Fieldhouse Orrego Eugenio

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Omaechea, ilícitos perpetrados a partir del 26 de mayo de 1976 en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi y, luego, trasladados hasta la ex Colonia Dignidad, donde se perdió su rastro.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal del país –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas– acogió el recurso de casación presentado en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, modificándola en el aspecto civil.

En lo penal, el máximo tribunal ratificó las penas de 10 años y un día de presidio para Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López, en calidad de autores de los secuestros calificados, y la sanción de 5 años y un día de presidio para Eugenio Fieldhouse Orrego, como cómplice.

Además, la Sala Penal confirmó el fallo absolutorio en favor de los ex integrantes de la Colonia Dignidad Gerard Mucke y Johan van Den Berg y del agente de la DINA Rolf Wenderoth Pozo.

En este aspecto, el fallo se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes estuvieron por aplicar la media prescripción en el caso.
En el aspecto civil, se determinó que el fisco debe pagar una indemnización de 90 millones de pesos a cada uno de los tres familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

“En esta ciudad de Santiago, aproximadamente a las 22.00 horas del día 26 de mayo de 1976, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), detuvieron a Juan Bosco Maino Canales, en la morada ubicada en Avenida Diagonal Los Presidentes, actualmente Ignacio Carrera Pinto, Nº 143 – B, departamento 2, de la comuna de Ñuñoa”, indica el fallo.

Agrega que “al momento de la detención de la víctima Juan Bosco Maino Canales, éste mantenía estacionada la citroneta, en la que se movilizaba y que le fue sustraída por los hechores. En esa misma ocasión fueron detenidas también Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, la cual se encontraba embarazada de cuatro meses y su marido Antonio Elizondo Ormaechea (…) la privación de libertad de las víctimas Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, lo fue sin que haya existido orden basada en causa legal y también formalmente al margen de toda legalidad”.

“Se dieron dichas sustracciones en aplicación de una política que contemplaba el ataque directo a la libertad y a la dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma, por cuanto, sabían que las víctimas pertenecían al movimiento MAPU, el que políticamente era contrario al régimen militar de la época que gobernaba el país a contar del 11 de septiembre de 1973; así, las víctimas habían sufrido seguimientos y vigilancia antes de sus capturas y, en definitiva, desde el día de la sustracción se encuentran desaparecidas, tal como se lo propusieron en sus planes los hechores, sostiene la resolución“, completa.

por Javier Cisterna

La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Omaechea, ilícitos perpetrados a partir del 26 de mayo de 1976, en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi y, luego, trasladados hasta la ex Colonia Dignidad, donde se pierde su rastro.

En fallo dividido la Segunda Sala del máximo tribunal del país -integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas- acogió el recurso de casación presentado en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, modificándola en el aspecto civil.

En lo penal, el máximo tribunal ratificó las penas de 10 años y un día de presidio para Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López, en calidad de autores de los secuestros calificados, y la sanción de 5 años y un día de presidio para Eugenio Fieldhouse Orrego, como cómplice de los ilícitos.

Además, la Sala Penal confirmó el fallo absolutorio en favor de los ex integrantes de la Colonia Dignidad, Gerard Mucke y Johan van Den Berg y del agente de la DINA Rolf Wenderoth Pozo.

En este aspecto, el fallo se adoptó con los votos en contra de los ministros Dolmestch y Cisternas, quienes estuvieron por aplicar la media prescripción en el caso.

En el aspecto civil, se determinó que el fisco debe pagar una indemnización de $90.000.000 (noventa millones de pesos) a cada uno de los tres familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

El fallo de primera instancia, dictado por el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, había condenado a los colonos Mucke y Van Den Berg. En la investigación, el ministro Zepeda logró determinar que los siguientes hechos:

«En esta ciudad de Santiago, aproximadamente a las 22.00 horas del día 26 de mayo de 1976, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), detuvieron a Juan Bosco Maino Canales, en la morada ubicada en Avenida Diagonal Los Presidentes, actualmente Ignacio Carrera Pinto, Nº 143 – B, departamento 2, de la comuna de 'uñoa.

Al momento de la detención de la víctima Juan Bosco Maino Canales, éste mantenía estacionada la «citroneta» -vehículo marca Citröen, modelo AX 330-, en la que se movilizaba y que le fue sustraída por los hechores. En esa misma ocasión fueron detenidas también Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra, la cual se encontraba embarazada de cuatro meses y su marido Antonio Elizondo Ormaechea (…) la privación de libertad de las víctimas Juan Bosco Maino Canales, Elizabeth de las Mercedes Rekas Urra y Antonio Elizondo Ormaechea, lo fue sin que haya existido orden basada en causa legal y también formalmente al margen de toda legalidad; y se dieron dichas sustracciones en aplicación -por parte del organismo de seguridad denominado Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), y de sus colaboradores- de una política que contemplaba el ataque directo a la libertad y a la dignidad de las personas y a la noción de humanidad misma, por cuanto, sabían que las víctimas pertenecían al movimiento MAPU, el que políticamente era contrario al régimen militar de la época que gobernaba el país a contar del 11 de septiembre de 1973; así, las víctimas habían sufrido seguimientos y vigilancia antes de sus capturas y, en definitiva, desde el día de la sustracción se encuentran desaparecidas, tal como se lo propusieron en sus planes los hechores», sostiene la resolución.

las relaciones entre la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y «Colonia Dignidad», optimizada por estar de acuerdo los agentes del Estado y la organización de colonos alemanes, en la persecución, secuestro, tortura y desaparición de opositores al régimen militar, permitió a los agentes de Estado que privaron de libertad a los ofendidos, contar con la colaboración de «Colonia Dignidad» para hacer desaparecer definitivamente a las víctimas

Fallo que agrega: «A la vez, los agentes de Estado, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional (DINA), para cometer estos crímenes, mantuvieron diversas relaciones con la denominada «Colonia Dignidad», que había adoptado el nombre de «Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad», situada en el fundo ex «El Lavadero», conocida corrientemente como «Colonia Dignidad», ubicada hacia el interior de la ciudad de Parral (…) Además, las relaciones entre la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y «Colonia Dignidad», optimizada por estar de acuerdo los agentes del Estado y la organización de colonos alemanes, en la persecución, secuestro, tortura y desaparición de opositores al régimen militar, permitió a los agentes de Estado que privaron de libertad a los ofendidos, contar con la colaboración de «Colonia Dignidad» para hacer desaparecer definitivamente a las víctimas, y en esa desaparición incluyeron los vehículos que éstas y otras víctimas poseían y que les fueron sustraídos, utilizando para tales propósitos el predio de «Colonia Dignidad», donde aquéllas y éstos eran sepultados; en efecto, el predio de «Colonia Dignidad» fue utilizado para la instrucción de los agentes de Estado y los fines criminales que éstos habían emprendido y dentro de ese contexto, después del 11 de septiembre de l973, se utiliza en «Colonia Dignidad» el sector denominado de «acopio de las papas», sitio escogido para sustraer a civiles contrarios al régimen militar al margen de toda legalidad. (…) en ejecución del plan de auxilio y cooperación, el líder de «Colonia Dignidad» y jerarcas de ésta, apoyaron la mantención y utilización de vehículos de características similares a los sustraídos a los detenidos desaparecidos antes individualizados; además, los cabecillas con plena aceptación de los agentes de Estado utilizaron a los colonos y ordenaron la fabricación de armas tipo ametralladoras, metralletas con silenciador, granadas y otras armas no especificadas, quedando aún en el lugar muestras de los depósitos de hormigón armado, utilizados para ocultar dichas armas prohibidas en poder de particulares».

SANTIAGO/TALCA.- La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los secuestros calificados de Juan Maino Canales, Elizabeth Rekas Urra y Antonio Elizondo Omaechea, perpetrados el año 1976 en el centro de detención clandestino de Villa Grimaldi, en Santiago, y en la ex Colonia Dignidad, en Parral.

En fallo dividido, la segunda sala penal —integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas— acogió el recurso de casación presentado en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, modificándola en el aspecto civil.

En lo penal, el máximo tribunal ratificó las penas de 10 años y un día de presidio para el jefe de la ex DINA, Manuel Contreras, junto con Carlos López, ambos en calidad de autores de los secuestros calificados. A ellos se suma la sanción de 5 años y un día de presidio para Eugenio Fieldhouse Orrego, como cómplice de los ilícitos.

INDEMNIZACIÓN

En forma paralela, la sala penal confirmó el fallo absolutorio en favor de los ex jerarcas de la Colonia Dignidad, Gerard Mucke y Johan van Den Berg, así como del agente de la DINA Rolf Wenderoth. En este aspecto, el fallo se adoptó con los votos en contra de dos ministros que estuvieron por aplicar la media prescripción.

En materia civil, se determinó que el Fisco debe pagar una indemnización de noventa millones de pesos a cada uno de los tres familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. El fallo de primera instancia, dictado por el ministro en visita, Jorge Zepeda, había condenado a los colonos Mucke y Van Den Berg.

En la investigación, el ministro Zepeda logró determinar que “el predio de Colonia Dignidad fue utilizado para la instrucción de los agentes de Estado y los fines criminales y dentro de ese contexto, después del 11 de septiembre de 1973, se utiliza el sector denominado ‘acopio de las papas’ para sustraer a civiles contrarios al régimen militar”.

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD) expresa su profunda inconformidad por la sentencia emitida por la Corte Suprema en la investigación por el secuestro calificado de Juan Maino, Elizabeth Rekas y Antonio Elizondo en mayo de 1976, en la que se exonera de toda responsabilidad a los exjerarcas alemanes Gerard Mücke y Karl van Den Berg, condenando únicamente a Manuel Contreras Sepúlveda y Carlos López en calidad de autores, así como a Eugenio Fieldhouse Orrego en calidad de cómplice.

Aunque el ministro Jorge Zepeda condenara en primera instancia a Mücke y Van Den Berg, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como ahora la Corte Suprema consideraron que la participación de estos colonos no se ha podido probar en la investigación, y por lo tanto los absolvieron.

Este fallo continúa con la grave situación de una impunidad de facto para los victimarios de la Colonia Dignidad, donde hasta el día de hoy ningún colono ha sido condenado a pena de cárcel efectiva por las torturas y los asesinatos cometidos en el enclave alemán. Mientras la cúpula de la DINA -merecidamente- suma condenas, nos encontramos ante la paradoja de que aquellos colonos que declararon ante la justicia sus amplios conocimientos sobre torturas, fusilamientos masivos y la quema de cuerpos en el marco del “operativo retiro de televisores” en Colonia Dignidad, queden absueltos porque alegan inocencia y desconocimiento sobre la identidad de las víctimas y de sus asesinos materiales.

En este contexto profundamente insatisfactorio, hacemos un llamado al Poder Judicial a profundizar las investigaciones y a acabar con el pacto de silencio entre los autores y cómplices de estos crímenes de lesa humanidad, citándolos una y otra vez a declarar.

A la vez, solicitamos despejar la duda sobre si en las investigaciones existentes hubo “testigos reservados” entre los colonos que recibieron ciertos beneficios y atenuantes por mostrarse, supuestamente, dispuestos a colaborar con las investigaciones. También hacemos un llamado a tomar en consideración nuevos antecedentes que han surgido en los últimos años para avanzar en las investigaciones, como por ejemplo un análisis riguroso del archivo de fichas y documentación variada confiscada en Colonia Dignidad.

Al mismo tiempo, la AMCD quiere expresar su confianza en las investigaciones iniciadas por el ministro Mario Carroza que incluyen nuevas excavaciones en búsqueda de documentación y fosas donde presuntamente fueron inhumadas personas detenidas desaparecidas.

Hacemos un llamado al Poder Judicial a ponerse a la altura de su responsabilidad histórica hacia los miles de víctimas de la dictadura cívico-militar mediante la determinación de condenas que sean verdaderamente acordes con la gravedad de los crímenes cometidos por los agentes del Estado en colaboración con los exjerarcas del que fuera uno de los mayores y más duradero centro de secuestro, tortura y exterminio de opositores al régimen de Augusto Pinochet.