haber participado en torturas. Tampoco lo hace Fuenzalida. Pero todos quienes conocen de esta investigación creen que si el alcalde de Providencia fue instructor, como señala el ex soldado, podría aportar información relevante sobre lo que allí ocurrió. Sobre todo, porque el testimonio de Fuenzalida no es lo único que vincula a Labbé con la DINA. Hay también un oficio reservado en que el propio Contreras menciona a Labbé como un agente de su organismo. Se trata del oficio 4380/19, fechado en diciembre de 1974 donde Contreras pide “la extensión de pasaporte diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. Cristian Labbé Galilea, Sr. Carlos Marín Castro, Sr. José Riquelme Villagra, Sr. Rolf Esser Muller". Contreras afirma que "el mencionado personal cumplirá una determinada comisión de servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. Por tratarse de una urgente comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento". Según la abogada Arriaza, Labbé es un militar de peso en la DINA, no un simple instructor de gimnasia. -Él ayudó a crear ese organismo, luego viaja fuera del país, en un procedimiento irregular. Todo esto es ilegal, él debe aclarar su responsabilidad en los hechos que se investigan- dijo la abogada a The Clinic. 

La lista de Bosch Extracto de la declaración judicial del teniente coronel (r) Arturo Bosch González. (18 de diciembre de 2003) “Debo señalar que la brigada partió desde Santiago en dirección al sur a fines del mes de septiembre de 1973 o a principios del mes de octubre de ese año, manteniéndose en el sur del país en forma ininterrumpida hasta poco antes de la navidad, no recuerdo la fecha exacta de regreso. “En esa brigada, según recuerdo, ejercía mando, además de Patricio Larraín Landaeta, el capitán Sergio Candia Muñoz, quien era oficial de la Escuela de Paracaidistas, Hernán Saldes, Carlos Rafael Parera Silva, Fernando Martínez González, Patricio Acevedo Trujillo, Emilio Timmermann Undurraga, Armando Hormazábal Marré, Hyram Eduardo Díaz, Hugo Jaque Valenzuela, Manuel Pérez Santillana, Alfredo Román Herrera, Juan Delmás Ramírez, Cristian Labbé Galilea. No estoy seguro si concurrió al sur el oficial Alfredo Vicuña Oyazún.

 El desmemoriado Extracto de la declaración de Labbé ante el ministro Alejandro Solís. 22 de diciembre de 2003. “Respecto a los oficiales que se indica: Patricio Larraín Landaeta era oficial de la escuela, pero no recuerdo si fue al sur, lo mismo para Sergio Candia; en el caso de Hernán Saldes, estuvo en el sur; Carlos Parera no me acuerdo si fue o no al sur en esa ocasión; Fernando Martínez González, no lo recuerdo en el operativo, al igual que Patricio Acevedo Trujillo; Emilio Timmermann, lo asocio con la escuela, no sé si fue al sur; Armando Hormazábal, no me parece que hubiere ido; Hyram Díaz, me acuerdo que era oficial de la escuela pero no al operativo, al igual que Hugo Jaque; a Manuel Pérez no lo recuerdo en el operativo; Alfredo Román Herrera, según tengo entendido falleció antes de que tuviera lugar el operativo; no recuerdo a Juan Delmás; Alfredo Vicuña Oyarzún era un subteniente de la escuela; Arturo Bosch, lo recuerdo de la escuela pero antes de que yo me fuera de esta unidad para hacer el curso en Brasil”. 

Palabra de Mamo Extracto del oficio reservado en que se menciona a Labbé como “personal de la DINA”. 2 de diciembre de 1974 1.- Me permito solicitar la extensión de Pasaporte Diplomático al siguiente personal de DINA: Sr. CRISTIAN LABBE GALILEA Sr.. CARLOS MARIN CASTRO Sr. JOSE RIQUELME VILLAGRAN Sr. ROLF ESSER MULLER 2.- El mencionado personal cumplirá una determinada Comisión de Servicio y de acuerdo a la política establecida no se emite Decreto Supremo. En el pasaporte que se les otorgue se ruega incluir la excensión (sic) del impuesto correspondiente. Por tratarse de una urgente Comisión en Perú se agradece a Us. tenga a bien ordenar a quien corresponda el máximo de celeridad en la entrega de este documento.