Campamento de Prisioneros Cuatro Álamos

 El Campamento de Prisioneros Cuatro Alamos, ubicado en la calle Canadá a la altura del 3.000 de Vicuña Mackenna, Paradero 5. Se encontraba al interior del Campamento de Detenidos de Tres Alamos. A este centro transitorio de incomunicación sólo accedía personal de la DINA o de otros servicios de Inteligencia. Era administrado por la DINA. Permaneció sin mayores alteraciones durante todo el período de funcionamiento activo de la DINA y funcionó desde abril de 1974 hasta 1977.

 Cuatro Alamos era administrado directamente por la DINA. Consistía en una serie de doce celdas pequeñas, una celda grande y oficinas, todas ellas formando parte de un conjunto que se encontraba al interior del campamento de detenidos de Tres Alamos aunque aislado del resto de este campamento, que era administrado por Carabineros. A Cuatro Alamos llegaban algunos detenidos directamente, luego de su aprehensión, pero lo común era que fueran enviados allí luego de haber sido mantenidos en otro recinto secreto de detención y tortura. Por lo general no se reconocía oficialmente la detención de las personas que permanecían recluidas en Cuatro Alamos.  En este recinto no se practicaba la tortura y el régimen de vida era relativamente mejor al de los demás recintos.

             Los prisioneros que permanecían en Cuatro Alamos podían ser vueltos a llevar a los centros secretos de detención y tortura o podían ser sacados de allí para acompañar a los agentes de la DINA a practicar detenciones, si las circunstancias lo requerían. En ese estado de espera o "disponibilidad", esos detenidos podían pasar largo tiempo.  También podía el detenido ser sacado de Cuatro Alamos y hechos "desaparecer".  En esos casos la aprehensión nunca era reconocida a pesar que el detenido hubiera sido visto por numerosas personas. Aquellos a quienes no se necesitaba volver a interrogar o utilizar para practicar detenciones, y que ya se habían recuperado del trato sufrido en otros recintos, eran trasladados por lo general a Tres Alamos o a otro recinto oficialmente reconocido. A partir de ese momento podían recibir visitas y eran incluídos en las listas oficiales de detenidos.

 En sus inicios, Cuatro Alamos pretendió ser un recinto secreto de reclusión, respecto de cuya existencia y ubicación nadie debía tener conocimiento. Con el fin de guardar dicho secreto los prisioneros eran ingresados con la vista vendada y su puesta en libertad se producía mediante su abandono en la vía publica luego de ser sacados del lugar también con la vista vendada. Con el tiempo en la practica se hizo imposible mantener dicho secreto y las autoridades de Gobierno, no sin reticencia, reconocían en ocasiones a Cuatro Alamos como pabellón de incomunicación de Tres Alamos.  Este fue el único lugar de detención e incomunicación reconocido por la DINA y se mantuvo prácticamente durante todo el período de funcionamiento de ese organismo. Estrictamente hablando, los detenidos no podían comunicarse con nadie del exterior, pero permanecían en contacto con quienes compartían la misma celda.  Un total de mas de 500 presos políticos pasaron por este centro de detención y aunque habitual no eran sometidos a torturas en este recinto, muchos de ellos desaparecieron desde este lugar, entre ellos el sacerdote español Antonio Llidó, Pedro Merino Molina, Flavio Oyarzún Soto y Cecilia Miguelina Bojanic Abad. Cecilia tenia 23 años de edad y se encontraba con un embarazo de cuatro meses y medio .

 El personal a cargo de Cuatro Alamos dependía de la DINA pero no cumplía funciones operativas. Estaba dirigido por un funcionario de Gendarmería, Orlando Manzo Duran, oficial de Gendarmería, agente de la DINA y jefe del Cuartel 4 Alamos. También participaban agentes de la DINA, entre ellos Carlos Carrasco Matus, conocido como “Mauro”, quien fue detenido y hecho desaparecer por la misma DINA, en marzo de 1975.

Cuatro Álamos consistía en una serie de doce celdas pequeñas, una celda grande y oficinas, todas ellas formando parte de un conjunto al interior del Campamento Tres Álamos. Por lo general sirvieron como espacios de espera de los detenidos que eran traídos o serían destinados a otros centros. También se tiene registro de torturas practicadas a los apresados, especialmente en el subterráneo de la casona principal. Muchos de ellos pasaban meses o años en Cuatro Álamos, aislados, considerados desaparecidos por sus familias y luego eran puestos a disposición de Carabineros en Tres Álamos, donde podían comunicarse con sus familias y recibir atención médica. Además algunos detenidos una vez que salieron de Tres y Cuatro Álamos no fueron llevados a otros recintos convirtiéndose en Detenidos DesaparecidosSe estima que por Tres y Cuatro Álamos pasaron la mayor cantidad de presos políticos, con una cifra que superaría las 6000 personas.

Criminales y Cómplices:

Carabineros: Orlando Manzo Duran, (agente de la DINA y jefe del Cuartel 4 Alamos).

Civiles: Carlos Carrasco Matus (“Mauro”; agente de la DINA)

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Libros: “La gran mentira”; “Antonio Llidó: epistolario de un compromiso”; Archivo Memoriaviva;

Militares y detenidos afuera del palacio presidencial en Santiago de Chile.  (Foto gentileza La Nación)

Muchos de los detenidos fueron llevados a campos de prisioneros (Foto gentileza La Nación)

Eran las 11:52 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuando cayó la primera bomba sobre el palacio presidencial de La Moneda en Santiago de Chile.

Horas más tarde, el gobierno militar dirigido por el general Augusto Pinochet Ugarte habilitaría los primeros centros de detención por donde, según datos oficiales, pasarían más de 28.000 prisioneros.

De acuerdo a testimonios recogidos en el Informe sobre Prisión Política y Tortura publicado en diciembre de 2004, entre los métodos utilizados en esos recintos figuraba "la parrilla", en que la víctima recibía descargas eléctricas en los genitales y otras partes sensibles del cuerpo; "el submarino", en que la cabeza del prisionero permanecía bajo el agua o al interior de una bolsa plástica; y los colgamientos, golpizas, violaciones masivas y todo tipo de vejámenes, que a veces incluso incluían el uso de animales.

El mismo documento indica que al menos 1.132 inmuebles fueron utilizados como centros de tortura a lo largo del país, incluidos estadios, regimientos, cárceles, comisarías, barcos, edificios públicos y espacios privados.

Responsabilidades

 El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado

General Juan Emilio Cheyre

El informe también estableció que "las violaciones a los derechos humanos fueron una práctica institucional de Estado" en las que estuvieron involucrados integrantes del ejército, la policía uniformada y civil y organismos de seguridad creados específicamente para ese fin.

"Muchos prisioneros desaparecieron desde esos lugares", precisa.

De acuerdo a las últimas investigaciones hechas por el gobierno chileno, 3.196 personas murieron como víctimas de la violencia política en Chile durante el régimen militar que se extendió desde 1973 a 1990. De ellas, 1.185 desaparecieron.

Pinochet y los altos mandos de las Fuerzas Armadas de aquella época afirman que existía una guerra civil en el país y niegan su responsabilidad ante estos abusos.

Sin embargo, el actual comandante en jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, declaró a fines de 2004 que "el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado".

 

Estos son algunos de los principales centros de detención y tortura establecidos durante los primeros años del régimen militar.

Estadio Nacional

El Estadio Nacional fue uno de los centros de detención más emblemáticos. (Foto gentileza La Nación)

Este recinto estuvo a cargo del Ejército y funcionó entre septiembre y noviembre de 1973 en Santiago.

La Cruz Roja Internacional llegó a contabilizar 7.000 detenidos sólo en un día. Además de chilenos, había entre 200 y 300 extranjeros de distintas nacionalidades.

Según cuentan ex prisioneros en ese recinto, en los camarines permanecían hacinados y en precarias condiciones higiénicas.

Los hombres pasaban la mayor parte del día en las graderías del estadio y las mujeres en el sector de la piscina. Hay testimonios de mujeres embarazadas que al ser torturadas, sufrieron abortos.

Villa Grimaldi

En Villa Grimaldi los detenidos permanecían incomunicados. (Foto gentileza Archivo Vicaría de la Solidaridad)

Recinto a cargo de la DINA, organismo de seguridad e inteligencia creado por el régimen militar.

Estaba ubicado en una de las comunas periféricas del gran Santiago y fue utilizado desde fines de 1974 hasta 1977, aunque el mayor número de detenidos se registró en 1975.

Los prisioneros permanecían incomunicados en espacios extremadamente reducidos.

De acuerdo a lo recogido en el Informe sobre Prisión Política y Tortura , había tres tipos de edificaciones. Por una parte, cubículos de 80 x 80 centímetros junto a la sala de interrogatorios; celdas de 2 x 1 metro donde mantenían a cinco detenidos y finalmente, la llamada "torre" de seis metros de altura formada por nichos cuyas puertas medían 60 centímetros. Aquí encerraban en aislamiento absoluto a los prisioneros que se negaban a colaborar. Los detenidos permanecían vendados y se les permitía ir al servicio higiénico en horas fijas.

El documento también registra la presencia de niños que fueron llevados hasta el recinto para presionar a sus padres mientras eran torturados.

Tres Álamos

El hacinamiento era común. (Foto gentileza Archivo Vicaría de la Solidaridad)

Ubicado en uno de los sectores más populosos de Santiago, este recinto era custodiado por Carabineros (la policía chilena), pero bajo la dirección de la DINA.

Hubo detenidos entre 1974 y 1975, aunque el mayor número se concentró en 1975.

Los prisioneros que pasaron por allí relatan que eran humillados y que vivían en condiciones de hacinamiento. Los castigaban frecuentemente con suspensión arbitraria de visitas y del ingreso de alimento y ropa.

Desde este recinto muchos detenidos salieron expulsados del país.

Cuatro Álamos

En este recinto no eran reconocidas las detenciones. (Foto gentileza Memoriaviva.com)

Era también conocido como el pabellón de incomunicación de Tres Álamos.

Quienes estuvieron presos allí afirman que llegaban habitualmente con los ojos vendados, luego de haber sido sometidos a interrogatorios y torturas en otros recintos.

Consistía en una serie de 12 pequeñas celdas y otras dependencias.

Algunos detenidos eran incomunicados y no existía una lista oficial que certificara quienes se encontraban en este lugar.

Puchuncaví (Melinka)

Melinka fue originalmente un centro de veraneo. (Foto gentileza Archivo Vicaría de la Solidaridad)

Estaba a cargo de la Armada. Ubicado a 36 kilómetros al norte de la ciudad de Valparaíso, fue originalmente un centro de veraneo.

Hubo detenidos entre 1973 y 1976, aunque el mayor número estuvo concentrado entre los años 1974 y 1975.

Apenas se abrió, 58 personas fueron trasladadas desde el Estadio Nacional. También existen antecedentes de que en octubre de 1974, más prisioneros fueron transferidos desde el centro Chacabuco.

Los primeros detenidos cuentan que fueron obligados a instalar los cercos de alambres de púas que cerrarían el campo y a levantar las torres de vigilancia.

Este recinto tenía cinco instalaciones con 10 cabinas cada una, baños y una enfermería.

Desde aquí, algunos detenidos fueron puestos en libertad, trasladados a otros campamentos de prisioneros o expulsados del país.

Chacabuco

Chacabuco fue uno de los más grandes campamentos en el país. La ex oficina salitrera Chacabuco se encuentra en el norte de Chile, a 102 kilómetros de Antofagasta, la capital regional. Ocupa una extensión de 36 hectáreas.

 

Fue uno de los campamentos de prisioneros más grandes de todo el país.

Funcionó desde 1973 hasta 1975 y era custodiado por personal del Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros (la policía chilena).

Desde mediados de 1974 este campo comenzó a desocuparse gradualmente, a medida que los presos políticos eran trasladados a otros lugares.

Los detenidos en este recinto afirman que al ingresar a él eran obligados a tenderse desnudos durante horas en la cancha de fútbol. Normalmente recibían golpizas y amenazas. También denunciaron graves problemas de alimentación y hostigamiento permanente.

Durante la noche, algunos eran sacados a la intemperie bajo el intenso frío del desierto y en otros momento forzados a permanecer durante el día bajo el sol.

Además, eran sometidos a intensas jornadas de ejercicios de tipo militar y a un régimen de trabajos forzados.

Los prisioneros vivían en corredores de adobe formados por 10 casas pequeñas como pabellones. Había un comedor de uso común. El sitio no tenía luz eléctrica.

Una campaña destinada recoger testimonios y relatos que permitan conformar la memoria del ex Campamento Tres y Cuatro Álamos ha lanzado la Corporación que lleva el nombre del ex campo de prisioneros de la dictadura que funcionó entre 1974 y 1977.

"Nos hemos abocado a la tarea de reconstruir la memoria histórica de este ex campo de prisioneros, para lo cual requerimos de la más amplia colaboración posible. Una forma de ayudarnos es difundiendo esta iniciativa y también colaborando a generar un registro serio y lo más aproximado a la realidad con testimonios aportados tanto por compañeros que pasaron por este lugar, así como información que puedan entregar sus familiares", indica Lautaro Araneda, uno de los directivos de la Corporación.

En marzo de 2011, una parte de las edificaciones del lugar ubicado en calle Canadá, a la altura del 3.000 de la avenida Vicuña Mackenna, comuna de San Joaquín, fue declarado "Monumento Histórico" por el Consejo Nacional de Monumentos. El sitio incluye una casona, donde estaban las oficinas y lugar de acuartelamiento de los carabineros que custodiaban el campo, y los pabellones interiores, donde estaban recluidos los y las prisioneras.

 

Tres Álamos

"Este es el campo de concentración de la dictadura por el cual, sin duda, pasó la mayor cantidad de prisioneros en el país y esto es porque cumplía las veces de campamento en tránsito. Se conjuga por un lado Tres Álamos, que era un campo de prisioneros reconocidos, que tenían una o dos veces visitas en la semana. Pero, al mismo tiempo, allí funcionaban Cuatro Álamos que estaban bajo la jurisdicción de la DINA", describe Osiel Núñez, de la Corporación.

Cuatro Álamos tenía una serie de doce celdas pequeñas, una celda grande y oficinas, todas ellas formando parte de un conjunto que se encontraba al interior del campamento de detenidos de Tres Álamos aunque aislado del resto de este campamento. Cuatro Álamos fue el único recinto reconocido por la DINA, aunque mantuvo el secreto sobre las personas que permanecían en el lugar, desde donde los y las detenidas muchas veces fueron llevadas nuevamente a casas de tortura. Existen registros de decenas de personas que fueron vistas por última vez en Cuatro Álamos, que luego fueron sacadas por la DINA y hasta hoy se encuentran desaparecidas.

Tres Álamos, en tanto, era administrado por Carabineros. Era un centro en el cual los detenidos estaban incluidos en los listados oficiales de detenidos y  podía recibir  visitas de sus familiares. En general, los detenidos en Tres Álamos podían ser llevados a otros campos, salir en libertad o partir al exilio.

Este sábado 1 de febrero desde las 11:00 horas, los sobrevivientes de “3 y 4 Álamos”, organizaciones sociales y de derechos humanos, recordaron lo que fue este campo de concentración de la Dictadura Militar en Chile y rindieron un homenaje a todos los compañeros que pasaron por este lugar, con diversas actividades artísticas y culturales.

Entre los asistentes contamos con una delegación de la embajada de Cuba, encabezada por el segundo secretario José Miguel Hernández, de la embajada de la Federación Rusa y el sacerdote Mariano Puga, ex preso político del lugar.

Al evento también asistió el Alcalde la comuna de San Joaquín, Sergio Echeverría, quien entregó un emotivo presente a la Corporación 3y 4 álamos, señalando que “como Municipalidad de San Joaquín, junto a los concejales Nelly Santander y Lulo Arias, quiero entregar un pequeño presente que es un símbolo, una réplica exacta del monumento a Salvador Allende que está en nuestra comuna, hecha por el mismo escultor, para que esté presente cuando tengan su sede y la lleven siempre como el hombre ejemplar que fue Salvador Allende”.

Osvaldo Andrade: “asumo desde ya un compromiso porque vale la pena”.

Son muchos los ex presos políticos que pasaron por este centro de detención, entre ellos estuvo presente el presidente del Partido Socialista Osvaldo Andrade quien asumió un compromiso con nuestra Corporación. “Creo que lo que se está haciendo es magnífico, voy a ponerme al día y a colaborar en todo lo que pueda, y ojalá en el próximo gobierno pudiéramos materializar lo que planteaba Osiel, y si yo puedo ayudar en eso, asumo desde ya un compromiso porque vale la pena. No hay nunca más si la historia no está clara. Un nunca más desde el olvido no es un nunca más”.

Rubén Roca: “las autoridades deben cooperar para que el máximo de sitios donde hubo detenidos y se torturó sean recuperados y se conviertan en sitios de la memoria”.

Otros como Rubén Roca Zapata, quien fue traslado desde la Isla Quiriquina hasta 3y4 Álamos el año 1975 nos contaba que “el Campo era dirigido por un Coronel de Carabineros llamado Conrado Pacheco, quien era un sádico de tomo y lomo. Este lugar debe ser recuperado para la memoria, el pueblo de Chile supo que aquí se cometieron grandes abusos, grandes crímenes, atrocidades y la memoria tiene que ser una cosa que permanezca en el tiempo para que en Chile no se repita nunca más lo que ocurrió desde septiembre de 1973”. También nos señaló que “todas las autoridades deben cooperar para que el máximo de sitios donde hubo detenidos y se torturó sean recuperados y se conviertan en sitios de la memoria”.

Viviana Díaz: “Espero que pronto el Sename sea trasladado de este lugar”

”Considero que es muy importante y necesario para el país conocer lo que ocurrió, más aún en un recinto que fue de los primeros en que se empezó a traer a los compañeros que eran detenidos después del golpe militar; Chile entero y la nuevas generaciones deben saber lo que ocurrió y lo que yo espero es que pronto el Servicio Nacional de Menores sea trasladado de este lugar y el recinto sea traspasado a la Corporación, donde pueda constituirse esto en un museo o en lugar de estudio para las nuevas generaciones para contribuir al nunca más. Nuestros compañeros están desaparecidos porque quisieron un Chile diferente, querían lo mejor para sus hijos, para los niños del país como lo decía el compañero Salvador Allende, es importante la presencia de nuestros jóvenes porque ellos continuarán cuando ya no estemos”, sentenció Viviana Díaz, Premio Nacional de Derechos Humanos 2010..

También se hizo presente a través de una misiva dirigida a Osiel Núñez, Lorena Fríes, Directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.” Mi saludo solidario por el trabajo que su organización realiza para transformar a 3y4 Álamos en un lugar de memoria y conciencia que pueda aportar a la comunidad una mirada nacional una mirada siempre referida al pasado pero que se proyecta en un futuro de una sociedad respetuosa de los derechos humanos de todos quienes habitan este territorio, como única garantía de un Nunca Más.

Osiel Núñez: “Nos planteamos hacer de este año el año de la recuperación de todo el campo como sitio de memoria”

En tanto el discurso central de la actividad estuvo a cargo del presidente de la Corporación 3y4 Álamos, Osiel Núñez, quien dijo “nos planteamos hacer de este año el año de la recuperación de todo el campo como sitio de memoria, que la totalidad de este campo sea declarado monumento histórico nacional” y agregó que “lo más importante dentro de una prisión son precisamente las celdas, los lugares donde tenían que permanecer por largas horas los prisioneros. Consideramos que es un deber el rescate de la totalidad de este campo como sitio de la memoria, constituye un elemento esencial de la acción de nuestra corporación y una vez rescatado, transformarlo en un parque por la paz y la memoria donde honremos a los compañeros que por aquí pasaron y cayeron, pero que también sea un lugar de enseñanza y de respeto a la dignidad humana”.

También se refirió a demandas sociales de nuestro pueblo y a los desafíos del nuevo gobierno. “Hay un presidente que se va y hay una presidenta que llega, y esa presidenta llega con tres elementos que son sustantivos y que nosotros compartimos de todo corazón, con toda nuestra alma. Estamos evidentemente de acuerdo que la constitución que nos ha regido debe ser cancelada y debe ser reemplazada por una que surja recogiendo lo que es el verdadero espíritu de nuestro pueblo. No más a la constitución que dejó Pinochet. La reforma tributaria, ojalá que algún día los únicos que paguen impuestos sean los poderosos. Y como no estar colocando toda nuestra energía en la educación gratuita para nuestro país. En el programa de los derechos humanos de Michelle Bachelet hay un capítulo que señala que las fuerzas armadas y de orden tendrán que incorporar en su formación, el tema de los derechos humanos”.

Nosotros lo sabemos, aprendieron la tortura en Panamá

Sobre el tema de las fuerzas armadas, Núñez agregó que “evidentemente es necesario que estas fuerzas armadas dejen de estar participando en la formación que les están dando en las escuelas especializadas que tienen los norteamericanos para todas las fuerzas armadas de América Latina. Nosotros lo sabemos, aprendieron la tortura en Panamá, aprendieron la tortura en los campos especiales donde están formando a nuestros oficiales y es hora de terminar con eso. Eso constituye un paso necesario para tener fuerzas armadas de las cuales nos podamos sentir orgulloso y que sepamos que nunca más van a usar las armas contra nuestro pueblo”.

La actividad concluyó cuando Osiel Núñez llamó a todos los asistentes a entonar “el Negro José” que era el himno que caracterizó a 3 y 4 Álamos

Queremos invitar a todos los medios de comunicación para que nos acompañen y ayuden a difundir el esfuerzo que se está haciendo por recuperar este sitio de memoria, hoy en manos del SENAME (Servicio Nacional de Menores).

3 y 4 Álamos fue el más grande centro de torturas, detenciones legales e ilegales y de exterminio de personas que existió en Chile entre 1974 y 1977. En esos años estuvo en manos de la DINA (Dirección Nacional de Inteligencia) y de Carabineros y hasta hoy, sólo una parte del sitio ha sido declarada Monumento Nacional, la que no ha sido entregada a ningún organismo de derechos humanos.

Por ese lugar pasaron emblemáticos personeros del gobierno de la Unidad Popular como Luis Corvalán, Tito Palestro, Ernesto Araneda, Fernando Flores y otros como el abogado Jorge Montealegre y Ángela Jeria, madre de la presidenta electa de la República de Chile Michelle Bachelet Jeria.

Ayer cárcel de la dictadura, hoy cárcel de menores. Ese es el mensaje que ex víctimas de 3 y 4 Álamos, el histórico centro de detención de la DINA, pintaron en las paredes del hoy centro de reclusión de menores del Sename. Estas son algunas de las historias y símbolos que ha dejado el lugar, que ayer tuvo presos como el padre Mariano Puga o la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria, y hoy alberga a más de doscientos niños y adolescentes infractores de la ley, provenientes de algunos de los rincones de más profunda vulnerabilidad en Chile.

Una tarde, mientras conducía por las calles de San Joaquín junto a su esposa, René Pozo decidió hacer un pequeño desvío en la ruta:

-A ver, pasemos por acá. Te quiero mostrar algo.

Se estacionó en la calle Canadá y vio el monolito que está en el lugar. “A las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en 3 y 4 Álamos”, está escrito bajo las ocho palomas que conforman la estatua.

-Por lo menos hay algo- dijo Pozo.

Ya habían pasado más de cuarenta años desde el día en que llegó a ese mismo lugar en un camión de la Pesquera Arauco, desecho por las torturas que había sufrido en Villa Grimaldi. Una vez más miraba de frente el último recinto en el que vivió como preso político, víctima de maltratos, frío y hambre. También fue donde por primera vez vivió una terapia colectiva con otras víctimas de violaciones de derechos humanos, donde conoció a gente que lo marcaría de por vida, como el histórico dirigente obrero de la construcción Héctor “El Loco” Cuevas y donde incluso forjó con una moneda el anillo de su primer matrimonio. Bajó del auto a tomarle fotos al monolito, pero un gendarme lo interrumpió.

-¡Oiga caballero, este es un centro de reclusión de Sename, usted no puede tomar fotos!

Pozo no lo podía creer. El lugar nunca había dejado de tener presos. Si ayer lo había sido él, hoy lo eran niños y adolescentes infractores de la ley, provenientes de algunos de los rincones de más profunda vulnerabilidad en Chile.

Funcionarios en paro

El Centro de Internación Provisoria (CIP) San Joaquín es el más grande de los centros de administración directa del Sename, quizás la institución más cuestionada de este 2016 a raíz de la muerte de la niña L.V. (5) y de la posterior revelación de más de 600 muertes de niños y niñas dependientes del servicio.

Este mes, trabajadores de distintos centros han protagonizado paros y movilizaciones. El CIP San Joaquín no fue la excepción. Justo detrás del monolito de ocho palomas, se instalaron mensajes que decían “¡No + calmantes, soluciones ahora!” o “E.T.D (Educadores de Trato Directo) decimos no +”.

Con una población cercana a los 280 niños en un lugar que no soporta más de 240, el hacinamiento se hace evidente y las consecuencias no la sufren solo los menores, sino también los trabajadores. Hace menos de dos semanas un funcionario fue golpeado siete veces en la cabeza por uno de los jóvenes, situaciones que se hacen recurrentes.

Con esta clase de condiciones, los dirigentes denuncian que un 35% de los trabajadores del Sename se encuentra con licencia médica. La propia enfermera del CIP San Joaquín es una de ellas, lo que ha obligado a que sean algunos educadores los que mediquen a los menores. Esta situación llevó a que los funcionarios estuvieran en paro durante este mes. Otra historia repetida: en mayo también estuvieron movilizados y hace un año el mismo centro estuvo en toma durante 20 días. Cabe destacar que en ninguna de las movilizaciones se dejó de atender a los niños.

“Estas denuncias las venimos haciendo desde hace años, nunca habíamos sido escuchados. Hoy finalmente estamos llegando a una solución”, dice Myriam Tapia, trabajadora del centro y dirigenta local de la Asociación de Funcionarios del Sename (Afuse). Hoy, finalmente, parece haber una solución: al realizar un circuito entre el CIP San Joaquín, el centro de San Bernardo y el de Til Til, lo que permitiría aliviar la población del lugar.

Tapia asegura que antes los niños del centro no eran tan violentos y que con los años han reproducido los vicios que ha adquirido la propia sociedad. Andrés Yáñez, otro trabajador del CIP San Joaquín y dirigente de la Afuse, asegura: «Lo que más lo marca a uno es cómo se reproduce la pobreza en los chiquillos y cómo terminan cometiendo hechos delictuales, lo que hace que vivan uno de los períodos más lindos, que es la adolescencia, en encierro. Muchos de ellos roban para llevar alimento a la casa, otros para vestirse y otros por no haber tenido una educación adecuada como para poder ver otros horizontes que no sean delictivos y reproducir lo que han vivido en sus familias».

Las violaciones a los derechos humanos de los niños dentro de los centros de Sename fueron una centralidad para el periodista Javier Rebolledo cuando trabajaba en el diario La Nación Domingo. Fue ahí donde un hecho fortuito lo relacionaría a temas de memoria: un funcionario le contó que encontró distintas cédulas de identidad en un clóset del lugar. Cédulas que eran de los años ’70.

“Ahí me explicaron que los carnet venían de la administración anterior, y luego me dijeron que esa administración era la DINA”, cuenta Rebolledo, quien luego agrega: “En el fondo, ocuparon este lugar para lo mismo, tienen encerrados en esas piezas a muchos niños, aislados. Las instalaciones sirven bastante bien para los objetivos que tiene el sistema carcelario chileno de menores”.

El autor de la trilogía de los cuervos -libros que relatan en profundidad los crímenes de la dictadura- aún recuerda algunas historias que le contaban en esa época: “Yo me acuerdo que me contaban que se veían fantasmas, que los niños veían cosas, gente en los techos, gente que trataba de arrancar, al parecer producto de la historia que había tenido este lugar”.

La propia Myriam Tapia recuerda lo chocante que fue cuando en 1992 llegó a trabajar al lugar: “Fue súper fuerte, por ejemplo, ver las paredes del lugar. La carga energética no es menor”.

Entre esas paredes, según recuerdan las víctimas, había mensajes como: “Querido hijo Omar Lara Jiménez, suerte en tu vida, tu padre que te amará por siempre, Segundo Lara Gómez”, “Ya vendrán tiempos mejores, Negro José” o  “La vida vencerá, a pesar de todo vencerá, te lo prometo, Ratón Pérez”.

Símbolos que se mantienen

La semana pasada, ex víctimas pertenecientes a la Corporación 3 y 4 Álamos realizaron la primera visita guiada que se ha hecho al lugar como sitio de memoria, con alumnos del Liceo Horacio Aravena Andaur de San Joaquín.

Uno de los guías de la visita fue René Pozo, el otro fue Carlos González, quien hace cuarenta años llegó al lugar con siete costillas rotas, la rótula de la rodilla izquierda fuera de lugar y el pene fracturado. En el baño del centro de menores aún sigue el mismo espejo en el que se miró por primera vez sin reconocerse, ya que estaba con el rostro flaquísimo, con pómulos hacia fuera, la nariz quebrada hacia la derecha, hematomas y dientes quebrados. “Lo primero que dije fue: ¿quién es esa persona loca que me está mirando?”, cuenta González.

Mientras guía la visita, cuenta sus historias. Está lleno de ellas. Desde los partidos de ajedrez  -con un tablero de cartón rayado y piezas de pan- que jugaba con el abogado de la Vicaría, Hernán Montealegre, las interacciones con el coronel Conrado Pacheco -a quien define como psicópata y misógino-, los himnos militares que estuvo obligado a recitar o las caminatas que los prisioneros daban en los patios, en cortos trayectos y con un abrigo en mano.

Los trayectos cortos se debían a la costumbre de estar en una celda, y el abrigo era por el miedo a que te enviaran al “Chucho”, una prisión subterránea particularmente húmeda y fría a la que enviaban a los prisioneros a modo de castigo. Hoy el Chucho es una bodega, en la que se guardan, entre otras cosas, los medicamentos que se le suministran a los niños de Sename.

González también cuenta que los prisioneros recién llegados iban a una celda especial que se encontraba al final de los pabellones. Si algo distinguía esa celda era el hedor de esos prisioneros que ya llevaban semanas o meses en centros de tortura, por lo que se le denominó el “terminal pesquero”. Hoy, el terminal pesquero es una sala de clases.

Los estudiantes de la visita escuchan con atención todas las historias y hacen preguntas. En la sala de reuniones, con la dirección del centro -que, luego de que hace dos años reemplazara a la dirección anterior, aún sigue de forma provisoria- presente, González dice: “Hoy estamos dando una pelea enorme porque sea un sitio de memoria. ¡No puede ser que en este lugar tengan a niños y adolescentes detenidos!”.

Desde 2012, las víctimas de 3 y 4 Álamos se reúnen el primer sábado de cada febrero en el lugar. Ahí se ha contado con la presencia de célebres ex prisioneros, como el padre Mariano Puga o la madre de la Presidenta Michelle Bachelet, Ángela Jeria. Sin embargo, René Pozo admite que el proceso de recuperación del lugar ha sido lento y que ni siquiera entre los distintos sitios de memoria se ha trabajado de forma coordinada.

Antes de recuperar sus carnet con los gendarmes y abandonar el centro, los estudiantes reflexionan en el patio. De forma espontánea, cuentan historias de familiares que fueron víctimas de la dictadura. A la salida siguen exprimiendo información de los expositores.

Con el impulso que genera el mes de septiembre en estas reivindicaciones, el día de ayer las víctimas pintaron en grande el mensaje que hoy rezan los muros del centro del Sename: «3 y 4 Álamos, ayer cárcel de la dictadura, hoy cárcel de menores».

Para los funcionarios, la tarea por lo pronto es intentar generar otra carga, espacios positivos que lleven a la reacción, al cambio. Hacen una salvedad respecto a muchas de las víctimas de la dictadura, y es que los niños aún tienen una oportunidad.

El Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la solicitud de declarar al Campo de Prisioneros Tres y Cuatro Álamos, ubicado en la comuna de San Joaquín, como un Monumento Nacional. La decisión implica, en la práctica, ampliar el decreto que actualmente protege la Casa de Administración y el patio del recinto. Recordar que Tres y Cuatro Álamos fue uno de los más emblemáticos centros de represión durante la dictadura militar.

Historia

El recinto de detención fue utilizado entre 1974 y 1977 por Carabineros y la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que tenía una doble condición: un recinto de detención de opositores abierto, en el cual se reconocía a los detenidos, cuyos familiares podían visitarlos y conocer las condiciones en que se encontraban; y por otra parte Cuatro Álamos, un recinto clandestino donde no se reconocía la detención de los disidentes con lo cual estos quedaban expuestos a torturas y desaparición.

Se estima que por el recinto de detención pasaron unas 6 mil personas, muchos de los cuales figuran en la lista de Detenidos Desaparecidos.

La solicitud fue planteada por la Corporación Tres y Cuatro Álamos que expuso la necesidad de proteger este vestigio material de violaciones a los derechos humanos. La aprobación será enviada próximamente al Ministerio de Educación para la dictación del decreto respectivo.

Reacciones

Quien comentó la resolución fue Ossiel Núñez, representante de los sobrevivientes y de la Corporación 3 y 4 Álamos.

«Les quiero pedir a los miembros del Consejo que nos acompañen apoyando convertir este sitio de memoria en Monumento Nacional. Los sitios de memoria son una contribución muy importante para la educación en materia de derechos humanos», indicó Núñez.

Respecto de la historia reciente Ossiel Núñez indicó que: «los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, no repitamos esta historia», aseguró.

Ángel Cabeza, director de la Dibam y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, se refirió a la situación.

«Lo que hacemos es otorgar protección a la totalidad del recinto en el entendido que debemos procurar su preservación en el tiempo para las futuras generaciones, independiente del uso que tenga en la actualidad como centro del Sename, en relación a esto último existe toda la comprensión institucional del caso, de hecho el compromiso es generar un plan de manejo para compatibilizar las funciones», dijo

Conversamos con el abogado de Derechos Humanos Nelson Caucoto, quien comentó la relevancia de la designación.

«Me parece que se trata de un largo anhelo de los presos políticos que estuvieron ahí. Se debe recordar que tanto 3 como 4 Álamos eran el camino hacia el exterminio, siendo el último lugar conocido de muchas personas en dictadura», indica el abogado.

«Este país tiene que construir la verdad y honrar su memoria para que nunca más sucedan estas cosas y para educar a las nuevas generaciones sobre las cosas que se cometieron en este tipo de lugares. Es un gran reconocimiento para los ex presos, quienes dejaron una lección de dignidad a pesar del dolor al que fueron sometidos», dijo Caucoto.

Consultado sobre otros lugares que deberían ser también considerados como Monumento Nacional, el abogado describió.

«Venda Sexi, José Domingo Cañas, Irán con Los Plátanos, Londres #38, siendo estos los lugares que conocemos en Santiago. Se debería hacer el recorrido por regiones para reconocer estos lugares. No debemos olvidar que se debería hacer con las dependencias de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, lugar que también fue utilizado para torturar. Se debe hacer público, para los funcionarios, el reconocimiento de los abusos que se cometieron en ese lugar», concluyó Nelson Caucoto.

Conversamos sobre el tema con Higinio Espergue Córdova, Presidente del directorio de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

«Este es un paso y un gran avance por la lucha de la memoria por las cosas que sucedieron en nuestro país. Cuando muchos intentar borrar esto, el reconocimiento que se hace es sumamente relevante. Recordar que por este centro pasaron cerca de 6 mil personas», explicó Espergue.

«Yo estuve en este recinto un tiempo, y este reconocimiento es algo simbólico y reparador. Sin embargo este es solamente el primer paso, pues nosotros creemos que Tres y Cuatro Álamos debe ser considerado como un sitio de memoria y de cultura, para así poder establecer la cercanía de la ciudadanía con la memoria reciente», argumentó.

«Hay varias solicitudes de lugares para ser Monumento Nacional, como es el caso del Centro de Detención de Puchuncaví. Eran unas cabañas de veraneo de la CUT, las que con el golpe se transformaron en centros de detención. Por este lugar rotaron un promedio de 400 a 600 personas. Creemos que se debe declarar como Monumento Histórico y que sea entregado a los sobrevivientes para así desarrollar una lucha sobre la verdad y la justicia y también sobre los Derechos Humanos», indicó el dirigente.

La Corte Suprema condenó a 14 agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado de Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Segundo Recabarren Rojas, Clara Elena Canteros Torres, Alejandro Rodríguez Urzúa, Daniel Palma Robledo, Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, Iván Sergio Insunza Bascuñán, José Eduardo Santander Miranda, Mario Jesús Juica Vega, Víctor Hugo Morales Mazuela, Carlos Mario Vizcarra Cofré, Miguel Nazal Quiroz, Juan Aurelio Villarroel Zárate y Julio Roberto Vega Vega; y el homicidio calificado de Eduardo Canteros Prado. Los delitos fueron cometidos entre abril y agosto de 1976, en la provincia de Santiago.

En fallo unánime (causa rol 71.900-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo y Eliana Quezada- revocó la sentencia dictada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2020, que aplicaba la media prescripción a los acusados.  En sentencia de reemplazo la Corte Suprema condenó a los ex jerarcas DINA y ex oficiales de Ejército Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez a las penas de 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de 16 secuestro calificado y a 10 años y un día en calidad de autores de un homicidio calificado.

En tanto, Rolf Arnold Wenderoth Pozo fue condenado a sendas penas de 10 años y un día de presidio, como autor de tres secuestros calificados y un homicidio calificado; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño a 10 años y un día de presidio, como autores de seis secuestros calificados.

En el caso de los ex agentes Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, se les aplicó una pena de 5 años y un día de presidio, como autores de un solo caso de secuestro calificado.

Asimismo, los ex agentes Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza y Carlos Eugenio López Inostroza deberán purgar 7 años en calidad de cómplices de los 16 secuestros calificados y 5 años y un día presidio en calidad de cómplices del homicidio calificado.

Finalmente, Hermon Helec Alfaro Mundaca deberá purgar 7 años en calidad de cómplice de 15 secuestros calificados y 5 años y un día de presidio, en calidad de cómplice del homicidio calificado.

Los criminales Carlos José Leonardo López Tapia y Ricardo Víctor Lawrence Mires, que habían sido condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Leopoldo Llanos en julio de 2017, a penas de 20 años de presidio, fallecieron en el curso del proceso. También fallecieron los condenados en primera instancia Ciro Ernesto Torré Sáez y Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Al desestimar la media prescripción, la Corte Suprema establece que: "(…) resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional".

La resolución agrega que: "A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total".

"Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena", añade.

"Sin embargo -prosigue-, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes".

Los hechos

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Leopoldo Llanos Sagristá dio por establecido que en el marco de la represión sistemática a los opositores al régimen militar, en los meses de abril y agosto de 1976, se produjeron las detenciones de una serie de personas, todos militantes del Partido Comunista.

El día 29 de abril de 1976, en el sector de las calles Santa Rosa y Sebastopol de la comuna de San Miguel, fueron detenidos por agentes de la DINA los hermanos Manuel Guillermo, de 22 años, y Luis Emilio Recabarren González, de 29 años, junto a Nalvia Rosa Mena Alvarado, de 20 años, y el hijo de ésta de dos años de edad. El menor fue abandonado cerca de su domicilio en horas de la noche.

Al día siguiente, 30 de abril, a las 7:00 horas, fue detenido Manuel Segundo Recabarren Rojas, de 50 años de edad, a poco de salir de su domicilio en el mismo sector y cuando se disponía a abordar un bus de locomoción colectiva.

Todos los detenidos fueron conducidos al cuartel clandestino de detención y tortura 'Villa Grimaldi'; a Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, además, se les vio en el recinto 'Simón Bolívar' y a Luis Emilio Recabarren González en 'Cuatro Álamos'. Desde esos recintos la DINA los hizo desaparecer.

El día 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la intersección de las calles Rojas Magallanes con Panamá de la comuna de La Florida, fue detenida por agentes de la DINA la joven Clara Elena Canteros Torres, de 21 años de edad. Fue reducida al descender de la locomoción colectiva.

Es trasladada hasta 'Villa Grimaldi' donde es vista por testigos, y el día 20 de agosto de 1976, es sacada de ese recinto junto a los también detenidos Mario Juica Vega y "scar Ramos. Desde entonces se les hizo desaparecer.

A las 21:40 horas Eduardo Canteros Prado, 48 años, tío de Clara Elena, constructor civil, es detenido en la vía pública por agentes de la DINA, frente a su domicilio ubicado en calle Panamá, de la comuna de La Florida. Fue trasladado hasta la 'Villa Grimaldi'. En el año 1990 sus restos fueron encontrados en el fundo Las Tórtolas de Colina, recinto que hasta 1980 perteneció al Ejército.

El día 27 de julio de 1976, alrededor de las 17:15 horas, Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años de edad, fue detenido por agentes DINA desde su oficina ubicada en Mallinkrodt 70, Barrio Bellavista. Lo trasladaron hasta el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El día 4 de agosto de 1976, Daniel Palma Robledo, 61 años, empresario, fue detenido en horas de la mañana, en avenida Matta, entre las calles San Diego y Arturo Prat; luego de retirar su correspondencia, compró un diario y al momento de retirarse fue detenido y se lo llevaron con destino desconocido, pero fue visto en el cuartel de exterminio 'Simón Bolívar'.

El mismo 4 de agosto, a las 15:00 horas, fue detenido el médico Carlos Enrique Godoy Lagarrigue, de 39 años. Lo apresaron durante el trayecto que efectuaba entre el Hospital Parroquial de San Bernardo y su consulta particular, ubicada en calle Barros Arana con Arturo Prat. Fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi' y, posteriormente, a 'Cuatro Álamos', desde donde se le hace desaparecer.

En horas de la noche del 4 de agosto fue detenido por agentes DINA el médico cirujano Iván Sergio Insunza Bascuñán, de 43 años, mientras conducía su vehículo. Fue trasladado a 'Villa Grimaldi' y luego a 'Cuatro Álamos'.

El día 6 de agosto de 1976, a poco de salir de su domicilio, alrededor de las 9:30 horas, fue detenido por agentes DINA el dirigente estudiantil y de la Central Única de Trabajadores, José Eduardo Santander Miranda, de 29 años; testigos sobrevivientes lo vieron en el recinto de 'Villa Grimaldi'.

El 9 de agosto, Víctor Hugo Morales Mazuela, de 45 años, carpintero y obrero de la construcción, dirigente sindical y encargado de organización de un regional del Partido Comunista, fue detenido en horas de la mañana, en los alrededores de la población 'Villa México' de la comuna de Maipú y fue trasladado hasta 'Villa Grimaldi'. Posteriormente, se le vio en el cuartel 'Simón Bolívar'.

El mismo 9 de agosto, Mario Jesús Juica Vega, 34 años, comerciante, fue detenido alrededor del mediodía, en las inmediaciones de plaza Egaña, en la comuna de 'uñoa, y trasladado a 'Villa Grimaldi', lugar en que fue visto por numerosos testigos. El día 20 de agosto fue sacado desde ese recinto junto a otros dos detenidos y desde entonces la DINA los hace desaparecer.

El 11 de agosto de 1976, a las 9:00 horas, en circunstancias que salía de su domicilio, ubicado en calle Chiloé, entre Santa Rosa y Gran Avenida, en la comuna de San Miguel, fue detenido por agentes DINA el comerciante Miguel Nazal Quiroz, de 44 años. Fue trasladado a' Villa Grimaldi'.

En horas de la noche del mismo 11 de agosto, Carlos Mario Vizcarra Cofré, de 31 años, desabollador, en su domicilio en Quinta Normal fue detenido por agentes que lo trasladaron hasta 'Villa Grimaldi', recinto en que lo vieron testigos hasta el 25 de agosto del mismo año. Posteriormente, fue visto en el recinto 'Simón Bolívar'.

El 13 de agosto, Juan Aurelio Villarroel Zárate, de 55 años, dirigente sindical, fotograbador, alrededor de mediodía, cuando se trasladaba desde su domicilio en Conchalí fue detenido por agentes DINA en las cercanías de la Estación Mapocho. Fue trasladado hasta Villa Grimaldi.

El día 16 de agosto de 1976, a las 11:30 horas, el obrero Julio Roberto Vega Vega fue detenido por agentes DINA en avenida Presidente Balmaceda, entre Cueto y Libertad, de la comuna de Santiago. Varios testigos lo vieron recluido tanto en 'Villa Grimaldi' como en el cuartel 'Simón Bolívar'.

por  Darío Núñez

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.

La Corte Suprema rechazó los recurso de casación en la forma y en el fondo interpuestos por las defensas, en contra de la sentencia que condenó a agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado del estudiante de sociología Ariel Martín Salinas Argomedo, cometido a partir del 25 de septiembre de 1974 en Santiago. 

El nombre de Ariel Salinas Argomedo apareció, posteriormente, en el listado de 119 personas detenidas desaparecidas incluidas en la maniobra de desinformación implementada por la DINA y la dictadura conocida como "Operación Colombo".

En fallo unánime (causa rol 135.568-2020), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, la ministra María Teresa Letelier y la abogada (i) Pía Tavolari-, acogió el recurso de casación en la forma deducido por la querellante Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, consecuencialmente, invalidó la sentencia impugnada, solo en la parte que absolvió al acusado Manuel Heriberto Avendaño González y, en sentencia de reemplazo, lo condenó a 10 años de presidio, en calidad de autor del delito.

El fallo de la Corte Suprema confirmó las sentencias de los ex oficiales de Ejército y ex jerarcas DINA César Raúl Manríquez Bravo, Pedro Octavio Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann quienes deberán cumplir 13 años de presidio, por su responsabilidad como autores del secuestro calificado.

Mientras que, además del ya aludido Manuel Heriberto Avendaño González, los ex oficiales, Francisco Maximiliano Ferrer Lima, Fernando Eduardo Lauriani Maturana, Manuel Andrés Carevic Cubillos, Gerardo Ernesto Godoy García, Palmira Isabel Almuna Guzmán, y los ex agentes Hermón Helec Alfaro Mundaca, Julio José Hoyos Zegarra, Silvio Antonio Concha González, José Alfonso Ojeda Obando, Luis Rigoberto Videla Inzunza, Teresa del Carmen Osorio Navarro, Claudio Enrique Pacheco Fernández, José Abel Aravena Ruiz, Alejandro Francisco Astudillo Adonis, Rosa Humilde Ramos Hernández, Pedro René Alfaro Fernández, Raúl Juan Rodríguez Ponte, Pedro Ariel Araneda Araneda, y Juan Evaristo Duarte Gallegos deberán purgar 10 años de reclusión, todos condenados en calidad de autores del delito.

Otros 12 agentes, también condenados en el fallo de primera instancia, dictado por el ministro Hernán Crisosto Greisse en octubre de 2015, fallecieron en el curso del proceso.

Respecto del caso del acusado Manuel Avendaño González la Sala Penal señala: "(…) en tales condiciones, el recurso propuesto por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del ramo, deberá ser acogido, desde que de la sola lectura de la sentencia objetada se evidencia en ella fundamentos que resultan completamente contradictorios, anulándose unos a otros, tornando la decisión que absuelve al acusado Avendaño González que se declara en lo resolutivo, carente de todo fundamento, configurándose el vicio de invalidación denunciado.

"En  efecto, a la época de los hechos, estos acusados formaban parte como superiores jerárquicos y agentes operativos, conjuntamente con otros imputados cuya participación se analizara en los considerandos siguientes, de las agrupaciones pertenecientes a la Dirección de Inteligencia Nacional que materializó el secuestro de los miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, entre cuyos miembros se encontraba Salinas Argomedo, de manera tal que no obstante no recordar el nombre específico de este resulta indiscutible concluir, tal como lo hace el a quo, que tomaron parte en la ilegítima privación de libertad de este de manera inmediata y directa en la forma que prevé la norma recién citada y que, por lo mismo, son coautores punibles de este ilícito.

Operación Colombo

Ariel Martín Salinas Argomedo era ex estudiante de sociología de la Universidad de Concepción. El joven, de 26 años, casado y padre de una hija, era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), formaba parte de la dirección universitaria del MIR en Concepción y, hasta el golpe militar, fue presidente del centro de alumnos de la carrera de sociología de la UdeC. Luego del golpe debió pasar a la clandestinidad para evitar ser apresado. Se trasladó a Santiago para continuar con su actividad militante y un año más tarde fue detenido.

En el fallo de primera instancia, el ministro de fuero Hernán Crisosto Greisse dio por establecido que en horas de la mañana del día 25 de septiembre de 1974, Ariel Salinas fue detenido en la vía pública por agentes pertenecientes a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), quienes lo trasladaron al recinto clandestino de detención de la DINA denominado 'Ollagüe', ubicado en José Domingo Cañas N° 1367 de la comuna de 'uñoa. Posteriormente fue trasladado a los recintos clandestinos de detención denominados 'Villa Grimaldi', ubicado en Lo Arrieta N° 8200, de La Reina, y a 'Cuatro Álamos', ubicado en calle Canadá N° 3000, de la comuna de Santiago, recintos que eran custodiados por guardias armados y a los cuales solo tenían acceso los agentes de la DINA.

Según consta del testimonio de prisioneros sobrevivientes, durante su estada en los cuarteles de José Domingo Cañas, Villa Grimaldi y Cuatro Álamos, el detenido Ariel Salinas permaneció sin contacto con el exterior. En los dos primeros lugares vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dichos cuarteles. 

La última vez que Ariel Salinas Argomedo fue visto con vida por otros detenidos ocurrió un día no determinado del mes de noviembre de 1974, encontrándose desaparecido desde esa fecha.

por Darío Núñez