Contreras Donaire Manuel Segundo

Un alto funcionario de gobierno se encontró, hace un tiempo, a boca de jarro con un vehículo que viajaba campante contra el tráfico por la comuna de La Reina. Como llevaba chofer, el funcionario creyó que se trataba de un auto oficial y pensó en las críticas que el hecho podría desatar. Anotó la patente y planeó reprochar a quien fuera el díscolo su mal comportamiento.

Pero el auto no pertenecía a La Moneda, sino al Ejército.

Según una investigación periodística de La Nación, el pasajero anónimo era el brigadier (R) Jaime Lepe Orellana, el ex secretario general del Ejército y mano derecha del general Pinochet, quien ha sido contratado como civil por la institución, a pesar de que pasó a retiro en una tormentosa polémica por su vinculación con el homicidio del español Carmelo Soria, ocurrido en 1976.

La recontratación de Lepe fue confirmada por una alta fuente del Ministerio de Defensa, quien pidió reserva de su identidad. No es el único caso. La fuente ratificó que en el mismo caso se encuentra el brigadier (R) Miguel Krassnoff Marchenko, procesado por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi. Lepe Orellana se desempeña como asesor en el Comando de Industria Militar, mientras que Krassnoff es todavía el gerente del Hotel Militar de Oficiales, ubicado en Providencia 1219, aunque actualmente está suspendido pues está detenido por orden judicial en el Comando de Telecomunicaciones desde noviembre del año pasado. Ante consultas sobre las nuevas funciones de Lepe y Krassnoff, el Ministerio de Defensa reveló el viernes pasado que ambos prestan servicios a contrata y como civiles para la institución.

"Se le ha manifestado al Ejército la inconveniencia de que esta situación se mantenga", dijo la fuente consultada en el Ministerio. "El Ejército expresó comprensión hacia nuestro punto de vista". Por lo tanto, esa repartición espera que se "tomen medidas". De acuerdo con la fuente consultada la contratación de ambos es legal "pero constituye una incoherencia con el espíritu de colaboración en materia de derechos humanos que el Ejército ha demostrado a través de la mesa de diálogo". El Departamento de Relaciones Públicas del Ejército declinó entregar información o comentar estos hechos. La práctica de contratar como civiles a los uniformados que jubilan les permite a estos mejorar su pensión con un segundo ingreso.

Nada extraordinario

Según una persona de gran cercanía con Miguel Krassnoff  -quien habla a condición del anonimato- el oficial en retiro espera reintegrarse a su trabajo en el hotel en cuanto se le conceda la libertad provisional que ha solicitado repetidamente al Cuarto Juzgado del Crimen de San Miguel, donde se investiga la desaparición de Manuel Cortés Joo. Ese expediente acaba de pasar a las manos del ministro de fuero Juan Guzmán. El magistrado también procesó a Krassnoff por la desaparición de varios presos políticos en Villa Grimaldi, pero le concedió el derecho a la libertad provisional. "Miguel Krassnoff no es el único oficial involucrado en este tipo de casos que presta servicios como civil en el Ejército. Es una situación generalizada", afirma la fuente cercana al militar. Es común que los uniformados que pasan a retiro por razón del servicio sean recontratados como civiles por su institución y estar vinculado a juicios por violaciones a los derechos humanos no es un impedimento, revela. "No hay nada cuestionable en ello. No se trata de personas per sé sádicas, fascistas, crueles o como quiera llamárseles. Se trata de oficiales obedientes que cuando ocurrieron estos hechos tenían algo más de 20 años. Ellos sólo cumplieron órdenes y, por lo demás, desarrollaron una carrera impecable. Es normal que el Ejército quiera continuar contando con sus servicios", explica. Lepe, en tanto, nunca fue procesado, pues el juicio en que se investigaba la muerte de Carmelo Soria fue amnistiado por la Corte Suprema, pero el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle vetó su ascenso al cuerpo de generales en 1997, en medio de una agria polémica pública. Así, el hombre que llevaba la agenda del general Augusto Pinochet, se convirtió en un brigadier sin destinación hasta septiembre del 2000 cuando se acogió a retiro. En esa oportunidad el ministro del Interior, José Miguel Insulza, alabó su partida. Carmen Soria recordó que según consta en las investigaciones judiciales y en los testimonios de los ex agentes José Ríos San Martin y Michael Townley, Lepe se disfrazó como carabinero para secuestrar a su padre y luego habría participado en las sesiones de tortura que se le practicaron. "Los exonerados políticos, que no cometieron ningún crimen salvo pensar distinto, no pudieron nunca más trabajar en la administración pública", opina. "Y sin embargo, estas personas que están vinculadas a crímenes atroces, continúan gozando de privilegios a costa de todos los contribuyentes. Es una burla y una atrocidad".

No sólo en el Ejército

Entre los antecedentes surgidos en el proceso por el crimen de Tucapel Jiménez figura que dos ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, prestaban servicios en el Ejército a honorarios hasta que, en virtud del auto de procesamiento que les afecta, quedaron en prisión preventiva. Según fuentes cercanas a su defensa, sus servicios "eran necesarios pues se trata de personal de inteligencia y servicio secreto. No hay que volar muy alto para suponer que hay cierta información y contactos que se mantienen a pesar de haber salido a retiro". No obstante, la fuente desmiente información extraoficial en cuanto a que continuarían colaborando en forma esporádica desde la reclusión. De acuerdo con los antecedentes, no sólo en el Ejército personal implicado en acusaciones por violaciones a los derechos humanos ha sido recontratado. En la Aviación, el ex agente de la DINA, coronel (R) Mario Jahn Barrera, es el director del Museo Aeronáutico y del Espacio, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, desde que pasó a retiro a mediados de los años 80. Jahn Barrera fue en los años 70 uno de los jefes de la DINA que, usando el seudónimo de Luis Gutiérrez, se convirtió en el "embajador itinerante" entre los países que conformaron la red de cooperación en labores represivas conocida como "Operación Cóndor", de acuerdo con los antecedentes surgidos de los llamados "archivos del terror" de la dictadura de Alfredo Stroessner y que forman parte de la querella interpuesta en su contra ante el ministro de fuero Juan Guzmán. Barrera no figura, sin embargo, como procesado en esta causa. Uno de los pilotos de la "Caravana de la muerte", Emilio Robert de la Mahotiere, se desempeña desde 1996 en Seguridad Operacional de la Dirección de Aeronáutica, en un contrato que se le renueva en forma anual. En su caso, si bien su participación como el piloto militar que transportaba al grupo comandado por Sergio Arellano está demostrada en el proceso, el ministro Juan Guzmán no lo consideró merecedor de castigo penal. El Departamento comunicacional de la Dirección de Aeronática respondió que "no entregamos información sobre el detalle de la planta de nustra institución".

Fach da explicaciones por recontratación de oficiales implicados en casos de DD.HH.

La Fuerza Aérea de Chile (Fach) respondió esta mañana por distintos cauces que no existe impedimento legal, "ni se puede discriminar" en la recontratación de personal retirado, en respuesta a denuncias de que oficiales implicados en violaciones de Derechos Humanos durante el régimen militar habían vuelto a esa institución. También sobre este tema, el Ejército declinó referirse sobre los empleos dados los brigadieres (R) Miguel Krassnoff y Jaime Lepe. Si bien la institución declinó entregar una versión oficial, una alta fuente declaró que "mientras no exista una resolución judicial condenatoria no se puede discriminar a una persona". A su vez, el Departamento Comunicacional de la Fach aclaró que, uno de los ex oficiales cuestionados, el coronel (R) Mario Jahn Barrera, fue recontratado como director del Museo Aeronáutico y como tal no depende de la Institución directamente, sino que de la Dirección Nacional de Aeronáutica civil. En tanto, el abogado de la Fach Jorge Balmaceda aclaró que el DFL1 o Estatuto de las Fuerzas Armadas, permite el llamado a servicio activo y la contratación de personal antiguo, por lo que no existe impedimento legal. "El hecho de que se hayan cometido o no delitos, es de carácter personal, por lo que los tribunales de justicia deben pronunciarse a través de un debido proceso de derecho, no por especulación o simples declaraciones", señaló el profesional.

Ejército

El Ejército no hará ningún tipo de referencia al tema sobre la recontratación de personal en retiro que participó en la ex DINA -casos de los brigadieres Miguel Krassnoff y Jaime Lepe- y que estaría involucrado en violaciones a los derechos humanos. Se informó que se trata de materias ya conocidas y que las autoridades que pueden referirse al tema se encuentra en gira con el comandante en jefe de la institución, teniente general Juan Emilio Cheyre

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios

Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982. El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios. Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez. En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima. Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios. El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida). El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.

Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional. Proceso judicial En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres. Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos. Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil. El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.

Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

La Segunda Sala de la Corte Suprema comenzó hoy a revisar las apelaciones a las condenas emitidas en segunda instancia en el caso Tucapel Jiménez, asesinado por la CNI en febrero de 1982. El pasado 24 de septiembre el máximo tribunal del país declaró admisible la mayoría de los recursos de casación (anulación) presentados por los implicados en el caso, a excepción del recurso presentado a favor del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, a quien se le confirmó la condena a cadena perpetua por el crimen del líder sindical y del carpintero Juan Alegría Mundaca. En la causa aparecen mencionados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE), general (r) Ramsés Alvarez, y los ex agentes Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, entre otros, quienes también fueron condenados por el ministro instructor Sergio Muñoz

Luego de que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema dejara a firme las condenas en contra de los responsables de la muerte del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Alfaro, ocurrida el 25 de febrero de 1982, fuentes judiciales informaron a La Nación, que serán trasladados durante el día de hoy hasta el penal de Punta Peuco, recinto donde cumplirán sus penas aflictivas. Con el cambio de prisión dejarán el Batallón de Policía Militar (BPM), Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde el Ejército construyó dependencias para que los ex uniformados y militares activos procesados cumplieran prisión preventiva hasta que se dictara una sentencia en su contra. De estar forma, quedarán recluidos en Punta Peuco, penal que cuenta con custodia mixta de Gendarmería y el Ejército, el ex director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (R) Arturo Alvarez Scoglia, los brigadieres (R) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima, además de los suboficiales (R) Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos condenados a ocho años de cárcel. Los dos últimos en calidad de autores materiales. A ellos se suma, el mayor (R) Carlos Herrera Jiménez, condenado a una pena unificada de prisión perpetua simple: por la muerte de Jiménez y su participación en el asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, en julio de 1983. Las mismas fuentes indicaron que originalmente el traslado de los ex uniformados se encontraba programado para el fin de semana, sin embargo se debió postergar por falta de inmueble para recibir a los nuevos reos. A lo anterior, se suma el visto bueno de los organismos de seguridad encargados de la operación, quienes hasta último momento tienen la facultad para detener el procedimiento.

El Gobierno confirmó ayer que otorgó el indulto a Miguel Contreras Donaire, suboficial (r) del Ejército, condenado como uno de los autores del homicidio del dirigente sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en febrero de 1982.El ex uniformado fue beneficiado con la modalidad de “Indulto de Conmutación de la Pena”.

Luis Bates, ministro de Justicia, aclaró ayer que el beneficio se otorgó porque Contreras Donaire cumple con todos los requisitos para optar a él y que, según las normas, el indulto particular puede materializarse como remisión, conmutación o reducción de la pena.

El secretario de Estado señaló que tras haber cumplido “cinco años y siete meses privado efectivamente de libertad, cumplirá el saldo de 2 años 4 meses (de un total de ocho años) bajo sujeción a la vigilancia del Patronato Local de Reos. En consecuencia, el señor Contreras Donaire seguirá cumpliendo su condena, bajo la modalidad señalada”.

La familia del asesinado presidente de la ANEF cuestionó duramente la medida, calificándola como una “bofetada”. Tucapel Jiménez Fuentes, hijo del ex dirigente, dijo que es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que el Poder Ejecutivo interfiera en una decisión ya tomada por el Poder Judicial”.

Según se estableció judicialmente, Manuel Contreras Donaire fue uno de los que, el 25 de febrero de 1982, interceptaron al presidente de la ANEF cuando manejaba su taxi. Junto a él subió al vehículo Miguel Letelier Verdugo (suboficial retirado) y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE.

Finalmente, tras dirigir el vehículo hasta el camino El Noviciado, Herrera Jiménez le disparó en la cabeza y degolló a Jiménez.

El beneficiado, Manuel Contreras Donaire, cumplía en Punta Peuco una pena de ocho años de cárcel, en calidad de autor material del homicidio del ex presidente de la ANEF.

El suboficial en retiro y ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) Manuel Contreras Donaire fue indultado por orden del Presidente de la República, Ricardo Lagos, según consta en un decreto del Ministerio de Justicia.

Contreras Donaire estaba recluido, desde abril de 2004, en la cárcel de Punta Peuco por su participación, como autor material, en el asesinato del ex presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, registrado el 25 de febrero de 1981.

El documento, que permite a Contreras Donaire dejar el recinto carcelario, lleva la firma del titular de Justicia, Luis Bates, como ocurre en todos los casos de indultos presidenciales.

Por el caso Tucapel, el juez Sergio Muñoz también condenó al mayor en retiro del Ejército Carlos Herrera Jiménez, quien además cumple una pena por el crimen del carpintero Juan Alegría Mondaca, el que fue ultimado en febrero de 1982 en Valparaíso, con la intención de encubrir el homicidio del sindicalista.

Asimismo, cumplen penas aflictivas el general (r) Ramsés Alvarez Scoglia, quien era jefe del DINE en la época del crimen; los brigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima y el suboficial retirado Miguel Letelier Verdugo.

Letelier Verdugo, Contreras Donaire y el mayor (r) Herrera fueron imputados como autores materiales del delito, mientras que el resto de los involucrados recibió penas en calidad de cómplices y encubridores.

Tucapel Jiménez fue asesinado el 25 de febrero de 1982, cuando ocupaba la presidencia de la ANEF. El crimen fue investigado durante 17 años por Sergio Valenzuela Patiño, quien no llegó a ninguna conclusión, lo que cambió en 1999, cuando con el apoyo del Consejo de Defensa del Estado, la familia de Jiménez logró que el Poder Judicial lo reemplazara por el juez Muñoz.

El nuevo magistrado logró en pocos meses establecer la correlación de los hechos vinculados al crimen, algo que Valenzuela no logró en casi dos décadas de trabajo, y concluyó con la condena de los responsables.

Por el caso Tucapel aún existe una arista judicial, la que enfrenta al Estado con la familia del asesinado sindicalista, puesto que el 13° Juzgado Civil de Santiago determinó, en primera instancia, que el Fisco debe pagar una indemnización de 1.000 millones de pesos a los deudos.

La demanda civil se tramitó paralelamente al proceso criminal que sustanció el juez Muñoz, y ahora deberá ser definido por tribunales superiores, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló al fallo. 

 Como una "bofetada" calificó el hijo homónimo de Tucapel Jiménez, la conmutación de pena otorgada por el gobierno al suboficial en retiro Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por el homicidio del líder sindicalista. Hablando en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez Fuentes, acompañado del titular de dicha organización, Raúl de la Puente, criticó con dureza la medida confirmada durante la jornada desde La Moneda. “Nos hemos enterado por las noticias, viendo al ministro del Interior Francisco Vidal explicando lo inexplicable”, dijo el primogénito del asesinado sindicalista, lamentando cómo se canalizó al información. Tucapel Jiménez Fuentes remarcó que la noticia es “una bofetada no sólo a la familia, sino a los trabajadores de Chile, especialmente a los empleados públicos. Nosotros como familia nos oponemos a todo tipo de indulto. No le hace bien a la democracia que un poder del Estado, en este caso el Ejecutivo, interfiera en una decisión ya tomada por otro poder del Estado, como el Poder Judicial”. Contreras Donaire quedará en libertad, pero no a través de un indulto presidencial, como primero comunicó el ministro del Interior Francisco Vidal, sino del otorgamiento de un beneficio penitenciario, como salió posteriormente a aclarar el vocero de Palacio, Osvaldo Puccio. El beneficiado fue condenado a ocho años de presidio por el crimen de Tucapel Jiménez, pena que ha cumplido en su gran mayoría. El suboficial en retiro fue una de las personas que interceptó al presidente de la Anef y le dio muerte el 25 de febrero de 1982. Junto a él participaron en el homicidio Miguel Letelier Verdugo y Carlos Herrera Jiménez, todos ellos ex integrantes del DINE. El ministro Puccio explicó que no se le concedió “un indulto presidencial, pues se trata de una decisión a nivel del Ministerio de Justicia en el cual a reos que cumplen ciertos requisitos de cumplimiento de pena se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería”. Agregó que va en la línea de beneficios humanitarios, ya que “se trata de una decisión de un reo que cumplió los requisitos para acceder a este tipo de beneficios” y aclaró que el documento no lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos. Previamente, Puccio había sido consultado por la reacción que podría tener la familia de Tucapel Jiménez, y declaró al respecto que “vivimos en este país una situación traumática, donde muchos de nosotros fuimos víctimas de esa situación y creo que el país ha ido avanzando en un clima distinto. Los que luchamos por los derechos humanos, por un sistema democrático distinto, luchamos al mismo tiempo porque la ley se aplique a cabalidad y todos tengan acceso a los beneficios que esa ley otorga”. Temen que sea un precedente Jorge Mario Saavedra, el abogado de la familia de Tucapel Jiménez, advirtió que la conmutación de la pena a Contreras Donarire puede sentar un precedente para otros militares vinculados a atropellos de los derechos humanos durante la dictadura. El jurista explicó que el beneficio al suboficial condenado está contemplado en la ley, y que Contreras Donaire solicitó el pronunciamiento del Ejecutivo considerando que ya había cumplido seis de los ocho años de condena. Las condenas El 9 de marzo del año pasado, la Corte Suprema confirmó la condena contra Manuel Contreras Donaire, Miguel Letelier Verdugo, el general (r) Ramses Arturo Alvarez Sgoglia y losbrigadieres (r) Víctor Pinto Pérez y Maximiliano Ferrer Lima a ocho años de cárcel. Junto a ello condenó al general (r) y auditor general del Ejército Fernando Torres a 800 días de pena remitida como encubridor del crimen, y a los generales (r) Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y Hernán Ramírez Hald, director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército (CIE), a 800 días de presidio remitido en calidad de encubridores. La Corte estimó que en el caso de Herrera Jiménez la pena sería de cadena perpetua, y en esa oportunidad también se liberó de responsabilidad al coronel Enrique Ibarra Chamorro y el agente civil Jorge León Alessandrini. De acuerdo a los antecedentes aportados por la investigación del ministro Sergio Muñoz, Tucapel Jiménez fue interceptado por dos sujetos que simulando ser pasajeros abordaron su taxi y le pidieron que los trasladara hasta el camino Renca-Lampa. Se trataba del mayor (r) Carlos Herrera Jiménez y el suboficial Miguel Letelier Verdugo. Mientras, el suboficial Manuel Contreras Donaire los siguió en un automóvil Peugeot. En Pudahuel, Herrera le ordenó detener el vehículo y le disparó, asestando también cortes con arma blanca, los tres huyeron en el Peugeot.

Sandra Contreras, una de las hijas del suboficial mayor (r) Manuel Contreras Donaire, indultado el 2005 por el crimen del dirigente de la ANEF, narró a LND los maltratos físicos y sicológicos que por años padeció su familia, viviendo casi como en un cuartel de la CNI. Luego de años de distanciamiento, el ex represor reapareció para pedir el divorcio de su esposa y reavivó la angustia de aquellos años. Como el "Capitancito Montes", de Benedetti, el suboficial (r) Manuel Contreras Donaire también golpeó muchas veces y hasta el cansancio a sus hijos y su mujer. Pero "hace tanto, y en realidad tan poco, desde esos arranques", a decir del escritor uruguayo, que poco o nada debe quedar en la memoria de este ex represor, indultado el año 2005 por el entonces Presidente Ricardo Lagos, luego de un breve período preso como autor del asesinato del dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Tucapel Jiménez, perpetrado por la CNI en febrero de 1982. No así para Sandra Contreras Pizarro, una de los cuatro hijos del primer matrimonio del militar en retiro. Tras un largo proceso de ir cerrando heridas, el fantasma de aquel padre golpeador ha vuelto a rondar su vida y la de su familia, desde que en abril de este año Contreras Donaire reapareció para solicitar el divorcio de su esposa, Leonor Pizarro, de quien se separó de hecho en 1988. La herida volvió a sangrar profusamente y Sandra no pudo contra ese pasado horroroso. Luego de casi 22 años de la última golpiza, esta auxiliar de farmacia de 37 años rompió el silencio para sacudirse del calvario que significó vivir con un represor puertas adentro. Sandra está hoy sumida en una profunda depresión, con licencia médica, sometida a terapia y esclava de un cóctel de antisicóticos e inductores de sueño que guarda prolijamente en una caja plástica con las iniciales de cada día de la semana. A ratos extravía la mirada y luego cubre su rostro para contener el llanto, no sin dificultad, y revive los episodios de violencia que marcaron su infancia y la de sus hermanos. Imborrables, asegura, permanecen los días de quedar sangrando, tirados en el suelo por las bofetadas, los combos y las patadas que "papá" les propinaba por sentarse mal a la mesa, por seguir el mal ejemplo de la "maraca de tu madre"; a pito de nada, porque sí. Como si valga la ironía , tras la dura jornada en los cuarteles clandestinos, apenas diera para soportar a niños "malcriados", lloriqueando o andando de aquí para allá. "Nuestra casa era un regimiento. En vacaciones, a las ocho de la noche, estábamos acostados. Para él, a los 30 años, nosotras recién podíamos pensar en casarnos. ¡Olvídate de fiestas! Nunca fuimos a paseos de curso, no había permiso. Nos golpeaba por lo que fuera y con lo que tuviera a mano. Si estábamos mal sentados a la mesa, en la calle, por lo que fuera " (se contiene para no llorar). Esa fue la infancia de Sandra y sus hermanos. Niñez de tempranos tratamientos siquiátricos a base de anfetaminas, cuando ella apenas rondaba los ocho años. Toda una vida soportando a un monstruo, aterrorizados hasta orinarse, sometidos a un silencio que sólo se rompía cuando el suboficial lo ordenaba. Silencio que a pesar de las golpizas ella y su familia guardaron para no dañar la carrera militar del "papá", como aquel caluroso febrero de 1982, cuando asesinaron a Tucapel Jiménez, y "nos tuvieron encerrados en la villa militar, donde vivíamos. No tuvimos contacto con nadie durante una semana, más o menos". El rigor y la disciplina extrema de un padre militar convirtieron a Sandra en un roble, como ella admite. Sin embargo, pese a ser hija de un hombre comprometido con la dictadura, ella nunca comulgó con el régimen. Y le costó caro: "Nunca estuve de acuerdo con los militares. Yo iba a la iglesia y por eso siempre él me trataba de comunista y era a la que más golpeaba". Pero ese roble se ha desplomado justo cuando creía sepultado el amargo recuerdo y se aferraba al amor de su marido y sus tres hijas en un tranquilo barrio del lado poniente Santiago. "Teníamos que arrancar y escondernos. A mi mamá la golpeaba cuando estaba embarazada. Una vez, a mi hermana mayor la pilló fumando y nos sacó la cresta a todos. No te puedo decir que nos daba golpes de corriente, pero igual nos torturaba. Cuando se tranquilizaba, venía y empezaba: nunca más, perdón, mi negra fea, como me decía", cuenta. Nayareth, la menor de las hijas de Sandra, sigue atenta el relato. Los ojos de su madre se humedecen y con un dejo de espanto atorado en el pecho sentencia: "Como hija de militar tengo rasgos. Yo era un roble, pero ese roble ahora se cayó por todo el daño que él me hizo. Esto me ha marcado para toda la vida", dice golpeando la mesa. La niña interrumpe: ¡que pague ese viejo ! En abril de este año, Manuel Contreras Donaire demandó el divorcio de Leonor Pizarro, ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago. En la demanda de divorcio, el ex dine apela al artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil y rechaza cualquier tipo de compensación económica a favor de su esposa, pues ésta, advierte, "desempeñó labores remuneradas" durante el tiempo que duró el vínculo. Luego de la separación, en 1988, Contreras Donaire rehízo su vida con una joven mujer con la que entonces mantenía una relación extramarital. Con ella hoy tiene tres hijas. A partir de ese año, Sandra, su madre y sus hermanos dejaron la villa militar, en el paradero 4 de avenida Pajaritos, y perdieron todo contacto con el militar. Los hermanos de Sandra lo visitaron luego en la "cárcel", donde Contreras Donaire cumplió parte de los ocho años a los que fue condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez. "Cuando salimos de la villa militar mi madre tuvo que planchar y lavar ropas para pagar nuestros estudios, todo lo asumió ella. Él rehízo su vida y tuvo tres hijas a las que pagó la universidad. Por ser bueno en su trabajo fue premiado con viajes a la Antártica y Colombia. Hoy tiene una propiedad en Arica, se jubiló y no le dio un veinte a mi madre", asegura Sandra. Agobiada, decidió buscar ayuda para enfrentar judicialmente a su padre y recurrió al diputado Tucapel Jiménez, hijo del asesinado dirigente de la ANEF. "Hola, soy la hija del que mató a tu padre", le dijo por teléfono. No fue fácil. Tampoco lo fue para el parlamentario. Jiménez no asoció de inmediato el apellido Contreras, sino hasta oír el dramático relato que la hija del asesino de su padre exponía con voz alterada del otro lado de la línea. "Me contó su drama y no dudé en ayudarla. Yo siempre he mantenido una postura de entendimiento hacia los familiares de estos asesinos. Estas familias también fueron víctimas como nosotros. Ella puede contar conmigo en lo que sea necesario. Pero fue muy difícil. Es un tema delicado. Se trata de un sujeto que fue indultado, que además nunca cooperó ni mostró arrepentimiento alguno, sostuvo Jiménez a LND. Sandra y su familia vivieron en un verdadero campo de concentración. Así, a secas. Una realidad que, de acuerdo a su relato, no era muy distinta a la de las otras familias de uniformados que habitaban la villa militar. Él en su hogar era el que mandaba. Y tal como en el Chile de aquel tiempo, en casa de los Contreras tampoco "se movía una hoja" sin que "papá" supiera. Como ocurrió cuando doña Leonor, hoy de 62 años, le comunicó el embarazo de la mayor de sus hijas y el CNI repartió combos y patadas a todos por parejo. Sandra era apenas una mocosa de 14 años. "Ese día con mis hermanos estábamos en el segundo piso esperando que llegara, armados con un bate de béisbol, una raqueta de tenis y yo tenía una tijera. Cuando la mamá le contó, él la quedó mirando y le dijo: Claro, cómo no, si el ejemplo que le das maraca c y la golpeó , narra. "Yo bajé y lo increpé. Me mandó un combo. Mis hermanos y mi mamá intentaron defenderme y comenzó a golpearlos. A la madrugada se puso a llorar y comenzó a preguntar por mí. Tenía una pistola en la mano y estuvo haciendo el show de que se iba a suicidar. Esa fue la primera vez que me desahogué, pero lo enfurecí y más me sacó la cresta. A mí me pusieron hielo en el ojo y al día siguiente en el Hospital Militar tuve que decir que me había caído de la bici", agrega. Sandra apenas conserva un par de las pocas fotografías en las que, como buen hombre de Inteligencia, Contreras Donaire se mostró. Las restantes dice haberlas destruido, como la triste imagen de aquel padre maltratador. "A mi papá lo maté a los 14 años. Hice mi vida, mi familia iba sanando las heridas, pero reapareció y dañó a mi mamá. Por él estoy perdiendo de trabajar, de ganar mi sueldo. Nadie me devuelve esto ni la salud que perdí, nos está matando. Soy una niña debajo de la mesa. Así me veo ahora, así era antes. Pero voy a salir adelante, estoy consciente", dice angustiada.

Un día de otoño de 2007 el diputado Tucapel Jiménez recibió un llamado telefónico.

"Soy la hija del asesino de tu papá", escuchó el parlamentario. Luego, un largo silencio. Era Sandra Contreras.

Habían pasado casi dos años desde que el entonces Presidente Lagos decidió indultar a Manuel Contreras Donaire y al diputado le costaba creer que al otro lado de la línea le estuviera pidiendo ayuda la hija de uno de los tres autores materiales de la muerte de su padre, ocurrida en febrero de 1982.

Desesperada, Sandra le suplicó que la asesorara en el juicio que su progenitor había entablado por esos días en contra de su madre, Leonor, para conseguir el divorcio. 

El parlamentario la ayudó con abogados, pero el Tercer Juzgado de Familia acogió la petición del uniformado en retiro.

No es que Sandra quisiera de vuelta a su padre. Sólo buscaba que su madre no perdiera los pocos beneficios que aun recibía como carga del ex militar.

Hoy, la rabia de Sandra en contra de su papá aflora con facilidad, casi espontánea. Con los ojos llenos de lágrimas recuerda cómo eran las lecciones de disciplina en el pequeño departamento 302 de la Villa Militar en Estación Central.

"Mi papá era terrible. Una vez pilló fumando a una de mis hermanas y nos pegó a los cuatro, a todos por igual, para que todos aprendiéramos que nadie podía desobedecerlo. No era una cachetada y listo. Eran patadas y combos. Era brutal", dice Sandra sin poder ocultar su pena.

Siguen sus recuerdos llenos de gritos y agresiones, y lanza una confesión:  "No es justo que hayan indultado a mi papá. Él hizo cosas terribles". Se queda callada y con nerviosismo agrega: "Él nos cagó la  vida".

También, en buena parte, hizo lo mismo con los hijos del líder sindical Tucapel Jiménez. Su hijo Tucapel tenía 19 años cuando su padre fue asesinado. Hoy sigue sin aprobar ni entender que Contreras Donaire haya sido indultado. "Definitivamente, le informaron mal al ex Presidente Lagos. Él indultó al asesino de mi padre, pese a que Contreras nunca se arrepintió de lo que hizo", dice hoy.

En el juicio por el caso quedó de manifiesto que de los tres autores materiales, Carlos Herrera Jiménez fue el único que entregó información sobre sus cómplices. De hecho, al mayor (r), que siempre se preocupó de no mencionar personas, en un plenario del caso entregó los nombres de dos militares: Miguel Letelier Verdugo y Contreras Donaire.

Éste último nunca cooperó e incluso, como lo planteó en su momento uno de sus abogados, Mauricio Unda, siempre negó haber participado en el crimen. Afirmó que no estaba en el taxi donde le dispararon los cinco balazos y degollaron al ex dirigente sindical, y dijo también que nunca trabajó con Herrera Jiménez.

Aun así, el ministro Sergio Muñoz comprobó su participación y en 2002 lo condenó a ocho años de cárcel. Pero el 13 de agosto de 2005, Manuel Segundo Contreras Donaire dejó el penal de Punta Peuco, transformándose, hasta hoy, en el único uniformado condenado por delitos de los derechos humanos indultado en democracia.

La vida en el pasaje
A este experto en contraespionaje de 65 años se le ha hecho fácil mantener el anonimato desde que dejó las rejas. Sus vecinos de La Florida no saben casi nada de la condena que cumplió y menos de lo que la motivó. Sólo una vecina dice que una vez habló del tema con su segunda esposa, María Luisa Ruiz Maureira, quien le habría asegurado que su marido era inocente y que "por eso lo indultaron".

El ex militar prácticamente no sale de su casa durante el día y casi no conversa con sus vecinos. También se negó a hablar con "Sábado" en reiteradas oportunidades.  La encargada de las relaciones sociales es María Luisa, con quien pudo casarse el 30 de octubre de 2008, una vez que el suboficial (r) dejó de firmar en el patronato de reos.

Sólo por estos días, Contreras se ha mostrado más en el estrecho pasaje Quiringe de la Villa El Sol. Los arreglos y la ampliación de su casa lo han obligado a sacar maderos y escombros. Vestido de buzo completo y con el pelo totalmente cano, se le ve más robusto que hace cinco años. Al menos, a simple vista, logra disimular los efectos físicos del cáncer a la próstata que sufre, y que fue uno de los argumentos para darle la libertad.

No sólo Contreras ha cambiado en este tiempo. La casa ahora tiene dos pisos, nuevas puertas, ventanas y reja, y el interior fue redecorado totalmente.

En general sólo sale en el auto familiar, un Dodge Journey verde metálico del 2009 que reemplazó al viejo Ford Aerostar café. El vehículo apenas cabe en el antejardín y, según los vecinos, Contreras lo lava casi con fascinación.

"Parece que se ganaron el Kino", bromea una vecina sobre el nuevo status de los Contreras Ruiz.

Se supone que Contreras no trabaja y que su único ingreso son los cerca de 250 mil pesos que recibe de pensión por haber vestido uniforme.

A su señora tampoco se le conoce un trabajo. De hecho pasa gran parte del día con él en la casa. Según los vecinos, ella ha comentado que tiene tierras en Curicó y una propiedad en Puente Alto.

Según un familiar, uno de esos terrenos habría sido vendido para pagar algunas deudas con dos empresas del retail, morosidades que incluso hicieron que Contreras fuera demandado a mediados del año pasado y a comienzos de éste,  como consta en los registros del Poder Judicial, problemas que ya solucionó.

Con el divorcio se extinguieron las obligaciones monetarias del suboficial (r) con su ex familia. Su hija Sandra cuenta que sólo por un compromiso con uno de sus hermanos, Contreras le deposita a su madre los 21 de cada mes 100 mil pesos.

Carrera militar
La carrera como suboficial de Ejército de Contreras partió en su natal San Felipe, en el regimiento Guardia Vieja de Los Andes. Destacó rápido, siempre fue de las primeras antigüedades y ganó varios reconocimientos por su habilidad para esquiar.

También en San Felipe conoció a su primera señora, Leonor Pizarro, hermana de la popular cantante Palmenia Pizarro. Una de las últimas veces que se le vio en la pequeña ciudad de la Región de Valparaíso fue en 2002 para el funeral de su madre, Raquel Donaire, en el cementerio de San Felipe. Hasta allí llegó Contreras engrillado y con una fuerte
custodia. Ya no era el orgulloso oficial amante de la buena mesa y de la música de Olga Guillot y Charles Aznavour que conocía su familia.

Su carrera en el Ejército, a mediados de los 70, había ido siempre en ascenso. Su buen desempeño como uniformado le significó, a fines de esa década, una destinación a Bogotá, a la embajada de Chile en Colombia. Allí ejerció en labores de seguridad y se le permitió recibir a su familia por algunos meses. En la residencia diplomática, cada 11 de septiembre, Contreras era uno de los más entusiastas en la ceremonia de "Acción de Gracias" que se efectuaba para recordar el golpe militar y en la que se izaba la bandera, costumbre que el ex militar mantiene hasta hoy. También, recuerda su hija Sandra,  de ese viaje adquirió su gusto por la música caribeña.

Luego, todo cambió. Al volver a Santiago, ya como miembro del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, dependiente de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), su camino comenzó a cruzarse con el de Tucapel Jiménez.

A comienzos de 1982 el general (r) Arturo Álvarez Sgolia, ex jefe de la DINE, ordenó el asesinato del líder sindical, y Contreras era parte del escuadrón encargado de ejecutar la orden.

Según se estableció en el proceso, el 25 de febrero de ese año Jiménez salió de su casa y se subió al taxi en el que trabajaba. A las pocas cuadras, en calle Balmaceda, se subieron dos pasajeros. Uno se sentó a su lado y el otro atrás. Uno de los dos vehículos que lo seguían lo adelantó y, deteniéndose, marcó el lugar donde debía parar el auto de Jiménez. Ahí se bajó el pasajero que iba en el asiento del copiloto y el que estaba atrás le disparó a Jiménez en la cabeza. Luego, lo degollaron. El juez Muñoz nunca pudo determinar con exactitud cuál de
esas acciones protagonizó Contreras.

"Contreras  Donaire nunca colaboró en nada, se caracterizó por una negativa constante, siempre mostró una frialdad espantosa, y ningún arrepentimiento", dice hoy el abogado de la familia de Tucapel Jiménez, Jorge Saavedra.

El diputado e hijo del ex dirigente de la Anef,  agrega: "Yo soy totalmente contrario a los indultos, pero por último, si el Presidente Lagos quería analizar caso a caso y hacer un gesto, habría tenido más piso si indultaba a Herrera Jiménez. Él sí cooperó con el caso, él sí mostró arrepentimiento y él sí tenía cáncer".

Carlos Herrera Jiménez sigue recluido en Punta Peuco y se le han rechazado varias de sus solicitudes de indulto. Está condenado a cadena perpetua.

"Se suponía que estaba enfermo"
El lunes pasado, en medio de su visita al acto de aniversario de la DC, Ricardo Lagos fue rodeado por la prensa. Le querían preguntar por la decisión del Presidente Piñera de descartar indultos a violadores de derechos humanos. Al responder, Lagos explicó que indultó a Contreras porque colaboró para esclarecer el asesinato de Tucapel Jiménez. "Gracias a él, en buena medida, pudo aclararse el crimen".

En 2005, después que dio a conocer su decisión de indultarlo, dijo en La Segunda que "es una persona condenada a ocho años que tenía derecho a salir después de cuatro años. Llevaba cinco años y siete meses. Segundo, era un suboficial que cumplió órdenes; fueron otros los que dijeron qué tenía que hacer. Y tercero, tenía una situación de salud compleja".

Sandra también pone en duda eso hoy: "Se suponía que estaba enfermo, que iba a salir y se iba a morir", dice en referencia al cáncer de su padre.

Ella, como Tucapel Jiménez hijo, tampoco lo puede perdonar. Acusa del abandono que sufrieron, sus hermanos y su madre cuando el ex militar rehizo su vida sentimental y familiar. Hoy, Contreras Donaire dedica buena parte del día a las tres hijas de su nuevo matrimonio.

Ocupa parte de su tiempo viendo canales de deportes, sobre todo los de fútbol, y en ocasiones va a ver jugar a la Universidad Católica. Una de las últimas veces que asistió al estadio fue al Bicentenario de La Florida, para un partido entre el local Audax Italiano y la UC. "En eso yo salí a él. También soy de la UC", dice Sandra.

La artesanía es otro de sus pasatiempos. Aprendió el oficio mientras estuvo preso y varios de los maceteros de su casa los hizo él. Uno de sus cercanos cuenta incluso que tras ser indultado Contreras intentó sin éxito crear una pyme para vender sus creaciones.

Pero su mayor afición es el esquí, deporte que aprendió en su instrucción como suboficial. De hecho, hace unas semanas se le vio muy temprano junto a su familia cargando la camioneta. Cuando volvieron en la noche comentaron que habían pasado el día en la nieve.

Hijo héroe
Antes de su encierro, en 2000, Manuel Contreras vivió junto a su segunda mujer en Arica, en un departamento del Ejército en pasaje Los Copihues. Pese a que lo dejó hace más de 10 años, esa es la última dirección en la que aparece registrado.

En el edificio nadie recuerda a los Contreras Ruiz y al único Manuel Contreras que ubican es al hijo del suboficial (r), un ex comisario de la Policía de Investigaciones que se hizo relativamente conocido en la ciudad en agosto de 2008, cuando -estando aun en servicio- fue uno de los primeros en llegar al kilómetro 135 de la Ruta 11 Ch en Putre, donde
fallecieron nueve alumnas del Colegio Cumbres. Corrió y auxilió a varias de las heridas. A algunas las ayudó a salir de la máquina y trasladó en su camioneta a dos de ellas hasta el hospital.

El destino quiso que 26 años después del asesinato de Tucapel Jiménez, esta vez, un Manuel Contreras salvara vidas.

"No es justo que hayan indultado a mi papá. él hizo cosas terribles", dice sandra contreras.

"Contreras siempre mostró una frialdad espantosa", dice el abogado de la familia de tucapel jiménez.

"Si Lagos quería analizar caso a caso y hacer un gesto, habría tenido más piso si indultaba a Herrera Jiménez. Él sí cooperó", dice Tucapel Jiménez hijo. En la foto, en un homenaje a su  padre.

Punta Peuco no aparece en los mapas pese a estar a 50 kilómetros y a sólo 30 minutos de Santiago. Pero sí tiene tradición carcelaria: un terreno abandonado entre las pocas viviendas del pueblo era el último vestigio de una antigua colonia de presos de baja peligrosidad que allí funcionó. El terreno quedó como propiedad de Gendarmería y en enero de 1995, ante la inminente primera condena al general (r) Manuel Contreras por el crimen de Orlando Letelier (perpetrado en Washington, en septiembre de 1976), sería el lugar escogido para construir allí la nueva cárcel especial para el ex jefe de la Dina y los uniformados condenados por crímenes de derechos humanos.

Tras sortear una crisis política provocada por el rechazo de Ricardo Lagos, ministro de Obras Públicas de la época, a firmar el decreto que daría inicio a su construcción, y luego un conato de rebeldía del ex jefe de la DINA, finalmente en octubre de 1995, Contreras ingresó a Punta Peuco en calidad de preso. Durante meses tanto el militar condenado como la nueva cárcel acapararon la atención del Ejército, de la inteligencia del gobierno, de las policías y de los medios.

Quince años más tarde, cuando el ex suboficial de carabineros Francisco Toledo ingresó a Punta Peuco por un delito que cometió en 1985, todo era distinto. Manuel Contreras ya no estaba recluido allí, sino en el Penal Cordillera, un recinto militar más exclusivo e íntimo. Ya no había integrantes del Ejército en la custodia, sino sólo gendarmes; y los presos veían transcurrir sus días sumergidos en el olvido. Muchos de sus hijos, en cambio, vivían afuera otra historia: sentían constantemente temor al rechazo social provocado a veces al sólo escuchar su apellido en público.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a la única hija del carabinero Francisco Toledo: perdió una beca en la universidad en la que estudiaba. Según cuenta su madre, bajó sus notas porque sentía pánico de que algún compañero le enrostrara: “¡Tu papá mató a los hermanos Vergara!”. Su pesadilla era que precisamente la encararan durante una disertación.

Francisco Toledo fue condenado a siete años como uno de los autores del homicidio de Rafael Vergara Toledo, un muchacho de 18 años que el 29 de marzo de 1985 recibió 8 balazos (entre ellos, uno en la nuca y otro en la región lumbar) durante una jornada de protesta y cuyo cuerpo fue encontrado en la vía pública al lado de su hermano, Eduardo (23 años), también asesinado. Veinticinco años se demoró la justicia en arrojar su veredicto.

Los hermanos Vergara Toledo vivían en la Villa Francia, una población de Santiago que fue epicentro de masivas protestas contra la dictadura en esos años. Ambos militaban en el MIR y su muerte se transformó en un símbolo para los jóvenes que luchaban contra el régimen militar. Con los años, ese símbolo varió para representar el descontento social con la democracia y siguió mutando hasta llegar a nuestros días transformado en una amalgama de protestas y brote delictivo. Lo cierto es que desde ese primer 29 marzo de 1985, en que los hermanos Vergara fueron víctimas de la violencia política, ningún aniversario ha dejado de ser violento.

Elisa, la esposa del ex suboficial de carabineros Francisco Toledo, le explicó a su hija que “el papá cumplía órdenes y ese día estaba trabajando”. Al igual que la mayoría de las esposas de uniformados presos por crímenes cometidos durante la dictadura, Elisa cree en la inocencia de su marido y está en desacuerdo con el desarrollo de los juicios.

Elisa y Francisco se conocieron cuando ella tenía 14 años. Juntos construyeron una familia que Elisa describe como “ejemplar”: su esposo siempre fue un padre preocupado, “que llevaba a nuestra hija a la universidad todos los días. La niña era su regalona”. Elisa siente dolor y rabia por esta separación.

Cada domingo ambas visitan a Francisco Toledo en Punta Peuco, quien está recluido en el “Módulo 2”, donde comparte con otros ex uniformados a quienes Elisa no conocía, con excepción del subteniente (r) Alex Ambler, el ex jefe de su marido que también está condenado a siete años por la muerte de los hermanos Vergara Toledo. A todos ellos Elisa los encuentra “excelentes personas y buenos compañeros de presidio”.

-Yo puedo evaluar a estas personas por como están ahora, yo no sé los casos en que se vieron involucrados –explica Elisa.

No es extraño que Elisa no conozca los delitos por los que están presos los compañeros de módulo de su marido. Al igual que en todas las cárceles del mundo, en Punta Peuco los motivos del encierro son tema tabú entre los internos. Ese mecanismo de defensa no funciona igual para todos los familiares de los presos. Entre los hijos la pregunta ronda. Un día su hija le contó a Elisa que en Internet había una página donde sólo con el apellido de una persona era posible saber por qué delito estaba condenado. La joven le dijo que así podían saber las acusaciones en contra de los compañeros de encierro de su padre.

Elisa la paró de inmediato:

-¿Por qué lo vas a hacer?, le dije. ¿Por qué mejor no conoces a la persona como es ahora y te fijas en cómo te saludó? Lo demás, respétaselo. Si algún día él te quiere decir “yo estoy involucrado en esto o me enjuiciaron por esto”, lo escuchas. Pero ahora, no corresponde.

Elisa le planteó el secreto como una forma de respeto, lo que implica suponer que la verdad es una ofensa. La hija de Francisco Toledo, aceptó: “Mamá, tienes toda la razón”, le respondió.

Para este reportaje alrededor de una veintena de familiares de militares presos (entre esposas, madres, hijas y hermanas) fueron contactados, pero la mayoría se negó a hablar. Algunas esposas, evidenciando en sus palabras y tono de voz mucha rabia acumulada, aprovecharon de repetir una y otra vez: “La historia está tergiversada”.

Sandra Contreras (42 años) no está de acuerdo.

EN TIERRA DE NADIE

Sandra Contreras sí cree en los hechos que se probaron en tribunales y que condenaron a su padre, el ex suboficial de Ejército Manuel Contreras Donaire, a 8 años de prisión por haber degollado al líder sindical y presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, en febrero de 1982.

A Sandra, a sus tres hermanos y a su madre, Manuel Contreras Donaire los golpeaba cuando gozaba de la libertad. Lo hacía si lo contradecían o si se reían cuando él quería descansar. Una vez le dio un combo a su hija Sandra y la botó por la escalera. “En el Hospital Militar tuve que contar que me caí en una bicicleta”, recuerda la mujer. Nunca lo denunciaron. La madre y todos los hermanos soportaron en silencio. Por eso, cuando Sandra supo que su padre se iba preso a Punta Peuco, se alegró:

-Yo me decía que de alguna forma este huevón va a tener que pagar –recuerda.

Sandra dejó de ver a su padre a fines de los ’80, cuando Manuel Contreras Donaire se separó de su mamá. Sus hermanos, en cambio, mantuvieron el contacto. Sandra era la única que no sólo le tenía rabia por lo violento que había sido con ellos, sino por haber asesinado a Tucapel Jiménez. Durante la dictadura, Sandra participó de la pastoral de una iglesia en Renca y conoció las poblaciones:

-Vi hambre, injusticia, vi a los milicos ahí. Yo era la oveja negra de mi familia.

En julio de 2005, el ex Presidente Ricardo Lagos le otorgó a Contreras Donaire el indulto presidencial con beneficio de remisión condicional de la pena. El presidente argumentó que el indulto se debió a la ayuda que prestó para resolver el caso. “Gracias a él, en buena medida, pudo aclararse el crimen”, dijo Lagos. El hijo del dirigente sindical le respondió al Mandatario: “Le pediría al Presidente y al ministro de Justicia, que antes de tomar una medida así leyeran el fallo, porque el indultado es uno de los autores materiales. Carlos Herrera Jiménez fue el que efectuó los disparos a mi padre y este asesino (Contreras Donaire) fue el que lo degolló”.

Para la fecha del indulto, julio de 2005, Contreras Donaire llevaba seis años en la cárcel. Le faltaban dos años para cumplir su condena. Según consta en el expediente judicial, el suboficial jamás reconoció su participación en los hechos pese a que el ministro Sergio Muñoz probó que fue él quien degolló a Tucapel Jiménez.

Dos años después de haber recuperado su libertad, el ex sub oficial se divorcio legalmente de la madre de Sandra y las dejó sin nada. Como la hija quería que su mamá recibiera una pensión decente decidió llamar a Tucapel Jiménez hijo, que ya era diputado PPD. Sentía que su familia y la de él habían sido víctimas de la misma plaga: malos hombres. Como si la pertenencia de las personas no fuera un asunto de sangre ni de raza ni de patrias, sino de calidad humana.

Sandra lo llamó sin pensarlo mucho: “Hola, soy la hija del hombre que mató a su papá”. Tucapel escuchó su infierno y la ayudó a conseguir abogados.

Cada cierto tiempo toda esa historia regresa, como el crimen de los Toledo regresa en cada violento 29 de marzo, día del joven combatiente.

El año pasado, por ejemplo, Sandra no se perdió capitulo de las series “Los archivos del cardenal” (TVN) y “Los 80” (Canal 13), dos producciones con las que la televisión chilena intentó saldar parte de sus deuda de silencio sobre lo vivido por miles de compatriotas en los ’70 y ‘80. La ficción les permitió mostrar ese mundo desde una óptica que al periodismo le resulta muy difícil: a través de la vida cotidiana del torturador, el increíble doblez del alma humana capaz de electrocutar a un hombre en la mañana y en la tarde partir de buen humor a elegir regalos de Navidad para los hijos. Mostrar la violencia como una actividad laboral con una “terrorífica normalidad” de la que habla la filósofa Hannah Arendt, cuando describe al criminal nazi Otto Adolf Eichmann.

Para Sandra, la hija de Manuel Contreras Donaire, mirar esos personajes fue verse a sí misma. A veces no era capaz de terminar los capítulos:

-Yo miraba “Los 80” y decía: mi papá era así, él trabajaba en eso. Ver el programa me producía tanta angustia… no hay palabras… Me lo imagino electrocutando personas, forzándolos con golpes… y no podía dejar de pensar que cuando era chica viví bien gracias a todas las aberraciones que él hizo, gracias a todas las familias que él hizo mierda –dice Sandra.

“MIS CULPAS O COMO SE LLAME”

Fernando Valdés Cid, teniente (r) de Carabineros, estuvo preso durante tres años en el “Módulo 2” de Punta Peuco.

Valdés era policía de calle. Ingresó a la institución en 1977, tres años después del Golpe. Practicaba kárate, judo y su pasatiempo era salir a cazar. En 1982, siendo subteniente, Valdés fue encargado reo por la Fiscalía Militar de Valparaíso como autor del delito de violencia innecesaria causando lesiones leves a Oscar Uribe. Posteriormente fue absuelto. En 1984 lo acusaron de matar al obrero del POJH Nelson Carrasco, detenido en San Bernardo el 27 de marzo de ese año por un piquete de 19 carabineros que encabezaba Valdés. La madre del obrero denunció la desaparición de su hijo y el cuerpo fue encontrado a la orilla del canal “El Espejino”, el 11 de abril.

El Segundo Juzgado Militar de Santiago determinó que Carrasco fue golpeado en el furgón policial brutalmente y luego fue lanzado al canal junto a otros detenidos donde se ahogó.

A Valdés lo condenaron a seis años de presidio por “violencia innecesaria con resultado de muerte”. En 1988 ingresó a la Escuela de Carabineros a cumplir prisión preventiva por alrededor de tres años, tiempo que se le abonó cuando llegó a Punta Peuco a cumplir su condena el año 96.

El crimen cometido por Valdés es probablemente el más actual de todos los reseñados en esta serie. El delito se ha mantenido en el tiempo, en dictadura y en democracia: el uso de la fuerza policial del Estado sin freno es lo que reclamaron los habitantes de Aysén este verano, lo que vienen reclamando los mapuches por décadas y lo que probaron los estudiantes en las manifestaciones del año pasado.

Sobre su responsabilidad en la muerte del obrero Nelson Carrasco, Fernando Valdés dice:

-Siempre lo he recordado como una pena grande…Para una familia perder un hijo no es fácil, ¿cierto? Yo perdí a mi madre hace poquitos días, yo sé lo que es, puedo sentir lo que es. Pero antes, igual sentí siempre pena. Lo llevó en mi corazón, es una cosa… el haber estado o no ahí, el haber hecho o no, el haber ayudado o no, el haber cooperado o no, o haber evitado o no, todas esas cosas me las preguntó…

Valdés habla de Carrasco y finalmente, cuando ya no puede eludir más el punto clave de su muerte, pareciera que aquello que el mismo se pregunta por alguna razón prefiere no respondérselo:

-Yo no lo maté. Hablan de que al lanzarlo al agua, después este chiquillo se murió ahogado. O sea, que yo le pegué solo, le pegué a los otros cuatro o cinco que andaban ahí, hice todo esto solo. Eso es lo que pienso. Pregúntese usted qué pasó. Yo no me voy a preguntar más que pasó. Yo para mis adentros tengo mis propias responsabilidades, culpas o como se llame…

Cuando Fernando Valdés ingresó a Punta Peuco, su hijo mayor sabía dónde estaba: una prisión militar. Pero al que tenía 6 años le dijo que el papá trabajaba en el campo y que Punta Peuco era el lugar donde dormía cuando la noche se ponía peligrosa. Valdés le explicó así al niño la presencia de los barrotes y los gendarmes armados las tres veces que lo fue a ver. Los malos estaban afuera.

Ahora que ese hijo creció, nunca le ha vuelto a preguntar. Valdés es de la idea de olvidar. “Lo que pasó ya fue, ya pagué”, dice.

Si su memoria ha bloqueado la fecha exacta en que salió de Punta Peuco, las imágenes de lo que pasó ese día las tiene bien vivas: su esposa y su hermano lo fueron a buscar y le pasaron una botella de whisky que se fue tomando de a poco al recorrer libre nuevamente las calles. Al lunes siguiente volvió a trabajar a la misma empresa en la que se desempeñó luego de su retiro de Carabineros el ’87. Nadie le puso problemas por su prontuario, como les ocurre a todos los que salen de la cárcel.

Así, el oficial de Carabineros -bajo, macizo, calvo, de brazos peludos, al que le decían “El Mono”– volvió a pasearse por los campos de la Sexta Región como si los tres años en la cárcel no hubieran existido. Salvo por la pistola.

-Yo tomé precauciones. Me hice de un arma porque tenía temor que me llegara alguna represalia aquí afuera. Y aunque como ex preso no tenía permiso para portar armas, anduve con una ilegalmente durante un año.

LAS FIESTAS DE CONTRERAS

Es muy probable que las represalias que temía Fernando Valdés Cid cuando salió en libertad no fueran sólo de los opositores a Pinochet. Y ello porque a fines de 1995, cuando empiezan a llegar a Punta Peuco los primeros condenados del Caso Degollados, este oficial de Carabineros se convirtió en el primer preso de esa peculiar prisión en denunciar -a la revista Qué Pasa– los privilegios para el día de Año Nuevo que tenían el ex jefe de la DINA y su segundo en el organismo de represión: Pedro Espinoza.

“Las fiestas del Mamo Contreras y los cumpleaños de Espinoza eran verdaderos carnavales. Porque a ese sector no entraba Gendarmería, era exclusivo para el Ejército”, dice hoy Valdés, quien además recuerda que estaba molesto porque los militares tenían teléfonos en sus habitaciones y visitas fuera de horario:

-Pero para nosotros, los carabineros, no había nada de eso. Entonces, lo que yo decía era que si estamos todos en la misma, apechuguemos todos en igualdad de condiciones –afirma el oficial retirado.

No fue esa la opinión de todos sus compañeros de Módulo. Para algunos de los carabineros del Caso Degollados, las denuncias de Valdés fueron una deslealtad hacia Manuel Contreras ya que era gracias a él que estaban en esa cárcel y no en una con todos los presos comunes. Pero Valdés no se arrepiente:

-Yo he sido mucho más leal que muchos de ellos. Ahí tú tienes al Mamo Contreras gritando como condenado, involucrando más gente. ¿Por qué no se queda callado? Eso no corresponde. ¿Va a salir en libertad con eso? Que muera callado, como buen soldado no más –dice a CIPER.

LOS ORIGENES

Mientras allí estuvo recluido, Manuel Contreras siempre hizo valer que gracias a él existía esa cárcel especial, custodiada por miembros del Ejército que se cuadraban ante ellos y los trataban como sus superiores.

-Yo fui a una cárcel que la tuvieron que construir especialmente para mí. Si no, no voy a la cárcel –dijo Contreras en una entrevista con Chilevisión hace dos años.

Y esta vez Contreras sí dice la verdad. Porque fue la anunciada primera condena al ex jefe de la DINA la que gatilló en enero de 1995 la decisión de construir una cárcel especial para el general. El arquitecto socialista Claudio Martínez, entonces director de Gendarmería, le propuso al Ejército el terreno que tenía la institución en Punta Peuco.

El Ejército, que presionaba por esa cárcel especial, aceptó. No así el ministro de Obras Publicas, Ricardo Lagos, quien rechazó la orden del Presidente Eduardo Frei de firmar el decreto de emergencia para iniciar la construcción. No estaba dispuesto a quedar como el autor de un penal especial para militares. A Frei no le quedó otro camino que enviar un proyecto de ley al Congreso. En febrero de 1995 se inició la construcción. Cuatro meses más tarde, el 14 de junio de 1995, el gobierno de Eduardo Frei despachó el Decreto 580 que creó el «Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco».

Claudio Martínez recuerda que siempre en las conversaciones que tuvo sobre la nueva cárcel había oficiales del Ejército presentes:

-Ellos estaban detrás de esto, y no podría haber sido de otra forma. Hacer una cárcel especial en ese momento no era para darles privilegios a los militares, era por seguridad de la ciudadanía. Pinochet, el ex dictador, era el comandante en jefe del Ejército todavía. ¿Qué habría pasado si al jefe de la policía secreta de la dictadura le daban muerte adentro de una cárcel común? –explica.

Contreras fue condenado por el ministro Adolfo Bañados el 30 de mayo de 1995 a 7 años de presidio como uno de los autores del asesinato del ex canciller de Allende, Orlando Letelier. Pero no inauguró la nueva cárcel. Argumentó estar enfermo. El primero en llegar a Punta Peuco fue el brigadier en servicio activo Pedro Espinoza Bravo, el segundo hombre operativo de la DINA, quien también fue condenado por el crimen de Letelier. Y lo hizo el 19 de junio, el mismo día que el Ejército lo llamó a retiro, despojándolo de su escudo protector.

Espinoza dijo a la prensa: “El Ejército me entrega”. El traslado se hizo en la madrugada. Claudio Martínez, director de Gendarmería y quien lo recibió en Punta Peuco, recuerda que Pedro Espinoza llegó acompañado de una comitiva de familiares, amigos y militares:

-Eran como 50 personas y la escena fue bien dura, porque Espinoza llega a una reja y yo estoy adentro esperándolo. En dos segundos tuve que pensar: lo dejo entrar a él o los dejo entrar a todos. Y los dejé entrar a todos. Y cuando entraron, ¡empezaron a sacarle fotos a la cárcel!

Una vez que Espinoza se quedó sólo allí dentro, Martínez dice que “el ambiente era igual al de un velorio”. Y se mantuvo durante cuatro meses con el brigadier como el único preso de la nueva cárcel. El 22 de julio de ese año, unas 300 personas, entre militares y civiles, se manifestaron en Punta Peuco para apoyarlo: cantaron el himno patrio e hicieron un pic- nic en los alrededores.

La tensión iba creciendo. Y llegó a su punto máximo cuando los dos hijos del brigadier –ambos militares activos- sobrevolaron la cárcel en helicóptero. “Fue una provocación si se quiere”, dice Martínez. Provocación que replicó Espinoza anunciando en octubre una huelga de hambre en contra del Ejército. Pero desistió. Justo a tiempo para recibir al nuevo habitante VIP de Punta Peuco: el general (r) Manuel Contreras.

Después de intentar resistir el encarcelamiento y mantener la impunidad de la que había gozado durante dos décadas, atrincherándose en el Regimiento Sangra en Osorno y en el Hospital Naval de Talcahuano, Manuel Contreras llegó a Punta Peuco en octubre de 1995. Su único compañero de módulo, Pedro Espinoza, lo consideraba un traidor.

-Como la relación entre ambos era tensa, instalaron un sistema de semáforo en los espacios comunes para no encontrarse -recuerda Martínez.

Para custodiar a dos presos, el Ejército designó a cinco oficiales y 66 suboficiales y clases, según informó a CIPER la institución. Ellos formaban un anillo de seguridad interno mientras que Gendarmería quedó a cargo de la custodia externa. “Lo que yo percibí es que el Ejército tenía mucho temor de que Espinoza o Contreras, fruto del encierro, entregaran algún tipo de información” dice Martínez.

Una tesis viable frente al último crimen que la justicia chilena le acaba de adjudicar a Espinoza en noviembre de 2011: fue procesado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Jorge Zepeda como autor material del homicidio del ciudadano estadounidense Charles Horman (cuya historia dio origen a la película Missing), una muerte que el régimen militar siempre negó.

Lo que nadie niega hoy son los privilegios de los que gozó Manuel Contreras mientras estuvo en Punta Peuco y que denunció el carabinero Fernando Valdés Cid. De partida, nunca fue tratado como un preso por el personal militar de custodia, sino como sus subordinados.

-El Mamo trataba a los oficiales de Ejército que lo custodiaban como goma. Siempre hacia peticiones a través de ellos y presionaba a Gendarmería. Por él se tuvo que habilitar una enfermería con médico y hasta se trajo un mozo que le preparaba las comidas –dijo a CIPER un ex gendarme que trabajó en Punta Peuco en esos años.

En 2001 Manuel Contreras cumplió su primera condena y se fue de Punta Peuco a su casa, con detención domiciliaria por los múltiples procesos en curso. Como prueba de su importancia, casi dos años después, en 2003, la custodia del Ejército terminó. Justo en el momento en que Ricardo Lagos creaba la Comisión Valech que investigó los casos de prisión política y tortura. Más de 35 mil personas prestaron testimonio mientras en Punta Peuco recibían a nuevos habitantes de la cárcel especial: Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel, ambos de la CNI, entre ellos.

Fue el momento también en que los presos de Punta Peuco iniciaron una batalla por la obtención de beneficios carcelarios. Había que atraer a nuevos socios que apoyaran su petitorio.

RAZONES DE ESTADO

En 2003, el sacerdote Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social, visitó en Punta Peuco a los carabineros del Caso Degollados. Fueron los propios presos quienes le pidieron a Marcelo Mancilla, el sacerdote de Gendarmería que los asistía espiritualmente y con quien Baeza tiene muy buena relación, que lo llevara.

Querían que Baeza intercediera por ellos ante las autoridades de la época tal como lo estaba haciendo por los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR); el brazo armado del Partido Comunista que en dictadura preparó entre otras acciones el fallido atentado de septiembre de 1986, donde planeaban matar a Augusto Pinochet en la ruta de regreso desde su casa en El Melocotón. En democracia no sólo cayeron en prisión los hombres del dictador, sino que también lo hicieron aquellos que se opusieron a él.

Recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), los frentistas iniciaron periódicas huelgas de hambre para negociar el indulto presidencial. Por su labor pastoral y su trabajo activo en dictadura, Baeza medió con el gobierno. Y a 30 años del Golpe, los presos de Punta Peuco consideraron que la visita de un sacerdote que congeniaba con la izquierda era una buena forma de levantar la bandera de los otros “presos políticos”.

Baeza recuerda la visita: “Querían decirme que se estaba cometiendo una injusticia con ellos porque también eran presos políticos y no tenían acceso a la libertad condicional ni a ningún beneficio carcelario”.

A primera vista, la exigencia del empate de los presos de Punta Peuco parecía de justicia básica. Pero en lo medular, para Baeza había diferencias profundas con los presos políticos del CAS. La primera y más importante era que los frentistas se habían comprometido a no volver a ocupar jamás los medios violentos:

-Pero los presos de Punta Peuco ni siquiera habían dejado en claro ante los tribunales lo que habían hecho ni quienes les dieron las órdenes. En Punta Peuco me di cuenta que no se podía discutir con ellos, que ahí no había conversión. La verdad, me parece que hay algunos como Manuel Contreras, el jefe de la Dina, y otros, que volverían a hacer lo mismo -dijo Baeza a CIPER.

El lobby de los presos de Punta Peuco siguió. Mediante las visitas de sus familiares al Congreso y las cartas que enviaban desde la cárcel a diferentes políticos, lograron cierta acogida e incluso eco a su situación. Fue así que en septiembre de 2005, meses después de que el entonces Presidente Lagos le otorgara el indulto presidencial a Manuel Contreras Donaire, los senadores Hernán Larraín (UDI), el almirante (r) Jorge Arancibia (UDI), Baldo Prokurica (RN) y Enrique Silva Cimma y Edgardo Boeninger, ambos senadores designados de la Concertación, presentaron un proyecto de ley que favorecía a los uniformados condenados con dos tipos de beneficios.

El primero fijaba una pena única de 10 años de presidio por la totalidad de los delitos cometidos, quedando sujetos a arraigo y al régimen de libertad vigilada por el resto de la condena original; y el derecho de la remisión condicional de la pena a los sentenciados que durante el cumplimiento de la condena cumplieran 70 años de edad.

Dos años más tarde, en noviembre de 2007, el Senado lo rechazó. La polémica que provocó el indulto de Lagos a uno de los asesinos de Tucapel Jiménez no dejó espacio para nuevos beneficios.

Las razones del ex Presidente para otorgarle indulto a Manuel Contreras Donaire fueron finalmente de Estado. Algo que Lagos explica hoy como un gesto oportuno. Durante su gobierno había indultado a varios frentistas. Era hora de hacerlos con “los otros”:

-Había que decir, bueno han pasado 15 años desde la recuperación de la democracia y ahora mandamos nosotros. Porque cuando yo llegué a La Moneda y salía al extranjero me preguntaban: “¿Usted efectivamente es el Presidente o sigue mandando Pinochet?”. Yo ya había nombrado a una mujer socialista y torturada por los militares en el Ministerio de Defensa, se habían dictado las reformas constitucionales que permitían destituir a los altos mandos. ¿Por qué no hizo una cosa de ese tipo Frei? Porque iban a creer que seguían mandando los militares. Pero esta decisión era mía, y era mía porque había cambiado el país.

Los cambios sociales son sutiles, complejos de precisar. Y lo que Lagos describe como “cambio del país”, el juez Joaquín Billard lo ve mucho más restringidamente. En todos estos años investigando los crímenes de la dictadura, al único militar que el juez Billard ha visto cambiar es a Carlos Herrera Jiménez, oficial de Ejército, ex miembro de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y de la CNI, quien ha pedido públicamente perdón a la familia de Tucapel Jiménez, a quien asesinó junto a Manuel Contreras Donaire:

-Herrera Jiménez siente que los mandos de la época lo engañaron, que lo convencieron de que lo que estaba haciendo era por el bien de la Patria. Y él ahora, sentado y mirando el techo, se da cuenta que todo eso era una estupidez –afirma el juez Billard.

Pero al inicio, el juez Billard cuenta que los militares acusados llegaban a tribunales altaneros porque no creían que iban a ser juzgados: “¡Ellos pensaron que no los iban a procesar nunca! ¡¿Cómo pudieron pensar eso?! ¿Cómo pudieron creer: “yo mato a este gallo y nadie me va a hacer nada”? ¡Qué manera de estar endiosados!”.

Mario Carroza, otro de los ministros que ha investigado violaciones a los derechos humanos a lo largo de lo años, coincide con Billard en la sensación de impunidad con que vivían los agentes: “Eran personas a la que les gustaba tener poder, sentir que el resto dependía de ellos. A otros les gustaba hacer de espías”, dice.

Pero la estructura ligada al sistema que los protegía y les proveía de impunidad, y que estaba asentada también en el Poder Judicial, ya no existe. El juez Carroza trabaja desde esa línea los interrogatorios: haciéndoles ver que ahora son personas comunes y corrientes:

-Trato de hacerles entender que hicieron cosas más allá de lo común y corriente, y cuando eso pasa, las personas entran en la etapa delictual. Si alguna vez ellos pensaron que estaban en una guerra, no soy quién para decir que no es así. Pero después de 1975 ya no hubo guerra. Ahí les digo que deben saber por qué actuaron así. Sopesar si actuaron mal y responder por eso. Cuando los interrogo, yo trato de señalarles que hay un momento donde tomaron una decisión y que la suya fue equivocada -dice el juez.

Por esas equivocaciones, a septiembre de 2011, según la base de datos del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, había 249 uniformados condenados en última instancia. Una cantidad que en todos los análisis tanto en Chile como en el extranjero se pone al lado de los 3.186 compatriotas desaparecidos y ejecutados durante el régimen militar. Dos situaciones dramáticamente dispares.

DAR VUELTA LA HOJA

El hijo de Tucapel Jiménez jamás pensó que además de todo lo vivido, iba a tener que lidiar con el arrepentimiento de uno de los asesinos de su padre. Con ese perdón que Carlos Herrera Jiménez le ha pedido públicamente a través de los medios de comunicación a lo que se suma su petición reiterada a reunirse con él en Punta Peuco. El diputado ha considerado esa posibilidad. Pero le cuesta:

-No me veo sentado al frente del asesino de mi papá. Como diputado uno quisiera decir “lo hago a cambio de información, para que otras familias tengan esa tranquilidad espiritual”, pero la verdad es que no he llegado a ese grado de convencimiento de que me vaya a servir o le vaya a servir a otras personas. Pero si sirviera de algo, haría el sacrificio -dice el hijo de Tucapel Jiménez.

El padre de Tucapel se había convertido a inicios de los ’80 en una de las voces más importantes en contra del régimen, al punto de iniciar la preparación del primer paro nacional de trabajadores en 1981. Su alta convocatoria y su alianza con el ex presidente Eduardo Frei Montalva, asesinado también un mes antes que el líder sindical, encendieron todas las alarmas en el círculo de Pinochet. De ahí que el diputado PPD quiera honrar su figura enfrentándose a su asesino en nombre de otros, pero es el hijo el que hoy no puede. Ahora Tucapel tiene sus propios hijos que jamás aceptarían algo así.

-Mucha gente piensa que es parte de la estrategia de Carlos Herrera juntarse conmigo para recibir el indulto. Yo soy contrario a los indultos, pero pienso que él debiera tener beneficios carcelarios. Herrera colaboró con la justicia, y si sus peticiones de perdón fueron estrategia y una mentira, no importa mientras haya colaborado –dice el diputado Jiménez, quien asume que es imposible dar vuelta la página.

“Yo me voy a morir recordándolo. Hasta en pequeñas cosas cotidianas, como cuando juega Colo- Colo, el equipo de fútbol que a él le gustaba, no puedo dejar de acordarme de mi papá”, dice Tucapel Jiménez.

Las palabras del hijo de Tucapel Jiménez grafican lo difícil que resulta para los familiares de los presos de Punta Peuco intentar lidiar afuera con el rechazo. Más difícil si lejos de mostrar arrepentimiento, algunos intentan usar antiguas estrategias de extorsión para obtener beneficios. Como lo hizo Álvaro Corbalán, involucrando de paso a otros presos.

Luego de leer el primer reportaje de esta serie, el senador Francisco Chahuán y el sacerdote Cristián Precht, a quien la madre de Corbalán le pedió acogida para su hijo, dijeron a CIPER que ya no concurrirán más a Punta Peuco. Para ambos su rechazo a ser involucrados en cualquier acción que se asocie a una operación de inteligencia, es lo que motiva su decisión.

por Verónica Torres

Desde el Servel explicaron que "no figura ninguna comunicación para las personas indicadas y consultadas" respecto a que estén inhabilitadas para participar del proceso constituyente.

El Servicio Electoral (Servel) ya publicó el Padrón Electoral definitivo de cara al Plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre, estableciendo quienes son las personas que podrán sufragar en dicho proceso y quienes no.

En este sentido, el Servel define ciertos criterios para establecer las personas habilitadas para votar, quedando excluidas aquellas que hayan sido condenadas a penas aflictivas que conllevan un presidio de tres años y un día.

Sin embargo, según información revelada por BioBioChile, dos ex miembros del Ejército que han sido condenados por violaciones a los Derechos Humanos están habilitados para votar. Se trata del exgeneral Juan Emilio Cheyre y el exsuboficial Mayor de Ejército, Manuel Contreras Donaire.

El medio antes citado detalla que Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada por el caso Caravana de la Muerte, en donde encubrió 15 homicidios cometidos en La Serena en octubre de 1973.

En tanto, Contreras fue condenado a ocho años de prisión, luego de ser declarado culpable como autor material del homicidio de Tucapel Jiménez, crimen cometido en febrero de 1982.

Asimismo, se explica que la Constitución actualmente vigente detalla que una persona que perdió su calidad de ciudadano tras ser condenado a un pena aflictiva como se describió anteriormente, podrá recuperar dicho estado una vez que se termine su “responsabilidad penal”.

Respecto a esta situación, desde el Servel señalaron que “en los registros de sentencias penales digitalizados con los que cuenta el Servicio Electoral desde la inscripción automática en adelante (año 2012), no figura ninguna comunicación para las personas indicadas y consultadas”.