Arancibia Clavel Enrique Lautaro

Históricamente sindicado como agente de la Dina, este ex cadete ha sido acusado de extremista de derecha y espía. Preso en la bonaerense cárcel de Caseros, a partir de mañana intentará demostrar que no fue, como asegura la justicia, "autor necesario" del crimen contra el ex comandante en jefe y su esposa.
"El Dinamitero"
A finales de 1968, Enrique Arancibia Clavel se aglutinó en torno a la figura del general Roberto Viaux, tras su acuartelamiento en el Regimiento Tacna, como parte de un gran grupo de jóvenes nacionalistas que se unieron para impedir la constitución de un gobierno de izquierda.
En esa época Arancibia era conocido como el Dinamitero ,  y a mediados de 1970 el grupo protagonizó una serie de atentados explosivos y, en uno de ellos que luego resultó frustrado, cayeron detenidos varios de esos jóvenes, entre ellos él. Otros integrantes no fueron aprehendidos y siguieron adelante con la operación, lo que habría terminado, un mes después, con el asesinato al general René Schneider.
Antes de ese crimen, Arancibia ya había conseguido la libertad bajo fianza y huyó rumbo a Argentina, donde se convirtió en un gran opositor a la UP tras vincularse con grupos nacionalistas trasandinos.
Durante los años previos a su detención, en Argentina su nombre sonaba fuerte en el caso Prats. Incluso en 1989 se dictó una orden de detención en su contra y estuvo cerca de ser procesado, pero las autoridades de esa época no mostraron el mismo interés que hoy por reactivar la investigación del crimen de Prats.
Cuatro años y ocho meses es el tiempo que lleva detenido en la cárcel de Caseros, en Argentina, Enrique Arancibia Clavel, el único procesado en el crimen del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, asesinados en un atentado en la capital trasandina en octubre de 1974. Mañana comenzará para él la cuenta regresiva en su proceso, cuando se de inicio al juicio público en su contra en el Tribunal Oral Número Seis de Buenos Aires, tras la acusaciones como presunto partícipe necesario en el atentado.
El comienzo del juicio es visto con preocupación en Chile tanto en La Moneda como en el edificio de las Fuerzas Armadas. Durante el proceso, por el cual podrían ser en el corto plazo procesados varios otros ex oficiales, como los generales (R) Manuel Contreras y Raúl Iturriaga Neumann, se harán públicos los antecedentes recopilados durante al menos cuatro años por la juez argentina María Servini, quien contó con la colaboración de Estados Unidos e interrogó al propio Michael Townley, confeso autor del atentado, dentro de su investigación.
LA HISTORIA
Enrique Arancibia Clavel, la "punta del iceberg" del caso, es dueño de esas historias que parecen de novela. Ex cadete de la Escuela Militar como dictaba la tradición familiar, dejó la carrera para estudiar Ingeniería. Pero nunca ejerció, aseguran sus cercanos, debido la contingencia política.
Tras la llegada de Allende al poder su vida se transformó y comenzó a participar en un movimiento derechista. Si bien está sindicado como ex integrante de Patria y Libertad, su familia lo niega.
A Argentina llegó en 1971, prófugo de la justicia militar por un proceso pendiente en su contra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado: se le acusaba de haber puesto artefactos explosivos después de la elección del Presidente de la UP.
En Buenos Aires y después del golpe militar, según antecedentes del proceso, comenzó a trabajar para la Dina mientras era el representante del Banco del Estado. En su calidad de agente, según ha establecido el proceso, utilizaba el alias de Luis Felipe Alemparte.
En el crimen de Prats se le acusa como partícipe necesario -que tiene la misma pena de un autor material, la perpetua-, es decir, de ser presuntamente quien efectuó las actividades preoperativas al atentado, como entregar información sobre los desplazamientos del general.
A la vez, se le imputa a través de su otro procesamiento, de haber sido parte de una asociación ilícita que actuó en Argentina con los fines de exterminar al ex comandante en jefe del Ejército.
En 1978, en pleno conflicto Chile-Argentina, fue acusado de espionaje junto a otras cinco personas, pero tras la mediación del Papa por Canal Beagle, fue indultado en los +80. De ahí para adelante, la vida de Arancibia se normalizó. No sólo obtuvo la nacionalidad y por tanto el derecho a voto, sino que llegó, como todo el mundo, a tener cuenta corriente, un departamento y armó una empresa de arreglos de oficinas en Buenos Aires.
SU DETENCIóN
Pero el 22 de enero de 1996, la vida de Arancibia tras haber tenido varios años medianamente tranquilos y cuando su paradero no era desconocido por las autoridades trasandinas, sufrió un golpe: la jueza Servini de Cubría ordenó su detención. La decisión de encarcelarlo fue anunciada por el propio ex presidente Carlos Menem, quien -junto con recibir al poco tiempo públicamente a las hermanas Prats- daba así una potente señal política de que el juicio continuaría hasta el final.
Ese hecho cambió el curso del proceso, porque la investigación del caso se reactivó y comenzaron los primeros indicios de que este proceso judicial empezaría a ser un dolor de cabeza para el gobierno chileno, tal cual lo fue la causa de Orlando Letelier en 1995 y como temen ahora fuentes de La Moneda.
Esta vez los dardos incluso alcanzan a Augusto Pinochet, porque la familia, apenas se resuelva el incidente de prescripción abierto en su favor, pedirá su procesamiento para lograr la extradición.
Tras su detención, en su departamento en Palermo fueron encontradas numerosas fotografías con importantes personeros chilenos y argentinos, civiles y militares, además de unos 40 disquetes con información.
En los cuatro años y ocho meses que ha estado detenido sin conseguir nunca la libertad bajo fianza, Arancibia ha perdido el contacto con la mayoría de sus conocidos en Argentina. Su madre, Violeta Clavel, se fue a vivir a Buenos Aires para estar cerca de él, pero en 1999 regresó a Chile a causa de una grave enfermedad. Sus hermanos lo visitan aproximadamente cada 15 días en la cárcel y aseguran que, pese a todo, está bien de ánimo. A tres de ellos les cuesta asistir, por su calidad de altos uniformados: el brigadier general Roberto Arancibia, el almirante Jorge Arancibia y el mayor de Ejército Claudio Arancibia.
Su familia asegura que hoy ante el tribunal sostendrá su versión en cuanto a que es inocente de los hechos que se le imputan. Los querellantes reconocen que su colaboración en el caso ha sido nula, pero sostienen que las pruebas acumuladas en su contra son, a la vez, demasiado contundentes como para que el tribunal revierta su situación judicial.

Enrique Arancibia Clavel volverá a los tribunales federales argentinos para defenderse de las acusaciones de una ciudadana chilena, Laura Helgueta Díaz, quien durante el juicio oral y público por el asesinato del matrimonio de Carlos Prats y Sofía Cuthbert señaló al ex DINA como uno de los participantes en una sesión de torturas a la que fue sometida en un centro clandestino de detención. Tras ese testimonio, el Tribunal Oral que condenó a Arancibia Clavel en noviembre de 2000 a prisión perpetua ordenó que se abriera una nueva investigación a partir de la denuncia de Helgueta. Fuentes judiciales bonaerenses confirmaron a El Mostrador.cl que la audiencia de mañana será encabezada por el juez federal Juan José Galeano, ante quien será trasladado Arancibia Clavel desde el establecimiento penitenciario donde cumple prisión perpetua por el doble homicidio del matrimonio Prats.

Condena: En noviembre de 2000, la mayoría del Tribunal Oral Federal 6 responsabilizó a Arancibia Clavel por el atentado cometido el 30 de septiembre de 1974, y entendió que era miembro de una “asociación ilícita” formada por miembros del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Luego, un tribunal superior, la Cámara de Casación Penal, entendió que la "asociación ilícita" estaba prescripta, aunque mantuvo la condena por considerar a Arancibia como “partícipe necesario” del atentado contra los Prats, ocurrido en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de setiembre de 1974

La resolución se fundamentó en el testimonio de una ciudadana chilena, detenida en el país trasandino durante la dictadura, la cual lo reconoció como uno de sus torturadores. El ex agente de la Dina, Enrique Arancibia Clavel, fue procesado hoy en Argentina con prisión preventiva por la privación ilegal de la libertad y torturas en campos clandestinos de detención, durante la última dictadura militar trasandina.Actualmente el inculpado cumple una condena a cadena perpetua por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa, ocurrido el 30 de setiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires.La resolución del juez argentino Juan José Galeano se fundamentó en el testimonio de Laura Helgueta Díaz -ciudadana chilena detenida en Argentina durante la dictadura-, la cual reconoció a Arancibia Clavel como uno de sus torturadores.La denunciante estuvo recluida en el campo clandestino de detención El Olimpo o Club Atlético, que funcionaba a solo diez cuadras de la Casa de Gobierno.

"Operación Cóndor"

La causa por privación ilegal de la libertad y torturas surgió como una ramificación de la investigación sobre el asesinato del general Prats, cuando algunos testigos chilenos aseguraron que Arancibia Clavel dirigía las sesiones de tormento en los campos clandestinos de detención, que funcionaron durante la dictadura militar trasandina. En el transcurso del proceso judicial el ex agente de la Dina fue acusado de participar en la desaparición de 119 chilenos opositores al gobierno de Augusto Pinochet en el marco del denominado "Operativo Cóndor". Arancibia Clavel habría colaborado con estas desapariciones entregando información y delatando a los opositores chilenos que se había refugiado en Argentina, después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El ex agente de la DINA fue señalado por la víctima como uno de los que participó de su secuestro y posterior interrogatorio en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar en Argentina. El ex agente de la DINA Enrique Lautaro Arancibia Clavel fue procesado con prisión preventiva por la justicia argentina, que lo encontró responsable en primera instancia del secuestro de la ciudadana chilena Laura Elgueta Díaz. Arancibia, condenado a prisión perpetua por el crimen en Buenos Aires del matrimonio formado por el general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, fue procesado por el juez Juan José Galeano y embargado por 100 mil pesos argentinos, unos 19 millones 850 mil pesos chilenos. En el juicio oral y público por el caso Prats, Arancibia fue señalado por Elgueta Díaz como uno de los que participó de su secuestro y posterior interrogatorio en un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar en la Argentina. De allí se abrió una nueva causa penal en la que ahora, Arancibia resultó procesado, por los delitos de privación ilegal de la libertad y asociación ilícita. Esta última figura complica aún más la situación de Arancibia, ya que en este nuevo procesamiento se lo sindica como integrante del llamado “Plan Cóndor”, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas en la década del '70.

El caso de Laura Helgueta

Durante el juicio oral contra Arancibia Clavel por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, la chilena Laura Elgueta Díaz aseguró que el ex agente de la DINA participó en una sesión de torturas ocurrida en los centros clandestinos de detención "el Olimpo" o "Club Atlético", dos lugares donde fue ilegalmente detenida durante la última dictadura militar argentina. Sin embargo, Arancibia Clavel, condenado por el asesinato del general Carlos Prats, negó haber participado en esa sesión de apremios ilegítimos contra la chilena.La causa se inició por orden del Tribunal Oral Federal número 6, que que tras escuchar el testimonio de Elgueta Díaz durante el juicio oral que se siguió por la muerte de Prats ordenó que se extrajeran testimonios y se abriera un sumario para investigar esos hechos.Arancibia Clavel está condenado a prisión perpetua como partícipe necesario en el atentado que el 30 de septiembre de 1974 costó la vida a Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Al ex agente se lo acusa de haber "preparado el terreno" para colocar el explosivo, mientras que Michael Townley aparece como el encargado de "armar y colocar la bomba" y su esposa Mariana Callejas como la encargada de detonarla. 

La Cámara en lo Criminal Federal argentina confirmó hoy el procesamiento del ex agente civil de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Enrique Arancibia Clavel, por la privación ilegal de la libertad de dos mujeres chilenas durante la última dictadura que gobernó al país trasandino. Arancibia Clavel fue responsabilizado por la privación ilegal de la libertad de Laura Ruth Elgueta Díaz y Sonia Magdalena Díaz Ureta, hecho ocurrido en la ciudad de Buenos Aires el 12 de julio de 1977, según informó la agencia Télam. La Cámara consideró probado el secuestro de ambas ciudadanas chilenas como también su participación en la DINA y "su intervención en la República Argentina en aquella época". Asimismo, el alto tribunal confirmó el embargo por 100.000 pesos (unos 31.000 dólares) sobre bienes de Arancibia Clavel, pero revocó el procesamiento que se le había impuesto como miembro de una asociación ilícita. El ex agente de inteligencia cumple cadena perpetua por el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, perpetrado en 1974 en Buenos Aires.

Tras tres años de detención en Argentina sin que se haya dictado sentencia, el único procesado por el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, general Carlos Prats, habló en exclusiva para Qué Pasa sobre la nueva batalla legal que está iniciando para lograr su excarcelación y que el gobierno chileno intervenga en su caso.

Vestido con una polera café, pantalones negros y zapatillas del mismo color, Enrique Arancibia Clavel, el único detenido por el asesinato del general Carlos Prats, cometido el 30 de septiembre de 1974, parece un hombre imperturbable a sus 54 años. De respuestas lentas y meditadas -tanto que a veces se arrepintió de algunas de sus frases por parecerles demasiado fuertes-, Arancibia no se movió del duro banco de madera en que permaneció sentado durante más de tres horas de entrevista, la que se realizó en una sala de visitas cuyas sucias paredes, piso de cemento, las desprovistas mesas y las enormes rejas por las cuales había que cruzar delataban el carácter de la cárcel. Tampoco pareció enojarse ni sorprenderse por ninguna de las preguntas. Siempre tenía respuestas preparadas, las mismas que una y otra vez ha repetido durante los interrogatorios a que ha asistido y que están incorporadas al proceso, junto con las de otras cerca de 200 personas que también han declarado.

Instalado en la cárcel de Caseros -una enorme construcción de más de 100 años, ubicada entre Avenida Caseros y Pichincha, a 20 minutos del centro de Buenos Aires-, allí comparte su rutinaria vida de reo junto a otros 180 compañeros de prisión, la mayoría de los cuales aún no recibe sentencia. En ese lugar, donde por cierto está prohibido el uso de grabador, Arancibia conversó en forma exclusiva con Qué Pasa, sin eludir detalle alguno de su azarosa vida. Esa que comenzó como estudiante de los Padres Franceses en Viña del Mar y que después se volvió políticamente activa en la Universidad Católica, donde estudió Ingeniería y Arquitectura, sin terminar ninguna de las dos carreras. Miembro de la Juventud Nacional en la década de los '60, luego derivó hacia el nacionalismo, aunque no reconoció pertenencia a algún grupo en especial.

En 1970, huyó a Buenos Aires, después de que es allanada su casa y, de acuerdo con la prensa de la época, son incautadas armas y elementos explosivos, cuestión que a él -dice- "no le consta". Involucrado en el asesinato del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider, salió airoso de ese proceso, pero no de la muerte del sucesor de Schneider, Carlos Prats, aunque él insiste en su inocencia. Como si el historial resultara escaso, también fue detenido en 1978 en Buenos Aires, acusado de espionaje junto a otros chilenos. De aquella situación, por la cual estuvo detenido dos años y medio, sólo salió en libertad después de que el Vaticano impulsara un canje de prisioneros entre Chile y Argentina, en 1981, en el marco de acuerdos de buena voluntad una vez iniciada la mediación papal por el conflicto del Beagle.

Su extenso prontuario -"la leyenda negra", lo llama él- no termina ahí.

Lo acusan de participar en la desaparición de 119 chilenos en Argentina y de pertenecer a la DINA. Pero Arancibia no se inmuta. Niega cada uno de sus cargos, en forma lenta y con una sonrisa que delata sus dientes amarillos de fumador consuetudinario. Dice que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida y que "es feliz". Feliz, salvo por la infelicidad que significa estar en Caseros. Allí se levanta rigurosamente minutos después de las 7. 30 de la mañana, hora en que se inicia la "cuenta" por parte de los guardias para comprobar que nadie se ha escapado. Entonces, después del desayuno, comienza a leer toda la prensa argentina y a veces también la chilena, cuando sus parientes le llevan los diarios y revistas nacionales. A las 12. 30 se inicia el "recreo", que es cuando Arancibia aprovecha de caminar por el patio de la prisión. Fue durante esos "recreos" que aprovechó de conversar con el general Jorge Rafael Videla, cuando hace un par de meses fue llevado a Caseros, en el marco de un juicio por crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. Religión, la cuasi guerra entre Chile y Argentina y el momento político fueron los temas que trató con Videla. Con el resto de los internos, eso sí, Arancibia reconoce que se relaciona poco: ya no tiene temas que tratar después de tres años de estadía obligada juntos. Por eso muchas veces prefiere escudarse en un computador de su propiedad, donde escribe sobre todos los aspectos de su detención y de lo que ha pasado en estos tres años. La lectura y la televisión son sus otras vías de escape.

El resto, rutina, incluida la misa a la que asiste todos los miércoles, salvo cuando le espera una visita.

Católico, hijo de marino y miembro de una familia compuesta por 10 hermanos, tres de los cuales pertenecen a las Fuerzas Armadas chilenas, el carácter imperturbable de Arancibia Clavel sólo sufre un traspié cuando comienza a relatar lo que, a su juicio, han sido irregularidades y arbitrariedades de su detención, materia a las que vuelve una y otra vez.

Hoy por hoy, su esperanza de salir de la cárcel de Caseros radica en que la justicia argentina cumpla el Pacto de San José de Costa Rica, que establece que ningún ciudadano puede permanecer más de tres años en calidad de procesado sin que exista una sentencia. Arancibia acaba de cumplir los tres años en Caseros, pero perdió frente a los tribunales su petición de excarcelación, por lo que está iniciando una nueva batalla legal, esta vez a través de un recurso de casación, para que un tribunal superior revise ese fallo adverso. Una de las herramientas de esta batalla legal es pedirle al gobierno chileno, firmante del Pacto de Costa Rica, que defienda sus derechos de ciudadano que, de acuerdo con ese mismo pacto, a partir de ahora está injustamente preso. Esa petición al gobierno chileno a través de Qué Pasa fue una de las razones por las que aceptó conceder esta entrevista, solicitada hace ya varios meses.

– Usted lleva tres años detenido por el caso Prat. ¿Por qué sólo ahora decidió recibir a la prensa?
– Hasta los tres años, se podía decir que yo estuve legalmente preso.

Pero una vez cumplido ese período, mi detención se transformó en una arbitrariedad, injusticia e ilegalidad. La ley 24. 390 que reglamenta el Pacto de San José de Costa Rica impide expresamente que una persona pueda estar detenida más de tres años sin tener una condena a firme. Argentina y Chile son firmantes de esos acuerdos. Por eso, ahora me cansé de que todo se haga a trasmano. Ahora estoy exigiendo. Y yo quiero que el gobierno de Chile, que es firmante de ese pacto, asuma su responsabilidad, porque aquí existe un ciudadano chileno que lleva más de tres años detenido y ese pacto no se está respetando.

– ¿Qué le pide concretamente al gobierno chileno?
– Que formalice una petición al gobierno argentino para que se cumpla ese pacto.

– ¿Cree que el gobierno chileno lo va a hacer?
– No lo sé.

– ¿Va a elevar una carta a las autoridades chilenas?
– No, porque no se olvide que el gobierno es parte de este proceso, así es que debería estar informado de esta irregularidad.

– ¿Ha tenido contactos con la embajada de Chile en Argentina?
– En los tres años que llevo detenido, me han venido a ver tres veces.

En dos oportunidades, el cónsul en tiempos del embajador Rodríguez Guarachi y luego, una asistente social que fue enviada por Pérez Yoma.

– Además de pedir que el gobierno se involucre, ¿cuáles van a ser las próximas estrategias legales?
– El martes 9 se presentó un recurso de casación, cuyo objetivo es que se reconsidere el fallo que denegó la cesación de la prisión preventiva.

El fallo de ese recurso puede demorar entre 20 días y cinco meses.

– ¿Y si lo pierde?
– Mis abogados recurrirían a la Suprema.

– ¿Cree que pueda ganar?
– Si se ajusta a derecho y se aplica la ley, no hay posibilidad de que lo pierda. Claro que siempre pueden operar influencias externas.

– ¿Habla de presiones políticas?
– Claro, si yo nunca entendí las razones de mi detención. Fui detenido el 18 de enero de 1996, con una orden de detención que era de 1989.

Durante todos esos años, yo viví frente a los tribunales argentinos, votaba para las elecciones, pagaba impuestos, mi nombre aparecía en la guía de teléfonos. Nunca estuve prófugo y nunca tampoco me notificaron de una orden de detención. Pero curiosamente, cuatro meses y medio antes de que expirara el caso Prats -a los 15 años- me detienen en un operativo espectacular y mi detención es informada por el propio Presidente Menem.

Después de eso, se comenzó a escribir una leyenda negra sobre mi persona:

me convertí en el James Bond que asesinaba generales. Porque a mí me han acusado de asesinar a Prats, a Schneider y alguien dijo que también había matado a un general Torres de Bolivia.

– ¿Y usted cómo se declara de esos cargos?
– Absolutamente inocente. Del proceso por el asesinato a Schneider en 1970 fui sobreseído. Y sobre Prats, parece increíble que después de 25 años sea el único detenido sin que exista ninguna prueba de mi participación. Yo, en materia judicial, soy un niño de pecho: no existe una sola prueba que me involucre en nada.

– ¿Perteneció usted a la DINA?
– Nunca fui agente de la DINA. Lo que sucedió es que cuando fui detenido en Argentina por presunto espionaje (en 1978, en el marco de la cuasi guerra en el Beagle), yo declaré como testigo en el caso Prats.

Allí dije que como cualquier funcionario del gobierno chileno -fue representante del Banco del Estado en Argentina entre 1974 y 1978- yo colaboraba con mi gobierno. De esa declaración concluyeron que yo era agente de la DINA.

– ¿En qué consistían esas colaboraciones?
– Enviaba recortes de prensa, con mis análisis, de lo que aparecía en los medios de comunicación argentinos a nivel político y económico.

– ¿A quiénes les enviaba esos recortes?
– A la jefatura del Banco del Estado en Santiago y al fiscal del mismo, en ese entonces, Hugo Gálvez.

– ¿Le llegaban a la DINA esos informes?
– Podría suponer que le llegaban. Sobre todo, los recortes de prensa políticos. En esa época, cualquier persona que tuviera un cargo de representación era considerada cercana al gobierno y a la DINA. Pero es falso que yo fuera agente pagado de la DINA. Yo era agente de mi gobierno.

– ¿Cómo llegó a ser representante del Banco del Estado en Argentina?
– Gracias a amigos como Hugo Gálvez, que me quisieron recompensar porque yo había vivido una época muy mala en Argentina, donde estuve por primera vez entre 1970 y el 25 de septiembre de 1973, fecha en que vuelvo a Chile.

– ¿Y cuándo regresa a Argentina para asumir formalmente su cargo?
– El 8 de octubre de 1974.

– ¿Dónde estaba el 30 de septiembre de 1974, día en que mataron a Carlos Prats y a su esposa, Sofía Cuthbert?
– En Chile. Estuve en un almuerzo en casa de mi hermana, que era justamente para despedirme porque partía a Argentina. Creo que el día anterior o no sé si el mismo día, incluso, fui a Viña con mi madre y mi abuela.

– ¿Puede asegurar que entre el 25 de septiembre de 1973 y el 8 de octubre de 1974 no pisó territorio argentino?
– Absolutamente y no sólo eso. La jueza Cervini de Cubría solicitó a migraciones todos los movimientos en esa fecha. No se los pudieron entregar porque en Argentina no existen archivos de esa época, pero la policía chilena sí comprobó que yo no había viajado ni salido del país en el lapso de esa fecha.

– No por su nombre, pero usted manejaba chapas, como Luis Felipe Alemparte o Harizmendi.

– También se buscó y no encontraron ningún movimiento.

– ¿Cuáles son, a su juicio, las pruebas que existen en el proceso que más lo involucran?
– Ninguna, no existen pruebas.

– Una de las acusaciones en su contra es por asociación ilícita en relación a su nexo con la DINA.

– Ya le dije que yo no era agente de la DINA.

– Pero cuando en 1978 fue allanado su departamento, en Argentina, encontraron unos carnés de identidad de chilenos que están actualmente detenidos desaparecidos.

– No sé si encontraron esos carnés de identidad.

– Apareció profusamente publicado en la prensa y nunca fue desmentido.

– Porque me he convertido en una leyenda negra, pero a mí no me consta nada de eso. Cuando fui detenido por espionaje permanecí muchos días encapuchado en el departamento de policía argentino. Pensé que me iban a fusilar. Al final, estuve dos años y medio preso, junto a dos gerentes de Lan Chile, un ex marino y un empresario chileno. Nos canjearon por prisioneros argentinos que estaban en Chile, gracias a una gestión del Vaticano. Durante dos años y medio nunca se me acusó de nada. ¿Usted cree que si hubieren tenido una prueba sobre mi supuesta calidad de espía no la hubiesen usado en ese tiempo, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra?
– En el allanamiento a su departamento también se incautaron unas cartas suyas, firmadas como Luis Felipe Alemparte y cuyo destinatario era un tal "Elías", supuestamente el nombre de chapa de Raúl Iturriaga Neumann, jefe del departamento exterior de la DINA. ¿No es esa una prueba de su relación con el organismo de seguridad?
– Esas no eran cartas, sino los informes de prensa de los cuales le hablé. Cuando estuve detenido en 1978, me hicieron firmar muchos papeles cuyo contenido yo desconocía. Así es que yo no reconozco en absoluto esas supuestas pruebas.

– ¿El supuesto "Elías" era Iturriaga Neumann?
– Podría haber sido don Elías o don Pérez. A mí no me consta nada de lo que me incautaron y, por lo demás, eso no significa nada. No significa que yo haya dependido jerárquicamente de alguna repartición. Yo le respondía a las autoridades de la época que estaban en el banco.

– ¿Conoció a Manuel Contreras?
– No. Socialmente, me lo pueden haber presentado, pero no tuve ningún trato con él.

– ¿A Iturriaga Neumann?
– Lo mismo que a Contreras, puede ser que en alguna relación social me lo hayan presentado. No más.

– ¿Y a Michael Townley?
– Lo conocí como Andrés Wilson, en 1975. Por la prensa me enteré que se llamaba Townley.

– ¿Quién cree usted que mató a Carlos Prats?
– Tengo dos teorías: que Prats fue una víctima de una lucha interna entre dos facciones de la Argentina, la ultraderecha, compuesta por Triple A, y la ultraizquierda, integrada por los Montoneros, el ERP y las FARC. La segunda teoría es la que ha postulado públicamente Manuel Contreras, es decir, que puede haber sido la CIA.

– ¿Y pudo haber sido la DINA?
– No sé, creo que no. Hoy la DINA es peor que la Gestapo. Yo no estoy de acuerdo con esa leyenda negra que se ha tejido sobre la DINA. Creo que fue necesaria en su tiempo, como lo fue la CNI y hoy lo es la Dirección de Seguridad del gobierno de Frei.

– Y las violaciones a los derechos humanos, ¿cree que fue necesario también?
– No, pero los derechos humanos se aplican sólo para la izquierda. Son derechos humanos cuando un izquierdista es detenido o maltratado. Cuando matan a Jaime Guzmán o a un carabinero, no son derechos humanos.

Entonces, visto de esa forma, las organizaciones de derechos humanos no son más que una careta de la izquierda.

"Después de mi arresto, se comenzó a escribir una leyenda negra sobre mi persona: me convertí en el James Bond que asesinaba generales" afirma Arancibia Clavel.

Itinerario legal

Al menos uno de los tres abogados que representan a Enrique Arancibia Clavel en Argentina está convencido de que la tarea de aclarar el asesinato de Prats y su esposa quedará más en manos de los historiadores que de la justicia. Algo que desean evitar los querellantes, representados por la familia de Prats, el gobierno chileno y la fiscalía argentina. La certeza del abogado trasandino Jorge Batista radica en que, transcurridos casi 25 años del asesinato, la justicia argentina no ha obtenido pruebas fehacientes sobre los responsables del crimen.

Actualmente y pese a que el proceso lleva ya acumulados más de seis mil fojas y han declarado casi 200 personas, no existen elementes para concluir que el final esté próximo.

El juicio está corriendo por dos carriles. El primero tiene que ver con el proceso mismo, el que debiera brindar novedades el 25 de febrero próximo, cuando se resuelva una queja presentada por el gobierno chileno.

Este recurso se presentó después de que en septiembre de 1988 el Tribunal Oral Seis aprobó, por dos votos contra uno, que la justicia trasandina era incompetente para investigar el carácter de "asociación ilícita" de la DINA, porque siendo éste un organismo chileno, correspondía aplicar el principio de territorialidad, es decir, que la competencia para investigar radicaba en la justicia chilena. Una de las acusaciones que penden sobre Arancibia Clavel es que éste era miembro de una "asociación ilícita": la DINA. La resolución también incluyó apartar de la causa al Estado chileno, basándose en que, a la fecha del asesinato, Prats no era funcionario en ejercicio del gobierno de Chile. Interpuesto un recurso de casación por los querellantes, éste fue ganado por el fiscal argentino y por la familia Prats, pero no por el gobierno chileno, quien inmediatamente presentó un recurso de queja, el que será visto el 25 de febrero.

Paralelamente a este recurso, se le pidió al fiscal de casación, el doctor Oscar Plee, una opinión jurídica, cuestión común ya que éstos representan a la sociedad argentina. El jurista concluyó que al gobierno chileno se le debería mantener su condición de parte en el proceso y que se debería dejar sin efecto la resolución de "incompetencia" de los tribunales argentinos para investigar la asociación ilícita. En opinión de Plee, no sería esta la ocasión de pronunciarse frente a la competencia, sino después del juicio oral, una vez que se escuchen todas las pruebas. Arguye también que, de primar su criterio, debería ser apartado de la causa el Tribunal Seis, para que intervenga otro tribunal.

De acogerse la opinión de Plee, tranquilamente podrían pasar dos años más, ya que implicaría que el nuevo tribunal tendría que estudiar las seis mil fojas para recién ver el juzgamiento, sin considerar las diligencias que puedan pedir las partes.

El otro carril por el que corre el proceso es un "incidente": el recurso de casación que presentó el lunes 8 la defensa de Arancibia para anular la resolución que impidió su excarcelación, basándose en el pacto de Costa Rica. El recurso debiera verse entre 20 días y cinco meses y, si les va mal, pueden ir de queja y, luego, a la Suprema. Al respecto, la defensa pretende seguir presionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde en abril de 1988 iniciaron una denuncia por el excesivo tiempo que Arancibia ha estado detenido sin recibir sentencia, lo que, a su juicio, constituye una ilegalidad. En dicho organismo, sin embargo, el tema está recién en estudio.

Angélica Prats: "No creo que la solicitud de Arancibia tenga eco"

Pocas esperanzas ven las hijas del general Prats a la solicitud de Arancibia Clavel de que el gobierno pida a Argentina su excarcelación, aduciendo el Pacto de San José de Costa Rica. Según Angélica Prats, cuando la jueza que sustancia la investigación del caso en Buenos Aires analizó la solicitud de libertad condicional presentada por Arancibia Clavel, no la acogió, aun teniendo presente ese pacto y las leyes internacionales que podrían beneficiar al único reo en el caso Prats.

De acuerdo con los antecedentes que maneja la hija del asesinado general, no se justifica la petición de Arancibia Clavel al gobierno, ya que la demora en su procesamiento se debe a la modalidad del juicio que se lleva a cabo en Argentina y que solicitó la propia defensa del inculpado. Por ser oral, el proceso incluye dos pasos. El primero, donde se recopilaron los antecedentes por parte del juez y la fiscalía que determinaron que existían méritos para iniciar el juicio y, el segundo, que corresponde al juicio propiamente oral, que comenzó a mediados del año pasado. Además, según los querellantes, el juicio se ha demorado debido a solicitudes presentadas por la defensa de Arancibia Clavel y cuyas diligencias aún no culminan.

Aunque el gobierno no se ha pronunciado sobre la petición de Arancibia Clavel -éste habría enviado una carta a La Moneda a principios de mes-, Angélica Prats descarta que su petición tenga eco. Ello, porque en el proceso que se sigue en Buenos Aires existen antecedentes que comprobarían la pertenencia a la DINA del acusado y de la responsabilidad que tendría en el asesinato del matrimonio Prats.

En todo caso, la solicitud de Arancibia Clavel, así como las irregularidades que éste ha denunciado en el proceso, sorprenden a la hija del desaparecido general, ya que -asegura- en ningún momento su abogado defensor ha presentado reclamos formales ante los tribunales trasandinos.
 

La justicia argentina condenó hoy a 12 años de prisión a Enrique Arancibia Clavel, ex agente de la policía secreta chilena durante la dictadura, por el secuestro en Buenos Aires de dos ciudadanas chilenas en 1977. A lo largo del proceso quedó probado que el ex agente de la DINA integró el grupo de represores que secuestró en la capital argentina a Laura Elgueta Díaz y Sonia Magdalena Días Ureta, ambas de nacionalidad chilena. Las mujeres fueron trasladadas a un centro clandestino de detención, torturadas y liberadas al día siguiente. Según denunciaron las víctimas, Arancibia Clavel fue quien las interrogó durante su cautiverio. El ex agente cumplía tareas en Argentina en el marco del denominado Plan Cóndor, diseñado por las dictaduras militares sudamericanas durante la década de 1970 para perseguir opositores en la región. En su descargo, Arancibia Clavel aseguró ser inocente de los cargos que se le imputaban. Pero la abogada Alcira Ríos, que representó a las víctimas, sostuvo que "lo dejó bien claro el tribunal con su fallo, hubo pruebas más que suficientes". El fallo llegó el mismo día en que se cumplen 30 años del asesinato del general Carlos Prats causa por la cual Arancibia Clavel fue condenado en el 2000 a cadena perpetua.

 

Supo los nombres de los detenidos desaparecidos de Chile y Argentina cuando los familiares luchaban en los tribunales por conocer su paradero. Participó de la Operación Cóndor, en el crimen del Prats, en el del general Schneider y espió a las fuerzas armadas vecinas para el conflicto del Beagle. Sus informes están guardados en la Universdidad Alberto Hurtado. Enrique Arancibia Clavel. Chileno. Nacido en Punta Arenas el 13 de octubre de 1944; hijo de Eladio y Violeta, soltero, estudiante, domiciliado en general del Canto Nº 122 Santiago. Cédula de Identidad Nº 4.815.227 de Santiago. Clasificación dactiloscópica 86444-68262-97434. 1, 73 de estatura, peso 70 kg; ojos café, pelo castaño. Así versaba la primera ficha policial que tuvo el ex agente de la DINA en Buenos Aires, recientemente liberado, pese a las dos condenas que pesan en su contra –una de presidio perpetuo por la muerte del general Carlos Prats y a 12 años por torturas a Laura Elgueta- cuando fue requerido en 1970 por su implicancia en la muerte del ex comandante en jefe del Ejército René Schneider. Desde Patria y Libertad, pasando por sus tendencias filo nazis, la homosexualidad de la que nadie habla, jefe de información clandestina de la DINA en Buenos Aires después del golpe, reciclado a momentos como espía de información militar para la casi guerra con Argentina en 1978, un poco empresario y con una familia conservadora, ligada a la derecha y al Ejército – su hermano llego a ser jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE)-  es un personaje a quien la realidad lo superó, como si se tratara de la mejor novela del género conspirativo. Pero de sus actividades las nuevas generaciones poco saben, de sus informes que llegaban cada semana a las oficinas de la DINA, firmados por Luis Felipe Alemparte Díaz, su identidad operativa, de las informaciones sobre detenidos desaparecidos chilenos y argentinos que manejaba a los pocos meses, incluso días, van reflejando el perfil de un hombre que conoció de cerca los años más oscuros de los regímenes del conosur. En los archivos que guarda la Universidad Alberto Hurtado se detallan sus actividades. Memos a Luis Gutiérrez, nombre supuesto del jefe del servicio exterior de la DINA, a quien llegó a informarle que el ministro de bienestar social de Eva Perón, el tristemente célebre López Rega, golpeaba a la presidenta. “La versión la entregó el edecán naval de ella”, escribió. Imagen corresponde a uno de sus informes de inteligencia cuando era el jefe de información clandestina de la DINA en Buenos Aires. Tanto fue el acceso y la importancia que llegó a tener para la DINA Arancibia Clavel que conoció pormenores de la llamada Operación Colombo que llevó a cabo ese servicio para la eliminación de disidentes al régimen militar. De hecho, enviaba listas con los desaparecidos y eliminados en Argentina –por izquierda, según versan sus informes- que contienen nombre completos, números de identidad, en momentos en que las organizaciones de derechos humanos luchaban par saber qué sucedía con sus familiares. Pero la suerte de Arancibia Clavel cambió en 1978 cuando fue detenido por espionaje. El resto es historia. En 2000 fue condenado por el caso Prats, años más tarde por las torturas a Laura Elgueta y hoy está libre por beneficios carcelarios. Si bien la periodista Mónica González en su libro “Bomba en una Calle de Palermo” reveló todas sus actividades, aún falta escribir su historia.

Luego de casi diez años, desde que la justicia francesa se decidió a juzgar a un grupo de represores chilenos y un argentino por el secuestro y desaparición de cinco ciudadanos franco-chilenos, el Gran Tribunal Penal de París fijó fecha para el juicio entre el 19 y 23 de mayo próximo. Los 13 chilenos y el argentino serán juzgados en rebeldía (según la figura legal francesa) pues ni Chile ni Argentina acogieron las demandas de extradición formuladas en su momento por Francia. Entre los chilenos están el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras y el líder de la secta alemana Colonia Dignidad, Paul Schafer. Cuatro de los chilenos requeridos inicialmente ya están muertos: el dictador Augusto Pinochet, el general Javier Palacios que comandó el asalto desde tierra a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el coronel de aviación Andrés Pacheco Cárdenas, comandante de la base aérea de Temuco, y el ex agente civil Osvaldo “Guatón” Romo. Los oficiales chilenos (todos en retiro) que serán sometidos a juicio son, además de Contreras y Sch fer: Emilio Sandoval Poo, empresario sureño; Joaquín Ramírez Pineda, ex comandante del regimiento Tacna; Rafael Ahumada Valderrama; el teniente coronel de Carabineros Gerardo Godoy García (“El Cachete Chico”); Basclay Zapata Reyes (“El Troglo”), DINA suboficial de Ejército; Miguel Krassnoff Martchenko, brigadier DINA ex jefe de la brigada Águila; Marcelo Moren Brito, coronel DINA ex jefe de Villa Grimaldi; Pedro Espinoza Bravo, brigadier ex segundo jefe de DINA; Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, general DINA ex jefe de su departamento exterior; José Zara Holger, brigadier DINA, ex jefe de su departamento exterior; y el ex agente civil DINA Enrique Arancibia Clavel, que el año pasado terminó de cumplir una pena de presidio en Buenos Aires por el asesinato en 1974 del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. También será juzgado el ex jefe de la inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Mendoza y Bahía Blanca durante la última dictadura, José Osvaldo Riveiro, alias “Balita”. Los catorce criminales, la mayoría con un largo prontuario por delitos de lesa humanidad, serán juzgados por el secuestro y desaparición de Alfonso Chanfreau Oyarce, Jean Ives Claudet Fernández, René Marcel Amiel Baquet, George Klein Pipper, y Etienne Pesle de Menil. Las cinco víctimas Chanfreau fue detenido en julio de 1974 en Santiago y su nombre aparece en la lista de los 119 desaparecidos de la Operación Colombo -preámbulo de la Operación Cóndor- por la que la dictadura chilena pretendió hacer creer que habían huido a Argentina. Claudet fue detenido en Buenos Aires en noviembre de 1975 como parte de la Operación Cóndor, en la que también participaron los servicios de inteligencia de Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay. En este caso, Arancibia Clavel o “Luis Felipe Alemparte”, envió desde Buenos Aires (noviembre de 1975) un memorándum dirigido a “Luis Gutiérrez”   -chapa del cargo de jefe exterior DINA, en ese entonces Iturriaga Neumann- que decía: “A Claudet se le sometió a interrogatorio. .. Ya no existe, es RIP (Réquiem in pace)”. El memo, junto a otros similares, fue pesquisado en Buenos Aires por la jueza María Servini y formó parte del expediente abierto allá por el crimen de los Prats-Cuthbert. Amiel fue arrestado en Mendoza por agentes chilenos y argentinos en 1977. Klein era asesor de Allende y fue detenido en La Moneda el día del golpe militar. Pesle era un sacerdote secuestrado en Temuco en septiembre de 1973.

 

"No tiene validez en Chile", dijo ayer el abogado Jorge Balmaceda, quien representa a dos de los ex miembros de la DINA que en mayo próximo serán juzgados por un tribunal francés, por su responsabilidad en los secuestros y apremios ilegítimos que sufrieron en Chile cuatro ciudadanos de ese país durante el régimen militar. Ayer se informó en Francia que entre el 19 y el 23 de mayo próximo tendrá lugar en un tribunal criminal de París el juicio contra 17 ex miembros del organismo de inteligencia que encabezaba el entonces coronel Manuel Contreras, a quienes se responsabiliza por las desapariciones de Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle, Georges Klein y Jean-Yves Claudet Fernández. Según se prevé, varios de quienes serán enjuiciados en ausencia podrían ser condenados a presidio perpetuo, si se comprueba la aplicación de torturas. Para Balmaceda, quien defiende al brigadier (r) Pedro Espinoza y al general (r) Raúl Iturriaga -ambos en la lista de los 17- los tribunales franceses "no tienen competencia ni jurisdicción en Chile", y es la justicia chilena la única que puede pronunciarse por los hechos acontecidos en el país. "Además, no tienen cómo investigar los hechos; el juicio se hace sólo a base de suposiciones", agregó. El abogado Enrique Ibarra, quien representa a Basclay Zapata, enfatizó que lo que pueda resolver la justicia francesa no tiene valor. "Es un tema simbólico", aseveró, porque no tiene efectos prácticos. Además, recordó que los casos por los cuales van a ser juzgados están siendo indagados por la justicia chilena, y en algunos ha habido resoluciones. El abogado José Luis Sotomayor, quien representa al brigadier (r) José Zara y al ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, enfatizó que "ningún estado de derecho racional puede juzgar a nadie en rebeldía". En tanto, la viuda de Alfonso Chanfreau, Erika Hennings, celebró la noticia. "Creo que es espectacular, considerando que en Chile no ha habido avances", aseveró, en referencia al proceso que instruye el ministro Carlos Gajardo. La mujer, quien también estuvo detenida, no descartó viajar a Francia.

El ex agente de la DINA, Enrique Arancibia Clavel, quien fuera condenado por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cutberth en Buenos Aires, fue encontrado muerto de una puñalada en la capital trasandina.

El ex agente de la agencia secreta de Pinochet, Enrique Arancibia Clavel, quien se hallaba condenado por el asesinato del ex jefe del ejército chileno general Carlos Prats y su esposa en esta capital en 1975, fue encontrado muerto a puñaladas en su departamento ubicado a pocos metros del palacio de Tribunales, en Buenos Aires.

El cuerpo de Clavel fue encontrado la noche del jueves cerca de un escritorio “en posición cubito dorsal con más de 20 puñaladas en el pecho y en la espalda” por su pareja de 21 años, quien luego alteró a la Policía Federal del crimen. Según vecinos el cuerpo tiene más de 20 puñaladas.

Clavel estaba cumpliendo su pena bajo libertad vigilada desde julio del 2007. Se rumorea que practicaba relaciones homosexuales en los últimos años, según consiga el diario Clarín. En el departamento de la calle Lavalle 1438 1B “no había signos de robo o violencia aunque se encontró sangre seca”, informaron al diario Clarín fuentes policiales. La puerta de entrada “tampoco estaba violentada”, agregaron las fuentes. La sangre seca revela que el crimen habría sido cometido varios días antes del hallazgo del cadáver. Si bien no está aclarado el móvil del crimen, no se descarta que sea por su actividad como agente secreto de la dictadura de Pinochet, como tampoco que haya sido de carácter pasional.

Espía y Anticomunista.

Clavel se instaló en Argentina en 1971, huyendo de la justicia militar por un proceso pendiente en su contra por infracción a la Ley de Seguridad del Estado, acusado de haber puesto bombas después de la elección de Salvador Allende, al que rechazaba debido a su profundo anticomunismo. Después del golpe militar comenzó a trabajar para la DINA mientras era el representante del Banco del Estado, usando el nombre de Luís Felipe Alemparte.

En 1978 había sido acusado de espionaje a favor de Chile durante el conflicto por el canal del Beagle. Según el proceso por la muerte de Prats fue quien hizo los preparativos al atentado, como entregar información sobre los desplazamientos del general. Prats fue el Comandante en Jefe del Ejército del derrocado presidente Salvador Allende y se mantuvo fiel a la Constitución y rechazó el golpe de Estado dado por Pinochet, lo que le significó el exilio. Como su figura representaba para el Ejército el contrapeso moral a Pinochet fue mandado a matar a la capital argentina.

Arancibia Clavel fue condenado en el 2004 por la justicia argentina a doce años de prisión por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthberth, quienes murieron luego de explosionar una bomba colocada por su auto en 1974 en el barrio de Palermo. El artefacto explosivo fue colocado por el ex agente de la CIA, el norteamericano Michael Townley por orden del jefe de la DINA, Manuel Contreras. Clavel además había participado del secuestro de las chilenas Laura Elgueta Díaz y Sonia Díaz Ureta, en el marco del llamado Plan Cóndor instrumentado por las dictaduras sudamericanas.