Regimiento Ferrocarrileros, Puente Alto

En el antiguo recinto del Regimiento Ferrocarrileros, Puente Alto (actual Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2) , hoy un centro comercial, a mayor cantidad de detenidos se registró entre 1973 -1975. Los detenidos permanecían por un breve lapso en ese lugar y luego eran trasladados a campos de prisioneros como el Estadio Nacional.

De acuerdo a los testimonios recibidos, a los prisioneros los distribuían en vagones de tren impregnados con polvo de yeso. Allí permanecían vendados, esposados e incomunicados, privados de alimentos y de agua. Durante el día eran encerrados en un corral con malla, a pleno sol.

Refirieron haber sufrido golpes, a veces amarrados a una silla; simulacros de fusilamientos, aplicación de electricidad, colgamientos, vejaciones y violaciones sexuales a mujeres, quemaduras con cigarrillos, posiciones forzadas durante tiempo prolongado. Hay testimonios que señalan que fueron obligados a comer excrementos, que les enterraron agujas bajo las uñas.

Criminales y Complices:

Oficiales, Mateo Durruty Blanco, Rolf Wende­roth Pozo, Francisco Martínez Benavidez (fallecido), Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, (fallecido) David Miranda Monarde y Pedro Teys­sedre Cartagena. Los Suboficiales, Moisés Retamal Bustos, Guillermo Vargas Avendaño, Luis Canales Pino y René Cruces Tapia. Otro criminal, fue el capiitán Sergio Rocha Aros, quien estaba semi-detenido por el golpe fallido del 29 de junio de 1973.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Valech; Memoriaviva;

Un juez chileno acusó hoy a varios exoficiales del Ejército por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990) Según fuentes judiciales, el ministro en visita (juez especial) Joaquín Billard Acuña fue el que dictó la acusación tras la pesquisa que llevó a cabo por la desaparición de los uruguayos, acaecida en una mina abandonada en el sector del Cajón del Maipo, vecin

 Un juez chileno acusó hoy a varios exoficiales del Ejército por el secuestro y desaparición de tres ciudadanos uruguayos en septiembre de 1973, a pocos días del golpe militar que puso en el poder al dictador Augusto Pinochet (1973-1990)

Según fuentes judiciales, el ministro en visita (juez especial) Joaquín Billard Acuña fue el que dictó la acusación tras la pesquisa que llevó a cabo por la desaparición de los uruguayos, acaecida en una mina abandonada en el sector del Cajón del Maipo, vecino a Santiago.

Billard Acuña indicó que los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres fueron detenidos en septiembre de 1973 en el Cajón del Maipo y conducidos al Regimiento de Puente Alto, desde donde se les perdió el rastro.

El juez chileno acusó a Mateo Durruty Blanco, René Cruces Tapia, Francisco Martínez Benavides, Lander Uriarte Burotto, Gabriel Montero Uranga, Moisés Retamal Bustos, todos altos exoficiales del Ejército, y Guillermo Vargas Avendaño como autores de los "secuestros calificados".

Según el libelo acusatorio, personal de la subcomisaría de Carabineros (Policía militarizada) de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada en la parte baja de la Cordillera de Los Andes a cuatro ciudadanos uruguayos, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta ese retén policial y después al regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto.

Añade que horas más tarde fueron detenidos otros dos ciudadanos uruguayos quienes también fueron ingresados a la unidad militar, donde todos fueron torturados.

Posteriormente, los subieron a microbús que les llevaría al Estadio Nacional, que sirvió de campo de detenidos, pero un militar ordenó que tres de los ciudadanos uruguayos bajaran, desconociendo hasta ahora su actual paradero.

El juez Billard Acuña elevó la causa a estado de plenario, etapa previa al dictamen de sentencia de primera instancia

En 2012 sólo había sido condenado a 6 años de prisión el coronel Mateo Durruty. Ahora se sumaron el general (r) Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas. Los jóvenes fueron capturados en el Cajón del Maipo tras el golpe militar de 1973 mientras intentaban cruzar la cordillera hacia Argentina.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este lunes a 6 militares retirados chilenos a penas de 6 años de prisión por el secuestro calificado de 3 jóvenes uruguayos tras el golpe militar de 1973, según informaron fuentes judiciales.

En un fallo unánime, la II Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez especial Joaquín Billard Acuña, que había condenado a 6 años de cárcel por este crimen sólo al coronel Mateo Durruty. Ahora se sumaron a la condena el general en retiro Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas.
Todos los condenados están actualmente en libertad, indicó un comunicado del Poder Judicial.

Al tratarse de un fallo de segunda instancia, la defensa de los uniformados puede apelar ante la Corte Suprema.

CAPTURADOS EN EL CAJÓN DEL MAIPO
Las víctimas fueron los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes fueron detenidos por carabineros el 29 de septiembre de 1973 en una mina abandonada del Cajón del Maipo junto a otros 4 compatriotas, incluidas 2 mujeres, que lograron sobrevivir.

Los 3 habían llegado a Chile como refugiados durante el Gobierno de Salvador Allende, temiendo ser detenidos en su país por sospechas de pertenecer al grupo revolucionario izquierdista Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros.

Tras el golpe de Pinochet, los jóvenes intentaron huir de Chile cruzando a pie la Cordillera de Los Andes hacia Argentina, circunstancia en la que fueron detenidos y entregados por los carabineros a militares del Regimiento de Ferrocarrileros, de Puente Alto.

TORTURAS Y DESAPARICIÓN

En el regimiento, según testimonios de algunos militares de la misma unidad y de sobrevivientes, fueron duramente golpeados y, entre otras torturas, se les obligó a comer vidrio molido.

Ariel Arcos Latorre, de 23 años, era estudiante universitario, lo mismo que Enrique Pagardoy, de 21 años, y Juan Antonio Povaschuk, de 24, era fotógrafo.

Tras un par de días de reclusión en el regimiento, se dispuso el traslado de los detenidos al Estadio Nacional, pero Arcos, Pagardoy y Povaschuk fueron separados del grupo por orden de uno de los oficiales y desde entonces nada más se supo de ellos.

En 2012 sólo había sido condenado a seis años de prisión el coronel Mateo Durruty Blanco por el secuestro y desaparición de tres jóvenes uruguayos, quien fue Comandante del Regimiento de Puente Alto durante el Golpe de Estado. Durrity intentó en la investigación judicial involucrar al condenado general Manuel Contreras de la DINA de los secuestros, siendo acusado por Contreras de mentiroso y traición militar. Además, Durrity afirmó en los tribunales que nunca supo que en el regimiento de Puente Alto hubo detenidos, versión desmentida por militares, conscriptos, numerosos detenidos e información de la época de "Puente Alto Al Día".

Los jóvenes fueron capturados en el Cajón del Maipo tras el golpe militar de 1973 mientras trataban de cruzar la cordillera hacia Argentina.

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó a seis militares retirados chilenos a penas de seis años de prisión por el secuestro calificado de los tres jóvenes uruguayos tras el golpe militar en Chile

En un fallo unánime, la II Sala del Tribunal de Alzada modificó la sentencia de primera instancia, dictada por el juez especial Joaquín Billard Acuña, que había condenado a seis años de cárcel por este crimen, (sólo) al ex coronel Mateo Durruty Blanco. Ahora se sumaron a la condena el ex general Francisco Martínez, el ex brigadier Ander Uriarte y los ex suboficiales Gabriel Montero, Moisés Retamal y Guillermo Vargas.

Las víctimas fueron los uruguayos Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres, quienes fueron detenidos por carabineros de San José de Maipo el 29 de septiembre de 1973 en una mina abandonada del Cajón del Maipo junto a otros cuatro uruguayos, incluidas dos mujeres que lograron sobrevivir a las torturas, y enviados al Campo de Concentración del Estadio Nacional.

Los tres jóvenes habían llegado a Chile como refugiados durante el Gobierno del Presidente Salvador Allende, pertenecían al Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), organización integrante del Frente Amplio de Uruguay.

Tras el golpe de Pinochet, los jóvenes intentaron salir de Chile cruzando a pie la Cordillera de Los Andes hacia Argentina, circunstancia en la que fueron detenidos y entregados por los carabineros de San José de Maipo a militares del regimiento de Ferrocarrileros, de Puente Alto.

En el regimiento de Puente Alto, según testimonios de algunos militares de la misma unidad y de presos políticos sobrevivientes, fueron duramente golpeados y, entre otras torturas, se les obligó a comer vidrio molido.

Los jóvenes: Ariel Arcos Latorre, de 23 años, era estudiante universitario y trabajaba en un taller mecánico, lo mismo que Enrique Pagardoy, de 21 años, que trabajaba en Canelones, y Juan Antonio Povaschuk, estudiante de ciencias económicas de 24 años, que se desempeñaba de fotógrafo.

En octubre de 2011 aparece más información en el libro de mi autoria:"Investigación, 75 Personas Muertas por Razones Políticas, Provincia Cordillera".

El Regimiento Ferrocarrileros, Puente Alto (actual Regimiento de Ingenieros de Montaña Nº 2)  esta estrechamente relacionado con la detencion y desaparecion de de los uruguayos Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk

Fecha: 29/09/1973

Circunstancia: Junto con otros exiliados uruguayos, vivía en la localidad de El Ingenio; luego del golpe de Estado, decidieron cruzar por la cordillera de los Andes hacia la República Argentina. El grupo se dirigió hacia la localidad de El Volcán en el Cajón del Maipo. Mientras Arcos y Juan Povaschuk (uruguayo) se adelantaron para reconocer el terreno, los demás integrantes, entre los que se encontraba Enrique Julio Pagardoy, se refugiaron en una mina abandonada que había cerca del lugar. Al día siguiente fueron sorprendidos por Carabineros y conducidos a la comisaría de la localidad donde se los interrogó y sometió a malos tratos. En horas de esa misma noche fueron sacados por militares del llamado Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto y conducidos hasta el cuartel, donde volvieron a ser interrogados y golpeados, ahora por personal de inteligencia vestidos de civil. Allí vieron que también estaban detenidos Ariel Arcos y Juan Povaschuk. Posteriormente los militares separaron al grupo y a los hombres de las mujeres. Tres integrantes fueron conducidos en autobús al Estadio Nacional mientras Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk permanecieron en el Regimiento. Desde entonces no se volvió a saber más de ellos.

Testimonios: Declaraciones de Gonzalo Fernández en el libro “Chile Roto. Uruguayos en Chile 11/9/1973”.2 :

“Cayeron Juan [Povaschuk] y Ariel [Arcos] dice Juan que los encontró un helicóptero. Estaban agotados, muertos de hambre y fatiga. Poco después nos tiran a todos al patio del cuartel, esposados mano con mano con otros presos chilenos. (…) Me esposaron de nuevo con un chileno (luego de una golpiza y amenaza de muerte con un revólver calibre 38) y no sé si pasaron minutos, horas o días, pero llegaron dos ómnibus del Ejército y me subieron con el chileno. Allí veo, ya sentadas, esposadas juntas, a las dos compañeras. Esperaba ver subir a Juan, a Ariel, al Negro Enrique…”.

 Testimonio de “Ángeles” (M.S.C.A.): “(…) La orden de llevarnos a Santiago llegó una tarde. Leyeron una lista y cuando vino el bus nos 2 Fernández Huidobro, Jorge Graciela. Chile Roto. Uruguayos en Chile 11/9/1973. Ed. TAE, Montevideo. 1993, págs. 216 -217. 2 Equipo de Investigación Histórica esposaron y nos subieron. Vi subir al chancleta esposado con otro que no conocía y en un estado calamitoso. Me pusieron un revólver en la sien: solamente que mires a un costado y te atravieso los sesos de un balazo. Todos miraron hacia adelante aterrados. El boina negra fue directamente hacia ellos y le preguntó el nombre a Juan: -Povaschuk. -¡Povaschuk!, ¡Apellido ruso! ¿Qué hace aquí arriba este ruso? Fue la última vez que los vi: los bajaron. Enrique, Ariel y Juan quedaron contra el muro del cuartel de Puente Alto, de espaldas, cuando partió el bus para Santiago (…)”.

Reclusión: Comandancia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Montaña de Puente Alto (cuartel militar de Puente Alto).

 Responsabilidad Institucional: Personal de Carabineros de San José de Maipo junto con militares del Regimiento de Puente Alto. Mateo Durruty Blanco, Comandante del Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, procesado por ser el autor del secuestro calificado.

Casos conexos: Represión contra militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (M.L.N.-T.) y extranjeros en general en los primeros meses posteriores al Golpe de Estado en Chile. Detención y desaparición de los uruguayos Ariel Arcos, Enrique Pagardoy y Juan Povaschuk.

Todos eran extremistas

La carrera militar que Julio Bahamondes pensó seguir cuando terminara el SMO se truncó debido a la experiencia vivida durante la conscripción que realizó en el Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros Nº7 28 de Puente Alto. Si bien en un principio el Ejército representó una salida a los maltratos que recibió de parte de sus padres durante su infancia, que lo obligaron varias veces, desde los 9 años, a dormir en la calle para no tener que llegar a su casa y así evitar los golpes, finalmente cumplir con el SMO lo condenó más aún.

“Quería hacer una carrera militar, pero después eso quedó ahí, porque nos tiraron a las calles con la poca instrucción que nos dieron. Para el golpe no nos avisaron nada. Cerca de las tres y media de la madrugada de ese día nos levantaron y equiparon con harto armamento: un cinturón con 100 tiros, más un fusil con 20 tiros más, que en ese tiempo se llamaba SIG. Hubo una preparación que no recuerdo cuánto duró. Nunca nos dieron información. Supimos por la radio Luis Emilio Recabarren que La Moneda estaba siendo bombardeada por los militares.

Nos empezaron a repartir por Puente Alto. Estábamos extraviados, igual como si uno se tomara un trago, pasábamos hambre. Empezamos a deprimirnos,” rememora Bahamondes. Recuerda la arenga que sus superiores les repetirían a los conscriptos y que, bajo amenaza de fusilamiento en caso de desobedecer, se instaló en sus cabezas de tal modo que en muchos casos, miles quizás, se naturalizó como la justificación de la barbarie.

“Para nosotros eran todos extremistas, no había compatriotas. Eran todos extremistas que pretendían derrocarnos a nosotros como militares. El soldado dispara primero, y pregunta después. Esto era lo que nos decían. Nunca creí eso de que entre nuestros compatriotas hubiera tantos extremistas…quizás unos pocos que no estaban de acuerdo con el golpe, pero tantos como nos querían convencer, no… Podrían haber mandado un comando, sacar al presidente de La Moneda, pero sin bombardear, porque no eran tantos los que estaban en el palacio de Gobierno. Hubo demasiado armamento para pocas personas. Allende no fue bien apoyado, por eso creo que era factible sacarlo, pero no de esa manera,” explica.

 Por la fuerza, y con lo que los militares consideraron era la razón en ese instante, Bahamondes y sus compañeros hicieron lo mismo que el resto de las tropas a lo largo del país: “Salíamos en la noche en patrulla, sacábamos a la gente de sus casas y los llevábamos a canchas. Los hacíamos identificarse con carnet. Todos los que estaban inscritos en algún partido eran detenidos y llevados al regimiento, o si no al Estadio Nacional, y a veces algunos sufrían maltratos por parte de nosotros porque éramos obligados. Si se ponían soberbios, había que pegarles,” recuerda. Estas órdenes eran obedecidas por Bahamondes, pese a que su madre había sido partidaria de la UP.

Una de las tantas contradicciones que después del golpe de Estado tuvieron muchos conscriptos como Bahamondes fue el tener que detener y allanar a quienes pensaban como ellos mismos, o como sus familiares. “Mi madre me llevaba a las concentraciones de apoyo al gobierno de Allende durante la UP. Si bien nunca le pasó nada a ella después de que los militares se tomaran el poder, uno de los miedos que siempre tuve fue que le sucediera algo. Pero no podía hacer nada, estaba entre la espada y la pared,” explica.

Héroes

La sospecha que hace meses tenía el conscripto Guillermo Padilla sobre un posible golpe de Estado dirigido por las Fuerzas Armadas se transformó en certeza el día 11 de septiembre cuando escuchó las explosiones que provenían del centro de Santiago y vio pasar los aviones sobre su cabeza. Estando en el patio del cuartel, vio cómo la guardia del Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros Nº 7, de Puente Alto, la misma unidad a la que pertenecía Bahamondes, entró al regimiento en medio de saltos y vítores, eufóricos por el asalto militar a La Moneda. “Nos mandaron a ponernos los cascos, porque la guerra había comenzado,” recuerda. Fue la primera orden que recibió Padilla aquella mañana. Luego vinieron los patrullajes alrededor de Puente Alto y el Cajón del Maipo. Los días posteriores al 33 golpe, asevera, se sintió feliz porque la gente en las calles aclamaba a los militares y los saludaban como si fueran héroes. “La gente nos tiraba cigarros, comida, estaban felices con nosotros. Fue de locos, ni sueño ni hambre teníamos,” relata. La misma algarabía expresaron los vecinos del general Javier Palacios, responsable del sitio y ataque a La Moneda el 11 de septiembre.

Cuando llegó a su hogar ubicado en la comuna de Las Condes, cerca de la medianoche de aquel día, unos vecinos amigos de su familia tocaron la puerta de su casa. El toque de queda que regía en la capital no impidió que sus amistades del vecindario lo felicitaran, con champagne en mano, por lo que consideraron fue una gesta heroica de parte de los militares. La celebración, que se extendió por cerca de una hora, se multiplicó en las calles y jardines del barrio alto.

 Pero después de unas semanas el ánimo festivo experimentado por Padilla, como conscripto, y que compartió con el resto de los chilenos que apoyaban la sedición de los militares, cambió diametralmente. “La máquina nos pilló. Nos empezaron a sacar obligados. Estábamos cansados,” asegura. Pero lo cierto es que, además del cansancio, el entusiasmo inicial que en muchos casos se originó en el poder que de la noche a la mañana las armas y el uniforme entregó a estos jóvenes, se transformó, en su caso, en desazón por la manera en que la gente los empezó a tratar producto del verdadero saqueo ocurrido en los allanamientos a las poblaciones.

Según relata Mario Garcés en su libro El Golpe en La Legua: los caminos de la historia y la memoria, los abusos de los militares, en el caso de la emblemática población La Legua, quedaron grabados en la población civil como una suerte de “castigo psicológico”: a la amenaza de bombardeo aéreo que pendió sobre la población desde el mismo día del golpe y los días posteriores, se sumó la violencia cometida durante los sucesivos allanamientos. Las agresiones incluyeron el destrozo de enseres, la muerte de vecinos e innumerables maltratos físicos que fueron presenciados por familias enteras, lo que se tradujo en una sensación de rabia, impotencia e inseguridad generalizada, y en una visión negativa hacia las FFAA y carabineros. Padilla asume la responsabilidad que le corresponde a él y a sus compañeros en estos hechos, ya que si bien integraban el último rango en la cadena de mando y obedecían órdenes, en muchas ocasiones su calidad de militares armados fue utilizada por ellos para abusar de los civiles durante las redadas, excediendo las órdenes que recibían. “Hay que reconocer que los conscriptos se aprovecharon. Además de las personas, sacaban de las casas todo lo que les gustaba. Se trataba de quién se llevaba más cosas, más bonitas o valiosas. Yo nunca lo hice, porque mi puesto era afuera, en el jeep, con la metralleta. Mis compañeros a veces me llevaban algo, por lástima, porque yo no podía entrar. Así fue como comenzó el odio contra nosotros, los pelaos,” reflexiona.

Guillermo Padilla era parte de un pelotón de fusilamiento.Credit…Victor Ruiz Caballero para The New York Times

Tenía 18 años y era soldado del Ejército de Chile. Estaba patrullando con su unidad en una ciudad del sur cuando el dueño de un supermercado entregó a su propio hijo, acusándolo de proporcionar municiones y comida a un grupo guerrillero. Los soldados lanzaron al joven a un pozo y comenzaron a dispararle. Después, sacaron su cuerpo ensangrentado y lleno de balas, lo subieron a una camioneta militar y se fueron. Guillermo lo presenció todo abordo de un Jeep cercano.

“Nunca supe a dónde se lo llevaron, ni siquiera su nombre,” dijo. “Toda la experiencia me hizo madurar muy rápido. Me hice soldado a los 18 y después de todo lo que vi, a los 21 yo era otra cosa”.

Guillermo formaba parte de un comando militar que pasó meses rastrillando pueblos y villorios remotos en el sur de Chile en busca de quienes se sospechaba que eran opositores de la dictadura militar del General Augusto Pinochet.

Admitió haber participado en varias ejecuciones como parte de un pelotón de fusilamiento.

“No sentía nada”, dijo. Pero ahora, agregó: “Hay momentos en que no puedo sacar las imágenes de esta gente de mi cabeza”.

Desde el retorno a la democracia en 1990, Chile ha investigado los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar. Pero el progreso ha sido lento. Más de 1370 agentes militares, civiles y de la policía han sido procesados, acusados o sentenciados por crímenes contra los derechos humanos. De estos, solo 117 personas han ido a la cárcel, de acuerdo con un informe publicado en diciembre por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Hasta ahora no se ha encarcelado a ningún conscripto. Los jueces han tratado a estos soldados con benevolencia: han preferido incentivarlos a que se acerquen y ayuden a establecer la verdad.

“Son una fuente muy valiosa de información”, sostuvo Mario Carroza, un juez encargado de más de 200 casos de derechos humanos. “Estuvieron bajo un mando jerárquico estricto, obligados a cumplir órdenes que no podían rechazar. Nuestra legislación permite otorgarles ciertos beneficios si cooperan, de tal manera que el conscripto se sienta liberado del peso de mantener el secreto”.

Como miles de conscriptos más, Guillermo aún carga con las cicatrices emocionales de haber sido obligado a presenciar o cometer atrocidades. A muchos se les ordenó, bajo amenaza de muerte, golpear, matar, torturar o violar a gente inocente. Aún sienten el miedo y la vergüenza que se les inculcó mientras pasaban de la juventud a la madurez casi de la noche a la mañana. Temen represalias, el rechazo de familiares y amigos o acabar en la cárcel.

Pero mientras otros se muestran reticentes a revelar los secretos de sus pasados, Guillermo habla abiertamente de sus experiencias.

“Mis compañeros me dicen que no hable de las ejecuciones, que recuerde que tengo casa y familia. A mi señora tampoco le gusta, pero ya no tengo miedo”, dijo.

Guillermo Padilla, de 62 años, fue reclutado por el ejército cinco meses antes del derrocamiento militar del Presidente Salvador Allende en septiembre de 1973. Nunca se imaginó lo que le esperaba.

Según un informe oficial sobre prisión política y tortura durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, después del golpe de Estado, el regimiento de Padilla en Puente Alto metía a los prisioneros en vagones de tren, con los ojos vendados, amarrados y sin agua ni comida. Muchos detenidos fueron víctimas de tortura y violaciones.

Desde hace años, Guillermo toma medicamentos para dormir por las noches y ansía el perdón de los familiares de las víctimas. Pero duda en acercarse a ellos; dice que no sabe cómo, consciente de que gran parte de la sociedad considera criminales a los soldados como él.

Padre de tres hijos adultos, Guillermo y su esposa de 40 años viven un una casa modesta y bien cuidada en Cajón del Maipo, una zona montañosa a las afueras de Santiago. Es operador de maquinaria pesada en el proyecto de represa Alto Maipo.

Se describe como un adolescente rudo y rebelde al que le gustaba boxear y que vivía en un distrito de clase trabajadora en Santiago. Su padre falleció cuando él aún era niño y fue criado por su abuela en la capital. Cuando lo reclutaron en abril de 1973 trabajaba en una mina de yeso en El Volcán en Cajón del Maipo, pasaba los fines de semana con su abuela y salía con una joven de la cafetería de la empresa.

Meses después, presenció su arresto en una redada en el lugar de trabajo. Ella no lo reconoció mientras la obligaban a salir junto con otros empleados amenazándola con una pistola, los brazos alzados. Fue detenida poco tiempo. En 1975, cuando Guillermo fue exento de sus deberes militares, retomaron su relación y se casaron.

Él quería entrar al ejército. Le gustaba el uniforme y la vida militar, y no le interesaba la política. Es amigable y conversador, pero sus ojos se llenan de lágrimas al recordar el pasado.

Cuenta que días después del golpe, un teniente de su regimiento, Aníbal Barrera, eligió a un grupo de conscriptos para que formaran parte de un escuadrón de fusilamiento. “No queríamos ir pero nos gritó e insultó y nos amenazó con que si no íbamos también nos matarían”, dijo Padilla.

Un prisionero fue arrojado boca abajo a un camión y el oficial y los soldados lo llevaron al cerro La Ballena en Puente Alto, a unos pocos kilómetros. No le cubrieron los ojos, pero sí lo colocaron de espaldas al escuadrón. Después se dio la orden a los soldados de disparar

La versión de Guillermo concuerda con registros de la ejecución de José Rodríguez Hernández, que llevaba libros marxistas cuando fue arrestado por la policía. Lo entregaron al regimiento y fue asesinado en La Ballena el 14 de septiembre de 1973. Décadas después, el teniente Barrera y el comandante del regimiento, el Coronel Mateo Durruty, confesaron el asesinato. En 2011, Durruty fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional. A Barrera no se le acusó.

Guillermo no fue identificado como miembro de ese pelotón y nunca ha sido llamado a testificar sobre ningún crimen. Ha pasado décadas tratando de convencerse a sí mismo de que no es un asesino.

“Disparé contra gente, pero no puedo decir que maté porque no sé si mis disparos fueron los mortales… O más bien no quiero creerlo. Me ha ido carcomiendo todos estos años”, dijo.

A pesar de la distancia creada por el tiempo, la carga emocional continúa.

“Viví dos años con miedo”, dijo. “Éramos solo muchachos y nos destruyeron la vida”.

Las nuevas querellas criminales fueron interpuestas por ex presos y presas políticas que estuvieron confinados en distintos campos de concentración y recintos clandestinos a partir del 11 de septiembre y buscan castigar de manera ejemplar la práctica de la tortura, el principal eje de la estrategia terrorista de la dictadura cívico-militar. Los libelos son patrocinados por el Equipo Jurídico de CODEPU.

Entre los querellantes que acompañaron la presentación del escrito ante la Corte de Apelaciones este viernes 13 de mayo,  se encontraban ex presos del Estadio Nacional, también de “Venda Sexy”, Villa Grimaldi, Londres 38, José Domingo Cañas, el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, el Cuartel República de la CNI y al menos dos comisarías de Carabineros respectivamente.  Una querella similar, pero ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, se interpondrá por parte de prisioneros que estuvieron en manos de militares en el Cerro Chena.

El grupo de querellantes, cuyas edades al momento del golpe variaban entre 16 a 30 años, buscan en primer lugar conocer la identidad de quienes fueron sus torturadores y que sean sancionados con todo el rigor de la ley. La mayoría de estos detenidos (as), trabajadores (as), dirigentes sociales y estudiantiles,  fueron capturados en allanamientos a fábricas y poblaciones o seleccionados en listas negras, confeccionadas con la complicidad de civiles partidarios del golpe. En sus casos se verifica una directa intención de castigar y reprimir a quienes habían tenido un rol de liderazgo social y/o de apoyo al proceso de la Unidad Popular.

Las querellas  describen torturas brutales, como la ocurrida en el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto, donde una chica liceana de 16 años fue mantenida desnuda durante casi 15 días, aislada y fue objeto de diversos abusos de connotación sexual por sus captores.

Cabe señalar que esto arroja luces sobre un tema no judicializado hasta ahora, como fue el uso del Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto y de la Escuela  de Infantería de San Bernardo, para fines de reclusión y tortura.

El Equipo Jurídico de CODEPU se encuentra optimista del resultado de esta querella, a pesar que los hechos ocurrieron hace más de 40 años. Se trata de delitos de lesa humanidad, que según el derecho internacional son imprescriptibles.  A su vez, los juristas hacen notar el cambio en el Poder Judicial, que hace posible que los ex prisioneros/as tengan un poco más de confianza y estén dispuestos a  contar ante los tribunales, las brutales prácticas a las que fueron sometidos, aunque eso implique revivir el trauma.

La tortura, el pilar del terrorismo de Estado.

Se estima que en los 17 años de la dictadura cívico-militar, miles de hombres y mujeres, militantes de partidos políticos o sin militancia, sufrieron la práctica de la tortura a manos de agentes del Estado que  se extendió a lo largo de todo el país, afectando a muchos más ciudadanos que los 40 mil validados por la Comisión Valech. Hay cálculos que hacen variar esta cifra entre 150 a 200 mil chilenos torturados en distintos grados y circunstancias.

Para CODEPU, la estrategia fundamental de la dictadura para imponerse y sembrar el terror, fue la tortura. Es el corazón de la estrategia terrorista del régimen cívico-militar y las querellas presentadas son una oportunidad de visibilizar el flagelo y de demostrar que no se trató de una práctica focalizada hacia militantes de partidos, para extraerles información, sino también a dirigentes sociales y personas sin militancia, a quienes se sometió a tratamientos violentos y sádicos como  una forma de intimidar a la ciudadanía en su conjunto. De ahí la importancia de estas querellas con las cuales se busca saldar cuentas con el pasado,  pero también combatir la tortura en el presente y  hacia el futuro. Estos delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes.