Comisaría de Carabineros N° 2, Puerto Montt

Según consta de los antecedentes recabados por la Comisión Valech este recinto funcionó entre septiembre de 1973 al año 1975. En los años posteriores, se registraron casos esporádicos. 

Este recinto esta estrechamente relacionado con la detencion y tortura de un centenar de presos politicos al if=gual que con la detencion y asesinato de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancumán Maldonado y Carlos Mansilla Coñuecar, ocurridos  el 18 de octubre de 1973

Este recinto tambien fur utilizado como lugar de tránsito en el que hombres y mujeres prisioneros eran recluidos antes de ser llevados al Cuartel de Investigaciones, la Cárcel Puerto Montt. o el Regimiento en Puerto Montt.

Permanecían en celdas sucias, hacinados, sin alimento ni agua. Varias mujeres denunciaron que fueron desnudadas y encerradas junto a los hombres.

Hay denuncias de que en la década de 1980 fueron interrogados por personal de la CNI al interior de la Segunda Comisaría Guillermo Gallardo. Denunciaron haber sufrido golpes, simulacro de fusilamiento, aplicación de electricidad, violación y vejación sexual y constantes amenazas.

Criminales y Complices

Mayor Caupolicán Horacio Arcos Albarracín; Capitan Miguel Onofre Vidal Vidal; Benjamín Villablanca Romero; Teniente Lautaro Contreras; Sargento 2° Isidoro Miguel Azócar Andrade; Sargento Juan Desiderio Soto Soto; Cabo 2° José Ricardo Hernández Díaz; Teniente Adolfo Navarro Palma, Sargento 2° Juan Barría Igor; Teniente Carlos Segundo Tapia Galleguillos; 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Poder Judicial; Memoriaviva

9) Benjamín Villablanca Romero, en declaración de fojas 402 a fojas 409, quien anexó que cumplía funciones en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, a cargo del Mayor Caupolicán Arcos Albarracín, correspondiéndole formar parte de los servicios ordinarios hasta días después del pronunciamiento militar, cuando es designado para integrar la dotación del recientemente creado servicio de inteligencia de carabineros SICAR, cuyo jefe era el suboficial mayor Juan Saldivia Maldonado, dependiendo de la Prefectura de Llanquihue, y tenía como misión investigar los diversos hechos políticos de esa época, logrando descubrir la organización de las Juventudes Comunistas de la región y sus integrantes;

Luego de seis meses es trasladado al Servicio de Inteligencia Regional (SIRE), unidad conformada por alrededor de 13 funcionarios, entre personal del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros y Policía de Investigaciones, al mando estaba el Capitán Eugenio Covarrubias y de subjefe el Teniente Lautaro Contreras, y como miembros a las personas de apellido Kappes y Yáñez (Ejercito), Sargento Segundo León y Lagos (FACH), y Claudio Olavarría, Veas, Obreque y Vargas (Carabineros), Díaz (Policía de Investigaciones). Como funciones del SIRE se encontraban las de continuar la investigación relativa a los comunistas, seguimiento de personas, realizando labores de interrogar y buscar detenidos en otros lugares de la región, éste servicio funcionada en el cuartel de la Policía de Investigaciones, donde tenían asignada una oficina en el primer piso, entrando a mano derecha y un calabozo en el sótano, con posterioridad se les asignó una casa de un piso de madera, de la FACH, en la población Antonio Varas, hacia el este de la Avenida Sargento Silva.

Detalla respecto a los detenidos, que en el mismo edificio de la intendencia funcionaba la Fiscalía Militar, a cargo del mayor de la jurídica de Carabineros Alberto Ebensperger Aburto, quien era la persona encargada de decidir el destino de los detenidos o si eran dejados en libertad o trasladados a la cárcel de Chin Chin. Indicó que los detenidos que permanecían para ser trasladados a esta cárcel eran interrogados por los funcionarios aprehensores, utilizando como el método más común amarrarlos e introducir agua por su nariz, a fin de que entregaran información, función para la que no existía ningún funcionario designado sino que la realizaba quien estuviera desocupado, generalmente conocían los hechos en los cuales los detenidos políticos estaban involucrados y sobre eso se les preguntaba, cuando faltaba algo por esclarecer.

Se les interrogaba con las manos atadas y se les tapaba la boca y echaba agua por la nariz con cualquier cosa como un jarro, no se les aplicaba electricidad con magnetos. Continuó señalando que el SIRE intervino la compañía de teléfonos, desconociendo de quien emanó la orden, pero que el General Leigh tenía conocimiento de esto.

Manifiesta que en el mes de octubre de 1973, mientras trabajaba en el SICAR, escuchó comentarios del Cabo de Carabineros ISIDORO AZOCAR, quien relataba haber participado como conductor del furgón en el que trasladaron a un grupo de jóvenes, los que fueron detenidos por Carabineros de la segunda comisaría de Puerto Montt y trasladados en este carro policial en horas de la noche hasta pasado el sector de ferrocarriles, camino a Pelluco, donde al parecer les habrían dado muerte, agrega que también se comentó que otros funcionarios involucrados eran Juan Desiderio Soto, apodado el “Soto Perra” actualmente fallecido.

Afirma recordar a un joven de apellido Mansilla, quien era boxeador y conocido en la región. Desconoce si esta patrulla estaba al mando de un oficial pero apunta que generalmente era un suboficial de carabineros quien estaba a cargo. Imagina que lo que sucedió con estos jóvenes fue por orden de los oficiales de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, específicamente por el Teniente Navarro ya que era precipitado y solía no medir las consecuencias de su actuar, por lo que se le conocía como “el loco Navarro”. Finaliza relatando otros episodios sucedidos en la zona de Puerto Montt.

En declaración de fojas 411 a fojas 411 vuelta, ratificó su declaración anterior y reitera que no tuvo participación en el episodio ocurrido camino a Pelluco, que tuvo por resultado la muerte de varios jóvenes.

Reiteró que en Octubre de 1973 se encontraba trabajando en el SICAR donde escuchó comentarios del cabo de carabineros Isidoro Azócar en el sentido de que él habría participado como conductor del furgón en que se habrían trasladado a un grupo de jóvenes que habían sido detenidos por Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Montt y trasladados en ese carro policial durante la noche hasta pasado el sector de la estación de ferrocarriles camino a Pelluco, donde al parecer les habrían dado muerte, comentándose también que otro funcionario involucrado era Juan Soto, apodado “El Soto perra” actualmente fallecido.

Repite que lo sucedido con estos jóvenes debió ser por orden de los oficiales dependientes de la segunda comisaría de carabineros de Puerto Montt, principalmente por el Teniente Navarro.

23) Juan Carlos Ojeda Barría, quien en declaración policial de fojas 615 a 616, conjetura que cumplió labores en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, afirmando que con posterioridad al 11 de Septiembre de 1973, permanecieron acuartelados por varios días, observando desde la oficina de partes el ingreso de personas detenidas, quienes eran dejadas en el patio interior de la unidad, lugar donde se les interrogaba y mediante gritos le consultaban sus antecedentes particulares, siendo también agredidos mediante punta y golpes de pies, bajo las órdenes del entonces capitán René Villarroel Sobarzo, más conocido como “Juan metralla”, quien se hacía acompañar por Isidoro Azócar Andrade, conductor del vehículo, Benjamín Villablanca y Arroyo Subiabre, desconociendo cual era el destino de las personas detenidas. Narra que era habitual que este equipo saliera de la comisaría a detener personas ya que siempre observó cuando salían y llegaban, repitiéndose en varias ocasiones el episodio antes señalado. Explaya que ninguno de los carabineros que se desempañaron en aquella época en la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt puede desconocer que al interior del patio de la unidad habían personas detenidas, las cuales fluctuaban entre sesenta a setenta personas aproximadamente, de las cuales se podían oír sus gritos y lamentos cuando eran interrogadas y golpeadas. Respecto a la muerte de seis personas en el sector camino a Pelluco señala que se enteró de los hechos por la prensa y la radio, sin escuchar ningún comentario al interior de la comisaría. En declaración de fojas 664 ratifica su narración, reiterando que luego del 11 de Septiembre de 1973 pudo ver cuando ingresaban personas civiles detenidas a la Segunda comisaría, quienes eran conducidas al patio interior de esa unidad, lugar donde los interrogaban, puntualizando que no todos los detenidos eran por razones políticas, también los había por infringir el toque de queda u otras faltas como ebriedad. El jefe de la comisaría era el mayor Caupolicán Arcos Albarracín, el capitán Vidal era el subcomisario de servicio; había llegado a la comisaría el teniente Villarroel, a quien conocían como “Juan metralla”, él estaba a cargo de los hombres que interrogaban y se hacía acompañar por Isidoro Azócar Andrade, conductor del vehículo, Benjamín Villablanca y Hernán Arroyo Subiabre, siendo habitual que este grupo saliera de la comisaría a detener personas.

«Estuve con un hombre que tiempo después fusilaron. Recuerdo que nos sacaban la cresta. Recuerdo una goterita que corría desde el techo que servía para juntar agua y tomar. Estuvimos unos cuarenta presos, todos jóvenes» (Hombre Sobreviviente).

«Un carabinero me contó que a la Segunda Comisaría llegaban detenidos y entre dos o tres Carabineros le empezaban a pegar, él les decía «¿Por qué les pegan?». No éramos los encargados de interrogar, de hecho no interrogaban solo golpeaban. Esta situación se repitió varias veces, el funcionario lo hizo presente y fue destinado al reparto de correspondencia». (Hombre Sobreviviente).

«Luego del Regimiento nos llevaron a la Segunda Comisaría de Carabineros de Guillermo Gallardo. Allí nos tuvieron dos días amarrados y torturados física y psicológicamente. Además nos dejaron incomunicados». (Hombre Sobreviviente).

Ministro Álvaro Mesa señala que los tres eran miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior de Puerto Montt, y les atribuye responsabilidad en los ilícitos perpetrados en 1973.

El ministro en visita extraordinaria en causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, dictó acusación en contra de tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (CAJSI) de Puerto Montt, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos, ilícitos perpetrados en la capital regional en 1973.

En la resolución, el ministro en visita atribuye responsabilidad, como autores de los delitos, al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien a la época de los hechos estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 "Sangra" de la ciudad de Puerto Montt; al oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt, y al detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

Además, se indica que “entre las numerosas personas que sufrieron detención y aplicación de tormentos, durante el curso de la investigación se logró individualizar a 19 víctimas, entre otros muchos otros hombres y mujeres de diversas condiciones sociales y niveles educacionales”.

En el documento también se consigna que durante la etapa de investigación de la causa, el ministro Mesa Latorre estableció una serie de hechos.

Entre éstos, que “luego de consumado por las Fuerzas Armadas el derrocamiento del Gobierno, la Junta de Gobierno extrapoló desde la estructura interna de aquellas, la instauración de los ‘Comandos de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior' (CAJSI), los que fueron emplazados en ciudades capitales de provincia y que estaban conformados por los comandantes de las distintas unidades de las Fuerzas Armadas y de Orden instaladas en la zona, los que fueron liderados por el oficial más antiguo de ellas, siendo esa persona la autoridad máxima que ocupaba el cargo de Jefe de Zona en Estado de Sitio”. 

Asimismo, se señala que inmediatamente después de asumir las Fuerzas Armadas el control de la Provincia de Llanquihue, Chiloé y Palena, la máxima autoridad militar correspondió al general de la Fuerza Aérea Sergio Hiram Rodolfo Leigh Guzmán (fallecido), quien expidió el bando N° 3, el fecha 11 de septiembre de 1973, en el cual “invitó” a diversas personas a presentarse en el Regimiento Sangra, advirtiendo que “de lo contrario se procederá en su contra”.

En la acusación el ministro Mesa recalca que “esto no fue sino el inicio de una actividad represiva, emprendida en contra de quienes en las provincias mencionadas desempeñaron cargos administrativos durante el gobierno depuesto, y en contra de quienes formaban o se sospechaba que habían formado parte de agrupaciones políticas afines a aquél o sustentaban ideas similares”.

También se añade que muchos de los informes de las víctimas mencionadas “han sido reforzados por los peritajes evacuados por el Servicio Médico Legal, conforme al Protocolo de Estambul".

“Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones” Alfredo Argel Marilican.

Cuando asumió el ex presidente Patricio Aylwin en el año 90, luego que un plebiscito anulara cualquier posibilidad de una continuidad de Pinochet en el poder, las ansias de justicia prevalecieron. Los acontecimientos ocurridos durante la dictadura, fueron el motor para comenzar a realizar una serie de indagaciones e investigaciones.

El objetivo era y es encontrar a los detenidos desaparecidos, y así dar alivio a las miles de familias chilenas que pedían de forma imperiosa, justicia para sus: hermanos, hijos, tíos, padres, hijas, hermanas, tías, madres.

Informe Rettig

Debido a esta necesidad, el 25 de abril del año 90´se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. A través del Decreto Supremo n° 355, se buscó contribuir al esclarecimiento de la verdad, sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

Este organismo estuvo liderado por el político Raúl Rettig, ex embajador de Allende en Brasil. Razón por la cual, tiempo después, fue conocida como Comisión e informe Rettig.

Sin embargo, al año siguiente de entregado el informe final de esta comisión, no se lograron dilucidar y enjuiciar a todos los responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura. Así, según Alfredo Argel, se transformó “en un lavadero de conciencia para los que esperaban un juicio”.

Las recientes tramitaciones

Estas afirmaciones se sustentan en recientes tramitaciones legales, donde en la ciudad de Puerto Montt se han realizado juicios contra los responsables de asesinatos. Como fue el caso de los deportistas del barrio Lintz, tras una discusión con agentes de la fuerza aérea.

Hace solo unas semanas, el ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de Puerto Montt, Álvaro Mesa Latorre, acusó a tres miembros del Comando de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior (Cajsi). Lo anterior, por su responsabilidad en los delitos de secuestro, detención ilegal y aplicación de tormentos. Ilícitos perpetrados en 1973.

Mesa atribuye como responsables al oficial de Ejército en retiro Eugenio Covarrubias Valenzuela. Este sujeto estaba a cargo de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento de Infantería N° 12 “Sangra”. Otro de los acusados fue el oficial de Carabineros en retiro Carlos Segundo Tapia Galleguillos, de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Puerto Montt. Se sumó a esta lista, el detective Roberto Javier Díaz Moya, del Departamento de Informaciones de la Prefectura de Puerto Montt de la Policía de Investigaciones.

El relato de una víctima

En este proceso investigativo, donde se señala a policías y componentes de las fuerzas armadas como autores de estas violaciones a los derechos humanos, se encuentra el testimonio de uno de los afectados por estas torturas.

Alfredo Argel Marilican, de 67 años -nacido y criado en Puerto Varas- ejercía en esa época, como auxiliar de la empresa de buses Varmontt, participando en los viajes de Puerto Montt hacia la ciudad de Osorno. Fue allí donde se transformó en dirigente sindical de trabajadores de esta empresa.

“Llegado el golpe militar me detuvieron y en algún momento me dijeron que se iban a desquitar con mi hermano mayor. Él estaba preso por otras razones. Delitos menores. El tema es que, por mi participación de estas actividades sindicales, además que otros hermanos míos también participaban de estas acciones sociales, me arrestaron”, declaró Argel

“Estuve detenido en el edificio de la ex PDI, que está ubicado en frente del mall costanera. No llegué a la cárcel, pero cuando me largaron, me dieron la libertad con la amenaza de que mi hermano que estaba detenido iba a pagar por mí”, acusó también.

Aún se reúnen esperando justicia

En general, para el ex preso político, el comentar o ahondar en detalles, es repetir algo que es conocido por todos, y que ha sido graficado en muchas oportunidades. “Los compañeros y compañeras que estuvimos y que fuimos torturados en este edificio, en el regimiento Sangra, o en las casas clandestinas, actualmente hemos podido reunirnos. Siendo un total de aproximadamente unas 80 personas, los que desde hace 12 años estamos incluidos en una demanda en contra de quienes ejecutaron estas acciones”.

Comentó que hace poquito se fueron a parar afuera de la corte de apelaciones de Puerto Montt, para presionar que se aceleren las tramitaciones que vienen hace año esperando. Argel analizó este mismo hecho, aludiendo a que se pregunta constantemente del por qué la gente no quiere hablar. Donde conoce casos que se vienen tramitando 8, 6 años -12 la suya con otros ex presos políticos- y que ya es momento que empiecen a resolverse. “Hubo comunidades, familias enteras que desaparecieron en la región de la Araucanía, acá en chamiza se perdió mucha gente, pero nadie quiere hablar”.

Rettig

Líneas arriba comentábamos acerca de la comisión investigadora que propició Aylwin, donde, y a la luz de lo que especifica Alfredo Argel, no fue concluyente. Pese a que el informe se cerró nueve meses después de iniciado, en febrero del 91´.

El informe presenta un total de 3. 920 casos de detenidos desaparecidos y torturados por causas políticas. Según Alfredo, no alcanza a ser ni la mitad de todas las personas que fueron vejadas durante la dictadura, y específicamente, posterior al golpe.

“Todos los gobiernos que han pasado -luego de Pinochet- la concertación, nueva mayoría, se hicieron los lesos. Toda la justicia en la medida de lo posible. Para mí, todos los compromisos ejercidos por Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet, eran una pantalla, una gran mentira”.

“Al igual de lo que sucede con el proceso que estamos viviendo con este cambio constitucional. Donde vemos que quieren llegar a acuerdos, y continúan con las mismas trampas. Ya lo vemos como están presentándose para participar de este proceso. Entonces, tramitan y esperan los años, que la gente se olvide, se muera. En mi familia quedamos un hermano y yo, y con suerte tenemos sobrinas, nietas, y que esperamos puedan continuar con esta lucha”, criticó Alfredo.

Las razones

Acusó que, durante esos años, los medios de transporte, y también los de comunicación eran muy escasos en esta zona del país. Por lo que la información era escasa.

Comentó que la televisión recién llegó hasta fines de los años 70. Así que las posibilidades de sacar a la luz pública todos esos atentados a los derechos humanos era prácticamente imposible. Añadió que ahora es distinto, ya que existe mucha información. Algunos profesionales de las ciencias jurídicas están sacando los legajos de esos años, y están investigando dichas acusaciones.

“El informe Rettig fue realizado en este país, para hacer creer a la gente y al mundo que en Chile se hacía justicia. Abrieron procesos casi solo en Santiago – ya que Santiago es Chile- y por ende acá los procesos legales eran eternos”

Museo de la Memoria

El 2016 se firmó un convenio entre el Gobierno y agrupaciones de Derechos Humanos. El objetivo era transformar el ex edificio de la PDI en el Museo de La Memoria.

Bajo este contexto, Argel comentó que otro de los objetivos que persigue este edificio es poder dar instrucción en materias relacionadas con los derechos humanos. Sin embargo, aún no hay recursos para poder poner en ejecución este proyecto.

En conclusión, el ex detenido durante la dictadura, mantiene la esperanza de que estos crímenes puedan ser juzgados y condenados. Para que una parte de la historia de este país, pueda comenzar a sanar una herida. Lograr que la comunidad pueda entender que existen cosas que van más allá de una comprensión política. Que cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas, es un acto condenable.