Gárate Gárate Rodolfo Rodrigo

El Mostrador publica a continuación un extracto del capítulo del libro de los periodistas Javier Rebolledo y Nancy Guzmán, a publicarse en 2015, y que tratará sobre el rol de los civiles que actuaron como «cómplices pasivos» y «no pasivos» de la dictadura de Pinochet. Los personajes elegidos van desde abogados, médicos, ingenieros, políticos, periodistas, operadores, hasta grandes empresarios. La investigación se centra en episodios inéditos, como el de la participación en la represión de algunos miembros de la familia Kast, dueños de la cadena Bavaria, en la zona de Paine, donde hubo masiva exterminación de campesinos favorecidos por la reforma agraria.

Pedro León Vargas Barrientos pensaba que no tenía de qué preocuparse la mañana del 13 de septiembre de 1973. Tenía sólo 23 años, militaba en el MIR y poco tiempo atrás trabajaba en los establecimientos Bavaria. El mismo 11 de septiembre se presentó a la Subcomisaría de Paine y el capitán a cargo, Nelson Bravo, que lo conocía bien, le dijo que “todo estaba en orden. Así que se devolvió tal como había llegado”[1], recuerda Sylvia Vargas, hermana de Pedro.

A pesar de eso, el 13 de septiembre fue sacado brutalmente de la cola del pan y arrastrado hasta un vehículo que lo llevó a la comisaría. Varios vecinos trataron de ayudarlo, algunos lo tomaron de la ropa, pero fue imposible. Ya en el calabozo le comentó a su compañero de celda, Armando Pereira Salas, que “su detención era ‘pesada’”[2]. Como brazo derecho de las Fuerzas Armadas y Carabineros, estaban los civiles que se paseaban triunfantes por las calles del pequeño pueblo.

Christian Kast, hijo del propietario de establecimientos Bavaria, fue citado a declarar por la justicia el 2003. Causa que fue reabierta el año 2002 por la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, María Stella Elgarrista, acumulándolas en una sola, denominada “Paine”, producto de que 70 ciudadanos de localidades como Pintué, El Escorial, Chada, Culitrín y Hospital, entre otras, habían sido asesinados o permanecían desaparecidos. En esa ocasión, reconoció que: “Acompañamos a Carabineros al sector de Aculeo a saludar a agricultores del lugar, y a celebrar lo acontecido ese día”[3]. Ese mismo 11 de septiembre condujo hasta la Subcomisaría el Datsun 1.500 color verde de su familia, cargado con alimentos de Bavaria para los carabineros. “Pues en ella los funcionarios tenían una olla común. Fui invitado a quedarme en el lugar hasta el día siguiente”[4], declaró. En ese lugar fueron vistos por última vez gran parte de los desaparecidos de Paine.

Rato después, durante esa misma noche, Kast vio llegar a la Subcomisaría a un grupo de detenidos “los que en la mañana del día 12 fueron retirados por un camión militar. Iban rapados”[5]. Kast nunca denunció este hecho a la justicia.

Christian Kast es actual Presidente de la fábrica de cecinas, restaurantes y rotisería Bavaria, conocida empresa del rubro alimenticio que tiene sucursales a lo largo de una parte importante de Chile, y hermano del actual diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), José Antonio Kast. Además es tío de Felipe Kast, diputado y líder de Evópoli.

Al mediodía del 12 de septiembre, horas después de la detención de Pedro Vargas, “se hizo un asado en el sitio indicado (patio de la Subcomisaría) y retorné a mi casa, momento en que mi madre me prohibió seguir yendo a la subcomisaría en razón de todo lo que había sucedido y que ella había apreciado por televisión. A pesar de ello, en los días posteriores volví a la subcomisaría a dejar cecinas de nuestro negocio familiar, los establecimientos Bavaria, en dos o tres ocasiones y en horas de la tarde. Cada vez que acudí veía a los carabineros y civiles compartir asados en el patio que indiqué. En esas ocasiones me enteraba que había detenidos en el cuartel, los que estaban en unas dependencias ubicadas al fondo del mismo. Sólo recuerdo haber escuchado hablar de una persona que apodaban ‘Harina Seca’, no recuerdo otros nombres o apodos”.[6]

[cita]Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario de un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero. Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”.[/cita]

El detenido al que se refiere Christian Kast y por el cual nunca inició algún trámite de denuncia en base a lo que había escuchado en la Subcomisaría, es Luis Nelson Cádiz Molina, comerciante de 28 años, detenido el 14 de septiembre, simpatizante del MIR. Cádiz es uno de los detenidos desaparecidos de Paine. La última vez que fue visto con vida fue en el calabozo de la Subcomisaría de Paine, junto a Pedro Vargas, ambos con signos de haber sido torturados.

Inquirido por la jueza, Christian Kast declaró que solo conoció a Pedro como empleado de su establecimiento, pero que no supo de su situación. “Sólo posteriormente tuve conocimiento que fue detenido por Carabineros, pero yo no lo vi en la Sub Comisaría, ni escuché que estuviera cuando yo acudí a dicho establecimiento”.[7]

Según declaró, el también detenido, Alejandro del Carmen Bustos González, cerca de las tres de la madrugada del 18 de septiembre, un carabinero llegó a pasar lista al calabozo y lo sacó hacia el patio. Le ordenó que se vistiera, lo dejó un instante ahí y partió hacia el calabozo. Bustos observó varios vehículos de civiles estacionados, “siempre desde el patio y al acercarme a un pasillo, a través de una ventana, nuevamente pude observar a las personas de civiles. Me refiero a Francisco Luzoro, Claudio Oregón, Antonio Carrasco, Luis Mondaca, Segundo Suazo, Miguel González, Cristián Kast, Patricio Meza, Tito Carrasco, Mario Tagle, Jorge Nazar y Ruperto Jara”.[8]

Minutos más tarde, él junto a Carlos Chávez, Orlando Pereira, Luis Ramírez y Raúl Lazo fueron subidos por carabineros a vehículos de civiles. No les pusieron capuchas. La comitiva tomó un camino que reconoció como la carretera Norte Sur. Luego enfilaron hacia el poniente, hasta un campo. Camino de tierra sinuoso, todos en silencio y el zumbido de los motores. Los bajaron, alineados en medio de un escampado, focos de vehículos alumbrándolos de medio lado, al frente un pelotón de civiles y carabineros, y el horror a la muerte en ciernes. A su costado derecho, diez metros más abajo, un remolino negro y espumoso de agua, esperando que cayeran en él. “Levanten las manos, nos dijo el sargento Reyes. Lo hicimos y miré hacia arriba, al cerro. ‘¡Puta a dónde estamos, Dios mío santo! ¡Virgencita linda!’, me dije. Y veo que va subiendo una imagen de la virgen arriba de una nube”[9], dijo con lágrimas Bustos.

Cuando sonó el estruendo, una bala le dio en el brazo y un chorro de sangre se le estrelló en la cara. Era de Orlando Pereira, su compañero de muerte. Algunos cayeron heridos, otros gritando de dolor y miedo. “Con un yatagán a uno de ellos, aún vivo, le sacaron los ojos y le cortaron la lengua”[10]. Cuando el trabajo estuvo listo, lo empujaron por el despeñadero hacia el canal y rodó junto al resto del grupo. Adentro del agua, mientras daba vueltas en el remolino, sintió un brazo que lo tomaba del cuello. Era Orlando Pereira. “Me rogó que lo ayudara, así que lo monté al hombro y nadé. Salimos juntos al otro lado.”[11] Pereira tenía varios impactos de bala en el pecho. “Me dijo que estaba muerto y que le cuidara a su señora y al hijo. Me pasó su chomba entera perforada y murió”.[12]

Bustos fue el único que sobrevivió para contarlo. Careado con Christian Kast[13], reafirmó que lo vio en la comisaría el día de su detención, pero aclaró que no fue parte de la caravana que rato después lo fusiló. Entrevistado para este reportaje, Bustos puntualizó que en realidad quiso decir que no fue capaz de identificarlo. “Había más civiles, pero con las luces y la oscuridad, no los identifiqué a todos. No me recuerdo de haber visto a Kast ahí, pero podría haber estado también”[14].

Kast reconoció a la justicia solo haber escuchado la historia: “En una oportunidad un sacerdote me relató un acontecimiento similar al que señala mi interlocutor, que relacionándolos, creo que se trata del mismo. Esa fue la primera vez que tuve noticias de lo sucedido en Collipeumo”.[15]

La traición y los recuerdos de Sylvia

Sylvia recuerda que el único problema que tenía Pedro con los Kast era un altercado previo al 11 de septiembre, en su lugar de trabajo, Cecinas Bavaria. “Mi hermano descubrió que no estaban pagando a sus trabajadores un porcentaje de las ventas, que era su obligación legal. Entonces organizó un sindicato y don Miguel lo castigó, bajándolo a rondín de la fábrica de cecinas. Tenía que usar un arma. A Pedro no le gustaba la violencia, así que renunció”[16], recuerda Sylvia.

A pesar de ese episodio y sus nueve meses de embarazo, Sylvia decidió ir hasta la casa de los Kast en Buin, para pedirle ayuda a su patrón. A su favor tenía que a comienzo de los 60 su familia y los Kast habían trabajado codo a codo para sacar adelante la recién creada fuente de soda Bavaria, junto a la carretera Norte Sur, a la altura de Buin, donde los Vargas también vivían: “Otros patrones habían ayudado a salir libre a sus funcionarios, así que por eso me decidí a ir donde él”[17], recordó.

En la entrada de la casa la recibió don Michael: “Estaba molesto. Me dijo ‘cómo se ve Sylvia que usted no sabe lo que es una guerra’. Le dije: ‘Pero ¿qué guerra, don Miguel? Pedro andaba con una malla del pan y la plata, nada más’. El insistió. ‘No, Sylvia, esto es grave, usted no tiene idea. Esto es de vida o muerte’. Yo le respondí, pero me dijo cortante que me fuera tranquilita para mi casa a tener a mi hijo”.[18]

Interrogado por la justicia, Michael Kast negó la visita de Sylvia para solicitarle ayuda: “No recuerdo de que familiares de Pedro hayan concurrido a mi domicilio, el día 17 de septiembre de 1973, a pedirme ayuda para encontrar o liberarlo y tampoco creo que de haber sido así, yo les hubiera contestado de la manera que se me señala, ya que le tenía aprecio a la familia, pues Sylvia y Pedro Vargas Barrientos trabajaban para mí, al igual que su padre, Bernabé Vargas”.[19]

Camiones

Cuando la ministra Elgarrista citó a declarar en calidad de inculpado a Michael Kast el año 2003, le interesaba conocer la propiedad de los camiones que habían participado en el traslado de los prisioneros detenidos desaparecidos de Paine. Lo interrogó en condición de inculpado. Al 11 de septiembre de 1973 era propietario un camión rojo marca Mercedes Benz, tipo bombero.

Tanto Kast como otros civiles interrogados, coincidieron judicialmente en que el objetivo de los préstamos solo fue para el traslado de funcionarios y sus familias hacia la Subcomisaría de Paine. “No recuerdo si estos traslados se hacían también durante la noche, de lo que estoy seguro, es que nunca mi móvil quedó en la comisaría sin el conductor que trabajaba para mí. Carlos, al regresar, me comentaba que efectivamente habían trasladado a los familiares de los funcionarios de Paine”. [20]

Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros –procesado por varios crímenes de Paine– reconoció que “los operativos que realizaba personal de carabineros escoltados por nosotros [los civiles] eran exclusivamente para detener gente en diferentes lugares, los cuales eran trasladados a la Subcomisaría de Paine, sin saber cuál era su destino final (…)”[21]. Aprovechó, eso sí, de abrir a medias el secreto a voces sobre la participación de otros civiles, sin comprometerse: “Quiero hacer presente que no solo yo estaba prestando colaboración con vehículos a personal de Carabineros, sino que habían otras personas civiles y que además tenían otros vehículos (…) pero no recuerdo quiénes eran, como asimismo había otras camionetas, pero de diferentes colores.[22]

En cuanto a su relación con el líder de los civiles de Paine, y los demás integrantes de las brigadas formadas luego del golpe, Michael Kast fue discreto: “[A Luzoro] sólo lo ubico, por cuanto es un fletero de la zona, pero no tenemos un vínculo de amistad, igual cosa ocurre con Ramón Huidobro (…). Los Carrasco porque tienen parcela agrícola en Paine, a los hermanos Tagle porque son hijos de un dueño de fundo. Nunca nos visitamos con estas personas, ya que como señalé solamente los ubico”.[23]

La mayoría de las personas que Kast declaró “sólo ubicar”, actualmente están procesadas y algunos de ellas confesas de su participación en los crímenes que se han logrado dilucidar en Paine.

Hasta hoy, en la mayoría de los casos, la justicia no ha dilucidado qué camiones y vehículos fueron utilizados en los diversos episodios criminales. Se sabe que, por ejemplo, un camión rojo trasladaba detenidos desde y hasta la Escuela de Infantería de San Bernardo. También, como excepción, se sabe qué vehículos y qué choferes secuestraron al profesor Cristian Víctor Cartagena Pérez, detenido desaparecido, profesor de la Escuela de Chada y militante del Partido Comunista

Esto no fue problema para que en 2008 Christian Kast protegiera a Rubén Darío González, comerciante que colaboró conduciendo vehículos y que se encuentra confeso de su participación en el crimen del profesor Cartagena Pérez. Kast firmó un “certificado de honorabilidad” a su favor.

“Certifico conocer al señor Rubén Darío González desde su infancia. Asimismo, conocí a sus padres y abuelos, quienes se destacaron como personas correctas y respetables, activos participantes del comercio, muy queridos entre la comunidad de Paine. Don Rubén González siempre ha sido un joven normal y muy ordenado. Se casó y formó una familia muy cristiana de Paine. Como he sabido participa de movimientos cristianos de la comuna (…)”[24]

La viuda del profesor Cristián Víctor Cartagena Pérez, Holanda Vidal, recordó ante la Policía de Investigaciones que, al momento de ser secuestrado, su marido fue amarrado con una cuerda y esta a una de las camionetas de la caravana de civiles y militares. Se perdió en el camino, “arrastrándolo por todo el camino hasta llegar a la comisaría (…)”[25]

Las redes políticas

Con el golpe militar, la familia Kast fortaleció su posición social y política. Miguel, el mayor de los hijos, economista de la Universidad Católica y con postgrado en la Universidad de Chicago, pasó a ser parte de los civiles que trabajaron para la dictadura. En 1978 asumió como director de la Odeplan[26]; en 1980 fue designado por Augusto Pinochet como ministro del Trabajo y, en 1982, presidente del Banco Central. En 1983 le diagnosticaron cáncer óseo y, finalmente, murió ese mismo año. A partir de ese momento, se transformó en una leyenda dentro de la extrema derecha, ya que junto a Jaime Guzmán había integrado la fundación del Gremialismo, movimiento político que sentó las bases de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido político nacido para dar apoyo social e ideológico a la dictadura de Augusto Pinochet.

Luego de su muerte, dos de sus familiares directos asumieron la representación política de la familia. Su hijo, Felipe Kast Sommerhoff, ingeniero de la Universidad Católica, militó en la UDI y, posteriormente, formó Evópoli[27]. Durante el gobierno de Sebastián Piñera fue Ministro de Planificación Social. En las elecciones presidenciales fue jefe de campaña en el comando de la candidata Evelyn Matthei y actualmente es diputado por Santiago. Respecto de la dictadura de Augusto Pinochet, a través de Evópoli ha marcado un distanciamiento con la generación de su padre. En una entrevista señaló: “Tengo una visión muy crítica de las violaciones a los derechos humanos, como una menos crítica de lo que se hizo en políticas sociales”[28]. Explicando sus parámetros valóricos para balancear dichos temas, señaló que “como no me tocó vivir eso, tengo mucho menos complejo al valorar lo bueno.”[29] Además, dijo que “académicamente” apoya lo que él llama “pronunciamiento” militar y que si estuviera en dictadura habría ejercido como ministro de Estado para Pinochet.[30]

José Antonio, hijo menor del matrimonio Kast Rist, es conocido como un bastión político y valórico de la derecha más dura. En 2013 señaló a la prensa que la operación de venganza de la dictadura por el atentado a Augusto Pinochet, ocurrido el 7 de septiembre de 1986, no fue digitada por el Estado, sino que “hubo personas que tomaron venganza por compañeros de ellos que cayeron en el atentado a Pinochet y cometieron un delito”[31]. En la misma ocasión confundió episodios históricos, señalando que dicha venganza fue el crimen de los “Degollados”, ocasión en que Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero, fueron asesinados por personal de Carabineros, hecho ocurrido antes del atentado a Pinochet, en marzo de 1985, investigado y sancionado por la justicia como crimen de Estado.

Días más tarde, Kast pidió disculpas por haber confundido el caso Degollados con el atentado a Pinochet.

José Antonio se ha caracterizado por su discurso de “protección a la vida” al referirse a la posibilidad de discusión sobre el aborto en Chile. Su oposición a la pastilla de contracepción de emergencia, la regulación de la vida en pareja de homosexuales, la adopción de niños por parejas gays y el matrimonio gay han sido sus caballos de batalla, erigiéndose como uno de los hombres más conservadores al interior de la UDI.

Desde el comienzo la empresa familiar Bavaria ha estado presente en las carreras políticas de José Antonio y Felipe.

El 9 de mayo de 2014, Michael Kast Schindele, el páter familias, murió a los 90 años como célebre y cristiano empresario de la zona y fundador de un imperio. Pocos saben, pero hasta su muerte mantuvo su calidad de inculpado por los crímenes de Paine.

Sylvia, sin conocer los antecedentes del sumario que actualmente se sustancia en la Corte de Apelaciones de San Miguel, siempre mantuvo la duda respecto a la participación de Michael Kast y Christian Kast en el crimen de Pedro. Su absoluta inhumanidad y la negativa a ayudarla en momentos en que su sola gestión significaba la vida o la muerte de su hermano, persisten en su memoria.

Han pasado 41 años de ocurridos estos crímenes y aún no existen condenas. Solo hay siete carabineros procesados, dos militares y nueve civiles por los distintos episodios[32]. Unos pocos vehículos que participaron en las caravanas de la muerte lograron ser asociados a sus dueños y a episodios criminales concretos. El resto se encuentra en la nebulosa.

 Fuentes:

[1] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[2] Declaración Policial de Armando Artemón, Declaración Policial de Armando Artemón Pereira Salas, 4 de noviembre 2002, causa rol 04-02-F, “Paine”, fojas 2085, Tomo X

[3] Declaración judicial de Christian Kast Rist, 25 de abril de 2003. Causa Paine. Fojas 5.979 del tomo XVIII.

[4] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[5] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[6] Ibíd., 5979, Tomo XVIII

[7] Ibíd., 5980, Tomo XVIII

[8] Declaración policial de Alejandro del Carmen Bustos González, 22 de octubre de 2001. Causa Paine. Fojas 1726 del tomo VII.

[9] Entrevista a Alejandro del Carmen Bustos González

[10] Ibíd.

[11] Ibíd.

[12] Ibíd.

[13] Careo judicial entre Alejandro Bustos González y Christian Kast Rist, 7 de mayo de 2003. Causa Paine. Fojas 6216 del tomo XVIII.

[14] Entrevista con Alejandro del Carmen Bustos González

[15] Careo judicial entre Alejandro Bustos González y Christian Kast Rist, 7 de mayo de 2003. Causa Paine. Fojas 6216 del tomo XVIII.

[16] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[17] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[18] Entrevista con Sylvia Vargas Barrientos

[19] Declaración Judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.733, Tomo XIII

[20] Declaración judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.732, Tomo XIII.

[21] Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.850 del tomo XIII.

[22] Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.806 del tomo XIII

[23] Ibíd. Fojas 6732

[24] Ibíd. Fojas 13.539, Tomo XXXVI

[25] Declaración policial de Holanda Aydee Vidal Caballero, 23 de diciembre de 2003. Causa Paine. Fojas 3.822 del tomo XIII.

[26] Oficina de Planificación Nacional

[27] Partido político de derecha, cuyo acrónimo es Evópoli y significa Evolución Política, que proviene de la UDI y Renovación Nacional.

[28] Entrevista, Felipe Kast, ministro de Planificación: “La izquierda no valora la movilidad social”. The Clinic, 24 octubre de 2010.

[29] Ibíd.

[30] Entrevista, Felipe Kast: Trabajaría en dictadura como ministro. Radio ADN, 2 de noviembre de 2010. La cita exacta es: El ministro Kast dijo que la función que su padre, Miguel Kast, desempeñó durante la dictadura no significa ninguna carga para él y que él mismo habría asumido algún cargo en el gobierno de facto ya que, recordando la «vocación social» de su progenitor, habría preferido evitar «el costo de no haberlo hecho para todos aquellos que se vieron beneficiados».

[31] Entrevista, José Antonio Kast, candidato a senador UDI por Santiago Oriente: “He sufrido la intolerancia de los movimientos homosexuales”. The Clinic, 17 de junio de 2010

[32] Los carabineros son Nelson Iván Bravo Espinoza, Luis Enrique Jara Riquelme, José Floriano Verdugo Espinoza, Aníbal Fernando Olguín Maturana, José Osvaldo Retamal Burgos, Víctor Manuel Sagredo Aravena, Rogelio Lelan Villarroel Venegas. Los militares, el brigadier general (r) Víctor Raúl Pérez Pinto y el teniente coronel (r) Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau. Los civiles son Juan Manuel Balcázar Soto, Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, Rubén Darío González Carrasco, Claudio Antonio Oregón Tudela, Juan Guillermo Quintanilla Jerez, Ricardo Jorge Tagle Román, Mario Emilio Tagle Román, José Hugo Vásquez Silva y Juan Francisco Luzoro Montenegro.

1) Que se condena a Juan Francisco Luzoro Montenegro a la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor de los delitos de homicidio calificado, en grado consumado, en la persona de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres, y de homicidio calificado, en grado frustrado, en la persona de Alejandro del Carmen Bustos González, cometidos el día 18 de septiembre de 1973, en la comuna de Paine.

Según consta a fojas 4.109, el tribunal de primera instancia decretó sobreseimiento definitivo respecto del encartado Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, por haber fallecido con fecha 14 de octubre de 2015, según se acredita con el certificado de defunción que corre a fojas 4.050.

No solamente el programa de gobierno promueve abiertamente violaciones a los DDHH, ni únicamente que el candidato y su entorno político tienen un historial de frases de odio, intolerancia y discriminación, sino también, existe un legado de complicidades con violaciones a los derechos humanos

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el que establece cuáles son las obligaciones que tienen los Estados de tomar medidas, o bien de abstenerse de ciertas actuaciones a fin de respetar, proteger y asegurar los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos.

El programa del pinochetista José Antonio Kast, lejos de cumplir con dicho estándar, abiertamente va en contra de diversas directrices, principios y valores en materia de derechos humanos, como una grave amenaza y peligro para un sistema democrático.

El candidato de la ultra derecha, en declaraciones emitidas en el pasado debate de Archi, afirmó que el Presidente sin invocar estado de excepción más restrictivos “podría ordenar, interceptar, abrir documentos y toda clase de comunicaciones, y arrestar a personas en lugares distintos a cárceles”, sin embargo, esta aberración, se circunscribe a un fin político ideológico.

En reiteradas ocasiones se ha planteado sobre la creación de una Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda para “ identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”, que se ha comparado con un nuevo Plan Cóndor.

El golpe de estado en Chile, tuvo como base ideológica la Doctrina de Seguridad Nacional, se puso en práctica en Chile una política de Estado represiva que tuvo como objetivo sofocar toda amenaza al nuevo orden establecido, recurriendo para ello a la detención, la tortura, el asesinato y el exilio. Estas acciones afectaron a miles de chilenos entre políticos de izquierda, dirigentes sindicales y simpatizantes del depuesto gobierno de la Unidad Popular.

José Antonio Kast, configura esta doctrina en materia de orden y seguridad, como la extensión del Estado de excepción, es decir, bajo criterios de un autoritarismo fáctico y anti democrático, atribuyendo un “estancamiento económico” a supuestos “años de reformas de corte socialista” y señalando que existe en nuestro país un “resurgimiento de un discurso falaz de corte neo-marxista de lucha de sexos, razas, orientaciones sexuales, visiones corruptas de derechos humanos, de interpretación de la ciencia (…).

Lejos de buscar canales de diálogo y soluciones a los conflictos históricos en el sur de Chile en el marco de os conflictos territoriales, Kast, bajo la misma lógica que ha agudizado los conflictos, kast ha señalado “En la Araucanía necesitamos la colaboración de los militares, apoyando a las Fuerzas Policiales para terminar con estas pandillas terroristas”, restringiendo el conflicto a un estado de enemigo interno: terrorismo, crimen organizado y narcoterrorismo.

El 24 de septiembre, Kast publicó un twitter: “Tenemos que evaluar desechar el convenio 169 de la OIT que solamente ha impedido poder avanzar en desarrollo productivo para la zona que es la zona más pobre de Chile”, en atención al instrumento básico, de piso mínimo que existe en Chile sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Derechos humanos, medio ambiente y arcas fiscales

Numerosas personas vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, a través de un manifiesto suscrito por 80 personas, han identificado una serie de acciones del candidato y su entorno vinculado a la ultra derecha, indicando: “El país se enfrenta al grave riesgo de un retroceso en materia de derechos humanos. La candidatura presidencial de José Antonio Kast, implica varios rasgos inquietantes, por su historial personal y político y, en particular, por los contenidos de su programa y las afirmaciones de parlamentarios electos de su partido”.

Entre los elementos críticos que se han identificado, destacan:

-La candidatura de Kast, no hace reconocimiento alguno de los acuerdos internacionales en materias de derechos humanos, y sus propuestas van en un sentido contrario. El país ha conocido sus propuestas públicas en las que:

-Cuestiona la participación de Chile en el sistema de Naciones Unidas.

-Anula derechos conquistados por las mujeres, niega demandas de éstas y de la disidencia sexual, no se compromete a incorporar en las políticas públicas  un enfoque transversal de género, ni con la educación sexual integral.

-Ofrece impunidad para los violadores de DDHH de ayer y de hoy.

José Antonio Kast, ha visitado en prisión al ex brigadier (R) del Ejército Miguel Krassnoff, uno de los militares con más condenas en Chile, y que, además, «ha gestionado, personalmente, indultos» en favor de presos por delitos de lesa humanidad ante el Gobierno saliente de Sebastián Piñera, indicó ayer, el abogado Raúl Meza, quien representa a varios de los condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Miguel Krassnoff, a quien Kast ha manifestado tantas veces sus respetos y valoración, es un criminal, ex jerarca de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que suma más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de 650 años de cárcel.

-Retira a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de ser tratados como sujetos de derecho y les vuelve a considerar objetos de protección y propiedad de sus padres.

-Exhibe su desconocimiento y no asegura los derechos de los pueblos originarios, por el contrario, promueve un estado de militarización y represión en el sur, bajo un estado militar – policial contra un enemigo interno.

“En el contexto del conflicto en la Araucanía y Arauco, la persecución de delitos terroristas exige la utilización de agentes encubiertos, entregas vigiladas y de testigos protegidos”, promoviendo a su vez, la negación de derechos indígenas.

Derechos humanos, medio ambiente y arcas fiscales

 No reconoce que el agua es un bien nacional de uso público, un derecho humano e insiste en mantener el agua como bien transable, privilegiando intereses de mercado por sobre derechos de las personas y comunidades, entre otras medidas.

-Pone en duda la veracidad del cambio climático y donde propone profundizar la mercantilización destructora de los ecosistemas.

Busca mantener el status quo de las grandes empresas extractivistas, mantener su descontrol y privilegios, su crecimiento lineal sin regulación, ni siquiera establecer criterios de mayores impuestos para contribuir a las arcas fiscales.

Los negocios de la familia Kast, que lo vinculan directamente,  han acudido a los paraísos fiscales para la elusión tributaria en Chile, endosando mandatos legales y representativos, con negocios con cargas ambientales que incluyen sanciones desde la SuperIntendencia del Medio Ambiente el 2015  (como el matadero en Magallanes)  y con protestas desde la ciudadanía en contra de proyectos con impactos sociales y ambientales en Paine.

El candidato pinochetista está en contra del Acuerdo de Escazú, pacto sobre derechos humanos y medio ambiente. En su esencia en este acuerdo internacional, está la protección de la vida y los derechos de las personas que defienden la naturaleza, derechos que deben ser resguardados para todas y todos quienes a lo largo de Chile y de América Latina deben enfrentarse en desigualdad de condiciones tanto a privados como a los mismos estados que deberían velar por su bienestar.

Kast, ve los ciclos de los ríos como un objeto a intervenir, desconociendo los ciclos hídricos y su importancia ecosistémica, de biodiversidad y de la vida de los territorios. Kast ha señalado en el programa “Candidato llegó tu hora”: «Cuando vamos al sur vemos los ríos que ¡botan agua al mar! ¡Nosotros no vamos a andar perdiendo el agua que botan AL MAR!».

Un legado histórico de complicidades en violaciones a los derechos humanos

La familia de Pedro Vargas Barrientos, detenido desaparecido en dictadura, ha rechazado en reiteradas ocasiones los dichos de José Antonio Kast, quien habría mentido al descartar los vínculos de su familia con las violaciones a los derechos humanos en Paine.

Durante el programa político de TVN, Estado Nacional, el 2017, el pinochetista negó la presunta relación de su familia con los asesinatos perpetrados por agentes del Estado en la ciudad de la provincia de Maipo luego del Golpe de Estado y, en particular, con la desaparición de Pedro Vargas el 13 de septiembre de 1973.

Según Kast, tanto el padre como el hermano de Vargas habrían continuado trabajando para Bavaria, la empresa de cecinas su padre, lo que demostraría la buena relación entre ambas familias. Sin embargo, a través de una carta pública, Silvia Vargas, hermana del detenido desaparecido, desmintió esta versión y ratificó el rol de los Kast como cómplices civiles de la dictadura.

La sobrina de Pedro Vargas, Camila Navarro, aseguró que con la carta buscan »demostrar que nuestra familia no siguió trabajando para los Kast» y que »eso prueba que siempre supimos que ellos estaban directamente implicados en el secuestro y desaparición de mi tío», agregando además que, a raíz de la militancia de Vargas en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus pretensiones de crear un sindicato en Bavaria, »se gatilla la acción de esta familia».

Los hechos relatados tienen un contexto especial, puesto que, tal como señala Navarro, »Paine fue la comuna que tuvo más habitantes afectados por los crímenes de dictadura en ese tiempo», lugar en donde »los Kast son cómplices en la mayoría de los crímenes, proporcionando automóviles, cecinas y carne para sus asados», refiriéndose con esto al contingente de Carabineros de la ciudad.

Compartimos a continuación,

Carta abierta a José Antonio karst sobre las violaciones de los dd.hh. Del desaparecido Pedro VargasSr. José Antonio Kast:

Acabo de leer que por fin reconoció que durante la dictadura tuvieron lugar violaciones a los derechos humanos.  Lo que quisiera preguntarle es si reconoce que una de ellas es lo que le sucedió en Paine a Pedro Vargas Barrientos, de tan solo 23 años, exempleado de la empresa de su familia en Paine (la cadena Bavaria), y al menos a otras 70 personas de la zona.

Como sabe, Pedro Vargas fue detenido en la vía pública dos días después del golpe, frente a muchos testigos, y luego llevado a la subcomisaría del sector, donde fue torturado en forma brutal y luego asesinado –pasando a ser uno de los tantos detenidos desaparecidos–. En reiteradas ocasiones la familia Vargas Barrientos ha dicho que la razón de su detención fue porque, como empleado del restaurante de su familia, había intentado organizar a los trabajadores alegando que la administración se quedaba con las propinas que dejaban los clientes –incluso las que la ley de esa época determinaba como obligatorias (ver aquí y ver también el libro del periodista Javier Rebolledo, A la sombra de los cuervos. Los cómplices civiles de la dictadura, Ceibo Ediciones, 2015)–. 

También se sabe que, a raíz de esto, su padre, Michael Kast (exoficial del ejército alemán, quien durante la Segunda Guerra combatió en Francia, Rusia e Italia), sacó a dicho trabajador del restaurante y lo transfirió a rondín de vigilancia de la fábrica de cecinas –apartándolo así del lugar donde estaba la disputa por las “propinas”–. Y que a raíz de eso este trabajador renunció, pues no quería hacer un trabajo donde debía portar armas. 

Como sabe, el grado de represión que hubo en Paine, zona donde su padre era todo un personaje (zona que por razones familiares yo también conocía muy bien en esa época), fue algo extraordinario incluso para la brutalidad de ese momento, con una cantidad enorme de detenidos, fusilamientos colectivos, tortura generalizada, asesinatos a mansalva, violación de detenidas, y desaparición de prisioneros. Quizás fue la comuna que tuvo en términos relativos más habitantes afectados por los crímenes de la dictadura en ese período. La colaboración directa de civiles en dicha represión también fue de un nivel especial.

Usted ha negado que su familia haya tenido participación directa en dicha brutalidad, aunque testigos confirman la presencia de un hermano suyo en la subcomisaría en cuestión cuando Pedro Vargas agonizaba en medio de torturas que hasta hoy me son inimaginables. Su hermano también reconoció que agentes de la represión se movilizaban en vehículos de la empresa de su familia (Declaración judicial de Christian Kast Rist, 25 de abril de 2003. Causa Paine. Fojas 5.979 del tomo XVIII). Y un sobreviviente ha declarado que su hermano Christian estaba entre los civiles que lo golpearon repetidamente cuando estaba preso en la subcomisaría (libro ya citado).

Como confirma dicho testigo, único sobreviviente de uno de esos fusilamientos colectivos, su hermano fue visto a menudo en dicha subcomisaría –hecho reconocido por él mismo, argumentando que era solo para dejar cecinas del negocio familiar para los repetidos asados que se hacían en la subcomisaría para civiles y militares (Ibíd., 5979, Tomo XVIII). Testigos también han afirmado que su hermano habría estado ahí (junto a otros civiles) cuando un día a las tres de la madrugada sacaron a un grupo de detenidos para llevarlos a un fusilamiento colectivo en Collipeumo (Declaración policial de Alejandro del Carmen Bustos González –único sobreviviente de dicho fusilamiento–, 22 de octubre de 2001. Causa Paine. Fojas 1726 del tomo VII; ver también una entrevista a Bustos aquí).  

En relación con los vehículos que la empresa de su familia prestaba para la represión, su padre declaró: “No recuerdo si estos traslados [los que se realizaban con dichos vehículos] se hacían también durante la noche” (Declaración judicial de Michael Martín Kast Schindele, 15 de enero de 2003. Causa rol 04-02-F “Paine”. Fojas 3.732, Tomo XIII). Otro civil, quien también prestó vehículos (Francisco Luzoro, dueño de camiones y dirigente de la Asociación Gremial de Camioneros), fue más preciso y reconoció que los operativos que realizaba personal de Carabineros “escoltados por nosotros” [los civiles que prestaban vehículos] eran para trasladar prisioneros, “sin saber cuál era su destino final” (Declaración policial de Juan Francisco Luzoro Montenegro, 10 de enero de 2003. Causa Paine. Fojas 3.850 del tomo XIII). También hay testigos que afirman que algunos de los detenidos eran incluso amarrados a esos vehículos y arrastrados por la vía pública (Declaración policial de Holanda Aydee Vidal Caballero, 23 de diciembre de 2003. Causa Paine. Fojas 3.822 del tomo XIII). 

También su padre, Michael Kast Schindele, patriarca de la zona al momento del golpe, mantuvo hasta su muerte su calidad de inculpado por los crímenes de Paine. 

La pregunta que quisiera hacerle es muy simple: sea cual sea la secuencia de los hechos y el grado de responsabilidad directa o indirecta de su familia en estos hechos a días después del golpe –donde Pedro Vargas Barrientos y otros 70 lugareños (varios de ellos por el simple hecho de ser campesinos beneficiados por la reforma agraria) fueron torturados, asesinados y muchos, hasta hoy, desaparecidos–, ¿reconoce que lo ocurrido en Paine después del golpe fue una secuencia de violaciones repugnante de los derechos humanos?

También quisiera preguntarle si realmente cree que sin verdad y justicia puede haber reconciliación. ¿No cree que es una vergüenza nacional que, después de todos estos años, aún no existan condenas por lo ocurrido en Paine (1)? El gran problema de Chile es que por este tipo de aberraciones el pasado no ha pasado.

por José Gabriel Palma

______________________

(1) Según la información que tengo, hasta hoy hay solo siete carabineros, dos militares y nueve civiles procesados por estos hechos.  Ellos son los carabineros Nelson Iván Bravo Espinoza, Luis Enrique Jara Riquelme, José Floriano Verdugo Espinoza, Aníbal Fernando Olguín Maturana, José Osvaldo Retamal Burgos, Víctor Manuel Sagredo Aravena, Rogelio Lelan Villarroel Venegas. Los militares, el brigadier general (r) Víctor Raúl Pérez Pinto y el teniente coronel (r) Osvaldo Andrés Alonso Magaña Bau. Los civiles son Juan Manuel Balcázar Soto, Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, Rubén Darío González Carrasco, Claudio Antonio Oregón Tudela, Juan Guillermo Quintanilla Jerez, Ricardo Jorge Tagle Román, Mario Emilio Tagle Román, José Hugo Vásquez Silva y Juan Francisco Luzoro Montenegro.

5.-Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate, actualmente fallecido, quien, a fs. 286, refirió que el día 11 de septiembre de 1973 el jefe del Retén Aculeo le pidió a su padre que le facilitara una camioneta para transportar funcionarios policiales a la Subcomisaría de Paine. Que, luego, permaneció dos días en Paine colaborando con personal policial en el transporte de personal. Que otros civiles cumplieron labores similares.

A fs. 1293 se sometió a proceso a Rodolfo Rodrigo Gárate Gárate como autor de los delitos de homicidio calificado, en grado consumado, en la persona de Carlos Chávez Reyes, Raúl del Carmen Lazo Quinteros, Orlando Enrique Pereira Cancino y Pedro Luis Ramírez Torres y de homicidio calificado, en grado frustrado, en la persona de Alejandro del Carmen Bustos González, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 391 N° 1 del Código Penal, perpetrados en el sector de Collipeumo, el día 18 de septiembre de 1973.