Campamento de Prisioneros «Las Bandurrias»

Entre los principales centros de detención de la XI Región estaba el Campamento de Prisioneros Las Bandurrias, (actual Regimiento Bulnes), a cargo del Ejército. Este recinto militar ha sido señalado en los testimonios de presos políticos de la región , como un centro de interrogatorios y torturas, además de ser el principal lugar de reclusión de la zona.

El Campamento de Prisioneros Las Bandurrias estaba ubicado a 15 kilómetros hacia el nordeste de la ciudad de Coyhaique y funcionó entre septiembre de 1973 y el año 1974. Era un campo de adiestramiento ecuestre del Ejército, dependiente del Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén. Inicialmente el Campamento de Prisioneros Las Bandurrias era un recinto esporádico de interrogatorios y torturas, pero rápidamente se convirtió en un campo de prisioneros en el que permanecieron exclusivamente hombres como prisioneros políticos y nunca se permitió la inspección de la Cruz Roja Internacional (CRI). Una vez allí, durante seis meses los presos politicos se vieron privados de visitas de familiares, y sólo a los dos meses de haber sido conducidos a este recinto se les entregaron sus encomiendas. La  gran parte de los prisioneros políticos llegaban hasta aquí luego de haber pasado por recintos de Carabineros, Regimiento Aysén y la Cárcel de Coyhaique.

Luego de unos meses de permanencia, varios presos políticos fueron regresados al recinto carcelario para ser sometidos a consejos de guerra. Los presos políticos  eran obligados a realizar trabajos forzados, como construir canales y pozos de mucha profundidad, descargar camiones, limpiar caballerizas, lavar caballos, entre otros. Los presos políticos sufrieron golpes, amenazas y tortura psicológica; fueron obligados a correr desnudos con bajas temperaturas y generalmente durante la madrugada. Algunos fueron llevados también desde aquí al Regimiento Aysén para ser interrogados y torturados.

El 27 de octubre de 1973 fueron entregados por Gendarmería Argentina a Militares Chilenos, en la localidad fronteriza de Río Mayo, Néstor Hernán Castillo Sepúlveda, de 23 años, Secretario Regional de las Juventudes Comunistas; José Rosendo Pérez Ríos, de 24 años, empleado, militante del MAPU; y Juan Vera Oyarzún, de 53 años, obrero, Secretario Regional del Partido Comunista, dirigente sindical y ex regidor de Punta Arenas.

El 20 de septiembre un grupo de cuatro personas, entre las que se encontraba Juan Vera, había cruzado la frontera para pedir asilo político en Argentina. Dos días después fueron entregados a Gendarmería Argentina por el propietario de una estancia del sector, llevados a Aldea Veleiros y posteriormente a Río Mayo. En esta localidad quedaron bajo la custodia del Escuadrón Nº38 de Gendarmería. Por otra parte, el 28 de septiembre eran detenidos en una pensión de Río mayo, José Rosendo Pérez y Néstor Castillo, quienes también habían llegado desde Chile días antes. Junto a Juan Vera se les encomendó realizar trabajos en la Municipalidad de Río Mayo, mientras permanecían detenidos.

Esto duró hasta el 27 de octubre, cuando son entregados a un comando militar integrado por el capitán de Ejército Joaquín Molina, un carabinero de apellido Salinas, el suboficial Evaldo Reidlich Hains y el doctor José María Fuentealba Suazo, quienes se movilizaban en una ambulancia del Hospital Regional de Coyhaique.

Según el diario La Época del 2 de noviembre de 1988, los militares "les comunicaron que sus familias los esperaban en la frontera. Ya en el territorio chileno, la patrulla militar obligó al grupo a subir a una camioneta y emprendió el retorno hacia el campo de prisioneros Las Bandurrias. Horas después el vehículo llegó al recinto militar. Sólo viajaban en su interior los uniformados y el médico. Los tres detenidos nunca aparecieron hasta el día de hoy".

La justicia sometió a proceso al doctor Fuentealba Suazo y al suboficial en retiro Evaldo Reidlich, mientras continúa las diligencias para identificar al otro integrante de la patrulla y se realizan inspecciones en la Reserva Forestal Coyhaique del Cementerio El Claro, lugar donde habrían sido ejecutados y hechos desaparecer los tres ciudadanos chilenos. Joaquín Molina Fuenzalida, el capitán que comandó al grupo, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo del jefe de la DINA.

Criminales y Cómplices: 

Teniente Joaquín Molina Fuenzalida (Regimiento de Coyhaique, a cargo del Campo de Prisioneros Las Bandurrias); José María Fuentealba Suazo (Capitán de Sanidad); Ewaldo Redlich Heinz (suboficial del Ejercito);  un carabinero de apellido Salinas.

Fuentes de Informacion Consultadas: Informe Rettig; Informe Valech; CODEPU; Memoriaviva

Vicaria de la Solidaridad

El 28 de marzo el juez Luis Daniel Sepúlveda Coronado, titular del Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique, dictó autos de procesamiento en contra de José María Fuentealba Suazo, médico, oficial de Sanidad ® del Ejército y de Ewaldo Redlich Heinz, suboficial ® del Ejército, como autores del delito de secuestro permanente cometidos en las personas de Juan Vera Oyarzún, José Rosendo Pérez Ríos y Néstor Hernán Castillo Sepúlveda.

Los tres afectados, militantes comunistas los dos primeros y militante del MAPU el tercero, reconocidos dirigentes sindicales y políticos de Coyhaique, en atención a que eran buscados intensamente luego del golpe militar, abandonaron la región el 20 de septiembre de 1973 y se trasladaron a Argentina en donde solicitaron asilo político.

La Gendarmería argentina, a la espera de resolver su situación, en calidad de detenidos, los trasladó junto con otros chilenos que habían realizado igual petición, hasta la localidad de Río Mayo. En este lugar, el día 27 de octubre, los funcionarios policiales argentinos lo entregaron a una patrulla comandada por el entonces teniente de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida (posteriormente muerto por el hijo del general ® Manuel Contreras), e integrada por el capitán de Sanidad José María Fuentealba, el suboficial Readlich y un carabinero de apellido Salinas. Los aprehensores señalaron que los tres detenidos serían trasladados al Campo de Prisioneros "Las Bandurrias" en Coyhaique, pero nunca llegaron a este lugar, permaneciendo todavía desaparecidos. El doctor Fuentealba, quien tiene residencia en Arica actualmente, fue detenido en esta última ciudad y trasladado hasta Coyhaique, en donde permanece en prisión preventiva.

Para algunos es considerado el fin de una larga espera, para otros, el inicio de un doloroso y lento proceso de sanación. Lo cierto es que para nadie serán indiferentes los más de 35 mil testimonios de chilenos y chilenas torturados durante el gobierno del general (r) Augusto Pinochet.

El informe, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llega a su fin hoy, cuando a eso de las 11:00 horas sea entregado oficialmente al Presidente de la República, Ricardo Lagos.

El texto compuesto por ocho capítulos divide en tres períodos la práctica de la tortura a finales del siglo XX en Chile. El primero se concentra en 1973, luego explica el funcionamiento de la DINA entre 1974-78, para terminar con el ejercicio de la CNI hasta 1990.

Si bien el informe no entrega los nombres de los afectados, ni de los implicados, sí especificará la edad, el tipo de trabajo que realizaban, la organización a la que pertenecían y los lugares de detención. Asimismo, los recintos utilizados para la represión y tortura estarán detallados ampliamente en un mapa y en una lista con la descripción exhaustiva de sus características.

El contenido del texto, que se hará público sólo a fines de noviembre o la primera quincena de diciembre, entrega un relato histórico exhaustivo de lo que pasó en Chile tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había soslayado hasta hoy, luego de que el Estado buscara vías de reparación para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, incluso para los exonerados políticos.

El punto que más inquieta es la constatación, a través de los testimonios, de que la tortura fue una forma institucional de operar durante el gobierno militar en todo el país, una política sistemática del Estado y de las ramas armadas, y no fueron actos de individuos que se apartaron de los mandos.

La Comisión es integrada por: monseñor Sergio Valech, María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela. Se creó en noviembre de 2003 y recogió testimonios desde Arica a Punta Arenas, en 42 gobernaciones y 110 localidades para establecer quiénes sufrieron privación de libertad y tortura en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.

 Detalles que dan escalofríos

Si bien el contenido final del informe se ha querido mantener en el más absoluto secreto y sólo el Presidente Lagos recibirá el original, el cual no tendrá copias, parte medular de éste ya se ha filtrado a la prensa.

De esta manera, días atrás uno de los integrantes de esta Comisión se adelantó al afirmar que "se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y aunque no va a haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra a todas las instituciones castrenses y no a casos aislados como se han mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos".

De esta manera, la Comisión estableció un mapa de los centros de detención y tortura a lo largo del país, en los que figuran regimientos, unidades militares, comisarías, centros de detención clandestinos, campos de prisioneros y barcos.

La redacción es detallada. Explica y menciona cada lugar de tortura, región por región, y ciudad por ciudad. Relata los tipos de tormentos aplicados. Y se extiende acerca de los efectos que la tortura dejó en las víctimas, en sus familias y en la sociedad chilena.

En ese sentido, el informe expondrá que en los primeros meses después del golpe militar los métodos de tortura más comunes eran las golpizas, amenazas (fusilamientos simulados), detenciones prolongadas con los ojos vendados o con la cabeza dentro de una capucha, aplicación de corriente eléctrica, quemaduras con cigarros, sopletes o ácidos, extracción de uñas, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, abusos sexuales, inmersión en agua, aceite o petróleo, detención en calabozos insalubres y rompimiento de tímpanos por golpes en los oídos.

Se dice que otra de las aristas del informe afectará principalmente a la Armada. Esto porque, de todas las ramas uniformadas es la que, hasta ahora, ha sido menos imputada por delitos cometidos.

Según trascendidos, el informe determina los lugares en los que torturó la Armada en la Quinta Región. Entre estas se cuentan el Hospital Naval de Playa Ancha en Valparaíso; la antigua sede de la Escuela Naval en el Paseo 21 de Mayo en Playa Ancha, que luego se transformó en la base de la Escuela de Submarinos; la Academia de Guerra Naval en Playa Ancha; y la Base Aérea Naval de El Belloto; el buque escuela "Esmeralda", además de la Infantería de Marina en Las Salinas y el cuartel Silva Palma.

Respecto del Ejército, además de los ya conocidos centros clandestinos de la DINA en Santiago y alrededores, el informe incluirá, por regiones y ciudades, los nombres de todos los regimientos donde se mantuvo detenidos y se les torturó. Entre ellos, el regimiento Rancagua de Arica; el regimiento de Telecomunicaciones de Iquique; regimiento Arica de La Serena; regimiento Coraceros de Viña del Mar; regimiento Nº 2 Maipo de Playa Ancha en Valparaíso; regimiento de Infantería Nº 3 Yungay en San Felipe; Tejas Verdes en San Antonio; regimiento Tacna en Santiago; Escuela de Infantería en San Bernardo; Escuela de Artillería de Linares; regimiento Húsares de Angol; regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los Ángeles; regimiento Tucapel en Temuco; regimientos Cazadores y Maturana en Valdivia; regimiento Las Bandurrias en la XI Región; y regimientos de Infantería Motorizada Nº 10 Pudeto y Batallón Blindado Nº 5 de Punta Arenas.

El miércoles se realizó una breve ceremonia en el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional, en la cual la Directiva de la Agrupación de Ex Prisioneras y Prisioneros Políticos con residencia en Coyhaique, hizo entrega del resultado del Informe Valech efectuado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura a lo largo de todo el país. Este libro contiene el esclarecimiento de la verdad respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, marcando un hito en la historia contemporánea de nuestro país, informó Marcela Ramírez, Presidenta de la Agrupación en la Región. La dirigente agregó, que el texto reconoce esa verdad que por temor se ocultó y guardó durante tantos años en el alma de numerosos Chilenos que en esta Región alcanza a 200 personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura. Pero, por sobre todo, la información aquí contenida, establece después de 31 años del Golpe Militar que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos ejecutadas por órganos estatales ocurrieron en el cumplimiento de una Política Terrorista del Estado que produjo un considerable, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre las vidas de estos Chilenos.  Una de estas personas es Francisco Aguilar Barrientos, ex Preso Político quien al recibir el libro señaló que “es indudable que el Informe Valech nos trae muchos recuerdos malos, pero ahora se ha ido conociendo información que antes no se sabia, y a esta ceremonia hemos sido convocados personas que no nos conocíamos, pero que sí tenemos en común el sufrimiento personal y el de nuestras familias. Esperamos que el paso del tiempo borre esta tristeza que nos dejó no solo a los torturados, sino también a la gente que murió. Esperamos que en el futuro jamás vuelva a ocurrir esto en nuestra patria”. En el significativo acto participó el Padre Bruno Predonzani, quien como miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la Región, explicó a los asistentes el sentido de la ceremonia y recalcó que esta entrega del libro es un paso más de una marcha que todavía no termina, porque en materia de derechos humanos los chilenos tenemos mucho por hacer. No podemos evadir los recuerdos dolorosos que a los afectados les traerá la lectura de este libro, pero sí tenemos que seguir adelante para asegurarnos de que en el futuro todos los seres humanos seamos siempre tratados como personas”. El silencio que embargaba el Salón Padre Antonio Ronchi del Gobierno Regional fue roto por los aplausos de los presentes que estaban ahí para acompañar ese día a cada una de las víctimas de la Dictadura militar que recibieron el Informe. Entre ellos se encontraba Noel Neira, quien manifestó que “recibir este informe me trajo a la memoria recuerdos de grandes amigos con quienes compartimos un camino de muchos sueños y que fue frustrado. Muchos de ellos ya no se encuentran. Siempre cuando nosotros estuvimos detenidos en el Campo de Concentración de las Bandurrias teníamos la esperanza de que algún día se iba a saber la verdad y creo que este es el comienzo de una verdad que todavía no termina. Este libro va a servir para que la juventud pueda conocer lo que sucedió en este País, porque el país que reniega su historia vuelve a cometer los mismos errores, concluyó Neira”. Finalmente, Marcela Ramírez señaló como cierto que la publicación de este libro marca un paso importante hacia una verdadera reparación, pero recalcó que aún quedan muchos pasos pendientes que dar para sentirnos de alguna forma verdaderamente “reparados” como personas. Uno de ellos es que la valiosa información que ha servido de base para la elaboración de este informe, tales como centros de detención y responsables en las violaciones a los derechos humanos, debieran servir también como un importante insumo al Poder Judicial, a objeto de avanzar con mayor celeridad en determinados procesos judiciales. De esta forma, resulta esencial que esta información no permanezca “guardada” durante los próximos 50 años. Otro paso importante para avanzar en estas materias es la necesidad de mejorar con creces la Ley 19.992 que otorga beneficios a las víctimas reconocidas en el Informe Valech. Aspectos como el criterio de heredabilidad de los beneficios no ha sido considerado, criterio tremendamente importante cuando se reconoce que las sistemáticas violaciones a los derechos humanos repercutieron directamente sobre el núcleo familiar, a través por ejemplo de disponer de beneficios en el ámbito de la Educación hasta la tercera generación; aspecto que si ha sido recogido en materia de salud, a través del programa de reparación y atención integral en salud; PRAIS; así como también, heredabilidad en lo que refiere a la entrega de pensiones.  Por todo esto creo fervientemente que tenemos mucho por decir y hacer, es parte de nuestra responsabilidad enriquecer la verdad de nuestra historia y mejorar con creces nuestro escenario actual. Para ello, es de vital importancia generar una organización fuerte que sea capaz de luchar en recomponer nuestro presente, para así proyectarnos en paz hacia el futuro con dignidad y justicia, manifestó la dirigente.

La XI Región, que a la fecha del golpe la constituía la provincia de Aysén, tenía como autoridad máxima al Jefe de Zona en Estado de Sitio con asiento en Punta Arenas, cargo que ejercía el General de Ejército Manuel Torres de la Cruz, que era conocido con anterioridad al golpe militar por haber ordenado el allanamiento a la empresa del Área Social "Lanera Austral". En esa oportunidad se dio como explicación la supuesta existencia de armas, dando inicio así a los primeros actos "preparatorios" de lo que sería el 11 de septiembre de 1973. También se estrenaba la fundamentación de carácter político de acusaciones en virtud de la reciente Ley de Control de Armas, dictada a fines del año 1972.

A pesar de ser Puerto Aysén la ciudad más importante, poco se conoce de violaciones a los derechos humanos en ella. Sin embargo, en la zona de Coyhaique sí se registraron casos importantes, algunos de los cuales fueron ampliamente difundidos. La Jefatura de Plaza en esta ciudad estaba bajo el mando del Comandante del Regimiento N° 14, Coronel Humberto Gordon Rubio, quien fuera posteriormente, Director de la Central Nacional de Informaciones y finalmente miembro de la Junta de Gobierno en representación del Ejército.

A pesar de la escasa información que se tiene, se pudo establecer la existencia de un Campo de Prisioneros habilitado por el Ejército en la localidad de Las Bandurrias (hoy Regimiento Bulnes). En este centro de reclusión e interrogatorio se hizo también famoso el entonces Capitán de Ejército Joaquín Molina Fuenzalida, que pasó también posteriormente a formar las filas de la CNI y resultara muerto a fines de 1988 en un incidente con Manuel Contreras Valdebenito, hijo del ex-Director de la DINA del mismo nombre (en una fiesta en la casa del oficial de la CNI, Manuel Contreras se peleó con el dueño de casa y disparó sobre él).

La persecución a dirigentes políticos del depuesto gobierno de la Unidad Popular en la zona que encabezó el Capitán Molina, lo llevó en más de una oportunidad a cruzar la frontera con Argentina, país al que huían buscando refugio los perseguidos.

 Casos de Detenidos Desaparecidos

Producto de las acciones de este grupo que funcionaba en Las Bandurrias, se registran algunos casos de detenidos desaparecidos, cuyos antecedentes se han podido conocer. Sin embargo, se sabe de la existencia de otros cuyas circunstancias aún no se han establecido completamente.

Entre los casos más conocidos se encuentran: – Castillo, Nelson: Secretario Regional del Partido Comunista. – Pérez Ríos, José Rosendo: militante del MAPU. – Vera Oyarzún, Juan: Dirigente del Partido Comunista en Aysén, Presidente de la CUT en Coyhaique, 53 años a la fecha de su detención.

A raíz del golpe militar, los tres afectados huyeron en septiembre de 1973, cruzando la frontera hacia Argentina, ubicándose en la localidad de Río Mayo, donde solicitaron asilo político. En esta misma situación se encontraban también otros chilenos. Los tres trabajaban en la Municipalidad de Río Mayo, a la espera de una resolución por parte del Gobierno argentino respecto de su calidad de refugiados.

El 27 de octubre, fueron sacados del Casino de Suboficiales de Gendarmería por una patrulla militar chilena formada por el ya mencionado Molina, acompañado por el suboficial Evaldo Reedlich y un médico de Coyhaique. Bajo engaño, fueron convencidos de trasladarse junto a ellos hacia la frontera, donde supuestamente los esperaban sus familias. Ya en territorio chileno, se dirigieron hacia Las Bandurrias. Sin embargo, a este recinto llegaron solamente los integrantes de la patrulla, sin los detenidos.

Esta situación fue ampliamente publicitada por la prensa argentina, movilizando incluso a miembros del Parlamento y organismos de derechos humanos.

Según versiones que han llegado a las familias, habrían sido ultimados en territorio chileno, antes de llegar al recinto militar, sin embargo, sus cuerpos no fueron habidos ni se supo más de su paradero.

 Algunos Casos de Muertos Registrados en la XI Region

En la XI Región se registran tres casos de muertes, todas informadas por la prensa. Ellos son:

– ALVARADO VARGAS, SERGIO OSVALDO. – CÁRCAMO RODRÍGUEZ, JULIO.

Muertos el 2 de octubre de 1973 en Puerto Aysén por efectivos de una patrulla militar al intentar atacar a los militares luego de haber sido sorprendidos robando, según información publicada en la prensa de acuerdo a versiones entregadas por el General Manuel Torres de la Cruz, Jefe de Zona en Estado de Sitio.

 Caso de Muerte por Consejo de Guerra

VILUGRON REYES, JORGE ORLANDO: 27 años a la fecha de su muerte, fue fusilado el 8 de octubre de 1973 en Puerto Cisne, en cumplimiento de sentencia dictada por un Consejo de Guerra. Esta información fue dada a conocer por la prensa, según versión oficial de la Oficina de Prensa del Gobierno Provincial. El afectado fue acusado de "activo extremista".

 Relegaciones

La Undécima Región por las características que presenta: alejada del centro del país, difícil acceso y escasa población, destacó como una de las zonas frecuentemente utilizados por el Gobierno Militar como centro de relegaciones a partir de 1983. Ese implanta el Estado de Sitio como consecuencia de las jornadas de protesta en contra del Régimen Militar registradas en todo el país.

Las principales localidades utilizadas fueron Balmaceda, Chile Chico, Cochrane, Lago Verde, Manihuales, Melinka, Puerto Tranquilo, Puerto Aysén, Puerto Cisne y Puerto Ibáñez.

 Presos Politicos

En la XI Región se registra solamente un preso político, el que se encuentra recluido en la Cárcel de Coyhaique. Se trata de Hermenegildo Gallardo Cordero, condenado a 12 años de presidio por la Fiscalía Militar de Valdivia en la causa 255-81, por infracción a la Ley de Control de Armas.

Coyhaique-. En el contexto de las actividades para recordar y pedir verdad y justicia para las víctimas de la represión de la Dictadura Militar, distintas agrupaciones de Derechos Humanos, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, y organizaciones sociales, desarrollaron una actividad para visibilizar la práctica de apremios ilegítimos, tortura, asesinatos y desaparición de personas en Aysén.

Siluetas de Detenidos Desaparecidos y Victimas recorrieron el centro de Coyhaique, para culminar con la instalación de un cartel con la leyenda “Cuartel de Policía de Investigaciones, Lugar de Detención y Tortura”, fue instalado en el inmueble de la PDI donde operaron organismo de represión durante los años 1973 y 1990.

El Cuartel de Investigaciones de Coyhaique, ubicado en Baquedano con Condell, es consignado por el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura como uno de los doce recintos respecto de los cuales se recibió un número significativo de testimonios de violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura en la Región de Aysén.

Este recinto funcionó, a partir de 1973 y hasta la década de los ochenta, como Centro de detención por el que pasaron numerosas personas de la región para ser interrogadas y/o en tránsito hacia otros lugares de detención como la Cárcel de Coyhaique, Regimiento N°14 Aysén y Campo de Prisioneros Políticos de las Bandurrias.

Si bien en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura de la Comisión Valech, en su recopilación se identificaron 22 recintos de detención en Aysén, son 12 los recintos respecto de los cuales se recibió un número significativo de testimonios: Campamento de Prisioneros de Las Bandurrias, Cárcel de Aysén y de Coyhaique, casa habitación de la CNI en Obispo Michelato con Carrera, Comisarías de Carabineros de Chile Chico, Coyhaique, Puerto Aguirre y Puerto Aysén, Cuartel de Investigaciones de Coyhaique, Regimiento Reforzado N° 14, Aysén, Retén de Carabineros Raúl Marín Balmaceda, y Retén de Carabineros de Puerto Cisnes.

Durante los días posteriores al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la región de Aysén se convirtió en un foco de violencia. Como en todo el país, muchas familias fueron víctimas de atropellos a sus derechos humanos. El retorno de la democracia permitió buscar los canales para hacer justicia a estas víctimas. Pero no siempre ha sido así. Tres muertes ocurridas en la comisaría de Puerto Aysén lo demuestran. Se trata de los casos del exregidor Erwin Altamirano, asesinado el 12 de octubre de 1973; y el carpintero Julio Antonio Cárcamo y el obrero y boxeador Sergio Alvarado, fallecidos el 2 de octubre del mismo año.

Una investigación periodística de esos hechos permite ahora conocer algunos detalles inéditos que hablan, incluso, de una primigenia célula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), conformada por militares y un coronel de Carabineros de la zona, la cual estuvo al mando de las ejecuciones y crímenes cometidos ahí. Sin embargo, la investigación judicial dice lo contrario y culpa a Aquiles Vergara, padre de la conductora de televisión Ivette Vergara -y miembro del Ejército en la zona-, de todos los crímenes cometidos.

El magistrado a cargo de estos juicios, Luis Sepúlveda Coronado, reconoce las limitaciones de la investigación judicial y plantea que “muchas veces cometemos errores”. Pero agrega que esta investigación “ya está hecha”.

Como sea, los miembros de la DINA que comenzaron a trabajar conjuntamente en la zona habrían sido el coronel de Ejército, Humberto Gordon, quien en esos años estaba al mando de Aysén; el capitán de Ejército, Joaquín Molina, recordado en el lugar como “capitán veneno” y responsable de la comisaría y cárcel de Aysén y luego del regimiento Las Bandurrias; y el prefecto de Carabineros de Aysén, de apellido Ducasseuax.

¿Quién mató al exregidor Altamirano?

Erwin Altamirano Monje fue regidor de la zona de Puerto Cisnes y Puyuhuapi hasta el 11 de septiembre de 1973. Socialista de militancia, Altamirano fue detenido junto con diez personas de La Junta y Puerto Cisnes y trasladado hasta la comisaría de Puerto Aysén, donde permaneció detenido hasta el día de su muerte, el 12 de octubre de 1973.

El parte oficial señala que Altamirano estaba siendo trasladado al regimiento de Las Bandurrias en Coyhaique cuando solicitó detener la comitiva para ir al baño, intentando posteriormente escapar, razón por la cual se le aplicó Ley de Fuga y fue acribillado por una patrulla dirigida por el mayor de Carabineros, Sergio Ríos Letelier.

Sin embargo, el relato que ha sido recreado en las voces de sus protagonistas y familiares da cuenta de otra historia. Uno de ellos es el de Froilán Granadino, obrero militante del Partido Comunista (PC) y que fue detenido en Puerto Cisnes junto a Altamirano.
“Nos llevaron en barcaza hasta Puerto Chacabuco para luego enviarnos por tierra hasta Aysén. Cuando la barcaza llegó hasta el puerto nos esperaba una patrulla policial con algunos milicos”, rememora Granadino. “Ahí nos pusieron en filita y pasaba el teniente Rojas preguntando el nombre de cada uno. Yo lo conocí al tiro porque estuvo muchos años asignado a Puerto Cisnes y ahí nos conocíamos todos. Cuando llegó hasta Erwin, le pegó una patada que lo tiró al suelo y le dijo: ‘de esta no te salvas. De aquí no sales vivo’”.

La hermana del regidor, María Altamirano, recuerda algo similar respecto al teniente Rojas.

“A mi hermano lo mataron los pacos”, dice María. “Eso lo sé muy bien porque me lo dijeron varios detenidos. Además, era lógico creerlo porque siendo el presidente de la junta de vecinos denunció los abusos, malas prácticas e incluso los robos que cometían algunos pacos. Especialmente uno de apellido Rojas, quien luego fue transferido de Puerto Cisnes producto de la queja de mi hermano. Cuando Erwin fue detenido me enteré que Rojas estaba en Aysén, en la comisaría. Ahí supimos que se la cobraría”.

La denuncia a la que se refiere María Altamirano incluía algunos robos de especies de contrabando que llegaban a Puyuhuapi y que la patrulla comandada por el teniente de Carabineros, Miguel Ángel Rojas, se encargaba de fiscalizar permitiendo que prosiguiera su marcha sólo después de dejar una importante cantidad de especies en manos de los policías.

Juvenal Nieto, esposo de María, recuerda que cuando su cuñado estaba detenido en Puerto Cisnes la guardia de la tenencia recibió una llamada por radio. “Yo venía a preguntar por él y le llevaba algo de comida y frazadas cuando me dejaron en la guardia esperando y sonó la radio. Era Rojas, lo supe cuando lo saludó el carabinero de la guardia. Rojas preguntó por el ‘pez gordo’ y les dijo que lo cuidaran bien”, cuenta Juvenal.

Cecilia Altamirano, otra de las hermanas de Erwin, agrega que ellos siempre supieron que su hermano falleció en la comisaría, pues fue un doctor de apellido Zenteno, jefe en el Hospital de Aysén, quien le hizo la autopsia. Según Cecilia, él les contó que pudo ver a su hermano en la comisaría de Aysén ya fallecido y luego le dijo lo que realmente había sucedido. “Mi hermano murió producto de las torturas, botado en el calabozo”, dice Cecilia.

Luis Adasme, otro de los detenidos de Puerto Cisnes, recuerda que cuando llegó a la comisaría el teniente Rojas se portó bien con él, pues lo reconoció. “Pero con Altamirano y otros dos, Alvarado y Cárcamo, no. Los maltrataba mucho”, señala Adasme.
El magistrado Luis Sepúlveda Coronado ha planteado en su investigación que Aquiles Vergara dio la orden de traslado y fusilamiento por Ley de Fuga de Altamirano. Pero testigos y familiares del exregidor rebaten aquello y señalan que no fue trasladado vivo, que ya estaba muerto.

De hecho, Vergara había pedido la baja meses antes al propio Gordon, quien amenazó con someterlo a un consejo de guerra por incumplimiento de deberes al solicitar dejar la guardia para ir en atención de su mujer, quien se encontraba enferma. Debido a lo anterior, su superior, el comandante Gastón Frez, lo asignó en labores de vigilancia en la comisaría de Aysén para salvarlo de esa situación, tal como consta en el expediente del caso donde además se señala que había sido forzado a seguir en la institución, razón por la cual no se encontraba en condiciones de ejercer una jefatura de confianza.

Luis Adasme, el único de los detenidos de Puerto Cisnes cercano al teniente Rojas, y el único que reconoce directamente a Vergara, confiesa que él supo que “estaba ese señor Vergara, porque me dijo Miguel Ángel (Rojas) que él estaba a cargo en Coyhaique y que estaba pidiendo que me llevaran para allá, pero que él (Rojas) me estaba defendiendo para no llevarme”.

Granadino, el obrero del PC que fue detenido junto a Altamirano, asegura que los que “mataron a Erwin fueron el teniente Rojas y otros pacos. Él estaba a la cabeza en esos días y tenía 15 milicos rasos. Pero él daba las órdenes. No había ningún milico dando órdenes. El que mandaba era un juez de guerra, un coronel de nombre Ducasseaux. Porque según ellos, estaban en guerra”.

Otra testigo de esos hechos, Yolanda Silva, entrega más detalles: “En esa época yo trabajaba recibiendo unos carabineros en mi casa, como pensión. Y además le lavaba la ropa a varios de ellos. Por eso pude saber qué pasaba con Erwin, porque era mi amigo igual que toda su familia. Ellos me contaron que lo habían matado, fue un paco de apellido Retamal. Incluso, una vez le mostré al carabinero a María Altamirano, porque nos lo cruzamos en la calle con él y le dije, ´ahí va el asesino de tu hermano´”.

En su declaración jurada, el comandante Sergio Ríos Letelier, actualmente fallecido, dijo que cuando le fue comunicada la detención de Altamirano, “ordené su traslado a la segunda comisaría de Puerto Aysén en calidad de prisionero, dando cuenta de inmediato a mi superior jerárquico -Ducasseaux- quien ordenó que se constituyera una corte marcial para juzgarlo”.

Lo anterior se repite en el testimonio de Granadino: “Cuando nos detuvieron nos hicieron pasar por una corte marcial que estaba a cargo de este Ducasseaux y él decidía quién se quedaba y quién se iba libre o pasaba al patio de los callados. Yo pasé por ahí y estaban Rojas, Ríos y Ducasseaux. Dejaron libres a algunos detenidos, pero a mí me mantuvieron en la comisaría”.

Cabe destacar que en las declaraciones que el Mayor Ríos realizó para la investigación de este caso, también señaló que además de obedecer órdenes de Ducasseaux, en los días posteriores al golpe lo hizo también del coronel de Ejército, Humberto Gordon.

Los testimonios recopilados hablan de la muerte de Altamirano en manos de carabineros, a través de una corte marcial dirigida también por un carabinero, al cual se le ha sindicado como miembro de la DINA. ¿Por qué, entonces, el magistrado Sepúlveda Coronado no investigó estos hechos y culpó a un capitán de Ejército degradado que nadie sitúa en el lugar, salvo algunos policías y militares procesados y condenados?

Consultado respecto de esta investigación, el juez Luis Sepúlveda Coronado señala que al no estar a disposición suya toda la evidencia ni testimonios, muchas veces “los magistrados buscan culpables y no aciertan en sus investigaciones por falta de elementos”. Sin embargo, reconoce que lo motiva un deseo de justicia y verdad: “Qué más quisiera yo que todo estuviera esclarecido. Pero no se puede. He hecho hasta lo imposible por buscar la verdad”.

Sobre el teniente Rojas, acusado por testigos de ser el autor material e intelectual de la muerte del regidor Altamirano, el magistrado señala que quiso “incluirlo en la nómina de culpables, pero la Corte de Apelaciones de Coyhaique decidió sacarlo del caso por falta de pruebas”.

El boxeador Alvarado y el carpintero Cárcamo

La causa por la muerte de Sergio Alvarado y Julio Cárcamo indica que ambos trabajadores se encontraban en evidente estado de ebriedad en un local de Puerto Aysén, cuando se toparon con un carabinero que le debía dinero a Cárcamo por un trabajo que éste hizo y no se le canceló. Entonces, lo increparon, lo trataron de ladrón y lo amenazaron.

El carabinero llegó a relatar los hechos a la comisaría señalando que lo habían amenazado de muerte, razón por la cual se les ordenó a los militares de la comisaría detener a Alvarado y Cárcamo en sus casas. Horas después la patrulla volvió con los detenidos. Fueron torturados, golpeados y posteriormente asesinados en dependencias de la comisaría.

Froilan Granadino estuvo detenido en un calabozo junto a la guardia de la comisaría y señala que Alvarado no murió baleado como se dice. “Cachorro Alvarado murió a golpes en la guardia, yo lo sé porque estaba en el calabozo de al lado y se escuchaba todo”, dice Granadino. “Le pegaron mucho rato. Cuando lo mataron a patadas y golpes, Rojas le dijo a los pacos que fueran a buscar la carretilla y el plástico para envolverlo. Así, de esa forma”.

También recuerda que escuchó de “Rojas decir que formaran el pelotón y un rato después le escuché decir ‘apunten bien’. A Cárcamo lo balearon en el patio ratito después. Se escucharon muchas ráfagas de armas y horas después supimos que era Cárcamo”.

Dicha información no fue considerada por el juez Sepúlveda Coronado al momento de dictar sentencia por ambas causas. El relato además es coincidente con la declaración del suboficial Mayor de Carabineros, José González Mejías, procesado y condenado por la muerte de Julio Cárcamo. Su testimonio fue sacado del expediente del caso de Alvarado, a pesar que ambos asesinatos ocurrieron en la misma noche y en el mismo lugar.

La suma de testimonios y relatos de los hechos dan cuenta que la comisaría de Puerto Aysén no estaba al mando de un capitán de Ejército. Es más, el comandante de Carabineros, Alberto Pradel Arce, tercero al mando en Puerto Aysén en los meses del golpe de Estado, señaló en su declaración que “la subrogación de Ríos, cuando estaba en servicio fuera de la comisaría, no pudo haberla tenido un capitán de Ejército, existiendo oficiales de Carabineros”.

Además, existe un documento de la Dirección General de Carabineros que da cuenta que la comisaria estaba con dotación completa en la fecha de las muertes y que el comisario subrogante era el capitán Fuentes Llagostera y el comisario accidental era el teniente Miguel Ángel Rojas.

Sin embargo, uno de los testigos citado en los fallos de ambos asesinatos, el suboficial de Ejército, Ricardo Albarrán, señala que el capitán de Ejército, Aquiles Vergara, estaba en la guardia ese día, al igual que el prefecto Ducasseaux, y que fue Vergara quien disparó en la cabeza de Alvarado. Este testimonio fue clave para el juez Sepúlveda Coronado, pese a que Albarrán dijo que producto de una meningitis tiene problemas de memoria y que el informe del Servicio Médico Legal (SML) no establece que haya herida de proyectil en el cráneo.

Los argumentos citados para que el magistrado señalara a Vergara como el capitán asesino son los escudriñados en la declaración de Albarrán y de dos militares de apellido González, quienes habrían recibido la orden de este capitán para detener a los asesinados y a quien, posteriormente, le fueron entregados con vida en la comisaría.

Al revisar la declaración de González Mancilla aparece un dato no menor. El militar señala que estuvo “en la comisaría de Aysén junto a ocho o diez soldados que obedecíamos órdenes de un capitán, un oficial que usaba una boina negra, lentes y tenía bigotes, era de apellido Molina junto a otros militares que eran paracaidistas o comandos”.

Dicha declaración González Mancilla la volvió a reafirmar dos años después, al ser nuevamente interrogado. Pero rectificó el apellido del “capitán boina negra” por el de Vergara. Sin embargo, Vergara no era boina negra, ni usaba lentes ni tenía bigotes, según consta en las fotografías de la época. Quien sí era boina negra, tenía lentes y usaba bigotes y ha sido señalado como el que daba órdenes no sólo en la comisaría, sino también en la cárcel de Aysén, es el capitán Joaquín Molina, miembro de la DINA y muerto años después a manos de Manuel Contreras Valdebenito, el Mamo.

En su primera declaración, además, los militares de apellido González no recuerdan el nombre del capitán y sólo lo hacen en la segunda declaración luego de que el secretario de la corte les mencionó el nombre de Vergara.

Joaquín Molina, en tanto, estuvo a cargo en los primeros días después del golpe de Estado de Aysén, tanto de la comisaría como de la cárcel, cargo que le entregó su superior directo, también DINA, Humberto Gordon. En el caso de la comisaría, esta función era compartida con el prefecto Ducasseaux.

Así lo recuerdan muchos detenidos. Uno de ellos, Zenón Navarrete, cuenta: “Era un asesino despiadado, nosotros lo llamábamos el capitán veneno porque llegaba a la cárcel dando órdenes, sacaban a los detenidos que él pedía y luego ellos llegaban destrozados. Les ponía corriente, los golpeaba, maltrataba, pisaba, humillaba, amenazaba a sus familias. Los colgaba y torturaba y luego los devolvía a los calabozos y ellos contaban todo. Le tenían miedo hasta los mismos milicos. Él decidía todo”.

En los primeros días de junio de este año, Sepúlveda citó a declarar a la hermana y cuñados de Altamirano para recabar nuevos antecedentes sobre la muerte del exregidor. De acuerdo al relato de los familiares, en la cita sucedieron situaciones muy desagradables, ya que el magistrado golpeó la mesa frente a María Altamirano critícándola por no saber que su hermano estuvo unos días libres antes de ser asesinado, algo que no coincide en absoluto con los datos entregados por la policía ni por los testigos presenciales.

“El señor me quiso intimidar, pero yo no me intimido. Fue irrespetuoso y además me retaba diciendo que cómo no sé lo que le pasó a mi hermano. Me sentí como delincuente”, explica María, quien redactó con ayuda de unos amigos un escrito que será presentado en la Corte Suprema para oficializar la queja contra el juez.

La defensa del capitán Vergara comenta que en un careo entre Granadino y el teniente Rojas, el juez Sepúlveda les dijo que él conocía a Rojas y a su hermano y que eran gente decente, no asesinos.

por Laura Landaeta