Base Aérea Maquehue

La Base Aérea Maquehue, ubicada en Maquehue-Resto del Lote A S/N Lote A, a cargo de la Fuerza Aérea, fue uno de los centros principales de detención y tortura en la IX Region y funcionó principalmente entre 1973 y 1974. El informe Rettig relata: “…Esta Comisión tomó conocimiento de abundantes testimonios que dan cuenta de la práctica de torturas en la Base Aérea de Maquehue y en el Regimiento Tucapel…”. Desde este centro de tortura también funcionaba el  Grupo de Helicópteros N° 3, el cual estaba al momento del golpe de estado al mando del coronel de la FACH Andrés Pacheco Cárdenas  -hermano de Conrado Pacheco Cárdenas, coronel de carabineros y comandante del campo de detenidos de Tres Alamos. Entre los métodos de tortura utilizados en este recinto fue el uso de helicópteros para hacer vuelos rasantes por sobre lagos y ríos de la zona teniendo suspendidos de una cuerda a detenidos que eran arrastrados sobre sus aguas.

Se estima que en el período de Septiembre a Diciembre de 1973, se encontraban  entre 500 y 700 presos políticos en estos centros de detención. Entre ellos se encontraba  Etienne Marie Louis Pesle de Menil (ciudadano francés, ex sacerdote), Eduardo González Galeno, (médico, Director del Hospital de Cunco), María Arriagada Jerez (profesora), Jorge Eduardo Calderón (empleado), los estudiantes Dixon Retamal Cornejo, Nelson Vladimir Curiñir Lincoqueo y Juan Riquelme Riquelme todos ellos se encuentra desaparecidos. El 2 de octubre 1973 fueron asesinados en la Base Aérea de Maquehua, dos funcionarios de la Salud, Alejandro Flore Rivera y Hernán Henríquez Aravena.

A la Base Aérea Maquehue fueron conducidos tanto hombres como mujeres. llegaban con la vista vendada y las manos amarradas. Algunos detenidos llegaban en malas condiciones físicas y psicológicas, debido a que antes ya habían sufrido torturas en otros recintos o durante el traslado hasta la base aérea. Muchos de ellos, principalmente los de la zona rural de la costa y de la cordillera, fueron trasladados en helicópteros. Los primeros días del golpe de Estado los hombres y mujeres compartían los calabozos, posteriormente fueron separados en celdas por sexo. Los detenidos permanecieron allí con la vista vendada, incomunicados, hacinados, sin derecho a baño, alimentos ni agua. Los declarantes mencionaron que eran interrogados y torturados, especialmente de noche. En ocasiones los hacían subir a helicópteros para amenazarlos con lanzarlos desde el aire, o para llevarlos a otros lugares de reclusión. Los galpones o hangares de la base aérea también fueron utilizados para mantener a los prisioneros. Era frecuente el traslado desde este lugar al Regimiento Tucapel y de éste a la base aérea. Los presos politicos fueron sometidos a intensas y sistemáticas torturas, sufriendo . golpizas, algunos con yatagán, con una regla en forma reiterada en los testículos; haber sido atados con alambres, padecieron aplicación de electricidad, simulacro de fusilamiento, colgamientos, el submarino seco y el mojado, vendas en los ojos que los confundían respecto del día y de la noche, los obligaban a presenciar y escuchar las torturas a otros; recibían amenazas, violación anal, vejaciones y violación sexual.

Desde la Base Aérea Maquehue operaba el Grupo de Helicopteros N° 3, y estaba al momento del golpe de estado al mando del coronel de la FACH Andres Pacheco Cardenas  -hermano de Conrado Pacheco Cardenas, coronel de carabineros y comandante del campo de detenidos de Tres Alamos.  El Grupo de Helicopteros N° 3 esta estrechamente relacionado con el uso indiscriminado de tortura para reprimir la población local, al igual que el asesinato y desaparición de 15 trabajadores de Neltume, Chihuío, Liquiñe y otros caseríos. Entre ellos los hermanos Alberto, Ernesto y Modesto Reinante Raipan, todos ellos asesinados en el puente del río Toltén. También están involucrados en la desaparición de los obreros agrícola Ricardo Segundo Bustos Martínez (de 21 años de edad) y de su compañero Ovando (no se tiene otra información sobre el), los cuales después de ser detenidos y torturados por miembros de una patrulla de la Aviación pertenecientes a la Base Maquehua, fueron hechos desaparecer.

Criminales y Cómplices:

Coronel Andrés Pacheco Cárdenas (FACH); suboficial Enrique Ferrier Valeze (Carabineros)

Civiles: Mario Fagalde Osorio y Germán Fagalde Osorio.

Fuentes de Información Consultadas: Informe Rettig; Libro: Morir es la Noticia; Documental: -"La Guerra Preventiva”; Cambio21; Archivo Memoriaviva;

El ministro especial Daniel Calvo, designado por la Corte Suprema para investigar causas relacionadas con los derechos humanos, ordenó la detención de dos ex uniformados y dos civiles que se encontraban en la comuna de Lautaro.

Se trata de los hermanos Mario y Germán Fagalde Osorio, de 54 y 57 años respectivamente. A los que se suman el suboficial en retiro de Carabineros, Enrique Ferrier Valeze; y un cuarto que también sería ex uniformado, cuya identidad no fue proporcionada.

Trascendió que el alto magistrado permaneció durante cuatro días en La Araucanía con personal del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones, realizando diversas diligencias relacionadas con casos de detenidos desaparecidos, sin que hasta ahora se haya logrado establecer a qué causas corresponden las detenciones.

Tanto en las indagatorias realizadas bajo absoluto hermetismo en dependencias de la Corte de Apelaciones de la capital regional y en el Juzgado del Crimen de Lautaro, el ministro le tomó declaraciones a unas 17 personas que habrían entregado antecedentes claves respecto a los casos que investiga el juez.

Tras recopilar diversos antecedentes relacionados con las diligencias, el ministro ordenó la detención de los dos ex uniformados y los dos civiles, quienes el sábado fueron ingresados al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Lautaro.

En horas de ayer, los detenidos fueron trasladados por personal de Gendarmería hasta la Región Metropolitana bajo fuertes medidas de seguridad, para dejarlos a disposición del ministro que continuará con las investigaciones.

El juez especial tiene cinco días para determinar si los antecedentes que se han logrado recopilar en las pesquisas son suficientes para dictar auto de procesamientos contra los inculpados, o de lo contrario, deberá otorgarles la libertad.

Al ser consultada cuál era su versión respecto a la detención de su esposo, la cónyuge de Mario Fagalde se mostró sorprendida, y declinó entregar mayores detalles respecto a lo sucedido.

Afectada sólo se limitó a decir que se sentía atropellada, y que anoche viajaría a Santiago para acompañar a su esposo e informarse de la situación legal en que se encontraba.

CASOS

En Lautaro se investigan cerca de 30 casos de detenidos desaparecidos, de los cuales un 80% corresponde a mapuches asesinados tras el golpe militar de 1973.

El caso más emblemático es el del estudiante de enseñanza media, Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla de 16 años, quien desapareció el 11 de junio de 1974, tras ser detenido por efectivos de Carabineros.

A lo anterior se suman otros casos como el del técnico agrícola de 29 años, Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, quien desapareció el 27 de junio del '74; Manuel Elías Catalán Paillal, quien no dio más señales de vida luego de ser aprehendido por personal de la policía uniformada de la citada comuna.

A lo anterior se suma la causa de los hermanos Antonio, Miguel, y Oscar Yaufulem Mañil, de 23, 25, y 18 años, respectivamente, a quienes nunca más se les vio con vida después del 11 de junio de 1974.

2 de junio de 2003

Detenido ex comandante de Base Aérea Maquehue

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por los ministros Héctor Toro, Víctor Reyes, y el abogado Gabriel Montoya, rechazó ayer el recurso de amparo presentado por el abogado Alfonso Podlech y confirmó el auto de procesamiento que el ministro en visita Fernando Carreño dictó en contra de un coronel en retiro de la Fuerza Aérea, quien permanece recluido en dependencias de la Base Aérea Maquehue.

El juez especial que investiga el paradero de unos 25 detenidos desaparecidos de La Araucanía sometió a proceso al ex comandante de dicha repartición por el secuestro calificado de Jorge Aillón Jara, jefe de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA) de Lonquimay, y de María Arriagada Jerez, quien se desempeñaba como profesora básica en la localidad de Chilpaco, en la misma comuna.

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Miguel Gallegos, precisó que la desaparición de ambos profesionales ocurrió a comienzos de octubre de 1973, tras el golpe militar.

En cumplimiento a una orden entregada por presidente de la Corte de Apelaciones que investiga las causas de Derechos Humanos, efectivos del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones detuvieron al coronel en retiro en la Región Metropolitana para luego trasladarlo hasta La Araucanía.

Al conocer detalles de lo ocurrido el abogado defensor del ex uniformado presentó un recurso de amparo que fue revisado por el tribunal de alzada.

(5 de diciembre de 2003)

Buscan fosa común en calle Lynch

El ministro en visita, Fernando Carreño, quien investiga la desaparición de una veintena de personas en La Araucanía tras el golpe militar del 1973, decretó varias diligencias para intentar dar con una fosa común de detenidos de desaparecidos que estaría ubicada en el sector céntrico de la capital regional.

El presidente de la Corte de Apelaciones de la IX Región, quien fue nombrado como juez especial para iniciar las indagaciones que permitan establecer las circunstancias en que se produjo la desaparición de estas personas y su actual paradero, solicitó las diligencias tras recibir nuevos antecedentes aportados por el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Miguel Gallegos.

Estos datos dicen relación con la existencia de un mapa confeccionado por un informante que en forma detallada entrega la ubicación de la fosa común que estaría ubicada al final de calle Lynch, en un terreno colindante al Regimiento Tucapel de Temuco.

A las 15 horas de hoy personal del Servicio Médico Legal, la Brigada de Homicidios y del Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones iniciarán las excavaciones en el sitio donde por años funcionó la Empresa Comercializadora Agrícola (ECA).

Uno de los antecedentes sostiene que allí habrían sido inhumados en forma ilegal los restos del ex intendente de la IX Región, Gastón Lobos, quien desapareció tras el golpe militar el 11 de octubre del 1973.

Las diligencias fueron decretadas por el alto magistrado tras acoger la petición del abogado querellante del Ministerio del Interior y es la segunda excavación que se desarrolla en la capital regional tras la reapertura de los seis sumarios. Los primeros trabajos para intentar dar con los restos de los detenidos desaparecidos se realizaron en la Isla Cautín, pero los esfuerzos desplegados resultaron infructuosos.

El magistrado Fernando Carreño Ortega condenó como coautores de los dos secuestros calificados al comandante de grupo de la FACH y jefe de la Base Maquehue, Leonardo Reyes Herrera y al comandante de escuadrilla, Luis Soto Pinto.

La justicia condenó este lunes a ocho años de prisión a siete oficiales y suboficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), como coautores del secuestro de dos izquierdistas en 1973.

La condena, en primera instancia, fue dictada por el juez Fernando Carreño Ortega, que ordenó la inmediata detención de los inculpados, que en la época cumplían funciones en la Base Aérea Maquehue, de la FACH, en la ciudad de Temuco.

El magistrado condenó como coautores de los dos secuestros calificados al comandante de grupo de la FACH y jefe de la Base Maquehue, Leonardo Reyes Herrera y al comandante de escuadrilla, Luis Soto Pinto.

También al oficial Heriberto Pereira Rojas y los suboficiales Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Jorge Valdebenito Isler y Enrique Rebolledo Sotelo.

En su investigación el magistrado estableció que los militares participaron como coautores del secuestro de Jorge Aillon Lara, de 33 años, padre de tres hijos, empleado de la Empresa de Comercio Agrícola y militante del Partido Comunista, quien tras ser detenido por efectivos de la FACH desapareció sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

La otra víctima es la profesora María Arriagada Jerez, de 40 años, con tres hijos, dirigenta del magisterio y también comunista, quien fue vista por última vez en la Base Aérea de Maquehua.

Según el Informe Rettig, que documentó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en ese período perdieron la vida más de 3.000 chilenos, de los cuales unos 1.290 son detenidos desaparecidos.

Ex militares y agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet serán juzgados en París por los crímenes de cuatro ciudadanos franco-chilenos. El juicio se inicia luego de doce años de espera en que no se reconocía la competencia de los tribunales franceses.

Luego de doce años de gestiones judiciales, el próximo 8 de diciembre se inicia en París el juicio contra ex militares y agentes de la dictadura del general Augusto Pinochet por su participación en el asesinato y desaparición de cuatro ciudadanos franco-chilenos tras el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Se trata de Jean-Yves Claudet, Alfonso Chanfreau, Georges Klein y Etienne Pesle, por cuyos crímenes serán juzgadas catorce ex represores en ausencia, luego de que no reconocieran la competencia de los tribunales franceses.

Entre los inculpados se encuentran los mismos ex militares y agentes que ya han sido acusados de numerosos otros crímenes como Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Basclay Zapata, Miguel Krasnoff, Marcelo Moren Brito, Raúl Iturriaga Neumann, José Zara y Enrique Arancibia Clavel, quien fue juzgado y cumple condena en Argentina.

Originalmente la lista incluía al propio dictador Augusto Pinochet y al líder de la Colonia Dignidad, el alemán Paul Schäfer, quienes al igual que otros tres acusados murieron en el intertanto.

"Este juicio es el fruto de la voluntad incansable, mantenida sin fallar durante más de treinta años, de parte de los familiares de las víctimas que nunca consiguieron justicia en Chile donde la Ley de Amnistía no ha sido aún derogada. Las asociaciones que se constituyeron parte civil en este juicio, incluida la nuestra, quieren ser un apoyo y una caja de resonancia para devolver su verdadera importancia a esta gestión de búsqueda de verdad y justicia elementales", indicó en un comunicado la Asociación de ex Presos Políticos en Francia.

El inicio del juicio de carácter histórico, que se extenderá hasta el 15 de diciembre, también fue celebrado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Codepu y la Liga Francesa de los Derechos Humanos.

Tras ser postergado en 2008, el juicio tendrá lugar en la corte con más alta jurisdicción criminal en Francia y los crímenes que se imputarán corresponden a desaparición forzada, que de acuerdo a la legislación de ese país están calificados como arresto y secuestro agravados por tortura y actos de barbarie.

A las audiencias asistirá como testigo Erika Hennings, presidenta de la Corporación Londres 38, espacio de memorias, y otras personas que viajarán desde Chile para testificar ante la justicia francesa.

Georges Klein, asesor del Presidente Salvador Allende, fue detenido por las tropas a cargo del general Javier Palacios en el Palacio de La Moneda, la mañana del 11 de septiembre de 1973. La investigación efectuada por los jueces franceses reconstituye la detención y posterior envío de los detenidos en La Moneda al regimiento Tacna, entre ellos, el doctor Georges Klein, que desaparece de ese lugar el 13 de septiembre.

Etienne Pesle de Mesnil, ex sacerdote, funcionario de INDAP de Temuco, fue detenido el 19 de septiembre de 1973 por miembros de la FACH. Numerosas declaraciones y testimonios dan cuenta de su presencia en la base aérea de Maquehua.

Alfonso Chanfreau era militante del MIR. Ex estudiante de Filosofía de la Universidad de Chile, fue detenido en su domicilio el 30 de julio de 1974, en presencia de su esposa, Erika Hennings. Numerosos testimonios de ex presos atestiguan su paso por diferentes centros clandestinos de detención. Erika, detenida junto a él, es testigo directo su desaparición desde la casa de Londres 38. En este caso es la DINA, la que será sometida a juicio, representada por su principal responsable, Manuel Contreras Sepúlveda.

Entre las múltiples víctimas del Plan Cóndor -coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas durante la segunda mitad de los años 70-, se encuentra Jean-Yves Claudet, ingeniero franco-chileno detenido en Buenos Aires, el 1 de noviembre de 1975. Los magistrados franceses han acumulado cargos suficientes para inculpar, al menos, a un oficial argentino en contacto con Manuel Contreras, de la DINA.

Ocho ex funcionarios de la Fuerza A érea de Chile fueron detenidos y sometidos a proceso en Temuco como autores, en 1973, del homicidio calificado del médico Hernán Henríquez Aravena y del dirigente de los trabajadores de la Salud, Alejandro Flores Rivera. Los crímenes fueron perpetrados el 5 de octubre de 1973 en la Base Aérea de Maquehua. Otros cinco ex funcionarios de la Fach fueron sometidos a proceso como encubridores. La resolución judicial causó expectación en la zona, donde la investigación ha sido difícil por tratarse de crímenes cometidos por uniformados en un recinto militar. Se espera, al mismo tiempo, se establezca la responsabilidad de jefes y oficiales de mayor grado.

El 11 de septiembre de 1973 el doctor Hernán Henríquez Aravena, director zonal del Servicio Nacional de Salud de Temuco, fue llamado a la Fiscalía Militar en el Regimiento Tucapel de la ciudad. Compareció al día siguiente y fue devuelto a su domicilio. En la noche del 12 ó 13 (lo que no se ha logrado precisar), Carabineros allanó su casa y lo llevó detenido para ponerlo al día siguiente nuevamente a disposición de la Fiscalía Militar. Esta lo envió finalmente bajo arresto a su domicilio y fue citado a comparecer el 25 de septiembre. Pero en la noche del 24, Investigaciones allanó nuevamente su casa. Más tarde hizo lo mismo una patrulla de Carabineros que lo sacó de su domicilio, sin mayores explicaciones a él o a su esposa, Ruth Kries a quien, al día siguiente, en la Fiscalía Militar se le informó que su marido no había sido llevado ante ese tribunal ni se encontraba en el Regimiento Tucapel. También lo negaron en la base aérea de Maquehua (donde efectivamente estaba y había sido torturado, según testimonios que constan en el proceso).

El 5 de octubre, el Bando N° 9 firmado por el comandante de la Guarnición Militar de Temuco, informó que “ante el intento de fuga planificado por Alejandro Flores Rivera en complicidad con Hernán Henríquez Aravena mientras se encontraban detenidos en el cuartel del Grupo N° 3 de Helicópteros, y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron eliminados por la guardia. Los demás sujetos huyeron del lugar sin obtenerse otras bajas. Esos elementos extremistas fueron enterrados”.

La investigación judicial ha concluido sin embargo que ambos fueron ejecutados en la Base Aérea de Maquehua por el personal encargado de su custodia, y que no hubo intento de fuga.
La doctora Ruth Kries Saavedra, esposa de Henríquez, debió abandonar Temuco porque su vida también peligraba. Con sus cuatro hijos salió al exilio en la República Federal Alemana. Revalidó estudios y ejerce la medicina en Frankfurt. Tres de sus hijos se graduaron como médicos en Alemania y el otro como periodista en Chile, pero regresó a Alemania, donde reside.
Ruth Kries ha mantenido una relación permanente con Chile. Visita regularmente el país y también Temuco, donde conserva amigos. Ella se querelló por al asesinato de su marido y ha mantenido una lucha permanente a lo largo de 21 años. El proceso que lleva el ministro Alvaro Mesa, de la Corte de Apelaciones de Temuco, ha imputado el homicidio calificado del Dr. Hernán Henríquez y de Alejandro Flores a un grupo de ocho ex funcionarios de la Fach a los que además, se responsabiliza por apremios ilegítimos. Ruth Kries conversó con PF.
 

Llama la atención la lentitud del proceso y el escaso avance en términos de esclarecimiento.
“Se debe a que están involucrados elementos de las fuerzas armadas y Carabineros, especialmente de la Fach. También los procedimientos se rigen por el sistema penal antiguo, mucho más lento.

Los antecedentes que han llevado al ministro instructor a proseguir el proceso ya estaban en el proceso. Cuando inicié la causa, agregué el certificado de defunción de mi marido que dice ‘fallecido por herida de proyectil’ agregando que ocurrió en un recinto militar.

A Hernán lo mataron en la noche del 4 al 5 de octubre de 1973. A mi me detuvieron días después. Cuando me liberaron, tuve media hora para salir de Temuco con mis cuatro hijos. Un oficial de Carabineros dijo: ‘Señora, se tiene que ir de inmediato porque la busca gente del SIM (Servicio de Inteligencia Militar), que son muy brutos. La van a matar porque usted habla demasiado’.

Me asilé y salí en el primer grupo de chilenos que viajó a la República Federal Alemana. No pudimos volver pronto porque se nos prohibió el ingreso a Chile, incluyendo a mi hijo de siete meses. Cuando pudimos entrar presenté una querella, hace 21 años. El ministro que se hizo cargo la remitió a Valdivia, sosteniendo que correspondía a la justicia militar porque había ocurrido en un recinto castrense. Fue rechazada, según me informaron, porque el caso caía dentro de la ‘ley de amnistía’. Esa fue la primera querella.

Dos años después volví a presentarla en Santiago. Estuvo en manos de tres ministros, entre ellos Juan Guzmán y el ministro Daniel Calvo, que fue el único que investigó en los seis meses que tuvo la causa. Yo venía a Chile todos los años y no pasaba nada. Decidí entonces llevar la causa a Temuco. Ha sido un proceso difícil, tiene ocho tomos. El ministro actual, Alvaro Mesa, ha llegado hasta donde estamos. Es meritorio que por lo menos haya revisado a fondo lo que se había hecho. Ha sido importante también la actuación de mis abogados, la del Ministerio del Interior y el trabajo especializado de la PDI”.

¿Su marido estuvo desaparecido?
“Sí. El 24 de septiembre se lo llevaron carabineros. Me dijeron que lo habían entregado a los militares. Fui a todas partes, a todas las instituciones que podían tenerlo. En todas partes me decían ‘no lo tenemos’, pero yo sabía que lo tenían. Fui también a la Masonería. Pedí ayuda a la Iglesia, y me la negó el obispo Bernardino Piñera. Me dijo que no nos ayudaría porque ‘no éramos cristianos’.

Recibí información de que Hernán estaba en la base aérea de Maquehua, donde era torturado. El comandante Andrés Pacheco, de la Fach, a cargo de la base -una persona grosera y brutal-, me dijo que no lo tenían. Yo sabía que era mentira. Hay un testigo que vio a Hernán en la base, torturado”.

¿Cuáles fueron las razones del asesinato de su marido?
“En lo fundamental, puede haber sido por su trabajo con los mapuches. Hubo, seguramente, otras razones menos importantes, como su militancia comunista, que no era muy destacada porque se dedicaba a su trabajo. Hernán era jefe del Servicio Nacional de Salud y la huelga médica fue muy dura, con mucho odio de clase… Puede haber sido otra razón.
Mi marido impulsó un programa de salud intercultural dirigido a los mapuches, que tuvo mucha repercusión. El conocía bien la situación de discriminación y abandono en que estaban los mapuches. La idea del programa intercultural era llevar la medicina a las comunidades. Era necesario un enfoque global y multidisciplinario. Medicina alternativa tradicional y, al mismo tiempo, preparar monitores mapuches. Se alcanzó a hacer un curso completo. La derecha lo denunciaba como un ‘proyecto subversivo’.

La represión afectó brutalmente a los mapuches. También al programa de medicina intercultural. En pocos semanas cuatro de sus responsables fueron asesinados: mi marido, Hernán Henríquez; el dirigente zonal de la Federación de Trabajadores de la Salud, Alejando Flores, y más tarde dos educadores sanitarios: Jécar Neghme -padre del dirigente del MIR, del mismo nombre, asesinado en 1989-, y Manuel Gastón Elgueta”.

¿Qué espera usted del juicio?
“Espero saber. Necesito saber qué pasó en esos días, dónde lo tuvieron, dónde lo torturaron, y donde lo mataron. Quiénes lo hicieron, con nombres y apellidos, y porqué asesinaron a un hombre indefenso que nunca hizo mal a nadie. Siento que esta es mi obligación y no quisiera morir dejando esa tarea sin cumplir.

¿Qué piensan mis hijos? Ellos comprenden, han vivido con esto. Durante mucho tiempo creí que ellos no sabían, ni mucho menos que recordaban haber visto detener a su papá. Me decía: al menos no vieron cuando se lo llevaron. Hasta que supe que lo recordaban. Crecieron con la historia de los años de la Unidad Popular y Salvador Allende, con la idea de esas esperanzas, también con la historia de su papá contada por otra gente que lo conoció. Nunca he podido yo contarles la historia.

Espero que se haga justicia. Pero pienso que para estos crímenes no hay justicia suficiente, son demasiado atroces. Pero entiendo también que los crímenes deben ser castigados de alguna manera. Confío en que el tribunal cumpla su deber y que los culpables sepan que hay crímenes que no tienen perdón. Por eso, para mí, es tan importante este juicio. Servirá también, es lo que espero, para que la sociedad de Temuco se mire al espejo y vea una verdad lastimosa, no el rostro amable que cree tener”

Los asesinos y sus cómplices

En Temuco ha causado revuelo la detención de ex funcionarios de la Fach y civiles, entre ellos empresarios y profesionales de la zona, acusados de los asesinatos del médico Hernán Henríquez y del dirigente gremial, Alejandro Flores, en 1973.

Los ex funcionarios de la Fach -detenidos en libre plática en la base aérea de Temuco- son: Hugo Crisóstomo Ferrada Carrasco, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto y Leonardo Reyes Herrera.

En la misma condición se encuentran detenidos los civiles Berthold Erwin Bohn Sauterel, Rodolfo Ernesto Schmied Callejón, Antonio Sergio Monserrat Mena, Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Pablo Aquiles Alister Contreras, Emilio Sandoval Poo y Enrique Alcides Isaacs Casacuberta.

Bestialidad máxima: agentes de la DINA usaban animales en violaciones a mujeres mientras las torturaban

Mujeres víctimas de los criminales de la dictadura se atrevieron a denunciar que fueron violentadas sexualmente durante su detención en centros de tortura por funcionarios del Ejército y de la DINA. Dos de ellas fueron Mónica Echeverría y Alejandra Holzapel.

Las violaciones a los derechos humanos que se llevaron a cabo durante la dictadura militar han sido comprobadas por la justicia chilena. Es cosa de ver las condenas que se han hecho a militares que fueron parte de la DINA y la CNI.

Sin embargo, otras informaciones que se han dado a conocer recientemente tienen que ver con las violaciones sexuales que acompañaron la tortura en esos años. Fueron vejaciones sufridas por mujeres mientras se encontraban detenidas en los centros de exterminio de Villa Grimaldi, Tres Álamos, Tejas Verdes, entre otros lugares.

A los métodos de tortura que se aplicaron en la dictadura a más de tres mil mujeres, hay que añadier que fueron violentadas sexualmente por los agentes de la DINA y funcionarios del Ejército que las tenían recluidas, actos realizados bajo la mirada de los militares, quienes además permitieron incluso la utilización de aminales adiestrados.

Tal cual. Fue una humillación que se repitió una y otra vez.

Lelia Pérez fue una víctima de estas violaciones; tenía 16 años cuando la detuvieron y la llevaron al Estadio Nacional el 12 de septiembre de 1973. "De las mujeres que fuimos llevadas al sector de los camarines, creo que todas fuimos sometidas a violencia sexual", recordó.

Un profesor de un instituto comercial detenido en 1973, agregó: "Recuerdo que mientras estuve detenido y torturado en la Base Aérea Maquehue (al sur de Temuco), un recluta me contó que una profesora que había llegado detenida desde la localidad vecina de Lonquimay fue violada y torturada sistemáticamente por el personal de inteligencia de la base. Se vanagloriaban por ello".

En el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura se cuenta que "cuando un detenido es violentado sexualmente por un agente del Estado o por un particular a su servicio, estas agresiones constituyen una forma de tortura, porque causan en las víctimas un grave sufrimiento sicológico, generalmente acompañado de un dolor físico capaz de provocar secuelas".

Querella
Ante tal macabro recuerdo, tres sobrevivientes de la dictadura presentaron una querella por violencia sexual con carácter de delito de lesa humanidad ante el juez Mario Carroza. Entre las querellantes se encuentra Alejandra Holzapfel, quien estuvo detenida en Villa Grimaldi.

Antes que ellas hubo otras que dieron a conocer estos abusos, entre las que se encuentra la escritora Mónica Echeverría, quien acusó a Víctor Echeverría Henríquez (con el que no tiene nexo familiar) de que durante la dictadura fue capitán a cargo del Regimiento de Infantería N°1 "Buín", lugar que fue utilizado como centro de detención y tortura luego del Golpe y que cometió abusos deshonestos hacia su persona.

La literata sentenció: "El capitán Echeverría estaba a cargo de inteligencia militar y trabajaba con Investigaciones. Él me detuvo y él mismo también me interrogó, me torturó y también me violó".

Abogados defensores de Derechos Humanos reaccionaron ante la afirmación del nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea (FACH), Jorge Robles y sostuvieron que las investigaciones de tribunales relacionadas con violaciones ocurridas durante la dictadura, no se cierran por decreto, ni por declaraciones de los militares. El uniformado señaló que el tema de los derechos humanos, en su institución, es un “capítulo cerrado”.

El nuevo comandante en jefe de la FACH, general del Aire Jorge Robles Mella, investido por la Presidenta Michelle Bachelet, aseguró que las investigaciones de causas de Derechos Humanos son una “situación zanjada” para su institución, acotando que “solo espera seguir colaborando con la información” que les sea solicitada.

Las declaraciones emitidas durante su ceremonia de asunción, fueron replicadas por abogados defensores de Derechos Humanos, quienes las calificaron como un error, destacando que les preocupa la “impunidad biológica” de los casos, considerando el tiempo transcurrido y la muerte de los involucrados en los hechos, para coincidir que las investigaciones no se cierran por la voluntad de los militares.

Se deber recordar que el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, en septiembre pasado, dictó sentencia en primera instancia contra cinco ex integrantes de la FACH, por los ilícitos de homicidio calificado y secuestros ocurridos al interior de la Academia de Guerra Aérea (AGA) durante 1974. También se debe agregar la causa que indaga la querella por torturas en contra del general en retiro Fernando Matthei.

Otra investigación que aún permanece abierta en tribunales, es la que está relacionada con los hechos ocurridos en la base aérea de Maquehua, ubicada en Temuco, que fue acreditado como un centro de torturas en el informe Rettig, por el que pasaron alrededor de 700 personas.

Al interior de la base aérea Maquehua, funcionó también el Grupo de Helicópteros N° 3, al mando del coronel de la FACH Andrés Pacheco Cárdenas, al momento del Golpe de Estado, que está bajo indagatorias por el homicidio y desaparición de 15 trabajadores de Neltume, Chihuío, Liquiñe y otros caseríos.

El abogado de Derechos Humanos, Nelson Caucoto, consideró un error los dichos del general del Aire y precisó que la FACH aún tiene antecedentes que entregar a la justicia.

“Las declaraciones del comandante en jefe de la Fuerza Aérea constituyen un error puesto que la sociedad chilena, incluida las fuerzas armadas y la Fuerza Aérea, están en la obligación de cumplir con un deber permanente que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos, es una tarea que embarca a toda la sociedad en su conjunto, de manera que darlo por cerrado me parece un despropósito, incluso teniendo en cuenta que la propia Fuerza Aérea tiene mucho que decir respecto de personas detenidas desaparecidas”, indicó el jurista.

La abogada Magdalena Garcés, defensora en causas relacionadas con la Academia de Guerra Aérea, destacó que agentes de la FACH aún se encuentran bajo las pesquisas de la justicia, por su eventual participación en el Comando Conjunto, grupo represivo que compitió con la DINA durante los primeros años de la dictadura y aseguró que mientras no se encuentre la verdad, las indagatorias seguirán abiertas.

“Todavía hay un manto de impunidad en Chile importante, todavía hay muchos pactos de silencio que funcionan, no tenemos la verdad, no hemos logrado establecer el destino de los detenidos desaparecidos, por lo tanto si bien hay importantes avances en verdad y justicia, todavía hay largas tareas pendientes y en ese sentido las causas no se van a cerrar y van a seguir adelante, pero creo que tratar de cerrar por declaraciones, por decreto o voluntad de los militares no ha resultado y no va a resultar”, sentenció la abogada.

Otro de los hechos que destacaron los abogados de Derechos Humanos, es las indagatorias de la justicia, en el caso del general en retiro de la FACH, Enrique Ruiz Bunge, considerado como uno de los máximos responsables del llamado Comando Conjunto, que operó desde 1973 hasta 1978 y centró sus operaciones en la persecución de los militantes del MIR.

La manifiesta reiteración del comandante en jefe de la FACH, de dar por zanjado el “capítulo” de las violaciones a los DD.HH., según opinión de los abogados, estaría alejada de la política coyuntural interna y no consideraron el contexto judicial en el que están involucrados los militares.

El magistrado "logró acreditar con certeza la participación de estas personas", dijo a Efe Joseph Beraud, uno de los abogados querellantes tras entrevistarse este lunes con el juez Mesa.

En su resolución, el juez Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, a 672 kilómetros de Santiago, procesó a los 15 como autores o encubridores de los delitos investigados y junto con procesarlos ordenó que permanezcan en prisión preventiva.

Un juez especial procesó este lunes en la sureña ciudad chilena de Temuco a quince oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), algunos de ellos activos, por su participación en el homicidio de dos opositores a la dictadura y torturas a otros tres en 1973, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el juez Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, a 672 kilómetros de Santiago, procesó a los 15 como autores o encubridores de los delitos investigados y junto con procesarlos ordenó que permanezcan en prisión preventiva.

El magistrado "logró acreditar con certeza la participación de estas personas", dijo a Efe Joseph Beraud, uno de los abogados querellantes tras entrevistarse este lunes con el juez Mesa.

Según la resolución del juez, los 15 están implicados en la ejecución sumaria y posterior desaparición del médico Hernán Henríquez Aravena y del enfermero Alejandro Flores Rivera, asesinados el 2 de octubre de 1973 en la base aérea "Maquehue", en las afueras de Temuco.

Hernán Henríquez era entonces director del Servicio Nacional de Salud para las provincias de Malleco y Alejandro Flores Rivera era el presidente regional de la Federación de Trabajadores de la Salud.

En ese período (1973-1990) más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos.

Además, se procesó a los aviadores por el delito de torturas a otros tres opositores a la dictadura de Augusto Pinochet: Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza.

Los procesados, de los que once estaban detenidos preventivamente desde el pasado viernes, son los oficiales Anibal Tejos Echeverría, Leonardo Reyes Herrera, Enrique Isaacs Casacuberta y Rodolfo Schmied Callejón.

También los oficiales de reserva Emilio Sandoval Poo, Berthold Bhonn Suterel y Pablo Alister Conterras, además de los suboficiales Heriberto Pereira Rojas, Luis Yañez Silva, Enrique Rebolledo Sotelo, Luis Soto Pinto, Crisóstomo Ferrada Carrasco, Jorge Soto Herrera y Jorge Valdebenito Isler.

Emilio Sandoval Poo fue condenado en ausencia a 15 años de prisión en noviembre de 2011 por la justicia francesa, por la desaparición del exsacerdote de esa nacionalidad Etienne Pesle Menil, detenido en Temuco el 19 de septiembre de 1973.

Sobre la ejecución de Henríquez y Flores, las autoridades militares de Temuco emitieron días después un comunicado que sostenía que ambos habían sido muertos durante un intento de fuga con apoyo externo y sus cadáveres enterrados, pero sin que hasta hoy se haya dado a conocer el lugar.

El informe Rettig, que en 1991 certificó las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973-1990), señaló sobre este caso que "no resulta creíble que, estando detenidos en un recinto militar, sin visitas e incluso sin que se hubiese reconocido a sus parientes su permanencia en ese lugar, los prisioneros hubiesen acordado un plan de fuga con personas del exterior del recinto".

En ese período más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado y de ellos, 1.192 permanecen aún como detenidos desaparecidos.

Fuentes de la defensa de los aviadores procesados anunciaron que en los próximos días recurrirán la prisión preventiva decretada por el juez.

La Corte Suprema confirmó la condena de 10 años y un día de presidio efectivo a 9 funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, como autores del delito de secuestros calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil. Ilícito cometidos en la Base Aérea de Maquehue, comuna de Temuco en septiembre de 1973.

De forma unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado (i) Jorge Lagos– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducido por la defensa de Emilio Sandoval Poo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo condenó junto a otros ocho acusados, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Etienne Marie Louis Pesle de Menil. Ilícito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco.

En la sentencia, la Corte Suprema confirmó la resolución que condenó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera a 10 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado del ciudadano francés; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, estableció los siguientes hechos:

“1.- Que ocurrido el pronunciamiento militar, el día 11 de septiembre de 1973, el Comandante del Grupo N°3 de Aviación de la Base Aérea de Maquehue, Coronel Andrés Pacheco Cárdenas, actualmente fallecido, delega el mando operativo de la Base en el Segundo Comandante, Benjamín Fernández Hernández, también fallecido, para que éste asuma el llamado Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna;

2.- Que, el Comandante Benjamín Fernández, una vez que recibe el encargo operativo, organiza a un grupo elegido de funcionarios de planta y oficiales de reserva en retiro de la Fuerza Aérea para efectuar, en términos generales, labores de inteligencia, sin embargo las tareas que realmente cumplieron tuvieron claros propósitos ilícitos, como fueron el allanamiento de viviendas y oficinas en forma indiscriminada, la detención de personas contrarias al régimen militar o partidarias de la administración saliente, sin orden judicial alguna, luego interrogarlos bajo tortura y en ocasiones, llegar a su total eliminación, ocultándose sus restos, para ello actuaron en todo momento conscientes tanto de la ilicitud de sus actos como que ellos eran atentatorios de derechos humanos, contando para su ejecución con infraestructura, recursos materiales, organización y jerarquización piramidal, siendo sus objetivos las conductas contrarias a la ley penal;

3.- Que, el ciudadano de origen francés, Etienne Marie Luois Pesle de Menil militante del Partido Socialista, en ese entonces técnico de INDAP, es detenido en una primera oportunidad el 12 de septiembre de 1973 por efectivos policiales en su domicilio y luego entregado a la Fiscalía Militar, quien decide dejarlo libre y colocarlo bajo custodia del Director de COPALCA en esa época, Luis Hoffman Gómez Contreras, ya fallecido, con obligación de concurrir diariamente a firmar un registro, compromiso que cumplió rigurosamente hasta el día 19 de septiembre de ese año;

4.- Que ese día 19 de septiembre, una vez que se presenta a cumplir sus labores en INDAP, alrededor de las 11:00 horas, un grupo de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, denominado ‘Pandilla Salvaje’, ‘Los Chicos Malos’, ‘Departamento II’, en forma autoritaria y sin exhibir orden judicial ni administrativa alguna, lo saca del Edificio Turna donde estaba instalado el mencionado Instituto, lo sube a una camioneta y le traslada a la Base Aérea de Maquehue, donde le mantiene encerrado sin derecho, para ser interrogado bajo tortura, según ha podido comprobarse con los atestados de testigos presenciales del secuestro y de su posterior encierro en dicho lugar, luego desaparece sin dejar rastros ni que se tengan noticias posteriores de él. Los esfuerzos desplegados por sus familiares para ubicarle, resultaron infructuosos, y el único antecedente que finalmente se obtiene fue de manera informal, cuando el mencionado Segundo Comandante de la Base Aérea, Benjamín Fernández, le reconoce al custodio de Etienne Pesie, Luis Hoffman Gómez Contreras, que éste estuvo privado de libertad en la Base Aérea de Maquehue, pero le agrega que lo liberaron, cuestión que en autos pudo constatarse, jamás aconteció;

5.- Que esta organización represiva de agentes del Estado, pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, creada con objetivos criminales, son los que detienen a Etienne Marie Louis Pesie de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de operaciones, la Base Aérea de Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el Pabellón de la Comandancia bajo tortura, manteniéndole encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia, y desaparece sin que hasta el momento se tenga noticias de su destino ni tampoco registros en que conste su deceso”.

En el aspecto civil, se confirma el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $ 180.000.000(ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

El ministro en visita Alejandro Solís procesó ayer al ex comandante del Grupo Nº 3 de Helicópteros de Maquehue -Temuco- Andrés Pacheco Cárdenas y al suboficial de Carabineros Clenardo Figueroa Cifuentes, como autores del secuestro del director del Hospital de Cunco, Eduardo González Galeano, ocurrido el 14 de septiembre de 1973.

En tanto, el cabo de Carabineros Gamaliel Soto Segura fue encausado como cómplice del ilícito, debido a que es sindicado como el que detuvo a la víctima.

El médico desaparecido era miembro activo del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), situación por la que fue detenido junto a su esposa, Natacha Carrión, por efectivos de Carabineros para ser trasladados a la Tenencia de Cunco. En ese lugar fueron interrogados de forma separada para obtener información sobre armamento.

“Estos recintos, policiales y militares, operaban funcionarios que ordenaron o ejecutaron otros capturas de personas militantes de partidos políticos, a quienes encerraron ilegalmente, doblegándolos bajo tormentos físicos de variada índole con el objeto de hacerlos entregar información sobre armamentos presuntamente escondidos”, indica la resolución.
El dictamen establece que González y Carrión fueron subidos a un helicóptero, al mando del comandante Benjamín Fernández para ser llevados hasta la Base Aérea Maquehue de Temuco, comandada por el oficial Pacheco. En esa ocasión, su esposa embarazada de tres meses, advirtió que su cónyuge estaba muy maltratado y tenía la cara ensangrentada.
El médico contó a su mujer, en un momento en que quedaron a solas, que el oficial interrogador le mencionó que las armas habían sido encontradas en los muros de la casa. Esto sorprendió a Natacha, debido a que a ella le dijeron que las habían encontrado entre los muebles. Este fue el último diálogo que sostuvo matrimonio antes de que fueran separados y González desapareciera.

Corte de Temuco sostuvo que participó en ejecución del joven militante del PCEl tribunal de alzada revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño y dictó la pena de cinco años y un día de cárcel para Heriberto Pereira Rojas

El joven mapuche Nelson Curiñir tenía 22 años a la fecha de su detención. Según el expediente habría sido asesinado el 14 de octubre a orillas del río Cautín.

Quien fuera sindicado como el jefe de la "patrulla salvaje", conocido grupo de la base aérea Maquehue de Temuco que practicó detenciones, interrogatorios y torturas tras el golpe militar de 1973 fue nuevamente condenado.

El oficial (R) FACh Heriberto Pereira Rojas fue sentenciado el lunes pasado por la Corte de Apelaciones de esa ciudad a cumplir la pena de cinco años y un día de cárcel como cómplice del asesinato del joven mapuche Nelson Curiñir Lincoqueo.

Con este dictamen, el tribunal de alzada de la IX Región revocó el fallo del ministro en visita Fernando Carreño, quien desestimó la autoría y participación de Pereira en el caso del homicidio calificado del ex militante de las Juventudes Comunistas (JJCC), quien fue detenido y trasladado desde su hogar a centros de tortura el 5 de octubre de 1973.

Sin embargo, la Corte sostuvo que tuvo un grado de participación en el crimen y ordenó también una indemnización para la familia de Curiñir.

Tres meses antes, el mismo juez instructor condenó a Pereira como autor de otros crímenes cometidos en la base aérea Maquehue. Esa vez el juez Carreño sentenció al oficial (R) -junto a otros suboficiales FACh- a cumplir ocho años tras las rejas por el secuestro calificado de dos militantes del Partido Comunista (PC) el obrero Jorge Aillón Lara y la profesora María Arriagada Jerez.

El fallo establece que, en la época cuando ocurrieron los hechos, Pereira no tenía calidad de conscripto de la FACh por lo que desempeñaba labores como cabo segundo en la mencionada base aérea.

MANCHA EN LA CARA

Él mismo, según el fallo, declaró haber pertenecido a un grupo especial que con colaboración de algunos civiles tenía como misión detener y trasladar a opositores al régimen militar hasta la base de Maquehue.

Varios testigos declararon en el expediente que quien arrestó a Curiñir era un hombre que tenía una horrorosa mancha en la cara alusiva a una grave quemadura en el rostro, lo cual corresponde con una característica del acusado.

Otros testimonios indican que el grupo represor al cual pertenecía Pereira no sólo tenía como misión detener a opositores, sino también realizar los interrogatorios y aplicar torturas.

Por este motivo y otras pruebas es que los jueces Leopoldo Llanos y Álvaro Mesa llegaron a la convicción que "la participación del acusado en los hechos que derivaron en el homicidio calificado de Curiñir no fue accidental ni en virtud del mero cumplimiento de órdenes".

A juicio de los magistrados, el retirado oficial tuvo la plena conciencia de estar ejecutando hechos previsibles y que "objetivamente" conducirían al asesinato de la víctima.

En el fallo se estableció también que la familia de Curiñir debía ser indemnizada por daño moral ya que sólo en 1990 lograron conocer el paradero de su hijo, quien se encontraba como NN en el cementerio de Nueva Imperial con dos balazos en el cráneo. El fisco deberá pagar $ 200 millones, tras acoger la demanda.

Efectos psicosociales e interpretación sociocultural de la represión política vivida por los familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados mapunches y no-mapunches.

IX Región. Chile. (1973-90)

El contexto represivo en la araucanía

Visión general.

La Región de la Araucanía tiene una distribución geográfica en tres grandes áreas que se escalonan. Por una parte la zona cordillerana, con las cumbres de los volcanes Lanin, Llaima y Lonquimay dominando el conjunto. Es una zona de acceso difícil, con caminos de ripio no siempre transitables, donde predominan las poblaciones pequeñas y las comunidades rurales. El valle central, atravesado por la carretera panamericana, eje viario de la región, y donde está Temuco, la capital, y las principales ciudades (Angol, Collipulli, Victoria, Lautaro, Pitrufquén, Gorbea, Loncoche). La zona de los lagos (Villarrica, Calafquén, Caburga) es un escalafón intermedio entre la cordillera y el valle central. Por último las zonas bajas de costa, poco fértiles y escasamente habitadas. Varios ríos de gran volumen atraviesan la región. Destacan por su importancia el Cautín y el Toltén.

El mapa de la distribución geográfica de los casos de desapariciones y ejecuciones en función de la etnia muestra que hay una agrupación alrededor de varios puntos: por un lado la comuna de Temuco donde predominan las ejecuciones de personas hispanochilenas, más al sur Freire, Pitrufquén y Gorbea, con un grupo importante de desaparecidos hispanochilenos. Hacia el norte Lautaro y sus alrededores, y especialmente las comunidades que están en los caminos rurales de Lautaro a Galvarino y de Lautaro a Curacautín, donde se da el mayor núcleo de desaparecidos de la región, casi tan alto como los registrados en el propio Temuco. En esta zona se trata sobretodo de población mapunche. Fuera de este eje hay un grupo de desaparecidos en la zona que depende de Cunco: las comunidad de Los Laureles y el camino hasta Melipeuco. En Villarrica se produjo el 13 de septiembre de 1973 la desaparición y probable muerte en un solo operativo de ocho militantes de las juventudes socialistas de entre 16 y 23 años, en la que ha sido la mayor masacre colectiva de la región.Por último en Puerto Saavedra y Carahue se produjeron diversas ejecuciones entre 1973 y 1974.

Los factores que determinan esta distribución son los siguientes:

a) El tipo de centro de reclusión. Así, el Regimiento Tucapel y la Base Aérea Maquehue en Temuco funcionaron como centros de detención y tortura, produciéndose en su interior las ejecuciones de los detenidos. Los casos de desaparición de personas son muy raros en la ciudad de Temuco. En cambio si la detención se producía en un Reten rural (o Comisaría de carabineros) era más probable que tras la tortura se produjera la desaparición de la víctima.

b) La proximidad de ríos. Puede observarse como predominan los desaparecidos en aquellas poblaciones atravesadas por ríos importantes. Así en la zona de Lautaro o en el eje Cunco-Melipeuco.

c) El origen de la muerte. Las desapariciones son más frecuentes en las zonas en que se produjo una 'limpieza social' a manos de grupos paramilitares de personas acusadas de robo de ganados o de haber participado en tomas de tierra. Así, en el eje que va de Lautaro a Galvarino.

Areas geográficas especificas.

Además de Temuco, vamos a analizar con algo más de detalle las circunstancias de las dos pequeñas localidades de Lautaro y Galvarino, donde está el principal núcleo de ejecutados y desaparecidos de la región, y los operativos realizados en Kurarrewe, representativos de las acciones en zona cordillerana y similares a los que tuvieron lugar en Lonquimay o Llaima.

1. La zona de Lautaro, tanto en el casco urbano como en las comunidades de alrededor (Comunidades Manuel Levinao, Brasil, Quiñacó, Curañilaue).

Desde antes del golpe de Estado, los sectores derechistas y los dueños de fundos se habían agrupado en la organización Patria y Libertad que mantenía estrechos vínculos con el Regimiento de Lautaro desde antes del golpe militar. Lautaro fue además una zona en la que las tomas de fundo por parte de sectores afines al MIR tuvo su máxima expresión. No quedó prácticamente ningún fundo que no fuera colectivizado. Los mapunche eran dueños de esas tierras hasta los años 20-30. Después el Estado chileno las vendió a particulares y se constituyeron los grandes fundos. Durante la UP esos fundos fueron expropiados u ocupados y los mapunches volvieron a trabajar en ellos. Después del golpe las tierras volvieron a los particulares. El litigio (que ahora parece ya definitivamente cerrado a favor de los dueños de fundo) venía, por tanto, de antiguo.

En esta zona se produjeron 2 tipos distintos de actuaciones:

a) Ejecuciones sumarias de campesinos sin móviles políticos reales, en su mayoría mapunches, algunos de los cuales se rumoreaba que se dedicaban al robo de ganado. Nuestro equipo no ha podido constatar, investigando en los juzgados de la región, que se tratara de personas que hubieran sido condenadas por abigeato antes del golpe militar. En los casos en que tenían antecedentes por delitos comunes, nunca fueron juzgadas o condenadas por ello. En opinión de una dirigente habría un componente cultural importante a considerar en este tema, ya que sería una práctica habitual entre los mapunche del sector el cosechar una parte de los cultivos de los fundos y faenar algún vacuno de los mismos. Así se han manejado habitualmente las tierras y los animales desde la cultura mapunche, sin que se haya interpretado como delito desde su lógica cultural de compartir recursos. La comprensión de este aspecto es difícil para la gente no mapunche(A).

En todo caso, una buena parte de los DD-EP de Lautaro no tenía ningún tipo de afiliación política, y sólo participaron de manera marginal en alguna toma de fundo. Las desapariciones tuvieron lugar en operativos relativamente discretos realizados por civiles y uniformados que se desplazaban en una o dos camionetas de propiedad de civiles de la zona. Los civiles, y en ocasiones los uniformados, utilizaban capuchas para evitar ser reconocidos después.

Algunos de los sobrevivientes lo describen así:

'Los carabineros iban en camioneta de los dueños de fundo, unos García… varios había. Ellos le pagaban a los carabineros para que eliminaran a la gente. A veces llegaban 'curados'. Era Domingo Campos siempre. Él era el que siempre iba, y ahí sigue, libre, riéndose. Igual que Ferrier. Con ese señor Poo, Campos hacía la lista de la gente en el Club Social de Lautaro. Le decían: A fulano de tal, te pago tanto pero mata a ese huevón. A mí me tomaron varias veces para preguntarme quienes robaban en la zona. Quienes eran comunistas… ¿Para qué me preguntaban si ellos sabían? (Ch1901)

'Nosotros no teníamos nada que ver con política. A mi hermano lo acusaban de robarse un caballo. Vinieron a la casa a desordenar todo, a tirar todo. Yo tenía doce años, y vi como se lo llevaban, como lo golpeaban. Se iba lleno de sangre, yo creo que ya casi muerto. Nunca hablé de esto en la escuela. Ni después. Nunca he hablado de esto más que ahora cuando me han llamado a declarar contra Ponce y Campos. De hecho ni siquiera a mi marido le he contado lo que vi. Para evitar que se interprete mal y puedan pensar que una estaba en política. (M1003)

'Yo no sé por qué tomaron a mi papá, él nunca se metió en el tema de los asentamientos. Incluso hablaba mal de Allende, decía que era un mal gobierno. Pero a cualquiera lo tomaban en ese tiempo. Cuando se lo llevaron, él había bajado a Lautaro por unas semillas, y ya no volvió. Nunca reclamamos, es mejor no haber reclamado. Yo nunca he querido participar en nada. Ahora soy presidente de la comunidad. Yo no quería, porque algún día puede cambiar la cosa. Siempre lo engañan a uno'.(M0803)

'Yo también estuve detenido, me tomaron por el nombre, por el apellido. Los mismos ricos le 'metían pica' a los carabineros. Me tuvieron en la Plaza de Armas de Lautaro los carabineros. Me golpeaban, me gritaban. Habían varios. Era el puro griterío adentro. Se me llevaron el carné, tuve que ir a buscarlo al escuadrón. Me mandaban que me cortara el pelo: 'Tú, mirista, córtate el pelo'. A todos los llamaban miristas. Las patrullas andaban deteniendo a todos y llevándolos para abajo'. (M2801)

En todos los testimonios se identifica siempre a las mismas personas: los carabineros Campos, Ponce y Ferrier acompañados, según los casos, por unos u otros civiles. Se trata de carabineros que conocían personalmente a todas las familias y mantenían vínculos incluso de parentesco con muchos de ellos. Esto hizo que la represión fuera aún más incomprensible, porque nadie entendía lo que ocurría. En cuanto conocedores del terreno fueron así localizando y ejecutando a los mapunches en una operación de 'limpieza moral':

'No sé por qué buscaban a mi padre. Él se entregó reclamando a su hijo, pero no lo tomaron. Mi papá era socio con el suegro del carabinero. Tenían ovejas a medias. Hacíamos asados juntos en la casa. El suegro le dio incluso una carta de recomendación para que los carabineros no lo molestaran. Pero no sirvió de nada. El suegro nos dijo: 'Estamos en estado de guerra. Ahora no hay perdón y no se respeta a nadie. Ahora mandamos nosotros'. Cuando él (el carabinero) se ponía el uniforme cambiaba. Mi hermano no fue denunciado, ni mi padre tampoco. El nunca intervino en ninguna gestión porque tenía animales, no podía dejarlos solos'. (M1001)

'A mi padre lo detienen volviendo de Santiago, de acompañar a alguien a la Embajada francesa. Y mi padrino de bautizo era Mario Ponce. Él fue el que detuvo y entregó a mi padre. Fue a buscarlo a la casa y le dijo que fuera con confianza, que sólo tenía que firmar unos papeles y volvería a la casa. Incluso estuvo en la ejecución. ¿Cómo pudo ese hombre matarlo dejando una niña de dos años huérfana?. Era gente sin conciencia, tenían el cerebro lavado. Muchos años después no pude resistir y fui a verlo a su casa. Llamé a la puerta y él no se atrevió a abrir. Le temblaba la voz cuando, haciendo como que no me conocía, me dijo -'vuelva otro día, que la señora de la casa no está'. No fue capaz ni de abrir la puerta'. (Ch1401)

Parece tratarse, por tanto, de un clima de impunidad en el que los carabineros locales tenían el beneplácito para crear una atmósfera de miedo dirigida desde elementos de Patria y Libertad. Entra en juego, por tanto, un poder local como el brazo ejecutor de unas instituciones que son en definitiva las responsables del clima de terror e impunidad. Los asesinos no habrían actuado si el Estado no hubiera decidido convertirlos en tales.

Esta misma situación que estamos describiendo en Lautaro se produjo en otras zonas de la IX Región. Así, los casos estudiados en Melipeuco parecen responder a un esquema similar:

'Mi hermano se había pagado en el trabajo y fue a tomarse unas cervezas. Pagó con un billete grande. El otro no quería darle vuelto. Discutieron. El dueño del restaurante fue a carabineros y les dijo que mi hermano lo había amenazado con un cuchillo y que era comunista. Esa misma noche se lo llevaron.'(Ch3801)

b) Actuaciones de carácter específicamente político. En otros casos la represión se ejerció sobre connotados elementos políticos de la región. La tortura y muerte de Julio Hadad, la desaparición de Pedro Millalen o la persecución sistemática de diferentes miembros de las familias Catalán Lincoleo y Levinao se inscribirían en este segundo grupo. En este caso se trata de operaciones diseñadas desde 'estratos superiores', en ocasiones con personal especialmente desplazado desde Santiago.

2. La zona de Kurarewe, cercana a la frontera con Argentina

Aquí se realizaron operativos similares a los descritos en el estudio realizado por el CODEPU en la X Región, que citábamos en la sección anterior. Se trata de espectaculares exhibiciones de fuerza, con gran despliegue de medios terrestres y aéreos y decenas de soldados que llegaban a las casas. Los siguientes testimonios describen cómo se realizó el amedrentamiento en esta zona cordillerana:

'Era un gran miedo. Salíamos temprano de la casa al monte y no regresábamos hasta la noche para comer algo y dormir. Las mujeres quedaban en la casa, pero los hombres temprano se iban. Llegaban los carabineros, muchos, y revolvían todo o asustaban a la gente'. (M0306)

'Desde que ese mal vecino nos denunció por quedarse con la tierra, los militares llegaban constantemente a las casas. Mi primo tenía veinticuatro años y trabajaba en el campo. Por el miedo salíamos todo el día al monte, cargando a los niños. Quedaban las mujeres. Nosotros sólo íbamos a la casa en la noche, a buscar algo que comer, y a saber cómo estaban ellas. En la mañana y en la tarde llegaban los militares y lo botaban todo. A la gente que pillaban se la llevaban al monte con los ojos vendados. Eran como cinco o seis casas con ese problema. En ese lugar no se conocía política. Era toda gente incrédula y seguro que no participaban en nada. Mi tío no sabía leer ni firmar. Los militares lo fueron a ver una mañana y le llevaron a dos hijos. Él fue a reclamar y en eso lo tomaron a él y ya no volvió. Después de eso no fuimos más a preguntar. No se podía reclamar.' (M0301)

'El 11 de Septiembre yo estaba en la montaña cuando escuché un tiroteo, retumbaban los cerros. Dejé los animales y me vine a la casa. Llegando vi un militar. Me gritó -'Manos arriba. Bote esa arma que lleva'. Yo no llevaba arma sino el machete de monte y lo boté. -¿Y su papá -me dijo- dónde está escondido su papá?-. Eran un grupo grande de gente que lo andaban buscando. Preguntaban y como no tenían respuesta pensaban que estaba escondido en alguna parte y era por ganar tiempo. Por eso el que mandaba ordenó ametrallar toda la parte de arriba de la casa por si acaso él estuviera allí escondido. Aún se pueden ver las balas. Mi madre estaba abrazada con los niños, esperando a que pasara. Por fin se fueron. Desde lejos volvieron a ametrallar la casa. Los militares les habían dicho a los carabineros que mi papá tenía más de 200 hombres armados y que le tuvieran miedo. Pura mentira, sólo tenía una escopeta vieja y un revólver. Pero durante dos años siguieron viniendo a preguntar por las armas, hasta que se convencieron de que allí no había nada'.(Ch1501)

En la misma línea está el espectacular operativo en helicóptero realizado en Lonquimay para detener a los dirigentes comunistas Jorge Ayllón Lara, Julio San Martín y María Arriagada Jerez.

3. En Temuco se combinan las muertes por discrecionalidad de los carabineros con la detención de elementos connotados de los partidos de izquierda:

'A él llegó a buscarle la policía de investigaciones. Hace tiempo que lo tenían vigilado. Él creo que sabía lo que le iba a pasar porque un día me dijo: 'Usted, madre, no le converse a nadie si le preguntan por mí. Y si algún día yo faltara, cuídese mucho'. Eso es porque él ya había visto que habían detenido a varios de su mismo partido y pensaba que quizás le tocaría también' (Ch1001)

'Mi padre realizaba trabajo sindical obrero. Una vez estábamos quemando papeles y un vecino nos denunció diciendo que eran libros. Carabineros llegó a la casa. Sin esa llamada no habría primera detención. Después de eso lo vigilaban'.(Ch0501)

'La muerte de él es cosa que no se entiende. Lo balearon por caminar por la calle con el toque de queda. Nunca se metió en política, ¿qué iba a saber?. Así fue que lo mataron'. (Ch2601)

'Desde la ventana de mi casa se veía perfectamente como los carabineros se tomaban sus tragos y después le tiraban a la gente a las piernas por divertirse, o a los perros. Se reían de ellos, o de la gente si salía corriendo. A veces tenían a mucha gente botada en la calle con las manos en la cabeza por puro gusto…' (M2503)

En las muertes en el Complejo Maderero Panguipulli hubo casi un tercio de ejecutados que pertenecían al MIR o a alguna de sus ramas (especialmente el MCR). En nuestro estudio, en cambio, la mayoría de las víctimas con filiación política conocida eran militantes del Partido Comunista. Ello no significa que no hubiera presencia del MIR (que protagonizó buena parte de las tomas de fundos que acabarían en masacres), sino que probablemente no había una militancia abierta, o, especialmente en el caso de los mapunches rurales, habría un seguimiento de los líderes miristas con participación activa en tomas de tierras, sin llegar necesariamente a integrarse en la estructura partidaria.

En resumen, en la IX Región hubo varios niveles de intervención. Por un lado una guerra moral impulsada desde sectores de la derecha y ejecutada por los uniformados de la zona. Estos daban rienda suelta a sus posibilidades de protagonismo ante los señores locales, y de venganza con las personas de la comunidad en el contexto de una anuencia permisiva de los superiores. Esta estrategia obedecía, en realidad, a un diseño planificado desde niveles superiores de amedrentamiento colectivo y de terror. Junto a ello hubo una represión selectiva dirigida a los militantes de partido y a connotadas personalidades que simpatizaban con la izquierda. Al igual que en el estudio de Neltume, hubo connivencia entre carabineros y militares y participación directa de civiles con afinidad ideológica con la dictadura, algunos de los cuales señalaban las personas a desaparecer. Es decir, estamos ante un proceso represivo amplio en el que se mezclan como causas los factores sociales (antiguos problemas familiares por tierras o ganado dentro de las comunidades), culturales (problemas inter-étnicos) y políticos (militancia y actividad reconocida). [volver]

Notas

(A) Respecto al tema del denominado robo de animales por parte de personas mapunches José Quidel, Gabriel Llanquinao y Clodovet Millalen consideran que deben hacerse las siguientes puntualizaciones: (1) El robo de animales era generalizado. El PC lo estimulaba como una "restitución de algo propio", y hay gente que asumió esa explicación y estuvo de acuerdo con ella. No fueron sólo personas mapunches quienes adhirieron. (2) Tras las tomas de fundos las personas celebraban la toma durante mucho tiempo. Cuentan los peñis que estuvieron en esa época que se mataba a las mejores vaquillas del fundo y se carneaba para celebrar,y que a veces las celebraciones duraron varias semanas. Los dueños de fundo entendían que se les estaba robando sus animales. (3) Dentro de nuestra cultura el robo se usa como prueba para hacer leso al otro, para demostrar ante los demás su falta de habilidad e inteligencia. Esta es nuestra interpretación tradicional y antigua. Se podía hacer con las mujeres, los animales etc y tiene que ver con la alerta, con la necesidad de todo hombre mapunche de mantenerse despierto. Por ejemplo, si un hombre pacta con una mujer y la roba sin que su familia se de cuenta, o si llega a la casa y tiene relaciones con ella, eso es una viveza. No se puede tomar represalias. No es robo, sino viveza, y esta en lo que la comunidad considera adecuado. Si se da cuenta, entonces es cuando se castiga. La importancia de 'estar alerta' es tan importante como cualidad del hombre Mapuche que a partir del momento en que el hombre mapunche empieza a ser ganadero y no nómada aparecen modos de buscar el apoyo de los elementos sobrenaturales para que ayuden a 'estar alerta' y vigilar. Así por ejemplo, el uso de piedras Küra para evitar que otros puedan llevarse el ganado de uno. (4) Siempre se mantuvo la idea de que a los ricos hay que robarles, pero entre nosotros no deben tocarse los animales. Sería delito robar entre iguales. No sería delito tomar animales de la gente rica. Esto tiene que ver con el Principio de Reciprocidad que rige el funcionamiento mapunche. Si en alguna ocasión se toman animales de un igual, eso debe tener una causa. Algo debió hacer la persona rompiendo su relación de equilibrio con los demás (no acudir a funerales, no visitar a los demás, no compartir en ciertos momentos). (5) Antiguamente hubo ciertos troncos familiares que entre los mapunches identificamos como Weñefe que basaban su sustento en la consecución de animales. Este término tiene un sentido peyorativo negativo y en general las comunidades están rechazando a quienes reciben ese calificativo. Estas familias han desaparecido prácticamente en el actual contexto chileno.

El ministro en visita para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, dictó procesamiento en contra de 15 ex integrantes de la Fuerza Aérea de Chile por los delitos de homicidio calificado y apremios ilegítimos, aplicados a prisioneros de la Base Aérea Maquehue de Temuco, entre septiembre y octubre de 1973.

El magistrado encausó a los ex uniformados, en distintos grados de responsabilidad, por los homicidios de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, ocurridos el 5 de octubre de 1973, y por las torturas aplicadas a Hugo Painemal Arriagada, Jorge Silhi Zarzar y Sergio Riquelme Inostroza.

Según la resolución, el magistrado procesó a Enrique Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera, Crisóstomo Ferrada Carrasco, Luis Soto Pinto, Luis Yáñez Silva, Jorge Soto Herrera, Jorge Valdebenito Isler y Heriberto Pereira Rojas como autores de dos homicidios calificados y tres delitos de apremios ilegítimos, mientras que a Pablo Alister Contreras y Emilio Sandoval Poo los condenó por los mismos delitos pero en calidad de cómplices.

También dictó sentencia para los ex funcionarios de la FACh Berthold Bohn Sauterel, Rodolfo Schmied Callejón, Antonio Monserrat Mena, Aníbal Tejos Echeverría y Enrique Isaacs Casacuberta como encubridores de los hechos anteriormente descritos.

Tres niños que vivieron con sus madres en la Cárcel El Buen Pastor de Temuco, al centro Luis Eduardo.

Comparto con mis ex compañeras de prisión del Buen Pastor de Temuco, en Chile, la opinión de que fuera de los apremios físicos y psicológicos que se nos aplicaron tanto individual como colectivamente luego del golpe militar de 1973, el nacimiento de Luis Eduardo, hijo de la doctora Natacha Carrión y su esposo también médico y detenido desaparecido Eduardo González, constituyó el hecho que más nos conmocionó como mujeres, como personas y como presas políticas en nuestro período de cautiverio.

Cuando llegué a la cárcel en calidad de presa política a fines de septiembre de 1973, Natacha Carrión ya se encontraba allí. Había sido detenida por personal de Carabineros inmediatamente después del golpe militar en su casa en la localidad rural de Cunco, vecina a Temuco,  junto a  su esposo, entonces director del único hospital local y donde ambos ejercían su profesión médica. Natacha tenía cinco meses de embarazo y otro niño, César, de tres años que se habían llevado a Santiago sus abuelos maternos al producirse la detención de sus padres. Una disposición de la legislación carcelaria chilena impide que las madres puedan vivir en prisión en compañía de sus hijos, si éstos son mayores de dos años, por lo que César sólo vivió esporádicamente y por períodos muy breves con Natacha. 

A los pocos días de su ingreso a la cárcel, Natacha comenzó a pedir a la fiscalía de Carabineros una entrevista con su esposo, quien luego de su apresamiento había sido trasladado a la Base de la Fuerza Aérea (FACH) en Temuco, pero la policía uniformada siempre se la negó, sin mayores explicaciones, lo que la llevó a sospechar de que Eduardo González había sido hecho desaparecer, como estaba sucediendo con muchos amigos y conocidos nuestros en esa época. No recuerdo si alguna vez la Fiscalía o la Base de la Fuerza Aérea en Temuco reconocieron que desde ese lugar se perdió toda información sobre el paradero del director del hospital de Cunco, lo que ocurrió de hecho con el silencio cómplice de los militares y los Carabineros.

Natacha sufría esta situación de una manera muy digna, sin llorar delante del resto de las presas. Su energía la canalizaba en prepararse para el nacimiento del hijo que esperaba y en organizar a las compañeras que iban llegando, cada vez en mayor número. La mayoría nos conocíamos porque compartíamos los mismos ideales políticos, estudiábamos en la Universidad o trabajábamos en esferas del gobierno democrático de Allende. Además, más de una vez habíamos coincidido en alguna de las muchas manifestaciones públicas que se producían –incluso con cierta espontaneidad-  en una región tan efervescente y polarizada como la de la provincia de Cautín. A los problemas comunes al resto de Chile, se sumaba la movilización del movimiento campesino mapuche tras la recuperación de sus tierras ancestrales, reivindicación apoyada por organizaciones políticas de la izquierda revolucionaria y sus frentes en el movimiento estudiantil, los trabajadores y los campesinos pobres o sin tierra.

Un día llegó a la cárcel Judith en calidad de detenida, una joven matrona comunista de una localidad cercana a Temuco, hecho que algunas de nosotros vimos como la llegada de un ángel protector para Natacha, quien había expresado reiteradamente su determinación de no ir al Hospital Regional de Temuco en el momento de su parto,  pues temía que sus colegas médicos – en su mayoría reconocidamente de derecha y pro golpistas – pudieran atentar contra su vida o la de su hijo por nacer, como venganza por su militancia política y la de su esposo.

Las que sabíamos de su determinación temíamos de que el parto en la cárcel se complicara, con graves consecuencias para ella o el niño, ya que no se contaba con ningún instrumental médico, ni siquiera con medicamentos atenuantes del dolor. Sin embargo, la postura e Natacha se mantuvo firme: el niño o niña debía nacer en la cárcel para resguardar su seguridad y también la de ella. Judith asumió con mucha responsabilidad su tarea y a menudo la veíamos auscultar el feto y medir el crecimiento de la panza de Natacha de manera bastante artesanal. Ella atendería el parto discutiendo las decisiones en cada momento con Natacha, contando con la ayuda de dos compañeras que serviríamos de auxiliares. Obviamente, el hecho de que Natacha conociera con exactitud los detalles de un parto, por haber participado en muchos de ellos como médico, facilitaría el procedimiento, pero no disminuía los graves riesgos que podría correr si el niño o niña venía con problemas pues no se contaba con los medios técnicos necesarios para enfrentar esa situación.

No recuerdo que día del mes de enero de 1974, Natacha y Judith nos avisaron a Magaly y a mí –las dos auxiliares inexpertas- que había llegado el momento para el que nos habían preparado muy precariamente. Ese día, las contracciones habían comenzado a hacerse más asiduas, por lo que ambas habían decidido intentar iniciar la tarea de parto una vez que se nos encerrara en la noche en la habitación que nos servía de celda-dormitorio colectivo. Sólo algunas detenidas fueron avisadas, pues temíamos que alguna hiciera algún comentario en el patio y que la información fuera entregada a las monjas o a las gendarmes por las presas comunes con las que compartíamos ese espacio, lo que significaría el inmediato traslado de Natacha al hospital, con el consiguiente peligro para su integridad física y la de su hijo.

Afortunadamente, en los días anteriores familiares o amigos habían logrado pasar por el control de entrada una aguja de las que se usan en las operaciones y alcohol para desinfectar. Esas y un par de tijeras esterilizadas con agua hirviendo, constituyeron el reducido instrumental que Judith ocupó en el parto.

Las auxiliares esperamos esa noche que las compañeras se durmieran para colgar un par de sábanas que aislaran la zona donde Natacha iba a dar luz y en un silencio sólo interrumpido por alguna petición de ayuda de parte de Judith, trabajamos para tener preparados agua caliente, gasas, pañales, etc.

La camilla de parto fue improvisada retirando la mitad del colchón y colocando toallas y un recipiente ancho que servía habitualmente para lavar, sobre la parte del somier vacío. Natacha fue una parturienta notable: pujó con fuerza y no profirió ni un grito de dolor, pues nadie fuera de nosotras podía enterarse de lo que estaba pasando. En una habitación- celda contigua dormían una veintena de presas comunes, las que ni siquiera despertaron con el llanto de Luis Eduardo al nacer, que a nosotros nos pareció como música celestial. Era un niño normal y el parto había sido un éxito, gracias a la valentía y entereza de Natacha y a la profesionalidad de Judith.

Fue difícil conciliar el sueño esa noche, estábamos demasiado emocionadas. Sentíamos que ese niño era un regalo para Natacha, pero también venía a alegrarnos la vida de todas nosotras y a renovar las esperanzas en un mañana mejor para todo el pueblo chileno, lejos del odio y la violencia que se abatían en esos momentos contra él. Creo que la única que realmente durmió fue Natacha, quien estaba exhausta con el esfuerzo.

Luis Eduardo, llamado así en honor a su padre desaparecido, creo que ha sido el primer y único niño, hijo de presos políticos, nacido en prisión en Chile. Todas nosotras habíamos tenido el privilegio de acompañar a esta valiente madre en su hazaña de desafiar a sus carceleros para defender la vida de un hijo, que llegaba al mundo marcado por el compromiso político y social de sus progenitores, que ya había cobrado la vida de su padre y que obligaba a su madre a vivir junto a él recluidos en una cárcel, lejos de su otro hijo y de su familia, e impedida de poder ejercer su libertad, sus derechos y su profesión al servicio de los demás.

Otros niños, tres además de Luis Eduardo, vivieron en distintos períodos con sus madres y nosotras en la Cárcel del Buen Pastor en Temuco, pero ellos no nacieron dentro del presidio.

Testimonio de Fireley Lely Elgueta Jaramillo

Periodista presa política desde el 27 de septiembre de 1973, hasta el 22 de octubre de 1975 en la Cárcel del Buen Pastor de Temuco, Chile.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso al carabinero en retiro Gonzalo Humberto Figueroa Nieto como autor de los delitos de detención ilegal y apremios ilegítimos de Juan Luis Díaz Cortés, perpetrados en la comuna de Curarrehue, durante septiembre de 1973.

En el mismo proceso, pero sólo por el delito de apremios ilegítimos  el ministro instructor sometió a proceso a los ex integrantes de la policía uniformada: Nelson Enrique Rodríguez, Luis Barut Hernández Rojas, Robinson Edgardo Vergara Rivera, Héctor Guillermo Sepúlveda Chacón y Abdiel Sacarías Alfaro Alfaro.

En causa Rol 2-2012, el ministro instructor concedió a los seis procesados el beneficio de la libertad provisional, previo pago de una fianza de cien mil pesos ($100.000) por cada uno de ellos.

En la investigación, el ministro Álvaro Mesa estableció:

“A.- Que con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 el Retén de Carabineros de Curarrehue se reforzó con contingente de otros destacamentos, quedando al mando de un oficial de carabineros del grado de teniente, quien inmediatamente y por propia iniciativa ordenó la detención de civiles del lugar sin contar para ello con alguna orden emanada de algún  Tribunal que lo facultara para tal acción.

B.- Que Juan Luis Díaz Cortez, simpatizante del gobierno de la Unidad Popular, fue detenido por personal de Carabineros de Curarrehue el 13 de septiembre de 1973 por orden del teniente a  cargo del retén. Al llegar a la unidad antes indicada pudo ver que también se encontraban privados de libertad Renato Santana Dubreuil, Luis Cid Hernández y Benito Tapia. Posteriormente todos fueron subidos a una camioneta de propiedad de un civil de nombre Clorindo Mena (Q.E.P.D.) y trasladados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón y posteriormente ser  derivados a la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, donde Díaz Cortez pasó la noche. A la mañana siguiente fue trasladado a la Base Aérea Maquehue, lugar en el que fue interrogado y posteriormente puesto en libertad, pudiendo regresar a Curarrehue al día siguiente.

C.- Que el día 17 de septiembre de 1973 Juan Luis Díaz Cortez fue nuevamente detenido por Carabineros de Curarrehue, esta vez junto a su hermano Luis René Díaz Cortez, Manuel Antonio Humaña Jiménez, Rubén Enrique Leal Riquelme, Renato Ariel Saravia Flores, Baldomero Osvaldo Salazar Salgado y otras personas. Posteriormente fueron subidos a un vehículo y trasladados hasta la Subcomisaría de Carabineros de Pucón para, posteriormente, ser  derivados al Regimiento Tucapel de Temuco. En ese lugar permanecieron en un gimnasio ubicado en el interior de la unidad militar y tras algunos interrogatorios fueron llevados a la cárcel pública. 

D.- Que a fines de septiembre de 1973 Juan Luis Díaz Cortez fue  liberado y decidió regresar a Curarrehue, donde debía presentarse diariamente ante carabineros de esa comuna. En esa unidad policial fue sometido a apremios físicos cada vez que concurrió allí, tales como golpes de pies y puños o con la punta del fusil que portaban los uniformados, quedando su torso y cara muy hinchado y con moretones. En una oportunidad quedó detenido y lo hicieron pelear con otra persona de nombre Pedro Raín (Q.E.P.D). Para esto fueron llevados al hall de entrada del retén y los obligaron a  sostener una pelea a mano limpia. Después fueron dejados en libertad. 

E.- Que ante el hostigamiento sufrido, Díaz Cortez decidió abandonar Curarrehue, solicitando para aquello un salvoconducto con el objeto de trasladarse a Temuco, situación que ocurrió el 15 de octubre de 1973.”

El ministro Álvaro Mesa Latorre fue designado instructor de causas de DD.HH. el 27 de septiembre del año 2011. Al momento de asumir, recibió 41 causas en estado de sumario. Actualmente conoce de 106 causas y en 25 de ellas ha dictado autos de procesamiento,  lo que ha significado dictar un total de 80 autos de procesamientos.  Además, existen 85 causas en etapa de sumario, 15 en  etapa de plenario y  11 han sido falladas.  De estas últimas  todas las sentencias han sido condenatorias, encontrándose 5 de ellas ejecutoriadas con fallos condenatorios.  Por otra parte, 6 han sido sobreseídas temporalmente, 2 fueron sobreseídas definitivamente y se ha declarado incompetente en 2. Hasta la fecha existen 120 personas sometidas a proceso y 45 acusadas. 

En su labor investigativa, el ministro instructor de la Corte de Apelaciones de Temuco es asistido por 5 actuarios judiciales y 8 detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.

Las organizaciones de Derechos Humanos solicitaron al Gobierno evitar que el papa Francisco celebre la misa en el Base Aérea Maquehue de Temuco, debido a que fue un centro de tortura y desaparición forzada.

Entre los casos emblemáticos está la del médico cirujano, Hernán Henríquez Aravena, y del dirigente del sector público, Alejandro Flores, quienes fueron ejecutados al interior de la base de la Fuerza Aérea de Chile, en octubre de 1973.

Carlos Oliva, dirigente de las organizaciones de Derechos Humanos de Temuco, señaló que el argumento fue presentado para evitar que la Base Aérea Maquehue sea el lugar donde el papa Francisco celebrará la misa el próximo 17 de enero.

El presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sostuvo una reunión con la intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, quien descartó de plano la posibilidad de cambiar el lugar que visitará Jorge Mario Bergoglio.

Esta es una nueva polémica sobre la base aérea, que se suma a la cantidad y calidad de los accesos que tendrá para recibir a más de 400 mil personas.

La Base Aérea Maquehue actualmente es propiedad de la Fuerza Aérea (Fach), sin embargo, fue reconocida por los informes Rettig y Valech como uno de los principales centros de prisión política y tortura de la región durante la dictadura. Por eso, la decisión de realizar la misa en el recinto fue resentida por agrupaciones de derechos humanos, quienes esperan que el Papa Francisco al menos haga alguna mención sobre el tema en el encuentro masivo.

El Aeródromo Maquehue de Temuco es el lugar que atrae todas las miradas de la prensa nacional e internacional este miércoles. La base, que pertenece a la rama de las Fuerzas Armadas (Fach), fue el sitio elegido por la comisión que gestionó la visita para realizar el encuentro masivo entre el Papa Francisco y más de 400 mil personas en su paso por La Araucanía.

La ciudad empezó a prepararse a comienzos de diciembre, con la instalación de 200 baños químicos en el recorrido del sacerdote por la avenida Caupolicán, la implementación de puntos de hidratación, y el refuerzo con más de tres mil efectivos policiales, lo que en total sumará un desembolso de cerca de 150 millones de pesos.

Sin embargo, en medio de la vorágine por la organización, los minuto a minuto con los pasos de la máxima autoridad católica por el país y las manifestaciones críticas ante su visita, hubo un aspecto que pasó inadvertido: el historial de prisión política y tortura durante la dictadura de Augusto Pinochet que guarda la Base Aérea Maquehue.

Entre los principales centros de la región

«Este es un lugar donde se detuvo, se torturó y se asesinó a muchas personas. Fue uno de los centros más grandes de la zona«, señala Carlos Oliva, presidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Temuco, quien reconoce que él estuvo detenido en el recinto durante el primer mes del régimen de Pinochet, y cuyo testimonio es respaldado por los informes Rettig y Valech, que también lo reconocen del mismo modo.

«Entre los principales recintos de detención de la Región, se encuentran el Regimiento Tucapel, la Base Aérea Maquehue y la Cárcel Pública de Temuco. Se puede estimar que en el período de septiembre a diciembre de 1973, se encontraban privadas de libertad en esos recintos, entre quinientas a setecientas personas«, dice el informe Rettig.

En el informe Valech, en tanto, se señala de Maquehue que, «de acuerdo a los testimonios recibidos por la Comisión funcionó principalmente entre 1973 y 1974. A este recinto fueron conducidos tanto hombres como mujeres. Llegaban con la vista vendada y las manos amarradas. Algunos detenidos llegaban en malas condiciones físicas y psicológicas, debido a que antes ya habían sufrido torturas en otros recintos o durante el traslado hasta la base aérea».

Entre los casos más conocidos, en el lugar fueron ejecutados los funcionarios de Salud y militantes del Partido Comunista, Alejandro Flores Rivera (33) y Hernán Henríquez Aravena (38) –más tarde, el hospital regional de Temuco fue bautizado con el nombre de este último–, quienes fueron vistos en el lugar por última vez el 2 de octubre de 1973, en malas condiciones físicas producto de las torturas que sufrieron. Por su asesinato, existen once oficiales de la Fach procesados como autores, cómplices o encubridores.

También fueron vistos por última vez en el lugar el Director del Hospital de Cunco y militante del MIR, Eduardo González Galeno; la profesora y militante del Partido Comunista, María Arriagada Jerez; y el trabajador de la Caja Nacional de Empleados Públicos, Jorge Eduardo Calderón Otaiza, quienes hasta el día de hoy permanecen en calidad de «desaparecidos».

En los documentos se detalla que «los detenidos permanecieron allí con la vista vendada, incomunicados, hacinados, sin derecho a baño, alimentos ni agua. Los declarantes mencionaron que eran interrogados y torturados, especialmente de noche. En ocasiones los hacían subir a helicópteros para amenazarlos con lanzarlos desde el aire o para llevarlos a otros lugares de reclusión».

Aerodromo fue el lugar elegido por la comisión organizadora de la venida del Papa para su misa en Temuco

Que el Papa reconozca el lugar donde está

Fue a comienzos de julio cuando se decidió que el recinto sería el lugar en que el Papa Francisco daría su misa masiva en su paso por La Araucanía. Por esos días, Benito Baranda, facilitador del gobierno para la visita, recorrió la ciudad y sus alrededores acompañado del general de Carabineros, Christián Franzani, jefe de zona de La Araucanía, y luego de barajar cuatro opciones, optó por la única que le había gustado: la base de la Fach.

La decisión gatilló un «tira y afloja» entre la comisión organizadora y la Fach, que tenía reparos ante la posibilidad de que ocurriera un ilícito en el lugar, y posteriormente entre funcionarios de la misma rama y la Intendenta de La Araucanía, cuando los primeros impidieron que Nora Barrientos y su delegación inspeccionaran el acceso 2 de la base, ubicada en el sector de Maquehue-Licanco.

Sin embargo, la decisión fue resentida por organizaciones de derechos humanos de la zona, quienes al enterarse, pidieron al obispo de Temuco, Héctor Vargas, y a la Intendenta de la región que la actividad fuera trasladada. «Hay gente que desapareció y también que fue asesinada ahí, por lo que nos parecía que no era el lugar adecuado», explica Carlos Oliva.

A través de una carta, señalaron a ambas autoridades: «Conocedores del compromiso histórico de la Iglesia Católica, en el período de la dictadura, por la vida de muchos y muchas, nos resulta incomprensible la elección de este espacio, más aún, sostenemos, en modo alguno contribuye al genuino respeto de los Derechos Humanos y a una sana convivencia democrática para Chile».

La carta dio pie a una reunión entre Vargas y representantes de las organizaciones.»El Obispo nos reconoció que sabía de la historia del lugar, lo que parece muy grave, pero nos dijo que no tenían más alternativas y que ya era muy tarde. Pero sí se comprometió a hacer llegar esa misma carta al Papa«, cuenta Oliva.

En la misa, no esperan grandes gestos según relata Oliva, ni siquiera un llamado a que quienes tengan información la entregue. «Lo único, lo mínimo que le pedimos al Papa es que haga una mención al lugar donde está haciendo la misa, que reconozca que en el lugar en dictadura se torturó, se asesinó. Él es una autoridad para gran parte de la gente en Chile y creemos que ese gesto es importante para que este tema no se deje de lado«, cierra.

La Corte Suprema confirmó la condena de 10 años y un día de presidio efectivo a 9 funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, como autores del delito de secuestros calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil. Ilícito cometidos en la Base Aérea de Maquehue, comuna de Temuco en septiembre de 1973.

De forma unánime (causa rol 3.525-2018), la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm y el abogado (i) Jorge Lagos– rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducido por la defensa de Emilio Sandoval Poo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo condenó junto a otros ocho acusados, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Etienne Marie Louis Pesle de Menil. Ilícito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco.

En la sentencia, la Corte Suprema confirmó la resolución que condenó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera a 10 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado del ciudadano francés; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, estableció los siguientes hechos:

«1.- Que ocurrido el pronunciamiento militar, el día 11 de septiembre de 1973, el Comandante del Grupo N°3 de Aviación de la Base Aérea de Maquehue, Coronel Andrés Pacheco Cárdenas, actualmente fallecido, delega el mando operativo de la Base en el Segundo Comandante, Benjamín Fernández Hernández, también fallecido, para que éste asuma el llamado Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna;

2.- Que, el Comandante Benjamín Fernández, una vez que recibe el encargo operativo, organiza a un grupo elegido de funcionarios de planta y oficiales de reserva en retiro de la Fuerza Aérea para efectuar, en términos generales, labores de inteligencia, sin embargo las tareas que realmente cumplieron tuvieron claros propósitos ilícitos, como fueron el allanamiento de viviendas y oficinas en forma indiscriminada, la detención de personas contrarias al régimen militar o partidarias de la administración saliente, sin orden judicial alguna, luego interrogarlos bajo tortura y en ocasiones, llegar a su total eliminación, ocultándose sus restos, para ello actuaron en todo momento conscientes tanto de la ilicitud de sus actos como que ellos eran atentatorios de derechos humanos, contando para su ejecución con infraestructura, recursos materiales, organización y jerarquización piramidal, siendo sus objetivos las conductas contrarias a la ley penal;

3.- Que, el ciudadano de origen francés, Etienne Marie Luois Pesle de Menil militante del Partido Socialista, en ese entonces técnico de INDAP, es detenido en una primera oportunidad el 12 de septiembre de 1973 por efectivos policiales en su domicilio y luego entregado a la Fiscalía Militar, quien decide dejarlo libre y colocarlo bajo custodia del Director de COPALCA en esa época, Luis Hoffman Gómez Contreras, ya fallecido, con obligación de concurrir diariamente a firmar un registro, compromiso que cumplió rigurosamente hasta el día 19 de septiembre de ese año;

4.- Que ese día 19 de septiembre, una vez que se presenta a cumplir sus labores en INDAP, alrededor de las 11:00 horas, un grupo de efectivos de la Fuerza Aérea de Chile, denominado ‘Pandilla Salvaje’, ‘Los Chicos Malos’, ‘Departamento II’, en forma autoritaria y sin exhibir orden judicial ni administrativa alguna, lo saca del Edificio Turna donde estaba instalado el mencionado Instituto, lo sube a una camioneta y le traslada a la Base Aérea de Maquehue, donde le mantiene encerrado sin derecho, para ser interrogado bajo tortura, según ha podido comprobarse con los atestados de testigos presenciales del secuestro y de su posterior encierro en dicho lugar, luego desaparece sin dejar rastros ni que se tengan noticias posteriores de él. Los esfuerzos desplegados por sus familiares para ubicarle, resultaron infructuosos, y el único antecedente que finalmente se obtiene fue de manera informal, cuando el mencionado Segundo Comandante de la Base Aérea, Benjamín Fernández, le reconoce al custodio de Etienne Pesie, Luis Hoffman Gómez Contreras, que éste estuvo privado de libertad en la Base Aérea de Maquehue, pero le agrega que lo liberaron, cuestión que en autos pudo constatarse, jamás aconteció;

5.- Que esta organización represiva de agentes del Estado, pertenecientes a la Fuerza Aérea de Chile, creada con objetivos criminales, son los que detienen a Etienne Marie Louis Pesie de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de operaciones, la Base Aérea de Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el Pabellón de la Comandancia bajo tortura, manteniéndole encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia, y desaparece sin que hasta el momento se tenga noticias de su destino ni tampoco registros en que conste su deceso».

En el aspecto civil, se confirma el fallo que condenó al fisco a pagar una indemnización total de $ 180.000.000 (ciento ochenta millones de pesos) por concepto de daño moral, a familiares de la víctima.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, condenó a 20 miembros de la Fuerza Aérea, del Ejército y civiles, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, y aplicación de apremios ilegítimos a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Painemal Alegría y Sergio Riquelme Inostroza.

Los ilícitos fueron cometidos a partir de septiembre de 1973 en la Base Aérea de Maquehue, Regimiento N° 8 «Tucapel» y la Fiscalía Militar de Temuco. En el fallo (causa rol 113.969), el ministro Mesa Latorre condenó a Crisóstomo Ferrada Carrasco, Enrique Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Valdebenito Isler, Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Luis Soto Pinto y Leonardo Reyes Herrera a 20 años de presidio, como autores de ambos ilícitos.  

En tanto, Luis Quezada Chandía deberá cumplir 17 años de presidio, en calidad de autor de los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera; y Alfonso Podlech Michaud deberá purgar 12 años de presidio, en calidad de autor del homicidio calificado del Henríquez Aravena. 

En el caso de Pablo Alister Contreras el ministro en visita lo condenó a 4 años de presidio, como encubridor de los homicidios de Henríquez Aravena y Flores Rivera, y como cómplice del delito de apremios ilegítimos a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza. 

Finalmente, Jaime Echenique Seco, Berthold Bohn Sauterel, Aníbal Tejos Echeverría, Enrique Isaacs Casacuberta, Antonio Montserrats Mena, Roberto Schmied Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi, Xavier Pérez Chávez y Rogelio Olivares Torruella deberán cumplir 3 años y un día de presidio, como encubridores de los homicidios y los apremios ilegítimos. 

Hechos acreditados

En la investigación que el ministro Mesa Latorre instruye desde julio de 2010, estableció la colaboración entre la Base Aérea Maquehue, el Regimiento N° 8 «Tucapel» y la Fiscalía Militar de Temuco para cometer diversos delitos o crímenes de lesa humanidad; entre ellos: secuestros calificados, homicidios calificados y homicidios simples y apremios ilegítimos a opositores al gobierno militar de la época.  

La sentencia da por establecido los siguientes hechos: 

«A.- Que inmediatamente de ocurrido el pronunciamiento militar el día 11 de septiembre de 1973, el Comandante del Grupo n.° 3 de Helicópteros de la Base Aérea Maquehue, Coronel Andrés Pacheco Cárdenas (fallecido), delegó el mando operativo de la base al segundo Comandante, Benjamín Fernández Hernández (fallecido), para poder asumir funciones en el CAJSI (Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna) cuya oficina se ubicaba en el Regimiento de Infantería n.° 8 «Tucapel» de la ciudad de Temuco. Sin embargo, nunca dejó formalmente el mando de la unidad antes indicada acudiendo diariamente a ese lugar para determinar las acciones a seguir. 

B.- Que a partir de ese mismo día la nueva autoridad local llamó a servicio activo a varios oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea, que eran pilotos civiles, entre los que se cuentan a Berthold Erwin Bohn Sauterel, Pablo Aquiles Alister Contreras y a Emilio Sandoval Poo; y a otros oficiales en retiro que se integraron al contingente de la Base Maquehue y que, según su grado, comenzaron a cumplir las mismas funciones operativas que el resto de los oficiales y suboficiales de línea al menos durante el período más álgido de septiembre y octubre de 1973. Estas funciones comprendían integrar patrullas destinadas a efectuar control de toque de queda, resguardo de instalaciones de servicios públicos y puentes, participar en operativos de distinta magnitud cuya finalidad era allanar domicilios y efectuar detenciones de personas contrarias al nuevo régimen o partidarias de la administración saliente, integrar tripulaciones de helicópteros con la finalidad de trasladar detenidos de un punto a otro de la región, tripular avionetas particulares con el objeto de vigilar la zona costera y efectuar turnos de oficial de ronda o de guardia al interior de la base aérea. Estos últimos turnos podrían haber sido de entre 12 a 24 horas. Cabe señalar que gran parte de los oficiales de reserva de la Fuerza Aérea fueron nombrados, además, como interventores en diferentes empresas estatales por lo que tuvieron que compatibilizar ambas actividades durante el período antes señalado, sin que dejaran de cumplir estas tareas, ya que cada rama de las fuerzas armadas y de orden presentes en la ciudad designó un interventor por empresa, por lo que las actividades en las empresas intervenidas siempre estuvieron bien cubiertas.  

C.- Que ante la necesidad de sistematizar y coordinar las actividades destinadas a la detención de personas y su traslado a la base aérea Maquehue para su posterior interrogatorio, el Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (fallecido) organizó un grupo especialmente seleccionado para tratar temas de inteligencia y de detenidos políticos, grupo que estaba bajo su mando y que incluyó a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (fallecido), Jorge Freygang Campaña (fallecido), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido), a varios efectivos del cuadro permanente de distinta graduación entre los que se cuentan entre otros a Luis Arturo Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo; y a un empleado Civil que tenía la especialidad de enfermería de nombre Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este grupo, a partir de esa fecha paulatinamente dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad para avocarse a las tareas que les eran asignadas por el alto mando de la base Maquehue.  

D.- Que este grupo especial recibió la colaboración alternada y esporádica de oficiales de línea y de reserva que, de motu proprio o por una orden recibida expresamente, se integraron en algunas oportunidades a los patrullajes destinados a allanar domicilios y detener personas o presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos que permanecían al interior de la base, entre los que se cuentan a Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Monserrat Mena, Rodolfo Ernesto Schmied Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi, Xavier Fernando Pérez Chávez, Rogelio Aníbal Olivares Torruella y Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco. Las personas detenidas en los diversos operativos fueron mantenidos en dependencias de la guardia, de la enfermería, en dos oficinas ubicadas en el edificio Administrativo o de la Comandancia, en una antigua torre de madera que era usada anteriormente para guardar material no usados, y que después del 11 de septiembre fue habilitada para los fines señalados, y también en alguna oportunidad se trasladaron hasta un hangar ubicado en el interior de la base.  

E.- Que muchos de estos detenidos permanecieron recluidos en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual fueron interrogados y torturados por los oficiales y suboficiales antes indicados que formaban parte del grupo de inteligencia especialmente formado para tales fines, entre los que cuentan al Segundo Comandante Benjamín Fernández Hernández (fallecido), a los Tenientes Ángel Campos Quiroga (fallecido), Jorge Freygang Campaña (fallecido), al Capitán Leonardo Reyes Herrera, al Sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido.), a los suboficiales Luis Arturo Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Alberto Rebolledo Sotelo; y al empleado Civil Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco. Este último, en ciertos casos les suministraba drogas a los detenidos, como el Pentotal, para que confesaran sus supuestos crímenes. También durante ese tiempo los detenidos fueron sacados al patio de la unidad durante el día para que descansaran un poco o fueron trasladados hacia los baños existentes en la unidad, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en el que se encontraban estas personas. Algunos de estos conscriptos tuvieron que cumplir tareas de centinela para vigilar el lugar donde los detenidos se encontraban. 

F.- Que los operativos aéreos realizados en helicópteros en algunas ocasiones consistieron en trasladar tropas de ejército hacia localidades de la IX región cuya misión era detener personas contrarias al régimen militar. Estas personas fueron trasladadas hacia la Base aérea Maquehue y también al Regimiento de Infantería n° 8 «Tucapel» de esta ciudad, aterrizando los aparatos que los transportaban en ambas unidades, según fuese el caso. De igual manera, se efectuaron traslados de detenidos por tierra desde la base aérea Maquehue hasta el regimiento Tucapel, los que fueron cumplidos por integrantes del grupo especial descrito anteriormente y también en alguna ocasión por oficiales de reserva que recibieron una orden para tales efectos. 

G.- Que el mismo día 11 de septiembre de 1973 fue llamado a colaborar con el nuevo régimen el abogado Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, que además era Teniente de Reserva del Ejército de Chile, quien se presentó en el regimiento «Tucapel» para apoyar la gestión de la Fiscalía Militar que funcionaba al interior de la unidad y que estaba a cargo del Segundo Comandante, Mayor Luis Jofré Soto (fallecido). Este oficial, sin embargo, debió asumir mayores funciones como Segundo Comandante del regimiento Tucapel poco tiempo después. A partir de ese día en adelante comenzaron a llegar personas civiles al regimiento que fueron llamadas a presentarse ante la Fiscalía Militar mediante bandos publicados en la prensa escrita y en las radios, o que fueron traídas en carácter de detenidas desde diferentes puntos de la región, por patrullas de carabineros y militares. 

H.- Que ante el alto número de detenidos y de personas llamadas a prestar declaración, la Fiscalía Militar fue reforzada para realizar su trabajo con funcionarios del Poder Judicial que fueron solicitados a la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco por el abogado anteriormente indicado, quien actuando como Fiscal Ad – hoc hizo una presentación al Pleno del Tribunal de Alzada, tras lo cual fueron asignados en comisión de servicios algunos actuarios de diferentes tribunales y un Relator de la Corte.  

I.- Que debido a la falta de conocimiento en materias procesales penales sumado al poco carácter que tenía y al trabajo como Segundo Comandante del regimiento, el Mayor Luis Jofré Soto (fallecido) fue delegando funciones como Fiscal Militar al abogado asesor de la Fiscalía, Óscar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, quien comenzó a detentar el cargo de Fiscal de hecho, al punto que efectuó visitas de cárcel y que los abogados, familiares e incluso dignatarios eclesiásticos le consultaban a él por el destino de los detenidos. Sin embargo, el Mayor Jofré Soto (fallecido) siguió firmando la mayoría de las veces el papeleo administrativo y participó en algunos interrogatorios de detenidos.  

J.- Que las personas llamadas a presentarse a la Fiscalía Militar y las que fueron traídas en carácter de detenidas eran mantenidas en unas dependencias ubicadas junto a la guardia y en el gimnasio grande. Una vez interrogadas por personal de la Fiscalía Militar, por los detectives de la Policía de Investigaciones agregados al regimiento o por los propios oficiales que participaban en estas actividades, algunas de ellas eran dejadas en libertad, otras eran enviadas a sus casas con arresto domiciliario y otras eran conducidas hasta la cárcel pública donde permanecían mientras se resolvía su situación procesal.  

K.- Que también para septiembre de 1973 en el Regimiento de Infantería n° 8 «Tucapel» de Temuco existía la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia que estaba a cargo del Capitán Nelson Manuel Uldaricio Ubilla Toledo (fallecido), bajo cuya dependencia desarrollaban funciones, además, algunos suboficiales de esa institución, labor que fue reforzada después del 11 de septiembre de 1973 con la agregación de funcionarios de Investigaciones y de Carabineros, los que entregaban información de carácter político al mencionado oficial de todas aquellas personas sujetas a una investigación por parte de la Fiscalía Militar. De igual modo se sumaron a las tareas de inteligencia algunos oficiales, clases y conscriptos del regimiento. 

L.- Que con el correr de los días la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia comenzaron a trabajar mancomunadamente para interrogar a los detenidos que permanecían recluidos en la cárcel o en alguna dependencia del regimiento Tucapel. Para articular este trabajo se habilitaron dos locaciones en la unidad militar, ubicadas una entre las Compañías de Plana Mayor y la de Morteros y otra en un antiguo gimnasio en desuso que se ubicaba a un costado del «rancho» de soldados conscriptos. De este modo los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la Sección Segunda, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en alguna de las dependencias antes indicadas para «ablandarlos» antes o después de estos interrogatorios.  

M.- Que en ambas salas de interrogatorio y de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban soldados conscriptos y un Carabinero que colaboraban con el Capitán Nelson Ubilla Toledo y con los detectives de la Policía de Investigaciones que allí estaban. También participaron en las sesiones de interrogatorios y/o tortura de detenidos en esos lugares la mayoría de los oficiales del regimiento «Tucapel» y algunos soldados clases de las Compañías de Plana Mayor y Servicios, de Morteros, de Cazadores y de la Sección Segunda, todos quienes en distintos momentos ingresaban a estas dependencias». 

En el aspecto civil, se condenó al fisco a pagar una indemnización total de $910.000.000 (ochocientos diez millones de pesos) a familiares de las víctimas fallecidas y a los sobrevivientes. Esta es la sentencia número 40 dictada por el ministro Mesa Latorre desde que fue designado para investigar causas por violaciones a los derechos humanos; de ellas, 24 se encuentran ejecutoriadas con 130 condenados.

 La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia que condenó a 20 uniformados en retiro y civiles por su responsabilidad en los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera y los apremios ilegítimos contra Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza, hechos ocurridos entre septiembre y octubre de 1973 en la Base Aérea Maquehue de Temuco. El fallo de primera instancia había sido dictado en enero de 2020 por el ministro en Visita Extraordinaria para causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, con jurisdicción en las Cortes de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique.

En la sentencia (rol 396-2020) la Primera Sala del Tribunal de alzada temuquense confirmó la sentencia que condenó a los ex oficiales de la Fuerza Aérea Leonardo Reyes Herrera y Luis Alberto Soto Pinto, y a los ex suboficiales de la misma institución Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva; todos a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de los delitos. Por su parte, el individuo civil Luis Raimundo Quezada Chandía deberá purgar una pena de 17 años de presidio por su responsabilidad como autor de los homicidios de Henríquez Aravena y Flores Rivera.

Del mismo modo, el abogado civil y ex Fiscal Militar "scar Alfonso Ernesto Podlech Michaud fue condenado a 12 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio de Hernán Henríquez Aravena.

En tanto, el ex oficial de la Fuerza Aérea Pablo Aquiles Alister Contreras cumplirá una pena de 4 años de presidio como encubridor de los homicidios y cómplice de los apremios ilegítimos;  y los ex oficiales de la FACh Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco, Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Montserrats Mena, Xavier Fernando Pérez Chávez, Rodolfo Ernesto  Schmied Callejón, Víctor  Manuel Volante Leonardi, Berthold Erwin Bohn Sauterel, y Rogelio Aníbal Olivares Torruella fueron condenados a la pena de 3 años y un día de presidio como encubridores de los delitos.

Los condenados Alister Contreras, Echenique Seco, Tejos Echeverría, Isaacs Casacuberta, Monserrats Mena y Pérez Chávez, recibieron de la Corte el beneficio de cumplir la pena bajo el régimen de "libertad vigilada intensiva", una forma descarada de otorgarles impunidad.

La Corte de Temuco compartió los argumentos vertidos en la sentencia de primera instancia del ministro en visita de causas de Derechos Humanos Álvaro Mesa Latorre, pero disintió de los beneficios a los condenados como cómplices y encubridores, determinando que cumplen con los requisitos para acceder al beneficio.

Resolución de la Corte

Respecto de los otros ex oficiales condenados a penas de tres años y un día, la resolución de la Corte señala:

«Que distinta es la situación de los condenados Víctor Volante Leonardi, Rodolfo Schmied Callejón, Berthold Bohn Sauterel y Rogelio Olivares Torruella, pues si bien no han sido condenados anteriormente por crimen o simple delito y la pena privativa de libertad que se les impondrá no excede de cinco años de duración, es del caso que obran en el proceso sendos informes elaborados por Gendarmería de Chile, en que se concluye que no se recomienda la libertad vigilada para ninguno de ellos, expresándose las razones que sustentan dicha conclusión. Si bien tales informes no son vinculantes, de ellos emanan una serie de antecedentes que no pueden ser soslayados por esta Corte, considerando la naturaleza y gravedad de los hechos investigados y su carácter de delitos de lesa humanidad".

En este sentido, durante la etapa de investigación de la causa el ministro Mesa logró acreditar los siguientes hechos:

"Que después del 11 septiembre de 1973 en la Base Aérea Maquehue  se estableció un grupo de miembros de la Fuerza Aérea de Chile a la que además fueron invitados  oficiales de reserva de la institución  y que detuvieron a opositores del régimen militar para luego conducirlos al recinto donde quedaron detenidos y fueron sometidos a apremios ilegítimos.

Paralelamente en dependencias de la Fiscalía Militar se realizaron diversos procesos judiciales a los detenidos los que eran sometidos a apremios ilegítimos y otros tratos inhumados, crueles o degradantes«.

Respecto del homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, el ministro Mesa estableció, entre otras, las siguientes consideraciones:

«Que Hernán Henríquez Aravena, Médico Cirujano y Director Zonal de Salud de Temuco para septiembre de 1973, fue requerido por la autoridad militar de la época para presentarse ante la Fiscalía Militar de esta ciudad, ubicada al interior del Regimiento de Infantería n.° 8 «Tucapel». El día 12 de septiembre de 1973 compareció Henríquez ante la fiscalía siendo enviado a su domicilio".

"Que la noche del 12 ó 13 de septiembre de 1973, Carabineros de la 2° Comisaría de Temuco allanó el domicilio de Hernán Henríquez Aravena, a quien sacaron de este y lo trasladaron a la unidad antes mencionada. En ese lugar pasó la noche siendo visto allí por varios testigos que han declarado en ese sentido en el proceso. Al día siguiente fue nuevamente puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco, donde  se ordenó su traslado a la Cárcel de esta ciudad y posteriormente se ordenó su arresto domiciliario total, quedando con la expresa orden de presentarse a primera hora del día 25 de septiembre de 1973 en el tribunal militar (…)".

"Que la noche del 24 de septiembre de 1973 la casa de Hernán Henríquez Aravena fue nuevamente allanada, esta vez por personal de la Policía de Investigaciones que estaba agregado al regimiento Tucapel y que trabajaba indistintamente para la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia. Después de un rato la patrulla se retiró del lugar. Sin embargo, más tarde se presentó otra patrulla, esta vez de Carabineros de la 2° Comisaría, quienes sacaron de su domicilio al Médico Hernán Henríquez, llevándoselo sin dar ninguna explicación a su esposa".

"Que como ha quedado acreditado en el proceso, Hernán Henríquez Aravena estaba al momento de su detención bajo la medida cautelar de arresto domiciliario total, dictada por la Fiscalía Militar de Temuco, sin que conste en el proceso que tanto la Fiscalía Militar como el abogado asesor de esta, "scar Alfonso Ernesto Podlech Michaud, (que actuaba como Fiscal ad -. Hoc y de hecho), hayan realizado las actuaciones de hecho o jurídicas para pedir cuenta respecto a una persona que procesalmente estaba a su disposición. En todo caso, no hay constancia del expediente militar en virtud del cual estaba siendo investigado Henríquez Aravena, según da cuenta la actuación de fs. 86, lo que agrava más la afectación a su privación de libertad".

"Que Alejandro Flores Rivera, Auxiliar de Enfermería del Departamento de Psiquiatría del Hospital Regional de Temuco y Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), fue requerido mediante el Bando n° 11 de fecha 12 de septiembre de 1973 para presentarse ante la Fiscalía Militar de esta ciudad, ubicada al interior del Regimiento de Infantería n.° 8 «Tucapel». Ese día compareció Flores ante la fiscalía siendo enviado a su domicilio".

"Que con fecha 5 de octubre de 1973 la autoridad local emitió el Bando n.° 9 que fue firmado por el Comandante de la Guarnición Militar de Temuco el cual en su punto n.° 2 daba a conocer  a la comunidad que «Ante el intento de fuga planificado por ALEJANDRO FLORES RIVERA y en complicidad con HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA mientras se encontraban detenidos en el cuartel del Grupo n.° 3 de Helicópteros y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron eliminados por la Guardia. Los demás sujetos huyeron del lugar sin obtenerse otras bajas. Estos elementos extremistas fueron enterrados.» Dicho Bando fue publicado en el Diario «El Austral» de Temuco, cuya tirada diaria era revisada previamente por el Capitán de Bandada de la Base Aérea Maquehue de Temuco, Manuel Volante Leonardi,  quien era ayudante del Coronel Andrés Pacheco Cárdenas y, además, encargado de Relaciones Públicas en la Intendencia de Cautín".

Etienne Pesle de Menil desapareció el 19 de septiembre de 1973, en la ciudad de Temuco.

Esta mañana, el juez Mario Carroza ordenó la detención de nueve ex miembros de la FACh por la desaparición en 1973 del ex sacerdote francés y militante del Partido Socialista, Etienne Pesle de Menil.

La decisión fue adoptada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien dictó un masivo procesamiento en contra de oficiales y suboficiales retirados de la Fuerza Aérea de Chile, según el fallo.

El ciudadano francés Etienne Pesle de Menil, ex sacerdote, militante del Partido Socialista y miembro del Movimiento Cristianos por el Socialismo, desapareció el 19 de septiembre de 1973, en Temuco.

Pesle de Menil fue detenido mientras se encontraba en las dependencias del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), donde trabajaba, "por una patrulla compuesta por oficiales y suboficiales activos de la Base Aérea Maquehue y oficiales de reserva", describe el fallo del magistrado.

"Este grupo operativo (…) funcionaba al interior de la Base Aérea Maquehue (de Temuco) y practicaba detenciones en toda la novena región hasta fines del año 1973", agrega la sentencia.

De acuerdo a la investigación judicial, tras ser detenido el ciudadano francés, fue trasladado dentro de la base aérea a un lugar denominado la "Torre", donde permanecían los detenidos incomunicados y desde donde se le pierde el rastro.

Por su desaparición, el juez Carroza ordenó la detención de los oficiales, suboficiales y oficiales de reserva Emilio Sandoval, Enrique Rebolledo, Luis Soto, Leonardo Reyes, Luis Yáñez, Jorge Soto, Jorge Valdebenito, Heriberto Pereira y Crisóstomo Ferrada.

Todos los procesados, salvo Ferrada, que permanecen internado en el Hospital Militar, quedaron detenidos en la Base Aérea El Bosque de la FACh en Santiago.

El ilícito fue cometido por los ex uniformados en la Base Aérea de Maquehue, de la comuna de Temuco, en septiembre del año 1973 y contra Etienne Marie Louis Pesle de Menil.

La Corte Suprema confirmó la condena de 10 años y un día de presidio efectivo a 9 funcionarios en retiro de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), como autores del delito de secuestros calificado del ciudadano francés Etienne Marie Louis Pesle de Menil.

El ilícito fue cometido por los ex-miembros de la FACh en la Base Aérea de Maquehue, de la comuna de Temuco, en septiembre del año 1973.

De forma unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo deducido por la defensa de Emilio Sandoval Poo, en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo condenó junto a otros ocho acusados, por su responsabilidad en el delito cometido a partir del 19 de septiembre de 1973, en Temuco.

En la sentencia, se confirmó la resolución que condenó a los miembros en retiro de la Fuerza Aérea: Emilio Sandoval Poo, Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Luis Alberto Soto Pinto, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Leonardo Reyes Herrera y Jorge Eduardo Soto Herrera a 10 años y un día de presidio como autores de secuestro calificado del ciudadano francés; más 541 días de presidio por asociación ilícita.

En la etapa de investigación de la causa, el ministro en visita Mario Carroza, estableció que los condenados “son los que detienen a Etienne Marie Louis Pesie de Menil el día 19 de septiembre de 1973, le trasladan hasta su base de operaciones, la Base Aérea de Maquehue, donde al igual que todos los detenidos, lo mantienen amarrado de las manos y con su vista vendada, y le interrogan en el Pabellón de la Comandancia bajo tortura, manteniéndole encerrado sin derecho por tiempo indeterminado en la misma Base Aérea, lugar desde donde no se tiene más conocimiento de su existencia, y desaparece sin que hasta el momento se tenga noticias de su destino ni tampoco registros en que conste su deceso“.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa Latorre, sometió a proceso al ex oficial de la Fuerza Aérea Leonardo Reyes Herrera y a Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, ex empleado civil de la misma institución, por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Jorge Eduardo Calderón Otaíza, perpetrado a contar del 30 de septiembre de 1973, en la Base Aérea Maquehue de la comuna de Temuco.

Por Darío Núñez

La víctima, Jorge Eduardo Calderón Otaíza, de 28 años de edad, era funcionario de la Caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Temuco y militante de la Juventud Socialista. Fue detenido por carabineros de la Comisaría de Padre Las Casas el día 30 de septiembre de 1973, en su domicilio en el sector de Padre Las Casas, lugar donde vivía junto a su familia en calle Sarmiento. Luego de su detención lo trasladan a la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile, recinto utilizado como centro de detención y torturas y en donde fue visto por testigos en deterioradas condiciones físicas.

Según lo revela la investigación judicial, inmediatamente de ocurrido el golpe militar, el comandante del Grupo N° 3 de Helicópteros de Base Aérea Maquehue, el coronel Andrés Pacheco Cárdenas (ya fallecido), asumió el mando del denominado CAJSI (Comando de Acción Jurisdiccional ante Situación Interna), cuya oficina se ubicaba en el Regimiento de Infantería N° 8 'Tucapel' de la ciudad de Temuco. Por tal razón, en la forma delegó el mando operativo de la Base Aérea en el segundo comandante Benjamín Fernández Hernández (ya fallecido), sin embargo, nunca dejó formalmente el mando de la unidad acudiendo diariamente a ese lugar para determinar las acciones a seguir.

Para conducir y controlar las actividades represivas, así como los interrogatorios y manejo de las personas prisioneras políticas que eran encerradas en la Base Aérea, Fernández Hernández organizó un grupo especial para tratar temas de inteligencia y de detenidos políticos. Este grupo bajo el mando de éste oficial, incluía al entonces capitán Leonardo Reyes Herrera, a los tenientes Ángel Hernán Campos Quiroga y Jorge Humberto Freygang Campaña (ambos fallecidos), al sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido), y a varios efectivos del cuadro permanente entre los que se cuentan Luis Alberto Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Rebolledo Sotelo, entre otros, además del empleado civil Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, que tenía la especialidad de enfermería. Este grupo, a partir de esa fecha dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad para abocarse a las tareas que les eran asignadas por el alto mando de la base Maquehue, adquiriendo un estatus especial, puesto que no usaban uniforme, y en la asistencia diaria aparecían en comisión de servicio institucional.

El grupo especial recibió la colaboración alternada y esporádica de oficiales de línea y de reserva que, por interés propio o por orden superior, en algunas oportunidades se integraban a los patrullajes destinados a allanar domicilios y detener personas o presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos que permanecían al interior de la base.

Las personas detenidas en los diversos operativos fueron mantenidos en dependencias de la guardia, de la enfermería, en dos oficinas ubicadas en el edificio Administrativo o de la Comandancia, en una antigua torre de madera que anteriormente servía para guardar material en desuso, y que después del 11 de septiembre fue habilitada como centro de detención, también en alguna oportunidad se trasladaron hasta un hangar ubicado en el interior de la base. Las personas detenidas permanecían recluidas en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual eran interrogadas y torturadas por los oficiales y suboficiales antes indicados, además de habérseles suministrado drogas, en ciertos casos, para que confesaran sus supuestos crímenes. Dicha droga era administrada por el enfermero de la base. También durante ese tiempo los detenidos fueron sacados al patio de la unidad durante el día para que descansaran un poco o fueron trasladados hacia los baños, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en el que se encontraban estas personas. Algunos de estos conscriptos conocían de antes a personas prisioneras, y tuvieron que cumplir tareas de centinela para vigilar el lugar donde esos detenidos se encontraban.

Algunos de estos funcionarios y conscriptos conocían bien a Jorge Calderón Otaiza, por tratarse de vecinos de barrio, o compañeros de colegio, o pertenecer al mismo club de fútbol, o por relaciones familiares diversas, de modo que -alguno de ellos- trató de interceder por él y preguntó a Reyes Herrera la posibilidad de que su amigo fuera liberado obteniendo como respuesta una amenaza de parte del oficial. Otro conscripto vio que un par de integrantes del llamado grupo de inteligencia ingresaban en estado calamitoso a su amigo a la enfermería, donde los recibió Ferrada Carrasco. Desde ese momento no se supo más de Jorge Eduardo Calderón Otaíza.

En la resolución (causa rol 114.033), el ministro en visita extraordinaria resolvió que, por encontrarse los procesados cumpliendo condena en causa diversa, por ahora, no se decretará en su contra la prisión preventiva. Al respecto señala: "(…) atendido el mérito de los cuales se desprende que la libertad de los procesados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; teniendo en cuenta, también, la sanción legal probable del delito en que se les atribuye participación, y visto lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, no se les concederá el beneficio de la libertad provisional.

Atendido el hecho de que los procesados Leonardo Reyes Herrera y Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco se encuentran cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I de Gendarmería de Chile, se suspende por ahora la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva", consigna la resolución

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo interpuestos en contra de la sentencia que condenó a ex militares y personal civil que se desempeñó en la época de los hechos en la Base Aérea Maquehue de Temuco, por su responsabilidad en los delitos de homicidio calificado de Hernán Henríquez Aravena y Alejandro Flores Rivera, ambos militantes del Partido Comunista; y los delitos de apremios ilegítimos aplicados a Jorge Silhi Zarzar, Víctor Hugo Painemal Arriagada y Sergio Riquelme Inostroza, cometidos entre septiembre y octubre de 1973, en el recinto de la FACH.

En fallo unánime (causa rol 14.483-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo y los abogados (i) Eduardo Morales y Ricardo Abuauad- confirmó la sentencia que condenó a los ex oficiales de la Fuerza Aérea Leonardo Reyes Herrera y Luis Alberto Soto Pinto, y a los ex suboficiales de la misma institución Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, Enrique Alberto Rebolledo Sotelo, Heriberto Pereira Rojas, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera, Luis Osmán Yáñez Silva, todos a la pena de 20 años de presidio por su responsabilidad como autores de los delitos.

Mientras que el individuo civil Luis Raimundo Quezada Chandía deberá purgar una pena de 17 años de presidio por su responsabilidad como autor de ambos homicidios calificados. Del mismo modo, el abogado civil y ex Fiscal Militar "scar Alfonso Ernesto Podlech Michaud fue condenado a 12 años de presidio por su responsabilidad como autor del homicidio de Hernán Henríquez Aravena.

En tanto, el ex oficial de la Fuerza Aérea Pablo Aquiles Alister Contreras  cumplirá  una pena de 4 años de presidio como cómplice de homicidio simple y encubridor de los apremios ilegítimos. Además, los ex oficiales de la Fach Jaime Mauricio del Corazón de Jesús Echenique Seco, Aníbal Arturo Tejos Echeverría, Enrique Alcides Isaacs Casacuberta, Antonio Sergio Monserrat Mena, Xavier Fernando Pérez Chávez, fueron condenados a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, por su responsabilidad como encubridores de los delitos

Finalmente, el máximo tribunal, actuando de oficio, sustituyó las penas de 3 años y un día de presidio, impuestas a Berthold Bohn Sauterel, Rodolfo Ernesto Schmied Callejón, Víctor Manuel Volante Leonardi y Rogelio Olivares Torruella, por la libertad vigilada intensiva por igual lapso, como encubridores de los delitos. La decisión de sustituir de oficio estas penas privativas de libertad por la libertad vigilada intensiva, fue acordada con el voto en contra del ministro Matus.

Helicópteros de Base Maquehue

En la etapa de investigación de la causa el Ministro Álvaro Mesa Latorre logró acreditar que inmediatamente después del golpe militar en  la Base Aérea Maquehue se estableció un grupo operativo de miembros de la Fuerza Aérea al que además fueron invitados oficiales de reserva de la institución. Este grupo realizó detenciones de opositores al régimen militar para luego conducirlos al  recinto donde quedaron prisioneros y fueron sometidos a apremios ilegítimos. Paralelamente en dependencias de la Fiscalía Militar se realizaron diversos procesos judiciales a los detenidos los que eran sometidos a apremios ilegítimos  y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes.

Las víctimas, Hernán Henríquez Aravena, de 35 años de edad, médico cirujano y Director Zonal de Salud de Temuco para septiembre de 1973, fue requerido por la autoridad militar de la época para presentarse ante la Fiscalía Militar, ubicada al interior del Regimiento de Infantería N°8 «Tucapel». El día 12 de septiembre Henríquez compareció ante la fiscalía, siendo luego enviado a su domicilio. 

No obstante, esa misma noche, Carabineros de la 2° Comisaría de Temuco allanó el domicilio de Hernán Henríquez, lo detuvieron y trasladaron a la unidad policial. Al día siguiente fue puesto a disposición de la Fiscalía Militar de Temuco donde  se ordenó su traslado a la Cárcel de esta ciudad y posteriormente se ordenó su arresto domiciliario total, quedando con la expresa orden de presentarse a primera hora del día 25 de septiembre ante el tribunal militar.

Sin embargo, la noche del 24 de septiembre la casa de Henríquez Aravena fue nuevamente allanada, esta vez por personal de la Policía de Investigaciones que estaba agregado al regimiento Tucapel y que trabajaba indistintamente para la Fiscalía Militar y la Sección Segunda de Inteligencia. Después de un rato la patrulla se retiró del lugar. Más tarde se presentó otra patrulla, esta vez de Carabineros de la 2° Comisaría, quienes sacaron de su domicilio a Hernán Henríquez, llevándoselo sin dar ninguna explicación.

Alejandro Flores Rivera, de 33 años de edad, auxiliar de enfermería del Departamento de Psiquiatría del Hospital Regional de Temuco y Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), fue requerido mediante el Bando N°11 del 12 de septiembre para presentarse ante la Fiscalía Militar. Ese día, Flores compareció ante la fiscalía siendo enviado a su domicilio.

Con fecha 5 de octubre de 1973 la autoridad militar local emitió el Bando N°9, firmado por el Comandante de la Guarnición Militar de Temuco, con el que pretendía justificar y encubrir el asesinato de ambos detenidos. El aludido bando señalaba:  «Ante el intento de fuga planificado por Alejandro Flores Rivera y en complicidad con Hernán Henríquez Aravena mientras se encontraban detenidos en el cuartel del Grupo N°3 de Helicópteros y en connivencia con individuos que desde el exterior trataron de ayudarlos, fueron eliminados por la Guardia".

por Darío Núñez