Tagle Román Mario Emilio

La localidad de Paine posee el triste record de tener el mayor número de ejecutados y detenidos desaparecidos en proporción a sus habitantes. Luego del golpe militar, allí operaron bandas de civiles, policías y militares, que dejaron una reguera de sangre y dolor, asesinado a campesinos de "asentamientos" nacidos con la Reforma Agraria. En Paine aún conviven víctimas y victimarios, bajo el manto de la impunidad y el olvido. En 1979, la Justicia Militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el propio general Pinochet para cubrir sus crímenes.

Luego de 29 años, la jueza María Estela Elgarrista se acerca a la verdad.

La Reforma Agraria iniciada en los años 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, permitió que muchas familias campesinas fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un puñado de latifundistas. Así, los campesinos dieron vida a los "asentamientos", pero en Paine, como en el resto del campo chileno, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron "venganza", asesinando a dirigentes sindicales y campesinos "asentados". Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los "asentamientos" entregando nombres y, las más de las veces, participando directamente en la represión y crímenes.

Hace dos semanas, y luego de 29 años, la jueza de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Estela Elgarrista, citó a familiares y victimarios a diversos careos. Holanda Vidal, esposa del detenido desaparecido Cristian Cartagena Pérez, señala: "Fui citada con objeto de la querella por el secuestro y asesinato de mi esposo, desaparecido el 18 de septiembre de 1973. Nuestro objetivo es que se procese a los culpables: carabineros de la dotación de la subcomisaría de Paine y civiles, que actuaron en conjunto. Identifiqué a varios de ellos: sargento Retamal, cabo Ortiz, Albornoz y Víctor Sagredo; y a civiles: Darío González Carrasco, hoy comerciante, miembro de Patria y Libertad, y que reconoció que detuvo a mi esposo en la Casa Escuela de Chada donde vivíamos, llevándolo a la subcomisaría, a las seis de la mañana".

Los ex carabineros han negado su participación en los crímenes durante los careos, argumentando que "estaban de guardia". "Eso me produjo un schok con paralización de mis brazos, una crisis de llanto y angustia. Es terrible revivir todo lo que pasó, verlos tan cerca, su cinismo, su osadía de negar la verdad. Verlos tan soberbios, sin aceptar que lo que hicieron fue atroz. Son los primeros careos, luego de 29 años de denuncias, búsquedas y golpear puertas. Este paso se pudo dar por todo nuestro esfuerzo y trabajo como Agrupación. No hemos transado el juicio y castigo a los culpables, y que paguen con cárcel sus crímenes".

Después de los careos debieran venir los procesamientos. La jueza tiene una larga lista de civiles, carabineros y militares del Regimiento de Infantería de San Bernardo. "Uno de los asesinos es el teniente Magaña Baum, y entre los carabineros, el sargento Verdugo, un torturador que ahora se presenta como un anciano que no ha hecho nada", agrega Holanda Vidal.

"Todos los vieron"

Juan Maureira es hijo de René Maureira Gajardo, detenido desaparecido el 16 de octubre de 1973 junto a otros 22 campesinos de los asentamientos Campo Lindo, 24 de abril y Nuevo Sendero. Presidente de la AFDD de Paine, recuerda que en la represión y asesinatos también participaron militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo: "La jueza investiga cerca de 40 querellas presentadas ante el juez Guzmán. En Paine hay más de 70 víctimas, de las cuales aún están desaparecidos unas 40. Son los casos recopilados en el informe Rettig, pero otros nunca fueron denunciados. Presumimos que son alrededor de 100 los asesinados en Paine, la mayoría campesinos de asentamientos. La ministra en algún momento va a tener que procesar a los carabineros, civiles y militares implicados. Es lo que esperamos y lo que hemos pedido, que se haga verdadera justicia y podamos encontrar a nuestros familiares… Sabemos que el teniente Magaña tiene antecedentes de qué pasó con mi padre y otros 22 campesinos, entre otros casos. Él mató a nuestro familiares… Los carabineros han negado su participación, pero son los mismos que todavía viven en el pueblo. ¿Cómo lo van a negar si todos los vieron? Lo mismo ocurre con los civiles que actuaron. Paine es un pueblo chico".

Según los familiares jueza ha actuado con rigurosidad, cautela e inteligencia. Confían en los testimonios y declaraciones que ha logrado recopilar. Para ellos, todo apunta a que se procesará a algunos implicados. "A muchos, incluso, se les vio entrando a las casas. Hay un sinnúmero de antecedentes recopilados desde ese tiempo".

Hasta el momento, están conformes con la investigación y las diligencias realizadas por la jueza. Para ellos, es la primera investigación luego de 29 años sin conseguir justicia. Hasta el minuto se ha citado a civiles y carabineros, y se han desarrollado algunos careos: "Lo que nos da un poco de satisfacción porque nunca antes se había logrado hacer. Por el momento no hay procesados, pero la ministra sigue trabajando. Y así lo hemos podido corroborar", dice Juan Maureira. Mientras, la mayoría de los civiles y carabineros que asesinaron a los campesinos de Paine continúan viviendo en la pequeña localidad rural, en completa impunidad. "Hasta donde hemos podido ver, por primera vez se da una investigación como debe ser. Los criminales van a tener entregar información de lo ocurrido. Son los mismos carabineros, civiles y militares los que aparecen mencionados en la mayoría de los casos", concluye.

Asesinos de Paine

Carabineros

Nelson Bravo Espinoza, capitán; Raúl Ortiz Maluenda, sargento 2º; Carlos Aburto Jaramillo, cabo 1º; José Retamal Burgos, cabo 1º; Víctor Sagredo Aravena, cabo 1º; Reyes, sargento; Luis Jara, teniente de Pintué; y los carabineros Samuel Ahumada Cabello; Raúl Donoso Figueroa; Alamiro Garrido Ubal; Jorge González Quezada; Víctor Labarca Díaz; Eduardo Molina Armijo; José Piñaleo Pérez y Jorge Verdugo, entre otros.

Civiles

Hugo Aguilera, Fernando Aguilera, Francisco Luzoro, Jorge Sepúlveda, Tito Carrasco, Claudio Oregón, Darío González Carrasco, Luis Guerrero, Mario Tagle, Ricardo Tagle, Yule Tagle, Jorge Aguirre.

Militares – Escuela de Infantería de San Bernardo

Leonel Köening Alternatt, Director; Samuel Rojas Pérez, teniente coronel; Mario Morales Durán, conscripto; Andrés Magaña Baum, teniente; Pedro Montalvo Calvo, coronel; Iván de la Fuente Sáez, mayor; Hernán Pizarro Collarte, mayor; Ciro Ahumada Miranda, mayor; Juan Carlos Nielsen Stambuck, capitán; Sergio Rodríguez Rautcher, capitán; Luis Cortés Villa, capitán; Víctor Pinto Pérez, capitán; Marcial Cobos Farías, capitán; Jorge Romero Campos, capitán; Luis Villarroel Contreras, capitán; Héctor Maturana Zúñiga, capitán; Luis Garfias Cabrera, capitán; Eduardo Silva Bravo, capitán; Sergio Valdivia M., capitán; y Julio Cerda Carrasco, capitán, entre otros.

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como «cómplices pasivos» y «no pasivos» de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.

Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]

Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

 Fuentes:

[1] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[2] Declaración Policial de Armando Artemón, Declaración Policial de Armando Artemón Pereira Salas, 4 de noviembre 2002, causa rol 04-02-F, “Paine”, fojas 2085, Tomo X

[3] Declaración judicial de Christian Kast Rist, 25 de abril de 2003. Causa Paine. Fojas 5.979 del tomo XVIII.

[4] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[5] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[6] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[7] Ibíd., 5980, Tomo XVIII

[8] Declaración policial de Alejandro del Carmen Bustos González, 22 de octubre de 2001. Causa Paine. Fojas 1726 del tomo VII.

[9] Entrevista a Alejandro del Carmen Bustos González

[10] Ibíd.

[11] Ibíd.

[12] Ibíd.

[13] Careo judicial entre Alejandro Bustos González y Christian Kast Rist, 7 de mayo de 2003. Causa Paine. Fojas 6216 del tomo XVIII.

[14] Entrevista con Alejandro del Carmen Bustos González

[15] Careo judicial entre Alejandro Bustos González y Christian Kast Rist, 7 de mayo de 2003. Causa Paine. Fojas 6216 del tomo XVIII.

[16] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[17] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[18] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[19] Declaración Judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.733, Tomo XIII

[20] Declaración judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.732, Tomo XIII.

[21] Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.850 del tomo XIII.

[22] Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.806 del tomo XIII

[23] Ibíd. Fojas 6732

[24] Ibíd. Fojas 13.539, Tomo XXXVI

[25] Declaración policial de Holanda Aydee Vidal Caballero, 23 de diciembre de 2003. Causa Paine. Fojas 3.822 del tomo XIII.

[26] Oficina de Planificación Nacional

[27] Partido político de derecha, cuyo acrónimo es Evópoli y significa Evolución Política, que proviene de la UDI y Renovación Nacional.

[28] Entrevista, Felipe Kast, ministro de Planificación: “La izquierda no valora la movilidad social”. The Clinic, 24 octubre de 2010.

[29] Ibíd.

[30] Entrevista, Felipe Kast: Trabajaría en dictadura como ministro. Radio ADN, 2 de noviembre de 2010. La cita exacta es: El ministro Kast dijo que la función que su padre, Miguel Kast, desempeñó durante la dictadura no significa ninguna carga para él y que él mismo habría asumido algún cargo en el gobierno de facto ya que, recordando la «vocación social» de su progenitor, habría preferido evitar «el costo de no haberlo hecho para todos aquellos que se vieron beneficiados».

[31] Entrevista, José Antonio Kast, candidato a senador UDI por Santiago Oriente: “He sufrido la intolerancia de los movimientos homosexuales”. The Clinic, 17 de junio de 2010

[32] Los carabineros son Nelson Iván Bravo Espinoza, Luis Enrique Jara Riquelme, José Floriano Verdugo Espinoza, Aníbal Fernando Olguín Maturana, José Osvaldo Retamal Burgos, Víctor Manuel Sagredo Aravena, Rogelio Lelan Villarroel Venegas. Los militares, el brigadier general (r) Víctor Raúl Pérez Pinto y el teniente coronel (r) Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau. Los civiles son Juan Manuel Balcázar Soto, Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, Rubén Darío González Carrasco, Claudio Antonio Oregón Tudela, Juan Guillermo Quintanilla Jerez, Ricardo Jorge Tagle Román, Mario Emilio Tagle Román, José Hugo Vásquez Silva y Juan Francisco Luzoro Montenegro.

La Corte Suprema aprobó de manera unánime la solicitud de extradición de la ex secretaria chilena de Manuel Contreras, Adriana Rivas González, sindicada como autora del secuestro del ex secretario del Partido Comunista, Víctor Díaz López, ocurrido en 1976, la que en estos momentos se encuentra radicada en Australia, luego de fugarse del país. Sin embargo, son varios los juicios sobre derechos humanos que están llegando a sus tramos finales.

Desde septiembre pasado y tras conmemorarse 40 años del golpe de Estado, los tribunales han dictado decenas de condenas contra los responsables de diversos casos emblemáticos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Para los abogados, familiares y victimas ha resultado satisfactoria esta situación, aunque si bien se están ejecutando los casos que fueron denunciados hace más de 20 años, aún faltan querellas y nuevas condenas.

Una de las últimas acciones de la justicia, tiene relación con el denominado caso «Calle Conferencia». La Corte Suprema aprobó de manera unánime la solicitud de extradición de la ex secretaria chilena de Manuel Contreras, Adriana Rivas González, sindicada como autora del secuestro con resultado de muerte del ex secretario del Partido Comunista, Víctor Díaz López, ocurrido en 1976, quien en estos momentos se encuentra radicada en Australia.

Fue el Ministro en Visita del caso, Miguel Vásquez, quien efectuó esta petición, la cual fue aceptada por los magistrados de la segunda sala del máximo tribunal, ya que cumplió con todos los requisitos formales que exige el tratado de extradición entre Chile y Australia.

Casos emblemáticos

Para los abogados de derechos humanos, si bien se están sentenciando a los responsables, aún falta mucho por hacer en esta área. Ante el tema, el abogado Nelson Caucoto, dijo que «los procesos, sobre todo en el último trimestre, de causas de gran trascendencia como este por ejemplo (caso Conferencia), han avanzado mucho».

«Si bien estos pasos son importantes, como la extradición, aún falta por hacer en derechos humanos, falta hacer justicia sobre todo en casos tan antiguos como lo es el de calle Conferencia», puntualizó.

A ello, agregó a Cambio21 que «es por eso que esperamos que se sigan sellando los casos, y la justicia siga actuando como corresponde».

Para el diputado Fidel Espinoza (PS), «siempre será positivo para un país, y el fortalecimiento de una democracia que los casos sigan abiertos y se sigan buscando a los responsables, por ende es una buena señal para el mundo que a pesar que han pasado 40 años se siguen persiguiendo a los culpables».

«Hay que tener paciencia, todos los delitos fueron cometidos con mucha minuciosidad. Un ejemplo claro de aquello fue el asesinato de mi padre, que aún falta mucho en esa investigación», recalcó el legislador quien obtuvo la primera mayoría nacional en la última elección.

A ello, el parlamentario socialista puntualizó que «no hay que olvidar que todos estos delitos pasaron hace más de 20 años, y en ese tiempo varios casos se prescribieron, y otros tuvieron una serie de trabas que impidieron seguir investigando, y hay que agregar que durante este gobierno no ha habido muchos casos nuevos investigándose», dijo a este medio.

Por su parte Mireya García, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) declaró que «cualquier acción judicial que tengamos, siempre es tomada positivamente, a pesar que sea tan tarde como esta».

«Es una locura que una resolución judicial salga tantos años después, pero lo tomamos como un avance enorme, y ojalá en este curso se tomen en otras causas», recalcó la representante de la organización».

La mano derecha de Contreras

Adriana Elcira Rivas González ingresó al Ministerio de Defensa como secretaria. Luego de tomar cursos de inteligencia militar se incorporó en 1974 a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), donde fue miembro de la temida Brigada Lautaro. Tenía poco más de 20 años. Fue secretaria personal de Manuel Contreras y llegó a ser suboficial de la Armada y hoy recibe pensión y beneficios como miembro de las fuerzas armadas.

En 1978 Adriana Rivas se radicó en Australia. De acuerdo a la información obtenida por grupos de derechos humanos en ese país, entre 1994 y el 2000 entraron más de 400 ex DINA, CNI y otros personajes relacionados con la policía secreta de Pinochet. Australia les concedió visa permanente a todos ellos, lo que para algunos sugiere un acuerdo entre los dos gobiernos.

En 2006 Adriana Rivas regresó a Chile y fue detenida por su participación en el Caso Conferencia, una operación de la DINA contra la dirección clandestina del Partido Comunista en 1976. Procesada en febrero de 2007 por su participación como integrante de la Brigada Lautaro en la muerte del dirigente Víctor Díaz, estuvo casi tres meses detenida. Cuando se le otorgó la libertad condicional, pero con orden de arraigo, se fugó vía Argentina con destino Australia, lugar donde se encuentra en la actualidad.

Una sobrina de la ex agente realizo recientemente un video documental en el que trata de investigar qué motivó a su tía a transformarse en una agente de la DINA desde 1974 y por qué justifica sin vergüenza alguna el uso de la tortura con oponentes políticos.

En una entrevista difundida por la radio australiana SBS, con ocasión del 40 aniversario del golpe militar en Chile, Adriana Rivas defendió la tortura como método para extraer información y consideró aquellos años como los mejores de su juventud. En la entrevista Rivas indicó que las torturas durante la dictadura eran «un secreto a voces» y las calificó de técnica «necesaria para quebrantar a la gente».

Al ser consultada sobre el paradero de los más de 1.000 detenidos-desaparecidos contestó que es algo que nunca se sabrá: «Si está muerto, está muerto. ¿Dónde están? No se sabe».

Los casos que se verán

Los casos que están pronto a ser cerrados con sentencia por parte de la justicia son al menos cinco. La mayoría emblemáticos y llevarían más de 100 nuevos detenidos en Punta Peuco. Los tres más relevantes son:

Caso Torres San Borja:

El día 25 de marzo de 2013 la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol 1520 2011, mantuvo la sentencia de primera instancia del 6 de abril de 2011, donde fueron condenados Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, cada uno a la pena de 10 años de presidio sin beneficios por seis homicidios calificados por el caso conocido como Torres de San Borja.

Las víctimas son Ricardo Montecinos Slaughter, Carlos Adler Zulueta y Beatriz Elena Díaz Agüero (matrimonio de turistas argentinos) , Víctor Garretón Romero, Jorge Salas Pararadisi, y Julio Saa Pizarro . Todos fueron detenidos ilegalmente por miembros del Ejército en la noche del 16 de octubre en la torre 12 del complejo de viviendas San Borja en el centro de Santiago y ejecutados en el túnel de Lo Prado el 17 de octubre de 1973, simulando una situación de fuga para cubrir el crimen.

Ya en 1976 las Naciones Unidas se pronunció con una resolución condenando la acción, por figurar entre las víctimas un funcionario del Fondo Monetario Internacional (Ricardo Montecinos). En cuanto a la demanda civil acompañante, el Fisco fue condenado al pago de 100.000.000 de pesos chilenos (USD 210.000) a cada uno de los familiares querellantes de la causa.

Caso Paine:

El ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel Héctor Solís sometió a proceso a un total de siete personas -seis civiles y un militar (r)- por los secuestros y homicidios de un total de 26 opositores al régimen militar, que fueron detenidos en Paine entre septiembre y octubre de 1973 y cuyo destino aún está siendo investigado.

En cuatro resoluciones distintas, el magistrado procesó a los civiles Rubén González Carrasco, Claudio Orregón Tudela y Juan Francisco Luzoro como cómplices de secuestro agravado de dos víctimas. Luego, Luzoro y Mario Tagle Román fueron encargados reos como autores del homicidio calificado de otras víctimas. En un tercer procesamiento, Juan Francisco Luzoro y Ricardo Tagle Román también fueron procesados como autores de homicidio calificado.

Finalmente, el ministro Solís procesó al civil Juan Guillermo Quintanilla Jerez y al militar (r) José Vásquez Silva como autores del secuestro calificado de 22 personas, entre ellas Andrés Pereira, padre de la abogada de Derechos Humanos Pamela Pereira.

Estas 22 víctimas fueron detenidas en la localidad de Paine, en octubre de 1973, de ahí fueron trasladadas a la quebrada de Los Quillayes en las cercanías del lago Rapel, donde habrían sido ejecutados.

Caso Comando Conjunto:

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las condenas por los secuestros calificados de Alfredo Salinas Vásquez el 3 de noviembre de 1975, y de José Sagredo Pacheco y Juan Antonio Gianelli Company, el 2 de junio de 1976 en la Región Metropolitana.

La sentencia aplicada el 4 de febrero de 2011 en contra de 6 ex agentes del denominado Comando Conjunto, elevando la pena en tres de ellos condenados y sobreseyendo a uno por fallecimiento.

De acuerdo al dictamen, Freddy Ruiz Bunger está sentenciado a 5 años y 1 día de presidio, misma pena que cumple César Palma Ramírez, Juan Saavedra Loyola y Manuel Muñoz Gamboa. Ninguno puede optar a beneficios por ser co-autores de los delitos reiterados de secuestro calificado.

Daniel Guimpert Corvalán, en tanto, está en libertad vigilada tras la condena por 4 años como co-autor de secuestro calificado en la persona de Juan Antonio Gianelli Company.

Por fallecimiento fue sobreído Jorge Cobos Manríquez, sentenciado en 2011 en primera instancia a 3 años de presidio, con el beneficio de la remisión condicional.

Después del golpe de Estado de 1973 más de setenta campesinos fueron asesinados o hechos desaparecer en la comuna de Paine, a 42 kilómetros de Santiago. Las víctimas estaban vinculadas al proceso de reforma agraria que se inició con Eduardo Frei Montalva y profundizó durante el gobierno de Salvador Allende. En esos crímenes contra la humanidad colaboraron civiles: colocaron a disposición del ejército y Carabineros vehículos, pertrechos y también actuaron utilizando armas de fuego. Uno de estos episodios es el de Collipeumo con protagonismo de los camioneros, quienes actuaron en todo el país para derrocar al presidente Allende.

Juan Francisco Luzoro Montenegro, ahora de 77 años, camionero y empresario agrícola que en la época era presidente del Sindicato de Dueños de Camiones de Paine, fue uno de quienes condujeron a un lugar apartado a campesinos indefensos y a orillas de un canal los asesinaron.

Luzoro Montenegro fue condenado a 20 años de prisión por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes, como responsable del homicidio calificado de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres y del homicidio calificado, en grado de frustrado, de Alejandro del Carmen Bustos González, único sobreviviente. Además de Luzoro, fueron procesados Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, camionero, militante del Partido Nacional, Ricardo Jorge Tagle Román, camionero y el carabinero Juan Aníbal Fernando Olguín Maturana, fallecidos en el transcurso del proceso.

La magistrada no aplicó la figura de la media prescripción que existe en el Código Penal y que extingue el castigo por el paso del tiempo, pues consideró que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, tanto en su dimensión penal como civil tienen “la categoría de norma imperativa de derecho internacional general que no admite derogación alguna salvo por otras normas del mismo carácter, no pudiendo ser desconocida por los Estados bajo ninguna circunstancia”.

UN PAJARO DE CUENTAS
Las víctimas formaban parte del asentamiento Paula Jaraquemada, ex fundo San Francisco de Paine que fue expropiado en el gobierno de Frei Montalva. Los hechos sucedieron el 18 de septiembre de 1973. Ese día los carabineros y camioneros conmemoraron las fiestas patrias con un banquete de sangre en el canal Panamá, al interior del fundo Santa Filomena, frente al cerro Collipeumo.

Los hechos se originaron en la subcomisaría de Paine a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza. Todo hace suponer que fue él quien ordenó la masacre. Sin embargo tiene una coartada: no estaba allí. No se pudo probar su participación y en derecho penal existe la máxima de que es preferible un culpable libre que un inocente preso. En el episodio de Collipeumo, Bravo descargó la responsabilidad en un muerto: el sargento de carabineros Manuel Reyes.

Bravo no es de trigos más limpios. Fue procesado en 2015, también por la ministra Cifuentes, por la desaparición forzada de Mario Enrique Muñoz Peñaloza, vicepresidente del asentamiento 24 de Abril, militante PS.

PREPARATIVOS DEL GOLPE EN PAINE
Bravo aseveró que “el 10 de septiembre de 1973, en horas de la noche, dispuso que el personal de los citados destacamentos se trasladara a la subcomisaría de Paine. Al día siguiente, tras comprobar que sus órdenes habían sido cumplidas, concurrió a la Comisaría de Buin a informar al comisario acerca de las medidas adoptadas”. Luego, por teléfono, le ordenaron hacerse cargo de la Comisaría de Buin. Quedó como jefe de ambas unidades. Por ese motivo encomendó al sargento Manuel Reyes Alvarez la subcomisaría de Paine, indicó a la justicia.
El procesado Ricardo Jorge Tagle Román, hijo del dueño del fundo San Francisco de Paine, vivía en un terreno correspondiente a la reserva, que en la época de la Reforma Agraria eran los terrenos contiguos a la casa de los fundos expropiados que sus ex dueños podían mantener y usufructuar.

Tagle fue sindicado como uno de los autores de los cuatro crímenes. Señaló a la ministra Cifuentes que “el día 10 de septiembre de 1973 fue testigo de que militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo llegaron hasta el Peñón, en San Bernardo, lugar en que se encontraban reunidos camioneros y agricultores de Paine y solicitaron a Francisco Luzoro, presidente de los camioneros de Paine, diez camiones en buen estado para usarlos en un levantamiento armado”. Quien hizo esa solicitud fue el general Luis Cortés Villa.
Respecto a los arrestos Bravo agregó que “la mayoría de las detenciones efectuadas en Paine después del 11 de septiembre de 1973 fueron dispuestas por la Escuela de Infantería de San Bernardo”. Pocos de quienes fueron hechos desaparecer o ejecutados tenían militancia política. Fueron eliminados por su apoyo al gobierno del presidente Allende.

LA DELACION
Los empresarios confeccionaron las listas de dirigentes campesinos que conocían, a veces con ayuda de soplones. Fue el caso del presidente del asentamiento Paula Jaraquemada, Carlos del Carmen Pacheco Cornejo, quien delató a sus compañeros. Pacheco informó a las víctimas que debían presentarse en la subcomisaría de Paine. Sin embargo no les dijo que los había delatado como consta en sus declaraciones en el proceso, en que reconoció que el 17 de septiembre de 1973 concurrió a la subcomisaría de Paine “con el fin de informar que en el asentamiento Paula Jaraquemada se realizaban reuniones políticas clandestinas y que en ellas participaban los asentados Chávez, Lazo, Pereira y Ramírez”. Ese mismo día, en horas de la tarde, Pacheco, con cinismo informó a las víctimas que debían presentarse en la subcomisaría de Paine.

Alejandro Bustos, único sobreviviente se presentó confiado. No tenía nada que temer. No imaginaba el infierno que viviría. Llevaba el dinero de la venta de varios animales. En el cuartel policial se lo robaron, requisaron sus pertenencias personales y lo mandaron en calzoncillos a un calabozo, además, junto a los otros campesinos fue rapado al cero. Bustos declaró a la ministra Cifuentes que “fue interrogado acerca de una supuesta tenencia de armas”.

En el lugar se encontraban los otros delatados por Pacheco: Carlos Chávez, Raúl Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Luis Ramírez. Todos habían sido torturados.

LA CARAVANA DE CIVILES ARMADOS Y CARABINEROS
El 18 de septiembre, a eso de la una de la madrugada, Bustos fue sacado del calabozo junto a sus compañeros y llevado a un patio. Les entregaron sus ropas. “En el lugar se encontraban funcionarios policiales y civiles. Allí estaba Francisco Luzoro, presidente del sindicato de camioneros de Paine”, declaró.

El procesado Tagle Román, quien murió de un infarto antes que se dictara sentencia, relató al tribunal que el “11 de septiembre de 1973 supo que se había producido un pronunciamiento militar. Que, con posterioridad, a petición del sargento Manuel Reyes, ayudó con alimentos a la unidad de Carabineros durante diez días. El 18 de septiembre de 1973, en horas de la madrugada -continuó en su relato judicial-, en circunstancias que se encontraba afuera de la subcomisaría de Paine, junto a otros camioneros y agricultores de Paine que se movilizaban en sus respectivos vehículos, entre ellos Luzoro, vio que sacaban de la unidad policial a cinco personas, quienes fueron subidos por los carabineros a un furgón y trasladados al sector de Collipeumo (…) El furgón emprendió la marcha escoltados por varios vehículos particulares”, entre ellos el automóvil marca Peugeot de color rojo de Luzoro, precisó Tagle.

Además afirmó “que vio con armas de fuego a algunos civiles, entre ellos a Francisco Luzoro”. Es más, el carabinero Rogelio Lelan Villarroel Venegas del retén Chada, declaró a la ministra Cifuentes que lo vio usar la chaqueta de castilla verde que usaban los uniformados.

 “Una vez en el lugar, los funcionarios policiales les pidieron que encendieran las luces -prosiguió en su relato Tagle- y, acto seguido, un grupo de alrededor de cuarenta personas, integrado por funcionarios de carabineros y civiles, en cumplimiento de lo ordenado por el sargento Reyes, dispararon a los detenidos con revólveres y metralletas, quedando los cuerpos en el río”.

El sobreviviente Bustos entregó escalofriantes detalles sobre su detención al portal electrónico Las Historias que Podemos Contar. “Yo les gritaba que no sabía nada de nada y que no tenía tampoco armas, pero entró uno más grande y me levantó del pelo, ‘desde cuándo erís rojo’ me preguntó al oído, y yo le respondí que siempre había tenido el pelo rojo. ‘No te hagai el estúpido’, gritó indignado, ‘los rojos son los comunistas, guevón’. A partir de ahí comienzan otra sarta de palos. Meta palos conmigo en la espalda y la cabeza, alcancé a reconocer entre los que me pegaban a los carabineros Olguín, Reyes y Leiva”. Perdió el conocimiento. “Me despertaron con un balde de agua”, puntualizó.

“ESTE YA ESTÁ MUERTO”
Bustos al abrir los ojos expresó que tenía sed. Los civiles y carabineros tenían licor al interior del cuartel. Trajeron una jarra de vino y le obligaron a beber. “Les gritaba que no, pero me lo seguían echando hasta por las narices”. Le amarraron las manos con un alambre detrás de la nuca. “Cuando empezó a oscurecer, sacaron unas chuicas de vino y empezaron a prender fuego para un asado. Había carabineros y civiles, casi todos camioneros”.

A la una de la mañana los hicieron salir. Les esperaba un furgón verde. Los vehículos partieron, los propios dueños los manejaban. El furgón iba al final de la fila. “Nosotros nos preguntábamos si estarían llevándonos al Estadio Nacional o al Chile, o al regimiento de Chena, sólo ese tipo de sitios nos imaginábamos pero, a pesar de la sospecha tremenda, a ninguno se le ocurrió mencionar que nos llevaban para matarnos”, señaló.

Cuando los bajaron vieron los autos con los faroles encendidos. “Empezaron a empuñar las metralletas, todos ellos, civiles y carabineros”, consignó Bustos.

En un relato espeluznante añadió que “el sargento Reyes nos condujo a empujones a la orilla del río, y burlándose nos hizo levantar los brazos. ‘Vamos a matarlos por no ponerse de acuerdo en sus mentiras’. Sucedió todo en un segundo, lenguas de fuego salieron por los cañones y las ráfagas comenzaron a rugir. La noche pareció iluminarse con demonios y una quemazón en el brazo me echó al suelo, caí revolcándome. Orlando Pereira cayó encima mío, su sangre corrió por mi cuerpo. Quedé de costillas al lado del sargento Reyes y Pancho Luzoro gritó: ‘Este ya está muerto’. Entonces con Daniel Carrasco me tomaron de las piernas para arrojarme al agua. Pero no alcancé a caer, unas zarzamoras me detuvieron”.

A continuación “los empiezan a empujar al agua como a mí. Tiran a Orlando Pereira y cae encima mío, y ahí sí que me fui abajo, se desprendieron las zarzamoras, la corriente estaba fuerte. Empecé a ahogarme y en mi desesperación me agarré de una raíz de sauce y un remolino comenzó a darme vueltas. Una persona a mi lado se ahogaba también, se hundía y salía a ratos”. Se trataba de Orlando Pereira. ‘Soy yo Colorín’, me dijo. Me pidió que lo tratara de sacar del agua, pero yo no me lo podía porque tenía el brazo herido”, expresó.

El agua arrastró ambos cuerpos. “Trataba de respirar las veces que salíamos a flote (…) Lo tenía agarrado de la chomba apenas, pero de a poco lo fui tirando hasta que varó también al lado mío. En ese momento justo se limpió la luna y pude verlo clarito, entonces me dijo ‘hasta aquí no más Rucio, voy a morirme’, y se echó sobre mis piernas tiritando y tiritando hasta que ya no se movió más. Tuve que sacármelo de encima. Murió a mi lado sin que yo pudiera hacer nada, nada”, aseguró Bustos. En momentos en que Pereira fallecía a su lado, escuchó los motores de los vehículos que regresaban al cuartel.

Bustos logró salir del lugar y pidió ayuda en dos casas pero sus moradores atemorizados se negaron a socorrerlo. Esa noche durmió junto al calor de unos bueyes entre fardos de paja. Los animales lamieron su herida. Luego se desplazó hasta el domicilio de Cristián Acevedo, quien con dos muchachos de alrededor 14 años le preguntaron qué le sucedía. No se atrevió a contarles, pero lo adivinaron.

Bustos les pidió que avisaran a uno de sus tíos. “‘Por mientras vamos a dejarlo aquí, amigo’, dijeron y antes de partir trataron de esconderme lo mejor que pudieron entre unos matorrales. Un grupo de personas se dio cuenta de que estaba allí escondido. ‘No se asuste, dijeron, nosotros vimos el fusilamiento, estábamos mirando desde atrás de los pacos’, dijeron”. Atemorizado creyó que lo denunciarían y cruzó el río alejándose para no dejar huellas. Luego, continuó, “aparecieron los Acevedo con mi tío, venían también con otro señor y entre los cuatro me socorrieron”. Lo llevaron en andas alrededor de cuatro kilómetros. “Me vendaron el brazo lo mejor que pudieron y me pusieron desinfectante. Me obligaron a comer pan y a beber café con aguardiente. Después me dejaron que durmiera”.

Posteriormente llegó su hermano Juan Bautista Bustos González. “El dio la idea de pedirle ayuda a su comandante (Carlos Sergio) Ottone (Mestre). Mi hermano era cocinero de la Fach. ‘El comandante es muy buen gallo y le gusta mucho lo que cocino’, dijo… El comandante mandó a hacerse cargo de mí al teniente Rosas que llegó a buscarme con cuatro milicos, todos de aviación. Me llevaron primero de pasada a mi casa para que pudiera ver a mi mamá porque pensaban que podía morirme, y de ahí seguimos a la Escuela de Aviación”.
Ottone, general de Brigada Aérea en retiro, corroboró los hechos ante la justicia y detalló que ordenó trasladar a Bustos a la Escuela de Especialidades para darle ayuda médica y, desde ahí, al hospital Barros Luco.

Bustos juró a sus compañeros muertos testimoniar lo ocurrido. A 43 años de los hechos, la justicia se acerca. Mientras, Luzoro, hasta que no se dicte sentencia definitiva podrá continuar dedicándose al rodeo y las competencias equinas, su afición actual.

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a Francisco Luzoro Montenegro a la pena de 20 años de presidio, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado de los campesinos Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres; y del delito frustrado de homicidio calificado de Alejandro del Carmen Bustos González, crímenes perpetrados el 18 de septiembre de 1973 en el sector de Colipeumo, en la comuna de Paine.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por Milton Juica, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y el abogado Jean Pierre Matus- confirmó la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que ratificó la resolución de la ministra en visita Marianela Cifuentes del 31 de marzo pasado. En contra votó el juez Cisternas.

La ministra Cifuentes estableció que, tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, carabineros de los retenes de Hospital, Champa, Chada, Pintué y Huelquén fueron trasladados a la subcomisaría de Paine, a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, quien pidió ayuda a varios civiles, dueños de tierras en la zona, para detener y castigar a campesinos a quienes se acusó de ser agitadores comunistas.

Juan Francisco Luzoro Montenegro, presidente de la Asociación de Transportistas de Paine, actuó como cabecilla de varios civiles que facilitaron vehículos y logística para las labores represivas de carabineros y militares y participaron en ejecuciones de al menos setenta campesinos y obreros agrícolas de Paine, localidad ubicada 46 kilómetros al suroeste de Santiago, en la actual provincia del Maipo.

LA VENGANZA PATRONAL

El 15 de septiembre de 1973, los carabineros y civiles que les ayudaban -a bordo de varios vehículos particulares- detuvieron a doce campesinos y los condujeron al cuartel policial de Paine. Allí los raparon con navaja, los hicieron desnudarse y amarrados los mantuvieron boca abajo en el suelo, siendo pisoteados por carabineros y civiles (Claudio Oregón, Antonio Carrasco y Darío González). Luego les aplicaron corriente eléctrica y los metieron en unos tambores con aguas servidas. Los soltaron al anochecer  vistiendo sólo sus calzoncillos.

Dos días después, en vísperas de Fiestas Patrias, varios campesinos del asentamiento “Paula Jaraquemada” fueron notificados que se presentaran en la subcomisaría de Paine. Hasta allí llegaron los obreros agrícolas Alejandro Bustos González, Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres. Les esperaban los sargentos Manuel Reyes Alvarez, Jorge Verdugo, Víctor Sagredo y José Retamales, junto a los carabineros Juan Valenzuela, José González, Jorge Leiva y Pío Moya. También estaban los civiles Claudio Oregón, Darío González, Jorge Aguirre y Francisco Luzoro.

Tras ingresar al cuartel los cinco campesinos, fueron sometidos a brutales palizas y tortura con electricidad. En la noche, tirados en el suelo, semiinsconcientes en las caballerizas, escucharon la música y risas que provenían de un asado que compartían unos quince civiles y una veintena de carabineros.

Pasada la una de la madrugada los sacaron de las caballerizas. A la entrada del cuartel esperaba una caravana de camionetas -una amarilla, de Claudio Oregón; una roja, de Francisco Luzoro; una verde, de Jorge Sepúlveda; y otra blanca-. Subieron a los detenidos y los vehículos partieron conducidos por sus propietarios con rumbo desconocido. Tras una hora de viaje el convoy se detuvo e hicieron bajar a los cinco campesinos. Estaban junto a un cerro y al lado del camino de tierra; muy abajo, corría un río ancho y torrentoso. Les ordenaron que se pusieran de espaldas al abismo, con los brazos en alto, alumbrados por los focos de las camionetas, contra cuyas luces se perfilaban las sombras de policías y civiles.

Rugieron las metralletas y se estremecieron los cuerpos de los ejecutados. Alejandro Bustos sintió que un balazo le destrozó el brazo izquierdo y cayó de espaldas. Sobre él se precipitó uno de sus compañeros, cuya sangre le empapó la cara y la cabeza. Francisco Luzoro, Antonio Carrasco y el sargento Reyes se acercaron a verificar la muerte de sus víctimas.

Bustos se hizo el muerto. Dos de sus verdugos lo tomaron de pies y brazos y lo arrojaron al río. Cayó al borde del cauce, sobre unas zarzamoras. Pudo ver cómo a los otros campesinos les cortaban el cuello antes de lanzarlos al agua. A uno de ellos le sacaron los ojos y le cercenaron la lengua.

La periodista Cherie Zalaquett, en su libro Sobrevivir a un fusilamiento. Ocho historias reales, publicado por Aguilar Chilena de Ediciones en 2005, relata pormenores del calvario vivido por Alejandro Bustos, quien logró sobrevivir a la matanza y en los últimos cuarenta años se transformó en el principal testigo para inculpar a los responsables de aquellos crímenes en el sector de Colipeumo.

OTRO PROCESO

La ministra Marianela Cifuentes también procesa desde fines de junio de este año a Francisco Luzoro por el homicidio calificado de Ricardo Eduardo Carrasco Barrios, cometido en Paine el 16 de septiembre de 1973. Ese día, en la madrugada, una caravana de vehículos con carabineros y civiles al mando del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza y de Luzoro Montenegro llegaron al asentamiento “Santa Rosa”, lugar en que se ocultaban Carrasco Barrios y otros. Detuvieron a Carrasco y lo obligaron a correr hacia un canal cercano, momento en el cual le dispararon por la espalda provocándole la muerte y lanzando su cadáver al curso de agua.

Marianela Cifuentes también cerró en el mes de abril la etapa de sumario por la causa denominada “Caso Paine” que comprende a 38 víctimas y que hace referencia a dos episodios: la detención y posterior ejecución de los campesino del sector de “El Escorial”, ejecutados en la cuesta Chada el 3 de octubre de 1973; y la detención y ejecución de los campesinos de los asentamientos “24 de abril”, “El Transito”, “Nuevo Sendero” y “Paine”, asesinados en el sector de Los Quillayes cerca del lago Rapel el 16 de octubre de 1973. Junto a esas víctimas fueron también fusilados Ramón Capetillo Mora y Mario Muñoz Peñaloza, detenidos el 8 y el 10 de octubre respectivamente. En ambos casos, los militares responsables fueron miembros de la Escuela de Infantería de San Bernardo.

Francisco Luzoro, ex dirigente de los camioneros de Paine que ahora están dedicado a la crianza de caballos en su fundo de Fresia, Región de La Araucanía, fue detenido por detectives y trasladado a Santiago para ser presentado ante la Corte de Apelaciones, donde fue notificado de su condena, que deberá cumplir en la cárcel de Colina.

A diferencia del terrateniente Juan Quintanilla, encausado por el juez Héctor Solís Montiel en 2008 por su participación junto a militares de la Escuela de Infantería de San Bernardo en el episodio del 16 de octubre de 1973 en el que fueron asesinados 22 campesinos, Luzoro actuó siempre junto a efectivos de Carabineros.

Paine, con un total de setenta víctimas, es el lugar que tiene la cuota más alta de ejecutados y detenidos desaparecidos en Chile, en proporción a sus habitantes. Otros civiles procesados por los crímenes de campesinos de esa zona son Rubén González Carrasco, Claudio Oregón Tudela y los hermanos Jorge y Mario Tagle Román.

El juez Héctor Solis, quien en un trabajo investigativo excepcional logró ubicar en Litueche la quebrada donde fueron asesinados 22 campesinos de Paine, falleció en octubre de 2013 y fue reemplazado por la jueza Marianela Cifuentes Alarcón. Parte de la labor del juez Solís quedó registrada en el documental Ministros en visita en causas de derechos humanos. El caso Paine, que se puede ver en Youtube.

SE ACERCA LA VERDAD

En 1979, la justicia militar se encargó de sobreseer los procesos abiertos por los hechos de Paine en virtud de la Ley de Amnistía de 1978, aprobada por el dictador Augusto Pinochet para encubrir sus crímenes. No obstante ahora, casi treinta años después, los jueces parecen acercarse a la verdad, la justicia y la reparación.

La reforma agraria iniciada en la decada de 1960 y acentuada bajo el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, hizo posible que muchas familias campesinas de todo el país fueran beneficiadas con la asignación de tierras que, hasta entonces, pertenecían a un pequeño grupo de latifundistas. Los campesinos, entonces, dieron vida a los “asentamientos” y a su desarrollo productivo. Pero en Paine, como en el resto del campo, el 11 de septiembre de 1973 volvió todo atrás. Bandas de civiles de extrema derecha, policías y militares cobraron venganza, asesinando a dirigentes sindicales y campesinos asentados. Los crímenes, la impunidad y el temor se extendieron por las pequeñas localidades de Paine, Hospital, Huelquén, Culitrín, Chada, Rangue, El Vínculo, Pintué y Laguna de Aculeo. Muchos campesinos y sus familias presenciaron cómo civiles de la zona guiaban a los uniformados por los asentamientos entregando nombres y participando en la represión. Esos civiles, por décadas, habían logrado eludir a la justicia y se daban maña, incluso, para seguir amenazando a los familiares de sus víctimas. Ahora, con Francisco Luzoro en la cárcel, pareciera que todo empieza a cambiar.

CIVILES PROCESADOS

Más de 50 civiles están siendo procesados en las causas que llevan los jueces investigadores de violaciones a los derechos humanos, según señalaron fuentes de tribunales. En la mayoría de los casos se trata de personas vinculadas a la represión de campesinos, obreros agrícolas y forestales, muchos de ellos mapuches, que participaron activamente en la reforma agraria que emprendieron los presidentes Frei Montalva y Allende entre 1967 y 1973.

Muchos de los civiles encausados se vincularon especialmente con Carabineros de zonas rurales que tuvieron a su cargo la represión en los días que siguieron al golpe militar. Colaboraron aportando listas de personas a las cuales consideraban “extremistas peligrosos” y en no pocos casos actuaron directamente en las detenciones y ejecuciones que son investigadas. También contribuyeron con vehículos, vituallas e incluso dinero para apoyar el trabajo de búsqueda y detención de los campesinos.

La mayoría de ellos eran militantes de partidos de derecha, integrantes del grupo terrorista Patria y Libertad o miembros de grupos que se opusieron tenazmente al gobierno de la Unidad Popular. A casi todos ellos los motivó la revancha ante los avances del movimiento popular logrados en los años del gobierno del presidente Allende.

Entre los civiles procesados se encuentra Sergio Bustos Baquedano, autor de la demanda laboral en contra de Natalia Compagnon por el llamado caso Caval, quien fue sometido a proceso por la Corte de Apelaciones de Chillán en agosto de 2015, en la causa que investiga los homicidios en 1974 de Rolando Angulo, Ogan Lagos y Bartolomé Salazar, miembros del MIR en San Carlos, donde Bustos Baquedano militaba en Patria y Libertad.

En Valparaíso se investiga a varios civiles que se habrían incorporado a la Armada como oficiales de reserva después del golpe y participado en interrogatorios y torturas en cuarteles secretos entre septiembre del 73 y fines de 1974. Algunos eran estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso.

por Manuel Salazar Salvo

La Corte Suprema acogió los recursos de casación en el fondo deducidos por el Programa de Derechos Humanos y la parte querellante y, en sentencia de reemplazo, condenó al ex oficial de Carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza y al civil Juan Francisco Luzoro Montenegro, por su responsabilidad en los delitos consumados de homicidio calificados de los jóvenes campesinos Ricardo Eduardo Carrasco Barrios y Saúl Sebastián Cárcamo Rojas, de 19 y 20 años de edad, respectivamente. Los delitos fueron perpetrados en los asentamientos "Arcoiris" y "Santa Rosa" de la comuna de Paine el 16 de septiembre de 1973.

En fallo unánime (causa rol 29.906-2021), la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, Jorge Zepeda y Eliana Quezada- estableció error de derecho en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en abril de 2012 al acoger la media prescripción y rebajar la pena impuesta en primera instancia a los condenados. De este modo, confirma la pena de primera instancia de 15 años y un día de presidio para Nelson Iván Bravo Espinoza, capitán de Carabineros a cargo de la Subcomisaría de Paine a la época de los hechos, en calidad de autor de estos dos homicidios.

Asimismo, la Sala Penal confirmó la pena impuesta por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cifuentes Alarcón, de 10 años y un día de presidio que deberá cumplir el criminal civil Juan Francisco Luzoro Montenegro, por su participación, en calidad de autor, en el homicidio de Carrasco Barrios.

Otros agentes implicados en los crímenes y procesados en esta causa han fallecido en el curso de los procesos judiciales; es el caso de los civiles Juan Manuel Balcázar Soto, Claudio Antonio Oregón Tudela, Mario Emilio Tagle Román, entre otros, todos impunes.

Al referirse al error judicial cometido por la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la Corte Suprema señala:

"…..como reiteradamente ha sostenido esta Corte, dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, puesto que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional tratándose de un delito de lesa humanidad como el de la especie, de manera que ninguno de tales institutos resulta aceptable en el caso de marras", reitera el fallo.

Ejecuciones

En la investigación judicial y en el ratificado fallo de primera instancia, la ministra en visita Cifuentes Alarcón dio por establecido que después del golpe militar de septiembre de 1973, funcionarios policiales de la Subcomisaría de Carabineros de Paine, que se encontraba a cargo del capitán Nelson Iván Bravo Espinoza, allanaron el hogar de la familia Cárcamo Rojas, situado al interior del asentamiento 'Arcoíris' de la comuna de Paine, en busca de Saúl Sebastián Cárcamo Rojas, de 20 años de edad, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quien no se encontraba en el lugar.

Pero el día 15 de septiembre, en horas de la noche, Cárcamo Rojas regresó a su domicilio, haciendo presente a familiares su temor a ser detenido, junto a otros jóvenes del sector, a raíz de su militancia política.

En la madrugada del 16 de septiembre, funcionarios policiales de dotación de la Subcomisaría de Carabineros de Paine y civiles, entre ellos Juan Francisco Luzoro Montenegro, se dirigieron al asentamiento "Santa Rosa" de la comuna de Paine, lugar en que se ocultaba, entre otros, Ricardo Eduardo Carrasco Barrios, de 19 años, también militante del MIR, al que apresan.

Encontrándose detenido Carrasco Barrios, lo hicieron correr hacia un canal cercano y, en ese instante, le dispararon por la espalda, provocándole la muerte, siendo lanzado su cadáver a dicho canal.

Al enterarse de lo ocurrido en el asentamiento Santa Rosa y del asesinato de su amigo Ricardo Carrasco Barrios, el joven Saúl Sebastián Cárcamo Rojas, decide huir hacia los potreros situados en las inmediaciones de su domicilio.

Concluido el mencionado operativo en el asentamiento "Santa Rosa", los carabineros de la Subcomisaría de Paine y la banda de civiles que les acompañaban, regresaron al asentamiento Arcoiris" y se dirigieron al domicilio de Cárcamo Rojas. Lo buscaron y encontraron en los potreros aledaños y lo ejecutaron en el mismo lugar, disparándole en reiteradas ocasiones.