Andrusco Aspe Iván

Hugo Gutiérrez, diputado y abogado de derechos humanos, ha informado que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco, nuevo director de Gendarmería designado por Piñera, fue citado durante la investigación del caso de los tres profesores comunistas degollados, en calidad de inculpado. En dicho suceso, los profesionales comunistas Santiago Nattino, José Manuel […]

Hugo Gutiérrez, diputado y abogado de derechos humanos, ha informado que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco, nuevo director de Gendarmería designado por Piñera, fue citado durante la investigación del caso de los tres profesores comunistas degollados, en calidad de inculpado. En dicho suceso, los profesionales comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron secuestrados el 29 de marzo de 1985 por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), para luego aparecer asesinados a las afueras de Santiago. Por ahora, Andrusco se ha limitado a desmentir la versión entregada por el diputado Gutiérrez.

Se puede agregar que en años recientes Andrusco fue designado general a cargo de Carabineros en la VIII Región de Bío y Bío, puesto en que debió enfrentar una carta firmada por funcionarios de la institución, que lo acusaban de implementar turnos inhumanos y antirreglamentarios, además de suspender la entrega de colaciones en los cuarteles policiales. De acuerdo a las versiones de prensa de la época, en esa oportunidad la superioridad consideró incluso retirarlo del mando.

El ex carabinero declaró como inculpado en dos oportunidades ante el ministro Milton Juica. Sus ex colegas aseguran que era uno de los principales asesores del entonces jefe de dicho servicio de inteligencia, el coronel Luis Fontaine, según revelan los documentos del proceso que publica El Mostrador. Organismos de derechos humanos temen que beneficie a sus ex colegas condenados en Punta Peuco. El ministro de Justicia, Felipe Bulnes, lo descartó de plano.

El recién nombrado director de Gendarmería, general (R) de Carabineros Iván Andrusco, fue cuestionado ayer por organizaciones de derechos humanos y por el diputado PC Hugo Gutiérrez, debido a su paso por la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar). De este organismo de inteligencia policial eran los agentes que en 1985 secuestraron a los profesores Santiago Natino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, quienes luego fueron degollados y abandonados en las cercanías del aeropuerto.

Este proceso lo sustanció a principios de los 80 el ministro José Cánovas Robles y a fines de la misma década continuó la labor su colega de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (hoy titular de la Suprema), quien interrogó a Iván Andrusco en calidad de inculpado en dos oportunidades.

Básicamente, Juica mantenía sospechas sobre este ex oficial de la policía uniformada, porque junto con pertenecer a la Dicomcar, su versión de qué hizo el día del secuestro de los tres militantes del PC -el 29 de marzo de 1985- era poco creíble, tomando en consideración la experiencia de los agentes de inteligencia para difuminar su participación en hechos de este tipo.

Según Andrusco, aquel día 28 de marzo tuvo un turno de 24 horas, por lo que la mañana siguiente estaba saliente de servicio, lo que implicaba que en la práctica estaba descansando en su casa.

Los testimonios de Andrusco se produjeron ante Juica en dos oportunidades. La primera fue el 6 de octubre de 1992 y luego el 1 de abril de 1993, respectivamente (ver documentos anexos). En ambos, el oficial negó su participación en los hechos, argumentando que siempre trabajó como escolta, funciones que cumplía por órdenes del entonces jefe de la Dicomcar, el coronel Luis Fontaine. Este último fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez el 10 de mayo de 1990.

De hecho, en su segunda “indagatoria”, Andrusco es inquirido por Juica debido a la imputación hecha en su contra por el coronel Guillermo González Betancourt, respecto a que dejó en libertad a Ramón Arriagada, un egresado de Arquitectura detenido en febrero de 1985, a quien precisamente se le interrogó por las actividades de Natino y Parada. Andrusco rechazó los dichos de su superior y los relacionó a problemas de envidia, ya que al trabajar como escolta de personas importantes, dijo, gozaba de ciertos privilegios. El coronel en cuestión fue condenado por Juica a presidio perpetuo.

En otra foja del expediente, del 7 de enero de 1985, Miguel Sandoval Martínez, funcionario de la Dicomcar, relató que dentro del organigrama interno el coronel Julio Michea era “asesorado” por un grupo de oficiales, entre los cuales estaba Andrusco, quien tenía el grado de teniente . La versión fue confirmada por el propio Michea el mismo año .

Michea fue condenado por el ministro Milton Juica a cinco años y un día por secuestro y asociación ilícita.

En julio de 1991, Juica interroga al entonces cabo primero Daniel Valderrama Satt (ver declaración anexa), quien aseguró que después de cometido el crimen, Fontaine realizaba muchas reuniones relativas a cómo se iban desarrollando los hechos. En ellas participaba Andrusco, como también el capitán Patricio Zamora, el capitán Manuel Muñoz Gamboa, el coronal Guillermo González Betancourt, los cabos Luis Jofré, Ramón Valenzuela, Claudio Salazar y el propio Michea. Todos los anteriores fueron condenados por Juica, menos Andrusco.

Por último, en el expediente también está la declaración de Elsa Esquivel Rojo (ver declaración anexa), quien aseguró ante Juica que fue detenida junto a su hijo, Carlos González Esquivel. Esto lo hizo, según la mujer, el entonces teniente Andrusco, en el marco de las diligencias que realizaban para dar con el paradero de los atacantes a la tenencia Santa Adriana ocurrida a fines de 1984.

Esta declaración tomada por Juica buscaba establecer si Andrusco realizaba o no actividades operativas y no sólo de escolta.

El caso degollados fue uno de los episodios más complejos para la dictadura, ya que a cuatro meses de iniciada la investigación de Cánovas Robles, el entonces director general de Carabineros, César Mendoza Durán, renunció al cargo el 2 de agosto de 1985, dejando claro que los agentes de su institución habían participado en el crimen. En todo caso el gobierno de la época calificó su salida como un acto de “generoso patriotismo”.

POSTURA LINEAL
Pese a lo anterior, Andrusco ayer fue confirmado y respaldado por La Moneda. La secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer, manifestó que la administración “ha mostrado con hechos, el gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un compromiso profundo con los derechos humanos”, señaló.

Von Baer recordó que “el señor Andrusco es una persona que fue promovida en sus cargos durante los gobiernos de la Presidenta Bachelet y también durante el gobierno del Presidente Lagos” y agregó que “no existe en este momento ningún antecedente y no está comprometido en ninguna causa”.

En la misma línea habló el ministro de Justicia, Felipe Bulnes. Este dijo que Andrusco “nunca ha sido procesado en causas de derechos humanos, no tiene ninguna causa pendiente de este tipo y de ningún otro… También fue elegido en 2004 para integrar la delegación chilena que expuso sobre la situación de derechos humanos en el país ante la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra”.

Y recalcó que “la misma confianza que tuvieron los gobiernos anteriores para confirmarlo y promoverlo es la confianza que tenemos nosotros también hoy día para designarlo en Gendarmería. No hay nuevos antecedentes, son los mismos antecedentes con los cuales nosotros resolvimos”.

LOS “EX” COLEGAS
Uno de los temas que preocupa a los organismos de derechos humanos es que, para las materias relativas a los beneficios carcelarios de los carabineros condenados por el caso degollados -es decir sus ex colegas- y que cumplen la pena en Punta Peuco, se produce una inhabilidad de facto.

Al respecto, Bulnes explicó ayer que dichos procedimientos “se evalúan según protocolos establecidos en cada unidad penal por un reglamento interno de Gendarmería, los que son estudiados por un consejo técnico que resuelve caso a caso y no dependen de una decisión del director nacional”.

Sin embargo, fuentes de Gendarmería explicaron que los dichos de Bulnes chocan de pronto con la realidad de cómo se manejan las cosas.

Por ejemplo, el consejo técnico citado por el secretario de Estado para el caso de Punta Peuco, no es de carácter permanente, es decir, se arma para la ocasión. La decisión de este grupo de profesionales no es vinculante y quien tiene la facultad privativa es el jefe del penal. Este último, en la formalidad de la ley, es independiente, pero las mismas fuentes señalan que hay un código no escrito y siempre se consulta con el director nacional y éste con el Ministerio de Justicia.

La decisión de Gendarmería respecto a los que tienen derecho a beneficios, va en consulta ante la comisión de libertades provisionales que conforman jueces y ministros del Poder Judicial a fines de año, quienes valoran los antecedentes caso a caso. Posteriormente, los elegidos son evaluados por el seremi de Justicia y sólo entonces pueden acceder a los beneficios.

Para el caso puntual de los condenados por el caso degollados, hay varios de ellos que cumplen con los requisitos, ya que están a punto de completar los 20 años de una condena a presidio perpetuo para solicitar los beneficios, debido a que se les aplica la legislación antigua. Entre estos casos se encuentra el de Miguel Estay Reino, el Fanta, entre otros.

Desde este punto de vista, las agrupaciones de derechos humanos y el propio Hugo Gutiérrez sostuvieron que existe una sombra de duda sobre el posible actuar de Andrusco y, por cierto, un problema de imagen pública.

CONCIENCIA LIMPIA
Andrusco también se refirió a los cuestionamientos hechos por el parlamentario durante una visita que realizó al penal El Manzano de Concepción, que se vio afectado por el terremoto.

“Estoy absolutamente tranquilo. La seguridad de que no he hecho absolutamente nada, mi vida privada y mi trayectoria profesional han sido absolutamente transparentes, por lo tanto en ese sentido no tengo nada que ocultar. Durante toda mi trayectoria he cumplido numerosas funciones operativas, y nunca he estado involucrado en un proceso”.

Reconoció que “en su oportunidad fui citado a prestar declaraciones, como todo el personal que fue citado de declarar. Yo fui nombrado General de la República durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, y en esa oportunidad se hicieron todos los chequeos correspondientes para aprobar mi designación. Posteriormente trabajé como General en esta zona en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, por lo tanto yo creo que a esta altura no tengo que dar ninguna demostración ni ninguna prueba de idoneidad”.

Sólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (“Caso Degollados”), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que el oficial fue agente operativo de la DICOMCAR, organismo calificado en su fallo por el actual presidente de la Corte Suprema Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte bajo tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.

Sólo 18 días duró el general (r) Iván Andrusco como director de Gendarmería. Duramente cuestionado por su vínculo con el asesinato de tres profesionales en 1985 (“Caso Degollados”), La Moneda lo defendió argumentando que no fue procesado por esos crímenes. Faltaba un dato importante: sí está acreditado que fue agente operativo de la DICOMCAR, organismo calificado en su fallo por el presidente de la Corte Suprema Milton Juica como “asociación ilícita terrorista”. Otra muerte bajo tortura en la Sección de Investigación Policial (SIP), cuyo jefe operativo era Andrusco, hizo inviable su permanencia en el cargo. Así terminó la primera polémica entre el gobierno de Sebastián Piñera y organismos de Derechos Humanos.

Al finalizar la tarde del viernes 16 de marzo y cuando la atención pública se concentraba en el anuncio presidencial del alza de impuestos para el plan de reconstrucción y sus réplicas, desde La Moneda se anunció que el general (r) de Carabineros Iván Andrusco Aspe había renunciado a la dirección nacional de Gendarmería, cargo en el que había sido nombrado por el ministro de Justicia Felipe Bulnes hacía sólo 18 días (29 de marzo). Culminaba así el primer conflicto entre el gobierno de Sebastián Piñera y organizaciones de derechos humanos.

Si bien el foco de la polémica ha sido la vinculación de Andrusco con el degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en marzo de 1985, CIPER constató que los hechos que detonaron su salida de Gendarmería son más complejos e incluyen otro episodio de muerte bajo tortura que registra su hoja de vida en la policía uniformada.

Puede parecer una cruel coincidencia, pero si algo queda claro es que el 29 de marzo, día en que fue nombrado recientemente director nacional de Gendarmería, pasará a formar parte de la historia de vida de Iván Andrusco Aspé. Hace veinticinco años, también un 29 de marzo, Andrusco se vio involucrado en la brutal tortura y posterior degollamiento de tres profesionales secuestrados en plena vía pública.

En ese entonces el centro de operaciones de Andrusco estaba ubicado en calle Dieciocho 299. Allí funcionó hasta el 11 de septiembre de 1973 el popular diario Clarín, el que muy pronto se transformaría en “La Firma”, una de las cárceles secretas del Comando Conjunto, un grupo represivo integrado en un primer momento por miembros de la Fach, Armada, Ejército y Carabineros y que operó en forma paralela a la DINA entre 1974 y 1976. Su principal objetivo: la represión a militantes del Partido Comunista.

A fines de 1976, cuando la presión de la DINA impuso su disolución luego del secuestro de Carlos Contreras Maluje, en el que participaron integrantes de la Fach a bordo del automóvil del jefe de gabinete de su entonces comandante en jefe e integrante de la Junta Militar, Gustavo Leigh, tanto los archivos del Comando Conjunto como la ex sede de Clarín pasaron a manos de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Bajo la insignia del organismo de inteligencia de la policía, allí se siguió torturando durante varios años.

Eso fue lo que ocurrió el 29 de marzo de 1985 en calle Dieciocho con José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino. Según se acreditó en la investigación judicial varios años más tarde, Manuel Guerrero Ceballos sufrió la pérdida de sus uñas, quemaduras en ambas orejas y la quebradura de su frente producto de un culatazo antes de ser asesinado.

Si bien la investigación llevada a cabo por la justicia –primero por el juez José Cánovas Robles y luego por el ministro Milton Juica– nunca pudo comprobar la directa participación de Iván Andrusco en el asesinato de los tres profesionales, sí se constató que el entonces teniente del equipo de Inteligencia de Carabineros formó parte del organismo represor entre enero y junio de 1985 en los grupos operativos. Durante ese período –y según consta en expedientes judiciales– se registraron 105 casos de tortura y asesinatos cometidos por organismos de inteligencia de la dictadura.

La participación del oficial de Carabineros en la Dicomcar quedó también registrada en el expediente del llamado “Caso Degollados” en los dos interrogatorios a los que Andrusco debió someterse frente al entonces ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Milton Juica (6 de octubre de 1992 y 1 de abril de 1993).

–No aparece en la investigación una participación directa de Andrusco en los hechos. Está claro quiénes fueron los que participaron, incluso están sentenciados, pero lo que sí quedó establecido es que ese oficial era parte de la organización y sabía lo que ocurría. Tenía conocimiento de todo y se comportó como todos los miembros de esa unidad: cuando fue llamado a declarar, no entregó información, encubrió y por lo tanto obstruyó a la justicia –afirma Héctor Salazar, uno de los abogados que tomó la defensa de las víctimas desde el comienzo del largo y conflictivo proceso.

Los dichos de Salazar son ratificados por las declaraciones judiciales de los propios oficiales que trabajaban con Andrusco en la DICOMCAR. En su testimonio, el coronel (r) Guillermo González Betancourt, entonces mayor de Carabineros en el organismo operativo policial, afirmó que fue el propio Andrusco quien dejó en libertad a Ramón Arriagada, egresado de arquitectura y detenido en febrero de 1985 para ser interrogado por las actividades de Santiago Nattino y José Miguel Parada (víctimas del Caso Degollados) en torno a sus investigaciones sobre el Comando Conjunto.

El oficial Iván Andrusco replicó con otra acusación. Así se aprecia en una de sus declaraciones recogida por CIPER del mismo expediente: “Iván Esteban Andrusco Aspé reconoció que perteneció al Departamento Tercero de la Dicomcar en la época que se produjeron los hechos investigados, ha negado haber participado en ellos, sin embargo con el tiempo y después de la participación de algunos funcionarios de carabineros, ha relacionado la concurrencia de un civil que identifica con el nombre de ‘Samuel’, el cual se vinculaba con el Mayor González. Agrega que varios funcionarios trabajaban en forma independiente, sin cumplir órdenes de los jefes de servicios, sino directamente del aludido mayor. Enfatiza que él no era de la confianza del equipo de ese oficial.”

También el diario electrónico El Mostrador señala que Andrusco rechazó las acusaciones que le hacía González, y las vinculó a la envidia que generaba en otros funcionarios por contar con ciertos privilegios al interior de la organización.

ASOCIACIÓN ILICITA TERRORISTA
En los últimos días, cuando la defensa del nombramiento de Andrusco por parte de La Moneda se refugió en que este oficial no había sido procesado por su participación en el triple degollamiento de los profesionales, nadie en el gobierno reparó en un antecedente que hacía inviable su permanencia a la cabeza de Gendarmería. Este se encontraba en el fallo escrito de puño y letra el 31 de marzo de 1994 por el entonces ministro en visita del “Caso Degollados” Milton Juica:

“Los antecedentes de juicio que se han resumido anteriormente, han servido asimismo para tipificar el delito de asociación ilítica terrorista, toda vez que para la consumación de los ilícitos ya descritos, se ha determinado la existencia de un grupo de personas, que dependiendo de un organismo policial, se excedieron de sus funciones legales, procediendo bajo el subterfugio de actividades de inteligencia a privar de libertad a distintas personas de una ideología política determinada, mantenerlos en cautiverio, interrogarlas con apremios ilegítimos, acerca de sus actividades políticas en lugares que no eran públicos de detención, mataron a tres de ellas, de una manera que causó conmoción pública y luego para eliminar las evidencias que los hechos punibles, destruyeron por medio de explosivos un vehículo que pertenecía a una de las víctimas y destruyeron también el inmueble donde fueron llevadas las personas secuestradas.”

El entonces ministro y ahora presidente de la Corte Suprema es quien afirma en un fallo judicial, confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago, que la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) era una “asociación ilícita terrorista” y que el cuartel denominado “La Firma” operó como un recinto ilegal de detención. Por ello procesó a los oficiales y jefes principales de esa unidad policial: Cesar Mendoza Durán, Luis Fontaine Manríquez, Julio Michea Muñoz, Guillermo González Betancourt y Patricio Zamora Rodríguez (ver recuadro con sus cargos y sentencias).

El nombrado director nacional de Gendarmería fue integrante de esa asociación ilícita y operó desde el cuartel denominado “La Firma”. Y a pesar de que Andrusco no fue procesado por el crimen de Parada, Guerrero y Nattino, sí se jactó en sus declaraciones judiciales de ostentar un lugar privilegiado en el organismo represivo.

El hecho de que sistemáticamente durante el juicio Andrusco negara haber tenido conocimiento del brutal crimen, tiene para el abogado Salazar una explicación: “La investigación logró aclarar perfectamente el crimen en términos de autores materiales, pero respecto de la autoría intelectual no fue así porque la Dicomcar era una organización jerarquizada y militar con una línea de mando. Y esa línea de mando, desde la cabeza máxima hasta abajo, estaba comprometida con el encubrimiento. No hubo ningún funcionario de Carabineros requerido por los tribunales de justicia que no se prestara para ejecutar la política institucional que era encubrir y entorpecer la investigación”.

Para los registros judiciales quedará lo obrado por la Corte Suprema el 30 de septiembre de 1994 en torno a este fallo de Milton Juica, ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago: el máximo tribunal del país no revocó ni una sola condena, pero sí borró el calificativo de “terrorista” quedando la DICOMCAR sólo como “asociación ilícita”. (Ver recuadro con el fallo).

El fallo de Juica también quedó en la historia de la transición chilena al nombrar al entonces director general de Carabineros Rodolfo Stange como encubridor “por grave incumplimiento de sus deberes militares”. El presidente Eduardo Frei le pidió su inmediata renuncia al mando de Carabineros, a lo que Stange replicó declarándose en rebeldía, negándose a renunciar. El conflicto estalló y se convirtió en una cuasi crisis institucional al recibir el director de Carabineros el apoyo de amplios sectores de la derecha que se ampararon en la Constitución del ’80, que no le daba facultades al poder político para destituir a una autoridad militar. Para entonces, aún figuraban las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad.

A pesar de todos estos antecedentes acumulados nadie ha entregado hasta ahora una explicación sobre por qué en el proceso de calificaciones de 2004, durante el gobierno de Ricardo Lagos, Iván Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial de Bío Bío. Una destinación pública que no tuvo objeción.

ACUSACIONES POR APREMIOS ILEGÍTIMOS
Si ya era inviable que un oficial de Carabineros que perteneció a una asociación ilícita pudiera permanecer a la cabeza de Gendarmería, uno de los principales organismos auxiliares del Poder Judicial, un nuevo antecedente en su hoja de vida agravó su situación.

Los hechos ocurrieron el viernes 16 de enero de 1998. Ese día, cuatro funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) , de Carabineros fueron abruptamente obligados a abandonar sus puestos bajo la acusación de haber torturado en un interrogatorio al taxista Raúl Palma Salgado, ocasionándole la muerte. En ese momento, al mando del organismo policial estaban el coronel Juan Ortega y el mayor Iván Andrusco Aspé, su jefe operativo.

El Servicio Médico Legal confirmó la acusación con el informe de autopsia de la víctima: “El cuerpo presentaba diversos desgarros internos y quebraduras múltiples, que sólo son explicables por golpiza y apremios físicos producidos previamente a su paro cardio- respiratorio” .

La Corte Marcial se arrogó el derecho a juzgar y sentenció a ocho años de presidio al teniente (r) de Carabineros, Germán Cofré Pinto y a seis años a los ex cabos segundos Víctor Ramírez Olivares, José Cartes Figueroa y Francisco López Cisternas. Pero la sala penal de la Corte Suprema elevó a 10 años y un día las condenas de los cuatro policías.

El general (r) Iván Andrusco podrá argumentar que en esta nueva muerte a causa de torturas –en una unidad esta vez bajo su mando– su participación quedó descartada. Pero en esos años aún existía una férrea resistencia en los institutos armados a investigar y mucho más a reconocer la participación de sus integrantes en torturas. Este caso no fue la excepción. El abogado querellante, Nelson Caucoto, acusó en ese momento sin resultados que la justicia se negó a investigar al Alto Mando de la SIP.

Fallo de la Corte Suprema
Vistos: Se reproduce la sentencia en alzada de treinta y uno de marzo último, escrita a fs. 10.571 y siguientes, con las modificaciones que a continuación se expresan:

1º) Que si bien como se deja establecido en la sentencia que se revisa, pueden ser responsables de un delito terrorista agentes de Policía de un Estado, y los hechos que a éstos se les atribuyen en esta causa podrían ser calificados en principio de terroristas, como lo ha hecho el juez de la causa en el fundamento trigésimo séptimo de dicha sentencia, es lo cierto que del análisis comparativo de las disposiciones de la ley Nº 18.314 y 19.027, surge la conclusión ineludible de que tales hechos, no obstante haber sido perpetrados cuando regía la primitiva ley, no pueden quedar comprendidos dentro de la normativa que ella prescribía y, por consiguiente, no es posible entender que han tenido propiamente y en definitiva la calidad de terroristas. En efecto, el artículo 2º de la ley Nº 19.027, que modificó la citada ley Nº 18.314, sustituyendo su artículo 1º, creó en realidad nuevas figuras delictivas, exigiendo, además, requisitos y presupuestos de orden subjetivo que la antigua ley no contempla y que el mérito del proceso tampoco habilita considerarlos, con todo lo cual desapareció el tipo penal y la correspondiente sanción que el mencionado artículo 1º de la ley Nº 18.314 establecía, pero con ello no se borraron los hechos delictuosos atribuidos a los procesados, máxime que en la ley penal no existe aplicación analógica como una forma de garantizar la seguridad jurídica.

En tal evento, al haberse sustituido la disposición legal de carácter especial que consultaba tipos penales particulares para los hechos materia de la causa y que dicen relación con la asociación ilícita y el secuestro de determinadas personas, debe estimarse que vuelvan a recuperar su vigencia las normas de carácter general del Código Penal y conforme a ellas debe juzgarse y sancionarse la conducta de los encausados

Condenados por asociación ilícita
César Mendoza Durán, general (r), miembro de la Junta Militar y máxima autoridad de Carabineros. Liberado por un recurso de queja por la vía disciplinaria tramitado en la Corte Suprema.

Luis Fontaine Manríquez, coronel, jefe de la DICOMCAR, no pudo ser enjuiciado ya que fue asesinado en mayo de 1990.

Julio Michea Muñoz, coronel, jefe de asuntos externos e internos, co-autor de los delitos de ilegítima privación de libertad de personas desde el local de la AGECH y asociación ilícita terrorista.

Guillermo González Betancourt, mayor, subalterno de Muñoz, co-autor del delito de secuestro de Ramón Arraigada, secuestro y homicidio calificado de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino y delito de asociación ilícita terrorista.

Patricio Zamora Rodríguez, capitán, co-autor del secuestro y homicidio calificado de José Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, y delito de asociación ilícita terrorista.

Una mujer se querelló contra el ex director de Gendarmería y general (r) de Carabineros, Iván Andrusco, por haber sido torturada por funcionarios de la institución cuando Andrusco se encontraba al mando.

Según Elsa Esquivel Rojo, el 18 de diciembre de 1984, fue detenida en su domicilio como sospechosa de haber participado en un crimen de un policía ocurrido en la población Santa Adriana, que actualmente pertenece a la comuna de Pedro Aguirre Cerda

La mujer relató que durante su estadía en un cuartel de la Dicomcar fue sometida a torturas físicas y psicológicas junto a uno de sus hijos, por ello es que denunció a Andrusco, en conjunto con el diputado Comunista y abogado de Derechos Humanos, Hugo Gutiérrez.

"Ahora viendo la televisión reconozco inmediatamente al hombre que me había llevado detenida en la casa, yo no sabía su nombre, lo vine a reconocer ahora y sé que es él (Iván Andrusco) quien mandaba al grupo de los policías que habían y tiempo atrás supe que era de la Dicomcar", manifestó Elsa Esquivel.

El abogado que también la representa, Boris Pavez, explicó que la querella contra el ex director de Gendarmería debería ser investigada por uno de los ministros especiales que instruyen causas de violaciones a los derechos humanos.

La querella interpuesta por la mujer también fue respaldada por la directiva de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señalando que Andrusco no puede quedar en la historia como una víctima por lo que fue su salida de Gendarmería y por las constantes amenazas que sufrió para dejar el cargo de director.

A partir de la nómina de los oficiales de Carabineros pensionados entre 2005 y mayo de 2017, entregada por Dipreca, CIPER investigó y cruzó datos. Hubo sorpresas. $432 millones anuales se destinan al pago de pensiones para 15 de los formalizados por el mega fraude en esa institución. Otros miles de millones se quedan en las manos de ex altos oficiales que reciben doble jubilación o pensiones de invalidez que nadie puede cuestionar. También aparecen oficiales condenados por juicios de derechos humanos. Un trozo suculento de la torta de $586 mil millones anuales se lo llevan 93 generales.

Durante 2016, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) desembolsó $586 mil millones para el pago de pensiones de sus funcionarios en retiro –civiles y uniformados–, monto que incluye también a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. La cifra es idéntica a la destinada en 2016 por el gobierno para financiar la gratuidad en la educación superior.

CIPER pidió a Dipreca, vía Ley de Transparencia, la nómina de pensionados, uniformados y civiles, del escalafón de oficiales de Carabineros que pasaron a retiro entre 2005 y mayo de 2017. La lista incluye a 1.383 ex oficiales, con una pensión mensual que promedia los $2,3 millones. En la nómina de civiles aparecen 1.056 ex funcionarios que se jubilaron entre 1951 y 2017, con pensiones que promedian un millón de pesos. Los montos contrastan con la jubilación promedio por vejez que entrega el sistema de AFP y que apenas bordea los $198 mil pesos, según cifras de la Superintendencia de Pensiones a junio de este año (el cálculo integra a pensionados con distintos años de cotización).

En las nóminas analizadas por CIPER, figuran 15 de los 74 carabineros formalizados en el mega fraude que se destapó en marzo pasado al interior de la institución, los que cobran pensiones de hasta $4,7 millones. Son $432 millones los que Dipreca destina al año a pagar las jubilaciones de esta quincena de ex oficiales involucrados en el desfalco, cuyo monto se estima hasta el momento en $25.700 millones.

En la misma nómina figura además casi una decena de ex oficiales con pensiones de hasta $3,2 millones involucrados en procesos por violaciones de derechos humanos.

No es lo único que resalta de los datos oficiales entregados por Dipreca y que CIPER cruzó y analizó. Se detectaron además a 22 ex oficiales de Carabineros recibiendo doble pensión. Como la lista de pensionados parte en 2005, entre ellos figuran al menos dos ex directores generales de la institución –Eduardo Gordon y Alberto Cienfuegos–, nueve generales y diez coroneles.

Otros tres ex generales directores –Rodolfo Stange, Fernando Cordero y Manuel Ugarte– presentaron un recurso de ilegalidad que está en curso en la Corte de Apelaciones de Santiago para impedir que se haga público el monto de sus pensiones.

Entre los altos oficiales beneficiados con una doble pensión está el ex general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, quien recibe la pensión más alta que entrega Dipreca (y también Capredena, el sistema previsional de las Fuerzas Armadas): $6.976.552 mensuales. El abogado Verdugo percibe además una segunda pensión de $938 mil (como ex funcionario “civil”), lo que lo deja con una jubilación de casi $8 millones mensuales.

Ismael Verdugo, quien se sometió a un trasplante de corazón, se retiró de Carabineros a fines de 2012 con invalidez de segunda clase, causal que se aplica a miembros de las FF.AA. y de Orden que por accidentes o enfermedades queden imposibilitados de continuar en el servicio y en inferioridad fisiológica para desempeñarse en ocupaciones privadas. Esto les permite aumentar en un 20% su pensión sobre la última remuneración percibida en actividad.

El privilegio del que gozan quienes se acogen a la invalidez de segunda clase, la misma norma lo contrapesa con la imposibilidad de que el funcionario pueda ser contratado posteriormente en reparticiones del Ejército, la Armada, la Fach, Carabineros, la PDI y Gendarmería.

Pero la normativa no siempre se cumple. CIPER detectó casos de oficiales de carabineros que, habiéndose retirado bajo esa causal, fueron recontratados o perciben ingresos de esas instituciones.

La invalidez de segunda clase es uno de los puntos ciegos de la normativa. En conversación con CIPER, el diputado Leonardo Soto (PS), quien presidió la comisión de la Cámara que investigó irregularidades en las pensiones de Capredena y Dipreca, confirmó que los dictámenes médicos que avalan esas inhabilidades no pueden ser fiscalizados ni por Dipreca ni por la Contraloría:

-Cada institución tiene su propia comisión de sanidad que dictamina una invalidez. No existe posibilidad de conocer el detalle de los fundamentos médicos que justifiquen ese dictamen. La Contraloría, por ejemplo, solo recibe un documento que dice que la persona califica para la invalidez.

De la lista de 2.439 oficiales pensionados de Carabineros, 131 han pasado a retiro aduciendo invalidez de segunda clase. El pago de jubilaciones para ese grupo representa para Dipreca una carga de $2.776 millones anuales.

En 2016 Dipreca destinó en total $586 mil millones para el pago de pensiones de casi 260 mil beneficiarios de Carabineros, Investigaciones (PDI) y Gendarmería. En ese reparto, Carabineros se lleva por lejos la tajada más grande: $418 mil millones para financiar las jubilaciones de más de 185 mil beneficiarios de esa institución.

De acuerdo a datos de Dipreca, el 95% del monto que utiliza la entidad para el pago de pensiones proviene del erario público. Solo el 5% restante lo aportan los cotizantes. Lo mismo ocurre con los fondos que administra Capredena. Son dineros de todos los chilenos los que financian un sistema que privilegia a unos pocos y que contrasta con el sistema de capitalización individual que rige para gran parte de la población.

LAS PENSIONES DEL “PACOGATE”

A casi cinco meses de la revelación del mega fraude que desangró las arcas de Carabineros, la investigación de la Fiscalía ya suma 74 formalizados. Hasta el momento, el monto del robo supera los $25.700 millones. CIPER detectó que 15 de los formalizados por participar en esta asociación criminal reciben pensiones pagadas por Dipreca. Un total de $432 millones anuales se destinan a pagar jubilaciones para ex oficiales acusados de haber integrado la red del desfalco.

La más alta de estas pensiones la recibe el coronel Carlos Cárcamo Bravo ($4,7 millones mensuales), quien jubiló por invalidez de segunda clase. La Fiscalía acusó a Cárcamo de haber jugado un rol estelar en el mega fraude: fue jefe del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Jefatura Zona Metropolitana, desde donde se habrían malversado a lo menos $972,7 millones.

El coronel Cárcamo fue jefe de gabinete de quien fuera  director de Finanzas de la institución, el general Iván Whipple. Y cuando esa dirección fue asumida por el general Flavio Echeverría, ahora preso por el desfalco, Cárcamo tomó la jefatura del Departamento III Tesorería y Remuneraciones. Según expuso la Fiscalía en su formalización, el coronel recibió pagos de Carabineros, hasta ahora injustificados, por $53,3 millones.

Otro de los oficiales imputados por el desfalco es el coronel Arnoldo Rivero Gerves, quien percibe una jubilación de $2,8 millones y ha sido mencionado como uno de los principales gestores del fraude. Fue Flavio Echeverría, el único general preso por el desfalco, quien declaró que había sido reclutado por Rivero para integrarse a la red criminal.

La Fiscalía acusa al coronel Rivero de haber recibido pagos injustificados por al menos $169 millones, girados desde cuentas institucionales; además de $900 millones en efectivo provenientes de personas que facilitaron sus cuentas bancarias para que les depositaran fondos sustraídos a Carabineros.

También jugaron un rol clave en la asociación ilícita los oficiales Robinson Carvajal Leiva (quien cobra una pensión de $2 millones) y Nelson Valenzuela Aravena, con una jubilación de $1,4 millón.  Al comandante Carvajal la Fiscalía le imputa haber operado como reclutador de las personas que recibieron en sus cuentas corrientes los fondos sustraídos. Además, en su propia cuenta se detectaron depósitos por $199 millones pagados como sobresueldo.

Al mayor Nelson Valenzuela, quien se fue a retiro en  2011, la Fiscalía lo acusa de haber coordinado la distribución del dinero entre los confabulados y de haber invertido sus ganancias ilícitas en negocios con el comandante Héctor Nail, también formalizado. El Ministerio Público ha calculado que recibió más de $121 millones de origen ilícito.

También figura entre los pensionados del mega fraude el comandante Ramiro Martínez Chiang (quien cobra $2 millones mensuales). La Fiscalía lo acusa de haber recibido al menos $612,4 millones como exceso de sueldo, dinero que era repartido entre los miembros de la asociación criminal. Martínez Chiang pasó a retiro en 2012, después de intervenir en millonarias compras con sobreprecio en el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). La investigación de la Fiscalía aún está en curso.

Además de Carmona, Rivero, Carvajal, Valenzuela y Martínez, la nómina de los 15 pensionados del desfalco se completa con los coroneles Fernando Pérez Barría (pensión de $2,7 millones), Francisco Reyes Momberg ($2,8 millones), Arturo Rojas Henríquez ($2,8 millones), Horacio San Martín Villegas ($2,8 millones) y Patricio Bianchi Silva ($2,8 millones); los comandantes Patricio Morales Díaz ($1,7 millón), Claudio Venegas Godoy ($2 millones) y Juan Moraga Gallegos ($2,4 millones); y los mayores Fernando Bustos Ríos ($1,3 millón) y David Vega Carmona ($1,1 millón).

EL PRIVILEGIO DE LA “DOBLE PENSIÓN”

Más de una veintena de ex oficiales de Carabineros figura pasando a retiro dos veces y en años distintos. La mayoría de ellos también formaba parte de la planta de profesores de esa institución. Hasta 2006 la normativa obligaba al personal que hacía clases en las escuelas de Carabineros a recibir por una vía separada esta última remuneración, también  imponible en Dipreca. Fue así como pudieron pensionarse como oficiales y profesores, recibiendo de manera paralela dos jubilaciones.

Son 22 ex carabineros cuyos ingresos le significan a Dipreca un gasto anual de más de $1.047 millones. La jubilación promedio que recibe este privilegiado grupo de pensionados roza los $4 millones.

En la nómina de oficiales de Carabineros pensionados figuran dos ex directores de la institución: los generales Alberto Cienfuegos y Eduardo Gordon. Cienfuegos, quien fue director entre 2001 y 2005, recibe un total de $4,3 millones ($3,5 millones y $784 mil); mientras que Gordon, quien estuvo al mando entre 2008 y 2011, percibe un monto casi idéntico ($3,6 millones y $706 mil). Debido al recurso judicial presentado por los ex directores en retiro Stange, Cordero y Ugarte, para impedir que se hagan públicos los montos de sus jubilaciones, no se sabe si ellos también obtuvieron la doble pensión.

El ex general de Carabineros, Héctor Jara, quien se retiró con una pensión de $3,2 millones percibe además una jubilación por su labor docente de $1,6 millón. Entre los jubilados con doble pensión aparece también el ex jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general René Moya Venegas, quien pasó a retiro en noviembre de 2004. Su jubilación asciende actualmente a casi $4,8 millones.

Entre los coroneles en retiro con doble jubilación destacan Luis Alberto Thibaut ($4,3 millones y $ 282 mil);  Héctor Fuentealba ($2,9 millones y $ 931 mil); Sergio Gajardo ($2,8 millones y $969 mil);  Arturo Bernal ($3,7 millones y $1 millón) y Bárbara Valladares ($2,5 millones y $733 mil).

Mención aparte merece el general en retiro Gonzalo Arias González, protagonista de al menos dos fallos por secuestro, desapariciones y homicidios ocurridos en Temuco en los primeros días después del Golpe de Estado. En ambos fallos la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó las condenas a ocho años. Arias González recibe desde 2005 una doble pensión por  un total de $ 3,7 millones ($ 3,4 millones y $ 348 mil).

INVALIDEZ BAJO SOSPECHA

En las nóminas revisadas por CIPER con casi 2.500 oficiales de Carabineros pensionados, figuran 131 acogidos a retiro con causal de inhabilidad de segunda clase. El pago de las jubilaciones de este grupo le significa a Dipreca un gasto anual de más de $2.776 millones. Sus pensiones promedio bordean el $1,8 millón. La cifra contrasta con las jubilaciones percibidas por quienes se pensionan por invalidez -total o parcial- en el sistema de capitalización individual de las AFP. Cifras de la Superintendencia de Pensiones indican que, a junio de 2017, las jubilaciones por invalidez total o parcial promedian los $210 mil.

Siete médicos con causal de retiro de invalidez de segunda clase aparecen en la nómina entregada por Dipreca. Algunos activos y con consultas en distintas regiones del país. El cirujano y mayor (r) Enrique Sudy Márquez, pasó a retiro en 2004 con causal de invalidez de segunda clase. En 2008 su pensión era de $2,9 millones y hoy, tras algunos reajustes, asciende a $3,6 millones mensuales.

La indagación de CIPER encontró al doctor Sudy ejerciendo en el Hospital Regional de Coihaique (la normativa no se lo impide por ser un hospital público). En efecto, la Contraloría dictaminó en noviembre de 2010 que la condición de invalidez de segunda clase solo es incompatible con el desempeño posterior en el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, PDI, subsecretarías de Defensa y el Estado Mayor Conjunto.

Lo extraño emergió cuando CIPER contactó al doctor Sudy para preguntarle sobre su trabajo en el Hospital de Coihaique, posterior a su retiro. Enrique Sudy respondió que nunca había trabajado allí. Pero un informe de la Contraloría señala lo contrario. Entre 2010 y 2011 el doctor Sudy realizó 25 intervenciones en pabellones de ese  hospital.

Y lo que el organismo contralor impugnó fue que Sudy, en calidad de funcionario de ese hospital, al momento de realizar esas intervenciones no contara con contrato, ni con convenio actualizado para atención de pacientes privados (ver informe de Contraloría).

Entre enero y diciembre de 2010 el doctor Sudy figura también en una nómina de remuneraciones a honorarios del Comando de Salud del Ejército, con una remuneración mensual de $1.135.326 (ver aquí). En 2011 aparece en otra nómina de honorarios, esta vez del Instituto Geográfico Militar, con una remuneración mensual de $1.582.653 (ver aquí).Ese mismo año, Sudy figura en una nueva planilla de contrataciones a honorarios del Centro Clínico Militar Coihaique del Ejército, con una remuneración mensual de poco más de $2 millones. Su nombre se repite en la nómina de remuneraciones de esa misma unidad de salud del Ejército hasta diciembre de 2016, con honorarios por $1,1 millón (ver aquí).

CIPER le preguntó al doctor sobre sus remuneraciones en el Centro Clínico Militar de Coihaique: “No trabajo en el hospital del Ejército. Yo atiendo pacientes del Ejército y les doy la boleta a ellos cuando los puedo ver en mi consulta privada”, señaló. Insistió en que no había ninguna irregularidad para el ejercicio de su profesión: “No estoy contratado en ese lugar. La gente que está con invalidez segunda, para que tú sepas, no puede ser contratada por el mismo empleador que le dio de baja. Por eso, yo no trabajo con el servicio público”.

Consultado sobre el origen de la inhabilidad de segunda clase que lo afecta, Sudy no quiso especificarla, limitándose a señalar: “es absolutamente legítima”.

“MEGA PENSIÓN”

El general auditor de Carabineros Ismael Verdugo Bravo, pasó a retiro en diciembre de 2012. El abogado se jubiló con una invalidez de segunda clase y actualmente recibe casi $7 millones ($6.976.552) mensuales. Como ex profesor de la Escuela de Carabineros percibe además una segunda pensión de $938 mil. Verdugo fue también integrante de la Corte Marcial donde fue autor de polémicos votos en 2009.

Tras su salida de la institución, Verdugo se enroló en el estudio jurídico Hinzpeter y Compañía, en el que estuvo hasta hace un par de semanas, además de ejercer como profesor de Derecho Civil en tres universidades.

CIPER conversó por teléfono con el general (r) Ismael Verdugo quien señaló que su invalidez se debió a un trasplante de corazón al que se sometió poco antes de pasar a retiro en 2012.

-La invalidez de segunda clase de acuerdo a la definición legal, lo deja a usted en inferioridad fisiológica para desempeñarse, por lo tanto, a mi la norma no me prohíbe ejercer como abogado. Efectivamente yo trabajo como puedo, pero no soy un abogado de ejercicio masivo. Usted comprenderá que no por el hecho de haber jubilado por esa causal me tengo que quedar encerrado en mi casa. También hago clases. Claro que se trata de un par de ramos. Tengo una experiencia bastante larga y la trato de transmitir a mis estudiantes -señaló.

HISTORIAL EN DERECHOS HUMANOS

En la nómina de oficiales que reciben pensión desde 2005, figuran al menos nueve ex funcionarios involucrados en investigaciones por violaciones de derechos humanos. Uno de ellos es el general Iván Andrusco Aspe, quien cobra una pensión de $3,2 millones.

Andrusco fue citado a declarar en la investigación del Caso Degollados (1985). Aunque no se comprobó su intervención directa en los asesinatos de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, la justicia constató que en las mismas fechas en que se produjo el triple homicidio, el entonces teniente de Inteligencia integró la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), organismo que ejecutó la operación que culminó con los tres profesionales degollados.

En 1998, Andrusco era jefe operativo de la Sección de Investigación Policiales (SIP) cuando cuatro funcionarios bajo su mando fueron acusados de haber causado la muerte por torturas al taxista Raúl Palma Salgado. En 2004, Andrusco fue ascendido a general y designado jefe de la Zona Policial del Bío Bío. En marzo de 2010, tras su retiro, fue nombrado director de Gendarmería por el recién asumido presidente Sebastián Piñera. Apenas 18 días después renunció argumentando que había recibido “presiones” y “amenazas de muerte” por su pasado en la Dicomcar.

El coronel Pedro Caballero Castillo percibe una pensión de $2,7 millones. En 1985 integró la Dicomcar, organismo que el ministro de la Corte Suprema, Milton Juica, calificó en su fallo como “asociación ilícita terrorista”. Caballero participó en el allanamiento a la Asociación Gremial de Educadores de Chile (Agech), que formó parte de la operación que terminó con el triple asesinato del Caso Degollados.

Sergio Saravia Henríquez también era parte de la Dicomcar. En 1985 era teniente y fue el conductor del vehículo en el que fueron trasladados cuatro profesores que habían sido secuestrados desde la Agech. Fue condenado a dos penas de 41 días de prisión como cómplice de esos secuestros. En 2002 se denunció que seguía activo como subprefecto del área oriente de Santiago a pesar de la sentencia, por lo que se vio obligado a dejar las filas. Saravia Henríquez se retiró como teniente coronel y tiene una pensión de $2,4 millones.

Los oficiales Pedro Ramírez Gálvez y Carlos Riederer Saldías formaban parte de la dotación del helicóptero policial que sobrevoló el Colegio Latinoamericano de Integración, cuando desde ese establecimiento fueron secuestrados dos de las víctimas del Caso Degollados: Manuel Guerrero y José Manuel Parada. Ramírez y Riederer se retiraron como coroneles y ambos reciben una pensión de $2,8 millones.

En la medianoche del 30 de junio de 1986, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) ingresó al domicilio del folclorista Benedicto “Piojo” Salinas y dio muerte a tiros a la esposa, cuñada y un hijo del artista: Margarita Martín Martínez, María Paz Martín Martínez e Isidoro Salinas Martín. El coronel Sergio Gajardo Giadach, quien ahora cobra una pensión de $2,7 millones, entonces era teniente e integraba la patrulla que irrumpió en la casa del folclorista.

En octubre de 1973, los hermanos Guido y Héctor Barría Bassay fueron secuestrados por una patrulla de Carabineros en la comuna de Río Negro, Región de Los Lagos. Ambos figuran en la nómina de detenidos desaparecidos. En el grupo policial estaba el entonces teniente José Hernán Godoy Barrientos. En 2003 el ministro Alejandro Solís lo sometió a proceso junto a otros cinco carabineros.

Godoy Barrientos alcanzó el grado de general y recibe una pensión de $3,3 millones. Se retiró en 2000, cuando ejercía como jefe de Zona precisamente en la región donde se produjo el secuestro de los hermanos Barría Bassay. En 2005 la Corte de Apelaciones de Santiago lo condenó a 10 años y un día, pero dos años después la Corte Suprema lo dejo libre por prescripción del delito. Fue el último caso en que se aplicó la prescripción en un juicio por violaciones de derechos humanos.

El peruano Percy Arana tenía 22 años y era cantante. En la madrugada del 31 de marzo de 1984 murió a tiros y golpes a manos de una patrulla policial que lo confundió con un militante subversivo. El mayor Alberto Medina Cárdenas fue procesado por la muerte del joven artista. Fue absuelto del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte por el Segundo Juzgado Militar de Santiago. Medina Cárdenas terminó su carrera como coronel y cobra una pensión de $2,7 millones.

El teniente Leandro Plaza Perellano prestaba servicio en la 13ª Comisaría de La Granja y el 11 de septiembre de 1983 lideraba la patrulla que dio muerte a Cristián Garrido Queulo (22 años), en la Población San Gregorio. En 2007 la Corte Suprema ratificó su condena a cinco años de presidio remitido. Plaza Perellano dejó el servicio como capitán y solo cuatro meses después de la condena que lo obligó a abandonar las filas comenzó a recibir su pensión, la que hoy alcanza a  $1,9 millón mensual.

LAS PENSIONES DEL ALTO MANDO

En la nómina de oficiales pensionados que Dipreca hizo llegar a CIPER, figuran 93 generales que han jubilado desde 2005 en adelante. $317 millones mensuales se pagan en pensiones a este grupo, lo que significa un desembolso anual superior a $3.800 millones.

La pensión más alta es la que recibe el ya mencionado ex auditor Ismael Verdugo Bravo ($6,9 millones mensuales). Le siguen dos ex generales con montos por sobre los $4 millones: Luis Ortiz Pietrantoni (ex director de Planificación y Desarrollo, $4,2 millones) y Jorge Cornejo Sangueza (ex jefe del Servicio de Sanidad, $4 millones).

En el rango de $3,5 millones a $4 millones, se ubican siete oficiales, incluyendo tres ex generales directores: Gustavo González Jure ($3,7 millones), Eduardo Gordon Valcarcel (3,6 millones) y Alberto Cienfuegos Becerra ($3,5 millones).

El grueso de los generales (81) cobra pensiones que van entre $3 millones a $3,5 millones. Y en la nómina solo figura un oficial que cobra menos de $3 millones: Miguel Puentes Lacamara (ex director de Sanidad, $2,7 millones).

Entre los generales pensionados hay varios que si bien no se vieron enfrentados a procesos sancionatorios, si estuvieron involucrados en episodios irregulares antes de pasar a retiro. Uno de ellos es el ex general director Eduardo Gordon, quien dejó las filas en 2011 después de que CIPER reveló que a su hijo le cambiaron un parte para protegerlo tras protagonizar un accidente de tránsito (vea ese reportaje). El propio Gordon responsabilizó por el cambio del parte al entonces general Aquiles Blu Rodríguez, quien a fines de ese mismo año también abandonó el servicio activo y ahora cobra una pensión de $3,5 millones. En 2009 Blu firmó un contrato para proveer equipos biométricos con la empresa italiana Elsag Datamat, representada por los hijos del ex general director Fernando Cordero Rusque (vea reportaje de CIPER «Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros«).

A fines de 2012 pasó a retiro el general Gerardo González Theodor, después de una serie de reportajes de CIPER sobre irregularidades en las compras del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Esa unidad estaba bajo el mando de González Theodor, quien entonces ejercía como director de Planificación y Desarrollo. En esa condición cerró acuerdos de palabra con Mellafe y Salas para equipar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros y supervisó telefónicamente los contratos que el TIC cerró con un empresario muy cercano a él: Héctor Alegría Melo, quien había sido acusado de giro doloso y tenía un largo historial de causas judiciales (vea los reportajes de CIPER “Carabineros: compras con sobreprecio golpean al general director” y “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).

Con posterioridad a su retiro, González Theodor ha trabajado en emprendimientos de Alegría Melo. El general González dejó el servicio con un desahucio de $82 millones y cobra una pensión de $3,5 millones mensuales.

En el periodo en que se produjeron las compras irregulares en el TIC, estuvieron al mando de la Dirección de Logística el ya mencionado general Aquiles Blu y, posteriormente, el general Eduardo Muñoz Poblete. Este último se retiró a fines de 2011, cuando la Contraloría le había abierto un juicio de cuentas por una rebaja de $3 millones en una multa a un proveedor y por la compra de 60 LCD, avaluados en $51 millones, para el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, pero que nunca fueron utilizados.

Poco antes de dejar el servicio, Muñoz Poblete firmó una compra que implicó un desembolso de US$3,5 millones: 29 carros blindados que presentaban fallas de seguridad. Los documentos que acreditaron la recepción conforme de los vehículos, a pesar de que existía un informe que alertaba sobre las fallas, fueron firmados por los generales Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer.

Actualmente, los generales Muñoz Poblete, Carrasco Hellwig y Rojas Langer, cobran pensiones  de $3,5 millones mensuales.