Recinto CN «Cuartel Bahamondes»

El antiguo recinto ubicado en calle,Pedro de Valdivia 710 de Concepcion , conicido conocido como "Cuartel Bahamondes / Casa de La Música / Casa de La Risa", era un centro de detención que pertenecía a la Central Nacional de Informaciones (CNI). La existencia de este centro fue reconocida públicamente en 1984, cuando su dirección se publica en el Diario Oficial, parte del decreto del Ministerio del Interior No 594 (14 de junio de 1984). Este señala lugares de detención para los efectos que indica:

Decreto: Artículo único: Las siguientes dependencias de la Central Nacional de Informaciones serán consideradas como lugares de detención, para los efectos del cumplimiento de los arrestos que se dispongan en virtud de la disposición vigésimo cuarta transitoria de la Constitución Política de la República de Chile.Entre los centros de detención enumerados en este decreto esta la Casa-habitación, Pedro de Valdivia, No 710, esquina calle Bahamondes en la ciudad de Concepción.

Este Recinto de la CNI, también conocido como “Cuartel Bahamondes” / “Casa de la Música” / “Casa de la Risa” fue utilizado como centro de tortura en los años 80s.  Los testimonios de los presos políticos que estuvieron detenidos en este recinto señalan que al ingresar debían agacharse para entrar por la puerta, eran encerrados en una pieza oscura y pequeña de 2 x 2 metros, cuyas paredes estaban forradas con aislante, desde donde en reiteradas oportunidades los llevaban para someterlos a interrogatorios y torturas, que se realizaban en un sótano del inmueble. Permanentemente se escuchaba música a alto volumen. Mientras permanecían en este recinto los prisioneros estaban con los ojos vendados, incomunicados, privados de alimento y sueño. Su detención no era reconocida hasta ser presentados a la fiscalía militar. En estas condiciones permanecían entre uno y diez días. Algunos de los detenidos eran traídos hasta aquí desde el recinto de la CNI de Chillán, otros provenían de comisarías o cuarteles de Investigaciones o llegaban luego de su detención por la CNI. Los presos políticos eran sometidos a todo tipo de torturas: golpes, aplicación de electricidad, el teléfono, colgamientos, obligación de permanecer en posiciones forzadas, pau de arara, incomunicación prolongada y amenazas.

Este centro de tortura esta estrechamente ligado a la Operacion Alfa Carbon y el asesinato de los miembros del MIR Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala.

 

Fuentes de Información Consultadas: Diario: Fortín Mapocho; Libro: “La represión política en Chile: los hechos”; “No hay dolor inútil”; Informe Valech; CODEPU; Memoriaviva;

En este apartado interesa, precisar algunos antecedentes que permiten clarificar esta investigación. En primer lugar, se aborda el macro contexto, que releva en la historia local la violencia política en Concepción, en el marco de la dictadura cívico militar (1973 – 1990), así como los efectos de la represión y la resistencia en la ciudad. En segundo lugar, se realizan precisiones en cuanto al enfoque, historia reciente, y el campo de investigación, a saber, la violencia política. 

En un sentido general, en el transcurso de la historia chilena “Concepción se ha constituido en una de las zonas geográficas más importantes del país. Desde la guerra de Arauco, como línea fronteriza, en la cual las relaciones hispano-indígenas se constituían en un marco de referencia obligado de toda la región, pasando por su trascendencia durante el periodo independentista y años posteriores, hasta llegar al siglo XX, la región del Biobío así como el ‘Gran Concepción’1 y la ciudad propiamente tal, han jugado un rol significativo en el proceso sociopolítico nacional”. En dicho contexto, Alejandra Brito indica que la ciudad de Concepción y su entorno, puede ser examinada y/o estudiada durante el transcurso del siglo XX sobre la base de 3 aspectos fundamentales y significativos para la región. En primer lugar, la fundación de la Universidad de Concepción constituyéndose en un polo cultural e intelectual importante en la zona. El segundo aspecto hace referencia al proceso industrializador de mediados del siglo XX que gestó transformaciones sociales, económicas y urbanas, y por último, el quiebre producido por el golpe cívico militar de 1973. Es precisamente este último punto el que da cuenta de las acciones de violencia y represión desplegadas una vez producida la intervención militar del 11 septiembre de 1973 en Concepción. 

El periodista James Whelanseñaló en la misma mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a los altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción6, sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse ¿Por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la Provincia de Arauco, se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. La izquierdización se profundizó con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, de manera que fue primordial para la dictadura socavar toda señal de levantamiento en su contra.

Aquella mañana del 11 de septiembre se comenzaron a divisar las tanquetas, patrullas militares y muchos efectivos de Carabineros. El temor se apoderó de quienes habían participado de algún modo u otro en el gobierno de Allende. Algunos testigos relatan haber visto pasar a los camiones militares conmuchos civiles en dirección al Estadio  Regional.

Sin embargo, tras ocurrido el golpe existió una minoría que pensó en resistir a la acción militar.

Testigos indican que hubo un tiroteo en el centro de la ciudad detrás de la tienda Falabella, generándose enfrentamientos entre los pocos que quedaron de la UP y militares, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el periodista Whelan quien, como ya habíamos mencionado, argumentaba que el control rápido de Concepción se había efectuado sin disparar un tiro. No obstante aquello, otros testigos plantearon que todo eran rumores debido a que los medios estaban intervenidos9, haciendo creer que la izquierda poseía armas para efectuar enfrentamientos y resistir a la insurrección militar.

Así, cientos de detenidos fueron trasladados a la Cuarta Comisaria de Concepción, Estadio Regional, isla Quiriquina, Cárcel Publica de Concepción y Base Naval de Talcahuano, en los cuales fueron constantes las humillaciones y vejámenes.

En la década de los 80 ´s en un periodo marcado por la violencia política institucionalizada, existieron lugares que implementaron acciones represivas a determinados partidos políticos y sus representantes. Uno de ellos, fue el Cuartel Bahamondes constituido en uno de los principales centros de detención y tortura, desde el cual se dirigió en 1984, la operación destinada a neutralizar y exterminar al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en todo el sur del país.

Considerando el período histórico, el enfoque que facilita una comprensión del tema es el de la historia reciente, que pone en valor el pasado cercano, abierto e inconcluso, cuyos efectos se extienden hacia nosotros (presente). Por ende, se trata de un pasado actual que se encuentra en permanente proceso de actualización y que interviene en las proyecciones futuras. Los mecanismos que utiliza esta perspectiva son la memoria y el testimonio, recursos que también son considerados en este análisis. El campo de investigación al que atiende la historia reciente, es la historia del presente, historia actual, inmediata o muy contemporánea, cuyo objetivo es legitimar el pasado cercano ya mencionado. Desde este pasado cercano que está en constante proceso de actualización, la memoria se constituye en prácticas colectivas de rememoración que dan un sentido a lo ya acontecido. Por consiguiente, la supervivencia de actores y protagonistas se vuelve una regla fundamental de esta nueva forma de hacer historia, teniendo en cuenta además, que los testimonios utilizados deberán ser sometidos a crítica, ya que son la percepción de un individuo a través de su propia mirada.

Ahora bien, el concepto de violencia política, entendido como campo de investigación, es un concepto poco trabajado en la historiografía nacional, y para no profundizar en un extenso debate teórico sobre el tema, nos limitaremos a algunas generalidades de este. El primero de ellos, aludido por Austin Turk, considera un punto de vista criminológico para señalar que en el plano de la legalización de normas, son los grupos que dominan los procesos de legalización, entendiendo este como el proceso de “hacer leyes”, quienes transforman normas ilegales en normas legales obligatorias para otros grupos. Se entiende entonces, a partir de lo enunciado, que, en una concepción vertical, la violencia política es ejercida desde arriba hacia abajo. Para el historiador Julio Aróstegui, la violencia política tiene una estrecha relación con el poder, ya que se desenvuelve en el ámbito de los conflictos políticos, donde una de las partes tiene la tendencia a imponerse sobre otra. De esta forma, la violencia se puede interpretar como aquel conflicto central de toda sociedad entre gobernantes y gobernados que mantienen una característica de verticalidad. Así, la violencia política se centra en el conflicto vertical de dominantes y subalternos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. En este mismo lineamiento, Jaime Talancón manifiesta que el concepto es una manera de articular la relación que se da entre:

a) Gobernados y gobernantes. (rebelión, asonada, insurrección, revolución)

b) Gobernantes y gobernados. (represión, persecución, tortura, dictadura)

c) Gobernados y gobernados. (guerra civil)

d) Gobernantes y gobernantes. I) conflicto interno (golpe de Estado, magnicidio, asesinato político), II) conflicto externo (entre líderes o jefes de Estado [guerra])

Si se consideran los aportes de Hannah Arendt sobre la guerra, último aspecto que queda de manifiesto entre corchetes, esta no es más que una vieja continuación de la política por medio de la violencia, argumentando al igual que Aróstegui, que existe una relación entre violencia y poder, en la cual Marx consideró al Estado como un instrumento de violencia en manos de la clase dominante. De esta manera, para Tito Tricot el concepto comprende “la conjugación orgánica de elementos coactivos destinados a la preservación y/o consecución de intereses económicos y políticos. El concepto de coacción implica la coexistencia de actores sociales capaces de hegemonizar un momento histórico”. Siguiendo con lo anterior, Adela Cortina argumenta que la violencia política es un medio que busca conseguir determinados objetivos. Así, la violencia surge cuando se fuerza a otros a que hagan lo que no quieren hacer de modo natural, teniendo en consideración que es un medio para dominar a otros y establecer, cambiar o preservar un determinado orden social. Esta constante ya estipulada entre la relación de violencia y poder, desde un punto de vista de la psicología social, hace que la violencia política sea un tema complejo con consecuencias sociales, políticas y psicológicas, entre otras, de vital importancia para los seres humanos.

Por último, una aproximación más pertinente para este tema de investigación es la de Jean Domenach, quien comprende a la violencia política como toda acción de dominación de un grupo o individuo por parte de otro, en la cual, el uso de la fuerza se convierte en la imposición de una libertad sobre la otra. En definitiva, la violencia política entonces, obedece un motivo especifico, y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos, ya sea para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o exterminarlos, atentando contra la política imperante, y los medios de los cuales se vale son, la censura de la prensa, los secuestros, torturas, asesinatos, atentados, entre otros.

Operación retorno

En atención al enfoque de la historia reciente y la violencia política como campo de investigación, interesa aludir a acciones de resistencia y de represión del MIR, en el contexto histórico de la primera década de la dictadura y relevar la situación en el sur de Chile, en específico, en Concepción.

A principio del año 1976 habían comenzado a quedar en libertad desde las cárceles y campos de confinamiento en todo Chile –a través de la conmutación de las penas–, un número relevante de miristas que decidieron permanecer en el país y así sumarse a la rebelión. Por otra parte, considerando la ética política del MIR –quienes habían desarrollado la consigna de “no al asilo” – se logra cimentar la idea de quienes habían sido exiliados, de retornar al país mediante el Plan 78, también conocido como Operación Retorno. El partido además, estimaba que desde 1977 se había estancado la política represiva de los organismos de contrainsurgencia de la dictadura, por lo que era una buena ocasión para retomar lo que había quedado inconcluso tras el golpe de Estado de 1973.

En dicho contexto, desde el exterior se comenzó a elaborar la idea de una contraofensiva como reacción a la represión dictatorial. Así, Nelson Gutiérrez, segundo hombre en la jerarquía del MIR, anunció el inició de la denominada Operación Retorno desde La Habana, manifestando que “el partido requiere hoy concentrar y centralizar en Chile, en el frente, el máximo de su capacidad de dirección, de organización, el máximo de su capacidad para el trabajo de masas y de la realización de la línea militar”. De esta manera, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria debía promover la lucha contra la dictadura pinochetista y retomar el combate en las calles de Santiago, Valparaíso y Concepción. Por consiguiente, en 1978, luego del entrenamiento recibido en Cuba, la mayoría de los miristas regresó a Europa para poder recibir las últimas instrucciones y la documentación falsa para reingresar a Chile. No está demás destacar, que un número no precisado de miristas que formaron parte del Plan 78, habían combatido en Nicaragua, El Salvador y Angola, mientras que otros recibieron entrenamiento en Corea del Norte, Yemen del Norte y Libia.

La estrategia del partido consintió en primer lugar, intentar rearticular el movimiento sindical y por otra parte, activar la Guerra Popular. En este segundo punto, se sucedieron una gran cantidad de atentados realizados por miembros del MIR a lo largo del país. El 23 de abril de 1978 una bomba atentó contra la vida del teniente del Ejército Luis Caveric Muñoz, un ex miembro de la DINA e integrante activo de la Unidad Antiexplosivos de la CNI, mientras intentaba desactivar el aparato explosivo. En junio de 1979, según consignaron medios oficiales, dos miristas –Alberto Salazar Briceño e Iris Vega Bizama– mueren en la ciudad de Concepción al explotarles una bomba que transportaban hacia las dependencias de Radio Nacional. En los convulsionados años 80 ´s los atentados aumentaron significativamente, marcados por los constantes asaltos bancarios –Banco Concepción, Banco de Chile y Banco de Crédito e Inversiones– y supermercados –AGAS– con el objetivo de recaudar fondos para lograr sostener sus operaciones.

El día 15 de julio de 1980 fue asesinado el Coronel Roger Vergara, quien se desempeñaba como director de la Escuela Nacional de Inteligencia del Ejército. Este suceso fue considerado como uno de los mayores golpes efectuados por la Fuerza Central del MIR, y acaba de alguna manera, creando la idea en la oposición, de que el MIR mantenía una fuerte presencia militar en el país, permitiendo concluir que la Operación Retorno estaba dando resultados congruentes. En ese contexto, a fines de 1980 muere Roberto Rojas. El sujeto fue asesinado en su casa y junto a esta se encontraron algunos volantes que decían “lo matamos por ser agente de la CNI, torturador e infiltrado. Milicias Populares de la Resistencia”.

En el Biobío también se registraron acciones milicianas. Con la intención de sabotear un transporte de madera y carbón en homenaje al aniversario de la CUT, el comando “Luís Pincheira” incendió una locomotora en un paso bajo nivel. También, el comando “María Galindo” colocó lienzos y distribuyó panfletos en un policlínico de Chiguayante Sur con la consigna “A Quebrar la Dictadura”. En la ciudad de Concepción se atacó la Empresa Eléctrica del Sur, y en Coronel el supermercado Las Brisas. Luego de la destrucción de algunos transformadores de la CGEI, hubo cortes de luz en la comuna de San Pedro de la Paz, Coronel y camino al poblado de Santa Juana.

De esta forma, las operaciones realizadas, ya sea tomas de calles, atentados incendiaros, asesinatos de agentes de la CNI, asaltos, y colocación de lienzos llamando a la resistencia, buscaban demostrar que el MIR se encontraba activo y con cuadros preparados para enfrentar a la dictadura. Por otro lado, la revolución Sandinista y los avances de la guerrilla guatemalteca y salvadoreña demostraban que la “vía armada” aún conservaba vigencia, dejando en claro que el accionar militar revolucionario era viable para poder derrocar al régimen pinochetista. El Partido Comunista por su parte decide poner en práctica su Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM), autorizando el ingreso de oficiales militares chilenos formados en Cuba y que habían participado en el triunfo de la revolución sandinista. Desde 1975 un centenar de jóvenes comunistas también eran formados en el extranjero, no sólo en Cuba, sino también en Hungría, Rumania, en la RDA, y en otros países del orbe socialista.

El MIR se propuso establecer un destacamento guerrillero en el sur del país. Así, el mirista apodado “José Manuel”, quien había recibido entrenamiento militar en Cuba y en la RDA, se dirigió hacia el sur de Concepción para hacerse cargo de la instalación de uno de estos destacamentos. Por otra parte, Salvador Sandoval Torres, hijo de un pescador de Tomé, ingresó al país por Argentina en 1978 para asumir la célula mirista en Concepción. Sin embargo, tras constantes represiones ejercidas en su contra, se traslada en julio de 1981, junto a su esposa Aída Cerro, a la ciudad de Santiago siendo asesinado el 17 de agosto del mismo año, en una emboscada en la calle Sargento Rojas esquina Vanguard de la Población Risopatrón.

En 1981 la fase de la Operación Retorno instaló dos frentes guerrilleros en el sur: uno en Neltume –localidad ubicada en la cordillera de la Región de Los Ríos, perteneciente a la comuna de Panguipulli– y otro en Nahuelbuta, en la provincia de Malleco ubicada en la zona costera de Arauco. El diseño estratégico incluía entonces, introducir nuevas bases para lograr reconstruir el MIR en Valdivia, Temuco y Concepción. De esta manera, la lucha de la resistencia se decidía no sólo en Santiago y Valparaíso, sino también en el sur de Chile. Sin embargo, la fuerza militar destinada a esta zona no alcanzó a inaugurarse cuando fue completamente desbaratada. El aislamiento y las probables delaciones de algunos campesinos en Neltume, desembocaron en que el día 27 de junio de 1981 se detuviera al núcleo guerrillero allí asentado. Misma suerte, aunque menos trágica, fue la experiencia guerrillera en Nahuelbuta, la que tampoco había arrojado resultados positivos.

Los dispositivos represivos del régimen buscaron necesariamente actuar en varios niveles: en primer lugar, golpear con la mayor fuerza posible a la resistencia armada, mediante asesinatos a militantes miristas y comunistas, montajes y falsos enfrentamientos, y por otro lado, atemorizar a las renacientes organizaciones sociales e impedir la exteriorización del descontento. En este plano, el MIR sabía que era una buena estrategia aprovechar el malestar social y decidió recurrir a los sectores obreros, juveniles y poblacionales.

A comienzos de abril de 1981 la Policía de Investigaciones –PDI– anunció la ampliación de los integrantes de la Brigada Especial o también conocida como Comando Antisubversivo, a más de cien uniformados que se abocaron primordialmente a la captura de lo que para ellos era el verdadero jefe del aparato militar del MIR, el ex aviador Arturo Villavela, conocido como el “Coño Aguilar”. De esta forma, el 7 de septiembre de 1983, el MIR fue víctima de una “operación de exterminio” por parte de la CNI, quienes abatieron a Villavela y a su núcleo más cercano: Alejandro Salgado, Lucía Vergara, Sergio Peña y Hugo Ratier, en los operativos en las calles Fuenteovejuna –en las Condes– y Janequeo –en Quinta Normal–. Este golpe ocurre a escasos días de que un destacamento de la dirección del MIR asesinara al intendente de Santiago, el general Carol Urzúa.

Los historiadores Julio Pinto y Sebastián Leiva argumentan que el año 1981 marcó un punto crucial en la Operación Retorno. No obstante, con la muerte del “Coño Aguilar” en 1983 el Plan 78 decae aún más, marcando su segunda derrota. Ese mismo año cae gran parte de la Fuerza Central del MIR y con ella, la posibilidad de lograr pasar a una forma de Resistencia Armada con mayor efectividad y ofensiva. De esta manera, el partido llegaba al período de las protestas nacionales (1983-1986)46 seriamente debilitado.

Un año más tarde, en el Pleno del 84, el MIR buscó generar nuevos levantamientos locales que mantuvieran como tarea anexa, la formación de nuevas milicias. Sin embargo, “mientras esto ocurría en Santiago, la entrada en acción en las provincias sureñas de una fuerza más permanente denominada

Operación Alfa Carbón

A comienzos de 1984 se dio inicio a la denominada Operación Alfa Carbón 1 “cuando Jorge Mandiola Arredondo, jefe de la CNI de Concepción informó a su superior Marcos Spiros Deprich Miranda, jefe de la División Regionales CNI, que ya existían datos suficientes para acreditar la presencia de una estructura subversiva en la zona: el Teatro de Operaciones Sur (TOS) del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)”. Los informes entregados por Mandiola contenían datos específicos de miristas, como, por ejemplo, nombres, domicilios, organigrama del partido, entre otras cosas.

De esta forma, y con la recopilación de datos realizada, Deprich desde Concepción –Cuartel Pedro de Valdivia– y Álvaro Corbalán desde Santiago –Cuartel Borgoño– fueron los encargados de comandar la operación que buscaba la desarticulación definitiva de la jefatura del MIR en el sur de Chile. Una columna publicada el 25 de agosto de 1984 en diario El Sur argumentaba que la finalidad de este operativo era desbaratar los planes “terroristas” que el movimiento tenía proyectado realizar en septiembre de ese año. Así, con las “piezas puestas en su lugar”, Deprich y Mandiola dirigieron una reunión el día previo a efectuar la operación Alfa Carbón, en la cual participó todo el mando de la CNI, incluido Corbalán. En ella se decidió a quienes había que detener y a quienes eliminar, marcando con una cruz la foto de estos últimos.

El operativo de la CNI realizado los días 23 y 24 de agosto de 1984 en las ciudades de Los Ángeles, Valdivia y Concepción dejó el saldo de siete miristas muertos y más de una docena de encarcelados53. Así, en la ciudad penquista, un equipo liderado por Luís Hernán Gálvez Navarro se apostó a las 11 de la mañana en la localidad de Hualpencillo. Pasado las 12 del mediodía es asesinado en un falso enfrentamiento, Luciano Aedo, 34 años, padre de cuatro niños, miembro del MIR y dirigente del TOS. A las 16 horas del mismo día fueron asesinados frente a la Vega Monumental, Mario Octavio Lagos Rodríguez de 34 años, padre de 3 hijos, miembro del MIR, encargado militar del TOS y uno de los pocos sobrevivientes de Neltume y Nelson Adrián Herrera Riveros de 30 años de edad, padre de 1 hija, miembro del MIR y encargado político militar del TOS. Ambos mueren en falsos enfrentamiento.

Con respecto a los hechos recientemente relatados, se declaran dos versiones. Por un lado, la oficial, es decir, aquella información que circuló en los medios de comunicación oficialista y proclive a la dictadura –El Sur, Crónica, Diario Color, El Mercurio, entre otros–, quienes anunciaron que las muertes se debieron a enfrentamientos, y por otra parte, la de los testigos que contaron lo sucedido a los medios de oposición –Revistas Cauce, Análisis, Apsi, entre otras–, manifestando el homicidio de jóvenes miristas por el sólo hecho de pensar distinto.

De esta manera, la información oficial entregada por la Intendencia de la Octava Región afirma que la muerte de Aedo se debió a que la CNI había detectado el día 23 de agosto de 1984 a un sujeto sospechoso, quien al percatarse de la presencia de los agentes extrajo una pistola de 9 mm, con la que abrió fuego hiriendo a un funcionario. Estos últimos al intentar repeler el ataque dieron muerte al “violentista”. No obstante, testigos argumentaron que el operativo comenzó temprano en la mañana, en el cual se tendió un cerco en el sector a través de una gran cantidad de personal de civil y más de diez vehículos apostados en el lugar. Así “Desde estos vehículos le dispararon por la espalda. Tras caer herido, aseguraron los testigos, los funcionarios de seguridad lo habían rematado, esparciendo luego panfletos. A los pocos minutos Televisión Nacional filmaba todo el cuadro”. Cabe preguntarse entonces ¿TVN estaba “casualmente” allí? Por otra parte, la autopsia indicó que el joven asesinado había recibido 7 impactos de bala, 4 de ellos en la espalda, 1 en la cabeza, 1 en la mano izquierda y 1 en el píe izquierdo.

Ampliando el operativo, anunciaba la prensa oficialista, se capturan otros dos “terroristas” vinculados con Aedo. Estos al darse cuenta que eran seguidos, abordaron un taxibus de la línea Concepción-Talcahuano, en el cual procedieron a tomar de rehenes a los pasajeros. La persecución culminó cuando fueron interceptados en calle 21 de mayo a la altura de la Vega Monumental, frente a la población Lorenzo Arenas. En este lugar se produjeron intercambios de disparos, falleciendo uno de los miristas en el lugar y el otro en el traslado a la asistencia pública.

No obstante aquello, algunas personas dieron cuenta de que el bus había sido seguido por José Abel Aravena Ruiz, suboficial de carabineros y miembro de la brigada azul58, desde que salió del terminal hasta llegar a la “Vega Monumental”. Según testigos que informaron de la presencia de Carabineros en el lugar previo a lo sucedido, el tránsito con dirección hacia Concepción estaba cortado desde antes que se detuviera el vehículo de la locomoción colectiva. Los disparos de parte de personal policial se efectuaron antes de que los pasajeros descendieran del taxibus. Mario Lagos fue baleado con los brazos en alto, mientras que Nelson Herrera fue capturado vivo y posteriormente ejecutado.

Un testigo manifestó que: “[…] Mario, que bajó totalmente rendido cuando hicieron bajar a la gente, bajó toda la gente y finalmente bajó Mario con los brazos en alto”

“El otro compañero fue ingresado a esa camioneta, yo vi cuando iba herido y lo subieron, iban cuatro personas, cuatro CNI […]”.

En consecuencia, Aravena junto con Sergio Mateluna Pino, Luis Andaur Leiva y un cuarto agente sin identificar, condujeron a Nelson Herrera camino a Santa Juana, lugar en el cual lo ejecutaron, siendo Andaur quien le disparó. La autopsia indicó que fue muerto producto de un disparo en el cráneo a muy corta distancia y en circunstancias que ya se encontraba esposado, lo que se pudo desprender de las marcas dejadas en sus muñecas. Por su parte, el chofer del taxibus, Pedro Aguayo, declaró:

“Me dirigí hacia él y estuve a un metro de él. En ese mismo momento llegaron dos agentes que lo levantaron de los brazos. El caído abrió los ojos y me miró de frente. No tenía sangre en ninguna parte del cuerpo, a excepción de un rasmillón en la parte de la sien derecha, que pudo haber sido a causa de la caída o del roce de una bala […] Los dos hombres que se habían acercado lo tomaron fuertemente de los brazos, lo incorporaron y dijeron que estaba herido y había que llevarlo al hospital”.

A la misma hora de estos presuntos “enfrentamientos” o con posterioridad a los mismos, se produjeron detenciones y allanamientos en distintos sectores de la ciudad. A las 12:30 fueron detenidas las miristas Lidia Barra y su hija Mónica del Pilar Martínez Barra de tan solo 15 años. Una hora más tarde se realizó otro operativo en Ongolmo 988, sector Remodelación Paicaví, y a las 17:00 hrs se detuvo por personal de civil en Villa El Recodo, camino a Santa Juana, a Patricia Zalaquett, esposa de Nelson Herrera, y su hija Javiera Herrera Zalaquett de 3 años. En estos allanamientos manifestó la prensa oficial, se encontraron armas, explosivos y material subversivo.

Posterior a lo sucedido, monseñor José Manuel Santos, arzobispo de Concepción, pidió la presencia de un Ministro en Visita para que investigara las tres muertes ocurridas en la ciudad de Concepción y, los múltiples allanamientos y detenciones violentas realizadas por civiles armados, quienes se identificaban con brazaletes amarillos. Sin embargo, frente a la negativa, presentó todos los antecedentes que pudo recopilar a la Corte Suprema.

Ese 23 de agosto culminaba la cacería y asestaban seguramente, el último y más certero golpe estructural a la capacidad del MIR como organización clandestina a nivel nacional. Los agentes de la CNI manifestaban que el Movimiento había estado por varios meses inactivo, pero que sabían que se hallaba en una etapa de reorganización de fuerzas, buscando la incorporación de un nuevo contingente. Sabían de la existencia de varias células miristas en la zona de Concepción, por lo que habían planeado desbaratarla.

Como se consigna en el Informe Comisión Valech (2004), este cuartel recibió diversos nombres, además de Cuartel Bahamondes, por el nivel de violencia y los procedimientos que se usaban para torturar. De esta forma, también es denominado “Casa de la Risa”, como una ironía del daño que producían los maltratos y “Casa de la Música”, pues era frecuente que los torturadores usaran música para evitar que los gritos de quienes torturaban fuesen oídos en el exterior.

El Cuartel tiene una gran relevancia en el contexto de los 159 centros de detención y tortura consignados en la Región, pues fue el único recinto de la CNI “reconocido oficialmente por las autoridades militares de la época como lugar de detención en el Decreto Supremo N° 594, en junio de 1984. En este caso existieron también personas que aseguran que fueron conducidas a la Base Naval de Talcahuano por personal de la CNI luego de detenerlas. En este recinto permanecieron un breve período, sometidos a interrogatorios y torturas. Luego, fueron trasladados a otros recintos”.

El Cuartel ubicado en las intersecciones de las calles Bahamondes con Pedro de Valdivia, fue “forzosamente” reconocido debido a que en el año 1984 la ministra María Cristina Aqueveque inspeccionó el lugar, acogiendo un recurso de amparo presentado por Yolanda Manríquez jueza del 11 Juzgado Civil de Santiago y madre de uno de los detenidos –del 23 de agosto de 1984 en la operación Alfa Carbón– en el lugar, el mirista Ignacio Vidaurrázaga. Lo cierto, es que cuando la ministra ingresó los detenidos habían sido sacados por otra puerta, pues el Cuartel tenía entrada tanto por Pedro de Valdivia como por Bahamondes. Otra característica del Cuartel, es que como informa la Comisión, éste era un lugar de paso, entre uno y diez días, luego de ello los detenidos eran trasladados a otros centros de reclusión de la región o del país.

Las detenciones y reclusiones en este centro tenían tres características relevantes. En primer lugar, contaban con un gran despliegue de los servicios de inteligencia, en el sentido de los recursos personales y económicos invertidos. En segundo lugar, se realizaban con gran violencia, caracterizándose por maltratos extremos y torturas muy intensas y, finalmente, las acciones represivas fueron dirigidas a los máximos dirigentes de los principales partidos de la época, MIR y Partido Comunista.

Respecto al despliegue de los Servicios de Inteligencia, cabe señalar, que incluso antes de las detenciones se implementaba un completo y exhaustivo dispositivo de espionaje y seguimiento, tal como consta en el siguiente testimonio de un detenido en este lugar:

 “Yo no sabía de Bahamondes y los de Conce tampoco. Nosotros no teníamos contrainteligencia. Nos damos cuenta que nos vienen siguiendo y en vez de hacer algo dejamos pasar el tiempo. Nos damos cuenta…por ejemplo yo vivía en un departamento y estaba casi sin nada y voy con la pareja de ese momento, estamos esperando [locomoción] y el colectivo llega al tiro y viene justo para que subamos los dos y nosotros nos dimos cuenta que eso era absolutamente raro y que nos habían puesto una línea de colectivo…en otro lugar pusieron un quiosco. Te transformaban todo. Entonces, además como tú no eras del barrio, tú decías: ¡qué raro la vecina recogiendo la basura ahora! Nos dábamos cuenta que teníamos control”.

Durante la detención, el despliegue de recursos consideraba el uso de diversos medios de transportes, camiones, autos, avionetas, etc. así como disposición de implementos y maquinarias de tortura y especialmente, armas de distintos tipos y alcance. Al respecto, el testimonio de la detención de un integrante del MIR confirma lo anterior: “Cuando yo estoy en la Vega Monumental y me rodean, me dan vuelta y me elevan, son dos, y me van tapando la boca y la vista, pero hay gente, entonces un secuestro es…. lo que tengo ahí son 5, 7, 10, películas, tenía un arma, pero las armas que me apuntaban deben haber sido unas 20..o sea todo es grosero, es como un paredón”. A su vez, este testimonio confirma el extremo nivel de violencia con el que fue tratado desde el inicio de su detención.

Por otra parte, María Arroyo Soto también relata los hechos de violencia sufridos al momento de ser detenida: “A mi esposo lo tiran al suelo violentamente, lo encapuchan y esposan agentes de la CNI, de ahí es pasado a carabineros llevándolo al furgón de su institución. Agentes del CNI realizan el allanamiento dando vuelta todo lo que encontraban a mano bajo mi presencia. Luego de aproximadamente 45 minutos, 2 miembros del CNI me llevan en un auto hacia su cuartel […]”.

Al respecto, el grado de maltrato utilizado en este recinto, ha sido consignado también por la Comisión Valech, que describe que, durante el período de su funcionamiento, entre los años 1981 y 1984, algunos de los métodos de maltrato y tortura son:

“Mientras permanecían en este recinto los prisioneros estaban con los ojos vendados, incomunicados, privados de alimento y sueño […] Los testimonios de los detenidos denunciaron que sufrieron golpes, aplicación de electricidad, el teléfono, colgamientos, obligación de permanecer en posiciones forzadas, pau de arara, incomunicación prolongada y amenazas.”

En dicho contexto Patricia Zalaquett Daher72 manifiesta que:

“[…] se me trasladó a un cuartel de la CNI en Concepción. Se me introdujo en una pieza donde una mujer me hizo algunas preguntas, me golpeó fuertemente en la cara y me amenazó con ‘parrillarme’ en el acto. Fui llevada a una pieza dónde al parecer había otros detenidos. Yo siempre permanecía vendada, pero escuché sus voces cuando respondían preguntas de algunos agentes de la CNI. Luego de una hora más o menos me hicieron subir escaleras y fui situada de pie, esposada y vendada junto a otros detenidos […]”.

Un aspecto que también puede ser calificado de violencia era la cantidad de personal que Investigaciones utilizaba para realizar las detenciones y que mantenía como “personal” destinado a torturar y a apoyar las labores domésticas en el Cuartel. Otro detenido señala que: “En Bahamondes deben haber operado unas 30 o 40 personas como mínimo, hay conductores, gente de la cocina, choferes… El torturador y los interrogadores se cansan y tienen una sala, donde toman café y tienen una tele y se acuestan a dormir. Por ejemplo, una cosa bien especial es que llegan mujeres y no hay ninguna mujer presa, ninguna mujer de la CNI está presa. Llegan mujeres y yo estoy amarrado al catre [de tortura] y me manosean y me dicen “mijito ¿y qué pasaría si te violamos?”. Este relato da cuenta del papel protagónico que tenían los civiles y en particular, las mujeres civiles como abusadoras sexuales, aspecto que aún no ha sido estudiado en detalle.

Este nivel de violencia, tuvo como principal objetivo, especialmente el año 1984, desbaratar completamente la estructura del MIR que, como ha sido señalado, ya había logrado constituirse en la zona sur luego de la Operación Retorno y la resistencia desbaratada de Neltume. Según se ha constatado en diversos testimonios, la cúpula de la estructura del Movimiento era perseguida por sus diversas acciones de resistencia y también porque, en la estructura del MIR contaban con armas cuyo objetivo era atentar contra la dictadura cívico militar. Sin embargo, los recursos en armamentos que poseía el grupo fueron sobrestimados por los Servicios de Inteligencia de la época. Al respecto, en un tono anecdótico

Ignacio Vidaurrázaga, detenido en el Cuartel, comenta que durante su detención se tuvo la sospecha que él tendría explosivos en los cierres de su chaqueta: “adentro, la actitud cuando vamos en el auto, es que me pegan, me tapan la boca…yo tengo una chaqueta verde que tenía cierre y los tipos cuando van encima mío en la parte trasera del auto, dicen: cuidado, cuidado porque este huevón puede tener explosivos en los cierres. En los cierres ellos imaginaban que yo podía volarme con ellos y eso no se había visto nunca en Chile, los tipos habían visto muchas películas, además yo tenía un arma especial con doble cargador, etc. Y de ahí es el camino a la muerte.”

Así, en el despliegue de la operación destinada a neutralizar al MIR, se hicieron constantes los allanamientos –desde las 11 hrs hasta las 18 hrs aproximadamente– a domicilios de quienes posteriormente fueron detenidos y trasladados al Cuartel Bahamondes.

En calle Nápoles, Hualpencillo, a las 13:30 hrs fue detenida María Isolina Arroyo Soto, conyugue de Miguel Barriga Gutiérrez, ambos trasladados detenidos al cuartel. En los casi 8 días que estuvo recluida permaneció vendada y esposada. Por otra parte, Alejando Bernstein fue detenido en Alonso Ovalle n°29, Lomas de San Andrés, entre las 17 y 18 hrs. Se declaró ayudista de la resistencia en redacciones de documentos políticos, siendo su jefe directo, Nelson Herrera. Mónica del Pilar Martínez Barra, detenida junto a su madre, Lidia Barra, y otra menor, de quien se desconoce el nombre, fueron detenidas en Pedro de Oña 135, Lorenzo Arenas.

No obstante, en la actualidad el Cuartel aún no tiene suficientes elementos que permitan su identificación, especialmente luego del cambio de numeración, de Pedro de Valdivia número 710 a 701 y menos aún, después de la posterior demolición de la casona donde este se ubicaba y el emplazamiento de un edificio residencial en ese lugar. Esto dificulta el reconocimiento del lugar como sitio de memoria e incide en la posibilidad de realizar prácticas de memoria.

En el fallo que realizara el juez Carlos Aldana en abril de 2018, de conocimiento público, se especifica la relevancia de este Cuartel, no solo como recinto de detención y tortura, sino también como un centro de operaciones que actuaba en directa coordinación con oficinas a cargo de la CNI de Santiago, desde donde recibían órdenes directas. En concreto, el fallo, que se pronunció después de una década de investigación, solo condena a 17 agentes de la CNI, absolviendo algunos acusados y sin condena para ningún civil, lo que evidencia que la mayoría de los victimarios siguen aún en la impunidad.

Conclusiones

El objetivo central de este artículo atiende a visibilizar la violencia política durante la dictadura cívico militar, por parte del Estado en Chile en general y en Concepción en particular. Luego de lo ya señalado, es posible constatar que las acciones represivas en la ciudad desbarataron cualquier posibilidad de resistencia, logrando exterminar incluso a los movimientos de oposición durante la década de los 80. Un ejemplo de ello, es el fracaso de la Operación Retorno.

En Concepción, durante la década de los 80, especialmente el año 1984, se implementaron acciones de extrema violencia política, como la instalación del Cuartel Bahamondes en Concepción, cuyo objetivo fue aniquilar y exterminar a la cúpula e integrantes del “Movimiento de Izquierda Revolucionario” (MIR). Ha sido demostrado, como consta en las fuentes primarias y secundarias citadas, que los partidarios de este Movimiento desarrollaron acciones de lucha con un escaso conocimiento de las operaciones de Inteligencia realizadas en su contra, con muy pocos recursos y con el costo de perder la mayoría, si no todos, los líderes que comandaban el Movimiento y por lo tanto de debilitar la organización.

Por otra parte, tal como ha sido señalado, este Cuartel ha sido invisibilizado en forma activa, lo que pone de manifiesto la necesidad de repensar los efectos sociales de estos “lugares desaparecidos” como consecuencia del olvido, en términos de la transmisión de la memoria de lo acontecido allí. En este sentido, los acontecimientos vinculados con la represión, tortura y desaparición, ponen de relieve diversos aspectos. En un sentido general, se destaca la importancia de los archivos y narrativas testimoniales como única huella que mantiene la existencia simbólica del lugar. Además, acentúan la necesidad de justicia para quienes estuvieron detenidos allí y confrontan con la situación de impunidad, especialmente de los civiles, y que se perpetúa a más de tres décadas. Finalmente, permiten interrogar por un asunto ético, a saber, la falta de reconocimiento, las deudas transgeneracionales ante el sufrimiento y especialmente, el compromiso social y político que la sociedad tiene ante la violación de los derechos humanos.

por Paula Tesche Roa y Javier González Alarcón

Quienes trabajamos en violación a los derechos humanos asociados con la represión política característica de la dictadura cívico militar, sabemos que ha habido políticas activas de negación y olvido por parte del Estado, que han incidido en la gestión y mantención de sitios de memoria. En Concepción, un caso ejemplar de estos lugares es el Cuartel Bahamondes, el que ubicado en las intersecciones de las calles Bahamondes con Pedro de Valdivia, fue el único recinto de la CNI reconocido oficialmente por las autoridades militares de la época.

Las detenciones y reclusiones en este centro, que duraban como máximo 15 días en espera que los detenidos fueron trasladados a centros de mayor envergadura, tenían algunas características relevantes. A saber, los servicios de inteligencia contaban con importantes recursos tanto de personal como económicos: diversos medios de transporte y disposición de implementos y maquinarias de tortura y especialmente, armas de distintos tipos y alcance. Realizaban maltratos extremos y torturas muy violentas y, finalmente, las acciones represivas fueron dirigidas a los máximos dirigentes de los principales partidos de la época, MIR y el PC.

No obstante, en la actualidad el cuartel aún no tiene suficientes elementos que permitan su identificación luego del cambio de numeración, de Pedro de Valdivia número 710 a 701 y menos aún, después de su posterior demolición y emplazamiento de un edificio residencial.

Esto es lo que evidencia el proyecto de investigación No 11170069 titulado “Memorias Colectivas de Lugares y/o sitios de memoria en Concepción: emociones desde los imaginarios locales vividos”, pues al encuestar al azar a 100 personas en las proximidades donde este lugar se emplazaba, se encontró que un 51% no tenían ninguna información sobre el lugar.

Un 18% de las personas, si bien conocieron el lugar de memoria o saben dónde este se ubicaba, no tienen un relato que se ajuste a lo que allí sucedió y distorsionan la información y sólo un 31 % tiene conocimiento sobre la existencia del lugar y sabe con qué hecho se relaciona. Por otra parte, por la escasa colaboración para prestar información, aún no es posible determinar algunos datos relevantes, como los años exactos en que funcionó, el historial de la propiedad, el número de personas que transitaron por él, etc.

Estos antecedentes permiten interrogar por asuntos éticos, a saber, la dificultad para realizar una “marcación” del lugar que permita realizar prácticas de memoria, las deudas transgeneracionales ante el sufrimiento y el compromiso social y político que la sociedad tiene ante la violación de los derechos humanos.

En Concepción es posible constatar que las acciones represivas desbarataron cualquier posibilidad de resistencia, logrando exterminar a los movimientos de oposición incluso en la década de los 80. De esta forma, en 1984 se implementaron acciones de extrema violencia política en la ciudad, cuyo objetivo fue aniquilar y exterminar a la cúpula e integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que ya había logrado constituirse en la zona sur luego de la Operación Retorno y la resistencia desbaratada de Neltume.

Así, en el despliegue de la operación destinada a neutralizar al MIR, se hicieron constante los allanamientos a domicilios de quienes posteriormente fueron detenidos y trasladados al Cuartel Bahamondes.

El operativo de la CNI denominado Operación Alfa Carbón, realizado los días 23 y 24 de agosto de 1984 en la ciudad de Los Ángeles, Valdivia y Concepción dejó el saldo de siete miristas muertos, más de una docena de encarcelados y estuvo dirigido desde el Cuartel.

De esta manera, en la ciudad penquista, un equipo liderado por Hernán Gálvez Navarro se apostó a las 11 de la mañana en la localidad de Hualpencillo. Pasado las 12 del mediodía es asesinado en un falso enfrentamiento, Luciano Aedo, mientras que, a las 16 horas del mismo día fueron asesinados frente a la Vega Monumental, Mario Lagos y Nelson Herrera. La violencia de la operación causó también la muerte de Mario Mujica en Los Ángeles; y Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Bancompte en Valdivia.

En consecuencia, en el fallo que realizara el juez Carlos Aldana en abril de 2018, de conocimiento público, se especifica la relevancia de este Cuartel, no sólo como recinto de detención y tortura, sino también como un centro de operaciones que actuaba en directa coordinación con oficinas a cargo de la CNI de Santiago, desde donde recibían órdenes directas.

Tal como lo señaló la profesora de la Universidad Andrés Bello, Paula Tesche, en una columna sobre aquel recinto de detención (publicada en este medio meses atrás), el Cuartel Bahamondes ha sido invisibilizado, dificultando el reconocimiento del lugar como sitio de memoria e incidiendo en la posibilidad de realizar prácticas de memoria.

Por consiguiente, el proyecto de investigación N° 11170069 titulado “Memorias Colectivas de Lugares y/o sitios de memoria en Concepción: emociones desde los imaginarios vividos”, busca poner en la palestra aquellos lugares que visibilizan las violación a los derechos humanos ocurridos en dictadura, y que por mucho tiempo estuvieron cubiertos por un manto de políticas de olvido.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, doña Yolanda Méndez Mardones, sometió a proceso a ocho agentes de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), por su responsabilidad en el delito reiterado de aplicación de tormentos a Ignacio Enrique Vidaurrázaga Manríquez y Alejandro Alfredo Bernstein Rötger perpetrados en agosto de 1984, en el marco de la denominada «Operación Alfa Carbón».

La mencionada operación represiva fue desarrollada por la CNI los días 23 y 24 de agosto de 1984, actuando de manera simultánea en las ciudades de Concepción, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y otras localidades del sur del país. El operativo significó el asesinato de siete militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y la detención de una veintena de ellos. Los querellantes en esta causa, luego de ser detenidos en Concepción y torturados en el Cuartel Pedro de Valdivia de la CNI, fueron trasladados en avioneta a Santiago junto a la también detenida Patricia Zalaquett, para continuar con las torturas en el Cuartel Borgoño de la CNI en la capital.

En la resolución dictada este lunes (causa Rol 9-2018), la ministra en visita procesó a los ex oficiales de ejército Marcos Spiro Derpich Miranda, Álvaro Julio Federico Corbalán Castilla, Aquiles Mauricio González Cortés, al ex oficial de carabineros Enrique Parada Figueroa, y a los agentes Luis Hernán Gálvez Navarro, Roberto Antonio Farías Santelices, José Abel Aravena Ruiz y Patricio Alfredo Bertón Campos, en calidad de coautores del delito reiterado de aplicación de tormentos, ilícito previsto y sancionado en el artículo 150 N° 1 del Código Penal, vigente a la fecha de la comisión.

Por los crímenes de las siete víctimas de la dolosa operación represiva se encuentran condenados 17 ex miembros CNI, en resolución de primera instancia dictada en mayo de 2018 (causa Rol 11-2009), entre ellos los ahora procesados Derpic Miranda, que en la época de los hechos operaba como jefe de la División Regionales de la CNI, Corbalán Castilla, que operaba como jefe de la División Antisubversiva basada en el Cuartel Borgoño en Santiago, y Gálvez Navarro, Farías Santelices, Aravena Ruiz y Bertón Campos, todos ellos agentes de la Brigada Azul de la CNI. Por su parte, Aquiles González Cortés operaba en el Borgoño como jefe de la Brigada Azul que se especializaba en la persecución del MIR y participó en estas acciones criminales, en tanto, Parada Figueroa, fungía como segundo al mando de la Brigada Regional Concepción; ambos no fueron procesados por el ministro Carlos Aldana en la causa principal de estos hechos.

La acreditación de los hechos en la Operación Alfa Carbón

En la etapa de investigación de esta causa, la ministra Yolanda Méndez Mardones logró acreditar los siguientes hechos:

a) En el transcurso del año 1984, agentes de la CNI que operaban en la ciudad de Concepción, informan al Jefe del Cuartel Bahamondes de esta ciudad identificado como Jorge Mandiola Arredondo, que el MIR se estaba reorganizando en la zona, de manera que éste trasmite tal información al Jefe de la División Regionales de la CNI que operaba en Santiago y que a la época estaba a cargo del Coronel de Ejército Marcos Spiro Derpich Miranda; quien envía a un analista a la zona para corroborar esta información; el informe del agente Molina (actualmente fallecido), da cuenta de la reorganización de miembros del MIR y actividades de carácter subversivo, de manera que Marcos Spiro Derpich Miranda, a su vez, informa de estos hechos al entonces Director Nacional de la CNI, General Humberto Gordon Rubio.

b) El Director Nacional de la CNI Humberto Gordon Rubio ordena que se despliegue en la zona un equipo de la División Antisubversiva de la CNI con base en Santiago, a cargo del entonces Mayor de Ejército Álvaro Corbalán Castilla, con el propósito de neutralizar al MIR en la región del Biobío hacia el sur, lo que en definitiva dio origen a la Operación Alfa Carbón.

c) El mencionado Álvaro Corbalán Castilla designa varias unidades de 2 a 3 agentes, con financiamiento de la División Antisubversiva, que se trasladan a las ciudades de Concepción, Los Ángeles y Valdivia, en forma simultánea, uniéndose a los equipos de trabajo de la CNI que operaban en cada ciudad.

d) Los equipos son coordinados desde el cuartel Bahamondes de la CNI ubicado en calle Pedro de Valdivia N° 710 de Concepción, a cargo de Jorge Mandiola Arredondo, lugar donde se reúnen los agentes de campo que operan en Concepción y los provenientes de Santiago, dándoseles instrucciones respecto de los militantes del MIR que debían ser aprehendidos, y cuyo destino -detención o muerte- dependía de su grado de peligrosidad, lo que según refiere uno de los agentes (Mateluna) en su declaración, constaba en una pizarra junto a la fotografía e individualización del militante requerido. Corbalán Castilla, Derpich Miranda y Mandiola Arredondo deciden en consecuencia, que se realicen allanamientos y detenciones sin orden judicial.

e) La operación denominada Alfa Carbón se inicia el 23 de agosto de 1984, en forma simultánea en las tres ciudades mencionadas, Concepción, Los Ángeles y Valdivia. Al final de ese día, el saldo es de 3 militantes del MIR asesinados en Concepción y que corresponden a: Luciano Aedo Arias, Nelson Herrera Riveros y Mario Lagos Rodríguez; 3 militantes del MIR asesinados en Valdivia, correspondientes a: Rogelio Tapia de la Fuente, Jaime Barrientos Matamala y Juan José Boncompte Andreu; en tanto que en la ciudad de Los Ángeles, es asesinado Mario Mujica Barros.

f) En el mismo contexto de esta operación, son detenidas una veintena de militantes del MIR entre los días 23 y 24 de agosto de aquel año 1984, entre ellos, los querellantes de autos, Ignacio Enrique Vidaurrázaga Manríquez y Alejandro Alfredo Bernstein Rötger. Ambos eran militantes del MIR, y en esa calidad se vinculaban estrechamente con Luciano Aedo Arias y Nelson Herrera Riveros. De hecho, en días previos al 23 de agosto, específicamente el 21 de agosto de 1984, Ignacio Vidaurrázaga Manríquez y Soledad Aránguiz Ruz, arribaron a esta ciudad de Concepción provenientes de Valdivia, en un bus, y fue Alejandro Alfredo Bernstein Rötger acompañado de Nelson Herrera Riveros, quienes los van a buscar al Terminal de Buses Collao de Concepción, y los llevan a una casa ubicada en calle Pedro de Oña N° 135, aledaña a la Avenida 21 de Mayo de Concepción y cercana a la Vega Monumental, lugar asignado para que pernoctaran. En tanto que Nelson Herrera Riveros aloja en la casa de Alejandro Bernstein, ubicada en Alonso Ovalle N°2921, sector Lomas de San Andrés, Concepción, desde donde sale cerca de las 08.00 de la mañana del día 23 de agosto de 1984.

g) Ese día 23 de agosto de 1984, cerca de las 11:00 de la mañana, la víctima de la presente causa, don Ignacio Vidaurrázaga Manríquez sale desde la casa ubicada en calle Pedro de Oña N° 135 de esta ciudad donde había alojado durante la noche, y se dirige al paradero de la Avenida 21 de Mayo frente a la Vega Monumental para esperar locomoción, y en ese momento es abordado por un grupo de agentes de la CNI, quienes, portando armas de fuego, se parapetan frente a él, cortando el tránsito, y dos de ellos lo toman en vilo por la espalda, para luego arrojarlo a la parte de atrás de un vehículo que los esperaba, sin que alcance siquiera a gritar. Desde ese momento es privado del sentido de la vista, golpeado con pies y puños en repetidas ocasiones, y amenazado con pistola mientras lo registran y someten.

h) En el vehículo es llevado al Cuartel Bahamondes, ya señalado, lugar en el cual es sometido a intensas sesiones de tortura en lo que lo suben y amarran en un catre metálico, por las extremidades, y conectado a cables con electrodos en distintas partes del cuerpo, así como introducción de agujas metálicas en el pene, y otras agujas que formaban un cintillo puesto alrededor de la cabeza, y durante un lapso indeterminado de tiempo, recibió descargas eléctricas de manos de 3 a 5 individuos que se encontraban presentes en la sala, y que alternaban la aplicación de corriente eléctrica, con pausas para mostrarle fotografías o interrogarlo acerca de sus actividades en Valdivia y Concepción.

i) Durante las sesiones de tortura, fue evaluado por un médico o algún agente con conocimientos médicos, quien autorizó que continuaran las torturas, aduciendo que se encontraba en condiciones de seguir recibiendo estas descargas eléctricas.

j) Mientras tanto, el mismo día 23 de agosto de 1984, tenían lugar los asesinatos de Mario Lagos Rodríguez, Nelson Herrera Riveros y Luciano Aedo Arias, cerca de las 13.00 horas, tras un supuesto enfrentamiento ocurrido en el sector de la Vega Monumental de esta ciudad, en el que resultan muertos estos militantes del MIR, todo lo cual consta de la causa Rol 11-2009, que llevó adelante el Ministro en Visita Extraordinaria don Carlos Aldana Fuentes.

k) En cuanto a la víctima de estos antecedentes, don Alejandro Alfredo Bernstein Rötger, cerca de las 16.00 horas del mismo día 23 de agosto de 1984, un grupo armado conformado por varios agentes de la CNI, irrumpen en su casa habitación ubicada en Alonso Ovalle N°2921, Lomas de San Andrés, Concepción, lugar donde es reducido por los agentes que lo someten mediante golpes de pies y puño, y lo trasladan esposado y vendado al Cuartel Bahamondes ya indicado.

l) Encontrándose en el Cuartel Bahamondes, Alejandro Bernstein reconoce a Ignacio Vidaurrázaga Manríquez porque alcanza a verle sus zapatos, los que reconoce, y porque lo oye quejarse producto de las intensas torturas a las que estaba siendo sometido.

m) En horas de la noche del día 23 de agosto de 1984, Ignacio Vidaurrázaga Manríquez, es sacado del recinto donde se encontraba en el Cuartel Bahamondes, trasladado en vehículo hasta un lugar indeterminado donde lo hacen abordar una avioneta, junto a otras 3 personas: el piloto, copiloto y un sujeto junto a él que lo retiene, manteniéndolo siempre esposado y vendado, privándole de la vista. Durante el vuelo, el sujeto que iba a su lado abre la puerta y lo amenaza con arrojarlo por la puerta del avión en movimiento. Aterrizan en el aeródromo Tobalaba, según se entera después, y trasladado en un vehículo a un cuartel en Santiago, que más tarde se enteraría era el Cuartel Borgoño.

n) Durante la noche del mismo día 23 de agosto de 1984, en el Cuartel Bahamondes, Alejandro Bernstein Rötger, es sometido a diversas torturas y apremios, entre ellas, es forzado a mantener por varias horas una posición de cuclillas sobre un somier con huinchas, lo que le generó severas contracturas en la región lumbar; asimismo fue golpeado en las orejas con las palma de las manos y al costado del pecho al mismo tiempo, por lo que le costaba respirar. Al día siguiente, 24 de agosto de 1984, Alejandro Bernstein es trasladado a Santiago en avioneta, con destino al Cuartel Borgoño de Santiago, y, al igual que a don Ignacio Vidaurrázaga, durante el vuelo, el sujeto que iba a su lado abre la puerta y lo amenaza con arrojarlo por la puerta del avión en movimiento.

o) Ya en el Cuartel Borgoño de Santiago, los prisioneros son obligados a desprenderse de sus ropas, y vestir un mameluco azul de mezclilla y unas alpargatas. En ese lugar, don Ignacio Vidaurrázaga Manríquez y don Alejandro Bernstein Rötger son sometidos a diversas torturas y apremios, consistentes en aplicarles descargas de electricidad.

p) El día 01 de septiembre de 1984, a raíz de un Recurso de Amparo interpuesto en favor de don Ignacio Vidaurrázaga, por su madre doña Yolanda Manríquez Sepúlveda, se constituye en el Cuartel Borgoño, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, don Luis Correa Bulo, junto a la secretaria doña Irene Gilabert Fierro, quienes se entrevistan personalmente con Ignacio Vidaurrázaga, con el propósito de constatar su estado de salud.

q) Algunos días después, las víctimas don Ignacio Vidaurrázaga y don Alejandro Bernstein, son trasladados nuevamente a la ciudad de Concepción, para en una jornada posterior, ser presentados ante el Fiscal Militar, Pedro Marisio Valdés, de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción, en el marco de la causa del fuero militar Rol 746-1984 del ingreso de la Segunda Fiscalía Militar de Concepción.

r) Posteriormente, a ambos, se les envía en calidad de incomunicados a la cárcel pública de la ciudad ubicada en Chacabuco 70, Concepción, según consta de lo obrado en la referida causa Rol 746-1984".

Marcos Derpich jugó todas las cartas para evitar pagar sus culpas por la Operación Alfa Carbón. Ordenó directamente la muerte de militantes del MIR en dictadura. Estiró el proceso por años, pero hace dos semanas la Suprema lo declaró culpable de forma definitiva. Intentó desviar la responsabilidad en dos figuras: Álvaro Corbalán, otro ex CNI conocido que ya tiene más de 100 años de cárcel a su haber; y también en el mayor Joaquín Molina, más conocido como el marido de la comediante Gloria Benavides, quien murió en 1988 baleado en una fiesta a manos del hijo del exjefe de la DINA, Manuel "Mamo" Contreras. Este lunes, cuando la PDI llegó a su puerta para encerrarlo, ya no estaba. Sin salida, a unas cuadras de su domicilio se quitó la vida.

—¡¡¡Compruébenme algo!!!

Marcos Spiro Derpich Miranda (85), alías El Gitano, tomó su teléfono y se puso a grabar. Era 22 de noviembre de 2018. Estaba con amigos tomando un café en los alrededores de Tobalaba, en pleno Providencia. No estaba lejos de su domicilio en calle El Vergel.

No lo sabía en ese momento, pero frente a él estaba un grupo de la “Comisión Funa”, quienes —como se puede inferir por su nombre— funan a los objetivos que se proponen. Esta vez se habían fijado en él, un brigadier (r) del Ejército con extensa trayectoria en la Central Nacional de Informaciones (CNI), el principal aparato represivo de la dictadura, donde fungió como vicedirector y jefe de la división Regionales.

En lugar de regresar a su departamento entre abucheos, decidió encararlos, aunque con un rostro que desprendía entre molestia y sorpresa. Se gritaron de lado y lado.

Por ese entonces, tenía en contra un fallo de primera instancia. El ministro en visita Carlos Aldana lo declaró culpable, junto a Álvaro Corbalán y otros agentes, y lo condenó a 25 años de cárcel: 20 años de presidio como coautor de homicidios calificados y 5 años y un día como coautor de asociación ilícita.

Todo en el marco de la denominada Operación Alfa Carbón, desarrollada entre el 23 y 24 de agosto de 1984, y que permitió la matanza de militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En comparación a su camarada Corbalán, Derpich había corrido con “suerte”. Por ejemplo, en 2009 fue absuelto de un caso de secuestro por falta de participación. Mientras que Corbalán, por su parte, tiene a su haber una cadena perpetua, además de otras condenas, por las que suma más de 100 años de cárcel.

Probablemente con esa autoconfianza encaró a los funadores de vuelta. E incluso pagó a su favor la situación. Según voces que estuvieron presentes, la encargada del local le sirvió un café de cortesía por el “mal rato”.

No se sentía culpable de nada. Cinco años después de ese episodio, el escenario cambió. La justicia dijo lo contrario.

RIP

—Tiene que ser despachado.
—Confirme la orden.
—RIP.

Si bien en abril de 2009 zafó de un caso de secuestro, en septiembre de ese mismo año la justicia volvió a la carga. Por ese entonces inició el proceso del ministro Aldana.

Durante la marcha, la investigación arrojó que Derpich fue uno de los principales jefes a cargo de la Operación Alfa Carbón, junto con Corvalán y el mayor Joaquín Molina, entonces analista de la CNI, más conocido como el marido de la comediante Gloria Benavides, quien murió en 1988 baleado en una fiesta a manos del hijo del exjefe de la DINA, Manuel “Mamo” Contreras.

Según estableció la justicia, para exterminar a los siete miristas a los que habían seguido la pista, los equipos se trasladaron a Los Ángeles, Concepción y Valdivia. Previo al 23 y 24 de agosto de 1984, se reunieron en el cuartel de la CNI en Avenida Pedro de Valdivia, en la capital del Bío Bío.

Desde allí se coordinaron los homicidios de Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Luciano Humberto Aedo Arias, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Raúl Jaime Barrientos Matamala.

El operativo partió la mañana de ese jueves 23. En la icónica Plaza El Ancla de Talcahuano, frente a donde hoy está la Bentoteca de la comuna puerto, los agentes detectaron a tres miristas: Herrera, Lagos y Aedo.

Tras percatarse, decidieron huir en bus. Los captores iban con armas de fuego y hasta un fusil AK-47. Aedo enfiló en un bus en dirección a Hualpencillo —hoy comuna de Hualpén, antes Talcahuano— y los otros dos también, pero hacia Concepción.

El primero, cuando se bajó, intentó huir a pie. Pero a eso del mediodía, en la esquina de las calles Grecia con Nápoles, uno de los agentes le disparó con su arma de fuego. Acto seguido, otro CNI se acercó con el AK-47 y le disparó una ráfaga directamente en la espalda.

Otros CNI siguieron a Herrera y Lagos. Por el camino se coordinaron con Carabineros para interceptar el bus, que aislaron la intersección de la Avenida 21 de Mayo con Mencia de Los Nidos, frente a la Vega Monumental. Allí los agentes le ordenaron a los pasajeros bajarse, pero varios se negaron, incluidos los miristas a bordo.

Acto seguido, lanzaron bombas lacrimógenas para obligar a bajar a los pasajeros. En el intertanto, los agentes lograron dispararles a ambos. Lagos intentó huir, pero corrió la misma fuerte que Aedo: lo mataron con el fúsil. Herrera, en tanto, fue capturado.

José Abel Aravena Ruiz, alias “El Muñeca”, junto a otros CNI, lo tiraron a uno de sus vehículos y lo llevaron al Hospital Regional penquista. Por el camino, este último recibió una orden radial de Derpich. El detenido no podía llegar vivo al centro asistencial y debía ser eliminado.

—Tiene que ser despachado —ordenó Derpich.
—Confirme la orden —le pidió “El Muñeca”.
—RIP.

Nadie cuestionó el mandato y se desviaron al sector Idahue, al inicio del camino a Santa Juana. Luis Andaur Leiva, alias “Caviedes”, lo tiró al suelo, le puso un pie en el pecho y le disparó con su revolver, a dos centímetros de la frente. Lo mató al instante. Aún esposado, retomaron la ruta y lo dejaron abandonado en la urgencia del Hospital Regional.

CONFIRMACIÓN SUPREMA

Para la funa en 2018, aún faltaba mucho camino por recorrer. El fallo de la Corte Suprema tardó, pero llegó. Hace dos semanas, el 4 de marzo pasado, el máximo tribunal confirmó los 25 años de presidio para Derpich y otros 14 ex agentes de la CNI.

Tras repetidos intentos por evitarlo, ya no quedaban más salidas judiciales. Quienes conocieron de cerca el proceso, subrayan que en todo momento su defensa intentó culpar al fallecido Joaquín Molina o a Corbalán. Mientras que este último se limitaba a decir que su rol fue de apoyo a Derpich, quien fungía como encargado en regiones.

Las mismas fuentes confidencian que la figura de Derpich es una muestra de las limitaciones que han tenido las investigaciones de estos casos fuera de la región Metropolitana, pues en regiones se registraron una serie de casos de violaciones de derechos humanos, pero pocas veces ha sido posible sustentarlos con pruebas suficientes. Por ello es probable que Derpich se haya beneficiado de esa “suerte”, al contrario de lo sucedido con figuras como Corbalán.

Durante la semana pasada, fue formalmente notificado de la condena. Por ende, no quedaba más camino que efectivamente ir a la cárcel.

Tras la confirmación de la Suprema, el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana, envió la respectiva orden de detención a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

Por eso es que la mañana de este lunes llegaron hasta su domicilio en Providencia. Sin embargo, no lo encontraron y los efectivos policiales fueron recibidos por su hijo.

Para entonces, Derpich se había desplazado en su auto hasta la calle Juan de Dios Vial Correa, en plena Plaza Las Lilas, a pocas cuadras de su departamento en El Vergel. En el intertanto, su familia se había percatado de una carta de despedida, en la que precisamente les indicó que se iba a encontrar en ese lugar.

Así fue como la PDI y sus cercanos llegaron juntos hasta allí, donde lo encontraron a bordo de su auto con un tiro en la cabeza. De acuerdo a lo señalado por el fiscal de flagrancia, Luis Jaramillo, y el subprefecto Juan Luis Fonseca, jefe de la BH Metropolitana, en el lugar no había indicios de la intervención de terceras personas. Se suicidó.