Casa de Administración Fundo «Releco»

La Casa de Administración Fundo "Releco" en Panguipulli fue citada en Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. (Valech) como otro de los lugares de detencion de presos politicos.

 

Fuentes de Informacion Consultadas: Informe Valech;

 

La ministra en visita para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricia González Quiroz, condenó a cuatro altos oficiales en retiro del ejército por los homicidios calificados de doce dirigentes y militantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, en octubre de 1973 en Valdivia, luego de ser sometidos a un supuesto consejo de guerra del cual no existen pruebas ni antecedentes que acrediten su validez legal.

Los condenados -Pedro Espinoza Bravo, como autor, a 18 años de cárcel; Juan Chiminelli Fullerton, autor, a 14 años de presidio y, Carlos López Tapia y Humberto Guerra Jorquera, cómplices, a 12 años- integraron la denominada Caravana de la Muerte que encabezó el fallecido general Sergio Arellano Stark, por mandato del dictador Augusto Pinochet, para ejecutar sumariamente a más de setenta prisioneros en diversas ciudades del norte, centro y sur del país, a pocas semanas del golpe militar de 1973.

La mayoría de las víctimas de estos fusilamientos ilegales perpetrados el 3 y 4 de octubre en Valdivia eran dirigentes y obreros forestales del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, militantes del MIR y del Movimiento Campesino Revolucionario, MCR, que intentaron oponerse al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Dos de ellos eran los principales dirigentes del MIR en Valdivia. (Ver recuadro).

La resolución de la ministra González estableció que los hechos “tuvieron lugar, (probablemente) como consecuencia de una sentencia pronunciada en un supuesto consejo de guerra, cuya materialidad no ha sido comprobada con certeza, al no haber podido quedar establecido, de manera cierta, clara y precisa, que haya existido efectivamente tal consejo de guerra en que se habría procesado a las víctimas de esta causa, en el cual se habría emitido una sentencia condenatoria a esta extrema sanción. A dicho efecto, no hay actas, no existen indicios de tales tribunales, así como tampoco ha podido quedar legalmente establecido que se haya dictado alguna sentencia con ocasión de dichos consejos de guerra. Sólo hay referencias vagas, imprecisas, fotocopias acompañadas con listado de supuestas causas, carentes de la certeza jurídica que se requiere y se necesita para tener legalmente por establecidos la existencia del juicio y de la sentencia que se echa en menos.

(…) como resultado de lo anteriormente expuesto y lo razonado, sólo es posible concluir que ha quedado establecido, sin duda alguna, que los hechos que han sido descritos, esto es, las muertes de las ya mencionadas personas, carecen de cualquier sustento legal, tornándose por ende en ilícitos, específicamente, aquéllos por los cuales se investigó, procesó y se acusó, y de esta manera entonces, configuran los delitos de homicidios calificados…”, añade la sentencia.

SUEÑOS TRUNCADOS
Uno de los ejecutados -Gregorio José Liendo, conocido como “El comandante Pepe”-, era el máximo dirigente del MIR y del MCR en la zona precordillerana de Valdivia que albergaba al Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, de más de 400 mil hectáreas, donde el gobierno de la Unidad Popular pretendía levantar un polo de desarrollo industrial que se transformara, junto al cobre, en uno de los principales productores de divisas para el país. El complejo se formó a partir de fines de 1970, cuando los obreros y campesinos empezaron a ocupar los predios de la zona y a cimentar las bases del complejo que en 1973, antes del golpe militar, reunía a cerca de 24 fundos expropiados y daba trabajo a más de tres mil personas.
En marzo de 1971 el ingeniero forestal Rodrigo Undurraga Cruzat asumió como interventor de los predios y el 17 de octubre de ese año se formalizó el complejo, dependiendo de la Corfo. Los fundos expropiados se dividieron en cinco áreas. En la cordillera, al norte de Panguipulli, se situó el sector número uno, integrado por los predios Trafún (más de 22 mil Has.), Paimún (4.130 Has.) y Carranco (28 mil Has). En el sector número dos se integraron los predios de Pirehueico (16.886 Has.), Neltume (8.403 Has.), Pilmaiquén (58.831 Has.) y Huilo Huilo. En el sector tres quedaron los fundos de la ribera del lago Panguipulli: Releco, Puñir, Toledo y Paillahuinte. En el sector cuatro se ubicaron los fundos de Quechumalal, Chan Chan, Enco y Mae. Finalmente, al sur de la zona, se emplazaron los fundos Arquilhue (36.562 Has.), Maihue (14.074 Has.), Carrán, Huinahue (420 Has.), Rupumeika (3.000 Has.) y Tralún Sur (12.500 Has.).

El complejo tenía 3.600 trabajadores y la administración estaba en Huilo Huilo. Existía un Consejo de Administración, formado por cinco personas: dos consejeros de gobierno y tres consejeros elegidos a través de listas de partidos políticos. Cada predio tenía un jefe designado por los trabajadores. Contaba con una flota de camiones y jeeps de origen rumano. Para la estiba lacustre había vapores, barcazas y una lancha rápida para las urgencias.

Las comunicaciones funcionaban con radiotransmisores, semejantes a los usados por Carabineros en aquellos años. Con ellos se mantenía contacto con los predios y con las oficinas del Complejo en Panguipulli, Valdivia, Concepción y Santiago. Los requerimientos energéticos de las faenas eran satisfechos por pequeñas plantas de energía eléctrica instaladas en caídas de agua, además de grupos electrógenos y locomóviles.

Toda la infraestructura que montó Corfo sirvió para producir en cada temporada unas 60 mil pulgadas de madera por predio; es decir, más de un millón de pulgadas en todo el complejo. Pero, no sólo se producía madera; también la agricultura era muy importante. En el año 1972, sólo en el predio Arquilhue, se cosecharon ocho mil quintales de trigo y nueve mil de avena. Había, además, producción de leche, de miel y crianza de ganado vacuno.

En pocos meses el complejo empezó a elevar rápidamente el nivel de vida de los trabajadores madereros y agrícolas. Muchos habitantes de la zona, alejada de los centros urbanos, conocieron las radios, el tren, nuevos alimentos y víveres, mejores casas y consultorios de salud. Cada uno de los predios tuvo su propia escuela, donde en horario vespertino los trabajadores y sus familias concurrían a terminar sus estudios básicos y aprender oficios diversos. Cada cierto tiempo llegaba personal de Chile Films a proyectarles noticieros, documentales y películas.

Al hacer el balance del primer año de funcionamiento del complejo, Lautaro Hodges Soto, gobernador del Departamento de Panguipulli, en su “Memoria Anual, período 1970- 1971”, escribió: “Durante el año el complejo ha ido afiatando su organización, administración y formas internas de trabajo. Esto ha permitido que se haya seguido produciendo, en base a elementos con que contaba cada predio al momento de expropiarse (…) En este año la marcha general del complejo se estaba afinando y sus diversas actividades entraban a canales normales de tranquilidad en lo sindical y laboral. En lo laboral se duplicó la cantidad de obreros, dando trabajo estable a cerca de mil cesantes, por la desocupación o disminución de las faenas de los mismos fundos expropiados. De esos nuevos trabajadores había un buen porcentaje de indígenas de comunidades adyacentes, a las que de paso se les restituyó tierras usurpadas por los particulares, propietarios de los fundos que hoy ocupa el complejo”.

Hodges agrega: “Al finalizar el año 1971 se hizo volteo de árboles por cinco millones de pulgadas y se construyeron una infinidad de caminos para el madereo. Se exportaron miles de pulgadas de maderas a Argentina y Cuba”.

En sus Memorias del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, Segundo Benavente Flandez, cuenta: “Toda la belleza de la región, con lagos como el Pirehueico, Panguipulli, Pullinque, Calafquén, Pellaifa, Neltume, Riñihue, Maihue y las cascadas del Huilo Huilo, mostraba la armonía del bienestar social, formando un paisaje de gente feliz. Por esa razón, los compañeros salieron a defender sus logros con todo lo que tenían. El miedo de revivir un pasado de explotación y humillaciones, se hizo presente el 11 de septiembre de 1973”.
Ese día el desarrollo del complejo se interrumpió violentamente. En la represión hubo tres momentos culminantes: la ejecución de los prisioneros de Neltume, en Valdivia; la masacre de 17 campesinos en las termas de Chihuío y el asesinato sobre el río Toltén, a la entrada de Villarrica, de otros quince prisioneros.

LA MANO DEL YERNO
A fines de septiembre del 73 la dictadura designó al coronel René López García para realizar una evaluación del complejo. El informe, titulado “Breve Síntesis del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli Ltda. (Cofomap)” está fechado en Valdivia el 8 de enero de 1974. En lo relacionado a las tres metas básicas que se había propuesto la administración del Cofomap para su primera etapa el informe del coronel René López concluye:

“1. El complejo Forestal y Maderero Panguipulli, fuente de riquezas de recursos renovables, debe continuar en manos del Estado, por las posibilidades económicas y sociales que representa para el país y para la región.

2. El Estado es la única entidad que garantiza y permite responsablemente las mejores condiciones y posibilidades en su manejo científico y racional, para que esta riqueza sea permanente.

3. Se hace especial hincapié en estas conclusiones que las perspectivas de nuevas industrias o inversiones afines, no pueden cambiar en lo inmediato la política de Unidad Económica en manos del Estado”.

La dictadura no respetó la evaluación que hizo el coronel López García. Muy por el contrario. Los fundos que constituían una de las mayores unidades productivas del país fueron transferidos a la Conaf, instancia que pasó a depender de Corfo. Bajo esa figura legal el 95% de las tierras quedaron en manos de Corfo y de su gerente, Julio Ponce Lerou, yerno de Pinochet, actual propietario de la minera no metálica SQM, quien empezó a licitar las tierras y los bienes que eran patrimonio del Estado. De los múltiples remates, ventas directas y licitaciones no hay registros conocidos.

Los fundos que conformaban el complejo maderero pertenecen en la actualidad a empresarios que controlan a varios de los grupos económicos más importantes del país o a sociedades que explotan los rubros forestal, agrícola, ganadero y turístico. Una visión somera de la propiedad de esos predios en los últimos años es la siguiente:
-Los fundos Trafún, Curaco, Mirador, Vista Hermosa y otros, pertenecen a la Sociedad Las Vertientes S.A., bajo el control del holding Algeciras, dirigido por Eduardo Elberg.
-Los fundos Neltume, Carranco y Huilo Huilo son propiedad de la Forestal Neltume Carranco S.A., que es controlada por el grupo Themcorp, encabezado por Víctor Petermann.
-Los fundos Puñir, Quechumalal, Enco, Chan Chan y Huilo, están en manos de la familia Luksic.
-El fundo Pilmaiquén, es propiedad de la Carsol Fruit.
-El fundo Releco es de la Sociedad Forestal del Lago Ltda.
-El fundo Paillahuinte lo controla la sociedad Agrícola, Forestal y Ganadera Paillahuinte Ltda.
-El fundo Arquilhue es de la Compañía Forestal y Minera Panguipulli S.A, vinculada a Taquihue S.A., que pertenecía a Jürgen Paulmann, fallecido en septiembre de 2014.
-El fundo Carrán pertenece a Carrán Ltda., empresa de aguas, energía, forestal, ganadera e inmobiliaria, cuyo gerente general es Alvaro Flaño.
-La península Kankahuasi, un apéndice del fundo Chan Chan, es de Wolf von Appen.
-El fundo Paimún es de Felipe Ibáñez, ex director de DyS.
-El fundo Pirihueico pertenece a la Agroforestal Pirihueco S.A.
-El fundo Maihue, de 1.500 Has., estaba en venta en diciembre de 2014

Los ejecutados

José Gregorio Liendo Vera: 28 años, casado, un hijo. Estudiante de cuarto año de agronomía. Militante del MIR. Detenido el 17 de septiembre en Neltume y fusilado -solo- el 3 de octubre de 1973 en Valdivia, en presencia del general Sergio Arellano.
Pedro Purísimo Barría Ordóñez: 23 años, soltero, MIR. Lugarteniente de José Liendo.
Luis Hernán Pezo Jara: 19 años, soltero, obrero maderero, MIR.
Santiago Segundo García Morales: 24 años, soltero, obrero maderero de ex IMASA. Militante del Frente de Trabajadores Revolucionarios, FTR.
Víctor Segundo Valeriano Saavedra Muñoz: 19 años, soltero, obrero maderero, FTR.
Sergio Jaime Bravo Aguilera: 24 años, casado, un hijo, obrero de ex IMASA, MCR.
Rudemir Saavedra Bahamondes: 29 años, casado, tres hijos. Jefe del aserradero de la sección Quebrada Honda, del predio Huilo Huilo, MIR.
Enrique del Carmen Guzmán Soto: 22 años, casado, tres hijos, obrero maderero, MCR.
Víctor Eugenio Rudolph Reyes: 27 años, casado, un hijo, empleado de ex IMASA, MIR.
Luis Mario Valenzuela Ferrada: 20 años, soltero, obrero de ex IMASA, MCR.
René José Barrientos Warner: 29 años, casado, un hijo. Estudiante de música, castellano y filosofía en la Universidad Austral, dirigente del MIR regional.
Fernando Krauss Iturra: 25 años, casado, una hija. Estudiaba castellano en la Universidad Austral, secretario regional del MIR.

Agrupaciones de pobladores/ras desplazados/das forzadamente del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) buscan una reparación del Estado.

Organizaciones de pobladores históricos de las comunas de Futrono y Panguipulli realizaron este martes en la mañana una demostración en la plaza de la República de Valdivia. 

En la misma, anunciaron una demanda contra el Estado que interpondrán diferentes agrupaciones de pobladores/ras desplazados/das forzadamente durante la dictadura militar de una de las empresas forestales más grandes que ha tenido el Estado, el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), que se ubicó en la región de Los Ríos. 

Diario de Valdivia estuvo en el lugar para recoger impresiones de parte de los representantes de ex trabajadores y trabajadoras de COFOMAP.

“Se están reuniendo porque ellos consideran que el Estado nunca se ha hecho cargo, del desplazamiento forzado del cual fueron víctimas durante todo el periodo de la dictadura militar en el marco del proceso de privatización del Complejo Maderero Panguipulli. Esta situación claramente genera una responsabilidad de parte del Estado ya que se causó un daño moral a todas estas familias, privaciones económicas, derecho a propiedad que los afectan hasta el día de hoy”, explicó el abogado de de las dos agrupaciones, Vladimir Riesco. 

Además agregó que “lo que se ha interpuesto es una demanda civil contra esta acción llevada a cabo por el estado, la cual, a nuestro juicio es un crimen contra la humanidad, bajo la figura del desplazamiento de forzado de personas, lo cual ha sido declarado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.   

“Creemos que el estado debe hacerse cargo y reparar el daño causado a las víctimas. Nos interesa con estas acciones que los tribunales de justicia reconozcan la existencia de un desplazamiento forzado y que hagan responsable al Estado”, concluyó.

DECLRACIÓN PÚBLICA

1. El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP) fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores/ras madereros/ras de 21 grandes fundos en la precordillera de la actual región de Los Ríos. Este espacio abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde llegamos a vivir cerca de 20 mil personas según registros históricos de la época.
2. Posterior al golpe de Estado los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación serviles a las fuerzas armadas. Lo que desencadenó asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial.  Cuestiones que están documentadas en diferentes documentos e informes.
3. En paralelo e invisibilizado por el Estado, se desencadenaron persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar nuestra vida, limitaciones para desplazarnos, formas de explotación, en definitiva, de llevar nuestra vida cotidiana por el constante asedio que se nos impuso. Algunas personas huimos para encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenernos vivas, y otras, soportamos el terror en el territorio hasta que fuimos desalojadas y “tiradas” a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.
4. Lo anterior se constituye como casos de desplazamiento forzado considerados internacionalmente como crímenes de lesa humanidad que ejercen los Estados de excepción y sobre lo cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia transicional hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se nos priva del derecho a la reparación.
5. A casi 30 años de todas estas situaciones que aún repercuten en las diferentes generaciones que experimentamos el terror, nos organizamos y alzamos la voz porque creemos que estos crímenes de lesa humanidad no se pueden repetir en nuestro país. Exigimos se reconozca el daño que se nos causó y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto por nosotros/tras y otras víctimas de estas prácticas, como por las futuras generaciones.

Nombres de corporaciones que integran la agrupación:

Corporación Entre Lagos y Montañas de Puñir Releco

Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono

Corporación Raíces Ancestrales de Enco

Corporación Raíces de Toledo

Corporación Pirihueico 

Agrupados en cinco Corporaciones, los afectados en dictadura por violación de derechos humanos buscan reparación por parte del Estado, debido a los graves atropellos que vivieron y que están sancionados en la normativa internacional suscrita por Chile.

Un proceso de demandas contra el Estado por el crimen de desplazamiento forzado, ocurrido posterior al Golpe Militar de 1973, en la precordillera de la región de Los Ríos, específicamente en la ex empresa estatal COFOMAP, es que el que estarán llevando a cabo los afectados.

Esto debido a que los 21 fundos fueron ocupados por fuerzas militares con la excusa de que en la zona existían grupos terroristas que respondían a la idea de enemigo interno, instalada por el régimen dictatorial y medios de comunicación que replicaban los bandos y comunicados de las fuerzas armadas.

Son cinco corporaciones las que buscan justicia y reparación, a través de demandas al Estado, y lo han manifestado a través de una declaración pública, porque en la zona se desencadenaron una serie de asesinatos y todo tipo de vejámenes contra personas que por su ideología política fueron exterminadas por el aparato dictatorial, proceso que está debidamente documentado en diferentes informes.   

LA HISTORIA PASADA

El Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (COFOMAP), fue una empresa estatal creada en 1971 por medio de la expropiación y control de trabajadores madereros y abarcó 400 mil hectáreas de terreno estatal en las comunas de Futrono, Panguipulli, Lago Ranco y Los Lagos, donde vivieron cerca de 20 mil personas, según registros históricos de la época.

Las persecuciones políticas, torturas, prohibiciones de diferente tipo para llevar adelante una vida normal, limitaciones para desplazarse, formas de explotación, en definitiva, constante asedio que se impuso, obligó a las personas a huir del sector y encontrar refugio en diferentes lugares del país para mantenerse vivas, en tanto, que otros debieron soportar el terror en el territorio hasta que fueron desalojadas y lanzadas a los deslindes del Complejo, para buscar asilo con familiares, amigos o en campamentos provisorios en la zona y en otras regiones.

Todo lo anterior constituye casos de desplazamiento forzado, considerados internacionalmente como crímenes de “lesa humanidad” que ejercen los Estados de excepción, materia sobre sobre la cual Chile ha suscrito tratados en defensa de los derechos humanos. Sin embargo, estos casos han sido invisibilizados en los procesos de justicia hasta la fecha por parte del Estado y, por lo tanto, se les ha privado a las víctimas del derecho a la reparación que contempla este tipo de violaciones.

DEMANDA

En su demanda, las corporaciones integradas por las víctimas de ese proceso de violación sistemática de derechos humanos, exigen se reconozca el daño causado y se asuma la responsabilidad desde el Estado de Chile, tanto para quienes sufrieron esos atropellos y otras víctimas de estas prácticas, para así sentar un procedente que impida que actos de ese nivel de atropellos se vuelva a vivir en el país.

El documento lleva la firma de la Corporación Entre Lagos y Montañas, de Puñir Releco; Corporación Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono; Corporación Raíces Ancestrales, de Enco; Corporación Raíces de Toledo y Corporación Pirihueico