Balcázar Soto Juan Manuel

El 3 de marzo de 2004 la ministra de fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, procesó a un carabinero (R) y dos civiles por el delito de secuestro, homicidio calificado y homicidio frustrado en la localidad de Paine entre septiembre y octubre de 1973.

Los procesados son el suboficial mayor (R) de Carabineros, Luis Enrique Jara Riquelme, como autor de los delitos de secuestros seguidos de homicidios calificados de José Manuel Díaz Inostroza, Francisco Javier Lizama Irarrázabal, Juan Manuel Ortiz Acevedo, Luis Celerino Ortiz Acevedo, Jorge Manuel Pavez Henríquez, y como autor del delito de secuestro agravado de Francisco Baltazar Godoy Román.

Los civiles Juan Manuel Balcázar Soto y Claudio Antonio Oregón Tudela, como autores del delito de homicidio calificado de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios.

En la localidad fueron asesinadas cerca de 70 personas tras el golpe de Estado de 1973, en particular gracias a la colaboración de vecinos del sector que delataban a las víctimas.

La jueza María Estela Elgarrista sometido a proceso a dos civiles por haber colaborado en 1973 en la ejecución de opositores a la dictadura de Augusto Pinochet en Paine, informaron fuentes judiciales. En el proceso también fue encausado el carabinero en retiro Luis Jara Riquelme. 

Los civiles son Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar Soto, acusados por delitos de secuestros y homicidios calificados en Paine.

En esa localidad fueron ejecutadas sin juicio alrededor de 70 personas, en su mayoría trabajadores agrícolas, en las semanas siguientes al golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Según los antecedentes judiciales, los civiles procesados señalaban a los militares las identidades, direcciones y otros datos que permitieron las detenciones y fusilamientos de sus propios vecinos del pueblo.

Entre los ejecutados en esa época figura el comerciante Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos y dirigente del Partido Socialista Pamela Pereira.

La investigación de la jueza Elgarrista, en la que han declarado cerca de un millar de personas, pudo avanzar de forma significativa por el testimonio de Alejandro Bustos, un campesino de la zona que fue fusilado y sobrevivió de forma milagrosa a los disparos.

Bustos, que vivió oculto y atemorizado durante muchos años, valoró la investigación y las resoluciones dictadas por la jueza, a más de 30 años de ocurridos los hechos.

 

Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar Soto fueron procesados por delitos de secuestros y homicidios calificados contra opositores al régimen militar de Paine.

La ministra María Estela Elgarrista, quien investiga diversas causas de Derechos Humanos, procesó a dos civiles por haber colaborado en 1973 en la ejecución de opositores al régimen de Augusto Pinochet en Paine, a 40 kilómetros al sur de Santiago. 

Se trata de Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar Soto, quienes fueron procesados por delitos de secuestros y homicidios calificados.

En Paine fueron ejecutadas sin juicio alrededor de 70 personas, en su mayoría trabajadores agrícolas, en las semanas siguientes al 11 de septiembre de 1973. 

Junto con Oregón y Balcázar fue también procesado, por los mismos delitos, el ex carabinero Luis Jara Riquelme.

Según los antecedentes judiciales, los civiles procesados señalaban a los militares las identidades, direcciones y otros datos que permitieron las detenciones y fusilamientos de sus propios vecinos del pueblo. 

Entre los ejecutados en esa época figura el comerciante Andrés Pereira Salsberg, padre de la abogada de derechos humanos y dirigente del Partido Socialista Pamela Pereira.

Walkiria fue detenida pocos días después del Golpe de Estado en el regimiento Maipo en Valparaíso. Tras varios días de interrogatorios, fue trasladada junto a otras 16 mujeres al centro de torturas de Villa Grimaldi, en Santiago. El trayecto entre un infierno y otro no lo hizo en camiones del Ejército. La Walki -como la llaman sus amigas- recuerda que ese viaje, que pudo ser el último de su vida, lo realizó a bordo de un camión cerrado que pertenecía a la Pesquera Arauco. 

Según ella y otros ex presos consultados por The Clinic, esta empresa de la V Región puso disposición de los militares todos sus vehículos, los que sirvieron tanto para el traslado de prisioneros como del personal de la Armada. Pesquera Arauco no es el único caso de una compañía privada que prestó una infraestructura que terminó siendo usada para torturar y asesinar chilenos. Por el contrario, en los diferentes proceso por las violaciones a los derechos humanos emergen reiteradamente empresas grandes y pequeñas que colaboran libremente con material e información: un aporte que tuvo un rol determinante en la extensión del horror.

Entre estas empresas destaca la Sudamericana de Vapores. Desde el mismo 11 de septiembre la compañía puso a disposición de la Armada dos de sus barcos.

Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus pasajeros perdieron la vida. El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

María Eliana Comene fue una de ellas. Cuenta que entre el 19 y el 20 de septiembre la sacaron de el Buque Escuela "Esmeralda" y la trasladaron al barco de la Sudamericana.

“Recuerdo que el muelle estaba lleno, pero lleno de gente. Las personas estaban botadas como bultos en el suelo. En el Lebu, a los hombres los metieron en la bodega y a las mujeres nos llevaron a unos camarotes. Éramos tantas que para dormir teníamos que sentarnos con las rodillas tomadas. Nos podíamos bañar con agua helada, pero antes de las seis de la mañana, porque después se cortaba el agua.” 

Muchas de las personas que pasaron por el Lebu aún se encuentran desaparecidas. Los que sobrevivieron, no pueden olvidar las interminables torturas que sufrieron en el barco facilitado por la naviera.

Algunas instituciones educacionales privadas, también colaboraron con la violación de los derechos humanos. Es el caso de la Universidad Federico Santa María, cuyas instalaciones fueron usadas para interrogar y detener a personas que venían, fundamentalmente del barrio Los Placeres, de Valparaíso. La universidad también desalojó a los alumnos del internado, para que durmiera allí la guardia militar. Muchos detenidos fueron trasladados desde ahí a la academia Guerra Naval, donde se realizaba el interrogatorio duro y por donde pasaron cerca de mil 500 personas.

En provincia, empresas medianas y pequeñas ofrecieron una colaboración entusiasta. En Osorno, la Fabrica Elaboradora de Cecinas, FELCO, facilitó sus bodegas, para la detención de presos políticos. Allí estuvo detenido Hernán, quien prefiere reservar su apellido, pues aún le pesan los años de dictadura. Recuerda que llegó encapuchado a un lugar que no conocía: un galpón metálico de 10 por 10 metros. Pero varios de los 150 detenidos identificaron rápidamente el sitio y se lo comunicaron al resto: estaban en las bodegas de FELCO. En el lugar sólo había un baño y las condiciones de hacinamiento eran terribles. Tras un par de días Hernán fue trasladado al Estadio Español de la ciudad, otro recinto facilitado por privados.

El abogado de derechos humanos Hiram Villagra afirma que la represión militar dependió en gran medida de la responsabilidad de civiles, pues "sin la complicidad de ellos la dictadura no hubiese tenido ni la crueldad, ni la intensidad y mucho menos la duración que tuvo". Agrega que "muchos privados terminaron prestando sus servicios a la dictadura y aplaudiendo el golpe, sabiendo que el final era una represión".

Una de las muestras más feroces de los servicios voluntarios se encuentra en Paine, donde 70 campesinos de la zona fueron ejecutados en las semanas siguientes al Golpe de Estado. Durante años, las organizaciones de derechos humanos acusaron a varios pequeños empresarios agrícolas de haber facilitado vehículos y de haber participado directamente en las muertes. A comienzos de marzo, la jueza María Estela Elgarrista les dio la razón y procesó a un carabinero y dos civiles por el delito de secuestro y homicidio calificado. Los civiles, Claudio Oregón Tudela, Juan Balcázar Soto, son pequeños empresarios de la zona.

Las listas

Un porcentaje considerable de ex presos políticos y desaparecidos fue detenido en su mismos lugares de trabajo. Esto ocurrió porque otro gran servicio prestado por las empresas a la naciente dictadura, fue la elaboración de listas negras, que a la larga terminaron siendo para muchos, listas de la muerte.

Juan Báez trabajaba en la empresa Portuaria de Valparaíso como pañolero y fue detenido el 30 de septiembre por una patrulla naval al presentarse a sus labores. Varios operarios de la empresa corrieron la misma suerte y hoy Báez está convencido de que la lista fue elaborada dentro de la compañía.

Algo similar a lo ocurrido en la ENAMI, donde 276 de sus trabajadores fueron anotados como "traidores" o "personas peligrosas para las faenas de la empresa". Gran parte de ellos fue ejecutado. Lo mismo ocurrió en la Industria Textil Viña y la Unión Lechera de Aconcagua.

Muchos trabajadores detenidos a raíz de estas listas negras ni siquiera tenía preferencias políticas claras y fueron expuestos a la violencia por venganzas personales. A raíz de las torturas muchos quedaron con secuelas que les impidieron volver a trabajar, afectando radicalmente la calidad de vida de sus familias. Juan Báez, por ejemplo, quedó con severos problemas en la columna y una ceguera parcial tras pasar 17 días infernales en un centro de detención de Papudo. Hasta la actualidad, no puede realizar ningún tipo de actividad física pesada, como la que realizaba cuando era empleado de la Portuaria de Valparaíso.

Con todo, a Báez no le fue tan mal como a un grupo de trabajadores de la empresa Elecmetal, propiedad de Ricardo Claro. Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció como sus dos hermanos y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de carabineros. No se les volvió a ver con vida.

“Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias,” relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado.

El abogado Juan Agustín Figueroa, que formaba parte del directorio de la compañía cuando ocurrieron los asesinatos, desmiente las declaraciones de Fernández.

“Nadie se le pasó por la mente que los detenidos iban a parar a una patrulla militar y que iban a aparecer baleados,” dice el penalista. Pese a ello, Fernández sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. "El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en qué condiciones estaban matando a los trabajadores", reclama.

Certificados

La Universidad Católica de Valparaíso no escapó a esta ola de soplonaje. Tras el golpe, la UCV quedó en manos de un marino quien contó con mucha colaboración voluntaria y espontánea de profesores y alumnos para elaborar listas de alumnos indeseables. Cuando se reanudaron las clases, los alumnos debieron presentarse en un galpón de la escuela de Ingeniería donde les informaban si estaban "sin problemas", "condicional" o "expulsados". Estos últimos recibieron un certificado en el que se los acusaba de "ser un peligro para la actividad académica de la universidad, por su condición de extremista violentista". Ese fue el caso de Enrique Núñez, quien por entonces estudiaba agronomía. No solo fue expulsado sino borrado de los registros de la universidad.

Peor suerte corrieron al menos tres estudiantes de la UCV incluidos en esa fatídica lista. María Isabel Gutiérrez y Alfredo García fueron llevados al regimiento Maipo dónde se les perdió el rastro; en tanto, Silvio Pardo, estudiante de derecho, desapareció en el cuartel Silva Palma.

Núñez cree que la UCV está en deuda con esas personas y que una forma de reparar su colaboracionismo "sería que la universidad, en un gesto digno, les diera un titulo póstumo a todos los que fueron víctimas de la represión. Eso no les cuesta un peso. Pero falta la voluntad política para enfrentar las culpas propias".

Modelo Sudafricano

El apoyo de empresas privadas a los gobiernos basados en la represión y tortura no es un tema sólo de Chile. En Sudáfrica, durante el Apartheid, hubo muchas empresas alentaron los abusos a los derechos humanos y mantuvieron negocios con un Estado que pese a la condena internacional propiciaba asesinatos, torturas, violaciones, detenciones arbitrarias y tratamiento inhumano a miles de personas. A diferencia de nuestro país, las víctimas del Apartheid organizados a través de la Comisión de Verdad y Reconciliación y el movimiento Khulumani, pusieron dos demanda en contra de casi 30 empresas que contribuyeron con el gobierno del Apartheid. Las demandas se presentaron en EE.UU. en 2002 a nombre de las víctimas del Apartheid y exigían tanto compensaciones individuales como contribuciones más generales para el desarrollo social. Algunas de las empresas demandadas son: Citigroup, Exxon Movil, Caltex Petroleum, Ford, General Motors e IBM, Fluor Corporatión, Commerz Bank y Credit Suisse, entre otras.

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La ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel María Estela Elgarrista sometió a proceso por pimera vez a dos civiles que colaboraron en la identificación, entrega de medios y colaboración para el fusilamiento de disidentes al régimen militar en Paine, en los días posteriores al derrocamiento de Salvador Allende.

Se trata de Claudio Oregón Tudela y Juan Balcázar Soto, así como también del carabinero (R) Luis Jara Riquelme, quienes fueron procesados por los delitos de secuestro y homicidio calificado.

Lo relevante de esta resolución es que aparecen los civiles en calidad de colaboradores para los hechos materializados por componentes de la policía uniformada, específicamente la comisaría de Paine.

Los hechos registrados fines de septiembre y comienzos de octubre de 1973 habrían afectado unas 70 personas, entre las que se cuentan al padre de la abogada de derechos humanos del Partido Socialista, Pamela Pereira, Andrés Pereira Salsberg. La ola represiva también fue responsabilidad de efectivos Regimiento de Infantería de San Bernardo.

Cuando Elgarrista se hizo cargo de la investigación recibió todo lo obrado tanto por la jueza de San Bernardo que tuvo a cargo esta investigación, como lo del ministro de fuero Juan Guzmán Tapia. En esa ocasión, la jueza archivó ambas causas y comenzó una completamente nueva, en la cual ya han declarado más de mil personas y notificó, de acuerdo a fuentes judiciales, esta mañana en su despacho a los nuevos encausados.

Este medio entrevistó al campesino Alejandro Bustos, apodado El colorín, quien también fue víctima de los procesados y fue fusilado sin éxito. “La ministra me dijo que tenía los vestidos bien amarrados y que iba a hacer justicia en este caso y cumplió”, aseguró.

Bustos valoró la investigación que ha realizado la ministra y las resoluciones dictadas a poco más de 30 años de ocurridos los hechos. “Qué bueno que por fin estas personas vayan a la cárcel, porque los que quedamos vivos hemos sufrido más que los muertos”, concluyó.

Cabe recordar que en octubre del año pasado, comenzó en la citada localidad, ubicada al sur de la capital, la construcción del memorial "Paine, un lugar para la Memoria", en recuerdo de los campesinos desaparecidos o ejecutados tras el golpe de Estado de 1973.