Arriagada Echeverría Juan Carlos Ivan

Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, se condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Tras una exhaustiva investigación de poco más de tres años, se dio a conocer el fallo de primera instancia del ministro en visita extraordinario, Sergio Muñoz, en el caso del crimen de Tucapel Jiménez, el 25 de febrero de 1982.
El fallo, demorado durante la mañana por problemas computacionales, absolvió al mayor (r) Alvaro Corbalán Castilla, al brigadier (r) Roberto Urbano Schmied Zanzi, al civil Julio Olivares Silva y al capitán de Carabineros Miguel Hernández Oyarzo, quienes estaban procesados en calidad de cómplices.
Por su responsabilidad en el homicidio calificado de Tucapel Jiménez, Muñoz condenó al general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia a 10 años de presidio mayor en grado mínimo como autor, sin beneficios.
Como autor de homicidio calificado en contra del ex presidente de la Anef y del carpintero Juan Alegría Mundaca, fue condenado a presidio perpetuo sin beneficios el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez.
En tanto, como autores de homicidio calificado fueron condenados a 8 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios, el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el teniente coronel (r) Maximiliano Ferrer Lima.
Como autores, Miguel Letelier Verdugo y el suboficial Manuel Contreras Donaire fueron conminados a 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, sin beneficios.
El mayor Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini (civil) fueron condenados por el magistrado Sergio Muñoz a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, como cómplices (pena remitida).
El general (r) Fernando Torres Silva (ex auditor del Ejército), el general (r) Hernán Ramírez Hald y el general (r) Hernán Ramírez Rurange fueron condenados a 800 días de presidio menor en su grado medio (pena remitida), en calidad de cómplices.
Como encubridor, el coronel (r) Enrique Ibarra fue condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio. Por último, se decomisó el arma utilizada en el crimen, un revólver Smith & Wesson calibre 22, serie 22547, que figura inscrito a nombre de la Dirección General de Movilización Nacional.
Proceso judicial
En tres años de investigación, el ministro Sergio Muñoz remeció al Ejército. En 1999 procesó al ex director de la CNI, el ahora fallecido Humberto Gordon, y en junio de ese año se adelantó a Juan Guzmán enviándole un exhorto a Pinochet durante su detención en Londres.
Sin embargo, su paso más temerario fue procesar a Hernán Ramírez Hald, el primer general en servicio activo que fue inculpado en una causa de derechos humanos.
Ramírez Hald fue encargado reo el 22 de noviembre, pero un día antes el Presidente Ricardo Lagos lo recibió en su despacho por una hora, para respaldar el gesto del general de retirarse del Ejército y enfrentar el proceso como civil.
El ex uniformado quedó detenido en el Comando de Telecomunicaciones hasta que salió bajo fianza a mediados de 2000.
Cabe recordar que el ministro Muñoz tomó la investigación en abril de 1999, tras 17 años de infructuoso trabajo del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien fue destituido del caso por la Corte Suprema.

La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago concedió hoy la libertad provisional de dos ex miembros de la DINE, procesados por el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez.
Se trata del suboficial (r) del Ejército Juan Carlos Arriagada y el dentista Jorge León Alessadrini, encargados reos como autor y cómplice, respectivamente, del hecho.
El tribunal de alzada capitalino confirmó de esta forma, en forma unánime, la resolución de primera instancia del ministro en visita, a cargo de la investigación, Sergio Muñoz Gajardo, quien había concedido el beneficio.

Mucho de tropicalismo tuvo la sucesión de declaraciones de ex uniformados en la etapa plenaria del proceso por el asesinato del presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Tucapel Jiménez Alfaro. Testificaron más de 80 personas, entre procesados y testigos, la mayoría militares en retiro que, si bien no agregaron elementos como para dar un vuelco en la investigación, sí dieron un vergonzoso espectáculo haciendo rebotar acusaciones desde la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) hacia la ex CNI, y viceversa. Finalizada esa fase del proceso y luego de cumplir algunas diligencias, el ministro en visita Sergio Muñoz Gajardo podría dictar sentencia en primera instancia a fines de este mes, tras veinte años de cometido el crimen.

El caso estuvo estancado durante quince años, en manos del juez Sergio Valenzuela Patiño, quien luego de apuntar hacia miembros de la CNI, los sobreseyó temporalmente en varias oportunidades.

La investigación tomó un nuevo ritmo y otro giro con el juez Muñoz, quien recibió el caso en 1999. En cinco meses tuvo la mayor parte de la información definida en sus partes sustanciales. Quedó claro que la CNI jugó un rol secundario, en la recopilación de información previa, y que la "operación" fue fraguada y ejecutada por la Dine. En una resolución del 24 de agosto del año pasado, el ministro en visita acusó de oficio a 16 procesados, entre los cuales se encuentran dos ex directores de la Dine: los generales en retiro Arturo Alvarez Sgolia (autor intelectual) y Hernán Ramírez Rurange, como encubridor (ver recuadro). También fue procesado por primera vez un general activo, Hernán Ramírez Hald, jefe del Comando de Industria Militar (Cimi), quien fue llamado a retiro anticipado y concurrió a La Moneda invitado por Ricardo Lagos antes de presentarse frente el ministro en visita. El cuarto general procesado, acusado de encubridor, es el ex auditor general del ejército, Fernando Torres Silva, quien durante mucho tiempo se desempeñó como asesor de Pinochet. Entre los cargos que se le hacen están ocultar y tergiversar información sobre el asesinato, y dirigir la operación para sacar clandestinamente a Argentina a Carlos Herrera Jiménez, autor material del asesinato, en coordinación con el general retirado Hernán Ramírez Rurange.

EL "HONOR" MILITAR

En el curso de las audiencias públicas de la etapa probatoria que se desarrolló en abril, se describió en toda su crudeza la forma en que fue asesinado el dirigente de la Anef, como también se hicieron evidentes las zancadillas que varios procesados se hicieron entre sí para eludir culpas. El ex mayor de ejército Carlos Herrera Jiménez -el primer militar que confesó sus crímenes y delató a sus jefes-, ratificó que disparó cinco veces a la cabeza del indefenso Tucapel Jiménez, previamente inmovilizado, cumpliendo una orden de sus superiores de la Dine -brigadier (r) Víctor Pinto Pérez y el ex comandante del organismo, teniente coronel (r) Francisco Ferrer Lima-. Agregó que el director de la Dine de ese tiempo, general Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, lo felicitó luego de cumplir su misión y que sus jefes le insinuaron que la orden provenía de Pinochet. Por "honor militar", según dijo Herrera, se abstuvo de dar los nombres de dos subalternos suyos que también intervinieron en el crimen. De esa manera quiso reforzar el cuestionamiento que los subordinados encarcelados y demandados por la justicia hacen a los altos mandos por abandonarlos a su suerte y desligarse de sus responsabilidades. No obstante, tan "honorable" actitud hacia sus subalternos no tuvo la menor consecuencia, pues en el proceso está consignado que los otros dos autores materiales del crimen son los suboficiales Miguel Letelier Verdugo y Manuel Contreras Donaire. Incluso, durante su relato, al mismo Herrera "se le salió" el apellido Letelier. Y volvió a aludir al "honor" cuando señaló "me sentí honrado de que se me asignara esa misión especial".

Posteriormente, el general en retiro Hernán Ramírez Rurange, acusado de encubridor por disponer la huida del país de Carlos Herrera Jiménez en septiembre de 1991, cuando era director de la Dine, negó su responsabilidad. Tuvo la desfachatez de afirmar que sólo el año pasado se enteró, mediante la prensa, que Herrera había matado a Tucapel Jiménez.

Lo más impactante, sin embargo, fue la tirada de pelota que Alvarez Sgolia le hizo a la CNI, achacando toda la responsabilidad del asesinato al fallecido general (r) Humberto Gordon, director de esa organización represiva en la época del crimen. Pero el ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corbalán, salió en su defensa al declarar que el autor confeso, Herrera, pertenecía a la Dine y no a la CNI, por lo cual estaba bajo las órdenes de Alvarez Sgolia. Tanto Herrera como Corbalán, a quien los separa una enconada rivalidad, están condenados a presidio perpetuo como autores materiales del asesinato del carpintero Juan Alegría Mundaca, acción encargada a la CNI para encubrir el homicidio de Tucapel Jiménez.

Otro gran amigo de Gordon, el ex auditor general del ejército y asesor de Pinochet, Fernando Torres Silva -a quien también incriminó Herrera- centró sus dardos sobre este último, llamándolo "el Townley chileno". Es decir, un traidor que colabora con la justicia a cambio de un beneficio personal. Pero a su vez, el general Torres Silva responsabilizó indirectamente al general Hernán Ramírez Rurange de ordenar la salida de Herrera Jiménez a Argentina y Uruguay para eludir la justicia, que ya lo había condenado a diez años de prisión por la muerte del transportista Mario Fernández en La Serena. Huyó del país acompañado por el mayor (r) Arturo Silva Valdés, quien también se encargó de sacar de Chile al químico de la Dina, Eugenio Berríos, de quien se sospecha, entre otros crímenes, de intervenir en la muerte de Eduardo Frei Montalva, ocurrida un mes antes del asesinato de Tucapel Jiménez. Durante un tiempo, Carlos Herrera y Berríos compartieron la misma vivienda en Uruguay.

Además, el ex fiscal Torres confirmó que el ejército hace -o hacía- descuentos de los salarios de sus miembros para financiar las defensas de los militares procesados por violaciones de los derechos humanos. "No me consta que eso ocurra en estos momentos, pero sí había algo de eso hasta que yo estuve en la auditoría en abril de 1999", respondió Torres Silva al ministro Sergio Muñoz, cuando lo interrogó sobre ese punto. El próximo cierre de este proceso será sólo un capítulo en la larga cadena de esfuerzos por restablecer la verdad. Como autor intelectual del homicidio del ex presidente de la Anef, el general retirado y ex director de la Dine, Arturo Alvarez Sgolia, podría ser condenado a presidio perpetuo. En tanto, el ex general Hernán Ramírez Hald, acusado de complicidad, está expuesto a una pena de 15 a 20 años de cárcel. Los generales Hernán Ramírez Rurange y Fernando Torres Silva, como encubridores, enfrentarían condenas no menores a 10 años y un día.

En el marco de las "excepciones de previo y especial pronunciamiento" contempladas en el Código de Procedimiento Penal, los abogados que representan a los 16 procesados solicitaron al ministro en visita que se declare incompetente para tramitar la investigación, que prescriba el delito tomando en consideración el tiempo transcurrido desde que se cometió y que traspase los antecedentes a la justicia militar para que los tribunales castrenses se hagan cargo del caso. Esto podría retrasar el proceso de condenas de primera instancia que debe dictar el juez Sergio Muñoz.

TRABAS Y PRESIONES

No sólo hay inquietud por la investigación judicial de la muerte de Tucapel Jiménez. Abogados de militares requeridos por la justicia, ex uniformados y representantes de la Corporación 11 de Septiembre han reparado con alarma en el desfile de los suyos por los tribunales. Según sus cuentas, hay 650 juicios por causas relacionadas con derechos humanos en los tribunales ordinarios. Es decir, por delitos de secuestro, torturas, desaparición de detenidos y asesinatos cometidos durante la dictadura. Otras 115 causas están siendo investigadas por jueces exclusivos y 51 con atención preferencial. Hasta ahora, contabilizan 106 oficiales procesados, 59 de ellos pertenecientes al ejército, 24 a la Fuerza Aérea, 3 a la Armada, 19 a Carabineros y uno a Gendarmería. A diferencia de sus víctimas, los militares procesados no sólo han gozado de todas las garantías y beneficios que dispone la ley, sino también de una serie de prerrogativas especiales. Una muestra de esto es que menos de la mitad está detenido, y no en cárceles, sino en unidades castrenses.

Mientras el presidente Lagos y el comandante en jefe del ejército, general Juan Emilio Cheyre, reiteran cada vez que se les pregunta que "hay que dejar actuar a la justicia", los abogados defensores de los uniformados se empeñan en entrabarla. Con ligereza, han denunciado "graves irregularidades y serias injusticias", y hasta han llegado a negar la competencia de los jueces especiales, todos designados por la Corte Suprema. Las irregularidades e injusticias se refieren a maltratos de palabra y supuestas humillaciones que habrían sufrido sus clientes de parte de los jueces. Como ejemplo, los abogados señalaron que algunos militares debieron esperar cuatro y hasta siete horas en un calabozo para que se les tomara declaración en el Primer Juzgado del Crimen de San Bernardo, a cargo de la jueza titular Cecilia Flores, magistrada con dedicación exclusiva a investigar atropellos y desapariciones de detenidos en Cerro Chena.

La magistrada Flores denunció una serie de obstáculos para llevar adelante su investigación, que incluyó un allanamiento en busca de tumbas clandestinas junto al Regimiento de Infantería de San Bernardo. A comienzos de abril se declaró incompetente para avanzar en la causa por el secuestro del miembro de las Juventudes Comunistas, David Urrutia, ocurrido en 1975, a causa de las presiones ejercidas por los abogados de los militares implicados en su desaparecimiento. Entre otras cosas, dispusieron que sus defendidos testimoniaran por escrito. Más recientemente, el periodista Jorge Escalante dio a conocer en "La Nación" la inquietud de la comandancia en jefe del ejército porque la misma magistrada citaría a declarar en calidad de inculpado al general Juan Carlos Salgado, comandante de la II División del ejército y juez militar que representó a la institución en la mesa de diálogo. Un ex conscripto que presentó una querella por torturas ante la jueza Cecilia Flores afirmó que el general Salgado fue jefe de una compañía en el campo de prisioneros de Cerro Chena, recinto que dependía de la Escuela de Infantería de San Bernardo. Según un oficio reservado de 1984 obtenido por Escalante, que lleva la firma del entonces ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, el general Juan Carlos Salgado era oficial de esa institución al momento del golpe militar, igual que el general Julio Cerda Carrasco, actual comandante de la VI División y cuarta antigüedad del ejército; el general (r) Luis Cortés Villa, secretario ejecutivo de la Fundación Pinochet, y el brigadier (r) Víctor Pinto Pérez, procesado como autor intelectual por el crimen de Tucapel Jiménez. El general Salgado es uno de los militares de alta graduación más cercanos al general Juan Emilio Cheyre y ocupa la sexta antigüedad en la institución. Durante la mesa de diálogo, la abogada de derechos humanos Pamela Pereira llegó a estrecharle la mano como señal de que se había ganado su confianza. Paradójicamente, al padre de la profesional, detenido desaparecido, se le perdió el rastro en la Escuela de Infantería de San Bernardo.

MAS ALLA DE LA JUSTICIA

La labor acuciosa y responsable que muchos jueces están desarrollando en materia de derechos humanos demuestra que las investigaciones podrían llegar muy alto. Ni el actual comandante en jefe del ejército, ni el anterior, están completamente a salvo. En el marco de las pesquisas efectuadas por el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia para aclarar el asesinato de dos niños a manos de una patrulla militar en Coquimbo, el 24 de diciembre de 1973, salió a luz que en esa época el general Juan Emilio Cheyre era ayudante del comandante del Regimiento "Arica" de La Serena, Ariosto Lapostol, unidad a la que pertenecía la patrulla. Entretanto, en Quillota, la Comisión Chilena de Derechos Humanos pidió a la justicia que, entre otros militares, cite a declarar al general (r) Ricardo Izurieta, como posible testigo del asesinato de nueve dirigentes comunistas y socialistas el 18 de enero de 1974. El ex comandante en jefe del ejército era capitán de la Escuela de Caballería Blindada de esa ciudad. El caso está siendo investigado por la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Gabriela Corti, a partir de una denuncia presentada ante el ministro Juan Guzmán Tapia.

El general Cheyre ha dicho que los militares demandados frecuentemente por la justicia se sienten "víctimas de un proceso traumático". Como denunció PF (Nº 519), es el propio comandante en jefe del ejército quien lidera discretas gestiones tendientes a cerrar de una vez por todas el capítulo por la vía de una "solución integral". Esta apunta a lograr una amnistía o indulto general una vez dictadas las condenas -para lo cual habría que acelerar el término de los procesos-, que involucre tanto a los ex uniformados como a los presos políticos, intentando equiparar lo que no tiene comparación. Al término del consejo de generales, donde se discute y planifica la actividad anual del ejército, el general Cheyre dijo a la prensa que, en relación con los derechos humanos, la institución ya ha hecho los gestos de reconciliación requeridos. Agregó que son temas pendientes que quisiera ver resueltos y cuyo tratamiento corresponde directamente a la comandancia en jefe. Y la justicia, ¿qué?

Camino a la impunidad

Alertas ante cualquier maniobra, familiares de los 12 frentistas asesinados por la CNI en la llamada Operación Albania, protestaron por la confirmación de la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de acumular este proceso a la causa del juez Sergio Muñoz, acogiendo un recurso presentado por Alvaro Corbalán. El ex jefe operativo de la CNI, que ya está cumpliendo una condena a prisión perpetua y a punto de ser sentenciado como encubridor por la muerte de Tucapel Jiménez, también está siendo procesado como autor de los asesinatos de la Operación Albania, y por los secuestros con homicidios del periodista José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskablit y Felipe Rivera en septiembre de 1986. En ambas causas, actualmente a cargo del juez Hugo Dolmestch, podría recibir nuevas condenas a cadena perpetua. De acuerdo con la letra de la ley, ninguna persona debería ser condenada en procesos paralelos. Estos tendrían que acumularse en la causa más antigua que, en este caso, es la del ex presidente de la Anef. Al apelar a esa disposición, la defensa de Corbalán pretende evitar la superposición de condenas que harían más difícil la obtención futura de beneficios carcelarios. Para los familiares de las víctimas de la Operación Albania, donde la investigación está cerrada y se espera una pronta dictación de acusaciones contra los responsables, este procedimiento sería un camino hacia la impunidad

Militares a punto de condena

Por el delito de homicidio calificado contra Tucapel Jiménez, con todas las agravantes, están procesados:

AUTORES

MATERIALES E INTELECTUALES: -Carlos Herrera Jiménez, coronel (r) de ejército, autor de los cinco disparos que impactaron en la cabeza del dirigente de la Anef. Según declaró, la orden de matar a Tucapel la recibió de Francisco Ferrer Lima, jefe de la Unidad Especial de Contraespionaje de la Dine, en presencia de Víctor Pinto Pérez, subjefe de la misma institución. Cumplida la misión, fue felicitado por el general Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, director de la Dine. Aunque pertenecía a esa entidad del ejército, Herrera fue "cedido" en comisión de servicio a la CNI en distintos períodos. Fue devuelto a la Dine a fines de 1981 y retornó a la CNI después del crimen de Tucapel. En 1991 salió de Chile para escabullir la justicia, en una operación en la que participó la Dine, CNI y Auditoría General del Ejército. Fue detenido en Argentina en 1992. Actualmente cumple una condena a presidio perpetuo por el asesinato del carpintero Alegría Mundaca, por cuenta de la CNI, para encubrir el homicidio de Tucapel Jiménez. Los abogados de derechos humanos identifican a Herrera como el "verdugo" por excelencia del régimen dictatorial. -Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, general (r) de ejército, dirigió la Dine desde marzo de 1981 a diciembre de 1982. Está acusado como autor intelectual del crimen del ex presidente de la Anef. También se le acusa de ocultar durante años el arma mortal, un revólver Dan Wessson, calibre 22 de colección, en el Cuartel de Contraespionaje de la Dine, la que posteriormente registró a su nombre cuando se desempeñaba como jefe de la Dirección de Movilización Nacional, a comienzos de los 90. -Víctor Pinto Pérez, brigadier general (r) de ejército, acusado como autor intelectual. Declaró que la orden del asesinato que se transmitió a Herrera provino de su superior, el general Alvarez Sgolia. -Francisco Maximiliano Ferrer Lima, teniente coronel (r) de ejército, piloto, conocido con el alias "Max Lenou". Fue jefe del centro de detención y torturas de José Domingo Cañas desde octubre de 1974. En 1978 dirigió la Escuela Nacional de Inteligencia para agentes de la Dina y CNI. En 1992 estaba a la cabeza del servicio secreto de espionaje del ejército. -Miguel Letelier Verdugo, suboficial de ejército, alias "Bernardo", autor material del crimen. Degolló al sindicalista, luego de haber sido herido mortalmente por los disparos de Herrera. -Manuel Contreras Donaire, suboficial (r) de ejército, autor material, actuó con Herrera y Letelier en la ejecución del asesinato.

COMPLICES: -Miguel Nelson Hernández Oyarzo, capitán de Carabineros, alias "Felipe Bascur", ex jefe de la brigada laboral de la CNI. -Julio Olivares Silva. -Roberto Urbano Schmied Zanzi, brigadier de ejército (r), quien también perteneció a la CNI. -Hernán Ramírez Hald, mayor de ejército en 1982. Dirigía el Cuerpo de Inteligencia del Ejército (Cie) -instancia ejecutiva de la Dine- y estaba a cargo del cuartel Coihueco, donde funcionaba la Unidad de Contraespionaje del CIE, a la que pertenecían dos de los autores materiales del crimen: Herrera Jiménez y Miguel Letelier Verdugo. En el mismo cuartel se escondió el arma homicida. Lo que más lo compromete es que ésta fue finalmente incautada el año 2000 desde el Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), que estaba bajo su mando. -Juan Carlos Arriagada Echeverría, oficial (r) de la Dine. Se encargó de retirar el revólver con que se cometería el asesinato de la Armería Italiana, donde dejó un recibo firmado con el alias "Andrés Salvatierra". -Jorge León Alessandrini, dentista, agente civil de la Dine. Igual que el anterior, está acusado de incautar el arma Dan Wesson que se usó en el homicidio.

ENCUBRIDORES: -Fernando Torres Silva, general (r), ex auditor general del ejército y asesor de Augusto Pinochet. Participó directamente en la salida de Chile de Herrera Jiménez. -Hernán Ramírez Rurange, general (r) de ejército, director de la Dine hasta 1991, cuando pasó a retiro. Habría diseñado una "unidad especial" para sacar fuera de Chile a militares requeridos por la justicia por violaciones de derechos humanos. Se le acusa de maquinar la huida a Argentina de Carlos Herrera Jiménez. -Alvaro Corbalán Castilla, mayor (r) de ejército, jefe de operaciones de la CNI y del Cuartel Borgoño. Cumple una condena a presidio perpetuo por el asesinato de Juan Alegría Mundaca. También está procesado como autor por los 12 asesinatos de la "Operación Albania" y por el homicidio del periodista José Carrasco, Gastón Vidaurrázaga, Abraham Muskatblit y José Rivera. -Enrique Ibarra Chamorro, coronel (r) de ejército, oficial de la Auditoría General de la institución y estrecho colaborador de Torres Silva

Podría decirse que Muñoz es un juez “de libro”: hijo de profesor en la VII Región, funcionario de carrera que comenzó en los juzgado del crimen de Valparaíso en 1982, misma ciudad donde estudió derecho en la UC. Fue relator de la corte porteña, juez de letras de Putaendo, Los Andes, relator en la Corte de San Miguel, juez del 12 del Crimen en 1994, ministro del tribunal de alzada capitalino y así hasta llegar al segundo piso del palacio en 2005 con 47 años. Si bien tuvo causas importantes a su cargo: las lucas de Pinochet en el RIggs, el caso Spiniak, entre otros, es el asesinato de Tucapel Jiménez por el que será recordado, porque le quitó el velo de silencio a uno de los crímenes más emblemáticos de la dictadura.

Sergio Muñoz se convirtió en uno de los magistrados más jóvenes en asumir el primero puesto en la historia de la judicatura chilena a sus 56 años. Podría decirse que Muñoz es un juez “de libro”: funcionario de carrera que comenzó en los juzgado del crimen de Valparaíso en 1982, misma ciudad donde estudió derecho en la Universidad Católica.

Fue relator de la corte porteña, juez de letras de Putaendo, Los Andes, relator en la Corte de San Miguel, juez del 12 del Crimen en 1994, ministro del tribunal de alzada capitalino y así hasta llegar al segundo piso del palacio en 2005 con 47 años.

Proviene de Villa Alegre, Séptima Región; de calvicie incipiente, es hijo de profesores, sobrio en el vestir, fiscalizador nato, querido y odiado, de carácter fuerte, trabajólico, estudioso, inquieto para generar propuestas que provoquen cambios palpables, díscolo y, en buen chileno, “parado en la hilacha” cuando quieren pasarlo a llevar.

Los pasillos del edificio que alberga a la Corte de Apelaciones y la Suprema están llenos de historias que faltaría tiempo para contarlas, pero algunas de Muñoz, específicamente, dan para un libro.

Cuitas judiciales

Cuando era el juez del 12º Juzgado del Crimen de Santiago, logró desbaratar una organización de narcotráfico en el norte chileno -algunos dicen que si hubiera podido habría llegado a Perú- sólo gracias a la declaración de un “dealer” que la policía detuvo en la rotonda Pérez Zukovic. El expediente judicial se convirtió en un objeto de culto para otros magistrados, como también para los abogados del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que litigaban este tipo de casos.

Una vez nombrado relator de la Suprema a mediados de los 90 le correspondió dar cuenta de una causa sobre violaciones de derechos humanos. La sala, en esa oportunidad, estaba presidida por el entonces ministro Adolfo Bañados, el mismo que llevó el caso Letelier y condenó a Manuel Contreras y Pedro Espinoza .

Pues bien, mientras Muñoz relataba los pormenores del proceso, integrando elementos del contexto histórico en el que se desarrollaron los delitos, fue interrumpido por uno de los miembros de la sala: nada menos que el fiscal Torres Silva, que integraba la instancia en representación del Ejército.

Torres Silva le indicaba que los hechos descritos no existían en la causa. Así se lo repitió en varias oportunidades hasta que Muñoz le paró los carros y le enrostró que como miembro de la sala no podía tener copia del expediente.

Como era de esperarse, Torres Silva montó en cólera y estaba a punto de prometerle las penas del infierno, cuando Bañados lo llamó al orden y todo continuó igual. Muñoz se había salvado jabonado, pero una equis le quedó marcada en el pecho con los milicos.

La firma de la muerte

En 1999 la Corte de Apelaciones de Santiago revocó todo lo hecho por el entonces ministro Sergio Valenzuela Patiño en el caso Tucapel Jiménez y procesó a una serie de militares y civiles por el crimen del líder sindical. Muñoz -que había asumido sólo un año antes- fue nombrado para sustanciar el proceso y el mismo día comenzó.

Durante la tramitación de la causa Muñoz demostró que no le venían con chicas. Creó, por llamarlo de alguna manera, los careos colectivos. Más de veinte agentes de la CNI declarando al mismo tiempo, le permitieron dejar fuera del caso a una serie de funcionarios del servicio represivo y apuntar a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).

Muñoz buscó hasta debajo de las piedras. Desarchivó causas plagadas de polvo por el paso del tiempo en la Justicia Militar; halló a un informante del comando conjunto que había sido asesinado en los 80 en un ajuste de cuentas entre este último servicio y la DINE por el robo de un arma importada por la Armería Italiana para Roberto Fuentes Morrison, el Wally; identificó a un prestamista que traficaba joyas con personal de la embajada de Estados Unidos; grupos nazistas que se fabricaban los uniformes tipo SS gracias a la plata que le proporcionaba la Subsecretaría del Interior en 1981, dirigida en ese entonces por el actual senador Jovino Novoa. Los nacionalistoides estaban ligados a la Secretaría General de los Gremios.

En una oportunidad, ya avanzada la causa, detuvo en Concepción al ex oficial del Ejército Juan Carlos Arriagada Echeverría, cuya identidad operativa en la DINE era Andrés Salvatierra, encuadrado en la “Compañía de Apoyo Técnico”: en cristiano, eran los encargados de abrir chapas, instalar micrófonos, entre otras pegas. Cuando llegó al despacho, el ex agente venía con las manos apretándose el estómago y con miedo. Muñoz se extrañó, hasta que Arriagada sacó de entre sus ropas un sumario administrativo hecho por el servicio de inteligencia en los días posteriores al asesinato del líder sindical.

Con ese documento comenzó a desentramarse cuál había sido el arma que dio muerte a Tucapel Jiménez. En un principio se pensaba que había sido usado un revólver Pasper calibre 22 de fabricación argentina. Pero la realidad era otra.

Andrés Salvatierra, junto al dentista Jorge Muñoz Alessandrini, concurrieron en los días previos al crimen de Tucapel Jiménez -ocurrido en febrero de 1982- a la Armería Italiana, ubicada en la calle Arturo Prat, entre Tarapacá y Alonso Ovalle, donde aún permanece. Sabían de antemano que había sido importado un revólver Dam Wesson con dos cañones.

Los militares incautaron el arma y firmaron un acta. Quien recibió el papel fue René Basoa, un ex militante del PC e informante del Comando Conjunto. El destinatario era nada menos que Roberto Fuentes Morrison, el Wally, quien se enteró del hecho y prometió balas a los ladrones, hecho que generó no pocos problemas con la DINE. Basoa, como era lógico, fue asesinado a tiros y su crimen nunca resuelto.

Pillada magistral

Pues bien, el sumario que Arriagada traía bajos sus ropas no era el original, sino la primera versión. En las orillas aparecían correcciones de puño y letra que modificaban el contenido original. Al declarar, aseguró que el autor era el director de la DINE, el general Ramses Álvarez Scoglia.

Muñoz, que ya contaba con la firma del uniformado, llamó a una perito caligráfico de Investigaciones para comprobarlo. Y sí, las anotaciones eran de Álvarez Scoglia.

A los pocos días Muñoz citó al general. Le preguntó por el Dam Wesson y Álvarez Scoglia reconoció que hubo un sumario porque Arriagada la había robado, que recibió una sanción por ladrón, enviado a Punta Arenas y dado de baja del Ejército.

Muñoz le pidió que refrescara la memoria, pero Álvarez Scoglia mantenía su versión. Le insistió si no había hecho modificaciones al sumario original, pero aseguró en que todo era regular y que por el paso del tiempo fue incinerado, que no existía.

Así, cuando las mentiras del general llegaron a su epítome, Muñoz sacó del cajón de su escritorio el sumario, refregándole la evidencia: era su letra y había modificado el documento. Álvarez Scoglia quedó pálido ante la prueba irrefutable.

Con el tiempo Muñoz logró la confesión del capitán Carlos Herrera Jiménez y lo condenó a presidió perpetuo.

Las penas fueron cuestionadas por organizaciones de derechos humanos, aludiendo a que los cómplices y coautores merecían más años detrás de las rejas. Y respondió que se trataba de un caso judicial apegado a derecho y no de “justicia popular”.

El cagazo

Terminado el caso Tucapel le cayeron otras causas en las manos. El caso Spiniak, donde tuvo un gran golpe procesal: la versión falsa de Gemita Bueno. También indagó la proceso de las platas truchas de Pinochet en el banco Riggs. Y cuando el caso estaba en su mayor apogeo, el ex presidente Lagos lo eligió como ministro para la Corte Suprema en 2005. Algunos comentaban en los pasillos de tribunales que fue un premio, otros aseguraban que su designación fue para sacárselo de encima, porque era demasiado independiente.

Como haya sido, Muñoz comenzó a trabajar, trabajar y trabajar en el máximo tribunal. Tomó cuanta comisión pudo que buscaban mejoras en la judicatura, lo que en un principio le trajo más de algún problema con sus colegas. ¿El problema? Su juventud e ímpetu. El ex presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky, comentó una vez: “la juventud es un problema que se termina con el tiempo”.

En una oportunidad, en el Pleno de la Suprema se analizaba un informe preparado por el ministro Hugo Dolmestch respecto a mejoramientos internos. Todos estuvieron de acuerdo con el documento, menos Muñoz que consideró que algunos aspectos no eran del todo satisfactorios. Dolmestch, un ex profesor rural, campechano de Chillán le espetó medio en broma, medio en serio: “no vamos a parar la trilla porque se echa una yegua”. Muñoz abandonó indignado frente a una talla que era difícil rebatir, máxime cuando otros supremos aguantaban la risa por el acierto. Fue el ministro Haroldo Brito el encargado de pacificar los ánimos y hablar con Muñoz.

El día D

Hoy los desafíos de Muñoz no son menores: el próximo año se realiza la cumbre judicial en Chile, de la que ha estado encargado. Además con un gobierno entrante.

En los pasillos muchos apuestan a cambios radicales: que se trabajará más, que Muñoz andará con la cimitarra y el látigo apurando todo; otros en cambio creen que el pleno le bajará un poco los humos y que el puesto de presidente es decorativo.

Por de pronto y más allá de su carácter fuerte, Muñoz llegó a la presidencia con el apoyo de todos sus colegas, manteniendo el criterio de la antigüedad, quedando fuera de la Tercera Sala (Constitucional) donde brilló por sus fallos contra las Isapres y los proyectos hidroeléctricos.

Ahora sólo queda esperar. Muñoz asume en enero y febrero es feriado en el palacio de tribunales y quedan operativas las salas de verano.

Entonces para conocer las claves de lo que será su gestión, los alcances de las mismas y cuál será su sello personal, habrá que esperar al 1 de marzo -sea domingo o festivo- cuando se inaugura el año judicial.

En ese momento será el orador frente a todos sus pares, el presidente Sebastián Piñera -quizás sea invitada Bachelet- y el resto de las autoridades del Estado. De allí en adelante, al menos por los dos años que durará su mandato -y como las paredes tienen oídos en la Corte- nadie osará ni en sordina, apodarlo “el chico Muñoz”.