Base Naval / Fuerte «el Morro» Talcahuano

La Base Naval y el Fuerte “El Morro” de Talcahuano  funcionóaron como lugares de detención y tortura desde los primeros meses después del golpe hasta 1975. En ese entonces designado en el cargo de Gobernador de Talcahuano estaba el Capitán Fernando Carrasco Herrera, mientras que el Contralmirante Jorge Paredes Wetzer  era comandante de la II Zona Naval.

La Base Naval el recinto principal utilizado por el Servicio de Inteligencia Regional (SIRE) de Concepción, donde se mantuvo un número importante de prisioneros. El SIRE estaba integrado por efectivos de distintas unidades de la zona de Concepción y contaba con oficiales de la Armada y del Ejército entre sus mandos. Entre el personal subordinado predominaban los efectivos de la Armada y había una importante participación de miembros de Carabineros e Investigaciones. La Base Naval estaba también estrechamente ligada a las acciones de la 4a Comisaría de Carabineros de Concepción (corresponde a la actual 2ª Comisaría), donde muchos presos políticos de la región fueron torturados para ser posteriormente asesinados, entre ellos el entonces Intendente de Concepción Fernando Alvarez Castillo, el Alcalde de Lota, Danilo González, los dirigentes mineros Isidoro Castillo, Bernabé Cabrera, Vladimir Araneda y el dirigente del sindicato de profesores Héctor Velásquez Molina.

Los presos políticos en la Base Naval de Talcahuano, que fluctuaba entre 30 y 45 personas, eran mantenidos en el Gimnasio techado y en otras dependencias, las que eran custodiadas por infantes de Marina. Los presos sufrían constantes vejaciones y humillaciones y durante los interrogatorios eran sometidos a golpizas y  torturas con aplicación de electricidad. El proceso de interrogatorio de muchos de ellos incluía su trasladado al Cuartel Rodríguez, al Fuerte Borgoño o al Estadio Francisco Acosta donde el uso de la tortura era parte integral de los interrogatorios. Los presos políticos eran mas tarde retornados al Gimnasio de la Base Naval o a la Isla Quiriquina, donde llegaban en  calidad de incomunicados hasta los próximos interrogatorios, o en libre plática.

En la Base Naval, la Armada utilizó, junto a los apremios físicos, variados métodos de amedrentamiento y tortura psicológicas, incluyendo falso fusilamientos y largos periodos de incomunicación. Durante todo el tiempo que los detenidos, hombres y mujeres, permanecían en este lugar estaban con los ojos vendados e incomunicados. La mayoría provenía de otros recintos de detención y torturas. Se les mantenía en el gimnasio de la base, ubicado en la puerta de Los Leones, en sus galerías y camarines, donde permanecían hacinados. Algunos detenidos denunciaron que fueron encerrados en jaulas de madera, de pequeñas dimensiones, en las cuales debían permanecer por varias horas e incluso días, a veces en cuclillas. Otros testimonios mencionan un sector denominado Ancla 2, en donde los prisioneros eran interrogados. Los traslados se hacían en ocasiones al interior de camiones frigoríficos, o eran conducidos desde la base al molo para esperar la barcaza o el trasbordador hacia la Isla Quiriquina, donde hubo un tránsito frecuente de prisioneros durante 1974 y 1975.

Los testimonios de los prisioneros dan cuenta de que participaban en los interrogatorios el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), la DINA y luego la CNI. En los años 1975 y 1976, según los declarantes, fueron llevados por civiles hasta este recinto y eran interrogados por personal de la DINA en celdas ubicadas en el subterráneo. Existen algunos testimonios de personas que entre los años 1980 y 1983 fueron detenidas en operativos de la CNI y la Armada y conducidas hasta la base naval para ser interrogadas y torturadas, previamente a su traslado a otros recintos. Algunos de estos prisioneros fueron llevados desde las comisarías, por civiles, hasta la base naval.

Las torturas denunciadas fueron: aplicación de electricidad, el submarino seco y el mojado, ruleta rusa, golpes; posición forzada, amarrados los pies inmersión en un pozo por varios minutos, simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarros, fueron obligados a mantenerse dentro de un tambor con agua, soportaron distintas formas de abusos sexuales, se les obligaba a escuchar las torturas a otros detenidos, recibían amenazas y presión psicológica permanente.

El ex Fuerte El Morro, actualmente un Monumento Histórico declarado como Sitio de Memoria en la Comuna de Talcahuano, en Concepción (dirección del acceso principal es Calle Jordan Valdivieso 437, Talcahuano, al pie de el cerro El Morro), fue lugar de torturas y detención de más de 400 prisioneros políticos. Sus mazmorras y pasillos recuerdan lo que fue una cueva de horror. Las instalaciones se componen de dos volúmenes. En el recinto principal, de un piso, habia salas administrativas, un subterráneo utilizado como celda, el patio de formación y dos salas utilizadas para detener a hombres y mujeres. El otro volumen está bajo tierra, se ubica en la parte más elevada de la loma y tiene tres accesos. Fue utilizado para torturar a los prisioneros políticos, con inmersión o submarino y con la parrilla. El Fuerte está hoy en desuso..

Criminales y Cómplices

Contralmirante Jorge Paredes Wetzer  (Comandante de la 2a Zona Naval), Capitán Fernando Carrasco Herrera (designado en el cargo de Gobernador de Talcahuano); Cfr. Rodolfo Sanuna Chávez (Gobernador Marítimo de Talcahuano); Tte. Luna, (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Tapia, (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Maldonado (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Alarcón (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Letelier (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Boetsch (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano); Tte. Schuster (IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano);.

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Libros: “La represión política en Chile: los hechos”; “Te Recordamos, Quiriquina”, “Prisión en Chile”; Diario: “El País”; Informe Valech; Memoriaviva;

[Preso Político detenido en octubre de 1973] “…..fui encerrado en una barraca donde muchas veces escuchaba y otras veía como violaban a algunas niñas universitarias o simplemente liceanas, lo cual me producía mucho trastorno, por la impotencia de no poder hacer nada, ésto se repitió muchas veces durante el tiempo que estuve detenido…”.

La intervención de la hija del general Lutz me parece importante y me obliga a participar en este debate que aporta elementos importantes y quizás inéditos. Así como la hija del general Lutz sale en defensa de su padre lo que es muy natural, yo quería nombrar y hacer resaltar a aquellos militares chilenos que desde muy temprano (agosto de 1973) se oponen y actúan en contra de las intenciones golpistas, anticontitucionalistas y terroristas de algunos altos jefes militares, las que más tarde desembocaron en un golpe de estado.

La noche del 5 de agosto de 1973 ha quedado en mi mente como una noche de temores, terror y miedo. Era de tarde, en medio de la oscuridad entro en la casa de quien era mi novia (hoy mi esposa). No era una tarde primaveral sino de invierno, esas tardes invernales de mi ciudad natal ”Chiguayante”, donde la neblina se apodera y atrapa los cuerpos en movimiento y los hace desaparecer con rapidez por muy lento que esos se desplacen.

Estábamos conversando sobre mi trabajo, de lo complicada que estaba la situación en general (huelgas de los dueños de medios transporte entre otros ) y también del estado de mi hijo (Víctor) de solo dos meses de edad, cuando fuimos interrumpidos por el histórico y típico noticiero radial de las 20,00 ” titulado el reporter esso ”. La particular voz del reportero (Pepe Abad ) relata que en la ciudad de Valparaíso la marina chilena había descubierto un grupo de marinos que en forma clandestina y con fines políticos de izquierda presumiblemente tenían conexiones a otras ciudades. La noticia recién escuchada me preocupa demasiado puesto que dentro de los nombres leídos por el reportero, reconocía personalmente algunos. Lo que más me preocupa es la acusación puesto que no corresponde de ninguna manera al tipo de organización ni menos al tipo de actividades que esta realiza. Los días pasan y la represión llega a mi ciudad, o mejor dicho a mi lugar de trabajo que es una base naval en la ciudad de Talcahuano, más exacto los astilleros de la marina chilena con alrededor de 5 000 trabajadores (ASMAR).

El día 7 de agosto son detenidos varios de mis amigos lo que me hace pensar en huir de la ciudad lo más pronto. Pero, puesto estaba seguro que no cometía delito alguno me quede allí. El día 8 de agosto fue un día con muchas dificultades para llegar al trabajo. Yo diría que estuve a solo minutos de no llegar ya que tuve que viajar casi 20 kilómetros en un camión. Comenzaba mis labores a las 7,45 horas y llegué allí a las 11,30 aproximadamente. La imagen que me dio la bienvenida fue arrolladora. A pesar de estar en una base naval no era común ver soldados armados y con uniformes de guerra (camuflaje). Este día había soldados armados en los techos de las oficinas más importantes y en los lugares estratégicos de los astilleros como los diques etc. Se vivía un ambiente muy extraño, a pesar de las informaciones que conocíamos y las propias conclusiones que nosotros sacábamos. No pasaron muchas horas hasta ser detenido. Fui llamado por mi jefe civil (cada plaza de trabajo consta de un jefe civil y una militar) y este se excusó diciendo que era el jefe militar quién me necesitaba. El jefe militar no demoro muchos segundos en aparecer y hacerme la primera pregunta: Eres Mirista Victor? ( MIR Movimiento de Izquierda Revolucionario ) no, fue mi decidida respuesta. La respuesta de la primera pregunta hizo nacer otra pregunta. Eres comunista? No, fue mi tajante respuesta. Perteneces a una organización de izquierda? No, fue mi continuación. Este, levanta un teléfono y habla algo ilegible, cuelga el teléfono y se da vuelta hacia mi y me informa que estoy detenido. Pasan solo unos veinte minutos en que llega un grupo de mas o menos 20 soldados con ropa de combate y caras pintadas quienes con mucha violencia me llevaron a un lugar de detención y tortura llamado Fuerte Borgoño en la ciudad de Talcahuano. Quiero dejar en claro que este lugar es “inaugurado” como lugar de torturas por nosotros ya que fuimos los primeros “prisioneros del gobierno militar” que aún no estaba gestado en realidad. Aunque los militares llevaban mucho tiempo formando parte del gobierno de Salvador Allende y habían logrado provocar la promulgación de leyes que les dieron posibilidades amplias para reprimir a la población; como la ley de control de armas.

Fuimos los primeros prisioneros de un gobierno militar inexistente. Seria muy fácil decir que fuimos prisioneros políticos en el gobierno de Salvador Allende, aunque yo no lo veo así. En nuestro paso por el campo de torturas Fuerte Borgoño fuimos vejados, torturados y estuvimos desaparecidos por un periodo de casi 15 días, sin que nadie supiera de nuestro paradero. Puede parecer un poco irónico y hasta morboso el decir que inauguramos varios lugares de detención en esa base naval entre otros Fuerte Borgoño ” el Gimnasio, los camarines del estadio, Cuartel Rodríguez y la Isla Quiriquina

Nuestras familias lucharon en forma ejemplar en nuestra búsqueda y naturalmente con la ayuda y la solidaridad de casi todo el pueblo chileno.

La actitud y el tratamiento del caso, por una gran parte de los medios de comunicación chilenos requieren una mención especial. Recién hace solo un par de semanas atrás logro saber el mundo sobre nuestro caso (conferencia de prensa en Londres el dia 25 de enero de 1999) de otro modo no ha habido en Chile un medio de comunicación que se haya interesado en escribir la historia correcta del caso de los marinos del 73  ya que jamás se nos ha consultado sino que todo lo han hecho con los materiales aportados por la marina o se han usado de la especulación barata.

Que es lo que ocurrió en realidad? Chile es una sociedad de clases y eso se refleja en todos estratos y organizaciones de la sociedad. El ingreso a las escuelas de oficiales de diferentes ramas de las fuerzas armadas es inherente a la pertenencia de la clase media alta o alta solamente. Por otra parte los partidos políticos de derecha son en general representativos de las clases altas y más acomodadas. Esto hace a su vez, que la clase obrera no esta de ninguna manera representada en la oficialidad de las fuerzas armadas (esta es una simplicación de la problemática) Hay que tener en claro además que las fuerzas armadas chilenas no son deliberantes. En 1970 e incluso antes que Salvador Allende llegara al poder, ya había oficiales que realizaban labores que iban en contra del juramento a la bandera que todos por igual habíamos hecho y que además iban en contra del respeto a la constitución chilena, ya que estos en forma abierta daban a conocer su descontento por la posible llegada al poder del conglomerado político de la Unidad Popular. Esto lo hacían en los cuarteles sin que el personal de tropas como nosotros pudiera criticar u oponerse.

El personal de tropas o suboficilidad como se les llama en otros países. Es en general reclutado de la clase obrera y en casos muy contados de la clase media.

La ilusión y el deseo de una gran parte del pueblo chileno de tener un gobierno de los trabajadores es algo que data de comienzos del siglo 19 a pesar de que solo se cristaliza cuando Salvador Allende es elegido en 1970. Este había sido candidato en 1958 y 1964. La primera vez fue derrotado por Jorge Alessandri y la segunda por Eduardo Frei Montalva, padre del actual presidente. Esta ilusión y deseos también se vislumbran en los militares, con la diferencia que allí la suboficialidad debe ser más cuidadosa en dar a conocer sus preferencias políticas si es que las tiene. La candidatura de Allende llega en un momento en que el todo el mundo se”respiraba” un ambiente revolucionario. Sin pecar de ser excesivo me atrevería a decir que los chilenos en gran parte éramos participes del proceso político que se empezaba a vivir, sin excluir a la suboficialidad militar.

Por un lado veíamos una realidad innegable pero por otro lado la oficialidad que provocaba y atemorizaba con un discurso digno de un político de la extrema derecha. Fue en este clima que un grupo de miembros de la suboficialidad de la marina se lanza en la campaña de detectar y desenmascarar cualquier acción que atentara contra el gobierno democráticamente elegido de Allende. Naturalmente que una gran parte de este grupo humano tenia un miembro de familia o varios que simpatizaban con el gobierno popular o en último caso lo hacíamos por una cuestión de clases.

En mi caso personal mi padre era un connotado socialista y en mi familia desde muy pequeños aprendimos lo que era política, campañas políticas, socialismo etc.

Volviendo al caso del grupo de la marina. En 1972 empezamos a detectar movimientos extraños y que no eran comunes en los cuarteles como compra de nuevas armas, algo que no era común. En 1973 continúan los apertrechamientos de armas y enseres lo que hacia la situación más dudosa aún. Las dificultades se presentaban cuando queríamos informar de esto a alguien de confianza, ya que no nos atrevíamos hacerlo a cualquier persona u organización. Es ahí cuando nace un contacto con un par de partidos políticos de izquierda.

Entre mayo y junio de 1973 logramos saber que se estaba organizando un movimiento militar que tendría por fecha agosto de 1973 (no el 11 de septiembre). Esta información es secreta (en ese momento), por ese mismo motivo queremos entregarla en forma muy urgente y lo más arriba posible en los estratos de gobierno. Por eso mismo pedimos una reunión en forma secreta con líderes políticos de partidos que estaban en la coalición de la Unidad Popular y de un partido que no formaba parte de esta. La información fue entregada pero nunca supimos si Salvador Allende llego a conocerla. Hoy creemos que no, ya que el golpe militar se realizó solo un mes más tarde. Creo además que la entrega de esta información por parte nuestra fue el momento que los servicios de inteligencia de la marina estaban esperando, ya que nuestras detenciones empezaron en forma muy rápida y no lejos de la fecha de los contactos con los políticos.

Uno de los líderes políticos que participaron en esa reunión, dio a conocer en público que había estado en esa reunión secreta. Lo hizo ante varios miles espectadores en una reunión de masas en la ciudad de Santiago. Ese reconocimiento fue además la coronación de nuestro proceso jurídico ya que en ese momento estábamos detenidos en la base naval de Talcahuano.

Muy temprano fuimos victimas de la tortura brutal a la que se dedicaban nuestros compañeros de armas. Fuimos victimas de procesos jurídicos injustos en los cuales jamás participamos, tampoco se nos tomaron declaraciones sin recibir apremios físicos. Muchos de esos culpables aún viven como el sanguinario entonces capitán Köhler el propio fiscal Jiménez quien era participe de la tortura psíquica a la que éramos sometidos. Por dar algunos nombres.

Antes de terminar quiero hacer resaltar un par de cosas. -fue un grave error de los lideres del gobierno popular, y es todavía un error creer que las fuerzas armadas chilenas son constitucionalistas. Las FFAA son y serán el brazo derecho de las clases dominantes mientras no se logren hacer cambios sustanciales en las estructuras de estas y lo que es más básico cambios sustanciales en la educación que reciben tanto la tropa como la oficialidad. -Nadie se puede salvar de culpas aduciendo que -a mi me obligaron a participar o hacer esto- o – yo no me podía negar a las ordenes que me daban-. Menos aún los oficiales. Todos tuvimos la posibilidad de oponernos y no participar de la represión y cacería en contra de nuestros hermanos que tarde o temprano empezaría

El grupo de marineros detenidos en agosto de 1973 dimos el ejemplo pero nadie lo quiso seguir porque era más fácil y cómodo seguir a vendepatrias como Pinochet, Leihgt, Mendoza, Merino, Arellano Stark, Manuel Contreras y otros más. El respeto al juramento a la bandera y a la constitución lo pagamos muy caro, ya que muchos de nosotros cumplimos penas de cárcel de mínimo tres años, otros cinco años y hasta diez y doce años, dos de nuestros queridos compañeros fueron más tarde brutalmente asesinados. A pesar de todo sentimos orgullo de lo que hicimos y donde quiera que estemos salimos con la frente en alto y nadie nos indica con el dedo como les esta ocurriendo hoy a los criminales.

Con mis últimas palabras quiero apelar a la opinión internacional para que hagamos todo lo posible para que Pinochet sea enjuiciado en Europa. No existe ni existirá la posibilidad real de juzgarlo en Chile por mucho que los defensores del ex dictador lo prediquen. Los respetados señores Zaldivar, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos y varios mas ayer”victimas de lujo del ex dictador” hoy defensores de este, lo único que buscan con su actitud es solo asegurar el puesto que tienen y ojalá de por vida. Esa actitud inmoral no es nueva en un político chileno ni menos en un democratacristiano. Sí, me sorprende de un socialista a pesar de que ya han sido varios los autodenominados socialistas que han salido en defensa del dictador lo que ya tampoco es una sorpresa pero, para aclarar la situación me gustaría titularlos”socios listos” y no”socialistas”

Que el futuro de la democracia chilena está en juego, por la detención de Pinochet es la peor exageración que se ha usado creyendo que el mundo está plagado de ignorantes. De que democracia hablan? Quienes han dañado el”proceso democrático” chileno han sido aquellos que han salido a recorrer el mundo para salir en defensa del ex-dictador, ya que el mundo entero sabia desde hace muchos años quien era Pinochet. Que el juicio contra Pinochet en un atropello a la soberanía chilena. Pinochet no es Chile, acaso los criminales son portadores o representativos de soberanía alguna?

Víctor Reiman 

Uppsala, Suecia.

El almirante sigue mintiendo. Sus palabras se pierden entre los cerros y el viento de Valparaíso. Pero la memoria de los porteños víctimas de la represión de la Armada es obstinada y certera. Nadie ni nada podrán borrar jamás el horror entronizado a las orillas del Pacífico, entre la garúa nocturna, los arreboles del atardecer y los sempiternos pelícanos de la bahía. Es que el 11 de septiembre de 1973, junto a los barcos de guerra estadounidenses participantes en los denominados ejercicios UNITAS, la escuadra retornó a puerto a fin de vincularse a las unidades en tierra para dar comienzo al golpe militar contra el gobierno de Salvador Allende. El temprano copamiento de la ciudad transformó a ésta en un gigantesco campo de concentración donde se enseñorearon el miedo, la tortura y la crueldad. La Armada, con inusitada ira y profundo desprecio clasista, reprimió a los porteños y, para tal efecto, desplegó todos sus efectivos, incluidos cadetes de la Escuela Naval. Habilitó, también, varios lugares de reclusión como la Academia de Guerra Naval, el cuartel Silva Palma, y los buques Maipo, Lebu y Esmeralda donde se torturó a miles de aterrorizados habitantes de Valparaíso.

Sin embargo, el almirante Jorge Arancibia, jefe de la Armada, continúa sosteniendo que en aquellos lugares de detención "jamás se torturó a nadie", que tan sólo constituyeron instancias de tránsito para albergar a prisioneros producto de las circunstancias extraordinarias que se vivían. Pero, miente el almirante y miente conscientemente, pues es imposible que no haya estado en conocimiento de lo sucedido en los recintos de la Armada. Son millares los testimonios de víctimas que experimentaron en carne viva la violencia y el odio de oficiales y clases de la aparentemente flemática marina chilena. Tal es el caso de María Eliana Comené, estudiante de castellano de la hacia adentro. Ellos estaban pegados en todas las paredes, yo conté ocho infantes de marina, algunos encapuchados y otros con las caras pintadas de negro. Me dicen que me desnude. Yo empecé a desnudarme y me dejé puesta mi parte de abajo, porque tenía puesto el apósito de la menstruación. Entonces, cuando me obligaron incluso a sacarme el calzón yo dije que no podía, porque estaba indispuesta. Me obligaron a hacerlo y ahí ya viene toda la rebeldía femenina, la rebeldía del luchador, por mucho que nos quisieran hacer sentir como animales llegaba el momento en que la dignidad del ser humano se rebelaba contra todo eso. Y fue tal mi ira, la indignación, que me saqué los calzones, tomé el apósito con sangre y se lo puse en el rostro al teniente que estaba dirigiendo el grupo. Luego de eso, todavía desnuda, por orden del teniente, dos infantes de marina por detrás, me tomaron los glúteos y se agacharon para mirar por el ano". Tal era la calidad moral de los marinos del almirante, los mismos que no trepidaron en violar mujeres para demostrar su poder y su lastimosa hombría, cubriendo sus rostros con pasamontañas y ocultando sus grados. En la Esmeralda, recuerda María Eliana, "había violencia las 24 horas del día, sacaban a los compañeros, los golpeaban, los torturaban, volvían morados y vomitando sangre. Cuando me trasladaron al Lebu estábamos separados de los compañeros quienes se encontraban en las bodegas. Nosotras estábamos en los camarotes y éramos tantas que no podíamos respirar, teníamos que dormir sentadas en el suelo. Nos daban de comer una sola vez al día, a las 9 de la mañana. Eran unos porotos que hasta gusanos tenían, una vez que reclamamos nos dijeron burlándose que para qué nos quejábamos si nos daban 'carne'". Pero la alimentación no era lo que más preocupaba a las prisioneras políticas, sino que el trato inhumano y cruel por parte de sus aprehensores, la mayoría jóvenes marinos. Aunque también las torturaban civiles y, como en el caso de María Eliana, carabineros. Ella había tenido el infortunio de haber sido detenida con ocasión de la retoma de la Universidad Católica en el puerto en los meses previos al golpe. Fue agredida por carabineros al mando de un teniente de apellido Pérez, sin embargo, logró defenderse y golpear a sus agresores.

Obviamente jamás pensó que el devenir político le enfrentaría una vez más al sádico teniente, esta vez a bordo de la motonave Lebu. Pero así fue, en una oportunidad -relata María Eliana- "me llevaron a un camarote que había sido habilitado como sala de interrogatorios y allí estaba este teniente que me comienza a manosear y a gritar diciendo: ¡defiéndete ahora, pos, huevona! Me corrió mano de una manera espantosa, fue más de una hora de sólo eso. Estaba vendada y humillada por lo que estaban haciendo, impotente ante lo que estaba pasando, ante los gritos espantosos que se escuchaban". Pero no era sólo en el barco que se torturaba y degradaba a centenares de porteños. También sucedía en otros centros de tortura de la Armada. Por la Academia de Guerra Naval, en el cerro Playa Ancha, pasó también María Eliana. "Allí estuve como cuatro semanas, me sacaban todas las noches para interrogarme, me golpeaban los oídos con las manos, me ponían corriente en la lengua, en la vagina. Nos sacaban para divertirse con nosotros, para abusar sexualmente. Fueron violaciones masivas. Al final una se desconecta, trata de subliminar lo que está pasando, pero es imposible de olvidar, de hecho, cuando ya me encontraba en la cárcel, hice una seria infección, con vómitos y fiebre. Me enviaron al Hospital Naval y ahí dijeron que era sólo un ataque de vesícula y me enviaron de vuelta a la cárcel. No obstante, era algo mucho más serio. Era gonorrea, y era imposible saber cómo y dónde la había contraído, ¿en la Esmeralda, en el Lebu, en la Academia? Lo único claro es que quedé con el endometrio total y absolutamente destruido".

 

ACADEMIA DE GUERRA NAVAL: CASA DEL HORROR

 

Y fueron millares las vidas destruidas física y sicológicamente en las casas del horror de la Armada en Valparaíso, El Belloto, Colliguay, Puchuncaví y Talcahuano. Por tales centros de detención y tortura pasó Humberto Arancibia, presidente del sindicato de trabajadores de Enadi, ex Compañía de Gas de Valparaíso. Fue detenido en Villa Alemana el 3 de octubre de 1973 en la noche. Fue trasladado por los infantes de marina que le detuvieron al cuartel Silva Palma en el puerto. Llegamos, recuerda Humberto, " a una sala grande repleta de gente, hombres y mujeres tirados en el suelo, muchos con el pelo cortado a bayonetazos. Un infante me preguntó por qué me encontraba ahí. Le respondí que no sabía, que simplemente era dirigente sindical. Exactamente, me dijo para preguntarme por otros dirigentes, para ver si habían robado o no". Los marinos, los militares, sabían perfectamente bien que nadie había robado nada, del mismo modo que sabían que nadie iba a atentar contra la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias como pretendieron hacer creer a través de la difusión de un absurdo Plan Zeta. Simplemente intentaban justificar lo injustificable: la represión, las masacres, la tortura, las violaciones.

Por ello, "alrededor de una hora después de haber llegado, continúa Humberto, me vendan, me ponen sobre la cabeza una capucha negra, me amarran las manos a la espalda y me sacan de la pieza. ¡Así que tú eres Carlos Nicolás! (administrador de la Compañía de Gas), me dicen mientras me dan un golpe en la boca del estómago. Perdí la respiración, me dan palos en la espalda, en las costillas, todo esto camino al interrogatorio. Siento que llegamos a una pieza, tomo aire: no, yo me llamo Humberto Arancibia alcanzo a decir. ¡Por qué no dijiste eso antes conche tu madre! Me gritan. Ahí me di cuenta lo que me esperaba, como iba a ser el tratamiento. En la sala de torturas me pegan con las manos abiertas en los oídos (teléfono), combos en el estómago, palos en las costillas. Todo el tiempo tenía las manos y los pies amarrados con alambre. En un momento pensé que me iban a colgar, pero en realidad lo que hicieron fue ponerme corriente. Esto se repitió muchas veces en medio de todo tipo de insultos".

Luego de una interminable noche de tormentos Arancibia fue trasladado al buque Lebu. "Parecía un barco pirata -señala Humberto- con hombres hacinados en las bodegas del barco. Estaban barbones, algunos con el pelo cortado a cuchillo, con abrigos, frazadas, sucios y hambrientos. A veces nos tiraban pedazos de pan y lo compartíamos entre todos. Lo mismo hacíamos cuando, por milagro, aparecía una naranja. La comíamos entre seis, hasta la cáscara nos comíamos. Más adelante nos daban fideos, masas de fideos más bien. También porotos llenos de gorgojos. Cada comida era vigilada por marinos armados. No todos comían sí, había un compañero de apellido Villarroel a quien mantenían en una jaula desnudo y nunca le daban de comer.

Los marinos nos obligaban a levantarnos a las seis o siete de la mañana. Subíamos a la plataforma del buque y nos manguereaban desnudos en el frío de la mañana. Está claro que no teníamos dónde hacer nuestras necesidades y, en algún momento, pusieron mitades de tambores de aceite -que llamaban 'chutes'- donde comenzamos a orinar y defecar".

En el Lebu se denigraba a la gente, se intentaba deshumanizar al supuesto enemigo, hombres y mujeres, sin importar la edad. También se interrogaba y torturaba. Los interrogatorios selectivos y más brutales se llevaban a efecto en la Academia de Guerra Naval. Allí fue llevado nuevamente Humberto. "Me dijeron que me había reído de ellos la primera vez, me pusieron un paño en la boca y me tiraron contra la muralla y comenzaron a golpearme. Perdí la noción del tiempo, del espacio, pensé que me iban a matar. El estar ahí, aunque no te torturan era igual, porque se sentían gritos, golpes, lamentos desgarradores de gente que se moría. Siempre se estaba en un estado emocional tenso, sabías que después te iba a tocar a ti, ibas a pasar por el mismo proceso. No se tenía ninguna esperanza, no sabías si ibas a salir vivo. Eran varios los que se habían intentado suicidar lanzándose por alguna de las ventanas del cuarto piso de la Academia o golpeándose contra unos pilares que había en la sala grande".

Llegaba a tal punto el pánico, la desesperación, la violencia contra gente indefensa, que no fueron pocos los que prefirieron morir a continuar soportando el horror de la tortura. Sin embargo, el almirante Arancibia insiste en que en los recintos navales jamás se torturó. Incluso en aquellos lugares donde no se interrogaba, imperaba un régimen de represión permanente y de castigos humillantes para los presos políticos. Tal es el caso del campo de concentración de Isla Riesco o Melinka, ubicado en Colligüay al interior de Valparaíso. Allí, cada vez que llegaba un nuevo grupo, se organizaba en la noche, cuando los prisioneros se encontraban encerrados en sus cabañas, un montaje de amedrentamiento. Se oían ráfagas de ametralladoras y fusiles automáticos, se explotaban minas del sector que rodeaba el campo, amén de gritos y carreras. Al día siguiente se informaba a los prisioneros que un grupo de "extremistas" había intentado rescatarlos durante la noche y que habían sido eliminados por la guardia del campo. Si sucedía nuevamente -advertían- lo primero a eliminar era el peligro interno, es decir, los presos.

 

TORTURAS A MARINOS DEMOCRÁTICOS

Además, se castigaba a muchos sumergiéndolos en pozos de excrementos y orina, a culatazos, hundiéndoseles en la basura u obligándoles a correr a latigazos. Eran los infantes de marina los que torturaban de esta manera. Y tenían experiencia, pues fueron los que iniciaron la práctica masiva y sistemática de la tortura en agosto de 1973 al detener y flagelar a un grupo de marinos constitucionalistas que denunciaron los intentos golpistas de la Armada. Antonio Ruiz, cabo segundo, mecánico electrónico con mención en control de fuego, fue uno de ellos. Antonio Ruiz recuerda vívidamente el día en que fue detenido, "fue el 7 de agosto de 1973 en Talcahuano. Oficiales de inteligencia me sacaron de la unidad para trasladarme al Fuerte Borgoño. Allí había un escuadrón de al menos doce cosacos esperándonos. Me obligaron a sacarme la ropa y comenzaron los golpes, comenzó el tratamiento de guerra. Pasamos a ser el enemigo. Para los infantes de marina era una práctica en vivo, fuimos sus conejillos de indias. El oficial que nos interrogaba, para que no se notaran los golpes, usaba guantes mojados. Nos metían en tambores de excrementos y orina; dos cosacos nos sujetaban de las piernas y nos hundían en los tambores hasta que no podíamos respirar. Era tal la desesperación ante la tortura y las amenazas que al final uno se rebelaba y encaraba al oficial gritándole: ¡mátame conche tu madre! A ellos no les importaba lo que uno decía o sentía; al contrario, perfeccionaban las técnicas de tortura día a día. Al poco tiempo ya no te sujetaban por las piernas, sino que habían instalado una roldana desde donde te lanzaban al tambor con excrementos. Nos tenían amarrados de pies y manos, nos amenazaban de muerte y hubo muchos simulacros de fusilamiento. Eramos como 50 los detenidos, pero finalmente quedamos menos de la mitad. Había gente de filiación azul (Asmar) y de filiación blanca, tanto de la dotación Escuela como de la Escuadra. Posteriormente fuimos derivados a la cárcel de Talcahuano en tránsito y, finalmente, a la cárcel de Concepción. Allí nos pilló el golpe, nos despertamos con los disparos, presentimos la muerte, Carabineros se hizo cargo del presidio y nos amenazó con que tendríamos que pagar. Se hizo un simulacro de fusilamiento y toda mi vida pasó delante de mí, muy rápido. Esperaba con los ojos cerrados la muerte. Afortunadamente no sucedió nada y, eventualmente, fuimos traslados a Valparaíso, pasando por el campo de concentración de Isla Riesco o Melinka, cuartel Silva Palma y la cárcel pública del puerto. Otros marinos democráticos fueron detenidos y torturados en el Fuerte Miller de la Infantería de Marina en Las Salinas, y en la Escuela de Ingeniería de Viña del Mar.

A 26 años del golpe de Estado iniciado en Valparaíso, el almirante Jorge Arancibia sigue negando que la Armada violó masivamente los derechos humanos. Entonces ¿por qué habría que creer en sus supuestas buenas intenciones al impulsar junto al gobierno una "mesa de diálogo" destinada -también supuestamente- a poner término al problema de los derechos humanos?

Ningún aparente gesto conciliatorio puede ocultar el hecho irrefutable de que el sacerdote obrero Michael Woodward fue asesinado en la Esmeralda, su Esmeralda, señor almirante

 

 

RESPONSABLES DE TORTURAS DE LA ARMADA

Vicealmirante. Adolfo Walbaum Wieber, Cdte. I Zona Naval

Vicealmirante. Pablo Weber Munnich, Cdte. en Jefe de la Escuadra

Contraalmirante Hugo Cabezas Videla, Jefe E.M. de la Armada

Capitán de Navío (CN) Sergio Huidobro Justiniano,

Cdte. Cuerpo Infantería de Marina (IM) C.N.

Guillermo Aldoney Hansen, Jefe EM. I Zona Naval

C.N. Marcos Ortiz Guttmann, subjefe EM.Armada

C.N. Carlos Borrowman Sanhueza, director Escuela Naval Arturo Prat

C.N. Raúl López Silva, director Academia de Guerra Naval

C.N. Homero Salinas Núñez, director Escuela de Ingeniería Naval

C.N. Arnt Arentsen Pettersen director Escuela del Cuerpo de IM

C.N. Jorge Sabugo Silva, Cdte. Buque Escuela Esmeralda

C.N. Hernán Sepúlveda Gore, Cdte. Destacamento IM "Miller" de Viña del Mar

C.N. Cristián Sloraker Pozo, Jefe EM de la Escuadra

C.N. Oscar Horlscher, Director Hospital Naval Almirante Nef

Capitán de Fragata (CF) Jorge Davanzo Cintolesi, Director Escuela de Armamentos

CF.Víctor Valverde Steinlen, director Escuela de Operaciones Navales

CF. Hernán Soto-Aguilar Cornejo, subdirector Escuela Cuerpo IM

CF. Jorge Valdés Romo, subdirector Escuela Naval Arturo Prat

CF. Patricio Villalobos, Cdte. Base Aeronaval de El Belloto

CF. Ernesto Huber Von Appen, Cdte.Aviación Naval

CF. Julio Vergara, Jefe Servicio de Inteligencia Naval, I Zona Naval

Cte. Santa Cruz IM, Cuartel Silva Palma, Valparaíso

Cap. Bunster, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Jaeger, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Koeller, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Cap. Acuña IM, Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Federico Stigman Servicio Inteligencia Naval

Tte. Luna, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Tapia, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Maldonado, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Alarcón, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Letelier, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Boetsch, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Schuster, IM Fuerte Borgoño, Base Naval de Talcahuano,

Tte. Luis Rebolledo IM, Motonave Lebu

Tte. Guillermo Morera IM (r) Motonave Lebu

Tte. Rafael Yussef ( r) Motonave Lebu

Tte. Rodriguez IM, Buque Escuela Esmeralda

Tte. Juan Gonzalez IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Suboficial Aguayo IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Cabo Soto IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

Cabo Bustos IM, Campo de Concentración de Isla Riesco

En el Cementerio de Hualqui finalmente fueron sepultados los restos de Hugo Candia Nuñez, mirista asesinado en la Base Naval de Talcahuano en 1973. Sus familiares interpusieron una querella en contra de quienes resulten responsables de la muerte del ex trabajador de CAP, siendo 3 marinos de la central de inteligencia los principales sospechosos.

Tras años de espera y de incertidumbre, de no saber si los restos entregados en un rústico cajón herméticamente sellado y con la prohibición de ser abiertos correspondían efectivamente al joven luchador social -de sólo 19 años al momento de su muerte- por fin se pudieron realizar sus exequias, hasta donde llegaron familiares, amigos y compañeros del MIR.

Nancy, una de sus hermanas y quien hizo innumerables gestiones para que laboratorios extranjeros determinaran su ADN y causas de muerte, indicó que es un acto de justicia a la memoria de un valiente que se pueda cumplir con un funeral que por décadas les fue negado.

En la misma línea, Héctor Sandoval, dirigente de la Coordinadora de ex Presos Políticos, expresó que les da tranquilidad poder despedir a un amigo después de tantos años de espera, recordando las condiciones en que se entregó el cuerpo mutilado del joven mirista.

El Chayo, como era conocido el militante del MIR, fue asesinado junto a un amigo el 11 de octubre de 1973, en el Fuerte Borgoño, al interior de la Base Naval de Talcahuano, y tres marinos, quienes dejaron la Armada con altos rangos tras pertenecer a organismos represores de la institución, serían los autores del crimen.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez Mardones dictó hoy –martes 27 de julio– auto de acusación en contra de tres miembros en retiro de la Armada, por su responsabilidad el delito reiterado de aplicación de tormentos. Ilícito perpetrado en octubre de 1973, en la Base Naval de Talcahuano.

En la resolución (causa rol 2-2018), la ministra Méndez Mardones sindicó a José Raúl Cáceres González, Julio Humberto Salvador Alarcón Saavedra y Luis Eduardo Kohler Herrera, en calidad de coautores del delito cometido en perjuicio de Eduardo Viveros Parra.

En la acusación, la ministra en visita da por establecido que alrededor de las 14 horas del 20 de octubre de 1973, la víctima, Eduardo Viveros Parra, en los momentos que ingresaba a su trabajo en la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), fue interceptado en forma violenta por un grupo de efectivos de la Armada que portaban fusiles de guerra, quienes proceden a detenerlo sin que existiera en su contra orden judicial o administrativa competente y, lo trasladan a bordo de una camioneta, hasta la Base Naval de Talcahuano, recinto al que previo a ingresar le colocaron una bolsa de género en la cabeza y golpearon con las culatas de los fusiles.

Llevado al Fuerte Borgoño, al interior de la base, Viveros Parra fue sindicado como cabecilla de una célula extremista, por lo que fue sometió durante alrededor de nueve días a sesiones de torturas; tales como: golpes a mano abierta en los oídos que le causaron discapacidad auditiva; inmersión en un tambor con aguas servidas; aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo, principalmente en los genitales; simulacros de fusilamiento; golpizas mientras estaba colgado y amarrado de pies y manos a un palo, lo que le causó fractura de varias costillas sin recibir atención médica; además, fue amarrado desnudo a la parte trasera de un vehículo que lo arrastró por varios metros, entre otras.

Asimismo, durante un careo practicado con el prisionero Raúl Enrique Ramón Carvallo Barro, al manifestar Viveros Parra que no le había dado ninguna instrucción respecto de armamento, fue salvajemente golpeado resultando con dos costillas quebradas.

Posteriormente, fue trasladado al gimnasio de la Base Naval en donde no fue reconocido por los demás detenidos debido a los golpes recibidos.

Tras permanecer uno par de días en la Base Naval, Viveros Parra fue llevado a la isla Quiriquina, en donde permaneció hasta el 29 de junio de 1974, fecha en que fue dejado en libertad.

En una segunda resolución (causa rol 1-2018), la ministra Méndez Mardones acusó a Cáceres González y Alarcón Saavedra, en calidad de coautores del delito de aplicación de tormentos en perjuicio de Raúl Enrique Ramón Carvallo Barro. Ilícito perpetrado a contar del 23 de octubre de 1973, en la comuna de Talcahuano.

En la etapa de investigación de la causa, la ministra en visita logró determinar que alrededor de las 03:30 horas de la madrugada del 23 de octubre de 1973, Carvallo Barro, trabajador de la Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), se encontraba en su domicilio en la comuna de Talcahuano acompañado por su grupo familiar, momento en que ingresaron al inmueble de forma violenta tres funcionarios de la Armada, quienes lo detuvieron sin que existiera orden judicial o administrativa competente.

Posteriormente, la víctima fue subida por los captores a una camioneta con golpes de pies y de las culatas de sus fusiles, tirándolo en la parte posterior del vehículo, apretando uno de los infantes de marina la cabeza de Carvallo Barro contra el suelo, lo que le provocó mareos hasta llegar al Fuerte Borgoño, en la Base Naval de Talcahuano.

Al bajar de la camioneta fue golpeado, cayendo contra una planchas de zinc, desde donde lo arrojaron a un lugar con barro, sitio en que continuaron golpeándolo y le lanzaron baldes con orina y excremento. Por la mañana, tras lanzarle agua con una manguera, fue conducido a una sala donde fue interrogado por un teniente de apellido Alarcón y dos funcionarios más, quienes le preguntaron por armas. Al responder que era solo un trabajador, fue golpeado por el teniente Alarcón en los oídos, mientras los otros funcionarios le pegaban con las culatas de los fusiles en la espalda, tórax y piernas hasta que perdió el conocimiento.

Posteriormente, fue obligado a permanecer de pie por horas bajo el sol, con la vista vendada y frente a una fosa. Cada cierto tiempo pasaba un funcionario de la Armada, quien lo golpeaba y le decía que en esa fosa lo enterrarían. Horas más tarde fue lanzado al interior del hoyo de un culatazo y se simuló su fusilamiento, con el disparo de un infante. Cuando finalmente fue sacado del sitio lo sometieron a un nuevo interrogatorio en la sala que estuvo previamente, inmueble en que los tenientes Cáceres y Alarcón lo sentaron en una silla, vendaron y le aplicaron electricidad en cuello y pecho.

En dicho contexto, Carvallo Barro pidió ser careado con quien supuestamente lo inculpó de poseer armas, ordenando el teniente Alarcón que trajeran a Eduardo Viveros, quien era su subalterno en Emporchi, careo en que Viveros,  desfigurado por los golpes, lo desligó de responsabilidad, por lo que los marinos le quebraran dos costillas a golpes “por haber mentido”

Finalmente, Carvallo Barro fue trasladado al gimnasio de la Base Naval y, una semana después, fue llevado hasta la isla Quiriquina en donde efectuó trabajos forzados hasta que el 13 de febrero de 1974 se dispuso su libertad, sin que fuera sometido a proceso.

El ministro en visita para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, participó este miércoles 25 de mayo, en la reconstitución de escena de la muerte del joven tomecino de 24 años, Ricardo Barra Martínez -obrero y militante el MIR-, quien falleció el 28 de septiembre de 1973, en el Fuerte Borgoño de la Base Naval de Talcahuano, luego de haber sido detenido en la comuna de Tomé.

“Debí asistir para presenciar y observar el desarrollo de esta diligencia que fue ordenada por la Corte y –a través del fiscal- hacer preguntas a los participantes, con la idea de aclarar algunas contradicciones en sus versiones”, indicó el ministro Aldana quien participó en la diligencia que fue dirigida por el fiscal naval Alejandro Henríquez Yévenes por efectuarse en un recinto militar.

En esta misma causa, dentro de la próxima semana, el alto magistrado interrogará en el penal de Punta de Peuco y en un recinto naval de Valparaíso a otros altos mandos de la Armada para obtener nuevos antecedentes.

“No se descarta que a raíz de todos estas indagaciones se efectúen nuevos procesamientos”, agregó el ministro Aldana.

Por esta causa se encuentran procesados el ex mayor de Carabineros Juan Humberto Utreras Chávez y al ex teniente de la Armada Omar Antonio Dapick Bitterlich, en calidad de autores materiales del delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte; además, del capitán de Navío (r) y ex director de la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina, Aníbal Octavio Aravena Miranda, como coautor inductor del delito y el marino Patricio Salamanca Marín como autor de homicidio simple.

Su cadáver fue inhumado en el Cementerio de Talcahuano. Su familia, que posteriormente lo exhumó, afirma que el cuerpo estaba violáceo en la espalda y orejas, y entero ensangrentado. Sin embargo, el certificado de defunción señala como causa de muerte “muerte súbita, infarto cardíaco”.

El acta de defunción señala como lugar de la muerte Aldea 3, que corresponde al destacamento de Infantería de Marina ubicado en el Fuerte Borgoño. La autopsia no fue practicada por instruccion de la autoridad militar, por lo tanto, no es posible establecer como causa la “muerte súbita” ya que este diagnóstico sólo puede realizarse si se ha constatado que ningún órgano está suficientemente dañado para producir la muerte, ni “infarto cardíaco” que es una causa de muerte que puede suponerse de cualquier víctima, pero que requeriría también la realización de una autopsia.

Por los testimonios recibidos; porque no se practicó autopsia; porque fue sindicado por la prensa de la época como un “peligroso extremista”; por la suerte corrida por las personas que fueron detenidas con él; y por los signos que presentaba su cuerpo, la Comisión se ha formado la convicción que Antonio Barra muere a consecuencia de las torturas a que lo sometieron agentes del Estado, en un acto de violación de los derechos humanos.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, en resolución del 14 de agosto de 2014, el cadáver de Barra Martínez “presentaba evidencias de golpes y quemaduras de cigarros, morada su piel y la camiseta que usaba, ensangrentada, estado físico que es el resultado de las torturas recibidas, tratamiento que es lo que es coherente con la forma de interrogar que tenían los miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas a los detenidos que se les atribuía actividades terroristas”, puntualizó.

Situación de Ricardo Barra

El 28 de septiembre de 1973 fallece en el Fuerte Borgoño Ricardo Antonio Barra Martínez, 24 años, obrero de FIAP Tomé y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Fue detenido el día anterior junto a Miguel Ángel Catalán Febrero, Tránsito del Carmen Cabrera Ortiz y Héctor Lepe Moraga, quienes posteriormente fueron sometidos a Consejo de Guerra y luego ejecutados bajo pretexto de una supuesta fuga. Sus aprehensores fueron carabineros de la Comisaría de Tomé, que los condujeron a ese cuartel policial.

Declaraciones de testigos señalan que allí fue interrogado y torturado, para luego ser trasladado en mal estado al Fuerte Borgoño, donde fallece, a consecuencia de las torturas, el día 28 de septiembre.

El ministro en visita para causas por violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carlos Aldana Fuentes, participó hoy –miércoles 25 de mayo- en la reconstitución de escena de la muerte de Ricardo Barra Martínez, quien falleció el 28 de septiembre de 1973, en el Fuerte Borgoño de la Base Naval de Talcahuano, luego de haber sido detenido en la comuna de Tomé.

“Debí asistir para presenciar y observar el desarrollo de esta diligencia que fue ordenada por la Corte y –a través del fiscal- hacer preguntas a los participantes, con la idea de aclarar algunas contradicciones en sus versiones”, indicó el ministro Aldana quien asistió a la diligencia que  fue dirigida por el fiscal naval Alejandro Henríquez Yévenes por efectuarse en un recinto militar.

En esta misma causa, dentro de la próxima semana, el alto magistrado interrogará en el penal de Punta de Peuco y en un recinto naval de Valparaíso a otros altos mandos de la Armada para obtener nuevos antecedentes.

“No se descarta que a raíz de todos estas indagaciones se efectúen nuevos procesamientos”, agregó el ministro Aldana.

Por esta causa se encuentran procesados el ex mayor de Carabineros Juan Humberto Utreras Chávez y al ex teniente de la Armada Omar Antonio Dapick Bitterlich, en calidad de autores materiales del delito de aplicación de tormentos  con resultado de muerte; además, del capitán de Navío (r) y ex director de la Escuela de Grumetes de la Isla Quiriquina, Aníbal Octavio Aravena Miranda, como coautor inductor del delito y el marino Patricio Salamanca Marín como autor de homicidio simple.

De acuerdo a los antecedentes recopilados en la investigación, en resolución del 14 de agosto  de 2014, el cadáver de Barra Martínez “presentaba evidencias de golpes y quemaduras de cigarros, morada su piel y la camiseta que usaba, ensangrentada, estado físico que es el resultado de las torturas recibidas, tratamiento que es lo que es coherente con la forma de interrogar que tenían los miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas a los detenidos que se les atribuía actividades terroristas”, puntualizó.

Escondido entre la vegetación, desde la avenida se ve un cerro lleno de árboles, pocos se imaginan lo que se esconde entre el verde. Las ruinas del ex Fuerte El Morro de Talcahuano, las cuales guardan una historia que buscan recuperar.

"Ni perdón, ni olvido" es una de las frases que marca una de las épocas más fuertes que vivió Chile durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet en 1973.

Y es bajo esta misma consigna de "no olvidar", que la Corporación de Socorros Mutuos Bautista Van Shouwen Vasey, ha trabajado incansablemente en recuperar el ex Fuerte El Morro ubicado en Talcahuano.

Centro de detención y tortura clandestina

¿La razón?, es porque este lugar se utilizó para detenciones y torturas de forma clandestina durante aquella época. De hecho, algunos de sus integrantes vivieron en carne propia los vejámenes y reconocieron el lugar tras años de lo sucedido. Así lo relata Rebeca Ulloa a Sabes.cl, miembro integrante de la corporación.

"Durante el año 2010 ocurre el terremoto y muchos vecinos de El Morro suben a refugiarse a este sector y nosotros en el ánimo de una corporación de socorro mutuo vinimos a apoyar y solidarizar con las personas", relató.

Sin embargo, no sospechaban lo que descubrirían en medio de sus ganas de ayudar. "En esa solidaridad, algunos compañeros que estuvieron detenidos aquí comienzan a observar que este fue su lugar de detención, porque esto fue un centro de detención clandestino".

Desde allí en adelante, decidieron trabajar para que fuera declarado Sitio de Memoria y Patrimonio Histórico. Algo que finalmente y tras años de lucha, consiguieron en el 2017.

Lamentablemente, tal como explica Rebeca Ulloa, esa declaración es "solo en papel", ya que indica que no reciben ningún financiamiento para su mantención y cuidados.

Su objetivo principal, es que este lugar que albergó cerca de 100 detenciones de manera inminente, pase a ser administrado por la corporación.

Lo anterior, con la intención que "sea un museo histórico, un espacio abierto, en el que se puedan traer estudiantes y a toda la ciudadanía que quiera venir a recorrer este espacio".

Cientos de personas que pasaron por El Morro, fueron torturadas y posteriormente trasladadas a cárceles. No obstante, hubo un caso que no terminó así.

Es el de Oscar Segundo Yáñez Arroz, quien tras ser detenido, fue trasladado a Lota y posteriormente asesinado.

Historia del ex Fuerte El Morro

Su construcción la ordenó José Manuel Balmaceda en el siglo XIX, quien instruyó la creación de un sistema integral de fuertes en Talcahuano y Valparaíso.

De hecho, según explica la página de monumentos del Gobierno, se programaron nueve fuertes en la bahía del Gran Concepción: Miller (Isla Quiriquina), Maruri (Isla Quiriquina), Montecristo (Boca Grande), Beaucheff (Caleta Tumbes), San Martín (Boca Grande), y en el interior de la bahía los fuertes Borgoño, Rodríguez, Rondizzoni y El Morro.

Tras la Segunda Guerra Mundial, los fuertes fueron desmantelados, quedando solo su estructura. Sin embargo, durante la dictadura de 1973, la Armada de Chile, la Base Naval de Talcahuano y algunos fuertes para realizar torturas. Es así, como El Morro fue utilizado entre 1973 y 1985 por el SIRE, la Armada, la DINA y la CNI para cometer estos vejámenes.

De hecho, Informe Valech individualiza este recinto como "Base Naval de Talcahuano/Base el Morro de Talcahuano".

El recinto se dividía en áreas donde se cometían las torturas a hombres y mujeres trasladados principalmente desde Concepción.

Allí, existían las salas administrativas y un subterráneo utilizado como celda, además de dos salas para los detenidos. Sumado a esto, existía otro lugar bajo tierra, posicionado en lo más alto de la loma, donde se torturaba a prisioneros políticos con inmersión o submarino y con la parrilla.

Finalmente, cabe señalar que hasta el día de hoy, la corporación señala tener dificultades con la Armada de Chile. Esto porque acusan que reclaman parte del lugar por ser borde costero.

"Nosotros hemos hecho un estudio que demuestra que este sitio es de bienes nacionales y que no está en manos de la Armada de Chile, porque el punto de la marea más alta se encuentra a ochenta metros. Ellos son unos de los principales opositores de que este espacio se considere monumento", cerró Rebeca Ulloa.

Con un emotivo acto en las ruinas del Fuerte El Morro de Talcahuano, la Corporación Mutual Bautista Van Schouwen conmemoró el 68 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Así mismo, el acto se convirtió en una celebración de la declaratoria realizada por el Consejo de Monumentos Nacionales que, el recién pasado 23 de noviembre, declaró el lugar como Monumento Histórico y Sitio de Memoria.

El recinto del Morro fue utilizado durante la dictadura como centro clandestino de detención y de tortura de prisioneros políticos por parte de los diversos aparatos represivos del régimen. Primero fueros los agentes del Servicio de Inteligencia Naval (conocidos como Ancla II), luego fue la coordinación de éstos con los aparatos represivos de otras instituciones armadas agrupadas en el Centro de Inteligencia Regional (CIRE); el lugar continuó siendo utilizado por la DINA y finalmente por la CNI hasta mediados de los años 80. Las ruinas del antiguo Fuerte fueron así convertidas en mazmorras y centro de terror por la represión dictatorial.

A la actividad concurrieron alrededor de 40 personas, entre los cuales hubo varios sobrevivientes ex prisioneros políticos del lugar, quienes fueron relatando sus vivencias y sufrimientos padecidos en aquel sitio. Los asistentes recorrieron las diversas ruinas e instalaciones que se conservan en relativo buen estado. Luego del recorrido, los asistentes participaron en un sencillo acto con la participación de artistas populares.

Finalmente, el presidente de la Mutual Van Schouwen realizó una breve alocución en donde resaltó la importancia de la declaración del lugar como Monumento Histórico y Sitio de Memoria, señalando que la actividad de hoy también tenía carácter histórico puesto que era la primera visita y recorrido del recinto que se hacía como Sitio Memorial. Al mismo tiempo señaló el trabajo que aún queda por hacer para culminar con el objetivo propuesto de recuperar el Fuerte El Morro para la memoria social y colectiva de la región.

Culminó el acto con la instalación de un simbólico letrero que señala el nuevo carácter del lugar.

Sobrevivientes de este campo de tortura recorren el lugar, reconociendo el uso de cada uno de los espacios.

Uno de los accesos a los túneles donde habitualmente se conducían a los prisioneros para ser torturados bajo diversos métodos.

Actualmente, junto a las ruinas del centro de detención y tortura de El Morro, habitan tres familias en mediaguas.

El rol significativo que tuvo la región en los procesos sociopolíticos nacionales durante el transcurso de la historia chilena, ponen de manifiesto algunos aspectos fundamentales para lograr entender el apresurado actuar de las fuerzas militares la mañana del 11 de septiembre de 1973, convirtiendo a la región del Biobío, así como el Gran Concepción, y la ciudad propiamente tal, en la segunda localidad en ser intervenida, con un alto nivel de represión y violencia. De esta manera, el rápido control y habilitación de recintos de detención dieron cuenta de la planificación anticipada del golpe cívico-militar, en los cuales fueron constantes las humillaciones, vejámenes y torturas.

La mañana del 11 de septiembre

El periodista James Whelan señaló en la misma mañana del martes 11 de septiembre de 1973, el rápido control que se llevó a efecto en la ciudad de Concepción, neutralizando a los altos dirigentes de la Unidad Popular, los cordones industriales y la Universidad de Concepción, sin disparar un solo tiro. Ante esto, cabe interrogarse ¿Por qué era tan necesario para la Junta Militar este raudo y efectivo control de la ciudad? La respuesta radica en que el Gran Concepción y la Provincia de Arauco, se habían transformado durante el transcurso del siglo XX en una importante zona de orientación política de izquierda representada por obreros y estudiantes. La izquierdización se profundizó con la llegada de la Unidad Popular al gobierno, de manera que fue primordial para la dictadura socavar toda señal de levantamiento en su contra.

Aquella mañana del 11 de septiembre se comenzaron a divisar las tanquetas, patrullas militares y muchos efectivos de Carabineros. El temor se apoderó de quienes habían participado de algún modo u otro en el gobierno de Salvador Allende. Algunos testigos relatan haber visto pasar a los camiones militares con muchos civiles en dirección al Estadio Regional.

Sin embargo, tras ocurrido el golpe existió una minoría que pensó en resistir a la acción militar. Testigos indican que hubo un tiroteo en el centro de la ciudad detrás de la tienda Falabella, generándose enfrentamientos entre los pocos que quedaron de la UP y militares, contradiciendo de esta manera lo expuesto por el periodista Whelan quien, como ya habíamos mencionado, argumentaba que el control rápido de Concepción se había efectuado sin disparar un tiro. No obstante, otros testigos plantearon que todo eran rumores debido a que los medios estaban intervenidos, haciendo creer que la izquierda poseía armas para efectuar enfrentamientos y resistir a la insurrección militar.

A continuación, la Universidad de Concepción, pasada las 8 de la mañana fue rodeada por efectivos del Ejército, quienes automáticamente instalaron ametralladoras en algunos de los cerros aledaños. Se ocuparon las escuelas de Periodismo, Sociología, los hogares universitarios y Radio Universidad de Concepción, posteriormente utilizada como radio de las Fuerzas Armadas hasta diciembre de 1974. Por otra parte, no se encontraron armas. Tampoco hubo resistencia armada de parte de estudiantes y funcionarios. Las delaciones fueron recurrentes. En el recinto universitario, personal de la institución participó en la construcción y confección de las listas de empleados que debían ser arrestados. Existieron denuncias de funcionarios en contra de otros. Todo académico y funcionario que tuvo militancia en la Unidad Popular o en el MIR fue separado/desvinculado de la institución.

Control represivo

En consecuencia, con el objetivo de eliminar toda expresión marxista y sus diversas manifestaciones y expresiones, cientos de detenidos de la ciudad y alrededores, fueron trasladados a distintos centros de detención. Algunos de estos lugares y cifras de detenidos fueron anunciados por la cruz roja, quienes indicaron que en: El Estadio Regional, en el mes de octubre de 1973 poseía una cantidad de 589 detenidos; isla Quiriquina, en la misma fecha reunía a 552 personas entre las cuales se cuentan mujeres y extranjeros; Cárcel Publica de Concepción, con 73 detenidos, divididos en 43 a disposición del Ejercito, 17 de la Armada y 13 condenados por Consejos de Guerra; y Base Naval de Talcahuano en noviembre del mismo año, mantenía recluido a 158 detenidos. Otros recintos fueron: Cárcel de Bulnes; Cárcel de Chillán; Comisaría de Carabineros de Arauco; Liceo Alemán del Verbo Divino, de Los Ángeles; Liceo de Hombres de Los Ángeles; entre otros.

En estos recintos mencionados eran constantes las humillaciones y vejámenes hacia los detenidos. Muchos de los cuales fueron obligados a ingerir desechos orgánicos -excrementos, orina y vómitos, de humanos o animales-, además de líquidos pestilentes; a arrastrarse por el suelo en medio de burlas y golpes; obligados a entonar himnos o consignas políticas en medio de burlas; a correr con la vista vendada en rutas con obstáculos, tropezando y cayendo al suelo; entre otras cosas.

Un detenido en Estadio Regional dio cuentas de la violencia ejercida. Les tapaban la vista, golpeaban con manos y pies, a él lo sentaron en una silla como de circo con los ojos vendados, para posteriormente quitarle el objeto de un puntapié dejándolo caer, le pedían que se volviese a sentar, pero con la vista vendada no lograba encontrar la silla, por tal motivo era golpeado. Manifiesta que prácticamente habían jugado un partido con él en el suelo. En Quiriquina el trato fue similar, los detenidos tuvieron que construir el Fuerte Rondizzoni, utilizado como centro de detención. Los reclusos al momento de llegar no tenían donde dormir, por lo que tuvieron que hacerlo en el suelo y amontonados. Después de dos semanas recibieron una colchoneta. Después de un mes les pasaron un poco de tapas. Los interrogatorios efectuados en el Fuerte Borgoño ubicado en Talcahuano, se llevaban a efecto con mecanismos de tortura. En este último punto, se puede dar cuenta de algunos mecanismos como: El Submarino en agua y excremento; La Campana, donde un tarro cubre la cabeza del detenido, el que luego es golpeado produciendo un intenso ruido; colgarlos desnudo desde un árbol con las manos amarradas durante varias horas, mientras se les golpeaba con una varilla; aplicación de corriente; abusos sexuales a mujeres; entre otras.

Los organismos encargados de efectuar las detenciones y posterior traslado fueron: la Coordinadora de Inteligencia Regional (CIRE), el Servicio de Inteligencia Militar (SIM), el Servicio de Inteligencia de Concepción (SIRE) aludido como el principal organismo de represión, Carabineros, Policía de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Inteligencia (CNI) que mantuvo cuarteles donde torturó y flageló a muchas personas, uno de ellos fue el Cuartel Bahamondes, también conocido como el cuarto de la música o el cuarto de la risa, ubicado en Pedro de Valdivia N° 710 camino a Chiguayante.

Algunos casos de la región

El día 11 de septiembre de 1973 en la ciudad de Lota se habían acelerado una serie de investigaciones que estaban basadas en antecedentes que tenía alusión a la existencia de cuadros de entrenamiento en fábrica de explosivos, efectuados con el fin de ejecutar el denominado "Plan Zeta". A través de estas investigaciones las autoridades de la época anunciaban que habían dado con el paradero de algunos cajones de madera que contenían gran cantidad de granadas, todas ellas retiradas del patio de la Municipalidad de Lota donde habrían sido enterradas. Así, y mediante un consejo de guerra, fueron asesinados la mañana del 22 de octubre de 1973 en la autopista que une Concepción con Talcahuano, el Alcalde de Lota, Danilo González (39 años); el Gerente General de ENACAR, Isidoro Carrillo (46 años); el Presidente del Sindicato celulosa de Concepción, Bernabé Cabrera (39 años); y el dirigente gremial del Magisterio, Vladimir Araneda (33 años), todos militantes del Partido Comunista. Exhumadas las tumbas 17 años después del fusilamiento, sus familiares dieron con sus cuerpos y pudieron sepultarlos dignamente.

Por otra parte, el mismo mes de septiembre de 1973 ocurrió un hecho similar en las localidades de Laja y San Rosendo. Entre el 13 y el 16 de septiembre, 19 personas habían sido detenidas por personal de carabineros de dichos lugares y trasladadas a la Tenencia de Laja donde estuvieron retenidos hasta el día 17. A partir del día 18 sus rastros habían desaparecido. La gran mayoría era obrero de la papelera, otros comerciantes, estudiantes, profesores, militantes socialistas, entre otros.

A mediados de 1977, la asistente social Nelly Henríquez y la abogada Martita Worner iniciaron una investigación debido a que algunos testimonios indicaban que esas personas habían sido ejecutadas. Con el avanzar de la investigación se hacía más evidente que los detenidos habían sido ejecutados y hechos enterrar clandestinamente en algún lugar cercano a la ciudad de Laja. Las voces de muchas personas indicaban que las sepulturas clandestinas estaban en el cementerio de Yumbel. Efectivamente era cierto, y los cuerpos fueron exhumados en octubre de 1979, seis años después de sus detenciones y asesinatos.

Por último, relato brevemente el Caso Quebrada Honda, donde 4 personas tras ocurrido el golpe cívico-militar decidieron refugiarse en los cerros de Tomé. No teniendo con que sobrevivir deciden bajar a la casa de uno de ellos, siendo detenidos por la policía. En la Comisaría de Tomé fueron torturados, quedando uno de ellos gravemente herido y falleciendo días después. A los tres restantes se les acusó de delitos de porte de armas de fuego en tiempos de guerra, porte y ocultamiento de explosivos, y concentración para milicias paramilitares. Se les condenó a más de 20 años de cárcel, teniendo que cumplirlas en la ciudad de Tomé. No obstante, el 9 de octubre fueron retirados por oficiales y entregados moribundos al alcaide, este último se negó a recibirlos por el estado en el cual se encontraban. El oficial ordenó llevarlos hacia Talcahuano, pero en el camino fueron asesinados en Quebrada Honda. La versión de la Armada indicaba que habían sido emboscados y que los presos habían aprovechado para intentar escapar lo que obligó a tener que dispararles y asesinarlos. Años más tarde, la comisión Rettig concluyó que esta declaración no podía ser posible.

Consideraciones finales

De esta manera, una de las principales marcas de la dictadura chilena fue el empleo constante y sistemático de la violencia. Ya desde el mismo martes 11 de septiembre de 1973, las medidas de fuerzas se hicieron sentir en todo el país. Desde el ataque al palacio de la Moneda, las persecuciones, detenciones, asesinatos, allanamientos, exilios y relegaciones. El intento de eliminar todo rastro marxista y opositor, persiguió con sigilo al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al Partido Comunista y al Partido Socialista. Se habilitaron recintos para tales objetivos. En ese contexto, varios fueron los dispositivos institucionales de represión y violencia que se hicieron presentes.

La Corte Suprema confirmó, el 24 de mayo, la condena al comando operativo del Centro de Inteligencia Regional, Cire, por el secuestro y desaparición forzada del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Rudy Cárcamo Ruiz. Rudy Cárcamo fue secuestrado desde su hogar en Talcahuano la noche del 27 de noviembre de 1974 y recluido en la Base Naval de Talcahuano. Allí fue torturado hasta la muerte en los camarines, utilizados como calabozos, del estadio Francisco Acosta, del complejo deportivo de la Base Naval, contiguo al gimnasio techado y al acceso al astillero de Asmar.

Los condenados a 5 años y 1 día de presidio son el jefe del Departamento de Inteligencia de la Armada (Ancla Dos), capitán de fragata Hugo Nelson González D’Arcangeli; el ayudante del jefe del Departamento de Inteligencia, teniente de mar Víctor Ernesto Donoso Barrera; el capitán de Carabineros Conrado Alfredo Sesnic Guerricabeitia; el inspector del ex Servicio de Investigaciones, actual PDI, Osvaldo Francisco Harnish Salazar y, finalmente, el teniente segundo de la Armada José Raúl Cáceres González. Todas las condenas son sin beneficios, es decir, deberán cumplir las penas de presidio en forma efectiva. Fueron condenados, además, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Los grados militares y policiales mencionados son los que tenían a la fecha del secuestro. Por sus servicios represivos alcanzaron luego altos grados en sus instituciones.

En Concepción, tanto el ministro instructor, Carlos Aldana, como la Corte de Apelaciones, los habían condenado a 541 días de reclusión, con el beneficio de remisión de la pena, es decir, la cumplirían en prisión sólo en el caso que cometieran un nuevo delito. En resumen, una sentencia irrisoria, en los hechos impunidad judicial para los criminales. La Corte Suprema, sin embargo, en fallo dividido, elevó la condena a cinco años y un día de presidio efectivo y a la inhabilitación a perpetuidad de sus derechos políticos. El ministro Milton Juica estuvo por elevarlas a diez años y un día, en atención a la naturaleza y gravedad del ilícito investigado, en tanto que el ministro Hugo Dolmestch estuvo por mantener las penas de primera instancia de 541 días, remitidas.

EXTENSIONES DE LA DINA
Los Centros de Inteligencia Regional fueron creados en 1974 a lo largo del país, y funcionaron en aquellos lugares a los que no llegaba la Dina, pero actuaban en coordinación con ella. Los integraban los departamentos de inteligencia de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. En Concepción tuvo sus dependencias clandestinas en el tercer piso de la esquina de Barros Arana con el pasaje Portales, en los altos de la que fuera la Rotisería Pujol, actual Banco Santander. Su comandante fue siempre un teniente coronel de ejército, y su comando operativo lo integraban los actualmente condenados y el capitán de Carabineros Sergio Arévalo Cid, todos ellos en calidad de jefes de un numeroso contingente de marinos, infantes de marina, suboficiales y tropa del ejército, carabineros y detectives.

Desde su creación en 1974 el Cire de Concepción -conocido como Ancla 2- tuvo un campo de prisioneros en el complejo deportivo de la Base Naval de Talcahuano, en donde funcionó hasta mediados de 1975, oportunidad en que fue trasladado a las antiguas dependencias del fuerte El Morro, contiguo al estadio El Morro de avenida Blanco Encalada. En este último lugar permaneció hasta 1982, aproximadamente.

En sus dependencias de la Base Naval de Talcahuano asesinaron, además de Rudy Cárcamo, a la internacionalista brasileña Jane Vanini, en diciembre de 1974, y al alcalde socialista de Cañete Elías Jana Santibáñez, en febrero de 1975, (Jane Vanini fue secretaria de Punto Final). En septiembre de ese año asesinaron en Lota a Oscar Arros, cuando lo conducían desde el fuerte El Morro para obligarlo a delatar a sus compañeros de esa ciudad, a lo que se negó. En coordinación con la Dina asesinaron en Santiago a Eulogio Fritz Monsalves, en febrero de 1975, quien había asumido la jefatura regional del MIR en septiembre de 1973.

Cientos de prisioneros políticos fueron secuestrados por agentes de este organismo represivo y torturados tanto en el estadio Francisco Acosta, de la Base Naval, como en el fuerte El Morro. La casi totalidad de ellos eran militantes del MIR, quienes se habían organizado para resistir la dictadura militar desde el momento mismo del golpe de Estado en 1973.
La imposición de la pena accesoria a todos los condenados, de inhabilitación perpetua para cargos públicos y derechos políticos, los pone al margen de la sociedad. Han sido despojados de su calidad de ciudadanos, la sanción máxima en el orden político y social de nuestra patria.

EL CASO RUDY CARCAMO
Rudy Cárcamo Ruiz, casado, un hijo, obrero militante del MIR, fue detenido el 27 de noviembre de 1974, alrededor de las 22:00 horas. Cárcamo vivía en casa de sus suegros, los que presenciaron, junto a su cónyuge -Lilian Alegría Erices-, el arresto. Se presentaron tres sujetos de civil, armados con metralletas, que se identificaron como policías. Luego de preguntar por el afectado procedieron a llevárselo, señalando que lo conducían al cuartel de Investigaciones. Sin embargo, fue conducido de inmediato a la Base Naval de Talcahuano, donde, esa misma noche, otro detenido, Jaime Oehninger Gatica, debió identificarlo.

En la Base Naval, fue instalado en el gimnasio, aislado en una pieza. Según testimonio de Luis Enrique Peebles, que estuvo prisionero en el mismo recinto en diciembre de ese año, a los detenidos les asignaban un número por el que eran llamados. El estaba en el gimnasio en una pieza y en el cuarto contiguo se encontraba el prisionero N°105, aislado del resto. Según le contó Jaime Oehninger, este detenido era Rudy Cárcamo. Peebles fue sacado el 24 de diciembre de 1974 y al regresar el día 31 del mismo mes, ya no sintió más ruidos en la pieza contigua y cuando el relevo de la guardia pasaba lista, no se voceó más al Nº 105. Otro de los detenidos que vio a Cárcamo en la Base Naval fue Sergio Armando Medina Viveros.
Con anterioridad, el 16 de octubre de 1973, Rudy Cárcamo fue detenido en su domicilio de entonces, población Lenin de Talcahuano, donde era activo participante en actividades poblacionales. En esta detención fue llevado a la Isla Quiriquina y después, al gimnasio de la Base Naval de Talcahuano, donde permaneció hasta el 21 de julio de 1974, cuando fue dejado en libertad sin que se le sometiera a proceso. Entonces se fue a vivir a casa de sus suegros, desde donde fue detenido tres meses después.

Resumen: Esta investigación aborda la noción de represión política que, atendiendo a su complejidad, requiere un enfoque interdisciplinario que considera, además de las disciplinas de la historia, las ciencias políticas o la psicología social, los aportes de la filosofía. Interesa precisar que la represión política tiene entre sus objetivos desintegrar la cohesión social y política, mediante la modificación del vínculo del sujeto con el mundo, entendida, en este estudio, como resonancia. Para ello, se investiga el caso del ex Fuerte “El Morro” (1973-1985), centro clandestino de detención y tortura instaurado durante la dictadura chilena cívico militar (1973-1990). Como método, se realizan estudios de caso que consideran entrevistas semiestructuradas, así como la revisión de fuentes de información histórica y de testimonios de sobrevivientes del lugar. Las fuentes secundarias son de tipo académicas, de prensa y audiovisuales. Los principales resultados destacan la noción de resonancia como un modelo que permite comprender, en los vínculos sociales, la relevancia de valores políticos.

Introducción: Este artículo tiene como principal objetivo describir y analizar la represión política en el contexto de un centro de detención y tortura establecido durante la dictadura chilena cívico militar (1973-1990). Al respecto, se ha constatado que la noción de represión política debe ser reconsiderada atendiendo a las diversas complejidades que comprenden los marcos históricos, políticos y espaciales, desde una perspectiva interdisciplinaria que involucra principalmente la historia, pero también la psicología social, las ciencias políticas y, en especial, la filosofía. Esta aproximación se detalla en la primera sección del artículo como una forma de precisar la noción de represión política y de ampliar su significación. En la segunda sección, se caracteriza el contexto histórico-político de la dictadura cívico militar chilena en el centro clandestino de detención y tortura, ex fuerte “El Morro”, ubicado en la ciudad de Talcahuano, perteneciente a la Región del Biobío y operativo, en esta calidad, entre los años 1973 y 1985. El principal supuesto de este artículo, que se analiza en la última sección, es que la noción de represión política requiere, para su comprensión, de los aportes de la filosofía, que permiten precisar que la represión política tiene entre sus objetivos desintegrar la cohesión social y política por medio de la modificación de la resonancia. La investigación es de tipo exploratoria descriptiva, utiliza una metodología cualitativa[1], con un enfoque fenomenológico, centrada en el análisis de casos de sujetos pertinentes al estudio. La recolección de datos considera entrevistas semiestructuradas y revisión de material testimonial de sobrevivientes. Además, se utilizaron fuentes de prensa y un documental[2] realizado en 2017 por la Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey[3], que presenta información sobre el ex fuerte “El Morro” y reúne testimonios de ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron el principal objetivo de la represión política del lugar en estudio.

Como una forma de introducir la noción de represión política, interesa presentar algunos antecedentes sobre la historia nacional y local en referencia al macrocontexto de la dictadura cívico militar tanto a nivel nacional como en el Gran Concepción[4], que comprende diversas comunas, entre ellas Talcahuano. Al respecto, autores como Garcés y de la Maza (1985), que han periodizado los 17 años de dictadura, sostienen que entre 1973 y 1975 se desarrolló la represión política más brutal, generalizada y sistemática en contra de la cúpula central de la Unidad Popular y los movimientos sociales. Desde 1976 hasta 1981, se vislumbra la reorganización y rearticulación de estos últimos, y emergen las primeras expresiones de organización social, principalmente en el mundo poblacional. Entre 1982 y 1986, en un contexto de crisis económica y de ausencia de vías de expresión, el descontento social aumenta y la población busca las maneras de manifestarse,[5] por lo que se radicaliza el movimiento poblacional y aumenta la represión dictatorial, lo que convirtió esta etapa en la segunda de mayor represión política. Finalmente, entre 1987 y 1990, los intereses de las autoridades de facto y de los partidos de oposición se vuelcan al plebiscito de 1988 (Iglesias, 2011). En Chile, la represión política desde el golpe militar se constituye como un proceso ininterrumpido de graves violaciones a los derechos humanos,[6] que se concretaron en regimientos, estadios, cuarteles, cárceles, comisarías, retenes de carabineros, entre otros. La Junta de Gobierno,[7] convencida de la urgencia de una purificación ideológica nacional, instaura un combate a fondo contra los partidos de izquierda que, según los supuestos de la Junta, habían dado señas de preparación militar y vocación de resistencia armada. Las rápidas operaciones efectuadas el día del golpe cívico militar, el 11 de septiembre de 1973, dan cuenta de la planificación anticipada ante la posible insurgencia, pues, a los pocos días, los recintos utilizados como centros de detención y tortura ya estaban acondicionados (Cavallo et al., 2013). Todos aquellos partidarios del gobierno de Allende sufren la represión política, como allanamientos de viviendas, delaciones, flagelaciones, torturas, exilios y relegaciones, así como la muerte o desaparición, entre otras vulneraciones; y se registra un total final de víctimas según la revisión del Informe Valech de 2004, más las dos modificaciones realizadas en 2005 y en 2011 de 38 254 personas. La etapa de terror y censura lleva a suspender la militancia, el funcionamiento de los partidos políticos y la clausura de la prensa de izquierda (Garretón, 1998), entre otras medidas represivas.

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), creada en octubre de 1973, fue una organización encargada de exterminar el marxismo y sus ideologías (Salazar, 2011), interrogando, clasificando y separando a los detenidos en los principales campos de concentración (Bitar, 1987; Ehijo y Seelman, 2003; Ibáñez, 2013; Salazar, 2013; Vega, 2017; Witker, 1975). Este organismo se constituyó como el principal aparato represivo que tuvo por objeto exterminar el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Movimiento Izquierdista Revolucionario. Además, habilitó centros de detención y tortura, tales como Londres 38, Villa Grimaldi, Colonia Dignidad, entre muchos otros. En 1977, la DINA fue reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) (Salazar, 2011).

Ahora bien, el estudio de la dictadura en el Gran Concepción resulta muy relevante, pues fue la segunda ciudad más reprimida del país (Monsálvez, 2017) y, a la vez, fue un foco nacional de resistencia (Tesche et al., 2018). Algunos centros de reclusión[8] fueron los siguientes: el Estadio Regional, isla Quiriquina, Cárcel Pública de Concepción, ex fuerte “El Morro”, entre otros. Por otra parte, en Concepción, los organismos que colaboraron con la DINA y la CNI fueron el SIM (Servicio de Inteligencia Militar) y el SIRE (Servicio de Inteligencia Regional), constituido este último como el principal organismo de represión. Todos ellos practicaron torturas (Informe Valech, 2014), como “la parrilla” –que consistía en dar descargas eléctricas–; el “pau de arara” –descargas eléctricas en posición fetal–; “el teléfono” –golpes en los oídos con ambas manos–; “el submarino” –sumergirlos en agua o excremento–; y constantes abusos sexuales a mujeres.

En el presente estudio, se hará foco en el ex Fuerte “El Morro”, que fue un centro clandestino de detención y tortura ubicado en la costa de Talcahuano, a una altura en cotas de 25 metros (Hawa y Tavolari, 2009). Fue construido a finales del siglo XIX por el presidente José Manuel Balmaceda, quien instruyó un sistema integral de fuertes en los dos principales puertos del país, Talcahuano y Valparaíso, para reforzar la capacidad de puerto comercial y militar. En la década de 1930, durante la sublevación de la marinería, fue utilizado como lugar estratégico por los marinos y obreros que se manifestaban ante la imposición gubernamental de la reducción de sueldos en un 30 %, luego de la crisis económica mundial de 1929 (Medina et al, 2019). Sin embargo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los fuertes cayeron en desuso y, posteriormente, fueron desmontados y desmantelados, por lo que se conservaron solo las estructuras (Consejo de Monumentos Nacionales de Chile –CMN-, 2017). No obstante, posterior al golpe de Estado, las instalaciones del ex Fuerte “El Morro” fueron utilizadas por la Armada, el SIRE, la DINA y, posteriormente, la CNI.[9] A este lugar fueron llevadas más de 400 personas aproximadamente (La Izquierda Diario, 2018), provenientes de Concepción y alrededores, entre las que se encontraban opositores a la dictadura, militantes de diversos partidos políticos de izquierda, fundamentalmente del MIR; ya fueran estos ancianos, hombres, mujeres o menores de edad (Medina et al., 2019). Con respecto a las instalaciones, estas “se componen de dos volúmenes. En el recinto principal, de un piso, se identifican las salas administrativas, un subterráneo utilizado como celda, el patio de formación, y dos salas utilizadas para detener a hombres y mujeres. El otro volumen está bajo tierra, se ubica en la parte más elevada de la loma y tiene tres accesos. Fue utilizado para torturar a los prisioneros políticos, con inmersión o submarino y con la parrilla […]” (CMN, 2017). La complejidad de estos marcos histórico-políticos y espaciales permiten, en lo que sigue, interrogar por la noción de represión política.

Significados y distinciones sobre la noción de represión política

El análisis de la noción de represión política implica considerar algunos de sus principales significados y atender a estudios previos interdisciplinarios desde la psicología social, las ciencias políticas, la sociología y la historia. La complejidad del concepto también comprende su interesante riqueza semántica. Al respecto, en su acepción etimológica, la palabra reprimir deriva del latín reprimere que significa “detener, rechazar” (Gómez de Silva, 2006). Está compuesta por el prefijo re, que significa “de nuevo, volver a” como también “hacia atrás”; y el verbo premere, cuyo significado corresponde a “acción o efecto de apretar o comprimir, aplicación de una fuerza, oprimir” (Gómez de Silva, 2006). De esta manera, la palabra condensa dos significados: por una parte, el volver a usar un mecanismo o estrategia de opresión y por otra, el presionar hacia atrás, hacer retroceder por medio de la fuerza o la permanencia de la dominación. Desde estos planteamientos etimológicos, en los que reprimir es aquello que siempre está volviendo hacia algo o alguien, cabe interrogarse, ¿cuál es el límite de este retorno? ¿O es posible que la represión tenga por finalidad solo el aniquilamiento? Algunas de estas preguntas sobre la represión en un sentido político han sido exploradas desde la psicología social. Lira y colaboradores (1991), cuyos aportes se ponen en valor en lo que sigue, han señalado que la represión política en Chile puede ser entendida como un mecanismo que promueve la proximidad con la muerte y con lo siniestro como formas de devastar el cuerpo individual y social. El difuso límite entre la vida y la muerte solidariza con la noción de trauma, entendida como una desestructuración psíquica producida por la represión política. Según Lira et al. (1991), cuando el trauma se hace crónico, el sujeto comienza a transitar hacia la muerte y se familiariza con ella, más que con lo vital. En el caso de lo siniestro, los autores afirman que “este rasgo aparece cuando se subvierten los límites entre realidad y fantasía, y es la realidad la que continuamente supera incluso la fantasía más perversa” (p. 31). Esta cita se puede interpretar desde el supuesto de que la perversión siempre está presente en el mundo psíquico como fantasía, es decir, su condición de existencia es posible en la medida que no se configure como realidad. Para que esto suceda, que la fantasía más perversa se vuelva realidad, los límites entre lo real y lo fantasioso se deben diluir. Lo siniestro se trata, entonces, de la imposición de la perversión sobre la realidad, que se revela como fuente de miedo, terror, sensación de indefensión y vulnerabilidad. De esta forma, la represión política tiene por finalidad la aproximación a la muerte y la desintegración del lazo social mediante el acto perverso con el otro.

Otra interrogante que se puede desprender desde la definición etimológica es sobre la acción de la represión como forma de poder ejercida en forma unilateral por quien dispone de los medios para generar sometimiento. En este sentido, cabe preguntarse si toda forma de represión política no constituye más que variantes de la violencia. Desde la psicología social, y retomando los aportes de Lira (2004), la represión política consiste en legitimar el uso del poder del Estado para mortificar y producir daño físico y emocional en quien es considerado un enemigo. En el caso de la dictadura chilena, esta legitimidad se ampara en las declaraciones de “estado de guerra”, “estado de sitio”, “estado de peligro de la paz interior”, “estado de excepción”, etcétera,[10] entendidos como períodos de tiempo en los que es posible reprimir al enemigo en forma legal. Al respecto:

… esta legalidad “excepcional” tiene efectos muy perturbadores en la percepción de la realidad, ya que aparece y funciona, de hecho, como si no existiera legalidad alguna. Los individuos se perciben a sí mismos sin protección ni derechos ante el Estado. (Lira, 2004, p. 222)

De esta forma, la represión política es también una forma de promover la autopercepción de los individuos y la sociedad en general como punibles y vulnerables y, por lo tanto, de estar exentos de defensas o garantías de una legalidad institucional acorde con la protección de los derechos humanos. También desde la psicología social y respecto a la violencia, se puede señalar que esta, al ser nombrada como violencia represiva, se considera un sinónimo de represión política. Para Martín-Baró (1988), es en el contexto de una guerra civil que la violencia adquiere el carácter de represiva, y reúne tres principales características:

(a) la polarización social, intencionadamente buscada por los grupos rivales; (b) la mentira institucionalizada, que con el tiempo va alcanzando nuevos niveles; y (c) la violencia, que ha pasado de ser preponderantemente represiva a ser mayoritariamente bélica, con la consiguiente militarización del país. (p. 123)

Según este autor, la violencia represiva se instala a nivel de la conciencia, de manera que configura las relaciones sociales como formas de enfrentamiento, lo que deshumaniza al otro y lo identifica con el enemigo al que se debe aniquilar.

No obstante, desde las ciencias políticas, y tal como afirma González Callejas (2006), la represión política es un concepto más amplio que la violencia, pues comprende una variada gama de actos de dominación que abarca desde la aniquilación física hasta el poder que dirige y supervisa diversas conductas públicas y privadas. Para el autor, la comprensión de la represión política implica necesariamente acudir a los aportes de otras disciplinas, como la sociología. Así, González Callejas (2006) afirma que es la teoría de la acción colectiva la que más reflexiones ha hecho sobre la represión política. Considerando a Tilly (1978), destaca factores que inciden en las acciones represivas del Estado, tales como el tipo de gobierno y la configuración de los sistemas de fuerzas políticas. Al respecto, diferencia regímenes autoritarios, totalitarios, democráticos y débiles. La diferencia entre los dos primeros consiste en que los autoritarios permiten, aunque débilmente, una escaza movilización; en cambio, el régimen totalitario mantiene “alto el nivel de represión, pero facilita e incluso hace obligatorias un amplio elenco de acciones controladas por el partido o el Estado, y se muestra intolerante con todo tipo de actitud independiente” (González Callejas, 2006, p. 15). Es decir, un régimen altamente represivo otorga escasas posibilidades para la movilización política, debido al alto costo que estas implican. Otro de los factores, que González Callejas (2006) considera relevante en el contexto externo, es la situación económica del país, pues, según los análisis sociales, los gobiernos utilizan la represión política ante las movilizaciones sociales que reaccionan a un alto nivel de desigualdad social y mayores necesidades económicas. Un último elemento central es la época histórica. Durante la modernidad, el trabajo represivo de los Estados se complejizó y se hizo más sofisticado al dividirse en la policía, grupos paramilitares y el ejército, lo que provocó que este último alcance altos niveles de poder, que, independientes del tipo de gobierno, hicieron prácticamente imposible que un grupo social desafiara al aparato represivo. De esta manera

… la separación orgánica entre la actividad fiscal y militar se amplió, la división del trabajo entre Ejército y Policía se agudizó, las instituciones representativas comenzaron a ejercer una influencia significativa sobre los gastos militares, y los Estados contemplaron una expansión de sus actividades distributivas, reguladoras, compensatorias y adjudicativas. Debido a esta especialización, la revolución se hizo virtualmente inconcebible en tiempo de paz. (González Callejas, 2006, p. 18)

Esta profesionalización de la actividad represora del Estado es paralela a la burocratización y a la falta de responsabilidad personal en el ejercicio de la violencia. Por lo tanto, la represión tiende a operar en virtud de una administración institucional y en forma anónima, amparada en el respaldo de elites dominantes, lo que militariza la acción política. De esta manera, se abusa en recursos, principios y doctrinas militares para reprimir la disidencia política, los que potencian una retórica bélica desde el Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general.

Ahora bien, teniendo en consideración la complejidad del concepto de represión, es necesario diferenciar esta noción de otras con las que ha sido identificada como sinónimo. Al respecto, el concepto de control social se ha convertido en una de las nociones centrales que, proveniente de la sociología positivista de Augusto Comte a principios del siglo XX, llega a ser considerada fundamental en la teoría social sobre la desintegración del orden social gestado por la expansión del capitalismo y el desarrollo del imperialismo (Oliver Olmo, 2005). No obstante, “el enfoque sociológico del concepto comenzó a ser planteado de una forma alternativa, hasta llegar a ser, según las visiones radicales, sinónimo de mecanismo de opresión y dominación por parte del Estado y las clases dominantes” (p. 81). De esta manera, Moore (1958) sostiene que el control social comprende la represión consciente o inconsciente, reconociéndole entonces, un elemento de coerción.[11] Así, este concepto hace referencia al grupo de normas, regulaciones o recursos que son establecidas explícita o implícitamente por una sociedad para mantener el orden social[12], desde sistemas institucionales hasta códigos de conductas. De este modo, se entiende el control social como las herramientas o mecanismos que puede utilizar, ya sea el Estado, el gobierno o grupos políticos que dominan un periodo histórico, para contener cualquier posibilidad de resistencia y desobediencia social; de manera que se anticipa a los conflictos a través de la internalización del miedo, lo que genera cuestionamientos en el accionar de quienes son el objetivo del control. Por otra parte, el concepto de represión, entendido “como el conjunto de mecanismos dirigidos al control y la sanción de conductas 'desviadas' en el orden ideológico, político, social o moral, aparece [también] para algunos autores como un concepto muy cercano a la noción de violencia política” (González Callejas, 2006, p. 554). Para Hobbes, la violencia es considerada como algo inseparable de la acción política, debido a que la paz social está garantizada mediante el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado. En esta misma línea, Turk (1996) afirma que los grupos que dominan los procesos de legalización transforman las normas ilegales en normas legales, por lo que la violencia política es ejercida desde arriba hacia abajo. Para Aróstegui (1994), la violencia política se centra, entonces, en el conflicto vertical de dominantes y subalternos, pues tal como señala Marx, el Estado es un instrumento de violencia en manos de la clase dominante (Arendt, 2005). Finalmente, para Cortina (1996), la violencia política es un medio para conseguir determinados objetivos, es decir, surge cuando se fuerza a otros, a través de los mecanismos de represión, a que hagan lo que no quieren hacer; de esa manera se asegura el orden social mediante el control de los individuos. Es necesario aclarar que la violencia política como acción de dominación implica el uso de la fuerza para imponer una libertad sobre la otra. A su vez, el control social es la aplicación de normas y reglas impuesta por las clases dominantes mediante mecanismos de represión para establecer un orden social.

Por otra parte, la represión política es una amenaza a la integridad personal, desplegada tanto por los gobiernos como por organizaciones internacionales o grupos profesionales. Es decir, por aquellas instituciones dotadas de autoridad legítima o de facto, llevadas a cabo por la policía, la policía secreta, el ejército, grupos paramilitares, entre otros. La investigación contemporánea abandona la percepción tradicional de mediados del siglo XX, que entendía el uso de la represión como característica de los países con regímenes autoritarios (Rivera, 2010, p. 76).

Se puede sostener que las formas de represión, es decir, el uso de la violencia estatal tiene un origen político.[13] Por tal motivo, durante la dictadura cívico militar chilena, es posible distinguir distintos tipos de represión desplegados por el Estado mediante diferentes organismos represivos. Los arrestos masivos en allanamientos a barrios, fábricas, universidades, entre otros, significaron uno de los primeros síntomas de represión y violencia desarrollada por agentes de la dictadura. En segundo lugar, la habilitación de centros de detención y tortura, clandestinos o de conocimiento público, permitió aplicar constantes métodos represivos. Además, se suman los falsos enfrentamientos, el exilio forzoso, las relegaciones, la exoneración por razones políticas, entre otras. Landaeta (2012) manifiesta que “se implementó un tipo de represión que se caracterizó por la selección de las víctimas, los métodos de tortura y la implementación en todo el país de recintos secretos de detención” (p. 3).

Los mecanismos de violencia de la represión política no solo pueden ser entendidos como padecimientos físicos, pues también conllevaron una carga psicológica, es decir, una violencia simbólica[14]. Padilla y Comas (1987) concluyen que

… esta clase de represión establece una profunda conformidad y autocensura. Si se sospecha que un individuo mantiene sentimientos antigobierno, corre el riesgo de sufrir daños a su bienestar que podrían poner en peligro inclusive a su familia y amigos. Además, el individuo podría perder su empleo y seguridad financiera o lo poco que le queda después de una década de privaciones económicas. (p. 140)

En consecuencia, la gran variedad y penetración del uso de la intimidación o violencia psicológica y física permiten establecer que, de un modo u otro, todo el país sufrió la represión política.[15]

El ex Fuerte “El Morro” durante la dictadura cívico militar

El ex fuerte “El Morro” operó como centro clandestino[16] de detención y tortura para producir torturas y vejaciones, realizadas principalmente en el subterráneo de la estructura principal y en los túneles ubicados en el cerro. Con respecto a los dispositivos represivos del Estado, se puede señalar que “en la ejecución de las detenciones y torturas participaron funcionarios del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), conocido como Ancla II; y miembros del SIRE, quienes compartían el espacio desde mediados de 1975” (Medina, Peña y Rosas, 2019, p. 16). También actuó el SIRE, integrado por efectivos de la Armada y del Ejército, además de Carabineros e Investigaciones (Informe Valech, 2004, p. 360). Posteriormente, el recinto quedó en manos de la DINA y la CNI hasta 1985.

Los detenidos eran trasladados con vendas desde la ciudad de Concepción y alrededores[17] para que no lograran saber dónde se encontraban. Sin embargo, el olor de la ciudad/puerto les hacía entender que se podrían encontrar en Talcahuano. Al momento de llegar, los bajaban de las camionetas o autos[18] e ingresaban a una oficina, en donde, sentados frente a un mesón, comenzaban a ser fichados; práctica que consistía en registrar sus principales antecedentes personales (Medina et al., 2019, p. 85). Luego, pasaban dos o tres días en las celdas estrechas, incomunicados junto a otros presos, 15 o más, custodiados y amenazados con armas por infantes de marina, lo que les impedía retirarse las vendas de los ojos. Más tarde, quedaban en libre plática, es decir, sin vigilancia, por lo que podían sacarse la venda y compartir entre los detenidos, conociéndose o reconociéndose entre ellos. Sin embargo, a cualquier hora del día o de la noche entraban los custodios en las celdas para obligar a los detenidos a ponerse de pie y trasladar a algún preso a la sala de tortura a ser interrogado. Durante los interrogatorios/torturas[19], algunas de las preguntas hacían referencia a la reacción del MIR ante el golpe, la ubicación de las armas y los documentos, información de los demás compañeros y compañeras, etcétera. Estos interrogatorios comenzaban en “La oficina”, lugar donde se encontraban los jerarcas. A medida que avanzaba el interrogatorio, los trasladaban a lo que ellos llamaban “La Embajada”, denominado así porque en él se practicaban mecanismos de tortura que constituían la antesala de la muerte.[20] Finalmente, en los calabozos eran nuevamente incomunicados. Las mujeres recibían insultos, eran objeto de violencia sexual y torturadas.[21]

Uno de los casos emblemáticos fue el de Oscar Árros Yáñez, estudiante de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado –hoy Universidad del Biobío– y obrero en la maestranza de la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR), quien inició su militancia mirista en la década de 1960. Antecedentes señalan que “en 1975 lo sacan de la maestranza, lo llevan a ‘El Morro’, lo torturan tan brutalmente que, para aliviarse de los tormentos, Árros los conduce a un lugar de Lota en donde habría armas, pero que no encontraron, porque nunca existieron” (Fritz, 2017). Según se consigna, Árros

… fue transportado vendado y sentado entre los también detenidos Antonio Burgos Chaparro y Juan Francisco Sánchez Dionisio, en la parte trasera o pick up de una camioneta Chevrolet C-10 cerrada, desde el puerto de Talcahuano hacia la ciudad de Lota, siendo custodiado por los funcionarios de la Armada de Chile, Luis Alberto Ríos Salamanca y Jorge Arturo Calderón Passalacqua, quien portaba una pistola ametralladora marca MAC M 10 calibre 9 mm y sin mediar provocación alguna de parte de Arros Yáñez, Jorge Arturo Calderón Passalacqua disparó en su contra, impactando la bala en el brazo derecho y luego en el tórax del detenido, ocasionándole una anemia aguda y hemotórax, que le provocó la muerte.

Llama la atención, aspecto que se desarrolla en la sección siguiente, que los represores justificaban su actuar e intentaban convencer a los detenidos de que ellos eran los responsables de la represión política, como se observa en este testimonio:

El tipo salió a “discursiar” que lo que habían hecho era producto de la necesidad de cambiar el país y toda la historia de que hablan los milicos y que él sabía que, si nosotros hubiésemos vencido, los que hubiesen sufrido las consecuencias eran ellos, justificando la situación. Me dejan en “libertad” […] me hacen firmar un papel que no tengo idea de lo que firmé, después pasan una copia en la que me dicen que he sido interrogado, no, entrevistado por la fiscalía militar y que no había recibido apremio físico sin ninguna índole. (Medina et al., 2019, p. 134)

La resonancia: una propuesta filosófica clave para el concepto de represión política

El testimonio recién citado, como el que se menciona a continuación, permite suponer que la represión política tenía por objetivo no solo producir un daño a la integridad física o psíquica, o social del individuo, sino también coartar la relación de los detenidos con la militancia y la adhesión a una ideología política. Esto se retrata en el siguiente relato:

… estaba consciente de que era una estrategia [la tortura] para afectarme profundamente, como diciéndote 'sos un pobre tipo, te crees un revolucionario y no eres nada' […] evidentemente que ese tipo de cuestiones que hacen estos tipos son… más desestructurantes […] no sé, no me hubiese imaginado que ellos pudiesen jugar con una persona en esos términos. (Medina et al., 2019, p. 115)

 

Estos testimonios permiten introducir una nueva forma de explorar la noción de represión política, que alude a conceptualizarla como un mecanismo de daño trascendente, pues apunta a dañar las formas de establecer relaciones con el mundo, y estas se entienden como los vínculos entre personas, así como entre una persona y lo social, institucional o colectivo. En este sentido, la represión política comprende, a lo menos, la presencia de dos agentes: el reprimido y el agente represor, quienes se vinculan en el acto represivo, y aquello que es objeto de represión; es decir, el mundo político-social, cuya devastación se produce por los efectos de la represión política. Esta propuesta, que considera la represión política como una profunda afectación de las relaciones más fundamentales del detenido, puede abordarse en atención a los aportes de la filosofía. Al respecto, se considera que esta disciplina permite abordar lo político (Arendt, 1997; Lechner, 2015) como una manera de participación en el vínculo social, en tanto considera las transformaciones propias de los acontecimientos, sus múltiples significaciones y dinamismos. Por otra parte, la filosofía aporta ideas que permiten interpretar hechos históricos para enriquecer y complejizar el análisis de los acontecimientos, pues finalmente, esta disciplina atiende a los fundamentos o motivos de los hechos socio-históricos (Zamitiz, 2016).

Una apuesta innovadora, desde la perspectiva filosófica, la constituyen los aportes de la antropología filosófica[22] y la fenomenología social[23], pues facilitan el análisis de los hechos desde la perspectiva de los fundamentos de las relaciones entre los sujetos, asunto central para la comprensión de la noción de represión política. El supuesto es que la represión política tiene, como principal objetivo, modificar el vínculo del sujeto con el mundo en términos de alterar tres dimensiones: la orientación o disposición a la acción hacia y con el otro; los valores personales, sociales y políticos que median en las relaciones sociales; y, finalmente, desafectar el nexo con el colectivo. Para el análisis de la represión política se propone el concepto de resonancia, que se explora a continuación.

El uso original de la resonancia se encuentra en la física[24] y ha sido utilizado en diversos campos de las ciencias, ya sean estas sociales (Rosa, 2016); cognitivas (Shepard, 1984); las neurociencias (Gallese, 2001); o psiquiatría (Antonio, 2018). En primer término, la palabra resonancia se origina etimológicamente del verbo resonar, que a su vez proviene del latín resonare, el que está compuesto por el prefijo re que significa “de nuevo” y por sonare, “sonar”; es decir, sonar de nuevo, como un símil del fenómeno del eco (Gómez de Silva, 2006). El fenómeno de resonancia no corresponde a la repetición o imitación, sino a la mutua influencia o covariación entre dos elementos, que puede ser de complementariedad o de sincronía. Es propio de una relación de resonancia que, quienes participan de esta, conserven su autonomía, a la vez que se encuentren dispuestos a verse afectados por el otro y responder a este. Desde esta perspectiva, Rosa (2016) plantea, a propósito de la relación con el mundo, que la resonancia es un modo específico de ser y estar en relación entre el sujeto y el mundo, en la que ambas entidades se contactan mutuamente en un medio que posibilita las oscilaciones o espacio de resonancia. Este tipo de relación interpela al sujeto, dado que aquel segmento del mundo con el que se encuentra interactuando se le aparece como intrínsecamente relevante o significativo de modo no instrumental. Es decir, aquello con lo que se resuena, dado su carácter relevante e interpelador, es precisamente aquello que convoca los valores más íntimamente constitutivos del sujeto, que atienden a respuestas afectivas que movilizan la acción de un modo coherente con los valores del sujeto que orientan su relación con el mundo.

En condiciones de represión, la movilidad del sujeto se encuentra externamente limitada, pues este se ve impedido de responder y, en el caso de movilizarse, lo hace por influjo directo del agente represor, por lo que la relación ya no es de resonancia, sino la de un acoplamiento forzado (Rosa, 2016). Un ejemplo de inmovilidad y del actuar forzado por el agente represor aparece ejemplificado en la siguiente cita:

… las interrogaciones empezaban ahí, a medida que uno hablaba, nos metían a lo que ellos llamaban “la embajada” y después de la embajada, teníamos ese del submarino que hacían ellos, la parrilla, nos llevaban al frente a los calabozos y ahí uno estaba incomunicado y además había otra gente ahí. (Medina et al., 2019, p. 129)

Por otra parte, en la represión política, el medio que posibilita una relación resonante se encuentra perturbado, dado que la legalidad e institucionalidad que permite una relación libre y de mutua influencia entre los ciudadanos, instituciones y partidos políticos ha sido cercenada. Más aún, en su lugar se establece un nuevo orden, que prohíbe y sanciona la acción política del colectivo[25] y que, por una parte, se opone a toda acción de este y, por otra, opera de forma anticipada ante eventuales acciones. La represión política, desde la perspectiva de la teoría de la resonancia como medio de relación con el mundo social, puede verse como un modo de inmovilización forzada del actuar políticamente orientado. Del lado del sujeto reprimido, este no solo se encuentra con una institucionalidad cerrada a su acción, sino que se ve violentamente vulnerado en su autonomía, desconectado de una relación recíproca con el mundo social y político.

En el caso de los hechos de represión política acontecidos en el ex fuerte “El Morro”, la acción de la institucionalidad, que se encontraba en la posición de poder, invade a las personas sometidas no solo inmovilizándolas, sino también infringiendo un daño en su integridad física y psíquica, vulneración que impide toda relación de resonancia. Sin embargo, cabe preguntarse de qué modo también se puede afectar la relación entre el sujeto reprimido y su grupo de filiación política, en el supuesto de que este es justamente el objetivo que tenía la represión. El individuo afectado por la represión no solo vive como reprimido él mismo, sino que también experimenta que su colectividad política se encuentra bajo esta condición. La siguiente cita da cuenta de la experiencia colectiva de la represión:

La incomunicación era para que no se pusieran de acuerdo con los compañeros. Entonces, psicológicamente es una situación mala y el estar ahí, no poder hacer nada con su compañero, como poder ayudarlo…entonces se da una situación mala para ambas partes. (Medina et al., 2019, p. 130)

El objetivo de desintegrar la pertenencia política por medio de la represión representa un intento por hacer desvanecer la relación de resonancia entre los militantes y entre estos y la ciudadanía. Esta suerte de alienación, en términos de lo planteado por Rosa (2016), acontece en condiciones de aislamiento y sufrimiento extremo, como puede apreciarse en el siguiente relato:

Me tenían como comprimido, como si me hubiesen tenido en una cápsula, aislada de la vida. Yo no podía salir de ahí, trataba de sentir el aire, el comunicarme que habían otras cosas, que no eran ese espacio estrecho, que a mí me hacía tan mal, digamos, eso del lugar donde estábamos todos… (Medina et al., 2019, p. 114)

Este testimonio pone en evidencia la experiencia de distanciamiento con el mundo y particularmente de la desconexión con lo vivo. Esta desconexión hace presente la imposibilidad de mantener una relación de covariación con los otros, tanto como individuos o como pertenecientes a un colectivo. Puede decirse, por lo tanto, que es una experiencia de pérdida de resonancia. No obstante, la pretendida disolución del vínculo con el colectivo político es un objetivo no logrado de la represión política en dictadura. Más bien, se puede sostener que la resistencia política resurge en la resonancia con el colectivo político, mediada por la persistencia de los valores ideológicos propios del partido o movimiento, que trascienden la situación de represión política extrema. Un ejemplo de la resonancia con los demás, posibilitada por los valores políticos, se observa en la siguiente cita:

No era que “esto es mío, me lo como yo”, todo se compartía, se dio lo que era el socialismo […]. Eso era un poco lo positivo, el relajo ese, y como digo, la solidaridad se daba entre los compañeros, eso fue bueno también (Medina et al., 2019, p. 134).

Así, y respecto a los valores ideológicos del MIR, al que pertenecían la mayor cantidad de detenidos del ex fuerte “El Morro”, se puede afirmar que, como se presenta en el testimonio recién citado, el socialismo corresponde a la acción militante entendida como un modo de vivir o resonar con el otro, sostenido en la premisa del “nosotros” propia del colectivo político. También desde los valores ideológicos de este movimiento, Van Schouwen ya había sostenido, ante la muerte del dirigente Luciano Cruz en 1971 (Álvarez, 2018), que esa muerte, no obstante dañar al colectivo político, hace emerger principios fundamentales. Por otra parte, y de igual forma, los detenidos en el ex fuerte “El Morro”, a pesar de ser reprimidos, promueven la solidaridad. Es decir, ante ambos acontecimientos, aunque de diversa naturaleza, surge en el colectivo del MIR el valor del compañerismo entendido como “un estado superior de las relaciones humanas” (Álvarez, 2018, p. 8), que alude a una actividad con el otro, es decir, la compañía en el quehacer cotidiano al servicio de un proyecto político que comprende compartir hasta lo más básico, como puede ser el pan. No en vano, la etimología de la palabra compañero corresponde a com panis, derivado del latín que significa “comer del mismo pan” (Gómez de Silva, 2006, p. 178). Este valor ha perdurado hasta la actualidad mediante diversas prácticas de memoria (Muller et al., 2019) que se realizan en el lugar, a cargo de la Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey.[26] Así, el ex fuerte “El Morro” puede ser entendido no solo como un territorio donde se produjo la represión política, sino también como escenario de resonancia política.

Conclusiones

Tal como se señaló al inicio de este artículo, el objetivo de esta investigación atendía a describir y analizar la represión política en el contexto de un centro de detención y tortura establecido durante la dictadura chilena cívico militar (1973-1990). Este objetivo respondía al problema de investigación de indagar la represión política considerando las diversas complejidades que comprenden los marcos históricos, políticos y espaciales, desde una perspectiva interdisciplinaria. El objetivo se considera logrado, pues, en primer lugar, se discute y amplía la noción de represión política desde los aportes de la historia, la psicología social, las ciencias políticas y, en especial, de la filosofía. En segundo lugar, se demuestra mediante la consideración de la noción de resonancia y los relatos de entrevistados pertenecientes a sobrevivientes del centro clandestino de detención y tortura, ex fuerte “El Morro”, que la represión política no logra desintegrar la cohesión social y política.

El presente artículo plantea que, durante la dictadura, el objetivo de la represión política no solo apunta al uso desmedido de la violencia o el control social mediante la eliminación de los enemigos del régimen, sino que también comprende el intento de paralización o estado social de inmovilidad, mediada por mecanismos represivos, de toda manifestación popular. Al respecto, en esta investigación se afirma que la represión política también aspira a la desintegración del vínculo social sostenido en la identificación del colectivo con ideologías y acciones políticas de resistencia. Entendido, el vínculo social, como relación que en su nivel más básico es posible identificar con el fenómeno de resonancia, se señala que este puede verse limitado en condiciones de restricción de las libertades individuales y sociales. No obstante, el concepto de resonancia permite una comprensión del vínculo social como relación política que incorpora aspectos de la subjetividad y de lazos sociales, y permite comprender en los vínculos la relevancia de valores políticos trascendentales.

En el caso de la represión en el ex fuerte “El Morro”, dirigida en contra de militantes de partidos de izquierda, y en particular del MIR, el objetivo era desintegrar la cohesión e identificación con la militancia. Si bien la relación política de resonancia fue suplantada por un acoplamiento forzado entre represores y reprimidos, los testimonios presentados ponen en evidencia el fortalecimiento del vínculo entre los reprimidos mediante los principios políticos del compañerismo, que la represión política no logró nunca aniquilar. De esta manera, los aportes de la filosofía anticipan nuevas posibilidades de análisis de fenómenos históricos, iluminan otras dimensiones, como los vínculos políticos sociales, que enriquecen y complejizan nociones como la represión política, y pueden constituir nuevas líneas de investigación futuras. Al respecto, se anticipa también la necesidad de indagar en las funciones sociopolíticas y económicas de la represión a la luz de otro tipo de investigaciones, como las periodísticas, que permitirían desarrollar, por ejemplo, un análisis comparado de valores políticos en pugna y de sus estrategias enfrentadas para contextualizar mejor fenómenos sociales de represión política.

Agradecimientos: El presente trabajo ha sido redactado en el marco del proyecto de investigación “Memorias colectivas de lugares y/o sitios de memoria en Concepción: Emociones desde los imaginarios locales vividos”, FONDECYT de Iniciación No 11170069.

Los autores agradecen a la Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey, por la información aportada en las entrevistas.

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Notas

[1] El proceso de análisis de datos cualitativos implica, fundamentalmente, el ordenamiento de datos y la presentación de resultados (Flores-Kanter y Medrano, 2019).

[2] El documental titulado “El Morro: centro clandestino de tortura” (2017) fue dirigido por Carlos Fritz y producido por la Corporación Mutualista Bautista Van Schouwen Vasey. Tiene por principal objetivo visibilizar las detenciones y torturas para poner fin a su condición de clandestinidad.

[3] La Corporación lleva su nombre en homenaje a Bautista Van Schouwen Vasey, uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria y miembro del Comité Central. Después del golpe de Estado, pasó a la clandestinidad, y se encontró en calidad de detenido desaparecido desde el 13 de diciembre de 1973.

[4] Según Hilario Hernández (1983), el Gran Concepción es la conurbación constituida por la ciudad de Concepción como centro de operaciones públicas y privadas; por el complejo portuario industrial siderúrgico y petroquímico Talcahuano-San Vicente; los espacios tradicionales de la loza y el vidrio Penco y Lirquén; Chiguayante y Tomé como centro textil; y las localidades de Coronel y Lota, como ciudades del carbón.

[5] En este período se inician las primeras jornadas de protesta nacional en contra de la dictadura. La Policía de Investigaciones y Carabineros reprimen activamente a manifestantes, pobladores y, en forma selectiva, a los partidos políticos MIR, Frente Patriótico Manuel Rodríguez y Movimiento Mapu Lautaro.

[6] Las evidencias de las violaciones a los derechos humanos han sido sistematizadas en el Informe Comisión Rettig de 1996 y el Informe Comisión Valech de 2004.

[7] Organismo que, de facto, asumió el poder público en Chile mediante el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. Se adjudicó el poder bajo la idea de mando supremo de la Nación. Según el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno publicada el 18 de septiembre de 1973, esta estuvo conformada por: el Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército Augusto Pinochet Ugarte; el Comandante en Jefe de la Armada, Almirante José Toribio Merino Castro; el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, General del Aire Gustavo Leigh Guzmán; y el Director General de Carabineros, General César Mendoza Durán.

[8] Según la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, existieron 159 centros de detención y tortura en la región del Biobío.

[9] Operaron en este lugar entre 1973 y 1976, el Servicio de Inteligencia Naval –SIN–, más conocido como Ancla II, y el Servicio de Inteligencia Regional –SIRE–. En 1977 pasó a manos de la DINA y posteriormente a la CNI.

[10] Un estado de guerra es un llamado que hace el gobierno a todas sus tropas y ciudadanía para estar preparados ante una posible emergencia bélica. El estado de sitio es un régimen excepcional que declara un gobierno ante situaciones especiales. Se asemeja a un estado de guerra, pues se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para la represión. Así, las garantías constitucionales suelen ser suspendidas, por lo que las detenciones son más arbitrarias ante la falta de mecanismos legales. En el estado de excepción constitucional se suspenden o restringen los derechos y garantías constitucionales, lo que afecta a los derechos de las personas.

[11] La noción de control social se centraba en la imposición de valores consensuales, obviando todo tipo de control coercitivo. Solo desde los años veinte el concepto fue percibido como una estrategia que requería de elementos activos/coercitivos.

[12] Darío Melossi clasifica el orden social de la siguiente manera: el reactivo o formal, asociado a la vigilancia y al castigo representado en las leyes y en la policía; y el activo o informal, o control que produce un comportamiento en vez de prohibirlo. Desde el funcionalismo, Talcott Parsons enumera cuatro tipos: el incentivo, la persuasión, el compromiso, y la coerción, que va desde la amenaza hasta el apremio físico (Melossi, 1985).

[13] “Por el contrario, en las democracias contemporáneas las víctimas de violaciones a los derechos humanos generalmente son individuos pobres”. (Rivera, 2010, p. 79).

[14] Concepto acuñado por Pierre Bourdieu (1999) en la década de 1970, que describe una relación social en la que el “dominador” ejerce un modo de violencia de forma indirecta en contra de los “dominados”, quienes ignoran que dicha práctica se ejerce en su contra. Es una violencia interiorizada y naturalizada/normalizada hasta el punto que creemos que las cosas “siempre fueron de esa manera”.

[15] 380 000 personas aproximadamente sufrieron directamente o en su grupo primario algún impacto represivo, es decir, alrededor de un 4 % de la población chilena de la década de 1970. Además, un 8 % debió emigrar por motivos sociales y un 2 % por el exilio político (Páez, 2003).

[16] "Las familias no sabían que tú te encontrabas ahí, entonces no podían ir a reclamar ni a pedirle absolutamente a nadie; es más, tú podías desaparecer y nadie saber que tú estuviste en ese lugar”. Entrevista a un ex preso en el ex Fuerte (Medina et al., 2019, p. 145).

[17] En Concepción el itinerario más frecuente fue desde los retenes a la 4º Comisaría, a los regimientos, a la Base Naval de Talcahuano, al fuerte Borgoña, a la Isla Quiriquina, al Estadio Regional y a la ex Cárcel Pública.

[18] Vecinos del lugar indican haber visto subir hacia el ex Fuerte “El Morro”, camiones militares con barandas, que eran custodiados por dos militares en las carrocerías (Fritz, 2017).

[19] Es necesario aclarar que durante la dictadura cívico militar, las prácticas de torturas realizadas en los centros de detención fueron constantemente negadas o naturalizadas como “mecanismos de interrogatorios”.

[20] “Me trajeron aquí con los ojos vendados. Me pusieron contra la muralla esta, contra este paredón y me dijeron que me sacara la venda, entonces, yo al ver al frente ahí, habían 6 o 7 infantes de marina con sus fusiles, apuntándome. Yo pensé que hasta ahí llegaba la cosa no más, y en ese minuto se pusieron a reír los compadres y atrás, por ese lado apareció un tipo de civil con un pasamontaña, con una máquina fotográfica, entonces, me hizo levantar la cabeza y que pusiera el mejor perfil y me sacó fotografías, de frente, de perfil, y me pusieron la venda nuevamente y me sacaron”. Entrevista a Juan Cisterna (Fritz, 2017).

[21] “[…] noches largas de torturas y de golpe, y lo más denigrante para uno, es que tu no vas, así como estás vestida ahora, te desnudan, te golpean, te usan prácticamente para ver si vas a resistir o no. Hay una sala de tortura donde yo bajé tres veces, tres veces que fuera de haber pasado lo que pasaste tú al otro lado (en otro centro de detención), tú acá te destruyeron mucho más porque… yo tengo cicatrices en la espalda, cicatrices que la dictadura te dejó, la maldad del ser humano fue tan grande que te deshizo, te estropeó. Igual te quedan huellas, el hecho de que te use un tipo sin que tú lo conozcas, que te violen, que te digan cosas denigrantes como mujer y que después te siga sometiendo a la tortura […]”. Testimonio de una ex presa del ex fuerte “El Morro” (Fritz, 2017).

[22] La antropología filosófica se opone a la mirada cartesiana de separar cuerpo y mente. Al integrar la dimensión de la vinculación del hombre con el mundo, busca captar al hombre en su totalidad. Algunos representantes son Max Scheler (1994) y Helmuth Plessner (1980).

[23] La fenomenología social surge desde una mirada interdisciplinaria iniciada por Alfred Schutz (1899-1959) que considera los aportes de la sociología y la filosofía. Su principal propuesta es que el fenómeno se constituye socialmente en el contexto de una comunidad y tradición.

[24] La resonancia hace referencia al fenómeno de repetición de una señal sonora, pero su uso ha sido extendido a otros campos, para ser utilizado como oscilación o vibración (Peralta, 2009).

[25] Bando Militar N° 8 de la Junta Militar de Gobierno, que anuncia prohibición de reunión y circulación (El Mercurio, 26 de septiembre de 1973). https://archivoradial.museodelamemoria.cl

[26] Entre estas prácticas de memoria encontramos: conmemoración del día internacional de la mujer, día internacional de los DDHH, realización de murales, conversatorios, visitas guiadas, entre otras.

 

por Paula Tesche Roa, Javier González Alarcón, Asef Antonio Inostroza

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Concepción, Yolanda Méndez Mardones, condenó al ex oficial de Ejército y agente de disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI) Enrique Erasmo Sandoval Arancibia a la pena de 4 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito consumado y reiterado de aplicación de tormentos, en carácter de lesa humanidad, a la detenida política Arinda Graciela del Carmen Ojeda Aravena, perpetrados en 1981 en el ex Fuerte El Morro de Talcahuano y en el Cuartel Borgoño de la CNI en Santiago.

por Darío Núñez

La militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fue detenida el 16 de abril de 1981, en la comuna de Penco, y sometida a crueles tormentos tanto en cuarteles de la CNI en Concepción como en Santiago.

En el fallo (causa rol 24-2010), la ministra Méndez Mardones aplicó, además, a Sandoval Arancibia las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; más el pago de las costas de la causa.

En la época de los hechos, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia operaba como jefe de la Brigada Azul de la CNI cuyo principal objetivo era la persecución y aniquilamiento de los militantes del MIR. Sandoval Arancibia, alias "Pete el Negro", tenía su base de operaciones en el Cuartel Borgoño en Santiago pero, reiteradamente, realizaba acciones represivas en diversas ciudades del país.

A mediados de abril de aquel año 1981, Sandoval Arancibia, que actuaba con la identidad falsa de nombre "Roberto Hernán Fuenzalida Palma", y los equipos operativos de la mencionada brigada, se trasladan a Concepción con la finalidad de detener a miembros de la organización revolucionaria que impulsaba la resistencia popular contra la dictadura. En la zona penquista los agentes represivos realizan operativos simultáneos en Concepción, Hualpencillo, Tomé, Penco y otras localidades, que culminan con alrededor de 25 personas detenidas.

La resistente Arinda Ojeda fue apresada en la vía pública por un grupo de agentes de la CNI poco después de salir de su domicilio en la ciudad de Penco. La introducen a un furgón utilitario donde fue vendada y esposada con las manos a la espalda. De inmediato comienza a ser sometida a golpes y amenazas. Finalmente los captores conducen a la víctima hasta el cuartel secreto de detención y tortura "Fuerte El Morro", en Talcahuano. En este recinto clandestino, la prisionera es sometida a múltiples sesiones de tortura que incluían la aplicación de descargas eléctricas en la denominada "parrilla" que los agentes tenían en el lugar; todo lo cual le provocó enorme daño.

El día 18 de abril de 1981 es trasladada en una avioneta a la ciudad de Santiago, hecho del que no se percata hasta días después, debido al mal estado físico y psíquico en el que se encontraba a raíz de las sesiones de tortura. Es llevada al Cuartel Borgoño, centro de operaciones de la CNI en Santiago, donde es sometida nuevamente a violentos interrogatorios que incluyen la aplicación de corriente eléctrica en 'la parrilla', y golpes a mano abierta en la cabeza, mediante técnica conocida como 'el teléfono', producto de lo cual quedó con severas secuelas físicas.

Estuvo detenida en el Cuartel Borgoño durante 18 días, tiempo en el que fue sometida a diversos vejámenes, que incluyeron desnudamientos, aplicación de corriente eléctrica en diversas partes del cuerpo, obligación de mantener posiciones forzadas, privada del sueño y amenazada constantemente de 'hacerla desparecer' y de ir en busca de su hijo para aplicarle similares rigores.

Posteriormente, la detenida Arinda Ojeda fue procesada y condenada por el Juzgado Militar de Concepción acusándola por Ley de Control de Armas, ingreso clandestino al país, y otros infundios dictatoriales debiendo permanecer largos años recluida en la Cárcel de Coronel. Producto de una reducción de las penas que le habían sido aplicadas, recupera su libertad en agosto de 1989, tras más de 8 años de prisión arbitraria.

El ahora sentenciado Enrique Sandoval Arancibia actualmente se encuentra cumpliendo condenas en el Penal Punta Peuco por otros crímenes de lesa humanidad.

Este martes 31 de octubre, a partir de las 11:00 horas, la Corporación Mutual Bautista van Schouwen Vasey, presentará en la Estación de ferrocarriles El Arenal de Talcahuano, el denominado "Plan Maestro de Intervención Progresivo del Sitio de Memoria El Morro de Talcahuano", trabajo financiado gracias a aportes de la Subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia.

Tras la concreción del traspaso del en septiembre recién pasado, la organización de derechos humanos que reúne a varios de los sobrevivientes del Sitio, presentará a la comunidad de Talcahuano y la región este Plan Maestro, que pretende el rescate y puesta en valor de un lugar que desde el año 2017 posee la declaratoria de Monumento Histórico y que a pesar de ello ha permanecido por años en una situación de abandono y permanente riesgo desde el punto de vista patrimonial, ante la sistemática vandalización que se ha hecho del lugar.

Muros de Contención para contener deslizamientos de suelo o remoción en masa de laderas erosionadas
Muros de Contención para contener deslizamientos de suelo o remoción en masa de laderas erosionadas

Sin duda, la noticia del traspaso definitivo del sitio en septiembre y la próxima presentación del Plan Maestro para el lugar constituyen un paso fundamental en la recuperación del lugar, su conservación y proyección para la comunidad.

El trabajo implicó el desarrollo de diversos trabajos y estudios técnicos de carácter preliminar, además de jornadas participativas de diagnóstico territorial e ideación de uso y conservación del Monumento Histórico y Sitio de Memoria, actividades que contaron con la participación de miembros activos y colaboradores cercanos de la Corporación, actores locales comunales e integrantes de las organizaciones sociales y productivas de la caleta El Morro.

A partir de esto se levantó una propuesta de carácter arquitectónico y paisajístico para el espacio, que contempla todo el perímetro que hoy cuenta con protección por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN)

En años anteriores, el acto estuvo centrado en la prisión política que vivieron las mujeres o en la violencia política sexual de la dictadura. Este 2024, el emotivo acto consistió en homenajear a mujeres de la zona que desde los más diversos ámbitos y militancias resistieron a la dictadura militar.

El pasado sábado 9 de marzo, en el ex centro clandestino de detención y torturas de El Morro, actual Sitio de memoria y Monumento Histórico, la Mutual Bautista van Schouwen Vasey efectuó su ya tradicional acto de homenaje a las mujeres luchadoras. Fueron quince las mujeres homenajeadas, tres de ellas recientemente fallecidas:

María Inés Godoy, militante demócrata cristiana, madre de tres hijos, fue una solidaria permanente hacia los familiares de Detenidos Desaparecidos, Presos Políticos, relegados y perseguidos.  Ella y los trabajadores de su funeraria (La Paz) estuvieron presentes cuando se descubrían los cuerpos de los Detenidos Desaparecidos, por ejemplo, como los de Laja y San Rosendo, o en los casos de compañeros ejecutados en la zona como Víctor Hugo Huerta o Iris Vega Bizama entre tantos otros. Fue parte de la creación del Movimiento de Mujeres Independientes (MMI) de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, junto a Jorge Barudi, Luz Sobrino, Brisolia Herrera, entre otras y otros.

Griznery Sepulveda Robles, trabajadora del hospital de Lota, detenida el mismo día del Golpe, por compromiso político, fue prisionera del estadio regional e Isla Quiriquina. Al momento de caer en las garras de la dictadura, tenía un bebe pequeño, el dolor de poder amamantar a su hijo Pablo la marcó profundamente.  Muchas de las compañeras recuerdan que ella las acogió con ternura en los centros de tortura, donde vivieron tantas situaciones de dolor y de violencia política sexual. Con su risa siempre relataba: "me gané todas las medallas que nos daba la dictadura: Prisionera política, torturada, exiliada, esposa de detenido desaparecido (Eulogio Fritz M.)". Retornó del exilio en Hungría en 1988. Desde esa fecha hasta el 2018 se abocó al trabajo de creación de organizaciones de ex prisioneros y prisioneras políticas de las provincias de Concepción, Arauco, Ñuble. Motivó a la formación de grupos de mujeres para el trabajo de memoria en Coelemu y Concepción.

Marina del Carmen Gómez Chávez: pobladora del campamento Lenin de Talcahuano, miliciana y actriz popular, aportó al movimiento político, social y cultural.  Tenía apenas 24 y un pequeño hijo (Fernando) cuando fue parte de la toma de Lenin, durante la dictadura fue parte activa de la resistencia política y cultura. Siempre guardó la tristeza de la muerte de su familia en exilio, sin poder retornar a Chile.

Hasta el Sitio de Memoria el Morro llegaron todo el resto de las homenajeadas. Doce mujeres, acompañadas de hijos o hijas, nietos y nietas, todas de larga trayectoria en la lucha social, política o de los Derechos Humanos.

La primera en ser homenajeada fue Imilse del Carmen Contreras Álvarez, dirigenta de la Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular (Anecap) y después del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares.  Durante la dictadura, junto con «La Tita» de Agüita de la Perdiz, generó comedores para alimentar a estudiantes, en aquellos años en que se borraron todos los beneficios estudiantiles. Imilse fue parte de la creación del Movimiento de Mujeres Independientes (MMI), una organización de mujeres de izquierda que ocupó esa fachada para simular que no pertenecían a ningún partido político. Contreras se hizo conocida a nivel nacional, por su participación, a pesar de su avanzada edad, en las marchas de NO+AFP.

Tras ella fueron homenajeadas Ester Araneda Gallardo, militante del Partido Comunista, histórica dirigenta de la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción. Ester ya había sido homenajeada en este mismo acto en 2023, por su incansable labor en la lucha por la búsqueda de nuestros desaparecidos y la exigencia de verdad y justicia.

María Luz Toro Rodríguez, viuda, dos hijos, uno de ellos (Yuri) ejecutado político en los gobiernos post dictadura, ex militante del MIR, dirigente poblacional de Hualpén, participó activamente en el Comité de defensa de los derechos de la Mujer (CODEM). "Junto con otras compañeras, organizamos a las mujeres en la población, en ollas comunes, en talleres, en fin…hasta los comités de allegados, había tanto que hacer, había una gama de organizaciones, crear poder popular, pero aparte de eso también nosotros como miristas nos juntábamos con las otras organizaciones para coordinar en el territorio la lucha contra la dictadura".

Eladia Rodrigues Luna nacida el 18 febrero 1935, en Cañete, fue la única sobreviviente del grupo de mujeres que se reunía en casa de Irene Romero y que conformaron el Comité de Mujeres Contra el Exilio Javiera Carrera, organización que convocó a las primeras marchas contra la dictadura en concepción en la década de los 70. Militante socialista desde 1956, representó a las mujeres socialistas en el Congreso Latinoamericano de la UNCTAD III, trabajó en la Coordinación Nacional de la campaña de Salvador Allende en 1970. Tras el golpe vivió la detención de sus hijos y tuvo que vivir en la clandestinidad.

Olimpia Fernanda Riveros Ravelo, penquista por adopción, militante y dirigente del Partido Comunista, hermana de Gabriel Octavio Riveros Ravelo, militante del MIR ejecutado político en dictadura. Estudió Pedagogía en Castellano en la Universidad de Concepción gracias a una beca. Ejerció la docencia en el Liceo N°3 de Lorenzo Arenas, donde permaneció por 21 años, hasta la exoneración política durante la dictadura. Participó en la directiva provincial de la AGECH (Asociación Gremial de Educadores de Chile), organización de la que se dotaron los profesores de izquierda para resistir la destrucción de la educación pública iniciada en dictadura.

En los 90 fue dirigente regional y nacional del Colegio de Profesores y profesoras, actualmente, se desempeña como concejala de Concepción.

Lily Ester Rivas Labbé, profesora de Historia, ex prisionera política, estuvo en cuatro campos de concentración. Fue una de las últimas de las mujeres fundadoras del del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, en nuestra zona.  Tras su expulsión del país, en el exilio, dio testimonio público en el Palacio de las Convenciones en Bruselas en 1976, llamado Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que fue una actividad promovida por las activistas internacionales, para poner en la agenda de la ONU y de los gobiernos de esa época la situación de menoscabo, de discriminación, violencias y crímenes que se practicaban y practican contra las mujeres en nombre de la cultura, de la naturaleza.  Retornada a Chile, crea junto a otras compañeras el Instituto de la Mujer en Concepción y en el Centro de la Memoria "La Monche".

Silvia Pérez Garcés. En 1974, trabajando en la librería de la Universidad de Concepción, conoció a Imilse y a la Tita, de aula cero, les daba almuerzos a estudiantes universitarios necesitados, tratando de generar politización en los mismos. Ahí crearon el MMI (1978), reuniéndose en el segundo piso de la funeraria La Paz, con Inesita Imilse, Nelly, Olivia, Luz María y varias más. Fue parte de la Comisión DDHH de Concepción, donde empezaron a llegar otras organizaciones de mujeres, con ellas formaron la Coordinadora de Mujeres de la Provincia de Concepción. En 1989, aun en dictadura, esta comisión organizó el Congreso Nacional de Mujeres, donde llegaron mujeres de varias regiones en un clima de unidad, con el único objetivo de derrotar la dictadura. Es integrante del Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo desde 1984.

María Cristina Yáñez Vega, siendo muy joven ingresa al MMI, ahí conoce la Comisión Chilena de DDHH y desde ahí participa en actividades de denuncia, difusión y apoyo a las víctimas de la dictadura. Participó en la  creación de la Coordinadora de Mujeres, en la organización del primer encuentro nacional de mujeres realizado en Hualpén y en la planificación del encuentro feminista realizado en Concepción. Participa del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo.

María Luisa Burgos Muñoz, militante del Partido Demócrata Cristiano e integrante de muchas organizaciones de mujeres de la calle, en defensa de los Derechos Humanos. Trabajó en Telégrafos del Estado antes del Golpe, luego de este, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Talcahuano. Fue dirigenta sindical de la misma y posteriormente de la CUT.

Nancy Elosia Burgos Barriga, profesora normalista de 88 años de edad. Es miembro y fundadora de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Concepción. Junto con la crianza de sus hijas y su labor docente, dedicó su vida a la denuncia de las vulneraciones de los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura militar y, especialmente, a buscar a su compañero: el profesor Juan Heredia Olivares, dirigente de las JAP detenido el 16 de septiembre de 1973 en Los Ángeles.

Julia González, de 89 años de edad, recientemente nombrada hija ilustre de la comuna de Coronel (2023), es una gran luchadora en la resistencia a la dictadura de la ex comuna minera de Coronel. Hija de dirigente minero, enviado por Recabarren desde las salitreras a la zona del carbón.  Destacó durante la dictadura por su apoyo a las prisioneras políticas de la cárcel de Coronel, de enlace con los presos de la penitencia de Concepción y el apoyo al trabajo social y político desarrollado en Coronel durante el mismo periodo. En su casa funcionó por años una biblioteca popular, estando siempre presente en la organización y en la lucha del pueblo minero.

Rosa Constanzo Vera, nacida el 6 de octubre de 1941, desde muy joven fue parte del movimiento estudiantil, los trabajos voluntarios, la alfabetización en las poblaciones o zonas rurales y mapuche como Lumaco. Efectuó la misma labor en los cerros de Talcahuano como profesora, bajo el gobierno de Salvador Allende. Tras el Golpe, su hermano José Constanzo Vera, dirigente sindical de Huachipato, fue detenido y asesinado en el Fuerte Borgoño de Talcahuano. Durante la dictadura, Rosa realizó trabajo político clandestino como ayudista del MIR y la resistencia. Cuando su grupo de trabajo cae detenido, ella pasa a la clandestinidad. Más tarde se incorpora a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos junto a su madre y hermanas, participando del apoyo a los prisioneros y prisioneras políticas. Su casa siempre estuvo disponible como refugio o seguridad para los compañeros perseguidos.

por Joaquín Pérez