Regimiento de Infantería Motorizada Nº 1 Buin

El Regimiento de Infantería Motorizada Nº1  Buin, ubicado en El Salto 2087, comuna de Recoleta, fue utilizado como centro de detención y tortura. Según los testimonios recibidos por esta Comisión Valech, la mayoría de las detenciones tuvieron lugar en 1973 y 1974. El traslado de los detenidos se efectuaba en camiones militares, con los prisioneros acostados unos sobre otros o arrodillados con las manos en la nuca y eran apuntados permanentemente con armas de fuego. En el segundo piso de este recinto había una sala especialmente habilitada para efectuar los interrogatorios. Los declarantes señalaron haber sido interrogados de noche, con los ojos vendados y amarrados a una silla.

Los presos politicos denunciaron haber sido privados de alimentos y sometidos a torturas durante los interrogatorios. Sufrieron amenazas, golpes, aplicación de electricidad, el submarino, el teléfono, vejaciones y violaciones sexuales, simulacros de fusilamiento, quemaduras con cigarrillos, fueron obligados a permanecer en posiciones forzadas. Los presos políticos señalaron que fueron trasladados posteriormente a otros recintos, tales como el Estadio Chile y el Estadio Nacional, entre otros.

Criminales y Complices:

Víctor Echeverría Henríquez (Coronel de Ejercito; Agente SIM).

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Diarios “La Nación”, Primeralinea.cl; Diario UChile; El Mostrador; El Dinamo; La Nacion; Cambio21; Archivo Memoriaviva;

Surge un nuevo cuestionamiento al gabinete de subsecretarios designado por Michelle Bachelet: Víctimas de detenciones y violaciones a los derechos humanos denunciaron que la futura subsecretaria para las Fuerzas Armadas es hija de un coronel vinculado a torturas y otros vejámenes cometidos en dictadura. Las organizaciones piden que se aclare si se conocía o no este antecedente al momento de la nominación

De acuerdo a la información entregada por víctimas de la represión, Carolina Echeverría Moya es hija del Coronel en retiro del Ejército, Víctor Echeverría Henríquez, quien durante la dictadura de Augusto Pinochet se desempeñó como capitán a cargo del Regimiento de Infantería N°1 “Buin”, ubicado en la comuna de Recoleta y que fue utilizado como centro de detención y tortura luego del Golpe.

Si bien Víctor Echeverría nunca ha sido procesado por violaciones a los derechos humanos, (sólo ha sido citado a declarar por el juez Mario Carroza), sí existen testigos que acreditan su participación en sesiones de interrogatorios, torturas y otros vejámenes.

Entre ellos está la conocida escritora Mónica Echeverría, quien no tiene nexos familiares con el general ni su hija y quien fuera detenida y trasladada al mismo regimiento. La investigadora se refirió a la figura del hombre que estaba a cargo de este centro de tortura.

“El capitán Echeverría fuera de detenerme y de llevarme al Regimiento Buin, detuvo a mucha gente e hizo toda clase de cosas horribles dentro de su regimiento. Ahora yo creo francamente que esta niña no sabe las atrocidades que cometió su padre, su padre fue un torturador que dirigía las torturas, fue un violador y un asesino”, relató.

El teniente del Regimiento Buin, Carlos Pérez Tobar,  afirmó que a Víctor Echeverría había sido enviado en su calidad de funcionario de Inteligencia al regimiento ya que éste operó como neutralizador del tanquetazo. El ex uniformado indicó que presentó una denuncia por tortura y el homicidio de un conscripto, el soldado Mario Gho Alarcón, a quien, asegura, le dispararon públicamente en el edificio de la Comandancia de la instalación.

Mónica Echeverría aseguró que la relación de parentesco es real  y sostuvo que no juzgan a la futura subsecretaria por actos cometidos por su padre, pero sí surge la duda entre las víctimas de violaciones a los derechos humanos si se conocía este antecedente al proponer su carta en una secretaría como la de Fuerzas Armadas.

En ese sentido se pronunció el vocero de la Nueva Mayoría, Osvaldo Andrade: “Esta no fue una propuesta hecha como conglomerado, cada partido, conversó, propuso, habría que preguntarle a quien la propuso. Yo francamente no tengo idea. Yo entiendo además, que esto salió en la prensa tiempo atrás, así que pareciera ser de público conocimiento, pero si me preguntan si es que la información se manejó o no en el comando presidencial, no lo sé, porque yo no soy parte del comando”

Carolina Echeverría es militante del Partido por la Democracia. Fuentes al interior de la colectividad señalan que desconocían el antecedente. Así lo indicó el diputado PPD Patricio Hales, integrante de la Comisión de Defensa, quien dio fe de la eficiencia de la futura autoridad al desempeñarse como subsecretaria de marina en el anterior mandato de la Presidenta electa, Michelle Bachelet.

El parlamentario del PPD indicó que “yo no había escuchado nunca de este antecedente, solo sé que ella fue una subsecretaria que cumplió con la Presidenta Michelle Bachelet en forma muy rigurosa, es una persona muy seria en su trabajo, yo la conozco desde hace más de 15 años. Los antecedentes que siempre he tenido de ella han sido de un trabajo muy impecable en su cumplimiento, no había escuchado una cosa como esta”.

El parlamentario añadió que no conoce la denuncia, pero que no puede juzgar a nadie en función de la biografías de sus padres, ya que éstas no determinan los valores y principios. Con esto coincidió el abogado Roberto Celedón, quien fue detenido junto a su esposa y trasladado también al Regimiento Buin. El jurista reiteró la necesidad de aclarar a la opinión pública si esto se conocía al momento de la designación.

En esa línea, el abogado Roberto Celedón señaló que “los hijos no eran responsables de los pecados de los padres, sin perjuicio de que en un puesto tan delicado, como es este que dice relación con las Fuerzas Armadas, yo creía que era un tema que la Presidenta Bachelet tenía que conocerlo. Si ha habido plena transparencia de ella en informar esta situación o al futuro ministro de Defensa, la Presidenta en conocimiento de todos estos antecedentes la ratificó en el cargo. Yo hago conciencia de la Presidenta”, indicó.

El abogado añadió que se subentiende que un personero de la Nueva Mayoría debe adherir al respeto irrestricto de los derechos humanos. Vale señalar que Radio Universidad de Chile intentó comunicarse con el equipo de la presidenta electa para esclarecer esta situación pero desde la secretaría de las oficinas de Tegualda nos indicaron que no hay nadie disponible ya que el equipo completo está de vacaciones.

Sin embargo, la futura autoridad también ha sido denunciada por la Asociación de Marinos Exonerados quienes afirman que, al momento de tramitar la jubilación para sus uniformados sometidos a vejámenes,  la autoridad les pidió que retiraran la demanda que habían interpuesto contra sus torturadores. Esta señal de obstrucción a la justicia inquieta a algunas de las víctimas, para quienes la nueva autoridad se debe pronunciar sobre esta materia y asegurar el respeto a la vida y la dignidad en la formación de todos los miembros de la Armada.

Asuntos administrativos

Además, hay otros datos. Carolina Echeverría, tendrá a su cargo, entre otras funciones, tramitar las concesiones marítimas. Según reveló Ciper Chile este asunto, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, esto le valió un sumario administrativo.

Si bien no se le formularon cargos, el primer semestre del 2008, cuando aún era subsecretaria de marina, se investigaron las gestiones de la firma Suez Energy para obtener las concesiones marítimas para el proyecto Barrancones y en el rol que tuvo en ello la empresa Osorio & Echeverría Consultores Asociados Ltda, sociedad que pertenecía a la subsecretaria y su esposo, Clobis Osorio Olave.

El hombre habría realizado una serie de consultas sobre la solicitud de concesión de la termoeléctrica Barrancones, una de las cuales fue reenviada por email por la propia Echeverría. Además, los pagos de esta asesoría fueron depositados en una cuenta de la empresa en que la subsecretaria era socia.

"Me parece increíble que Carolina, con un puesto tan importante de subsecretaria, no sepa, no haya intuido, no haya buscado qué es lo que era su padre, que era capitán en el Regimiento Buin y que es culpable de detenciones, de muertes, de tortura, de violaciones y hoy día está libre", sostuvo Mónica Echeverría, quien junto a Mónica Bulnes se refirió al papel que jugó Víctor Echeverría durante la dictadura militar.

Un emplazamiento a la designada subsecretaria de las Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría Moya (PPD), para que se pronuncie respecto a las acusaciones que pesan sobre su padre en relación con violaciones de los derechos humanos, realizaron Mercedes Bulnes y Mónica Echeverría, víctimas de la dictadura.

En el programa “Una Nueva Mañana”, de Radio Cooperativa, Mercedes Bulnes relató: “Él, Víctor Echeverría (Henríquez), era capitán en ese entonces, y llegó al domicilio de mi padre, donde yo estaba ese día, el 23 de octubre de 1973, a detenernos a mí y a mi marido y nos llevaron al Regimiento Buin. Yo soy casada con Roberto Celedón. Esa noche Roberto fue torturado (…) A mí me dejaron en libertad al día siguiente, pero fui detenida nuevamente una semana más tarde”.

Por su parte, Echeverría asegura que el uniformado torturó a su esposo y cometió abusos deshonestos hacia ella misma.

“El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó”, sostuvo la escritora.

“Fue un hombre cruel, que no sólo torturó, sino que también violó”, recordó la mujer.

"El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó", sostuvo Mónica Echeverría.

“El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó”, sostuvo Mónica Echeverría.

En esa línea, se preguntó: “¿Son los hijos responsables de los actos criminales o de los actos, en general, de sus padres? En este dilema creo que los hijos deben saber también y conocer del pasado de sus padres (…) y me parece increíble que Carolina, con un puesto tan importante de subsecretaria (…) no sepa, no haya intuido, no haya buscado qué es lo que era su padre, que era capitán en el Regimiento Buin y que es culpable de detenciones, de muertes, de tortura, de violaciones y hoy día está libre”.

“Ella es hija de un torturador y un asesino y no puede moralmente tener ese puesto”, concluyó sobre la futura subsecretaria de FF.AA., quien, tal como lo informó la semana pasada El Mostrador, ya había sido cuestionada por los denominados “marinos constitucionalistas”. Estos últimos la acusan de supuestamente haber condicionado en 2007 su reincorporación a la Armada y su reconocimiento como exonerados de la institución naval, al retiro de una querella contra la rama castrense por las torturas de las que fueron objeto en 1973, tras haber advertido al poder político de la época la preparación del golpe militar del 11 de septiembre.

Fue detenida el 23 de octubre de 1973 junto a su marido. Estaba embarazada de su tercera hija. Dice que su marido fue brutalmente torturado. Declaró en la Comisión Valech sobre los abusos sexuales que cometió en su contra el entonces capitán Víctor Echeverría Henríquez. Y hoy hace la siguiente analogía: "Cuando la actual Reina de Holanda se iba a comprometer con el príncipe, ella debió declarar ante todos los medios de que no era responsable de los actos de su padre –quien había sido ministro de una dictadura militar–. El parlamento holandés exigió esa declaración y exigió que el padre no pudiese estar presente en la boda. Eso es un ejemplo de ética pública".

Habla pausado. Mide cada palabra que dice. No quiere hacerse cargo de rumores o de declaraciones de otras personas. Hace hincapié en que sólo puede hacerse cargo de sus propias vivencias. Recuerdos cargados de dolor. Para Mercedes Bulnes no pasó inadvertido el nombramiento de Carolina Echeverría Moya como futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas. En una entrevista con CNN Chile, la esposa del abogado de Derechos Humanos, Roberto Celedón, hace memoria del momento en que  fue detenida y conducida junto a su marido al Regimiento Buin y se da el tiempo para reflexionar sobre la hija de su abusador.

“El día 23 de octubre de 1973 fuimos detenidos junto a mi marido en la casa de mi padre y conducidos al Regimiento Buin. La persona que lideraba la detención fue el capitán Víctor Echeverría Henríquez. En ese tiempo, capitán y a cargo de la inteligencia militar y de llevar a delante todas las detenciones y los interrogatorios en el Buin (…) Roberto tenía entonces 26 años y yo 23, y estaba embarazada de mi tercera hija (…) esa noche, me dejaron a mí en la guardia hasta las dos de la madrugada. Y, en tanto, Roberto fue torturado dentro de las dependencias de la Comandancia del Buin”, sostiene la abogada.

No sabe bien si en esas torturas practicadas en contra de su cónyuge participó Víctor Echeverría. “Como él estaba vendado no reconoció a nadie, pero sí tengo claro que él sabía lo que estaba pasando”, explica, agregando que esa sospecha la confirmó los días posteriores.

“A mí me dejaron en libertad el día siguiente. Me mandaron a dejar a la casa. Y fui detenida el lunes siguiente. Pero esos días yo fui a ver a Roberto, junto con mis cuñados, que me acompañaron. Roberto estaba en muy malas condiciones. Me permitieron verlo en ese momento. Y por toda la conversación que se dio, estaba claro que este señor (Echeverría) estaba completamente al tanto. Además, él siempre estuvo presente en mis visitas a Roberto. Nunca pude estar sola con él”, prosigue Mercedes Bulnes.

“Esa noche –detalla– Roberto fue llevado junto a una patrulla militar que encabezaba Echeverría a allanar diferentes domicilios buscando al hijo de don Fernando Castillo Velasco y la señora Mónica Echeverría (…) este capitán fue a la casa de Fernando Castillo y fue extremadamente violento con la señora Mónica y con la hija de ambos, Consuelo, que tenía en ese entonces 12 años”.

Se da un tiempo y deja en claro: “Nosotros no teníamos nada que ver con nada, Roberto militaba en la Izquierda Cristiana, yo militaba donde militaba Roberto. Nos acusaron de ser altos dirigentes del MIR después”.

A renglón seguido, enfatiza que tiene probado “concretamente el abuso deshonesto en mi contra, por parte de Echeverría”. Delito que, a su juicio, es agravado por el hecho de haberse cometido en contra de una persona privada de libertad.

Consultada por su parecer frente al nombramiento de Carolina Echeverría como futura subsecretaria de las Fuerzas Armadas, reflexiona lo siguiente: “Yo pienso que los hijos no son responsables de los pecados ni de los delitos de los padres. Pero sí creo que cuando uno asume un cargo público o de relevancia, uno tiene el deber de informar a quien lo nombra las heridas que pueden haber en el pasado de uno. Uno tiene el deber de informar porque es un cargo público que está relacionado con las Fuerzas Armadas y ella tiene que decir algo”

Luego, se da tiempo para hacer la siguiente analogía: “Quiero recordar algo. Cuando la actual Reina de Holanda se iba a comprometer con el príncipe, ella debió declarar ante todos los medios de que no era responsable de los actos de su padre. Y su padre había sido ministro de Agricultura de una dictadura militar. Y el parlamento holandés exigió esa declaración y exigió que el padre no pudiese estar presente en la boda. Eso es un ejemplo de ética pública. Ella debe dar explicaciones. Tengo la convicción de que la señora Bachelet no sabía de esto”.

El centro conocido por sus interrogatorios y torturas saltó a la palestra luego que las víctimas del lugar, entre ellas la escritora Mónica Echeverría, reconociera al padre de la recién nombrada subsecretaria de Fuerzas Armadas como el coronel encargado de inteligencia del lugar y vinculado a violaciones a los Derechos Humanos. Aquí la historia de las víctimas.

 “Somos llevados al regimiento de Buin donde permanecemos por una semana (…) Somos mantenidos en celdas subterráneas individuales de dimensiones muy pequeñas. En esa semana se nos tortura consistentemente y sin descanso: somos interrogados a golpe de mano y pies, se nos amenaza con matarnos, con los ojos vendados se nos lleva a un lugar donde se nos coloca encima de una especie de cama metálica y allí se nos aplica corriente en los genitales, lengua, frente, codos. Este maltrato físico deja huellas hasta hoy”. El relato corresponde a un prisionero del Regimiento de Infantería de Buin entregado a la Comisión Valech.

Este lugar, volvió a ser recordado luego que, de acuerdo a la información entregada por víctimas de este regimiento, reconocieran al padre de la recién nombrada subsecretaria de Fuerzas Armadas Carolina Echeverría, como el Coronel en retiro del Ejército, quien durante la dictadura fue capitán a cargo de labores de Inteligencia del Regimiento de Infanteria de Buin.  Los recuerdos de Víctor Echeverría Henríquez y este centro ocupado para interrogatorios y torturas no se hicieron esperar.

El recuerdo de las víctimas

El regimiento de Infantería de Buin fue utilizado como centro de detención y tortura. Según los testimonios recibidos en la Comisión Valech, y en diversos sitios sobre memoria, la mayoría de los traslados se hicieron entre 1973 y 1974. Los detenidos eran transportados en camiones militares, acostados unos sobre otros o arrodillados con las manos en la nuca, mientras eran apuntados con armas de fuego. En el segundo piso de este recinto, había una habitación especialmente habilitada para llevar a cabo los violentos interrogatorios. La mayoría de esto sucedía con los ojos vendados, mientras las víctimas estaban amarradas a una silla. Luego venían las largas sesiones de tortura. Los denunciantes no olvidan las amenazas, golpes, aplicación de electricidad, “el submarino”, “el teléfono”, vejaciones y violaciones sexuales, simulacros de fusilamiento y quemaduras con cigarrillo. Luego que se conseguía “quebrar” a las víctimas, la mayoría era llevada a otros recintos, como el Estadio Chile y el Estadio Nacional, entre otros.

La escritora Mónica Echeverria fue una de las principales denunciantes durante estos días, y al otro lado de la línea, dice que Víctor Echeverría ha quedado en total impunidad. “Lo subieron a coronel y hoy está feliz en Iquique. Además, como lo dijo Mercedes Bulnes, se ha perseguido hasta el final a otros violadores de Derechos Humanos, están en Punta de Peuco, pero con el Ejército hay un grado de protección total”, dice.

A sus recuerdos, agrega que el ex encargado de inteligencia del regimiento dirigía a todo el resto de los militares, que no puede desmentir su responsabilidad en estos hechos , y que en el nombramiento de su hija Carolina Echeverría, hubo una suerte de ignorancia, dice. Pese a que cree que los hijos no pueden ser culpados por lo que han hecho sus padres, para ella, la actitud de la nombrada subsecretaria debería ser distinta. “Ella podría decir ‘lo siento mucho, considero que lo que hizo mi padre y conozco los hechos, pero la justicia debe seguir adelante’ o un ‘lo siento’, si no continuaremos con la impunidad en un gobierno del que estamos tan deseosos de que le vaya bien, se ensucian las manos al  nombrar en este cargo a la hija de Echeverría, aquí  lo que ocurrió es muy grave”, comenta.

Para conluir su relato, Mónica Echeverría recuerda el testimonio de su amiga, la actriz Coca Rudolphy, quien también fue detenida y torturada en el regimiento. “Ella vivió cosas terribles durante las torturas y no tenía ninguna duda que el señor Echeverría estuvo presente durante estos hechos, ella lo recuerda muy bien”, comenta.

Según profesionales cercanos a la investigación del juez Mario Carroza, pese a que en una de las causas aparece el nombre de Víctor Echeverría, nunca ha sido procesado por violaciones a los Derechos Humanos, sí ha sido citado a declarar en calidad de “exhortado” en un par de ocasiones. “Pese a las declaraciones de los testigos, aún se la ha podido responsabilizar por estos hechos”, afirma la fuente.

Los querellantes en esta caso es la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP y las víctimas son Jorge Pacheco Durán, Denrio Álvarez Olivares y Ernesto Mardones Román. Todos asesinados finalmente con disparos, luego de pasar por el regimiento.

Por ejemplo, Ernesto Mardones tenía 19 años y era estudiante universitario. Fue asesinado el 19 de diciembre de 1973 en Santiago. Ernesto murió ese día, en la vía pública, la causa de muerte, según consta en el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal,  fueron múltiples heridas de balas.

Según datos de sus familiares, días antes de su muerte, fue detenido cerca de la Plaza Chacabuco por militares del Regimiento Buin que realizaron un operativo en el sector. De la misma forma, fueron detenidas al menos de veinte personas, entre ellos, los jóvenes Denrio Álvarez Olivares (17) y Jorge Pacheco Durán (20), que luego fueron declarados víctimas de violación a los Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Otra de las víctimas de torturas, fue el ex teniente del Regimiento de Buin y disidente del golpe Carlos Pérez Tobar, afirmó que Víctor Echeverría había sido enviado desde la Academia de Guerra en calidad de funcionario de Inteligencia al regimiento de Buin. El ex uniformado en contacto con El Dínamo habló sobre las responsabilidades directas de Echeverría y que un recuerdo imborrable de ese lugar eran los gritos desgarradores que provenían de las otras salas. “Cuando nos torturaban nos vendaban los ojos: primero nos ponían algodón, luego cinta adhesiva y luego una venda, no sé si estaba dentro o fuera cuando eso sucedía, pero Echeverría ordenaba todo”, recuerda. Tobar además, presentó una denuncia por tortura y el homicidio de un conscripto, el soldado Mario Gho Alarcón, a quien, asegura, le dispararon públicamente en un edificio del lugar. “Si no se ha querido investigar más es porque no se ha querido, yo mismo quise entregar mi testimonio al juez Carroza y hubo caso omiso”, explica.

Consultado por el tema, el abogado Eduardo Contreras, querellante en varias causas de la AFEP comentó el calibre del Regimiento de Buin como centro de tortura en los primeros años de Dictadura. “Allí, como en todos los regimientos del país, nuestros ‘valientes soldados’ hicieron gala de su cobardía abusando contra personas indefensas, atadas. Torturaron y asesinaron a muchos chilenos, los casos suman decenas de miles. Buin fue uno de esos íconos de la barbarie a que los golpistas acarrearon a las Fuerzas Armadas a su servicio, pero no es el único (…) Se ha logrado procesar y condenar a muchos culpables en materia de casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, pero el tema de la tortura está pendiente. Son pocas las querellas en curso. Tanto así que ese mismo individuo, Echeverría, está impune, sí esos son nuestros ‘valientes soldados’”, concluye.

Carlos Pérez Tobar apunta por vejámenes al entonces capitán de Ejército, Víctor Echeverría, por negarse a participar en cualquier acto que implicara crímenes de lesa humanidad contra sus compatriotas tras la intervención militar de 1973.

 “A mí se me torturó”. Con esa frase el otrora joven oficial de Ejército, Carlos Pérez Tobar, resumió los primeros días y meses que debió enfrentar prisión y apremios ilegítimos por señalarle, aseguró, al entonces capitán Víctor Echeverría, que se oponía al golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y a ejecutar cualquier crimen de lesa humanidad en contra de los adeptos al Gobierno del Presidente Salvador Allende.

De esta forma el expulsado militar ratificó que el padre de la designada subsecretaria de Fuerzas Armadas, Carolina Echeverría, ordenó aplicar tortura mientras fue asignado al regimiento Buin como oficial de inteligencia luego de la intervención militar, ya que esa unidad no participó en la toma de La Moneda acogiendo un llamado del ex comandante en jefe, general Carlos Prats, sino por el contrario se enfrentó a sus compañeros que sí acometieron la acción.

“Desde siempre he sido un militar que ha tratado de servir a su pueblo y por tal razón, no acepté participar en crímenes de ningún tipo, ni de lesa humanidad, ni de atropellos que sucedieron inmediatamente después que se presentó el golpe de Estado de 1973. Razón por la cual se me pidió que solicitara la baja, se me arrestó e inmediatamente pasé a ser sometido a intensos y horrendos interrogatorios con un sistema de torturas que es casi inimaginable por más de tres meses bajo las órdenes de este señor que ha sido mencionado y que no pertenecía al regimiento Buin”, relató Pérez Tobar a radio Bío Bío.

Subrayó que “porque estudié para oficial de Ejército y no para verdugo”, no se arrepiente de haberse opuesto abiertamente  a las atrocidades que comenzaban a darse en la naciente dictadura, aunque declara imposible olvidar los horribles padecimientos que comenzaron con la rotura de sus tímpanos, en emparedamiento en un hoyo de barro por meses y unos cuantos años de prisión que terminaron con la expulsión del país sin retorno y el no poder darle la nacionalidad chilena a sus hijos, luego que un tribunal de guerra lo condenara por conspiración y sedición.

Ese hecho lo obligó a abandonar una carrera intachable y promisoria en la institución, ya que fue piloto, seleccionado para los juegos panamericanos de 1975 y que incluso iba a ingresar a la Universidad Católica a estudiar sociología en las noches.

ACCIONES CONTRA ECHEVERRÍA

Carlos Pérez Tobar dijo que en su oportunidad denunció ante Raúl Rettig, presidente de la comisión de Verdad y Reconciliación.

“He hecho varios intentos. Yo denuncié personalmente ante el señor (Raúl) Rettig esta situación cuando salió comandando por la comisión a buscar antecedentes en el exterior porque yo me encontraba exiliado y hasta 1990 estuve en la lista de las personas que no podían regresar al país”.

RESPONSABILIDAD DE LA HIJA

El destituido oficial, quien se ha desempeñado en organismos de defensa de los derechos humanos, gestión que le ha valido un premio en Naciones Unidas, recalcó que es evidente que la nombrada subsecretaria de FFAA de Bachelet no tiene la culpa de las acciones de su progenitor, pero que ninguno de los gobiernos de la Concertación, incluida la administración anterior de la Presidenta electa y en la que Carolina Echeverría también participó, hizo un gesto a quienes como él, por ejemplo, no pudieron otorgarle la nacionalidad chilena a sus hijos.

“Por supuesto, la hija no tiene por qué asumir las responsabilidades del padre, sin embargo, ojalá ese señor hubiera hecho algo porque nuestros hijos permanecieron durante casi los cuatro gobiernos de la Concertación sin nacionalidad, debido a una ley absurda que se implementó mis hijos tuvieron que adoptar otras nacionalidades porque ellos mismos tuvieron que hacerse su futuro en Europa porque este país no se los permitió”.

“Entonces, frente a eso, cuáles son los principios éticos y morales que deben guiar un Gobierno que se dice que representa y que además va a defender los derechos humanos y se instaura como un ejemplo no sólo para el país y sino para la región”, se preguntó.

José Aldunate dice que Carolina Echeverría no puede eludir que es “hija de un torturador” y aconseja que “dé un paso al costado” Luis Larraín critica a Carlos Peña y dice que tiene un defecto: “Trata de erigirse como un ‘pope laico’, un juez moral de todo el mundo” Insólito: encapuchados asaltan a un soldado al interior del Regimiento Buin y roban un fusil Mercedes Bulnes emplaza a la futura subsecretaria de las FF.AA. a dar explicaciones por las “heridas” del pasado Burgos rompe ley del silencio y sale a prestarle piso político a cuestionada subsecretaria de FF.AA. Actriz Coca Rudolphy: “Yo fui detenida por Víctor Echeverría” Faltaban cinco días para la primera Nochebuena después del golpe cívico-militar de 1973. Esa tarde del 19 de diciembre, el comandante del Regimiento Buin, Felipe Geiger, dio una orden:

–Saquen a los tres detenidos de la Cárcel Pública y mátenlos. No los quiero de vuelta aquí. Después lleven los cuerpos a la morgue. Digan que los encontraron botados.

Eran las ocho y media de la noche de ese día 19. Una patrulla del Regimiento Buin llegó hasta la cárcel de calle General Mackenna, frente al Cuartel General de la Policía de Investigaciones.

La patrulla viajaba en una camioneta tres cuartos. La orden de sacar a los tres detenidos la llevaba extrañamente el teniente Kenny Aravena Sepúlveda, del Buin, y no los capitanes Guido Riquelme Andaur y Carlos Rudloff Molina, pese a ser de mayor graduación. ¿Por qué? Porque ambos capitanes no eran del contingente del Buin.

En el proceso por estos tres homicidios, que instruye el juez Mario Carroza, no está claro aún quién recibió la orden de matar a los prisioneros de parte del comandante Geiger. Si Rudloff, Riquelme, Hidalgo o Echeverría, los cuatro capitanes que llegaron desde la Academia como expertos. Kenny sostiene que no fue él quien la recibió. Que sólo sabía que debía retirar a los tres y llevarlos al Buin. Varios declaran en la causa que el capitán Echeverría era quien llegó para hacerse cargo de la Sección II de Inteligencia del Buin, a cargo de los detenidos. Al menos eso es lo que hasta ahora está establecido en la investigación judicial.Habían llegado el mismo 11 de septiembre de 1973 en comisión de servicio desde la Academia de Guerra para reforzar el regimiento, junto a los capitanes Ricardo Hidalgo Rueda y Víctor Echeverría Henríquez. Al interior del Buin se había descubierto una pequeña célula del MIR y se inició una investigación.

El teniente Kenny se presentó en la guardia de la cárcel y dio los nombres de los tres prisioneros que debía retirar: Jorge Pacheco Durán tenía 20 años, era artesano y militante de la Izquierda Cristiana. Denrio Álvarez Olivares cumplía ya 17 años, era dirigente universitario y militaba en las Juventudes Comunistas. Ernesto Mardones Román tenía 19 años y era estudiante universitario.

El oficial de Gendarmería a cargo esa noche no se achicó, le exigió a Kenny que llamara por teléfono al Buin al comandante Geiger. Quiso hablar con el comandante y que éste le certificara que el teniente tenía la orden suya para sacar a los presos. Así ocurrió.

Esa llamada resultó fatal para la patrulla, pues quedó un registro del secuestro.

–Teniente, y además me tiene que firmar este libro donde consta que usted retiró estos detenidos –le dijo el oficial de Gendarmería a Kenny.

Peor todavía. Ahora estaba el nombre y la firma del teniente en el libro de registro. Pero Kenny no se preocupó. En ese momento, en el país mandaban ellos y los fusiles.

Otros dos tenientes del Buin acompañaban a Kenny: Roberto Hernández y Ernesto Bethke Wulf. La patrulla la integraban cinco oficiales de Ejército en servicio activo.

Los tres muchachos habían sido arrestados el 3 de octubre de 1973 por integrantes de la Policía de Investigaciones, conducidos a su cuartel de General Mackenna, luego llevados al Buin y desde ese regimiento conducidos a la Cárcel Pública, de donde ahora los sacaban. Pero esta vez era el destino final.

El teniente Bethke tenía otra historia: era uno de los que habían asesinado al cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile el 14 de septiembre de 1973 y por ello hoy está procesado.

Subieron a los tres detenidos en la parte posterior de la camioneta. Ya había caído la noche. Ahora los que mandaban eran los capitanes Rudloff y Riquelme.

En el proceso por estos tres homicidios, que instruye el juez Mario Carroza, no está claro aún quién recibió la orden de matar a los prisioneros de parte del comandante Geiger. Si Rudloff, Riquelme, Hidalgo o Echeverría, los cuatro capitanes que llegaron desde la Academia como expertos. Kenny sostiene que no fue él quien la recibió. Que sólo sabía que debía retirar a los tres y llevarlos al Buin. Varios declaran en la causa que el capitán Echeverría era quien llegó para hacerse cargo de la Sección II de Inteligencia del Buin, a cargo de los detenidos. Al menos eso es lo que hasta ahora está establecido en la investigación judicial.

Pero el comandante Geiger ya murió, lo mismo que Rudloff. Tampoco se sabe aún quién eligió a la patrulla de los cinco oficiales.

El teniente Kenny se sorprendió cuando se dio cuenta de que uno de los dos capitanes, el que conducía la camioneta, no enfiló rumbo al Buin, sino directo hacia el norte de Santiago. Kenny sostiene en la investigación que no sabía cuál era el verdadero destino de los presos, que sólo estuvo a cargo de su retiro desde la cárcel. Pero no se atrevió a discutir la orden del capitán de la Academia. Imaginó rápidamente cuál sería el desenlace.

¡Mátenles de a uno!
Las calles de Santiago estaban vacías por el toque de queda. La camioneta siguió avanzando a gran velocidad hacia el norte, hasta que el conductor detuvo su marcha. En el interior, los tres prisioneros no pronunciaron palabra. Tampoco los capitanes les habían dicho nada. Uno de los capitanes dio la orden a los tres tenientes:

–Bajen a los prisioneros. Cada uno de ustedes se hace cargo de uno de ellos. Hay que matarlos, esa es la orden.

En medio de la cerrada oscuridad y el sepulcral silencio en la cantera abandonada de Colina, con su fusil Garand, Kenny le disparó directo a la cabeza al que le correspondió. Evitó mirarlo a los ojos. El cuerpo cayó inerte a sus pies.

Los otros dos prisioneros fueron asesinados por la espalda por los tenientes Bethke y Hernández.

De acuerdo a los protocolos de autopsia, Pacheco recibió cuatro balazos: uno en el cráneo y tres en el tórax. Álvarez recibió dos disparos y Mardones seis tiros.

–Suban rápido los cuerpos a la camioneta, los llevamos a la morgue –ordenó uno de los capitanes.

El vehículo partió a toda velocidad por la carretera. En la morgue entregaron los cuerpos sin identidad. Dijeron que encontraron “a estos NN muertos al borde de la carretera”. Después volvieron todos al regimiento. Los capitanes se dirigieron al casino de oficiales a reforzar el ánimo con algunos tragos.

El 10 de octubre de 2013, el juez Carroza procesó al ahora teniente coronel retirado Kenny Aravena como autor de los tres homicidios. La única información certera que el juez tenía era que estaba probado que había sido Kenny quien había sacado a los prisioneros desde la cárcel. Lo acreditaba la llamada del gendarme al comandante Geiger, pero sobre todo la firma de Kenny estampada en el libro de registro del penal.

A fines de 2013, el magistrado cerró la investigación. No había logrado obtener otra pista certera para encausar a nadie más. Misteriosamente, hasta entonces en el proceso sólo había podido quedar establecido que los tres detenidos llegaron de la cárcel al regimiento, y desde allí se les perdió la pista hasta que sus cuerpos aparecieron en la morgue de Santiago como NN.

Todos los interrogados habían mentido. Incluso Kenny. Cuando el juez le preguntó directamente por los tres cuerpos, éste dijo “no recuerdo esta situación para nada”.

Bethke lo mismo: “Me parece extraño que personal del Buin los haya retirado desde la cárcel”. El ahora general retirado Guido Riquelme, afirmó: “No tengo conocimiento alguno, ignoro todo tipo de información”. Ninguno de los interrogados sabía nada, y habían sido los autores de los asesinatos de acuerdo a lo que ahora se conoce.

“Quiero recapacitar”
A Kenny le afectó el procesamiento y su arresto decretado. En medio de la angustia meditó. Hasta que el 10 de enero de 2014 confesó todo al juez Carroza. “Quiero recapacitar. Estuve nervioso y confundido. Temeroso de encubrir a terceros que dieron la nefasta orden de eliminar a tres detenidos”. Con su maciza confesión el juez reabrió la investigación. Ahora todo parte de nuevo. Ahora el magistrado tiene una confesión y Kenny está firme en sus dichos. Su abogado Jorge Balmaceda lo convenció de que hablara, que no cayera solo. Que no podía permanecer envuelto en el manto de la lealtad hacia sus camaradas de armas.

¿A quién le dio la orden el comandante Geiger de matar a los prisioneros? ¿Se la dio a uno de los capitanes que iban en la patrulla o se la dio a uno de los otros dos capitanes provenientes de la Academia que esa noche permanecieron en el regimiento? Eran los capitanes de la patrulla quienes sabían que debían matarlos. A quien no parece que el comandante Geiger le diera la orden mortal es al capitán de la Academia Ricardo Hidalgo. Según él, no estuvo de acuerdo con el Golpe de Estado y su actuar le costó la baja del Ejército, promovida por el coronel Manuel Contreras Sepúlveda cuando éste fue director de la Academia de Guerra.

“El coronel Contreras obtuvo la firma de mis compañeros de curso en la Academia, pidiendo que me exoneraran de la institución porque no era de confiar, me dieron de baja con el grado de mayor”, declaró Hidalgo al juez.

Hidalgo sostiene que mientras estuvo en el Buin habló con el abogado Roberto Celedón, que permanecía prisionero en un lugar “incomunicado y separado del resto de los detenidos y cuya custodia estaba a cargo del Departamento de Inteligencia”.

Afirma que, tiempo después, se topó con el abogado Celedón en la calle: “Nos saludamos y conversamos unos minutos”.

La confesión del actual teniente coronel (r) Kenny Aravena es una gota de agua en el desierto del secreto de los pactos de silencio. En medio de algo más de mil 600 procesos abiertos a la fecha, estas confesiones certeras que aclaran los hechos de un crimen y sus autores, no son más de tres o cuatro. Un secreto guardado por 40 años.

Son más de mil 600 causas, porque con las mil 200 querellas que interpuso en 2011 la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, suman esa cantidad.

Pero ¿quiénes mataron a los hermanos Arturo y Francisco Deila Santos, 20 años de edad cada uno, Luis Miranda Gálvez, 36 años, gásfiter, y Manuel Pacheco Sepúlveda, 19 años, comerciante ambulante? Estas cuatro personas fueron detenidas entre el 14 y 15 de octubre de 1973 en el Parque Santa Mónica de Conchalí y conducidos al regimiento Buin, desde “donde se les pierde el rastro”. No obstante, al igual que lo sucedido con los anteriores tres prisioneros, sus cuerpos aparecieron en la morgue de Santiago con impactos de bala. Hasta ahora, ninguno confesó por estos otros crímenes, de igual factura al anterior. Tarea también para el juez Carroza, que ya tiene al menos una hebra conductora con la confesión de Kenny.

De lo que se desprende del proceso, existiría otra patrulla con oficiales integrantes del Buin y al parecer también con participación de los capitanes que llegaron desde la Academia de Guerra a reforzar, que podrían ser los autores de los crímenes contra estas otras cuatro víctimas.

¿Quién fue, el oficial del Buin o alguno de los cuatro capitanes allegados allí desde la Academia de Guerra, el que mató al niño de ocho años Héctor González Yáñez, mientras jugada a la pelota en una cancha al interior de la empresa Endesa. S.A., en la comuna de Cerro Navia, el 26 de septiembre de 1973? Este es otro crimen vinculado a los luctuosos episodios del regimiento Buin que indaga el ministro Carroza.

Tejas Verdes de San Antonio, la Escuela de Artillería de Linares y el regimiento Tucapel de Temuco, los regimientos Tacna y Buin de Santiago, aparecen como los cuarteles donde más crímenes se cometieron tras la asonada cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.

Tras la dramática confesión del teniente Kenny en enero pasado, ahora el juez Carroza debería iniciar una amplia rueda de nuevos interrogatorios que llegaría hasta insospechadas esferas, partiendo por quienes todos sindican como el capitán al mando de la Sección II de Inteligencia: Víctor Echeverría, a cargo de los detenidos en el Buin.

Mujeres víctimas de los criminales de la dictadura se atrevieron a denunciar que fueron violentadas sexualmente durante su detención en centros de tortura por funcionarios del Ejército y de la DINA. Dos de ellas fueron Mónica Echeverría y Alejandra Holzapel.

Las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar han sido comprobadas por la justicia chilena. Es cosa de ver las condenas que se han hecho a militares que fueron parte de la DINA y la CNI.

Sin embargo, otras informaciones que se han dado a conocer recientemente tienen que ver con las violaciones sexuales que acompañaron la tortura en esos años. Fueron vejaciones sufridas por mujeres mientras se encontraban detenidas en los centros de exterminio de Villa Grimaldi, Tres Álamos, Tejas Verdes, entre otros lugares.

A los métodos de tortura que se aplicaron en la dictadura a más de tres mil mujeres, hay que añadier que fueron violentadas sexualmente por los agentes de la DINA y funcionarios del Ejército que las tenían recluidas, actos realizados bajo la mirada de los militares, quienes además permitieron incluso la utilización de aminales adiestrados.

Tal cual. Fue una humillación que se repitió una y otra vez.

Lelia Pérez fue una víctima de estas violaciones; tenía 16 años cuando la detuvieron y la llevaron al Estadio Nacional el 12 de septiembre de 1973. "De las mujeres que fuimos llevadas al sector de los camarines, creo que todas fuimos sometidas a violencia sexual", recordó.

Un profesor de un instituto comercial detenido en 1973, agregó: "Recuerdo que mientras estuve detenido y torturado en la Base Aérea Maquehue (al sur de Temuco), un recluta me contó que una profesora que había llegado detenida desde la localidad vecina de Lonquimay fue violada y torturada sistemáticamente por el personal de inteligencia de la base. Se vanagloriaban por ello".

En el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se cuenta que "cuando un detenido es violentado sexualmente por un agente del Estado o por un particular a su servicio, estas agresiones constituyen una forma de tortura, porque causan en las víctimas un grave sufrimiento sicológico, generalmente acompañado de un dolor físico capaz de provocar secuelas".

Querella
Ante tal macabro recuerdo, tres sobrevivientes de la dictadura presentaron una querella por violencia sexual con carácter de delito de lesa humanidad ante el juez Mario Carroza. Entre las querellantes se encuentra Alejandra Holzapfel, quien estuvo detenida en Villa Grimaldi.

Antes que ellas hubo otras que dieron a conocer estos abusos, entre las que se encuentra la escritora Mónica Echeverría, quien acusó a Víctor Echeverría Henríquez (con el que no tiene nexo familiar) de que durante la dictadura fue capitán a cargo del Regimiento de Infantería N°1 "Buín", lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura luego del Golpe y que cometió abusos deshonestos hacia su persona.

La literata sentenció: "El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó, me torturó y también me violó".

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, condenó a oficial en retiro del Ejército Víctor Manuel Echeverría Henríquez, en calidad de autor del delito de aplicación de tormentos a matrimonio de abogados. Ilícito perpetrado al interior del Regimiento Buin, en octubre de 1973.

En el fallo (causa rol 51-2014), el ministro en visita condenó a Echeverría Henríquez a la pena de 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva, por los tormentos aplicados a Mercedes Bulnes Núñez y Roberto Celedón Fernández.

En el aspecto civil, el fallo ordenó al condenado y al Estado de Chile pagar de manera solidaria una indemnización total de $150.000.000 (ciento cincuenta millones) a las víctimas y sus hijas.

Según los antecedentes recopilados en la etapa de investigación, el ministro Carroza logró establece que:

“a.- Que al interior del Regimiento de Infantería N° 1 Buin, en el mes de octubre de 1973, se descubre la existencia de consignas alusivas al Movimiento de Izquierda Revolucionaria y se inicia en base a ello una investigación por parte de la Sección Segunda de Inteligencia del Regimiento, quienes efectúan allanamientos e interrogatorios que arrojan antecedentes de haberse efectuado reuniones entre efectivos del Ejército y militantes del MIR, en la ciudad de Santiago;

b.- Que una vez que la Comandancia del Regimiento tomó conocimiento de estas circunstancias, lo comunica a la Segunda División del Ejército, quienes deciden formar una comisión especial con funcionarios de la Sección II de Inteligencia y efectivos de Investigaciones, encargada de efectuar las averiguaciones relativas a los hallazgos y reuniones, la cual queda al mando del Capitán de Ejercito Víctor Manuel Echeverría Henríquez;

c.- Que una de las tantas diligencias destinadas a cumplir con el mandato, es la que cumplen el 23 de octubre de 1973, alrededor de las 18:30 horas, cuando concurre el Capitán Víctor Echeverría con dos funcionarios de Investigaciones, Pedro Espinoza Valdés y Carlos Favre Bocaz, ya fallecidos, hasta el domicilio de Gonzalo Bulnes Aldunate, ubicado en el Pasaje Tomás Andrew N°128 de la Comuna de Providencia, y detienen a la hija del dueño de casa, María Mercedes Bulnes Núñez y a su marido Roberto Antonio Celedón Fernández, por sus vinculaciones con militantes del MIR y ser los propietarios del inmueble en el que se efectuaban las reuniones, les suben a un vehículo y los trasladan hasta el Regimiento Buin;

d.- Que una vez ingresados al Regimiento Buin, recinto de detención y tortura en esa época, a Roberto Celedón le llevan los agentes hasta el segundo piso de la Comandancia del Regimiento, lugar en el que se encontraban las instalaciones de la Sección de Inteligencia, y en ese sitio proceden a vendarle la vista, amarrarle las manos y le obligan a desnudarse, luego lo interrogan y le colocan en un catre metálico, donde sus captores le aplican corriente eléctrica en varias partes del cuerpo y le golpean y luego de estas sesiones de tormentos e interrogatorios lo llevan a los calabozos, donde permaneció recluido entre el 23 de octubre y el 30 de noviembre de 1973, cuando se le traslada a la Cárcel Pública;

e.- Que en esa misma oportunidad del 23 de octubre, luego que trasladaran a su esposo a las dependencias de la Sección de Inteligencia, a María Mercedes Bulnes la mantienen en la guardia y ese mismo día recupera su libertad. Sin embargo, ella regresa a la unidad militar a ver a su esposo y logra conversar con él, percatándose que éste estaba siendo objeto de torturas, por lo que comienza a vivir una angustia permanente hasta el día 30 de octubre de 1973, cuando vuelve la patrulla a detenerla, esta vez en la casa de sus suegros, y la trasladan al Regimiento Buin, donde la ingresan como detenida en la Enfermería del establecimiento militar, de lo cual se infiere que se hizo para interrogarla y obtener de ella información, prolongándose su detención hasta el 12 de noviembre de 1973, en el intertanto el Jefe de Inteligencia Víctor Echeverría concurría continuamente a verla y conversar con ella, sometiéndola a vejámenes y abusos sexuales, haciendo caso omiso de su embarazo de semanas, por cuanto a sus preguntas le adiciona actos de naturaleza lasciva y deshonesta, insinuándole además que podía obtener su libertad y la de su marido si accedía a sus requerimientos. Finalmente gracias a gestiones de su familia pudo irse de la unidad militar y quedar con medida de arresto domiciliario;

f.- Que el matrimonio Celedón Bulnes fue encausado y llevado a un Consejo de Guerra conjuntamente con otros presumidos involucrados en esta confabulación, así Roberto Celedón es condenado a cuatro años y María Mercedes resulta absuelta de todos los cargos, pero ambos se vieron forzados con posterioridad a salir del país, una vez que se conmuta la pena de presidio a Celedón”.

El segundo domingo de Augusto Pinochet en el poder, los habitantes de una población entera son detenidos en un allanamiento. Al día siguiente, 12 personas son encontradas muertas en la Panamericana por un conductor de camión recolector de basura. ¿Qué pasó en la población Roosevelt?

A Jorge Pinto Esquivel lo van a buscar primero a su casa en la calle 3 norte, en ese barrio obrero sin nombre entre el regimiento Buin y la avenida Valdivieso, en Recoleta, Santiago. Allí no lo encuentran porque, como todos los días, había salido a vender frutas, verduras y aceitunas en su carro de mano. Esa mañana había ido cerca, a la población Lemus, a pocas cuadras yendo al centro por Valdivieso. Él trabajaba día y noche, incluso ese domingo 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe militar que acabó con el gobierno y vida de Salvador Allende.

Vecinas o vecinos que no le quieren políticamente le dicen a la patrulla militar dónde podía andar esa mañana. El lugar donde podría estar Jorge no es un misterio. El Coke –así lo llaman– cultiva a su clientela en las proximidades de su hogar y tiene una rutina de recorridos que ese día le lleva a “La Lemus”, esa tranquila población de casas amplias y jardines de vereda bien cuidados. Mi tío Jorge, de 53 años en ese momento, moreno, risueño, robusto, pero no muy alto, tiene que mantener todavía a más de la mitad de sus 8 hijos y ayudar a sostener a su madre, mi abuela Aurora.

La patrulla militar lo detiene en la población Lemus y lo lleva al fondo de la avenida Valdivieso, a la población Roosevelt, donde los soldados del regimiento Buin hacen un allanamiento masivo desde muy tempranas horas de la mañana. Los carabineros de la subcomisaría Recoleta cubren el perímetro para que nadie escape y los detectives de la Policía de Investigaciones están allí y dan aires de legalidad y seriedad al allanamiento.

La patrulla militar lleva a mi tío Jorge por la avenida Valdivieso, pasan frente a la fábrica textil “Paños El Salto” en la cual él había sido dirigente sindical. Los dueños de esa fábrica textil eran “turcos” (árabes) y la fábrica había dado origen tanto a la población Lemus como a la de mi tío. La Lemus, para los empleados de camisa y corbata; la de mi tío, para los obreros y obreras.

La población Roosevelt cubría entonces la pendiente entre la avenida Valdivieso y el comienzo de la parte asilvestrada del cerro San Cristóbal, un barrio con casas autoconstruidas que le dan un aire a Valparaíso. Planificada y desarrollada en los tiempos de la “Alianza para el Progreso”, buena parte de sus calles llevaban nombre de próceres estadounidenses de la política y la cultura.

Al llegar, el allanamiento militar está en pleno desarrollo: los militares llevan a todos los varones que ellos estiman mayores de edad a la esquina de Valdivieso y Lincoln, allá arriba, cerca del final de la población. Mi tío Jorge se encuentra en esa esquina con los vecinos allanados, que van con las manos cruzadas en la nuca. En la esquina les hacen ponerse de rodillas. Ahí carabineros, policías y militares van seleccionando a quienes detendrán. Tener cicatrices en el cuerpo es uno de los criterios para ser detenido: es una señal de ser un delincuente. Por ello a todos les hacen levantar o quitar la ropa y mostrar el cuerpo.

Mi tío Jorge y otros no necesitan pasar por esta selección: él es demasiado conocido como militante socialista, había recibido en su casa a alguna de las hijas de Salvador Allende en alguna campaña electoral y había formado parte de la JAP (Junta de Abastecimiento y Precios). En la JAP no se había prestado al juego del mercado negro y eso no agradó a algunos pequeños comerciantes establecidos del barrio, porque querían ser parte del negocio de acaparar y vender más caro.

Son más de 100 varones en filas en la esquina de Lincoln y Valdivieso durante el allanamiento, para “control”. De ellos entre catorce y dieciocho varones son detenidos y conducidos a tres taxibuses que en Chile se conoce como “liebres” de la línea Portugal-El Salto para ser trasladados a un lugar indeterminado.

Los vecinos de la Roosevelt

A Miguel Segundo Orellana Barrera, de 32 años, lo sueltan después de registrarlo en la esquina de Lincoln y Valdivieso. Cuando vuelve a su casa, donde vive con su familia, se da cuenta de que uno de los hermanos, Enrique, no había vuelto. Junto a su otro hermano, José Manuel, deciden ir a buscarlo al punto de retención. En el camino en calle Valdivieso un carabinero pregunta por Miguel y él se identifica. El carabinero le ordena que le siga hasta donde estaban las “liebres” Portugal-El Salto. Su hermano Enrique es soltado y vuelve a casa.

Sergio Muñoz Maturana no alcanza a tomar el desayuno que su madre Fermina le prepara. El allanamiento de su casa empieza antes de que él pudiese sentarse a la mesa. Se lo llevan junto a su primo José Domingo Viera Maturana a la esquina de Lincoln y Valdivieso, allí los ponen en fila. Después de un rato a José Domingo le devuelven el carné dejándole volver a casa. A Sergio, no.

A Martín Saravia González lo arrean junto a su cuñado, padrastro y un hermano. Todos ellos vuelven a su casa, menos Martín. Tenía 29 años, era de profesión mecánico, pero trabajaba como junior en una caja de compensación.

A la casa de Juan Humberto Orellana Alarcón, de 31 años, obrero fabricano, llegan efectivos del Regimiento Buin y lo hacen salir a la calle. Apenas alcanza a despedirse de su esposa.

Jorge Nicolás Lira Yáñez es detenido y llevado junto a su padre y a su hermano Eduardo hasta el final de la calle Valdivieso. Allí los varones de la población hacen filas custodiados por Carabineros y policías de Investigaciones, quienes piden documentos y revisan antecedentes. Jorge Nicolás Lira Yáñez había estado preso antes. A su padre y al hermano les sueltan. Los Carabineros le dicen a su padre que lo llevarían al Estadio Nacional, campo de concentración en ese tiempo.

Juan Jorge Coria Calderón apenas tiene 19 años y es obrero. A las 07:00 horas de ese 23 de septiembre sacan a Juan de lado de su madre María Elisa. “Para revisarlo”, le dicen. La orden es que todos los hombres deben salir de sus casas y las mujeres y niños permanecer en ellas.

A Jaime Meneses le ordenan que salga de la casa donde vivía con su pareja Ana Rosa, sus dos hijos y sus padres. Tiene 28 años de edad, es fotógrafo, pero en este tiempo trabaja en la construcción. A Jaime y a su padre Pascual les hacen entrar en una formación con el resto de varones pobladores, allí les hacen sacarse la ropa. Les revisan para ver si tienen cicatrices en el cuerpo, mientras están permanentemente con sus manos en la nuca. Al padre de Jaime lo sueltan y puede volver a su domicilio. A Jaime, no.

Emilio Guillermo Vásquez Romo, de 30 años y de profesión carnicero cortador, es pareja de Gudelia del Carmen Orellana Barrera, quien era hermana de Miguel Orellana, otro de los detenidos durante el allanamiento de la Población Roosevelt. Emilio sufre violencia por parte de los militares cuando es sacado de su casa a eso de las 6 de la mañana y llevado al lugar de control y selección con las manos en la nuca.

Juan Eliseo Rojas Acevedo, 32 años, comerciante ambulante, sale muy temprano de su casa ubicada en la calle Valdivieso para trabajar en la Vega Central. De regreso al barrio se encuentra con el allanamiento militar y es detenido. Su pareja, Sara del Carmen Guajardo Pozo, sale a buscarlo, y puede verlo ya en una de las liebres Portugal-El Salto, allí se despide agitando sus manos por la ventana, la liebre iba llena de detenidos.

Nardo del Carmen Sepúlveda Mancilla, de 24 años, obrero, fue otro de los seleccionados durante el allanamiento de Roosevelt.

Ramón Osvaldo Jara Espinoza, 23 años, casado con María Valencia. Padre de dos hijos, de profesión gasfíter. Es uno de los seleccionados para subir a las liebres. Llega a control junto a su cuñado Héctor Raúl Arriagada Arboleda, quien es soltado y puede ir a su trabajo ese día. María Valencia va corriendo a las liebres cuando le informa una prima que se están llevando a los hombres en ellos. No logra verlo.

 

La búsqueda que hacen las familias

Las familias de los detenidos inician inmediatamente la búsqueda de información sobre sus parientes detenidos. Algunas fueron al lugar desde donde salieron las liebres Portugal-El Salto con los detenidos y sus custodios. Allí se enteran de que les llevan a la, entonces, subcomisaría Recoleta ubicada en la calle Gavilán entre Dr. Ostornol y Nicolás de Gárnica, al final de Los Pamperos, a una cuadra de Recoleta. A otros familiares les dan a entender que les llevan al Regimiento Buin. Desde ese mismo instante la desinformación o información parcial es una constante. Las tres liebres, para la mayoría de los pobladores testigos de las detenciones llevan catorce, quince, dieciséis o incluso dieciocho detenidos.

Algunos familiares van a preguntar al Regimiento Buin, otras al Estadio Nacional, incluso a la comisaría 5 de Conchalí, bajo cuya jurisdicción estaba la subcomisaría Recoleta en ese entonces. En el Regimiento Buin les señalan que los detenidos deben estar en la subcomisaria Recoleta.

En la subcomisaría Recoleta no niegan la presencia de los detenidos. A quienes preguntan esa mañana les dicen que vuelvan al día siguiente a las ocho de la mañana, que a esa hora serán puestos en libertad, tras verificar los antecedentes de todos ellos. Es lo que escucha la familia de Ramón Jara.

María Eugenia Valencia, la esposa de Ramón Jara, y sus cuñadas llegan prontamente a la subcomisaría Recoleta. No a tiempo para ver la liebre que lleva a su marido, pero sí para ver cómo bajan a los detenidos de la segunda liebre en llegar y los hacen ingresar a la subcomisaría. Pudo reconocer a Jorge Pinto Esquivel, el “vecino Pinto” a quien reconoce porque “vendía aceitunas por el barrio”.

Las familias tienen la certeza de que los detenidos están en esa comisaría y que están seguros. También eso creen los detenidos, según el testimonio de Rosa Cerda Pizarro, esposa de Juan Humberto Orellana Alarcón. Ella, tras el allanamiento, se dirige a la subcomisaría Recoleta, y logra escuchar los murmullos de los detenidos. Su marido la escucha cuando pregunta por él a un carabinero, Juan Orellana le grita entonces a su esposa que “se fuera para la casa ya que estaba pronto a salir en libertad”.

Al día siguiente, los familiares van a esperar la liberación de los suyos, pero en la subcomisaría o les dicen que durante la noche fueron llevados al centro de detención que era en ese entonces el Estadio Nacional de Santiago, o negaban que hubieran estado allí. Un chofer de la línea Recoleta-Lira, cuñado de Ramón Jara, conocido por los carabineros de guardia, logra que estos admitan que sí estuvieron detenidos allí… aunque en la noche del 23 de septiembre de 1973 les habían trasladado al Estadio Nacional.

La búsqueda de los familiares se extiende al Estadio Nacional, pero en las listas de detenidos que allí se publican no aparecen los nombres de los detenidos en el allanamiento de la Población Roosevelt.

Los encuentran

Uno de los hijos mayores de Jorge es Patricio Pinto, el Chicho; en esos días de septiembre del 73 es funcionario municipal de Conchalí, chofer de uno de los camiones recolectores de basura de la municipalidad. Su recorrido implica llegar a un basural en Renca, y en algún momento del recorrido toma Panamericana Norte a orillas del río Mapocho y pasa cerca del Puente Bulnes. Tras el golpe del 11 de septiembre se le había hecho rutina ver cadáveres en esa zona, algunos atascados en las piedras del río incluso.

Cada día, desde el 11 de septiembre, presta atención a los cadáveres que ve en esa parte del recorrido, por si conoce a alguno. Es lunes 24 de septiembre. Algo le llama la atención. Detiene el camión. Son unos 15 bultos. El Chicho se acerca y descubre que son personas asesinadas a bala.

El Chicho está helado: uno de los cadáveres es el de su padre. Hasta ese momento, estaba seguro de que su padre estaba detenido en la subcomisaría de Recoleta y que esa mañana lo dejarían en libertad. Al lado del cuerpo de su padre hay el de un vecino de la Roosevelt, los demás deben ser los detenidos ayer. Da aviso a la policía y avisa a los vecinos de la Roosevelt, a su familia. Ve cuando llegan ambulancias y vehículos del Servicio Médico Legal (SML) a retirar los cuerpos.

Mientras las familias van a preguntar al Estadio Nacional por los detenidos, vehículos del Servicio Médico Legal se llevan los cuerpos. Chicho va allí a reconocer oficialmente a su padre, otra vez, en esta ocasión para prevenir que no fuera a dar a una fosa común y poder darle digna sepultura. Nunca más en su vida va a creer en la palabra de un uniformado.

Las otras familias se van enterando por boca a boca que, posiblemente, sus parientes detenidos podrían haber aparecido muertos a balazos en los eriales de la Panamericana Norte y que sus cadáveres estarían ya en la morgue, en el Servicio Médico Legal. También se enteran de que deben apurarse en identificar a sus parientes, ya que la morgue está colapsada e iban poniéndole NN a todos los cuerpos encontrados. Para el 26 de septiembre, tres días después del allanamiento, la mayor parte de las familias había reconocido a sus parientes asesinados y retirado sus cuerpos. En el SML les habían hecho autopsia a todos ellos.

 

La masacre

Fueron asesinados a balazos durante la noche del 23 y la madrugada del 24 de septiembre. Al amparo del toque de queda, con la seguridad de tener sometida a la comunidad, el territorio, el país y el destino de los detenidos. Los detenidos durante el allanamiento fueron seleccionados para morir. Eso no lo sabían los pobladores de la Roosevelt, pero sí lo sabían los militares, carabineros y detectives que decidieron su muerte. Toda la escasa información que dieron a las familias y a los detenidos el día 23 –que saldrían libres a la mañana siguiente, que fueron llevados al Estadio Nacional– resultó mentira.

Las autopsias, lo que vio Patricio Pinto, lo que vieron todos los familiares que fueron a reconocer los cadáveres a la morgue, fueron “heridas de bala en la cabeza y en el vientre”. Los informes de autopsia dieron más o menos detalles de los asesinatos. Desde un simple “heridas múltiples a bala” o “herida a bala craneoencefálica y torácica complicada” a algo más de detalle como en el caso de mi tío Jorge: “heridas de bala craneoencefálica, las abdominales torácicas, con salida de proyectil”; o en otros casos: “herida a bala craneoencefálica, necesariamente mortal y del tipo que en Medicina Legal se denomina de larga distancia”, y algunas con detalles de las trayectorias de las balas “la herida a bala craneoencefálica con salida de proyectil, lo que es necesariamente mortal, la trayectoria del disparo evidencia de atrás adelante” o “la herida de bala con salida de proyectil, craneoencefálica, lo que es necesariamente mortal y el trayecto de la bala es de derecha izquierda, arriba abajo y atrás adelante”.

Antes de matarlos, les habían pintado la frente de rojo a los detenidos que supuestamente estaban destinados al Estadio Nacional, y de amarillo a quienes eran delincuentes “comunes”, diferenciándolos de los “políticos”, según relata el ex carabinero Juan Fernando Delgado Campos.

Les asesinaron estando los detenidos arrodillados, indefensos, cabizbajos, hambrientos, con sed, torturados. Los asesinos estaban de uniforme, de pie y a distancia, como para no mancharse de sangre ni errar el tiro.

Un sobreviviente anónimo malherido contó a la señora Rosa Cerda Pizarro que se les “ejecutó al interior de la unidad policial” y “que a su marido lo amarraron con alambre de púas y en la comisaría le dispararon un balazo”. El sobreviviente murió poco tiempo después por no poder atender sus heridas en los hospitales vigilados por los golpistas. Los cuerpos posiblemente fueron trasladados en camiones y arrojados en la ribera del río Mapocho.

El mando militar

El allanamiento de la Población Roosevelt no fue el único en la zona. Era algo habitual. El Regimiento Buin estaba al mando de la Zona Norte (en ese entonces las comunas de Conchalí, Renca y Quilicura). Todas las poblaciones alrededor del Regimiento Buin para el 23 de septiembre habían sido o serían allanadas. A la población Quinta Bella no solo la habían allanado, incluso le habían cambiado el nombre a “Quinta Buin”.

Patrullas del regimiento en camioneta circulaban por la zona durante las horas del toque de queda, disparando sin orden de “alto” a quien vieran desplazarse por calles y pasajes de los barrios. Un reguero de cuerpos amanecía cada madrugada esperando ser recogidos para llevarles, con suerte, al SML.

El mando en la Zona Norte de Santiago estaba en manos de los coroneles Felipe Geiger Sthar y Hugo Gajardo Castro, comandante y subcomandante respectivamente del Regimiento Buin. Ellos articulaban la acción de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en toda la zona, sometiéndoles a su mando y ordenando el alcance de su trabajo.

Los allanamientos se hacían por orden y necesidad del Regimiento Buin. El destino de los detenidos respondía a esa orden y a esa necesidad. En su declaración, el ex subcomandante Gajardo lo expone claramente: “ellos se encargaban de efectuar el allanamiento a las viviendas en busca de armamentos, propaganda subversiva o planes para atacar los cuarteles militares”. Propaganda subversiva entonces era cualquier imagen o texto producido hasta una semana y media antes en un país con gobierno socialista y un parlamento con representación gobiernista de casi un 50%. Hasta un televisor Antu era propaganda subversiva entonces. ¿Los vecinos atacar el Regimiento Buin? ¡Si sus hijos hacían el servicio militar allí! ¡Iban orgullosos a verlos en la Parada Militar local todos los 19 de septiembre! Menos ese año trágico cuando los milicos del regimiento pasaron de ser orgullo a ser traición del barrio.

El mando, en los allanamientos y en todo, en esos momentos estaba en manos de los comandantes del Regimiento Buin. Tras el allanamiento, la esposa del, en ese momento, detenido Juan Orellana Alarcón, doña Rosa Cerda, vio cómo en la subcomisaría había “un movimiento inusual de militares, carabineros y (policías) civiles”. Los detectives de la Policía de Investigaciones de la zona también trabajaban para el Regimiento Buin, incluso con presencia militar en su comisaría.

La condena en la sentencia

El juicio sobre la Masacre de la Población Roosevelt proviene de una querella impulsada por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, organización que a contar de 2009 fue interponiendo querellas por todos los casos no investigados anteriormente de ejecuciones políticas durante el golpe y la dictadura militar.

El juez Mario Carroza Espinosa, ministro en visita extraordinario en la Causa rol 206 2010 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, sobre la Masacre de la Población Roosevelt, dictó sentencia en enero de 2017, condenando en ella al entonces capitán de Carabineros Alejo Patricio López Godoy y al entonces también capitán de Carabineros José Alejandro González Inostroza, a cada uno de ellos a la pena única de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, en calidad de autores de la masacre. Y al entonces suboficial de Carabineros, Orlando Marcial Umanzor Gutiérrez, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como cómplice. A todos ellos les condena además a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos; inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa por los delitos reiterados de homicidio calificado en las personas de Miguel Segundo Orellana Barrera, Jorge Bernardino Pinto Esquivel, Sergio Hugo Muñoz Maturana, Martín Segundo Saravia González, y de Juan Humberto Alberto Orellana Alarcón, Jorge Nicolás Lira Yáñez, Juan Jorge Coria Calderón, Jaime Iván Meneses Cisternas, Guillermo Vásquez Romo, Juan Eliseo Rojas Acevedo, Nardo del Carmen Sepúlveda Mancilla y Ramón Osvaldo Jara. La sentencia absuelve de los mismos delitos a los entonces carabineros Héctor del Carmen Martínez Soto y Luis Humberto Solís Lillo.

Esta sentencia fue apelada por los condenados y está a la espera de la resolución.

Falencias en la sentencia

Poca gente sabe de la Masacre de la Población Roosevelt. Puesto que si bien la gente de esa comunidad lo vivió como una masacre y sufrió los efectos que una masacre de este tipo buscaba (la inmovilización, el terror, el silencio y, en último término, el olvido) la sociedad chilena y latinoamericana no lo pudo percibir así pues una de las labores del régimen de terror instalado a partir de la mañana del 11 de septiembre en Chile fue impedir por todos los medios que la sociedad chilena supiera la magnitud exacta de los crímenes que el Estado chileno, bajo administración militar, iba cometiendo. A ese régimen solo le interesaba que la sociedad sintiera la magnitud de sus crímenes y que eso sirviera para sojuzgarla, someterla y controlarla.

Es difícil comprender las dificultades de un juicio de este tipo, que pretende llevar luz sobre crímenes y criminales de hace más de 40 años. Se deben tomar en consideración el tiempo, los recursos materiales y humanos, las limitaciones de la ley y sobre todo las limitaciones extrajudiciales en todo juicio que afecta a la historia de un país y a las versiones construidas sobre ese tiempo pasado.

Las falencias de la sentencia son efectos de lo que logra: encontrar culpables de un crimen, una masacre, que afectó a toda una comunidad compuesta por la Población Roosevelt y barrios aledaños, todos ellos limítrofes con el Regimiento Buin y con la presencia de los carabineros de la, entonces, Subcomisaría Recoleta, de cuya jurisdicción era territorio esa zona de Santiago.

Esos culpables encontrados ocultan a otros, necesariamente implicados en este crimen masivo: al menos a los oficiales a cargo del Regimiento Buin, los coroneles Felipe Geiger Sthar y Hugo Gajardo Castro, de quienes provenían las órdenes para allanar poblaciones en toda la zona norte de Santiago. Las órdenes, el objetivo, la planificación y realización de esos allanamientos y la distribución de roles durante su realización. La comunicación entre Carabineros, Regimiento e Investigaciones en esos momentos es permanente y la presencia de militares en la comisaría está certificada testimonialmente. La masacre de la Población Roosevelt se hace por orden y necesidad del Regimiento Buin. Por ello, los autores intelectuales de esta masacre, los militares, así como los cómplices de la Policía de Investigaciones, con esta sentencia, quedan impunes.

Otro crimen que queda impune es el genocidio sobre una clase de personas que es denominada “delincuencial”. Se selecciona a los “delincuentes” por el aspecto, por si llevan marcas, cicatrices, secuelas de heridas de arma blanca o de fuego. Los “delincuentes” lo son por cómo se ven o visten o hablan. Ya están condenados a muerte y se les pinta de amarillo la frente. Es una actitud genocida respecto a la clase “delincuencial”, de los militares y las dos policías chilenas.

Respecto a los “políticos”, es claro que hubo una persecución específica, sin el azar o la geografía del allanamiento, ejemplificada por el caso de mi tío Jorge a quien una patrulla militar fue a buscarlo donde se encontraba. Se buscaba eliminarlos pues ellos eran el enemigo político.

Muy posiblemente hubo otros muertos en esta masacre, los detenidos llevados ese día en las liebres Portugal-El Salto fueron más que los cuerpos encontrados en la Panamericana Norte. Esas personas no entran en esta sentencia ni probablemente en ninguna investigación judicial.

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Se conocieron los fallos de la Corte Suprema en dos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura por tropas uniformadas del Ejército en diversas comunas de la capital. Los delitos de cometieron a fines de 1973, en la comuna de Santiago y comienzos de 1974 en la comuna de Conchalí.

Confirman condena a dos ex oficiales de Ejército por crimen de poblador de Conchalí.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a los ex oficiales de Ejército Patricio Sergio Román Herrera y Aldo Daniel Véliz Vargas a la pena de 7 años de presidio por su responsabilidad en el secuestro calificado de Agustín Sergio Corvalán Cerda, de 20 años de edad, perpetrado en enero de 1974 en la comuna de Conchalí. A la época de los hechos, ambos condenados eran oficiales de inteligencia en el Regimiento Buin, de Santiago, y ambos se retiraron con el grado de brigadier de Ejército.

En la sentencia (rolo 27.625-2019),  la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la abogado (i) Leonor Etcheberry- rechazó los recursos de casación interpuestos por los condenados, descartó falta de fundamentación en la sentencia impugnada y consideró que los recursos de casación no pueden prosperar al estar mal presentados.

En la investigación judicial queda establecido que el día 19 de enero de 1974, en la Población Nueva Esmeralda, Comuna de Conchalí, se origina una riña en la que participan Agustín Corvalán, Juan Carlos Loyola y Luis Ortega por una parte y por la otra, Pedro Chepe y los hermanos Elías y David Alegría, en vista de lo cual uno de los hijos de la familia Alegría, Octavio, que se encontraba realizando su servicio militar en el Regimiento Buin, efectúa la denuncia a Carabineros y al Regimiento Buin, que se encontraba a cargo del coronel Felipe Geiger Stahr y del teniente coronel Hugo Gajardo Castro.

El personal de Carabineros de la Subcomisaria Villa Moderna, concurre al lugar y procede a la detención de los hermanos Luis Alfredo, Víctor, Francisco y Agustín Corvalán Cerda, y los traslada hasta la unidad policial.

Con posterioridad a esas detenciones, llega hasta la población un bus con personal militar, entre los cuáles se encontraba Octavio Alegría, y aprehenden a Juan Carlos Loyola y a los hermanos Luis y Carlos Ortega, a quienes suben al vehículo y con ellos se dirigen hasta la unidad de Carabineros, donde recogen a los otros detenidos, entre ellos los hermanos Corvalán Cerda, y los llevan a todos al Regimiento Buin, donde quedan a disposición del personal de la Sección Segunda.

En el lugar, tanto la víctima como sus hermanos y amigos son interrogados y torturados. Al mismo tiempo, los encargados de la Sección Segunda, el capitán Carlos Enrique Rudloff Molina y el teniente Patricio Román Herrera, emplazan a un soldado conscripto del Regimiento que era amigo de los detenidos, para que les diga cuál de todos ellos "es el más peligroso»; ante eso el conscripto les manifiesta que el más valiente de todos era Agustín Corvalán.

Luego de días de encierro y los interrogatorios bajo tortura, el día 25 de enero de 1974, a los siete detenidos se les comunica que serán dejados en libertad, salvo Agustín Corvalán, quien es llevado hasta las oficinas de la Sección Segunda, donde se le mantiene por un tiempo prolongado, hasta el momento en que lo sacan acompañado de dos hombres que vestían de civil.

A los demás detenidos les permiten salir paulatinamente del Regimiento. Una vez que fueron liberados, se reúnen a las afueras del recinto, donde se percatan que Agustín Corvalán no se encontraba entre ellos, retirándose todos a sus domicilios sin noticias de su paradero.

Al día siguiente, el 26 de enero de 1974, un tercero encuentra el cuerpo sin vida de Agustín Corvalán Cerda, en calle Américo Vespucio, determinándose que la causa de su muerte fueron cuatro heridas a bala sin salida de proyectil.

Extraída de El Ciudadano.

Confirman condena de ex oficial de Ejército por crimen de joven al interior del Liceo Darío Salas en la comuna de Santiago.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al ex oficial de Ejército Carlos Patricio Chacón Guerrero a la pena de 5 años de presidio (con el beneficio de la libertad vigilada) por su responsabilidad en el homicidio del joven Sergio Osmán Negrete Castillo, de 19 años de edad, ocurrido el 17 de noviembre del 1973 al interior del Liceo Darío Salas, ubicado en la comuna de Santiago.

En la sentencia (rol 43.973-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y la ministra María Teresa Letelier- descartó infracción en el fallo que condenó al militar por el homicidio del joven de 19 años.
En la investigación judicial quedó demostrado que en horas de la tarde del día sábado 17 de noviembre de 1973, efectivos de la 5ª Compañía del Batallón Curso Militar de la Escuela a cargo del Capitán Carlos Chacón Guerrero, se constituyen en dependencias del Liceo Darío Salas ubicado en calle Avenida España de la comuna de Santiago, a fin de realizar un allanamiento destinado a ubicación de armas al interior del recinto.

Durante el operativo militar, se mantuvo en calidad de detenidos en un sector del local a los civiles que se encontraban al interior del establecimiento educacional, custodiados por efectivos militares. Antes que el allanamiento llegara a su término, uno de detenidos, Sergio Negrete Castillo, decide huir y corre hacia una de las panderetas divisorias, que colindan con otros inmuebles

Al ver la acción del joven, los cadetes que se encontraban en el lugar le dan la orden de detenerse y, como el joven no acata, le disparan; uno de ellos lo hace directamente al cuerpo, en los momentos en que la víctima pretendía traspasar el muro colindante, ocasionándole heridas que le causan la muerte.
Ante lo ocurrido, el entonces capitán Chacón Guerrero, que se encontraba al mando del destacamento, toma la decisión de culminar con el operativo y le ordena a su segundo en el mando, el teniente Carlos Hernán Carreño Barrera, que el cuerpo sin vida de la víctima, fuera trasladado en uno de los vehículos hasta el Instituto Médico Legal, cuestión que ocurre a las 17:30 hrs. del mismo día.

por Darío Núñez