Fuerte Papudo

El antiguo Fuerte Papudo, ubicado en el Cerro Recreo, fue utilizado para la detención de presos políticos. Originalmente ubicado en el Cerro Recreo, el Fuerte Papudo tenía una superficie de 3,7 hectáreas, las cuales fueron vendidas por la Armada para la contruccion del complejo inmobiliario “Gran Océano” con siete imponenyes torres

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Memoriaviva;

“Aquí nació y aquí morirá el neoliberalismo”. Tanto en su nacimiento como en su (actual) deceso, el modelo instaurado en la dictadura de Pinochet y continuado por los gobiernos de la Concertación muestra su cara más autoritaria e inhumana: las violaciones a los Derechos Humanos, especialmente las desapariciones forzadas.

En el año 2011, la Organización de Naciones Unidas (ONU) instauró el día 30 de agosto como el Día de las Desapariciones Forzadas, gracias a la iniciativa de organizaciones de Derechos Humanos que buscó visibilizar y esclarecer estos casos a nivel mundial. Desgraciadamente, nuestro país continúa con una deuda histórica que no ha podido saldar, pese a las iniciativas e insistencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tras 48 años del Golpe de Estado, Chile suma la triste cifra de 1.197 víctimas, cuyos familiares aún no obtienen justicia ni reparación. Gran parte de ellos sufrieron de detenciones y desapariciones forzadas. Casos emblemáticos son el lanzamiento de prisioneros y prisioneras políticas al mar amarrados a rieles para evitar que sus cuerpos flotaran y fueran eventualmente identificados. Jamás esperaron que los propios rieles servirían para este fin.

En octubre del 2019 resurgieron temores de regresar al terrorismo de Estado, la guerra subversiva contra el enemigo interno. La declaratoria de Estado de excepción ante las masivas protestas de los “alienígenas”, así como las denuncias de violencia desmedida en las calles, violaciones sexuales, mutilaciones oculares, instalación de centros de tortura en comisarías, estaciones de metro e, inclusive, en supermercados fueron argumento suficiente para pensar que el próximo paso serían las desapariciones forzadas como corolario de la represión de Octubre y la Declaración de Guerra del propio Presidente de la República al Pueblo Chileno.

Tras años de neoliberalismo pragmático post crisis económica de 1985 y de neoliberalismo con gobernabilidad post plebiscito de 1989, se legitimó un Pacto de Silencio respecto a los enclaves autoritarios del modelo, en especial de aquellos relacionados con las violaciones a los Derechos Humanos. Recordemos que Pinochet entregó el poder sólo luego de profundas reformas a leyes orgánicas constitucionales que privatizaron derechos sociales a última hora e intervenir la corte suprema, y que Patricio Aylwin renunció públicamente a la promesa de convocar a una Asamblea Constituyente al asumir la presidencia en 1990. Ambos hitos marcan el inicio de un largo camino de gobernar en la medida de lo posible, sin verdad, justicia ni reparación.

En este contexto, las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y familiares de Detenidos Desaparecidos trabajaron incesantemente para conocer la verdad de quienes ya no están. Gracias a su trabajo, sabemos que Viña del Mar cuenta con 11 lugares lugares donde se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos en Dictadura, según el catastro de sitios de la memoria del Archivo de la Memoria y Derechos Humanos (Subsecretaría de Derechos Humanos, 2021):

1. Comisaría de Carabineros Nº 1, Viña de Mar
2. Comisaría de Carabineros Nº 3, Viña del Mar
3. Comisaría de Carabineros Nº 4, Viña del Mar
4. Cuartel de Investigaciones, Viña del Mar
5. Fuerte Papudo, Cerro Recreo
6.  Fuerte Vergara del Destacamento de Infantería de Marina, Las Salinas
7. Prefectura de Carabineros, Viña del Mar
8. Recinto CNI calle Agua Santa 980, Viña del Mar
9. Recinto CNI calle Álvarez, Viña del Mar
10. Recinto CNI calle Habana 476, Viña del Mar
11. Regimiento de Caballería Nº 4 Coraceros, Viña del Mar

Asimismo, la Revuelta Popular de Octubre dejó huellas en nuestra ciudad, en que se suscitaron jornadas de protesta y represión policial, así como lugares de secuestro a dirigentes y dirigentas sociales, mutilaciones oculares, operativos de brigadas de salud y resistencia callejera. Uno de estos es la Iglesia de Fátima, lugar en que se identificaron y atendieron innumerables casos de tortura mediante la aplicación del Protocolo de Estambul por voluntarias y voluntarios de enfermería y medicina.

Finalmente, ambos casos nos desafían a seguir contribuyendo en iniciativas que fomenten la no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo social que supere el Pacto de Silencio y nos permita aprender a convivir en paz y justicia social. Para ello, necesitamos realzar la memoria viva en cada uno de los rincones y calles de Viña del Mar como sitios de memoria histórica y lugares de educación cívica para las próximas generaciones, para que nunca más sintamos -como sociedad- el temor de regresar a la Dictadura.

por Nancy Díaz Soto

Por qué el Congreso cerró el negocio inmobiliario de las Fuerzas Armadas 

El más reciente dolor de cabeza del ministro José Goñi estalló por sorpresa. Ahora que el Parlamento decidió quitarle el tratamiento especial a la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas, y de paso les restó una importante fuente de financiamiento, tanto las distintas ramas como el Gobierno buscan desesperadamente una solución que no deje heridos en el camino. Sepa cómo los militares se convirtieron en los más experimentados corredores de propiedades.  

Las vacaciones no fueron totalmente relajadas ni para el ministerio ni para las ramas de la Defensa Nacional. Sin contar la turbulencia por la renuncia del general Gonzalo Santelices, equipos de ambos lados tuvieron que suspender el descanso para trabajar de cabeza en una fórmula que permita cerrar un conflicto que nadie tenía en carpeta y que fue abierto por el Parlamento después de discutir el presupuesto para este año. Por culpa de una modificación del artículo 14, aprobada por unanimidad en el Congreso, al menos durante 2008 las Fuerzas Armadas no podrán disponer libremente de los millones de pesos que hasta ahora les dejaban las ventas de cualquiera de las 4.165 propiedades que poseen a lo largo de todo el país. Se acabó el régimen excepcional (ver recuadro) y ahora, como en cualquier otro terreno fiscal que se vende, la plata quedará para el fisco, el cual la distribuirá entre el respectivo gobierno regional y el Ministerio de Bienes Nacionales.  

Siete años empujando 
La modificación, en pocas palabras, cerró una "caja chica" que las Fuerzas Armadas ocuparon durante más de 30 años. Los dividendos se usaron, la mayoría de las veces, para implementar mejoras en la infraestructura militar y construir nuevos recintos. Precisamente, este punto es el que complica al Ministerio de Defensa: de dónde sacar el dinero para los proyectos que cada rama tenía contemplado financiar con la venta de diversas propiedades, recursos con los que, por lo menos este año, no podrán contar. En el ministerio reconocen que "ésta no es una indicación que el Gobierno haya promovido, porque nos obligará a buscar nuevos recursos dentro del presupuesto para llevar adelante los planes que tenía cada institución", explica una fuente. Por eso, cada repartición castrense está elaborando detallados informes sobre los proyectos paralizados o que simplemente no podrán concretarse en el estado actual de las cosas. Si la norma continúa tal cual la dejó el Parlamento, de ahora en adelante las Fuerzas Armadas estarán obligadas a defender estos proyectos que antes financiaban con la "caja chica" ante la Dirección de Presupuesto, tal como lo hace cualquiera de los otros organismos del Estado.  

El "culpable" de tanto trabajo extra es el diputado PS Carlos Montes, autor de la indicación que modificó la ley. Antes de que alguien lo identifique como el enemigo público número uno del mundo militar, el parlamentario sostiene: "La indicación está hecha pensando en las regiones. Éste no es un problema de Gobierno con las Fuerzas Armadas. No es una agresión a ellas. En la dictadura ellos acumularon muchos bienes, en el norte particularmente, y no había ningún motivo para que esto fuera tratado de una manera excepcional. Se trata de que tengan un tratamiento como todo el sector público, sometido a normas generales". 

Montes asegura que hace siete años estaba tratando de cambiar este régimen, junto al diputado Jorge Burgos, ex subsecretario de Guerra en el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. "Y esta vez encontramos la manera de hacerlo, por la redacción del artículo, que nos facilitó las cosas", dice.  

Plusvalía frente al mar 
Extraoficialmente (hasta que los informes respectivos no sean entregados a Defensa por las instituciones, a partir de la próxima semana) se sabe que el Ejército iba a desprenderse de cinco terrenos en Rancagua, Quillota, Santiago Centro, San Felipe y Cauquenes. Unas 60 hectáreas detrás del Regimiento Granaderos en San Bernardo alcanzaron a "salvarse" de la modificación legal: en octubre del año pasado fueron licitadas públicamente por la constructora Besalco, que desarrolla un proyecto inmobiliario para la zona. Para la Fuerza Aérea no cambiaron mucho las cosas, ya que uno de sus negocios más ambiciosos, recuperar los terrenos de la feria El Belloto, en Quilpué, fue abortado por la ampliación por un año del comodato con la municipalidad que permite el funcionamiento de la feria. Antes de que cambiara la ley, el gobierno comunal buscaba otro terreno para permutarlo con la FACH, pero ahora, dado que gran cantidad de los fondos queda en la región "tal vez no nos convenga permutar, sino buscar una fórmula alternativa", dice el alcalde Mauricio Viñambres (PS). 

En la V Región se concentran también las maniobras inmobiliarias que la Armada deberá abortar hasta nuevo aviso. La más importante era la venta de 22 hectáreas del fundo naval Las Salinas, proceso que hasta la fecha de conocerse el cambio en la Ley de Presupuestos avanzaba a la velocidad de un fórmula uno. "Nos complica bastante. No es algo que nos venga bien y que nos guste en ningún caso. Porque teníamos un plan de desarrollo que en este caso tiene impacto no sólo en la institución, sino también en Viña del Mar, porque íbamos a ceder una franja de terreno al municipio. Pero ahora que sabemos esto estamos haciendo algunos estudios y estamos analizando el tema con el ministerio", confiesa una fuente de la Armada. Con esta venta, la institución quería implementar en Las Salinas una especie de campus la Academia Politécnica Naval y concentrar allí varias de las escuelas que tienen dispersas.  
Hasta ahora, los movimientos inmobiliarios de las Fuerzas Armadas no generaban mayores fricciones con el Gobierno, porque toda transacción estaba sujeta a la aprobación del Ministerio de Hacienda y la Contraloría. La fiscalización empezó a partir de 1998, cuando se descubrió que la Fuerza Aérea solía importar perfumes y whisky como pertrechos de guerra, es decir, libres de impuestos. 

Los blocks DE LA DISCORDIA  
Pero no siempre hubo tanta fluidez. Al principio de los gobiernos de la Concertación estas ventas no tenían ninguna fiscalización, y las instituciones tampoco estaban obligadas a dar cuenta de ellas. Especialmente en relación a los predios sujetos al Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), un resquicio a través del cual las ramas de la defensa podían traspasar bienes entregados por el fisco a sus Departamentos de Bienestar y luego deshacerse de ellos, para invertir en mejoras dentro del rubro. El decreto de 1971 que lo permitía duraba 90 días, pero resultó ser el más cómodo para articular negocios inmobiliarios y su utilización se extendió durante 27 años. Es decir, aprovecharon este mecanismo por casi 10 mil días.  
En 1995, el Ministerio de Bienes Nacionales, con Adriana Delpiano a la cabeza, se encontró con que no podía disponer de extensas áreas de terreno en Bahía Catalina, en la provincia de Magallanes, porque pertenecían al Departamento de Bienestar de la Fuerza Aérea, igual que otro paño en Mejillones, al norte de Antofagasta, que también era de la FACH y que la institución arrendaba a una empresa minera. La ministra reclamó a Contraloría, a cargo de Osvaldo Iturriaga, que se pronunció a favor de los militares invocando la vigencia del artículo de 1971. Hubo que esperar hasta 1997, cuando a la cabeza de la Contraloría quedó Arturo Aylwin. "Contratamos al estudio Barros, Court & Correa, para que hicieran un informe en derecho sobre la enajenación de bienes sujetos al PAF", cuenta Delpiano. Con este antecedente, la Contraloría declaró extinguido el mecanismo para traspasar bienes al PAF. Sin embargo, invocando resoluciones anteriores, las Fuerzas Armadas lo siguieron haciendo. Recién ahora el Ministerio de Bienes Nacionales está actualizando el catastro de propiedades enajenadas por las Fuerzas Armadas, trabajo que debieran tener listo dentro de los próximos días.  

Terrenos en engorda 
Muchos de estos negocios se concretaron entre el primer y segundo dictamen de la Contraloría. Entre ellos, el de la Villa San Luis, en Manquehue con Presidente Riesco, quizás el más espectacular de los negocios inmobiliarios del Ejército. Durante el Gobierno de la Unidad Popular, el conjunto de edificios fue entregado como solución habitacional por la Corvi (Corporación de la Vivienda). Después del golpe, los pobladores fueron desalojados y en su reemplazo llegó personal militar, ya que los terrenos tenían estatus de PAF. Pero en 1997 los blocks fueron demolidos y en el terreno "se hizo un negocio que bordeó los 200 millones de dólares", dice el diputado PPD Patricio Hales, quien en ese entonces se opuso a la demolición. El parlamentario, uno de los impulsores de la derogación de la Ley Reservada del Cobre, le quita el carácter confrontacional a la indicación que acabó con la exitosa inmobiliaria castrense. "El Estado tiene que asegurar los recursos para las Fuerzas Armadas en materia de habitación, equipos y sueldo. Pero proveerlas por otro lado, de modo de que no tengan que dedicarse al negocio inmobiliario", dice.  Con la modificación que impulsó Carlos Montes se podría poner fin a un rubro en el que los militares han demostrado especial talento, pese a no ser su "giro". Un consultor inmobiliario explica que, por ejemplo, "en Antofagasta el Ejército ha vendido terrenos donde se han levantado muchas torres, sobre todo en Angamos. Ese y mil ejemplos más grafican cómo las Fuerzas Armadas han sabido manejar este negocio de manera muy inteligente. Azarosamente, muchos de sus terrenos están hoy muy bien ubicados, y ellos han sabido mantenerlos ‘en engorda’, hasta que los precios se vuelvan más atractivos. Eso no lo puede hacer cualquier industria, pero ellos sí. Por eso, casi todos sus lotes son considerados prime o filete, como denominamos a los terrenos más atractivos. En los casos emblemáticos, los militares han hecho muy buenos negocios".  En Defensa, aseguran, tienen la "más profunda intención por derogar o cambiar" la Ley Reservada del Cobre, que este año tiene una cuenta corriente que supera los 1.300 millones de dólares (aunque las ramas no pueden disponer de ella sin el visto bueno de Hacienda). Y esperan que el debate no se contamine con esta sorpresiva indicación legal que terminó con la inmobiliaria militar. Aunque también saben que desde ahora puede venir inevitablemente el contraataque de los que no quieren soltar la gallina de los huevos de oro.  

Fundo naval Las Salinas 
Sobre el lote en el fundo naval Las Salinas que la Armada quiere vender, alguien comentó que se convirtió en el nuevo objeto del deseo de Viña del Mar. Quien lo dijo no exageraba. Hoy, las 56 hectáreas que están en la zona norte del fundo naval, colindantes a Jardín del Mar, son el terreno más apetecido por las inmobiliarias que quieren desarrollar proyectos top en el borde costero de la Ciudad Jardín. 

Su vista es envidiable y su ubicación estratégica, porque está a pasos de la playa y del centro de una ciudad en la que apenas existen terrenos disponibles. Antes este lugar se utilizaba como campo de ejercicio de la Infantería de Marina, pero la Armada prefirió venderlo. Mientras el municipio realiza los estudios para cambiar el uso de suelo, los marinos ya dividieron el lote en 10 paños. Su intención era iniciar la licitación este año, pero aún no deciden si paralizan el proceso a causa de la modificación en la Ley de Presupuesto. Gigantes como Besalco y Desco ya habían mostrado su interés. Cálculos del mercado dicen que el valor total de los terrenos bordearía los 200 millones de dólares, porque la seducción de ese lote es irresistible para las inmobiliarias.  

Ex Regimiento Coraceros 
Uno de los negocios inmobiliarios más redondos que gestionó el Ejército. Donde antes funcionaba el ex Regimiento Coraceros, en 15 Norte con Jorge Montt, en Viña del Mar, hoy están los cuatro edificios del proyecto Torres de Puerto Pacífico. Cuando en los noventa el Ejército anunció que enajenaría ese lote, los grandes de la industria babearon y pelearon por ese terreno, pero finalmente se lo adjudicó la Inmobiliaria Manso de Velasco, entonces filial de Endesa. En todo caso, la lucha no fue injustificada, porque el lote era uno los “filetes” que tanto busca el mercado.  

Ex Regimiento de Puente Alto 
Donde hoy se encuentra una de las sucursales del supermercado San Francisco, en Puente Alto, el Ejército tuvo por años el Regimiento de Ingenieros Nº 2. Sus instalaciones quedaron rodeadas por conjuntos habitacionales y el paño se convirtió en una ubicación perfecta para instalar un centro comercial. Fue entonces cuando la institución castrense decidió venderlo, hace ya cuatro años.  

Hospital Militar 
Otro de los “filetes” de primera categoría que están en Santiago. Se podría afirmar que la esquina en que se ubica el Hospital Militar del Ejército, en Holanda con la Avenida Providencia, es exageradamente estratégica. De ahí el enorme interés que despierta el proceso de enajenación de los 10 mil metros cuadrados donde está instalado el recinto. Hoy, el Ejército entregó en comodato por un par de años el Hospital Militar al Ministerio de Salud, pero en el intertanto realizará el proceso de apertura de las ofertas. En la institución castrense ya han dejado claro que la postura mínima que aceptarán por ese terreno será de 22 millones de dólares, y en la industria sostienen que la cifra podría multiplicarse fácilmente.  

Fuerte Papudo 
Uno más de los terrenos de la Marina que hoy están convertidos en cómodos departamentos con vista a la playa para viñamarinos y santiaguinos ABC1. En las 3,7 hectáreas que la Infantería de la Armada tenía el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo en Viña del Mar, hoy se presentan imponentes las siete torres del exitoso proyecto inmobiliario Gran Océano.  Quien levantó ese proyecto fue el grupo Beltec, que se quedó con el atractivo paño que los marinos decidieron vender en 1993. La particularidad de este negocio está en que Beltec pertenece a dos ex miembros de la Armada, Carlos Rivas Mora y Santiago Lorca González. Ambos fueron ingenieros navales y llegaron a ocupar el cargo de capitán de navío. Curiosamente, dos años antes ambos se habían quedado también con el gigantesco paño enajenado por la Armada donde estaba ubicada la Base Aeronaval de El Belloto, donde hoy se levantan dos hipermercados e infinidad de conjuntos residenciales. Según informa la página de la constructora, ése fue su primer gran negocio.  

Ex Regimiento Haras Nacional 
En la comuna de San Bernardo, el Ejército tiene el Regimiento de Caballería Blindada Granaderos. A un costado estaba el denominado Haras Nacional, terreno que ya fue vendido y que se convirtió en el último de los grandes negocios inmobiliarios del Ejército, antes de que se realizara el cambio legal que los tiene con el ceño fruncido. 
Recién en octubre pasado terminó el proceso de licitación de estas 60 hectáreas y quien se quedó con el paño fue la constructora Besalco, que peleó el terreno con otras tres compañías. Su idea es construir casas en la antigua dependencia militar. Según un especialista en proyectos urbanos, esa  ubicación es “tremendamente atractiva para un gran proyecto residencial. En algún momento se pensó utilizarlo para levantar un centro comercial, pero hasta ahora no hay tanta densidad que justifique un proyecto de esas características”. 

Villa San Luis 
Uno de los negocios inmobiliarios más millonarios y espectaculares que hizo el Ejército. Se trata del fundo San Luis, un terreno de 153 hectáreas ubicado estratégicamente en pleno Las Condes, entre Avenida Kennedy y Américo Vespucio. Fue el Presidente Salvador Allende quien decidió construir esos bloques de departamentos para los habitantes más pobres de la  comuna, pero 30 años después, con la villa en manos de los militares, el Ejército decidió que esos terrenos eran “prescindibles” y decidió venderlos. Tan prescindibles que los vendieron por 89 millones de dólares a la inmobiliaria Parque San Luis, firma tras la que estaban los nombres de los hermanos Sergio y Jorge Sarquis, José Cueto y Antonio Martínez. Hoy en ese se sector se erige el exitoso centro de negocios Nueva Las Condes, donde tienen sus oficinas algunas de las compañías más importantes del país y que acoge, por ejemplo, a los edificios corporativos de Lan y Corp Group.  

La historia legal  
El decreto que sirvió a las Fuerzas Armadas para convertir sus terrenos en Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), y luego negociarlos fuera del control civil, fue promulgado por Salvador Allende. Pero el resto de las normas que sustentaron la “inmobiliaria militar” fueron en su mayoría decretos aprobados en dictadura.  

Ley 17.174 de 1969 
Faculta al Presidente de la República, previa proposición del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, a enajenar inmuebles fiscales destinados a dichas instituciones. Los fondos ingresan a cuentas especiales a nombre de cada institución, para invertirlos en adquisición de propiedades, construcción de nuevas instalaciones, viviendas destinadas al uso de la institución, o en la ampliación, reparación y dotación de las ya existentes.  

Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1971 
Crea el Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF). Abrió un plazo de 90 días para que las FFAA asignaran bienes a su patrimonio mediante resolución interna. En la práctica, este plazo se extendió hasta el 9 de julio de 1998.  

Decreto Ley 1.113 de 1975 
El Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros e Investigaciones tendrán la representación del fisco para adquirir y enajenar bienes raíces, sin intervención del Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). 

Decreto Ley 2.569 de 1979 
El MBN podrá enajenar inmuebles fiscales destinados a las FFAA que éstas pongan a su disposición. Los fondos ingresarán a cuentas especiales en Tesorería a nombre de las respectivas instituciones.  

Ley 18.712 de 1988 
La administración del PAF corresponde a los Servicios de Bienestar, con personalidad jurídica distinta a la del fisco. 
Los Servicios de Bienestar sólo pueden invertir en la terminación, ampliación o reparación de los inmuebles que integran su patrimonio de afectación.  

Dictámenes de Contraloría 
Dictamen 42.932 de 1978 
Los traspasos al PAF podían seguir efectuándose después de los 90 días que fijó la ley. Dictamen 23.752 de 1998 
A requerimiento del MBN, de 1995, la Contraloría declaró extinguida la facultad de asignar inmuebles fiscales a los PAF de los Servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las FFAA continuaron inscribiendo inmuebles a nombre del PAF hasta 2004, usando resoluciones anteriores a 1998.  

La demolición del edificio de la Academia de Guerra Naval, por parte de la Armada a inicios de febrero, y los silencios que ha tenido que encarar la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví para obtener el terreno donde se emplazó el antiguo campo de prisioneros, subrayan los obstáculos para preservar la memoria en Valparaíso y alrededores. Una partida entre el olvido y la memoria se juega en muchos puntos de Chile.

Silenciosamente, entre el 8 y 10 de febrero pasado, la Armada demolió el edificio de la antigua Academia de Guerra Naval (AGN), ubicado al final de la calle Pedro León Gallo, en una colina que baja al mar, en el barrio de Playa Ancha. Allí se configuró el golpe de Estado. Allí fungió el cuartel central del almirante Toribio Merino durante el 11 de septiembre. La locación también fue conocida por los centenares que fueron detenidos en los días posteriores. Al edificio fueron trasladados obreros, estudiantes, profesores, mujeres y jóvenes; militantes y simpatizantes de partidos de izquierda. Allí fueron vejados y torturados. Miguel Woodward, el sacerdote que había abrazado la causa de los pobladores, era uno de ellos. Tras ser sometido a tormentos en la Universidad Técnica Federico Santa María, fue trasladado a la AGN desde donde salió agónico hasta el buque-escuela Esmeralda. Luego fue desaparecido.

En el mapa de los sitios donde operó el terrorismo de Estado en Valparaíso, la AGN, junto al adyacente cuartel Silva Palma, relumbran como infames faros. “Tenía que dejar alimentos a los detenidos en la Academia. Hacíamos varias triquiñuelas para averiguar quiénes estaban ahí porque no se podía hablar”, rememora hoy Ricardo Tobar, cabo segundo, y uno de los marinos que intentó impedir la conjura golpista al interior de la Armada. No militaba en ningún partido de la UP pero simpatizaba con el MIR. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por la FACH, en Quintero. Fue torturado y sometido a Consejo de Guerra. Desde hace años, es uno de los voceros de los Marinos Constitucionalistas y Antigolpistas, una de las agrupaciones que denunciaron el subrepticio derribo del alguna vez llamado -macabramente- “Palacio de la Risa”.

“Desde que entré a la marina, en 1964, (Allende) fue el único presidente que dijo algo por el perraje. Nos subió el sueldo. Entonces era la conciencia de clase la que jugaba a nuestro favor. El 90% o más somos hijos de obreros”, recuerda. El mayor de 7 hermanos, y oriundo del barrio de Miraflores Alto, en Viña del Mar, había ingresado con 15 años a una institución que podía darle, como cuenta hoy, una solución rápida a la escasez. “Fue la jugada de mis padres para que tuviéramos buena educación. Por edad no podía llegar a la universidad, así que era la posibilidad”.

Con sus compañeros percibió ya, a fines de los 60, el talante reaccionario de la oficialidad naval, institución conocida por su clasismo. “Cuando salió Allende, las arengas que hacían los oficiales empezaron contra el gobierno”, dice. En su unidad, la Escuela de Armamento de Las Salinas, también observó la inquietante presencia de marines y asesores militares estadounidenses.

– ¿Usted sospechaba que se incubaba en la Armada ese nivel de encarnizamiento en la represión?

“Absolutamente no. Sí sabíamos que el entrenamiento para los buzos tácticos era totalmente brutal. Tenían que descuartizar un animal doméstico… Algo propio de los gurkhas. La Infantería de Marina sí practicaba la brutalidad. Muchos se salían porque no se identificaban con lo que pasaba allí. Al (almirante Eugenio) Codina, cuando nos reunimos con él (en 2009), le preguntamos en qué parte de la instrucción naval se enseñaba a dar golpes de Estado”.

– ¿Cómo se transformaba un conscripto en una máquina de matar y torturar y, más aún, desconectado de su origen?

“Es muy fácil: El embrutecimiento. Una persona que entró medianamente al colegio, que no tuvo la capacidad de crecer como persona, era más fácil encuadrarla en el sistema de ellos. El mando siempre tiene la razón. También va a depender la guía primera que tengan, que son los padres”, contesta.

Tobar cree que el objetivo de la demolición de la AGN no sólo es el borrado de la memoria si no complementarios intereses inmobiliarios. “¿Quién o quiénes dieron la orden?”, pregunta. Recuerda cuando, a principios de los 90, echaron abajo el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo. Hoy en ese predio se aprecian edificios. “Cuando iban a vender Las Salinas a la inmobiliaria del grupo Luksic ¿quién le permite a la Armada, que forma parte del Estado, vender cosas del Estado?. Los ex presos estamos pidiendo, desde siempre, verdad, justicia y reparación. Dentro está la de mantener los sitios de memoria”.

Por tal motivo, señala, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han presentado una acción para impedir la demolición del cuartel Silva Palma, que ven como un acto más dentro de una narración, hasta el momento impune.

“Los vestigios del pasado reciente siempre han incomodado a las FFAA y se han encargado de hacer prevalecer su visión histórica de la dictadura”, señala Alejandra López, historiadora, quien desarrolla hoy un Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su tesina versa sobre el derecho a la memoria y los procesos de memorialización. “Es de la mayor relevancia ético-moral que los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad, sean rescatados por quienes sufrieron ahí prisión política y tortura. Son ellos, los testigos-sobrevivientes. Quienes más que ellos, son los llamados a liderar iniciativas de rescate de la memoria histórica reciente”.

 CARRERAS INTERRUMPIDAS

En septiembre de 1973, Jorge Rojas era estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), tenía 20 años y era cercano al PS. Fue detenido en octubre, al intentar inscribir los ramos del segundo semestre. Efectivos navales habían ocupado el recinto universitario desde las primeras horas del golpe de estado. Un listado puesto en la entrada les indicaba qué estudiantes debían ser apresados. Tras algunas horas fue subido a un camión, junto a otros jóvenes. Algunos viajaron sentados en el piso y otros acostados “para no ser vistos en el cruce de la ciudad”, recuerda. El destino era la Academia de Guerra Naval.

Las torturas físicas y psicológicas comenzaron desde que el grupo descendió desde el vehículo. Fueron encapuchados, y al momento de subir al tristemente célebre cuarto piso, “se pasaba una suerte de ‘callejon negro’ con golpes de culata, puntapies y puños”, recuerda Rojas. “Eran dos grandes salas. La primera, donde se llegaba en espera del interrogatorio, y la segunda, más pequeña, donde uno pasaba después. En la primera era habitual que llegara algún oficial ‘malo’ y ordenara largos períodos en posición inmóvil, que inducían calambres y otros malestares; quien cambiaba de posición era pateado. La rutina de encarcelamiento era continua. No había hora de levantarse o comida. Sólo algunas veces al día se podía ir al baño, en grupo y encapuchado”.

El baño también estaba en el cuarto piso, que aseaban los mismos prisioneros. “(Había) cero posibilidad de higiene personal, ni siquiera bucal. Alguna vez trajeron un recipiente con arroz y papas incomibles. Los interrogatorios eran en cualquier momento del día pero preferentemente de noche. Las luces estaban prendidas permanentemente y dormir era un suplicio pues llamaban todo el tiempo a alguien a interrogar. Yo fui interrogado tipo 4 de la mañana. Me sacaron con una capucha olor a vómito y un ‘cosaco’ (infante de marina) me iba torciendo el brazo. Casi al llegar al lugar de interrogatorio, recibí un fuerte golpe en la cabeza. No sé si fui golpeado o se me hizo golpear con un palo atravesado. Las preguntas estaban dirigidas, fundamentalmente, a actividades políticas realizadas y conminación a delación. Todo el interrogatorio transcurrió encapuchado por lo que nunca vi el entorno y las personas que participaban”, describe.

Durante los 4 a 5 días que permaneció detenido, Rojas pudo reconocer a otros estudiantes, un profesor de la Universidad de Chile y un sacerdote. “Hubo un marinero que, en algún momento, ofreció si alguien quería avisar a alguien afuera. Me acerqué y di un teléfono de un familiar que fue contactado indicándole que estaba en la AGN. Eso sirvió para que me hicieran llegar una frazada que me ayudó de manta y colchón”. El gesto humanitario no era común: “Había otros marinos, que llegaban a rostro cubierto, imponiendo castigos a todos, sin motivos aparentes”, cuenta.

Tras ese período, fue dejado en libertad y amenazado si hacía público lo experienciado. Fue expulsado de la universidad. Pudo viajar a Bélgica donde terminaría sus estudios de Ingeniería Civil. Sólo tras el fin de la dictadura, Jorge Rojas testimonio ante la comisión Valech. “Es lamentable la demolición de la AGN. Siguiendo esta línea, la Armada debería hundir la Esmeralda que fue, igualmente, centro de detención y torturas”, dice hoy con ironía. “Tal como en Europa, (acá) deberían preservarse los campos de concentración para la memoria histórica”.

UNA POLÍTICA  AUSENTE

En 2016, fue publicado “El Golpe llegó a golpearnos” (RIL Editores). Su autor es Carlos Carstens Soto, otro estudiante de la UTFSM y militante, en ese entonces, del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER). El libro narra el paso de su autor por aulas secundarias y universitarias, dando cuenta de la intensa vida política y cultural porteña a inicios de los años 70. Como contracara, abunda en el fin violento de dicho proceso. Carstens fue detenido en septiembre de 1974 por efectivos navales y conducido al cuartel Silva Palma, donde fue torturado. Luego, junto a otros estudiantes, permaneció encarcelado por meses en la cárcel porteña. Igualmente fue expulsado de la universidad. Tras algún tiempo, se exilió en Inglaterra donde concluyó sus estudios de ingeniería electrónica. “Testimoniar era un deber y una necesidad. Me obligué con dolor y rabia a repasar esa historia que había ocultado por cuatro décadas pero que no había olvidado.

Frente a lo acontecido con la AGN señala: “El rescate de la memoria histórica tiene como objetivo basal el mantener el lema “para que nunca más”. Su preservación tendría que contemplar estrategias y acciones destinadas a difundir su historia a través de la educación, testimonios, cultura, y documentos relevantes tal de evitar la desaparición de estos lugares. La preservación debe ser una política de estado, ya que requiere recursos para fomentar una campaña que contemple estrategias y acciones específicas destinadas a contrarrestar su total desaparición”.

En su opinión, lo perpetrado por la Armada tiene consonancia con acciones que nunca han reconocido ni mucho menos pedido perdón: “(Se) aplica una acción sistematizada frente a ciertos reconocidos centro de detención y torturas como lo han sido Puchuncaví, Colliguay, la base aeronaval de El Belloto, y ahora la AGN, entre tantos”.

Si bien, desde 1990 a 2009 han existido 31 políticas públicas de distinta índole, que “efectivamente habla que sí ha habido un esfuerzo al respecto”, para Alejandra López ha sido la sociedad civil organizada “quienes han exigido la recuperación de los sitios de memoria y ha sido acompañada con distintos énfasis por instituciones de gobierno y expuestas a las siempre presentes trabas burocráticas”.

Como un par de datos complementarios, que explaya la magnitud de la faena, es necesario mencionar la presencia actual del monumento a Toribio Merino, en los jardines del Museo de Historia Naval, en Playa Ancha. Por otro lado, en la parte alta del cerro Placeres, una población aún lleva por nombre el de Juan Naylor, cómplice de actos tan graves como los descritos.

LA RESPONSABILIDAD

Tras pasar por el denominado campo de detención “Isla Riesco”, en Colliguay, al interior de Quilpué, Ricardo Tobar recaló en “Melinka”, el nombre que la Armada tenía para el reclusorio donde, hasta septiembre de 1973, se emplazó un balneario popular (ver El Ciudadano n° 205), en Puchuncaví, 36 kilómetros al norte de Valparaíso. Junto a otros cautivos, fue obligado levantar alambradas y torres de vigilancia en los alrededores de las cabañas con forma de A. El centro estaba a cargo de la infantería de marina. Su aspecto traía a la memoria, sin muchos esfuerzos, los campos de concentración nazis.

En abril de 1975 fueron trasladados allí Rodrigo del Villar y Miguel Montesinos, militantes del MIR. Ambos habían pasado ya por el cuartel Terranova (Villa Grimaldi), Cuatro Álamos y Tres Álamos. Su cautiverio duraría hasta 1976. “El campo tenía capacidad como para 300 personas y, por lo menos, el tiempo en que estuvimos nosotros, siempre estuvo lleno. Además, hubo rotativa de gente”, relata Montesinos, un arquitecto que, tras recuperar su libertad, permaneció en Chile.

Rodrigo del Villar vivió hasta 1991 en Suecia, tras ser expulsado en 1976. Sin embargo, a inicios en 1983 regresó hasta Puchuncaví donde tomó fotografías del predio ya abandonado. A inicios de los 90, junto a Miguel Montesinos, formó parte del grupo que preservó Villa Grimaldi, en Peñalolén. “Uno tiene una responsabilidad”, señala. “El hecho de haber vivido esa experiencia, con compañeros asesinados o hechos mierda por la tortura, te deja algo: Es importante que no se olvide. En Villa Grimaldi realizamos visitas guiadas a colegios, a universidades. Los jóvenes podían conversar con 2 personas que habían estado allí, y eso les cambiaba el switch. Hubo muchos testimonios de estudiantes que nos dejaron tras las visitas”.

“El mejor legado que podemos dejar aquellos que sufrimos este gran golpe, son estos sitios de memoria. Este país tiene el problema que la memoria es tan frágil…”, acota Montesinos.

Ambos venían visitando, durante años, lo que fue “Melinka”. Constataron la progresiva desaparición de evidencias. Primero la demolición de las cabañas y la torre, en un terreno de propiedad municipal. Las alambradas y la antena de radio fueron retiradas. El terreno fue socavado. Los restos de una cabaña con forma de A, probablemente la última, fueron trasladados a una escuela en Maitencillo. Hace poco más de un año, durante las excavaciones para la construcción de un jardín infantil, en un sector del predio, aparecieron restos de herramientas. En algunos puntos se aprecian, hoy, ciertos vestigios como los agujeros para los baños, retazos del piso de algunas dependencias, incluso el empedrado artesanal que algunos presos dispusieron a la entrada de sus cabañas/celdas.*

En 2014, junto a otras personas, Del Villar y Montesinos constituyeron la Corporación de Cultura y Memoria de Puchuncaví. “Queremos replicar lo hecho en Villa Grimaldi. El interés nuestro es que todo el mundo sepa lo que pasó. No queremos un sitio donde nos sigamos contando el cuento entre las mismas personas. Creemos que hay otras instancias para eso. No convertirlos en trincheras, que provoca reticencia en otras personas”, señala el arquitecto.

Recorremos el terreno. Del Villar y Montesinos indican algunos puntos, como la antigua entrada al campo, los límites de la “tierra de nadie”, es decir, el espacio entre alambradas, el depósito de agua adyacente, aún en funcionamiento, todo un símbolo; al fondo, un frondoso árbol nativo, mudo testigo de décadas. “La propuesta nuestra es un centro cultural que sea usado por la gente de Maitencillo, Puchuncaví y Ventanas. No los veraneantes sino quienes viven acá. Donde haya talleres de música, pintura, artes, y temas medioambientales que es algo muy sentido”, abunda Montesinos. “No solamente estar pensando en que fue un campo de prisioneros. Para eso va a estar el museo, con fotos, artesanías, testimonios. Pero también mirar para adelante”.

Han realizado un plano que reconstruye, con los testimonios de antiguos prisioneros, las dependencias del campo de detención. Un anteproyecto de su propuesta de centro cultural puede revisarse desde su página en facebook.

Como corporación han efectuado encuentros con organizaciones locales, entre estas el Museo de Puchuncaví, pero tras gestiones con 3 administraciones edilicias no han obtenido respuesta a su solicitud de comodato del predio. “Un alcalde nos dijo: ‘Pongamos una piedra’… En 40 años más nadie se va a acordar. Lo más probable es que se destruya”, objeta Rodrigo del Villar. Esa indolencia, a su juicio, tiene consonancia con que los derechos humanos no son tema: “Desde 1997 a 2004, fue el auge de los DDHH en este país. Luego comenzó a decaer. No me refiero a la gente de la UDI y RN sino a gente que estuvo detenida y que tiene cargos importantes como diputados y senadores. El tema se les transformó en un problema. Es cosa de ver los movimientos de ex presos solicitando que, por favor, se les retribuya por el drama que se les hizo, y lo siguen viviendo”.