Cuartel de Investigaciones, Valparaíso

E antiguol Cuartel de Investigaciones de Valparaiso, ubicado en Calle Uruguay Nº 174 esquina calle Yungay, Comuna de Valparaíso, fue utilizado como recinto de detención e interrogatorio de presos políticos.

Desde el momento de la detención los presos, hombres y mujeres, fueron fichados, amenazados, golpeados, esposados y encapuchados. En el cuartel los detenidos eran mantenidos en el subterráneo, incomunicados en algún calabozo oscuro o en los pasillos, obligados a estar siempre de pie. Durante este tiempo permanecían hacinados, privados de alimentos, agua, sueño y abrigo. Las mujeres, a veces, eran encerradas en un calabozo con literas, a las que se las esposaba. Sufrieron golpizas de pies, puños y con objetos contundentes; aplicación de electricidad en sienes, boca, nariz, ano; asfixia con agua o con la aplicación del astronauta (sentado o colgado boca abajo, se introduce una botella con agua en la boca de la persona); simulacros de fusilamiento; colgamientos y vejaciones y violaciones sexuales.

En los años 80 según las denuncias, participó personal de la CNI, en los interrogatorios y torturas. Desde este recinto los detenidos, a veces, eran puestos a disposición de la Fiscalía Naval y traspasados a la cárcel; en otras, eran enviados a otro recinto, como la Academia de Guerra. Entre los años 1977 a 1989, en muchas ocasiones fueron trasladados a recintos de la CNI, especialmente al que se encontraba ubicado en la Calle Álvarez, de Valparaíso.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Memoriaviva;

El 11 de septiembre de 1973 la bahía de Valparaíso amaneció asediada por la Armada de Chile. Cientos de marinos se desplegaron por las calles de la ciudad puerto en búsqueda de artículos y personas que fueran opositoras al régimen. La derecha chilena decía que iba a ocurrir una guerra civil, pero las fuerzas armadas corrían con ventaja, una ventaja muy grande, tenían las armas en su poder. La mañana se volvió oscura, en Santiago, La Moneda era bombardeada con el presidente Salvador Allende y sus colaboradores en el interior. Mientras en Valparaíso y distintas ciudades del país eran detenidos cientos de personas, algunos militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del Movimiento de Acción Popular Unitaria, en fin, todos los adherentes del presidente Allende. Así como también simples campesinos y agricultores que habían sido beneficiados con la reforma agraria y mineros que apoyaron la nacionalización del cobre. Además se apresó a personas pertenecientes a las fuerzas armadas que estaban en contra de la intervención militar.

Valparaíso, como ciudad puerto, fue sitiada por la armada. En este caso, según el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, fue nombrado al mando de la provincia el comandante Guillermo Aldoney, de la Primera Zona Naval, como Jefe de Zona en Estado de Emergencia. Utilizando como recintos de detención y tortura la Academia de Guerra Naval, el Cuartel Silva Palma y algunos buques, como el Maipo, el Lebu y la Esmeralda. En la región las detenciones se concentraron durante los años 1973 a 1974. Además hubo centros manejados por Investigaciones, Carabineros, el Ejército y la Fuerza Aérea. Como el cuartel de investigaciones de Viña del Mar, el regimiento «Coraceros», la base aeronaval el Belloto, además de la cárcel de Valparaíso y así, otra decena de lugares. La Academia de Guerra Naval junto con el cuartel Almirante Silva Palma, también denominado Fuerte de Bueras Bajo, fueron centros de por donde pasó la mayor cantidad de personas detenidas en la región. En estos lugares los interrogatorios junto con las torturas eran a diario y brutales. El primer centro se encontraba en el cerro Playa Ancha, mientras que el segundo estaba ubicado en el cerro Artillería. La Academia de Guerra Naval era una construcción de acero y concreto, de cuatro pisos. Ricardo Aravena recuerda el lugar y relata que «me llevaron a un tercer piso, que después supimos que era la sala de las banderas en la cual nos tenían en una pieza a treinta o cuarenta compañeros, entre hombres y mujeres, ahí nos sacaban y llevaban a interrogatorios en cualquier horario». Héctor Cataldo, ex miembro del MAPU, comenta que en la Academia de Guerra «el primer día fueron solo culatazos y ofensas, desde el segundo día fueron interrogatorios con torturas tres veces al día». El año 2017, en febrero, la Armada decidió demoler parte de la Academia, por lo que aparecieron grupos detractores de esta acción, por considerarlo como «un intento de borrar de la memoria aquel lugar donde se deliberó y se fraguó el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Mismo recinto donde a partir del golpe se asesinó y torturó a miles de porteños», según queda consignado en el DiarioUdeChile.

En estos lugares las torturas eran tanto psicológicas como físicas. Luis Cáceres relata que pasó por el Silva Palma «pero para un simulacro de fusilamiento». Los simulacros de fusilamiento eran recurrentes en los centros de detención, esto como una forma de quebrar psicológicamente a las personas. Muchos concuerdan con que el Cuartel Silva Palma era uno de los centros en donde se realizaban las torturas más brutales, llegando al punto de encontrar otros centros de detención como un paraíso, como comentó Aurelio González, ex-marino detenido: «la cárcel para nosotros fue un paraíso, después de estar en el Silva Palma, ya que ahí pasaba de todo». Luego de pasar por estos dos centros de detención muchos eran trasladados a unos lugares menos conocidos, estos eran el Buque Maipo, el Buque Lebu y la Esmeralda, la mal llamada «Dama Blanca».

El Buque Maipo era un barco de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores, el que fue puesto a disposición de la Armada por el mismo dueño, Ricardo Claro, el mismo día 11 de septiembre. Este barco estuvo atracado en el molo de abrigo hasta el 15 de septiembre, día en que zarpó en dirección al campamento de concentración de Pisagua. Héctor Cataldo, detenido que estuvo en el Maipo y el Lebu recuerda que eran embarcaciones gemelas, ambos tenían las mismas características, como las tres bodegas usadas como lugares de detención. Ricardo Aravena recuerda que este barco «salía constantemente hacia Pisagua e iba a tirar cuerpos al mar», cosa que no está estipulada en ningún documento oficial que lo acredite, pero por deducciones que sacaban los prisioneros podían saber que muchos no llegaban a destino, el mismo Ricardo Aravena dice «salía a dejar prisioneros, en el camino siempre se perdían, se embarcaban 50 y llegaban 40».

El 15 de septiembre fue entregado a la Armada el Buque Lebu, también de propiedad de la Compañía Sudamericana de Vapores. Este barco permaneció atracado en el molo bastante tiempo, ya que no poseía la maquinaria para poder navegar.

Fue usado como centro de detención y tortura durante un año, por donde pasaron cientos de personas entre hombres y mujeres. Entre los detenidos que pasaron por el Lebu algunos eran menores de edad, como es el caso de Marco Contardo, quien con 15 años de edad fue llevado a la Academia de Guerra Naval y posteriormente al Lebu. Ricardo Aravena, detenido con 17 años, también fue llevado a este buque y recuerda que «estuve detenido como 18 días o un mes, este se encontraba en el molo de abrigo a un lado de La Esmeralda».

Quienes pasaron por este centro de detención flotante recuerdan que la estadía era difícil «el piso era de fierro, nos hacían dormir en una colchoneta «payasa» que son los forros de los colchones, pero rellenos con paja y nos pasaban una frazada, las necesidades las hacíamos en un tambor de 200 litros cortado por la mitad» recuerda Ricardo Aravena.

Otro de los centros de detención que funcionaron en el mar fue el Buque Escuela Esmeralda. De este lugar se tiene poca información, pero existe un emblemático detenido que por las constantes torturas fue a dar al Hospital Naval, donde falleció. El detenido era el sacerdote Miguel Woodward, militante del MAPU, que fue apresado el 16 de septiembre de 1973 en el cerro Placeres, como queda consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, estuvo detenido en la Universidad Técnica Federico Santa María , en el Buque Lebu y en la Esmeralda.

Ricardo Aravena recuerda que en La Esmeralda se encontraban la mayoría de las mujeres detenidas. Al ser preguntado si en el Lebu habían mujeres, responde que «las mujeres estaban en camarotes, pero la gran mayoría estaba en la Esmeralda», en este lugar las mujeres sufrían las torturas físicas y psicológicas, junto con vejaciones sexuales.

La tortura sistemática

Las torturas que sufrieron los presos políticos aún dejan secuelas en ellos, como cuenta Ricardo Tobar, marino constitucionalista detenido el 16 de septiembre de 1973 por ir en contra del golpe militar. Ricardo cuenta que «la primera tortura fue cuando llegaron a buscarnos en Quintero a mí y dos compañeros más. Nos sacaron de la casa y lo primero que escuchamos fue que mataron al perro, le dieron un balazo. Nos sacaron al patio y nos pararon en la muralla, a mi compañero Nelson lo apuñalaron con un yatagán, en ese momento el bebé más chico se puso el oficial al mando del pelotón dice que le manden un culatazo a la guagua, en eso yo me tiro sobre el niño para salvarlo. Ahí me cortó la mano con el yatagán, le iba a pegar con la culata y dio vuelta la wea, ahí me cortó. Aún tengo el dedo sensible». Cuenta también que «me hicieron el teléfono, me dieron culatazos y golpes; además me hicieron un falso fusilamiento, ahí fue donde conocí el miedo». El teléfono consistía en golpear fuertemente los oídos de los detenidos para generar sangramiento y desestabilizarlos.

También usaban como tortura la electricidad. Para Ricardo Aravena la corriente fue algo muy doloroso «aplicaban corriente en las manos, los testículos, en los pies, cosa que recorriera todo el cuerpo». En cambio Héctor Cataldo cuenta que «me empezaron a colocar corriente, eso para mí fue un alivio porque desde cabrito me gustaba reparar aparatos eléctrico y yo probaba la corriente con la mano, tenía mucha resistencia. Una de las cosas para evitar los golpes era hablar, pero como yo no iba a hablar prefería la corriente así que gritaba como condenado para que se ensañaran y pensaran que me dolía», todo esto porque dentro de las torturas que le realizaron en los interrogatorios, le golpeaban el estómago y para enderezarlo le daban latigazos en la espalda, dice también que ya no podía más «en un momento pensé en tirarme de la ventana si me iban a buscar nuevamente para interrogarme».

La revista Apsi fue uno de los medios de comunicación que estuvo en contra de la dictadura. En la edición del 7 al 20 de febrero de 1984 evidenció que se realizaban torturas en los centros de detención. Las declaraciones de los entrevistados constatan que se aplicaba corriente en las zonas sensibles del cuerpo, se realizaban colgamientos durante tiempos prolongados, además de torturas psicológicas como mantener en silencio a los detenidos para que perdieran el sentido del tiempo, mantenerlos despiertos durante días y mantenerlo solos con los ojos vendados.

La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ratificó e incluyó nuevos método, como son las humillaciones, en donde hacían ingerir desechos orgánicos, besar las botas de un agente militar o policial y arrastrarse por el suelo. Además, se realizaban juegos en donde la vida del detenido corría riesgo como es la ruleta rusa.

Muchos de los torturadores más brutales fueron entrenados en la Escuela de las Américas, ubicada en Centroamérica. En este lugar se hacían cursos para aprender a torturar y a reprimir. Entre los enviados se encontraba Álvaro Corbalán, quien está condenado por decena de causas.

La luz entre tanta oscuridad

Entre todos los interrogatorios y torturas los detenidos buscaban formas de distraerse y tratar de dejar de lado, por un momento, todo el sufrimiento que los habían hecho pasar los llamados garantes de la seguridad nacional. Ricardo Tobar recuerda «los que teníamos mayores estudios nos poníamos a hacer clases a los demás, a veces jugábamos fútbol o nos poníamos a arreglar la cárcel porque estaba todo malo y sucio». Aurelio González también recuerda que la cárcel estaba en malas condiciones «la Cruz Roja Internacional nos regaló pintura y pintamos toda la cárcel».

Ricardo Aravena también recuerda los momentos de distracción que podían tener a pesar de no poseer mucho tiempo «nos dábamos ánimo entre nosotros, en un momento hicimos un show. Unos compañeros contaban chistes, otros cantaban; no podíamos hacer nada más porque teníamos muy restringido el tiempo». En todos los centros de detención a lo largo del país los presos intentaban hacer cosas para distraerse. En el libro «Tejas Verdes: Diario de un campo de concentración en Chile», de Hernán Valdés, se cuenta que los presos juntaban cualquier cosa para entretenerse en algo, aunque fuera algo inservible.

Para muchos lo único importante era salir vivos de todo ese calvario. Ricardo Aravena recuerda «quería sobrevivir, yo tenía 17 años. Había que tratar de llevar lo más placentero el encierro y las torturas, dentro de lo que se podía, porque o sino uno se volvía loco». También reflexiona que su detención y las constantes torturas «me cambiaron todo el panorama, los sueños y aspiraciones que tenía uno a los 17 años».

Durante las torturas los detenidos buscaban formas para que el dolor no fuera tan fuerte y trataban de pensar en otras cosas. «Yo pensaba en no hablar ni caerme, esas cosas marcan psicológicamente. Uno se vuelve inestable, si hay algún problema me retraigo» cuenta Héctor Cataldo. Ricardo Tobar también recuerda que intentaba resistir de alguna manera los golpes y torturas «lo que me ayudó a sentir menos dolores fue que en la escuela nos enseñaban judo. Ahí el profesor nos enseñó el por qué gritan tanto, que es para mitigar el dolor»

La vida después de la dictadura

Pasaron los años, la dictadura cayó o pacto su salida, Pinochet murió impune y con honores, por parte del ejército, se realizó su funeral. Muchos de los detenidos y torturados, además de los familiares de desaparecidos, aún siguen sufriendo las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que llevarán en su espalda por el resto de su vida. La sociedad chilena o el Estado de Chile están en deuda con todas estas personas, pero para algunos un simple bono es un pago por todo el sufrimiento que les fue causado.

Las pensiones por ser exonerado y preso político son incompatibles entre ellas, personas que tienen las dos condiciones deben elegir entre una u otra. «El estado neoliberal pero de la Concertación, decidieron que esas dos pensiones no son compatibles» comenta Héctor Cataldo. En algún momento a algunos ex-presos políticos les ofrecieron un bono de tres millones. Ricardo Tobar critica esta acción «me torturaron, me echaron de la pega, estuve vagando 15 años para encontrar un trabajo y nos quieren dar un bono de tres millones; eso fue una burla». El Estado se debe hacer cargo y reparar de alguna forma el sufrimiento, quizás es muy difícil remediar el daño, pero algo se debe hacer. También es necesario que la justicia haga su trabajo y se condenen a cientos de torturadores y asesinos que transitan libremente por la calle como si nada hubieran hecho.

Los ex presos políticos le perdieron el temor a la muerte. Héctor Cataldo relata que «yo sé que estoy viviendo gratis así que no le tengo miedo a la muerte». Ricardo Aravena también comenta que «no le tengo miedo a la muerte, ya tengo 62 años. La espero tranquilo, me regalaron varios años más de vida» Luego de haber sido privados de libertad durante meses e incluso años y de haber sido torturados, muchos valoran la libertad que se tiene hoy. Héctor Cataldo alude a este término diciendo que «lo que valoro es la característica de la naturaleza humana de decidir qué hacer o no hacer». Ricardo Aravena también se refiere a esto y comenta «estando detenido uno veía la muralla y pensaba que pasándola estaríamos libres, pero no se podía. Hay que cuidar la libertad. Lo que más aprecio hoy es la libertad, de todo tipo».

Es necesario como sociedad chilena y como humanos cuidar la libertad que se ha ido ganando con los años. No podemos ceder a las nuevas oleadas ultraderechistas que se van dando en el mundo y que buscan quitar algunos derechos básicos que tenemos. Para eso hay que ir aprendiendo de los errores e ir recordando los sucesos que se han dado, como la dictadura chilena. Para eso era y es necesario recuperar las memorias de diferentes actores sociales que sufrieron el calvario de haber sido detenidos y torturados por personas que debieran cuidar de la ciudadanía, pero que volcaron sus armas para asesinar despiadadamente a sus connacionales.

También es necesario que se deje de enaltecer a asesinos y violadores de derechos humanos. Es incomprensible que hasta el día de hoy se tenga una estatua y se venere a un golpista, como es José Toribio Merino. En el Museo Naval aún se conserva una imagen, lugar hasta donde llegan, cada mes, decenas de personas a protestar en contra de la permanencia de la figura de Merino.

El 2 de mayo de 1974, Juan Bustos Marchant, prefecto de Investigaciones de Valparaíso en el gobierno del presidente Allende, murió de un disparo en la cabeza en el cuartel de la policía civil en esa ciudad. La versión oficial fue que se había suicidado con un arma que tenía en su poder, a pesar de estar detenido. Ni la familia ni la opinión pública porteña aceptaron la explicación. Hasta hoy sostienen que el ex prefecto fue asesinado: directamente o bien obligándolo a disparar contra sí mismo.

Su caso está rodeado de circunstancias extrañas. Las interrogantes apuntan al abogado Enrique Vicente Molina, en ese momento fiscal naval con grado de capitán de corbeta y actual abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Valparaíso, quien ordenó la detención y participó en el interrogatorio.

Juan Bustos Marchant: un oscuro crimen de la dictadura.

Luego de años de silencio, aunque el caso fue presentado a la Comisión Rettig, la familia se ha puesto en movimiento para aclarar los hechos. Con el apoyo del Fasic, a través del abogado Héctor Salazar, ha iniciado un proceso criminal para determinar la responsabilidad de "todos quienes resulten responsables de la muerte de Juan Bustos Marchant".

DESPUÉS DEL GOLPE

Al producirse el golpe militar de 1973, el prefecto Juan Bustos Marchant fue removido de su cargo y quedó a disposición del nuevo director de Investigaciones, el general Pedro Palacios y después el general Ernesto Baeza Michelsen. Bustos Marchant mantuvo, sin embargo, la calidad de funcionario de la policía civil.

Un mes después, en octubre de 1973, fue secuestrado por un comando de tres individuos vestidos con chaquetas de marinos. Fue sacado de su casa, introducido en un vehículo donde lo amarraron, amordazaron y le cubrieron la cabeza con una frazada. Fue torturado. Le aplicaron electricidad, le introdujeron una pistola en la boca amenazando dispararle y con un cuchillo simularon que lo castraban.

Las preguntas giraron sobre sus relaciones con el anterior director de Investigaciones, a esas alturas ya asesinado (el médico Eduardo Paredes Barrientos). También sobre su eventual participación en la flagelación de opositores al gobierno del presidente Allende, supuesto contrabando de armas, sustracción de placas del servicio y de fichas del archivo político. Le preguntaron también acerca de su posible calidad de activista de la Unidad Popular y amenazaron con dañar a su familia. Luego de varias horas fue liberado. Lo dejaron en una quebrada.

Bustos se dirigió a pie a la Prefectura de Valparaíso, donde le proporcionaron un vehículo que lo llevó hasta su domicilio. Bustos contó a su esposa lo sucedido, pero decidió guardar silencio, por las amenazas del comando que tenía todas las trazas de pertenecer al servicio de inteligencia naval o bien a Patria y Libertad, grupo terrorista que actuaba con tolerancia de la Armada.

"ME TIENEN LIQUIDADO"

El ex prefecto intentó llevar una vida normal pero seis meses después fue requerido y detenido por la justicia naval. El fiscal naval Enrique Vicente se convertiría en su obstinado perseguidor.

Juan Bustos Marchant resolvió poner en conocimiento del director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, lo sucedido. Reiteró su disposición a concurrir ante los tribunales las veces que fuera requerido, exigiendo respeto para su integridad física y mental. La carta de Bustos Marchant a Baeza fue puesta a disposición del fiscal Enrique Vicente.

El abogado Enrique Vicente Molina hizo el servicio militar en la Armada y se licenció como oficial de la reserva. En la Unidad Popular consolidó relaciones con la oficialidad naval. Como capitán de corbeta fue convocado, después del golpe, a prestar servicios en la Fiscalía Naval. Hoy dice que si no se hubiera presentado habría sido considerado "desertor en tiempos de guerra". Su comportamiento indica, sin embargo, que no necesitaba amenazas: actuó con celo y ánimo predispuesto contra los partidarios de la Unidad Popular, como indican diversas querellas que lo involucran. Entre 1975 y 1977 fue secretario regional de Justicia. Lo hizo en calidad de funcionario del Consejo de Defensa del Estado. Ha hecho una larga carrera en el CDE, que está culminando como abogado procurador fiscal en Valparaíso.

Juan Bustos fue sometido a extensos interrogatorios. Según Vicente el ex prefecto fue interrogado sobre drogas y armas. Sin embargo, el expediente naval, rol A-158 de 1974, al que tuvo acceso Punto Final, dice otra cosa. Allí hay constancia que Enrique Vicente ordenó la detención de Bustos Marchant en una causa sometida a Consejo de Guerra por tráfico de armas.
Hay constancia en el expediente que el 30 de abril de ese año el fiscal Vicente solicitó a la Dirección General de Investigaciones un informe sobre eventuales cargos que implicaran al ex prefecto Bustos. Consta, además, que Juan Bustos Marchant negó las acusaciones de contrabando de armas o de algún tipo de material contemplado en la ley 17.978, sobre control de armas y explosivos. Se consigna que Bustos orientaba su actuación especialmente al control de grupos terroristas, de Patria y Libertad. Una responsabilidad normal dentro de sus obligaciones, porque esos grupos pretendían alterar la institucionalidad.

Después se produjo una situación curiosa. Bustos Marchant fue autorizado, por ser día feriado (1º de mayo) a visitar a su madre. Durante la visita estuvo permanentemente bajo custodia. Sin embargo, logró susurrar a su mujer una advertencia que era a la vez una petición de ayuda: "Me tienen liquidado", dijo.
Al día siguiente, Bustos Marchant apareció "suicidado". Se dijo a la familia que el ex prefecto había muerto por un disparo que se infligió en la que era su oficina en dependencias de Investigaciones, usando una pistola que tenía en su poder. La versión oficial es inverosímil: ¿cómo podía tener un arma de fuego un detenido sometido a Consejo de Guerra?

"Fue la respuesta más fácil para justificar su muerte", dice su hija Pamela. El cuerpo de su padre fue entregado en una urna sellada. Quince días más tarde, la esposa del ex prefecto, Nelly Veloso, fue citada por el propio fiscal Vicente para consultarla sobre los motivos que habría tenido su marido para suicidarse, "pues no se le había comprobado nada".

BUSTOS LUCHÓ POR LA DEMOCRACIA

La designación de Juan Bustos Marchant como prefecto de Investigaciones de Valparaíso, en abril de 1972, fue considerada un reconocimiento a sus méritos funcionarios y a su responsabilidad profesional.

Su trabajo en el puerto fue especialmente delicado. Aparte del esfuerzo que demanda el universo delictivo existía una situación política compleja. La ciudad se había convertido en centro de la conspiración naval para derribar al presidente Salvador Allende. Funcionaba también allí la Misión Naval norteamericana y había intensa actividad de Patria y Libertad y otros grupos fascistas, vinculados al asesinato del general René Schneider, comandante en jefe del ejército, en 1970.
Bustos trabajó con el asesor jurídico de la Intendencia de Valparaíso, Luis Vega Contreras, detenido el 11 de septiembre, torturado en la Esmeralda y enviado a Isla Dawson. También con el vicealmirante José Toribio Merino, cuando éste -como jefe de la Primera Zona Naval- asumió la Intendencia en calidad de subrogante. Entonces, según se estima, el Servicio de Inteligencia Naval comenzó a seguir sus pasos.

Por razones de servicio, mantenía relaciones fluidas con su director general, Eduardo Paredes Barrientos -asesinado casi inmediatamente después del golpe- y con el funcionario del Ministerio del Interior, Arsenio Poupin, detenido en La Moneda y fusilado en Peldehue. La responsabilidad de Investigaciones en Valparaíso era mayor que en otras ciudades, porque Carabineros actuaba con debilidad. Su prefecto era el general Arturo Yovanne, que resultó ser jefe de la conspiración en la policía uniformada.

Desde comienzos de 1973 no era un misterio que entre Patria y Libertad y la Armada existían nexos y acuerdos. Bustos incluso tuvo un incidente con el vicealmirante Ismael Huerta, cuando el novio de una de las hijas del oficial apareció comprometido en un atentado efectuado por Patria y Libertad. Huerta intentó presionar al prefecto Bustos, pero éste rechazó la intimidación.

Evidentemente, Juan Bustos no era un personaje grato a la derecha y al alto mando de la Marina. Estaba en la mira de los golpistas que no dejaron pasar mucho tiempo sin cobrarle la cuenta

por Claudia Molina