Penitenciería de Santiago

La Penitenciería de Santiago, ubicado en Pedro Montt 1638, Comuna de Santiago, fue utilizada como recinto de detención de presos políticos.  Se registran casos de detenidos políticos durante todo el régimen militar, concentrándose la mayor cantidad de detenidos los años 1973, 1974, 1975, 1986 y 1988. De acuerdo a los testimonios, las personas eran enviadas a este recinto después de haber transitado por otros donde ya habían sido interrogadas y torturadas. Al llegar quedaban incomunicados por largos períodos, sometidos a un duro régimen carcelario y malos tratos. En ocasiones la recepción incluía el callejón oscuro. Durante su permanencia sufrieron golpizas con sables, lumas y puntapiés; allanamientos intempestivos; frecuentes traslados a otros lugares,en donde eran maltratados y golpeados. Insultos y amedrentamientos. Entre 1973 y 1977, los prisioneros podían ser trasladados para ser interrogados, a otros recintos. Durante la década de 1980, algunos declarantes fueron interrogados y torturados al dentro del recinto por agentes de civil, especialmente de la CNI. Ocurrió frecuentemente que los detenidos fueran trasladados desde un recinto penal a otro.

Fuentes de Información: Informe Valech;  Memoriaviva

Desde el 18 de octubre se ha vuelto a presenciar la prisión política masiva: al menos 2500 personas han estado en prisión preventiva por hechos vinculados a la revuelta. Pero lo cierto es que este método de represión ha sido una constante para quienes han participado en procesos de movilización social y no acabó con la dictadura.

A partir del 18 de octubre del 2019 Chile comenzó el periodo de movilización más importante desde el término de la dictadura, las cacerolas junto a las cucharas de palo, los cortes de tránsito, las marchas masivas, las asambleas territoriales, se tomaron la agenda pública y volvieron a levantar las consignas por la reivindicación de los derechos básicos que se silenciaron y se plantearon como secundarios por tanto tiempo.

Entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, 5.558 personas denunciaron haber sido víctimas de violaciones a derechos humanos, 4.170 de las denuncias fueron contra Carabineros de Chile. 31 personas fallecieron en contexto de manifestación, 4 de estos casos son atribuibles a agentes del Estado, 38 de estos funcionarios han sido formalizados por algún delito[1].

Los números les han sido incómodos al gobierno de Sebastián Piñera, a Carabineros y militares, quienes hasta la fecha no han asumido responsabilidad en casos que conmocionaron al país como el de Gustavo Gatica, el joven que perdió ambos ojos por perdigones disparados por la policía, mucho menos han pensado en la reparación de las miles de víctimas de la violencia estatal corroborada por al menos cuatro instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Actualmente, alrededor de 2500 personas han estado en prisión preventiva por hechos vinculados a la revuelta, aunque no existe un número exacto[2], la Fiscalía Nacional publicó el 31 de enero de este año, que entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre se dictó prisión preventiva para 4032 personas. Muchas de ellas víctimas de detenciones ilegales, seguimiento de parte de funcionarios policiales, golpizas, etc.

Según el balance del Poder Judicial publicado el 30 de abril de este año[3], de los 88.997 imputados que pasaron a Audiencia de Control de Detención, entre el 18 de octubre de 2019 y el 17 de enero de este año, se declaró ilegal la detención de 1.956 de ellos. El pasado 20 de febrero la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich[4], comunicó que las detenciones ilegales entre octubre y enero, subieron un 77,7% comparado al mismo periodo del año 2018, así consignó el medio El Mostrador a través de su página web.

Miles de personas están enfrentando procesos judiciales por verse vinculadas a la protesta, que a través de espacios de organización como la Coordinadora por la Libertad de las y los Presos Políticos 18 de Octubre o la Agrupación de Familiares y Amigos de las y los Presos Políticos Guacolda, han ayudado a refrescar la memoria: la prisión política no acabó con la dictadura.

Prisión preventiva como prisión política

El 21 de octubre de 2019, tres días después del comienzo de la revuelta, los cacerolazos ya eran parte del cotidiano, en los puntos de encuentro de cada territorio se juntaban vecinos y vecinas con cuchara y olla a protestar. Ese día en la población Boca Sur, en Concepción, les tocó escapar de las lacrimógenas y los perdigones de Fuerzas Especiales. Ignacio Matus (23) había tenido una operación de rodilla un poco antes de que comenzara la revuelta y se quedó atrás: "Me golpearon, me amenazaron sin justificación, todo pasó tan rápido de un momento a otro me vi esposado, con la cara toda desfigurada camino a la cárcel… después de ese día estuve 6 meses preso", cuenta Matus.

Ignacio

Ignacio fue acusado por porte de munición bajo la Ley de Control de Armas y recién al tercer mes de prisión preventiva tuvo la primera audiencia para revisar la medida cautelar. El procedimiento policial arrojó que no tenía residuos de disparo en sus manos y tampoco presentaron imágenes que lo vincularan a algún hecho.

Él, su familia y vecinos acusan montaje de parte de Carabineros de la 6ta comisaría de San Pedro de la Paz. Desde el 1 de abril se encuentra con arresto domiciliario total, pero aún no tiene claro cuándo ni cómo terminará su proceso judicial: "Al principio me tocó un mal abogado, él quería que yo asumiera la culpa para que las penas que arriesgo fueran menores. Yo lo encontraba absurdo porque no hice nada, todo es un montaje, todo el mundo sabe que es un montaje… ellos para justificar como me desfiguraron el rostro y las condiciones en las que me dejaron, me cargaron con dos cartuchos y me mandaron preso, así de vulnerables estamos", explica Ignacio.

Tanto las organizaciones de familiares y amigos de los prisioneros políticos, como abogados dedicados al área de derechos humanos, han denunciado la utilización de la prisión preventiva de manera desproporcionada para quienes han sido detenidos por razones vinculadas a la protesta. En casos que en otro contexto serían una falta, para la que no aplicaría prisión preventiva (la medida cautelar más dura del sistema procesal chileno), se ha decidido aplicar.

El 30 de octubre de 2019 fueron detenidos Rubén Rivas, Esteban Bustos y Gilberto Mendoza, cada uno en distintos puntos, los tres militantes del Movimiento Juvenil Lautaro. Efectivos de la 51 Comisaría de la comuna de Pedro Aguirre Cerda (misma comisaría que hizo noticia por violencia sexual hacia un joven) junto a personal del OS9 (Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales) de Carabineros los acusaron de prender una barricada en las vías del tren que atraviesa la comuna: "Nos dicen que ellos sabían que nosotros éramos del grupo juvenil Lautaro y que íbamos a hacer cana, nos dicen el artículo por el cual nos iban a procesar incluso", cuenta Rubén Rivas.

Ruben

A los tres detenidos, la Fiscalía los acusa de obstaculizar la línea férrea provocando peligro de descarrilamiento, bajo la Ley de Ferrocarriles, además el Ministerio del Interior se querelló por Ley Interior del Estado. Rubén cuenta que no existen pruebas fotográficas, ni videos que los vinculen al hecho del cual se les acusa, sin embargo fueron enviados a cumplir prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad: "Nos llevaron a máxima seguridad porque 'pertenecemos a grupos antisistémicos y podíamos provocar motines", dice.

Cumplieron casi seis meses de prisión preventiva, en régimen de alta seguridad, con 21 horas de encierro al día y sin visitas conyugales. Tuvieron tres cambios de medida cautelar a arresto domiciliario en las que la Corte de Apelaciones revocó la medida y volvieron a prisión. El 9 de abril les dieron arresto domiciliario nuevamente y el 15 la Corte de apelaciones ratificó la decisión.

La criminalización de quienes protestan es una constante en la historia chilena, de manera más visible desde el 18 de octubre en adelante, pero siempre ha existido. Con la revuelta aparece la prisión preventiva como un instrumento de control social de poblaciones, así lo explica el analista político Rafael Agacino: "En particular de la gente joven, de sectores más bien populares que han salido a manifestarse de manera pública ocupando mecanismos de autodefensa frente a las fuerzas policiales, reclamando por las injusticias sociales", y agrega: "Lamentablemente se habla de prisión política como aquel caso circunscrito a la dictadura, por lo tanto en democracia no habrían presos políticos, dejando fuera a los presos mapuche o de la revuelta, pero eso es evidentemente una prisión política".

La herencia de la prisión política

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, dio paso a uno de los peores regímenes dictatoriales de Latinoamérica, encabezado por los altos mandos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En 1974 se creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y posteriormente la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismos que cumplieron un rol crucial en la represión de la época.

Durante 17 años todas y todos quienes se opusieron al régimen y/o habían sido afines a la Unidad Popular u organizaciones de izquierda fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados, incluso desaparecidos. Existe hasta el día de hoy un debate respecto a los números de víctimas, pero el Estado reconoce más de 3000 víctimas, 1169 detenidas desaparecidas, y casi 200 mil exiliadas. Según información recopilada por la Comisión Valech 33.916 personas fueron víctimas de prisión política y tortura (Valech 1: 24.019 + Valech 2: 9.795, más cifra de menores de edad: 102), aunque se sabe que no todos quienes pasaron por esta experiencia prestaron declaración ante esta comisión, por ello se estima que esta cifra es aún mayor. Es importante destacar que la comisión Valech delimitó la población que calificaba para ser parte de la cifra, dejando fuera las detenciones masivas durante las protestas que se iniciaron en 1983.

Guillermo

Era el 7 de diciembre de 1981, en la Galería número 2 de la Cárcel Pública estaban los presos políticos junto a otros presos vigilados por Gendarmería. Ahí estaba Guillermo Rodríguez junto otros tres presos políticos y cuatro presos comunes, con vómitos, diarrea, pérdida de visión, mareos. Al principio todos pensaron gastritis, podía ser, las condiciones sanitarias de la cárcel lo justificaban.

Tres días después se confirmó que estaban sufriendo intoxicación botulínica, pasaron todos por distintos hospitales, Gendarmería los separó porque plantearon que podía tratarse de un plan de fuga. Estuvieron conectados a respiradores mecánicos en espera del tratamiento adecuado para revertir la toxina, porque este no estaba disponible en Chile. La prensa se demoró casi un mes en mencionar que se trataba de intoxicación botulínica y se le atribuyó a tomates en conserva.

La realidad fue otra: Guillermo había sido víctima de la prueba de un arma química producida por la CNI. Junto a él, otros siete presos fueron afectados y dos de ellos murieron. El resto tiene secuelas hasta hoy.

Guillermo Rodríguez (68), comenzó a militar en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el liceo, cuando entró a la universidad en 1970 le tocó asumir tareas de seguridad para el presidente Salvador Allende, así que dejó de estudiar. Cuando ocurrió el golpe de Estado resistió de manera armada, ahí fue su primer encuentro con la prisión política.

Fue encarcelado dos veces durante la Dictadura, torturado y sometido a Consejo de Guerra en 1974 y nuevamente en 1981. En total estuvo 13 años privado de libertad, en la Cárcel Pública En 1992, Guillermo salió en libertad de la misma cárcel en la que trataron de matarlo.

Han pasado 39 años y las condiciones político sociales no son las mismas, pero: "La represión actual es nada más que la continuidad de la represión de otros momentos, con nuevas técnicas, aprendizajes, mecanismos. Los aparatos represivos de la dictadura nunca terminaron, solo sufrieron algunos acomodos dado los cambios políticos, pero, en esencia, son herencia y superación de los aparatos y formas de ayer", cuenta Guillermo desde su experiencia.

La prisión ha sido un recurso permanente como método de control de los procesos de movilización relevantes, incluso desde antes de la dictadura, sin embargo, es ésta la que deja como legado el encubrimiento de la violencia de parte del Estado, así lo explica el historiador Mario Garcés: "En dictadura comienza la negación, el encubrimiento y la desaparición de los medios democráticos. Esa tendencia no se modifica de manera importante, en la transición se estructura una red de medios muy afines al Estado".

Cecilia

María Cecilia Marchant (69), tenía 21 años cuando fue el golpe de Estado, era estudiante de pedagogía en Química en la Universidad de Chile en La Serena, también era militante del MIR. Le llegaban periódicamente ejemplares del diario El Rebelde a su casa para que ella pudiera entregarlos, piensa que así pudieron localizarla para arrestarla: "Me llevaron al regimiento y tengo como una semana perdida en mi cabeza, no sé qué pudo haber pasado ahí", cuenta Cecilia.

Llegó al Buen Pastor, un centro de detención de mujeres en La Serena, no era exactamente un centro de tortura física, pero sí psicológica, estuvo cuatro meses ahí, uno de ellos completamente incomunicada: "Lo que se sabe de esa época nos tocó a todos igual, tal vez unos más otros menos, pero el sufrimiento, la tortura en mayor o menor grado, todos la sufrimos", explica.

Era el Regimiento Arica donde las llevaban para torturarlas, amenazarlas, interrogarlas. Los relatos de la época cuentan que los presos y presas que pisaban ese lugar eran incomunicados, privados de alimentos, agua y sueño, en celdas de un metro cuadrado; colgamientos, quemaduras, ingesta de excrementos, simulacros de fusilamiento, fracturas de dedos, por mencionar algunas técnicas de tortura que ocupaban los militares para amedrentar a los y las opositoras.

Cecilia cuenta que la resistencia en el Buen Pastor se basaba principalmente en apoyarse y contenerse mutuamente, para lograr cuidar su salud física y mental antes y después de pisar el Regimiento Arica: "El cuento era que a nosotras nos llevaban al regimiento y volvíamos mal, de alguna manera teníamos que hacer lo posible por estar bien colectivamente (…) cantábamos canciones que en ese momento eran peligrosas, cantábamos hasta el Venceremos", cuenta Marchant.

En dictadura también se implementaron las operaciones masivas de allanamiento en poblaciones donde se detuvo a todo quien pareciera opositor y marcaron profundamente el periodo, una violación al territorio popular. Se llenaron estadios e instalaciones militares de personas que podrían ser un peligro para el régimen: "Yo tengo la estimación de que la detención en allanamientos comprometió a varios miles en Santiago. Hay informes del año 83-84 que plantean que la cifra de detenidos es sobre 30 mil", indica el historiador Mario Garcés.

Las detenciones masivas también marcaron la revuelta, de manera distinta, pero lo hicieron. Según información entregada por el Ministerio del Interior 27.386 personas fueron detenidas entre el 19 de octubre de 2019 y el 19 de marzo del 2020.

Otra de las características del proceso generado después del 18 de octubre son las detenciones selectivas, en ese sentido Garcés nos comenta: "El Estado eligió un camino complementario a la prisión directa, que son los seguimientos de inteligencia, aprovechando los nuevos avances tecnológicos, el uso de celulares, cámaras escondidas. Las pruebas que se introducen a Fiscalía tienen que ver con estos registros de la policía o sus agentes", comenta el historiador.

Prisión política en democracia: la lucha del pueblo Mapuche

A fines de los noventa y principio de los dos mil se intensificó la lucha acérrima del pueblo mapuche por la restitución de su territorio sagrado, que se les arrebató y luego ocupó para extracción de materias primas con fines comerciales, como lo han hecho ya durante años las celulosas y forestales.

Existieron, en los primeros años de la vuelta a la democracia, promesas de reconocimiento constitucional de autonomía para el pueblo mapuche y sus tierras ancestrales de parte de la clase política, pero ninguna se concretó realmente y el conflicto en la zona se tornó más duro año tras año, obligando a la nación mapuche a enfrentarse al poder económico y político por la defensa de sus costumbres, creencias y territorio.

En este marco el pueblo mapuche en resistencia ha sido blanco de represión de parte del Estado, siendo la cárcel un ejemplo, pero también el asesinato por parte de efectivos policiales: Alex Lemun, Matías Catrileo, Agustina Huenupe, Rodrigo Melinao, son algunas de las víctimas de la represión del Estado en los últimos años.

Héctor

Héctor Llaitul (52) es vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización por la defensa y restitución de los derechos fundamentales de la nación mapuche. Ha sido criminalizado, catalogado como terrorista, perseguido y por supuesto objeto de prisión política en más de una ocasión: "No recuerdo bien la cantidad de procesos que me ha tocado asumir… en suma he estado 9 años en prisión. La vez anterior fueron como 6 años enmarcado en la lucha de reivindicación territorial y la última vez fue por el Caso Huracán" cuenta Llaitul.

En septiembre de 2017 ocho comuneros mapuche fueron detenidos por Carabineros de Chile por supuesta asociación ilícita, entre ellos estaba Héctor Llaitul. La Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Carabineros en la Araucanía, que fue levantada por quien en ese entonces era director general de la institución, Bruno Villalobos, y liderada por Gonzalo Blu, presentó mensajes de WhatsApp que supuestamente vinculaban a los detenidos con ataques incendiarios en el sur. La Fiscalía Regional de la Araucanía descubrió inconsistencias en los informes de carabineros y los celulares incautados de los detenidos, lo que llevó a la conclusión de que los aparatos habían sido intervenidos.

Así quedó en la historia la Operación Huracán, se dejó en libertad a los comuneros mapuche detenidos y se abrió un proceso de investigación a Carabineros por intervenciones ilegales y montaje: "Retrata una posición oficial del Estado chileno, aquí hubo responsabilidades políticas como la de Blu, que salvaguarda los intereses de los poderosos", dice el vocero de la CAM. Respecto a la reparación posterior del montaje, Héctor explica que no hubo: "Nosotros nos la bancamos. Hay un escenario de beligerancia que lo pone el estado, prácticamente de guerra. Nos tratan a nosotros de terroristas y delincuentes tergiversando nuestra lucha y su trasfondo".

Hay hitos que marcaron la historia de la prisión política mapuche, como la huelga de hambre del 2010-2011 contra la Ley Antiterrorista, que duró casi 90 días o el caso de Lorenza Cayuhan, que, en 2016, mientras cumplía condena por un supuesto robo vinculado a la Forestal Arauco, fue obligada a parir engrillada. La violencia en el Wallmapu no ha cesado, bien lo sabe la familia de Camilo Catrillanca el comunero mapuche asesinado a fines de 2018 por el Comando Jungla, quienes además ocultaron la evidencia que les inculpaba.

Hoy sigue existiendo la represión para el pueblo mapuche que se opone al Estado, en la Cárcel de Angol y Temuco los prisioneros políticos mapuche se encuentran en huelga de hambre por condiciones sanitarias de los recintos, entre los huelguistas se encuentra el machi Celestino Córdova, en su quinta huelga de hambre. Una de las voceras de Córdova, Giovanna Tabilo comunicó el pasado 12 de mayo, que se encuentra en un estado de salud severamente deteriorado tras la huelga de hambre, exigen que gendarmería se haga cargo de su estado de salud y que se le permita cumplir condena en su territorio.[5]

Llaitul cuenta: "Estamos claros que por las vías institucionales o políticas no vamos a restituir nuestros derechos, recuperar el territorio y la libertad para autogobernarnos como nos heredaron nuestros antiguos, el desarrollo de nuestras fuerzas va por fuera de la institucionalidad que nos oprime".

¿Cómo se resiste a la prisión política?

En julio de 1975, la Dina intentó ocultar la detención y desaparición de 119 personas, opositoras al régimen de Augusto Pinochet[6], afirmando que habían muerto producto de pugnas internas y enfrentamientos con fuerzas policiales en otros países(de aquí nació el famoso titular de La Segunda: "Exterminados como ratas"). En esa ocasión, casi 100 prisioneros del campo de detenidos Melinka de Puchuncaví, dieron inicio a la primera huelga de hambre en dictadura con el fin de denunciar que se trataba de un montaje y dar testimonio del paso de esos detenidos por los recintos de la Dina.

Las formas de resistencia en la prisión política no son iguales en todos los recintos de detención y sin duda se han modificado a lo largo de los años, pero siempre han existido, a veces es organización, huelga de hambre, métodos clandestinos, pero otras veces es un abrazo o canción, compañía, silencio: "La fortaleza ideológica y el carácter de cada uno pueden convertir la cárcel política también en una trinchera de lucha, en espacios para crecer con el arte, la ciencia, la actividad deportiva o física. Evitar la arrogancia, el egoísmo, el sálvate solo, el respeto, la humildad, el valor, son elementos que ayudan mucho", explica Guillermo Rodríguez.

Para Héctor Llaitul la resistencia es no perder el horizonte, confiar en la razón: "Así lo entendemos nosotros los weichafe cuando luchamos de frente, porque se trata de reestablecer formas de vivir que son absolutamente legítimas. Eso nos da un aliciente que en el mundo mapuche se conoce como el newen y un término más profundo es lo que nosotros entendemos como el feyentun mapuche: creer y tener la convicción de soportar cualquier costo que debamos pagar", dice.

Hay quienes plantean que en democracia no existe la prisión política, como lo mencionaba antes Rafael Agacino, asociándose esta solo a la dictadura, judicialmente no se habla de prisión política, no se reconoce, pero desde el 18 de octubre en adelante, con los encarcelamientos masivos se ha vuelto a reactivar esta discusión con más fuerza.

Las organizaciones de amigos y familiares de los presos políticos han jugado un rol fundamental de articulación y organización para buscar justicia en el caso de los alrededor de 2500 presos y presas de la revuelta. Rubén Rivas cuenta que la Agrupación Guacoldas, que jugó un papel crucial en los noventa para la liberación de los presos políticos, se rearticuló por su caso y el de sus compañeros.

Además, nació la Coordinadora por la liberación de los Presos Políticos 18 de Octubre, en un comienzo para juntar a las y los familiares y amigos de las y los presos, para lograr conocerse, contenerse, visibilizar y buscar mejores estrategias para conseguir justicia. Hoy son una organización que exige la liberación de todos los y las presas políticas, no solo los y las del 18 de octubre en adelante.

Rubén y sus compañeros lautarinos llevaron a cabo una huelga de hambre desde el 10 de diciembre del año pasado, Día internacional de los derechos humanos, en forma de manifestación por la libertad y cese de violación de los derechos. Duró 16 días.

Por su lado Ignacio Matus tuvo la sensación de que la prensa no lo estaba contando todo y junto a su compañero, Carlos Peyrín, sacaron el fanzine Capuche, desde la Cárcel de Concepción para contar, en primera persona, la realidad de la prisión política: "Los medios de comunicación son totalmente parciales, muestran lo que les dejan mostrar no más, no van a mostrar que Juanito Pérez está preso injustamente, esas son las cosas que nosotros como pueblo debemos resaltar", dice Ignacio.

Cecilia Marchant, presa política durante la dictadura, respecto al no reconocimiento de las y los presos políticos en democracia, sentencia: "Ellos caen porque están pidiendo algo mejor, un cambio para las condiciones que tenemos en este país. Desde los noventa en adelante, caen estudiantes, trabajadores, ellos son presos políticos, porque ese cabro andaba protestando o pidiendo justicia, no andaba delinquiendo. Y si tiraba una piedra, bueno, ¿cuántas piedras nos han tirado a nosotros?".

Se detectaron 1.549 causas de delitos relacionados a violaciones de derechos humanos entre el 18 de octubre del 2019 y el 17 de enero de este año, 1.000% más que en el mismo periodo del año anterior. 93% de los culpables fueron Carabineros de Chile y las locaciones más recurrentes fueron manifestaciones o marchas, seguidas por las comisarías. La represión, persecución y encarcelamiento de quienes se manifiestan por reivindicaciones sociales o se oponen al Estado, sigue siendo una práctica vigente.

A raíz de los últimos graves  sucesos ocurridos en diferentes cárceles del país que configuran una nueva situación represiva con características de ex exterminio hacia los presos políticos a nivel nacional, como el día 18 de Octubre en la ex-Peniteñciar:ía de Stgo, donde fue asesinado nuestro compañero Víctor Zuñiga Arellano, y quedan otros compañeros heridos, luego del día 18 de Noviembre en la Cárcel de Valparaíso es asesinado el jóvenes-estudiante de 19 años Gonzalo Muñoz y   otros varios• compañeros lesionados de· gravedad; posteriormente el día 17 de Noviembre en la Cárcel de Concepción el preso político Juan Bustos es agredido por el gendarme Manuel Benimelis, sin meditar provocación alguna, quedando nuestro compañero con un T.E.C. y con pérdida de audición.

En este mismo recinto carcelario el día 28 de Noviembre luego de finalizado un allanamiento con características de operativo militar los detenidos fueron salvajemente golpeados por funcionarios de gendarmería, ante. la sorpresa de los recluidos y entre ellos, los presos politices.

Todos estos hechos ocurridos nos alarman enormemente y demuestran que la dictadura está utilizando una nueva política de hostigamiento y exterminio de los P.P., para ello utilizan a gendarmería y a mercenarios de entre los presos comunes.

A estas acciones que se han tomado con los presos politices al interior de los penales, se agrega la lentitud de los procesos, la obstinación para otorgar el derecho a la libertad bajo fianza y   la dispersión de los P.P.

Por toda esta difícil situación que atravesamos los P.P. del país, los P.P. de Coronel a menos de un mes de haber finalizado una huelga de hambre de denuncia y protesta, informamos a la opinión pública que el día 3 de Dic. iniciamos una huelga de carácter indefinido exigiendo lo siguiente:

1.- Exigimos que cese la represión al interior de las cárceles donde la violencia ha tenido su mayor expresión en los penales de STGO. Valparaíso y Concepción.

2.- Unificación de los presos politices exigimos el traslado de la señora Aida Baesa Barra a la cárcel de Coronel, que se encuentra actualmente recluida en el C.O.F. en Concepción

3- Aceleración de los procesos. Exigimos el cierre del sumario y fallo para las señoras Maria Soledad Aranguiz y Maria Cristina Chacaltana (causa 746-34)

4.- Derecho a libertad bajo fianza. Exigimos que se le otorgue a la Sra. Arinda Ojeda A. procesada desde hace 4 años 8 meses (causa 332 81

5.-   Derogación del D.L.31 dictado durante estado de guerra interna (Nov •73) y que se continúa aplicado

6.- Aplicación del D.L. 504  y   conmutar las penas de. Cárcel por extrañamiento

Por lo tanto, hacemos un llamado vigoroso al pueblo en su conjunto en Coronel y  la octava región a manifestar activamente su. solidaridad con nuestra huelga, única forma de presión y lucha con que contamos.

Llamamos a las organizaciones populares, cristianas, organizaciones de Derechos Humanos a desarrollar una vasta campaña de denuncia y presiones que nos lleven a obtener los objetivos de nuestro movimiento.

CON EL PUEBLO, LA UNIDAD Y LA FUERZA, VENCEREHOS !

POR LA VIDA Y LA LIBERTAD DE LOS P.P.

PRESAS POLITICAS CORONEL

11 DICIEMBRE 1985

A  8 DIAS  DE  HUELGA  DE  HAMBRE