Clínica Santa Lucía

La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) contó con una clínica propia ubicada frente al Cerro Santa Lucía, en el centro de Santiago, en calle Santa Lucia 162 . Este recinto, individualizado rápidamente por los presos políticos que allí permanecieron por el característico sonido del "cañonazo de las 12", fue utilizado por la DINA como centro de recuperación de las víctimas heridas y como centro de tortura, al igual que como clínica privada para los miembros de la DINA y sus familiares.

En varias ocasiones, personas que estaban detenidas en otros recintos de la DINA y se encontraban graves a causas de las torturas, fueron trasladadas a esta clínica, donde sin embargo continuaban los interrogatorios. Declaraciones de una detenida revela que después de ser trasladada a esta clínica desde Villa Grimaldi, fue llevada a los pisos inferiores del inmueble, en donde, no obstante su estado de salud, se le aplicó corriente eléctrica. Mas aún, su declaración señala que tanto el personal médico como paramédico la presionaban continuamente para que hablara.

En Julio de 1980 el Coronel de Ejército Fernando Arancibia Reyes, Vice Director Nacional de la CNI, afirmó que el inmueble en calle Santa Lucia era de propiedad fiscal y que había sido destinado a la DINA el 10 de marzo de 1977, que a la fecha (1980) se encontraba en poder de la CNI. Septiembre de 1985 Manuel Contreras Sepúlveda declaró que el inmueble de calle Santa Lucía había sido efectivamente una clínica usada para la atención médica de los funcionarios de la DINA y para los detenidos que requerían de ese servicio

Según las denuncias de presos politicos, en el último piso, en forma de buhardilla, tambien se mantenían algunas celdas.El objeto principal de la Clínica Santa Lucía era ser un centro de tortura bajo control médico.

El sistema de comunicación vía radio que tenía la DINA, los interrogatorios y las consultas eran simultaneas, escuchando uno los gritos de familiares que eran torturados en Villa Grimaldi, y ellos escuchando las condiciones en las cuales uno era maltratado acá. Eran torturas paralelas u organizadas y, en el caso de la Clínica, bajo control médico.

La Clinica Santa Lucia tambien fue utilizada como centro de extermino. Se sabe por los testimonios de sobrevivientes que a la Clinica llegaba agentes en vehículos de la DINA y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo y después salía muerto.

Varios de los detenidos que estuvieron en la Clínica Santa Lucia están hoy desparecidos, incluyendo a: Sergio Alfredo Pérez Molina; Nilda Patricia Peña Solari; Juan Carlos Rodríguez Araya; Diana Frida Aron Svigilsky; Isidro Miguel Ángel Pizarro Meniconi; Ida Amelia Vera Almarza; René Roberto Acuña Reyes; Hugo Daniel Ríos Videla; Adolfo Ariel Mansilla Ramírez; Michelle Marguerite Peña Herreros; Mireya Herminia Rodríguez Díaz; Luis Dagoberto San Martin

Criminales y Cómplices: 

DINA: Manuel Contreras Sepúlveda, Osvaldo Romo Mena,  Rolando Garcia Le Branc, Lautaro Villar Requena

Área Dental
Damara Luis Augusto Gonzalez Espinosa (Cirujano Dentista/Cdte Sanidad); Pablo Oyanguran Plaza (Dentista); Sebastián Emilio Oyanguren Plaza (Dentista); Carlos Ulrich Dunner (Cirujano Dentista); Milena Cecilia Zulic Lolic (Odontopediatra); Sergio Munoz Bonta (Cirujano Dentista); Raúl Matus Santos (Cirujano Dentista)

Asistente Dentista: Delberto Atanasio Esparza Lillo (Enfermero/Suboficial Auxiliar Dental)
Auxiliar Dental: Andres Naranjo Riquelme (Enfermero/DINA)

Hector Ibáñez Rojas (Enfermero/DINA); Jorge Ulise Freddy Muñoz (Enfermero/DINA); Carlos Eugenio Norambuena Retamal (Enfermero/Suboficial de Ejercito); Jorge Manlio Fantini Valenzuela (Médico Cirujano); Sergio Pliscoff Marcovich (Cardiólogo); Julio Sandro Burotto Pinto (Médico Cirujano); Eduardo Contreras Valcarte (Médico Cirujano); Cristian Osvaldo Emhart Araya (Médico Cirujano/Otorrinolaringólogo)

Enfermero Área Dental
Santo Erasmo Arriata Salgado (Enfermero/Suboficial de Ejercito); Vicente Amable Alvarez Ramirez (Enfermero/ Sargento 2do); Ramon Alvarito Munoz Rojas (Enfermero/Suboficial de Ejercito); Bernardo Gonzalez Gonzalez (Enfermero/Sargento 1ro de Carabineros); Oscar Manuel Aceituno Carvajal (Enfermero/Cabo 2do de Ejercito); Abraham Enriquez Arces Alvarado (Enfermero)

Telefonista: Ana Reyes

Enfermeros Recinto:Santiago Alfredo Mateo Galleguiflos (Enfermero/Suboficial de Ejercito)

Área Sanidad
Werner Enrique Zanghellini Martínez (Cardiólogo/ Cdte. Sanidad FACH);Camilo Antonio Azar Saba (Traumologo); Luis Hernán  Santivañez Santelices (Médico Cirujano); Osvaldo Eugenio Leyton Bahamondes (Médico Cirujano); Manfredo Jurgense Caeser (Dentista); Hernán Horacio Taricco Lavín (Pediatra/ Med. Cirujano); Eugenio Andres Fantussi Alliende (Otorrinolaringólogo/Med. Cirujano); Vittorio Orvieto Tiplizky (Oftalmólogo/ Med. Cirujano); Juan Pablo Figueroa Yánez (Ginecólogo/ Tte. Coronel); Roberto Lailhacar Chávez (Psiquiatría/ Tte. Coronel); Sergio Rodrigo Vélez Fuenzalida (Médico Cirujano); Sergio Marcelo del Carmen Virgilio Bocaz (Médico Cirujano); Luis Felipe Carcamo Diaz (Otorrinolaringólogo); Leonel Martínez Faundez (Mantenimiento/ Suboficial de Ejercito); Mateo Tapia Flores (Enfermero/Cabo 2do de Ejercito); Silvia de la Mercedes Valdés Uribe (Civil/ Auxiliar de Enfermería); Isabel Margarita Jarpa (Enfermera); Raúl Cerda Sagardia (Enfermero/ Suboficial de Ejercito); Luis Pechuante Núñez (FACH/Guardia); 

Ambulancia: Jaime Leiva Olguin (Chofer, Civil DINA); Luis Armando Espinoza Tapia (Civil DINA); Luis Alberto Olguin Ortiz (Suboficial de Ejercito); Sergio Alejandro Cesilio Valenzuela (Suboficial de Ejercito); Igor Domingo Poblete Gonzalez (Civil DINA); Seguridad del Recinto: Manuel Lucero Lobos (Suboficial de Ejercito)

 

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Comisión Internacional de Investigación de los crímenes de la Junta militar en Chile; sitiosdememoria.cl; Punto Final; sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía; Memoriaviva

“La primera vez que estuve en este lugar, me trajeron para hidratarme, cosa que hicieron rápidamente, y me volvieron a llevar a las pocas horas a Villa Grimaldi.” (Patricio Bustos Streeter, médico, ex prisionero político entre 1975 y 1978)

Santa Lucía 162, frente al Cerro Santa Lucía. Fue sede del Mapu en 1972. El edificio, confiscado por la dictadura, pasó a manos de la Dina que instaló allí una clínica clandestina para “recuperar” a los detenidos y continuar torturándolos. También para asesinar a algunos. El general Manuel Contreras y otros mandos de la Dina también mantenían oficinas en el inmueble.

En el gobierno de Aylwin la propiedad fue entregada a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, liderada por Jaime Castillo Velasco. Su actual presidente es Gabriel Pozo Pérez. En el segundo piso está la oficina de Romina Ampuero, estudiante de derecho, 24 años, que investiga la historia del lugar.

Romina Ampuero nació en Buenos Aires durante el exilio de sus padres. A los 10 años acompañó a su madre a una entrevista con Jaime Castillo. Fue la primera vez que visitó el edificio de la ex Clínica Santa Lucía. En 2010, después de una conversación con Bessie Saavedra y Sylvia Pinilla, ingresó como trabajadora voluntaria a la Comisión Chilena de DD.HH.

¿Qué rol cumplías?
“Nos encargábamos de organizar actos para movilizarnos. Surgieron los problemas típicos: convocatoria, lucas, etc. Sin embargo, nos preocupamos de armar equipos de trabajo y conmemorar el Día de los Derechos Humanos, el Día de la Mujer, etc. Nos dimos cuenta que se podían levantar iniciativas con pocas lucas y sacar así del estancamiento a la Comisión. Más adelante, la Comisión firmó un acuerdo con Villa Grimaldi para constituir aquí un sitio de memoria. A partir de eso, empezaron a llegar ayudantes, tesistas y practicantes. Vimos que necesitábamos más gente y pedimos ayuda a profes para armar un equipo de educación”.

¿En qué está el sitio de memoria?
“Hemos trabajado un guión para las visitas. Ahora terminamos el proyecto con el cual hicimos la investigación sobre la clínica. Eso prácticamente se financió con plata de nuestros bolsillos”.

¿Y en qué va esa investigación?
“Tenemos un primer listado de víctimas que pasaron por este lugar. Hemos logrado dar con declaraciones de agentes de la Dina que trabajaron acá, sobre lo que hacían y porqué. Logramos establecer la realidad de la clínica de la Dina”.

¿Y qué viene ahora?
“Creo que hay que judicializar esta investigación. No lo digo yo, sino los sobrevivientes que han dado sus testimonios. Sin embargo, el primer objetivo es constituir el sitio de memoria y trabajar desde él”.

TRABAJANDO EN LA MEMORIA

¿Cómo llegas tú a trabajar en el rescate de la memoria?
“Desde chica me interesó el tema de los derechos humanos. Sobre todo el caso de los detenidos desaparecidos. No soy de los que cree que no los vamos a encontrar nunca. Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal, dijo: ‘No los vamos a encontrar a todos’, eso está claro. Pero creo que al menos se puede saber cómo fueron sus últimos momentos y dónde los sufrieron.
Cuando llegué a este edificio y me enteré de la historia de la Clínica Santa Lucía de la Dina, me generó intriga, y me propuse trabajar en reconstruir esa historia. Fue un proceso difícil, pero me di cuenta que era capaz de hacer lo que pensaba. Costó empezar la investigación, no teníamos lista de nombres, no sabíamos de nadie que hubiera estado aquí”.

¿Cuál crees que es el rol de los jóvenes en el trabajo de la memoria?
“Hacernos cargo de lo que no hicieron nuestros padres. Estos 40 años fueron de silencio familiar, de los medios de comunicación, etc. Todavía es difícil conversar con los papás y los abuelos. Son pocas las personas que cuentan lo que pasó. Todos tenemos una historia, el tema es que no todos la saben. Debemos hacernos cargo de nuestra historia como país. Los lugares que fueron centros de tortura no pueden quedar ignorados. El cuartel Loyola, Nido 18, Simón Bolívar, la Venda Sexy: tenemos que saber quiénes estuvieron allí. Es la deuda con la gente que murió. Es la única forma de cerrar heridas, saber lo que pasó”.

¿Y qué te parece el rol del Estado en el tema de la memoria?
“El Estado nunca se ha hecho cargo. Ahora todos celebran a Bachelet que recogió propuestas de los sitios de memoria. Eso es bueno, pero veremos si hace algo. Ella ya fue presidenta y no sé si ayudó tanto a los sitios de memoria. Ahora es distinto, por el boom de los 40 años del golpe. Era necesario tomar estas propuestas. Que acogieran las propuestas de los sitios de memoria es un avance, pero en concreto, se entra ahora en la negociación. Decir, ¿le meto más plata a educación o a los sitios de memoria? Ahí veremos. Por eso es importante que los jóvenes nos hagamos cargo de nuestro pasado”.

¿Y cómo se motiva a los jóvenes?
“La única forma es haciéndoles sentir que el tema les toca a ellos. Cuando vienen a visitarnos, tratamos de hacerles entender que esta historia habla de gente igual que ellos. Eran personas que tenían familias, algunas víctimas tenían sólo 17 años, igual que los chiquillos que vienen acá. La memoria vuelve persona a la víctima y también al victimario. Es necesario que el visitante entienda que él también puede verse envuelto en la misma tragedia”.

MEDICOS-TORTURADORES

¿Y qué visión tienes después de la investigación?
“Creo que hay que tener claro que la única forma de no repetir lo que fue la dictadura, es conocer a cabalidad lo que ocurrió y ponerse en el lugar del otro. Por ejemplo, mi visión respecto de la víctima y el victimario se hizo más amplia con la aparición de los médicos que trabajaron en esta y otras clínicas de la Dina. El victimario genera un rechazo per se. Pero acá se dio otra lógica. Los médicos eran civiles, muchos estaban en la universidad y un profe les dijo ‘te tengo un trabajo, buenas lucas’. Llegan aquí y se dan cuenta que están al servicio del terrorismo de Estado. Era como una mafia y se quedaron. Un sobreviviente decía que si algo lo impactó, fue cuando en la tortura pidió al médico que lo matara para no sufrir más. El doctor le respondió que por ética no podía matar, que tenía que salvar su vida sabiendo que lo salvaba para que siguieran torturándolo”.

 

Médicos torturadores

La Clínica Santa Lucía fue un centro de detención y tortura que funcionó entre 1974 y 1977, cuando se traslada a la Clínica London, en la calle Almirante Barroso.

La clínica era utilizada para torturar detenidos con supervisión médica, para la recuperación de torturados en muy mal estado y también para atención médica de familiares de los agentes de la Dina. Los sobrevivientes señalan que reconocieron el lugar por el cañonazo de las 12, en el Cerro Santa Lucía. De la clínica desapareció un número indeterminado de detenidos. Según testimonios “llegaban agentes en vehículos y bajaban al detenido, lo ingresaban a una sala, le suministraban algo (probablemente una inyección) y después lo sacaban muerto”.

Algunos de detenidos desaparecidos de este lugar son: Sergio Alfredo Pérez Molina, Nilda Patricia Peña Solari, Juan Carlos Rodríguez Araya, Diana Frida Arón Svigilsky, Miguel Angel Meniconi Isidro. Pasaron también por la clínica Lumi Videla, asesinada en el centro de detención de José Domingo Cañas, y Patricio Bustos, actual director del SML.

Algunos médicos que trabajaron al servicio del terrorismo de Estado todavía ejercen en conocidos centros de atención de salud:
Werner Zanghellini Martínez, director de la Clínica Santa Lucía entre 1975 y 1976, acusado por sobrevivientes de Villa Grimaldi de haber inyectado el virus de la rabia al dirigente mirista Jorge Fuentes Alarcón, detenido desaparecido.

Sergio Marcelo Virgilio Bocaz, médico de la Brigada de Salubridad de la Dina, trabajó en la Clínica Santa Lucía y en el Comando de Logística de la CNI.

Vittorio Orvieto Teplizky, médico del ejército. Participó en torturas en el Campo de Prisioneros Nº 2 de Tejas Verdes, se desempeñó en la Brigada de Salubridad de la Dina y fue director de la Clínica Santa Lucía.

En diciembre del año pasado, el Directorio de la Asociación dio inicio oficial a una indagatoria que busca recopilar y sistematizar la información referida al recinto ubicado en la comuna de Santiago.

“Algunos detenidos dijeron que los llevaron a esa clínica para recibir tratamientos luego de haber sufrido torturas. Los testimonios señalan que los detenidos permanecían vendados, amarrados a la cama, constantemente sometidos a amenazas y a presión psicológica. Posteriormente desde aquí eran devueltos a los recintos de origen o trasladados a Cuatro Álamos”. Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. Santiago de Chile, 2004, pp. 532-533

Reunir antecedentes sobre lo que sucedió en la Clínica Santa Lucía “ha sido complejo”. Los casos de detenidos desaparecidos que transitaron por este centro han sido reconocidos por declaraciones de compañeros de reclusión. Los sobrevivientes, al reconocer el lugar, han contribuido también a la memoria histórica.

Después de varios años de trabajo, el próximo 24 de octubre será una fecha importante para la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía. Se publicarán los resultados de una investigación que aportará nuevos datos de la historia del inmueble durante la dictadura.

Entre octubre de 1974 y 1977 fue utilizado como clínica para el personal de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y sus familiares. Simultáneamente, funcionaba como centro de detención y tortura, además de archivo y centro de documentación.

Con estos antecedentes en mano, en diciembre del año pasado el Directorio de la Asociación dio inicio oficial a este proyecto que busca recopilar y sistematizar la información referida al recinto ubicado en calle Santa Lucía 162, comuna de Santiago.

El proceso de investigación, que fue coordinado por Romina Ampuero, egresada de Derecho y Directora del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, contó con el trabajo de las historiadoras Tamara Carrasco, Macarena Castillo y Viviana Salinas.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, Romina Ampuero detalló el alcance de esta revisión. “La investigación ha logrado arrojar una suerte de organigrama y órdenes de mando al interior de la casa”.

La coordinación entre este centro de detención y el resto del aparato de inteligencia de la DINA en Santiago está documentada en los testimonios de los sobrevivientes. Durante este periodo fue utilizado como infraestructura de apoyo sanitario, médico y logístico.

Entre ellos, “Venda Sexy” o “La Discoteque” (Irán 3037), el “Cuartel Yucatán” (Londres 38), el “Cuartel Terranova” (Villa Grimaldi), “el Cuartel Ollagüe” (José Domingo Cañas) y “3 y 4 Álamos”.

“Tortura en el altillo”

El inmueble del ex Centro de Detención Clínica Santa Lucía fue diseñado en 1934, por el arquitecto Alberto Cruz Montt. Su uso fue residencial hasta junio de 1972, cuando lo adquirió el Secretario General del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Así lo recuerda Nadia López, vicepresidenta del Directorio de la Asociación Sitio de Memoria.

Durante el golpe de Estado en 1973 fue allanado y ocupado por las fuerzas de seguridad y orden. El inmueble pasó a manos del Estado. Los nombres de quiénes lideraban este centro forman parte de una historia de brutalidad. En abril de 1974 fue utilizado por la agente de la DINA lngrid Olderock, conocida como “la mujer de los perros”, y funcionó como dormitorio de la sección femenina de las agentes en proceso de formación.

“Los 12 desaparecidos”

*Primer piso: utilizado como sala de control e ingreso y salas de atención pediátrica de los agentes de la DINA y sus familiares.

*Segundo piso: celdas de prisioneros.

* Tercer piso: funcionó la oficina de Olderock y de Osvaldo Romo, un radio transmisor y una sala de tortura.

*El cuarto piso: celdas de prisioneros, una oficina personal de Manuel Contreras y una sala de tortura en el altillo, con una ventana que daba hacia el patio interior del inmueble.

Santa Lucía cerró sus puertas en 1977, año en el que todo su equipamiento médico fue trasladado hacia un nuevo recinto para continuar con las mismas actividades. Así, cambió su nombre a Clínica London, recinto ubicado en calle Almirante Barroso N°76 y demolido el año 2011.

En 1990, el gobierno de Patricio Aylwin Azócar entregó en 1992 la casona de calle Santa Lucía #162 a la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH), que desde su fundación, el 10 de diciembre de 1978, se dedica a la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos.

“Ir al público general”

Al cierre del día, el domingo 27 de mayo pasado se observó una fila de público que no pudo ingresar al recinto.

Luego de dos jornadas enmarcadas con el Día del Patrimonio, los voluntarios que guiaron el recorrido por el lugar advirtieron que “muchos desconocían no solamente la existencia de Santa Lucía, sino que de los Sitios de Memoria en sí”.

Evidentemente, es una situación que requiere de nuestro análisis y reflexión, interpelando a su vez el rol que tiene el propio Estado en materias de memoria, reparación y justicia, comentó el presidente del Directorio, Lautaro Videla.

“Me sorprendió la cantidad de personas interesadas en conocer el sitio. Además, el grupo activo que le dio soporte a la actividad estuvo constituido por jóvenes que recibieron orientación y formación” destacó.

En eso, -comentó Videla- el obstáculo en la gestión del sitio se relaciona con recursos propios.

“Hay gente que no es tan obtusa. Tengo ilusión luego de las conversaciones que tuvimos con la subsecretaría de Derechos Humanos, en el cual se planteó la preocupación por el futuro de los sitios, porque escuché comentarios saludables”

El ex militante del MIR y hermano de Lumi Videla, ejecutada política cuyo cuerpo fue arrojado a la embajada de Italia por agentes de la DINA, agregó: “hay sectores que son sensibles y sienten la responsabilidad de no quedar grabados en la historia como negadores de la memoria”.

Sobre los desafíos en la divulgación del Sitio, Lautaro Videla concluyó que hay que ampliar la mirada y no solo invitar desde la cultura, sino que ir al público general: al vendedor, profesional, vecinos y turistas.

Se trata de un documental que mezcla testimonios de víctimas de la tortura con escenas de ficción, que recrean el papel de los profesionales de la salud que mantenían con vida a las detenidas y los detenidos para que pudieran seguir siendo torturados, en la así llamada Brigada de Salubridad, o aplicarles una inyección mortal de pentotal cuando llegaba la orden de ejecutar a las víctimas. "Hablamos de profesionales de la salud, personas que teóricamente están formadas para ayudar a los seres humanos", señala Fernandois.

Una reflexión sobre el papel de los médicos y enfermeras que colaboraron con la DINA durante la dictadura constituye el docuficción La clínica de la DINA.

Se trata de un documental que mezcla testimonios de víctimas de la tortura con escenas de ficción, que recrean el papel de los profesionales de la salud que mantenían con vida a las detenidas y los detenidos para que pudieran seguir siendo torturados, en la así llamada Brigada de Salubridad, o aplicarles una inyección mortal de pentotal cuando llegaba la orden de ejecutar a las víctimas.

Uno de los lugares de operación era la ex Clínica Santa Lucía, en pleno centro de Santiago, hoy convertido en Sitio de Memoria, donde laboraron cardiólogos, psiquiatras, dentistas, traumatólogos, pediatras, ginecólogos y otorrinolaringólogos, en abierta traición a su Juramento Hipocrático.

En 2019, un grupo de sobrevivientes de prisión política y torturas de la ex Clínica Santa Lucía, interpuso una querella criminal ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del director del recinto, el cardiólogo Werner Zanghellini Martínez; así como la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada; Dámaso González Espinoza, cirujano dental; Sergio Muñoz Bontá, dentista; Vitorio Orvietto Tiplizky, cirujano; Osvaldo Leyton, cirujano; Eugenio Fantuzzi, otorrino; Jorge Fantini, cirujano; y otros.

Tras la recuperación de la democracia, varios fueron funados en sus lugares de trabajo, como ocurrió con Alejandro Forero en la Clínica Indisa, Sergio Muñoz en el Hospital Barros Luco y Roberto Lailhacar en su consulta de calle Obispo Salas en la comuna de Providencia, tal como reseña el sitio Memoria Viva.

Origen

Nicolás Fernandois y Marcelo Salinas son los autores de la idea original del docuficción. El primero, actor y director, cuenta que el trabajo audiovisual se origina desde el vínculo creativo y productivo que existe entre el Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucia y la Agrupación Teatro en Casa, donde ejerce como director de Programación y Contenidos.

El vínculo nació el año 2018, con la creación de un ciclo de artes escénicas, donde las obras presentadas abordaban temas relacionados con la memoria y las violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, entre 1973 y 1990.

Dicho ciclo tuvo la particularidad de que las obras fueron presentadas en el interior del Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía, utilizando con esto un espacio no convencional para la presentación de obras de teatro, pero que a la vez contiene de mejor forma las temáticas abordadas por cada una de las propuestas escénicas, explica Fernandois (Santiago, 1981).

"Durante el segundo ciclo, como Teatro en Casa, tuvimos la oportunidad de preparar una puesta en escena que abordará la historia de la casa, concentrándose en la función que tuvo el inmueble mientras fue de propiedad de la DINA, y su doble rol de clínica médica y su participación en el proceso de interrogatorios, tortura y exterminio por parte del órgano represivo. Ese primer proceso, que se vio en parte interrumpido por el estallido social, fue la génesis para desarrollar, ahora en formato audiovisual, una obra que pudiera exponer la historia de la casa ubicada en calle Santa Lucía 162".

Memoria

Fernandois explica que les parece de importancia fundamental, para el futuro de nuestra sociedad, hacer memoria sobre hechos tan trágicos como los que allí ocurrieron, pero por sobre todo por la necesidad de encontrar justicia, reparación y aprender del pasado y no volver a repetirlo.

"El Estado chileno, aún hoy, no ha sido capaz de preservar la memoria, ni hacer justicia, ni reparar correctamente a las víctimas, y lo que es peor aún, ha sido incapaz de tomar un postura clara respecto a los hechos ocurridos en dictadura. Creo que no puede ser que en nuestro país pueda existir un Fundación Pinochet, por ejemplo, me parece extremadamente violento, o que en cualquier momento en los medios surja cualquier individuo defendiendo el legado de la dictadura así como así, y eso hasta sea encontrado razonable", dice.

El caso de Clínica Santa Lucía, por su parte, "nos muestra la perversa participación de civiles al servicio del terrorismo de Estado, y más aún hablamos de profesionales de la salud, personas que teóricamente están formadas para ayudar a los seres humanos".

Testimonio y ficción

Uno de los aspectos de la obra es que usa la ficción para dar voz a los victimarios, que fueron escritas sobre inspiraciones de otras entrevistas de torturadores y funcionarios de la DINA, así como entrevistas de médicos.

"Nos parecía muy importante, en términos artísticos, darles voz a los personajes que trabajaron ahí en la Clínica, por tanto la ficción nos permitió representar a los médicos y enfermeras que trabajaron allí al servicio de la Brigada de Salubridad de la DINA", cuenta.

De esta forma, "pudimos ficcionar sus argumentos, su propia defensa respecto a su accionar en dictadura. Es decir, nos parece de una violencia interpeladora exponer los probables fundamentos de gente que colaboró en los procedimientos de tortura y de muerte. Cómo los seres humanos nos aferramos a ciertas 'verdades' o nos lavamos las manos en función de una tranquilidad ética".

El proceso de investigación de los hechos fue principalmente a través de entrevistas realizadas a los sobrevivientes que pasaron por la clínica y a las personas que levantaron el movimiento para transformarla en Sitio de Memoria.

"Complementariamente trabajamos con el dossier de investigación que se realizó sobre la clínica, investigación que fue guiada por Romina Ampuero. Y también con el apoyo complementario de revisión de referentes, documentales y otros libros y documentos referentes al tema", agrega.

-¿Cómo creen que ha afectado el estallido el tema de los derechos humanos?
-Creo que ha puesto elevado la pregunta sobre el tema, es decir, me da la impresión que nos ha interpelado como sociedad, ya que he dejado en evidencia con la facilidad que el Estado es capaz de vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, creo que tenemos que preguntarnos realmente cuáles serán las acciones que realizaremos como sociedad para defender dichos derechos. Creo sinceramente que estábamos bastante tímidos al respecto, hasta antes del estallido.

Aunque suene trillado decirlo, debemos aprender que nunca más debemos permitir que acciones como las ocurridas en dictadura vuelvan a ocurrir.

El personal que trabajó en las clínicas creadas por la DINA -Santa Lucía, London y El Golf-, figura en una arista judicial que permanece archivada. Solo hay cinco médicos condenados en procesos por crímenes del organismo represivo. Según la investigación del juez Alejandro Solís, algunos doctores controlaban a los detenidos mientras eran torturados. CIPER accedió a documentos judiciales con testimonios de trabajadores de las clínicas sobre el rol de los profesionales. En esa revisión contabilizamos al menos 31 personas (26 médicos y cinco enfermeros) que trabajaron en las clínicas. No todos participaron en torturas, pero ninguno desconoce haberse puesto al servicio de la DINA. Siete continúan ejerciendo y tres esperan fallos de la Corte Suprema.

El 1 de junio de 2007, un carabinero en retiro y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el organismo represivo de los primeros años de la dictadura, compareció ante un juez. Lo interrogaron por el asesinato del cabo Manuel Leyton Robles, ocurrido en 1977, a quien la DINA eliminó en la Clínica London. Leyton tenía en su poder un auto encargado por robo -había pertenecido a un detenido desaparecido- y por eso fue arrestado por Carabineros. En el cuartel policial explicó a qué se dedicaba y mencionó las detenciones ilegales que realizaban los agentes de la dictadura. Quedó libre. Pero, para la cúpula de la DINA, había hablado más de lo aconsejable. Lo condujeron a un chequeo médico en la Clínica London -uno de los tres recintos asistenciales creados por la DINA- donde, a pesar de su buena condición física, sufrió un paro cardiorrespiratorio fatal. 

El interrogatorio al exagente, cuya identidad CIPER mantiene en reserva, derivó en una detallada descripción de las tres clínicas de la DINA: Santa Lucía, London y El Golf. A estas alturas, la justicia ha establecido que el organismo de seguridad reclutó a un grupo de médicos que ayudaron a la DINA con el control, reanimación y, en algunos casos, hasta homicidio de detenidos. El exagente declaró que cuando en un cuartel había un detenido que no podía proporcionar más información, los doctores cumplían un rol: “Se mandaba a llamar a un médico de la DINA, quien iba y atendía al detenido. No recuerdo quiénes eran, pero eran de la clínica (Santa Lucía). Estos médicos estaban para eso, era su función y para lo que fue creado dicho centro asistencial”, afirmó. 

Los esfuerzos periodísticos por revelar el funcionamiento de lo que la prensa denominó “la brigada sanitaria” de la DINA, no han sido pocos. Lo hizo Chilevisión en 2014, cuando encaró a seis médicos que están en la nómina de los profesionales que prestaron estos servicios y reveló sus lugares de trabajo: entre ellos el oftalmólogo Vittorio Orvieto Tiplitzky, el otorrinolaringólogo Eugenio Fantuzzi Alliende y el fallecido Manfred Jürgensen Caesar.

Años antes, la periodista Mónica González, fundadora de CIPER, ya había publicado la existencia de estos centros asistenciales en reportajes que contenían una lista de doctores de la Clínica London. Y para su libro “El despertar de los Cuervos”, el periodista Javier Rebolledo accedió a las declaraciones hechas por el personal de salud de estas clínicas en la investigación del ministro Alejandro Solís, expediente que se encuentra archivado. CIPER pudo revisar esos y otros testimonios que dieron forma a este artículo y constató que al menos siete médicos continúan ejercicio en el sector privado. Para este reportaje se contactó a los siete, a objeto de incorporar sus versiones, pero solo una doctora accedió a que su testimonio fuera publicado.  

DOCTORES INVESTIGADOS POR EL JUEZ SOLÍS

La nómina de 31 profesionales elaborada por CIPER solo incluye a aquellos que formaron parte de las clínicas que investigó el juez Alejandro Solís. De ellos, solo cinco han sido condenados en causas de derechos humanos. En ese listado se incluye al fallecido Manfred Jürgensen, hermano del exconvencional Harry Jürgensen (RN), que fue sentenciado a ocho años de presidio mayor como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Otros tres están a la espera del fallo de la Corte Suprema.

Las declaraciones a las que tuvo acceso CIPER, con acusaciones y relatos de torturas, fueron entregadas, en su mayoría, por extrabajadores de las clínicas. Algunos de esos archivos fueron integrados a “Papeles de la Dictadura”, una plataforma con más de 4 mil documentos en línea desarrollada por CIPER con la colaboración del CIP-UDP (vea acá la plataforma “Papeles de la Dictadura”). En esos registros, los datos sensibles de las víctimas y de los trabajadores de las clínicas que formularon las denuncias fueron tarjados. 

De acuerdo a la investigación judicial, al menos 13 médicos habrían egresado de la Universidad de Chile. No es extraño. En esa época, el coronel de la FACH, Dámaso González Espinosa, quien lideró el área dental de la Clínica Santa Lucía, ejercía como profesor en esa universidad y se encargó de reclutar a una parte del personal. Así lo señalaron a CIPER algunos médicos contactados. 

En las declaraciones se menciona a tres personas a cargo de estos establecimientos: el cardiólogo de la FACH, Werner Zanghellini Martínez, el pediatra Hernán Horacio Taricco Lavín y la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Toboada. El pasado mes de marzo, la Corte Suprema condenó, por primera vez, a Werner Zanghellini a una pena de cárcel. Los otros dos están procesados y con una sentencia ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago en la investigación por el homicidio del cabo Leyton, causa que debe revisar la Corte Suprema. 

Un sargento (r) de Carabineros testificó que fue en la Clínica Santa Lucía donde vio más agentes con prisioneros: “Efectivamente, vi llegar personas a ese recinto, las cuales al parecer habían sido recién detenidos por agentes, se les curaba, pero inmediatamente eran trasladados por los mismos agentes que los habían llevado”.  Un enfermero que trabajó en el lugar declaró que “los médicos de la Clínica Santa Lucía frecuentemente eran solicitados en Villa Grimaldi para examinar a los detenidos, y siempre eran acompañados por un enfermero”. La villa era un cuartel secreto de la DINA donde se torturaba y asesinaba a detenidos. “En mi caso, recuerdo haber conversado con los detenidos que el médico examinaba, animándolos para que cooperaran en la información que se les solicitaba”, prosigue la misma declaración. 

Los centros asistenciales fueron creados supuestamente para atender a los agentes civiles y sus familias, que no tenían cobertura en los hospitales de las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en ellos también se dispensaba atención médica y dental. Una declaración del odontólogo Pablo César Oyanguren Plaza aseguró que en la Clínica London “incluso el presidente Pinochet se atendió en alguna oportunidad”. Otros relatos dicen que también lo hizo Manuel Contreras.

La declaración de un suboficial (r) del Ejército que fue enfermero en la Clínica Santa Lucía, es estremecedora: “Era sabido que en Villa Grimaldi se le pasaban autos por encima del cuerpo a los detenidos y que a veces se les pasaba la mano y llegaban moribundos a la (clínica) Santa Lucía. Cuando no había remedio se les tenía que dar muerte con pentotal. Desconozco qué pasaba con los detenidos a los que se les aplicaba pentotal, pero se comentaba que había otra brigada que se hacía cargo de ellos para lanzarlos al mar”. 

LA SEÑORITA ELIANA

“Había una clave en la Clínica Santa Lucía, que era un aviso: viene paquete. Significaba que venía un detenido y uno entendía que no debía involucrarse. Lo ingresaban a una sala y luego le suministraban algo y después el paciente salía fallecido. Escuché por conversiones de estos médicos y la señorita Eliana, que suministraban ocho miligramos de pentotal, lo que ocasionaba una arritmia seguido de un paro cardiorrespiratorio, falleciendo en la clínica. Y como a la medianoche, lo sacaban ‘camuflado’, cubierto de una frazada”. 

El párrafo anterior es parte de la declaración extrajudicial de un exempleado de la DINA, fechada el 29 de junio de 2005. Su testimonio es uno de los más detallados dentro de la investigación del ministro Solís. A quien denomina “señorita Eliana”, es la enfermera Eliana Carlota Bolumburú Taboada. En la Clínica Santa Lucía ejerció la jefatura de los enfermeros, incluso por sobre aquellos con rango militar. Al revisar las declaraciones del proceso judicial queda claro que jugó un rol fundamental en ese recinto, pese a que su nombre no resuene con el mismo impacto que el de otros profesionales que prestaron servicio a los aparatos represivos. 

En 2015, Eliana Bolumburú fue condenada, en primera instancia, a tres años y un día, además de la inhabilitación de la profesión, como encubridora del homicidio del cabo Manuel Leyton. Pero el tribunal decidió otorgarle el beneficio de la libertad vigilada intensiva por el mismo periodo. Esa sentencia fue ratificada en 2020 por la Corte de Apelaciones de Santiago y actualmente está en espera del fallo de la Corte Suprema. 

Las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas aseguran que Bolumburú estaba al tanto del trato que daba la DINA a los detenidos. Hay testimonios que la señalan como conocedora y cooperadora de los interrogatorios y del uso de pentotal, un anestésico conocido como “el suero de la verdad”, porque, suministrado en bajas dosis, provoca que los pacientes entren en un estado de somnolencia en que pueden seguir respondiendo preguntas. La aplicación de pentotal no ha sido probada por la justicia y la exenfermera se encuentra solo procesada en la investigación por el homicidio del cabo Leyton. 

En una declaración policial de junio de 2005, un enfermero recordó el momento en que se encontró con Bolumburú cuando venía llegando en ambulancia de la Clínica London junto a un paciente en camilla. “Al que reconocí de inmediato, se trataba del cabo de Ejército Manuel Leyton Robles”, aseguró el enfermero. También agregó que, al volver a la clínica por la noche, se encontró con una señora a la entrada llorando: “Y le pregunté qué le sucedía, manifestando que había fallecido su esposo de un infarto, enterándome que se trataba del cabo Manuel Leyton”. 

Más de un exfuncionario de la Clínica Santa Lucía apuntó a Bolumburú como una de las personas que controlaba el personal médico. En las declaraciones también se dice que hizo los mismo, por un corto periodo, en la London. “Debido a su cargo, estaba en conocimiento de todo lo que allí ocurría”, señaló un exenfermero del Ejército. Otro extrabajador contó que en una oportunidad acompañó a Bolumburú a Villa Grimaldi y que ella “se conectaba directamente y se conocía con los jefes. Pude apreciar las salas de interrogatorios a través de esta enfermera que tenía acceso directo a estas dependencias”. 

En 2005 un suboficial (r) del Ejército declaró ante la PDI de Valdivia que hubo médicos de la Santa Lucía involucrados “secretamente en hechos de muerte de detenidos”. Entregó tres nombres: el doctor Werner Zanghellini, el anestesiólogo Osvaldo Leyton y la enfermera Bolumbrú Taboada. 

Dos años más tarde el suboficial se encontró con Bolumburú en un careo. La enfermera fue tajante: “Yo estaba a cargo de comprar y suministrar los medicamentos que eran para el tratamiento del personal. Nunca supe del pentotal (…). Respecto a que había médicos involucrados en hechos de muerte en la clínica, es una calumnia, no sé qué pudo haberlo motivado a decir una mentira así”, enfatizó.

La primera vez que Eliana Bolumburú declaró, según los registros de este expediente, fue el 17 de junio de 2003, en la Oficina Central Nacional de la Interpol. Entonces sostenía que en las clínicas de la DINA no hubo situaciones irregulares. En 2005 declaró: “Nunca se atendieron personas detenidas. Además, debo asegurar que no conocí otros recintos de detención de la DINA”.

En 2006 su versión cambió. Esta vez confesó haber sabido de detenidos en la Clínica Santa Lucía. Según su nuevo relato, al recinto asistencial llegó una vez Marcelo Moren, exagente de la DINA que falleció en 2015 mientras cumplía una condena de más de 300 años. En esa oportunidad, contó Bolumburú, Moren apareció junto al agente Osvaldo Pincetti. Preguntaban por un detenido: “Yo sabía que había una persona que estaba en una cama del segundo piso, presumo que se trataba de un detenido político, pero de esta persona no supe su nombre, aunque vi que estaba con sus muñecas quemadas”, dijo la enfermera. 

Eliana Bolumburú trabajó en la Clínica Santa Lucía y luego en la London. Se retiró a mediados de 1977, período en que se casó con el oficial y agente de la DINA, Hugo “Cacho” Acevedo Godoy, uno de los hombres más cercanos al jefe del organismo represivo, Manuel Contreras.

Eliana Bolumburú fue contactada por CIPER el pasado lunes 28 de agosto, pero no respondió a los mensajes. A través de su abogado, Hernán Aladín, señaló inicialmente que podría atender a nuestras consultas el jueves 31 de agosto. Pero ese mismo día su abogado explicó que, por razones de salud, no podría contestar nuestras preguntas hasta después del 20 de septiembre. CIPER ya había retrasado la publicación de este artículo ante la posibilidad de reunirse con ella, pero no se logró acordar una entrevista previa al cierre de este artículo.

EL DOCTOR TARICCO

Médico cirujano con especialidad en pediatría. Su residencia en Lo Barnechea, propiedad que según el Servicio de Impuestos Internos tiene un avalúo fiscal de más de $672 millones, figura a nombre de Inversiones Santo Domingo. Esa sociedad -constituida en 2013 e integrada por el médico y su familia- también es dueña del auto que estaba aparcado en su domicilio cuando CIPER intentó contactarlo, un Mercedes Benz de 2022. 

En 2014 el programa de canal 13 “En su propia Trampa”, lo encaró por ofrecer en su consulta privada “Red Médica Tabancura” un falso tratamiento de láser que prometía curar trastornos psiquiátricos, además de adicciones como el tabaquismo y alcoholismo.

Al igual que Bolumburú, en 2015 Taricco Lavín fue condenado en primera instancia en el caso del cabo Leyton. El tribunal lo sentenció a tres años y un día como encubridor del homicidio, pero le otorgó la remisión condicional. En 2020, la Corte de Apelaciones redujo esa condena a 541 días, sin dictaminar la inhabilitación de la profesión. El médico interpuso un recurso de casación: alega que no participó en los hechos. Está a la espera del dictamen de la Suprema. 

Taricco Lavín firmó el informe donde se aseguraba que la causa de muerte de Leyton habría sido por asfixia, debido a la aspiración de vómito, con un paro cardiorrespiratorio. Pero, en una declaración policial, el exagente de la DINA, Michael Townley, relató que recibió la orden “de proporcionar (gas) sarín para eliminar al cabo Leyton y que el autor material que aplicó el sarín fue un teniente del Ejército”. 

En junio de 2003, Taricco negó su participación en el falso informe: “Nunca tuve el cargo de director de la Clínica London.  Con respecto al informe que en estos momentos acabo de leer, el cual tiene mi firma, se trata de un informe técnico, que por una situación puntual y por ser un oficial de sanidad, se me pidió que pusiera el pie de firma como director, cargo que yo no tenía”.

Otro médico de la clínica, Luis Hernán Santibáñez Santelices, uno de los que examinó al suboficial del Ejército, declaró que vio a Taricco Lavín “confeccionando un Informe al Servicio Médico Legal, de un paciente que había fallecido, desconociendo más detalles, ya que no pregunté ni me comentaron que había sucedido con el paciente que había atendido anteriormente”. 

Además, en el expediente judicial son varias las declaraciones que señalan a Taricco como uno de los jefes de la Clínica London. En 2003 la enfermera Bolumburú aseguró que “el doctor Taricco reemplazaba al doctor Zanghellini cuando éste se ausentaba en su puesto de director general”. 

A través de su abogado, Leonardo Battaglia, el médico Hernán Taricco declinó responder las preguntas de CIPER. 

EL DOCTOR LEYTON

El 27 de junio de 2003, Osvaldo Leyton declaró que fue debido a un ofrecimiento que llegó a la Clínica Santa Lucía en 1974. Mencionó que, llegando a la dirección que le habían señalado se enteró “que se trataba de un cuartel de la DINA y no de la Fuerza Aérea. En este lugar me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar para ellos, lo que acepté por necesidades económicas”.

En julio de 2005, el anestesiólogo declaró en dependencias de la Interpol. Allí, aseguró que sí tuvo conocimiento que en ocasiones llegaban agentes de la DINA con detenidos: “Efectivamente, tuve que concurrir en varias oportunidades a los centros de detención como Villa Grimaldi y Cuatro Álamos”. Leyton, fue señalado en la declaración de un enfermero del Ejército como parte de los médicos involucrados en episodios que terminaron con la muerte de detenidos. No obstante, Leyton Bahamondes no registra condenas, aunque en 2007 fue procesado por la muerte del cabo Manuel Leyton. 

Para esta investigación, el anestesiólogo fue contactado por CIPER en su consulta privada en Providencia, pero declinó responder.  

Leyton Bahamondes también declaró ante la policía el 17 de noviembre de 2006. En esa ocasión lo interrogaron por la ficha clínica del cabo Leyton. Tenía su letra. “No tengo explicación del porqué aparece mi letra en la parte que se refiere a la atención brindada durante el día, elucubrando un poco, puede que si lo hice fue debido a una orden que necesariamente debió haber venido de la jefatura médica, que en ese período correspondía, aparentemente, al doctor Taricco o bien a una autoridad militar superior”. 

Santiago Alfredo Matteo Galleguillos

Trabajó como enfermero del Ejército en la Clínica Santa Lucía y varios de quienes declararon lo recuerdan por un solo detalle: el detector de mentiras. El 10 de noviembre de 2005 un enfermero declaró: “Tanto Osvaldo Leyton como Zanghellini eran cardiólogos, y este último utilizaba un denominado PC1 o PC2, que era un detector de mentiras, que actuaba asesorado por el enfermero Santiago Matteo, que manejaba este equipo y que estaba guardado en una oficina chica de la London”.

Santiago Matteo Galleguillos también fue procesado en la investigación por el asesinato del cabo Leyton por presuntamente encubrir el homicidio. Pero su participación no pudo ser probada y fue absuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2020. 

En 2010, Matteo Galleguillos prestó declaración extrajudicial. En esa oportunidad, contó que había viajado a Miami junto al doctor Zanghellini en 1975 a un curso sobre el uso del detector de mentiras o polígrafo. Pero, agregó que nunca había usado esa máquina. Un enfermero del Ejército contó que en la misma clínica había un equipo que interrogaba detenidos con un detector de mentiras que era manejado -según relató- por los enfermeros más antiguos, Matteo Galleguillos y Lorenzo Toro Olivares. 

VISITAS A CENTROS DE DETENCIÓN

Entre los médicos que han sido condenados por crímenes relacionados con la DINA está el exdirector de la Clínica Santa Lucía, el cardiólogo Werner Zanghellini, sentenciado a 10 años y un día en una investigación por el secuestro calificado de dos personas, en el marco de la Operación Colombo. También el oftalmólogo Vittorio Orvieto, sentenciado en varias causas relacionadas con el campamento de prisioneros Tejas Verdes. Lo mismo ocurrió con Manfred Jürgensen, que falleció luego de ser capturado en Argentina. 

Jürgensen se encontraba prófugo de la justicia luego de ser condenado por la Corte Suprema, en enero de este año, a ocho años de presidio como cómplice del homicidio calificado del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Junto a él, fue sentenciado el reumatólogo Luis Alberto Losada, en calidad de encubridor, a dos años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional. Ambos asistieron a Álvarez Santibáñez en el Cuartel Borgoño, cerca de la Estación Mapocho. 

El enfermero Orlando Jesús Torrejón Gatica se encuentra condenado en múltiples causas asociadas a víctimas de la Operación Colombo y en el proceso por el asesinato de la profesora Marta Ugarte Román.

Orlando Torrejón Gatica, aparece descrito en las declaraciones de otros extrabajadores de las clínicas de la DINA. Un enfermero declaró que “el término paquete se refiere a los detenidos que estaban muertos, por lo general se decía ‘salió paquete’ y los que constantemente hablaban con ese término eran Torrejón o Muñoz”. Un sargento (r) de Carabineros que trabajó como enfermero, señaló que “la atención a los detenidos las realizaba personal específico para ellos, por ejemplo, recuerdo a Orlando Torrejón”. 

A esos nombres se suma, pero solo condenado en primera instancia como encubridor en el caso del cabo Leyton, el cirujano Pedro Valdivia Soto. Al igual que Bolumburú y Taricco, Valdivia se encuentra a la espera del fallo de la Corte Suprema. 

En los expedientes, también hay declaraciones que acusan a otros médicos de haber acudido a centros de detención. En 2005, un ex trabajador de estas clínicas afirmó haber acompañado a los médicos Sergio Virgilio Bocaz, Enrique Silva Peralta, Christian Emhart Araya, Eugenio Fantuzzi Alliende y Luis Cárcamo Díaz. “Debo señalar que varios de estos eran médicos recién egresados”, aseguró. 

De ese listado, Luis Felipe Cárcamo Díaz, otorrinolaringólogo, es el único que continúa en funciones: lo hace en su consulta privada en Temuco. A través de una persona que trabaja ahí, Cárcamo declinó responder consultas para este artículo.  

Entre los doctores que continúan ejerciendo también se encuentra Luis Santibáñez Santelices, que actualmente atiende en Integramédica. Santibáñez declaró en el caso Leyton y aparte de detallar que atendió al fallecido suboficial, señaló: “Comencé a trabajar en el verano del año 1977, a pedido del doctor Werner Zanghellini, también médico de la Fuerza Aérea. El motivo fue que se pretendía implementar una Unidad de Cuidados Intensivos en ella, ya que se presumía algunos atentados contra la DINA y autoridades militares. Duré poco tiempo, casi a fines de marzo de ese mismo año presenté mi renuncia, no alcanzando a ejercer tres meses en la Clínica London. Recuerdo que el director en esa fecha era Horacio Taricco Lavín”.

Contactado por CIPER, Santibáñez rechazó atender consultas sobre su participación en la Clínica London. 

Camilo Azar Saba es uno de los doctores que revisó las lesiones del profesor y militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez. Así lo señaló ante la justicia: “Por orden del general Mena debía recertificar las lesiones que presentaban dos personas que habían sido detenidas por Carabineros y luego traspasadas a la CNI (…) Una de estas personas posteriormente falleció en la Posta Central, un profesor llamado Federico Álvarez Santibáñez”. 

El doctor Jorge Manlio Fantini Valenzuela aparece en una declaración prestada por un exempleado civil de la DINA: “Era el que tenía que estar más atento cuando se hacían operativos y detenciones. Le gustaba estar vinculado”. En 1982 Fantini contrajo matrimonio con la enfermera Isabel Margarita Jarpa Riveros, quien prestó servicios en la Clínica London.

LOS GINECÓLOGOS

Una de las aristas que guio la investigación sobre las clínicas de la DINA, fue el presunto aborto a causa de las torturas que sufrió una detenida que había llegado a la Clínica Santa Lucía con ocho meses de embarazo. En un informe policial se consigna el testimonio de una prisionera que en 1975 fue detenida por la DINA. Según su relato, estuvo recluida en Colonia Dignidad y Villa Grimaldi. El informe sostiene que “fue en Villa Grimaldi donde pudo ver una detenida en malas condiciones físicas debido a las torturas recibidas, y que venía de una clínica ubicada cerca del cerro Santa Lucía, donde habían asesinado a su hijo de ocho meses, cuando se encontraba en su vientre”. 

De acuerdo con las declaraciones revisadas por CIPER, en reiteradas ocasiones los médicos y enfermeros fueron interrogados sobre el paso de una mujer embarazada por la Clínica Santa Lucía. El Ministerio del Interior, querellante en la causa, solicitó al ministro Solís que oficiara a la Vicaría de la Solidaridad para que remitiera los antecedentes de tres mujeres que habrían dado a luz mientras se encontraban detenidas por la DINA. El 6 de julio de 2009, Solís dio lugar a la solicitud. 

Por la Clínica Santa Lucía pasaron dos ginecólogos: Juan Pablo Figueroa Yáñez y Eduardo Francisco Contreras Valcarce.  

Fue el primero quien alguna vez declaró que recordaba una oportunidad en que le solicitaron atender a una detenida embarazada: “A esa petición me negué a efectuar la auscultación a la embarazada, y posteriormente me lo solicitaron como un favor personal, accediendo a examinarla, no encontrando problemas en su embarazo. Recuerdo que mientras realizaba dicho examen, se encontraba presente el señor Marcelo Moren Brito”. Figueroa dijo no recordar el nombre de esa mujer. 

Eduardo Francisco Contreras Valcarce falleció en 2016. Según una declaración del médico Eugenio Fantuzzi Alliende, Contreras Valcarce llegó a la clínica como otros compañeros de su promoción, por ofrecimiento de Zanghellini. Su nombre suele confundirse con el de su hermano, Enrique Eduardo Contreras Valcarce, médico cirujano. Pero mientras el primero prestó servicios en clínicas de la DINA, el segundo sufrió la represión de la “Caravana de la Muerte” y, según la versión de sus familiares, incluso fue prisionero en un recinto del norte. 

OTROS MÉDICOS MENCIONADOS

En la investigación se señala a una serie de médicos, dentistas y personal sanitario que formaron parte de la Clínica Santa Lucía. Según los archivos, fueron contratados a honorarios, en su mayoría recién egresados de la universidad. Los relatos de testigos coinciden en que en el primer piso se encontraba la clínica dental y que en el tercero se concentraba el cuerpo médico destinado a mantener con vida a detenidos que habían sido torturados. 

Los dentistas del primer piso aseguran que nunca vieron a pacientes detenidos y que no supieron de abortos. El jefe de ese departamento era el dentista Dámaso Luis Augusto González, quien todavía atiende su consulta en Providencia. Según explicaron otros médicos de clínicas de la DINA, fue él quien reclutó a alumnos de la Universidad de Chile -donde hacía clases- para integrarse a la Clínica Santa Lucía. Y, según consta en el expediente, en ocasiones quedaba a cargo de la clínica. 

CIPER se comunicó con la consulta del médico. Su secretaria señaló que estaba fuera de Santiago y que ella le daría nuestro mensaje. Al cierre de este reportaje, no había respuesta.   

Sergio Muñoz Bonta, también es señalado como un cirujano dentista que tenía jefatura en la Clínica London. Un enfermero declaró: “Al doctor Sergio Muñoz Bonta, que era un odontólogo que provenía de la Academia de Guerra, lo llevó el coronel (Manuel) Contreras para la Clínica London”. Muñoz Bonta falleció en 2005.

Los dentistas Carlos Rodolfo Ullrich Dunner y Milena Cecilia Zulic Lolic declararon en 2010 que trabajaron en la Clínica Santa Lucía. Ullrich lo hizo en el resto de las clínicas montadas por la DINA y hasta el retorno a la democracia en 1989.  A solo cuadras de distancia, en Las Condes, ambos tienen en la actualidad sus consultas dentales y los dos negaron ante la justicia haber visto o atendido a pacientes torturados. 

Zulic -quien estuvo casada con Ullrich- dijo a CIPER que tiene la conciencia tranquila: “Yo nunca tuve ni tengo nada que ocultar (…). Trabajé en la clínica. Estaba recién recibida y estaba buscando pega. Yo era súper buena alumna y no era de izquierda. Nunca he militado en un partido, pero me siento libre pensadora, pero no estaba para nada de acuerdo con lo que pasaba en ese minuto (la Unidad Popular). Pero, independiente de la cosa política, nunca se nos dijo que era para trabajar en la DINA ni que se iban a hacer detenidos y cosas, nada. Cuando me contactaron me dijeron que era para que atendiera a los hijos de funcionarios”. Cuenta que le pagaban bien, que estuvo ahí varios meses y que, cuando ya estaba trabajando en ese lugar, supo que estaba relacionado con la DINA. 

Consultada por CIPER si se fue de ese trabajo por reparos éticos, tras enterarse de que la DINA estaba detrás de la clínica, respondió: “No, porque yo en ese tiempo era un pájaro (…). Ahí no sabía nada de lo que estaba pasando”. 

Mario Augusto Hernández Cáceres es otro médico mencionado en el expediente que niega haber participado en hechos vinculados a violaciones de derechos humanos. Prestó declaración extrajudicial en 2010. Ese mismo año, el odontólogo Gonzalo Luarte Romo señaló ante la justicia haber trabajado sólo para la Clínica London y que tampoco vio ni supo nada.  Falleció el 10 de julio de este año.  

En el equipo de dentistas, también figuraba Pablo César Oyanguren Plaza, quien fue profesor de la Universidad Mayor hasta 2019. En el proceso dijo que fue Dámaso González quien lo reclutó. También declaró que formó parte de la clínica de la CNI, que le dieron una cédula de identidad con el nombre de Cicerón Videla para votar en el Plebiscito de 1988 y una tarjeta que se usaba como “rompe filas”.  

La lista de menciones también incluye a médicos de otras especialidades: al psiquiatra Roberto Emilio Lailhacar Chávez. Él declaró en 2010 que solo estuvo en Clínica El Golf, pero que prestaba servicios a la DINA desde antes: “Yo ingrese a la DINA como empleado civil (…). Probablemente durante el año 1973”. Además, explicó que trabajó con Lucía Hiriart cuando todavía Augusto Pinochet estaba en el poder. Aseguró que nunca atendió a personas heridas ni participó en interrogatorios. Consultado por CIPER, declinó referirse al detalle de lo que presenció e hizo en la clínica de la DINA. 

El cardiólogo Sergio Pliscoff Marovich trabajó en las clínicas London y El Golf. Declaró en 2010 y señaló que nunca visitó a personas detenidas: “Carezco de todo tipo de información”, dijo. Falleció en 2016.  

(*) En este reportaje colaboraron Valentina Valenzuela y Soledad López Figueroa.

(**) Los antecedentes expuestos en este artículo incluyen procesos judiciales en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva.