Olavarría Aranguren Luis Humberto

Civil, el hombre de mayor confianza de Manuel Contreras, Agente de la DINA, jefe del Departamento III, la Brigada Lincoyan, de investigaciones economicas.

Miembro de la Sociedad Pedro Diet Lobos, pantalla comercial de la DINA para encubrir actividades tanto en Chile como en el exterior del pais.

Fue socio del Banco de Fomento del Bio Bio y tambien figura como concesionario del Casino de Puerto Varas.

Aparece vinculado a la propiedad de la Radio Litoral de Valparaíso.

Fue el cerebro de la red de financiamiento propio de la DINA y de la creación de empresas de fantasia.

Este ex oficial de la Armada fue el que se encargo de la liquidación de la Pesquera Chile y aparece como arbitro de la Sociedad Pedro Diet Lobos. El manejaba las platas de esta sociedad.

Posteriormente se mantuvo ligado a Contreras en la empresa Alfa Omega

El jueves 12 de noviembre, a las 11 de la mañana, Alfredo Ovalle, entonces presidente de la Sonami, recibió a CIPER en la sede de la entidad gremial. Le pedimos su versión sobre esta investigación acerca de los fondos secretos de la DINA, que lo vincula como socio en empresas nacionales y extranjeras al jefe financiero del organismo represor: el ex oficial de la Armada, Humberto Olavarría Aranguren. Ovalle también aparece asociado a Guillermo Endara, ex presidente de Panamá (1990-1994), quien constituyó múltiples empresas de la DINA en su país para financiar la Operación Cóndor. Ovalle escuchó y rehusó hablar sobre el tema. Su respuesta la dio siete días después cuando sorpresivamente renunció a la presidencia de la Sonami, nueve meses antes de terminar su gestión, aduciendo razones personales. Esta es la investigación que devela un capítulo inédito sobre hombres y empresas que financiaron la represión en Chile.

14 de mayo de 1992. Una vez más están frente a frente el general (r) Manuel Contreras y el ministro en visita Adolfo Bañados. El ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) venía preparado para seguir negando toda participación suya y del organismo de seguridad en el asesinato de Orlando Letelier. Ignoraba que el juez le tenía una sorpresa: un grueso legajo de escrituras de empresas de la DINA, protocolizadas, que la autora de esta investigación le entregó al juez antes de publicarlas (*1). Fue entonces que Contreras se vio obligado a guardar su libreto.

“En un comienzo la DINA no mantenía cuentas corrientes en dólares. Posteriormente sí, quizás algunos meses después de su constitución… No recuerdo el banco en Estados Unidos, pero sí personalmente he mantenido una cuenta en el Banco Riggs de Washington de la cual retiré 25 mil dólares, aporte de mis amigos norteamericanos para mi defensa en el caso de la extradición”, declaró.

“Con respecto a las escrituras que se me dan a conocer, reconozco que Hubert Fuchs y Marco Acuña Ramos estaban relacionados con la DINA; el primero era gerente de la pesquera de la que yo era coordinador y en la que Humberto Olavarría me prestaba asesoría desde el momento en que él era además, jefe de inteligencia económica de la DINA”, reconoció Contreras.

El jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría Aranguren, ex oficial de la Armada y amigo de Contreras, no ha sido jamás interpelado. Ha seguido haciendo negocios en su ciudad natal, Valparaíso, donde tiene su oficina muy cerca de los tribunales. Olavarría no tenía una gran historia empresarial cuando en 1976 se asoció con los abogados Alfredo Ovalle Rodríguez y Raimundo Langlois Vicuña, con quienes participó en una red de numerosas sociedades (Ver cronología), la mayor parte de ellas creadas mientras controlaba todo el aparato financiero de la DINA.

Los abogados Ovalle y Langlois han tenido un solo quiebre en su carrera empresarial. El primero cayó preso durante 42 días en 1982, por la intervención del Banco de Fomento del Bío Bío, del que era presidente y del que también eran socios los hermanos Humberto y Mario Olavarría. Tras ser sobreseído, Ovalle siguió haciendo negocios con su ex compañero de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Raimundo Langlois, hasta convertirse en una exitosa dupla en la inversión minera en los ‘90.

En abril de 1978, junto a Gustavo Valenzuela Carey y la Constructora Foram y Compañía Limitada, formaron su primera empresa en el rubro: Inversiones Mineras Foram Limitada. A través de esta empresa se asociarían con Humberto Olavarría más tarde para un ambicioso proyecto inmobiliario en Concepción. A ella le seguiría en una primera etapa, la Sociedad Inmobiliaria Cabildo Limitada (1978), la Sociedad Legal Minera Las Cenizas Uno de Cabildo, Inversiones Mineras Norte Limitada (junio 1981), la Compañía Minera Las Luces Limitada y Minera Oro Andino Limitada, en sociedad con María Teresa Cañas Pinochet, la sobrina predilecta de Pinochet.

Ambos han relatado que todo comenzó cuando adquirieron la mina Las Cenizas en una licitación de Enami junto a otros socios. Sea cual sea el itinerario cronológico, lo cierto es que en 2005, Alfredo Ovalle parecía haber llegado a la cúspide cuando fue electo presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). Pero le quedaba un peldaño. Un año más tarde asumía como el máximo líder del empresariado chileno, a la cabeza de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Su primera actividad como presidente de los empresarios fue asistir al funeral de Augusto Pinochet, el mismo día de su elección.

En los múltiples perfiles y entrevistas que se publicaron sobre Ovalle, nunca se mencionó su relación con el jefe del aparato financiero de la DINA, Humberto Olavarría. Por eso su sorpresa cuando recibió a CIPER en su oficina de la Sonami el 12 de noviembre pasado. Ovalle escuchó y rehusó hablar para esta investigación sobre los fondos secretos de la DINA. Siete días más tarde, anunció inesperadamente su renuncia a la presidencia del gremio minero. “He llegado al convencimiento de que tengo una importante deuda con mi familia, que me ha acompañado y apoyado en esta labor gremial todos estos años”, fue la explicación que dio al directorio en una carta.

Un holding pesquero de exterminio

Los negocios de Humberto Olavarría partieron con bajo perfil. En los años 60, el capitán de fragata se asoció con su hermano Mario –padre del actual alcalde UDI de Colina, Mario Olavarría–, para formar Olavarría Hermanos Limitada y luego la sociedad Viviendas Económicas Traslaviña Limitada. En marzo de 1973, viraba hacia el comercio internacional y junto al abogado de Concepción Aníbal Bórquez Pincheira, fundaba Cinemaphon Limitada. También se desempeñó por esos años como vicepresidente de la RCA Víctor y registra una extraña incursión empresarial en Brasil en los tiempos de Allende.

Una vez ejecutado el Golpe de Estado, a Humberto Olavarría le cambió la vida. La DINA, creada por su amigo Manuel Contreras, le abriría la puerta al poder al convertirse en el jefe de su aparato financiero. No hay rastro público de su participación en la primera empresa que crea la DINA, pero sí en su desarrollo. El 4 de enero de 1974 –cuando aún la DINA no tenía existencia legal pero sí el poder otorgado por Pinochet desde que la creó el 12 de noviembre de 1973– ante el notario Andrés Rubio Flores, nacía Servicios Industriales Villar y Reyes Ltda., cuyo nombre de fantasía fue Dinaservice Ltda.

El 12 febrero de 1974 apareció en el Diario Oficial la constitución de la sociedad con la que la DINA pagaba las remuneraciones de sus agentes. Su capital, 200 mil escudos; sus socios, el oficial de Ejército, Lautaro Villar Requena (*2) y Leonor Reyes Herrera. Su objeto: “prestación de toda clase de servicios industriales y en especial, facilitar a terceros los servicios de mecánicos especializados, proporcionar personal especializado para cualquier clase de trabajo industrial y, en general, la prestación de toda clase de servicios que estén relacionados directa o indirectamente con la actividad industrial”.

Algo de verdad había en esos propósitos. La DINA, en el plan de Contreras, buscaba convertirse en una gran industria. Pero no de servicios. Y en el apuro, los abogados cometieron un error que debieron rectificar en el Diario Oficial del 14 de febrero. Leonor, uno de los socios de Dinaservices, era en realidad Leonardo Reyes Herrera, oficial de la Fuerza Aérea (*3).

Financiar la represión dentro y fuera de las fronteras de Chile, fue la tarea asumida por Olavarría. Pero su poder se consolidaría con la creación de la Brigada Lincoyán (Investigaciones Económicas), que en los hechos se convertiría en un destacamento de espionaje de las miserias privadas de los empresarios y de los civiles del régimen, datos que fueron engrosando las carpetas que manejaba Contreras para ejercer presión en los momentos de apuro.

El 25 de enero de 1974, ante el mismo notario anterior, Andrés Rubio Flores, se hizo la primera operación para que las principales empresas pesqueras de San Antonio, feudo de Manuel Contreras (era director de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en San Antonio), pasaran legalmente a manos de la DINA, que ya las tenía bajo su control.

La escritura que se firmó ese día dejó a la Compañía Pesquera Arauco, representada por Hubert Fuchs y a Productos Congelados del Mar, representada por Ramón Gutiérrez Burgos, como únicos socios de la Compañía Atunera de Chile Limitada, cuyo nuevo capital era de 500 mil escudos, de los cuales 495 mil fueron aportados por Pesquera Arauco.

No fue una coincidencia que el mismo día que la DINA tuvo existencia legal, por un decreto firmado por Pinochet (18 de junio de 1974), en el puerto de San Antonio se constituyera el nuevo directorio de la Empresa Pesquera de Chile (EPECH) , encabezado por Manuel Contreras, y de la cual Hubert Fuchs ya era gerente. La confianza depositada en Fuchs no era extraña. Marino en retiro, fue gerente de Savory y sirvió de nexo para la relación entre la DINA y la empresa Standard Electric.

En 1975, Contreras iniciaría las primeras acciones para la coordinación de los organismos secretos de las dictaduras del Cono Sur. Su necesidad de fondos aumentó. En marzo de ese año, la red financiera de la DINA se instaló en una oficina en el corazón de Providencia -Doctor Charlin N° 1475- adquiriendo un nuevo impulso bajo la conducción de Olavarría, quien ya contaba con cuentas corrientes en dólares, como la del Manufacturer Hannover Trust.

El gran estreno de la Operación Cóndor fue en Santiago. El 26 de noviembre de 1975, Contreras reunió a los jefes de organismos de seguridad de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Todos los gastos los pagó la DINA. Para poner en marcha la red antisubversiva internacional se requerían millones de dólares y una actividad pantalla en la que tendrían un rol clave el aparato financiero y el Departamento Exterior de la DINA (*4).

La Empresa Pesquera Chile (EPECH) proporcionaría una parte de las nuevas necesidades. Poco antes de la reunión de Cóndor en Chile, el 14 de noviembre de 1975, y como siempre ante el notario Andrés Rubio Flores, se concretó el traspaso total de la EPECH a manos del Estado, es decir, bajo el control de la DINA.

Productos Congelados del Mar Ltda. cedió y transfirió la totalidad de sus derechos en EPECH a la Sociedad Agrícola Corfo Ltda., al condonársele la deuda que tenían sus propietarios con la entidad estatal.

Pero al diseño le faltaba una pieza. Ésta se ejecutó el 28 de febrero de 1976 cuando Hubert Fuchs, en representación de Pesquera Arauco, le traspasó todos sus bienes en la Compañía Atunera de Chile (99%) a la EPECH, de la que era gerente. Las tres pesqueras con todos sus barcos y millones de dólares en activos quedaron bajo la tutela de Manuel Contreras.

Era exactamente lo que requería Contreras en esos días de estrechos lazos con los grupos terroristas de ultraderecha de Italia (Stefano Delle Chiaie y Pierluigi Concutelli, del movimiento neo fascista italiano Avanguardia Nazionale); con los hermanos Novo y Virgilio Paz del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC); Milicia de Argentina y Vlado Seran, ex oficial croata y uno de los principales lideres del movimiento Ustascia. Casi todos tenían problemas con la justicia de sus países y se les debió proporcionar dinero y refugio en Chile a cambio del nuevo brazo armado que desplegó la DINA en el extranjero.

Dinero era también lo que necesitaba para su recién creada Brigada Mulchén, al mando del capitán Guillermo Salinas, destinada a cumplir misiones de eliminación de personajes molestos, como lo probaron los jueces Montiglio, Solís y Madrid. Para ello, en el laboratorio de la DINA se trabajaba día y noche.

-Hacia el término de 1975 me dediqué en forma casi exclusiva al desarrollo del Sarín, la terminación del laboratorio aquí en mi casa y la planificación de productos similares como Soman y Tabun, además de productos de extrema toxicidad como Clostridium botulínica, Saxitoxin y tetrodotoxina –confesaría Michael Townley.

Las construcciones de Ovalle

Antes de convertirse en empresario, el abogado Alfredo Ovalle fue suplente del conocido notario de Santiago Enrique Morgan Torres. Hasta que en diciembre de 1967 abandonó las escrituras por los negocios y se incorporó a la empresa constructora Foram.

Cuatro años después, el 19 de agosto de 1971, adquirió el 10% de Foram Chilena Empresa constructora de Viviendas Económicas, asumiendo como uno de sus tres administradores. El notario Enrique Morgan, el mismo del que fuera suplente, fue escogido por Ovalle para modificar la sociedad el 31 de mayo de 1974. En representación de G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada, Ovalle firmó el aumento de capital y la designación de sus nuevos administradores: Gustavo Valenzuela Rodríguez, Alfredo Ovalle, Raimundo Langlois y Alberto Miranda.

Cinco meses más tarde, el 4 de octubre, ante el mismo notario Morgan, que certificaría casi todos los múltiples movimientos de Ovalle y su socio Langlois, se constituyó la nueva sociedad Ingeniería Foram Proinco Limitada. Ovalle concurrió en representación de G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada y sus nuevos socios fueron los ingenieros Patricio Ruiz Tirado, Antonio Delpiano Puelma y Daniel Lowener Maron, de la sociedad Proyectos de Ingeniería de Consulta Limitada, cuya sede estaba ubicada en calle Belgrado Nº 9, a escasos metros del cuartel general de la DINA (Belgrado N°11).

Poco después, el 15 de enero de 1975, Humberto Olavarría le daba forma –junto a su hermano y al abogado Aníbal Bórquez Pincheira– a una empresa que se multiplicaría: Sociedad Inmobiliaria Regional Limitada. Habiendo partido con un capital de 15 mil escudos, siete meses después, ingresaba un nuevo socio en escena, Lionel Raby Laemmermann y aumentaba su patrimonio a $77.200.

El año 75 y 76 fueron de intensa actividad para la DINA y también para Olavarría. Pero para los efectos de esta historia, el próximo hito empresarial tiene lugar el 18 de agosto de 1976, en pleno apogeo del organismo encabezado por Contreras. Ese día, el notario Morgan fue testigo de la primera sociedad pública entre Humberto Olavarría, Alfredo Ovalle y Raimundo Langlois. Los tres aportaron el 75% -por parte iguales- de los $50.000 con que inició sus actividades Comercio Exterior Bío Bío Limitada. El resto fue aportado por Agustín Benavente Ariztía (ex marino y luego gerente del Matadero Lo Valledor) y G. Valenzuela y Compañía Foram Chilena Limitada. Sus administradores: Olavarría, Ovalle y Langlois.

Transcurridos doce días, Morgan debió asistirlos para la constitución de una nueva sociedad. El 4 de septiembre de 1976 se creó Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur) con un capital inicial de $150.000 aportado por Humberto y Mario Olavarría Aranguren (11,11% cada uno); Alfredo Ovalle Rodríguez (12,49%), Raimundo Langlois Vicuña (12,48%), el también abogado Máximo Montero Labbé (12,48%); el socio de Ovalle, Patricio Ruiz Tirado (15,94%); Alejandro Bustos Josseau (13,28%) y el socio de Olavarría y de varios negocios de la DINA, Lionel Raby Laemmermann (11,11%). Los socios ya tenían un plan en mente para multiplicar los fondos.

Sería el mismo notario Morgan el que certificaría la nueva incursión empresarial de Incosur. El 13 de octubre de 1976 se constituyó la sociedad Comercial y Agroindustrial Octava Región Limitada (Agroctava Ltda.). Socios: Fernando y José Luis Giner Izquierdo, María Teresa Ossa Madrid, Patricio Ossa Pretot, Patricia Ossa Madrid, además de Mario Olavarria Aranguren y Alejandro Bustos Josseau, ambos en representación de Incosur.

Guillermo Endara entra en escena

Cuando en agosto de 1976 se oficializó la sociedad de Humberto Olavarría y Alfredo Ovalle, una vorágine imperaba en el aparato financiero exterior de la DINA. El hombre clave en su estructuración secreta fue el abogado panameño Guillermo Endara Gallimany.

El 22 de abril de 1976, Endara dio el vamos a la primera empresa de la Operación Cóndor de Contreras. Fue en los mismos días en que, según lo acreditó la justicia en Estados Unidos y Chile, el gas sarín, fabricado por el químico Eugenio Berríos en el laboratorio de Lo Curro, era probado con éxito, eliminando a una persona cuya identidad aún se desconoce. (*5)

Edice Investment Inc fue el nombre escogido por el propio Endara Gallimany para la sociedad que él mismo encabezó para luego darle poder total de representación al abogado de la DINA, Marcos Acuña, oficial de Ejército en servicio activo. Cuatro días más tarde, dos nuevas sociedades panameñas entraron a la red: South Fishing Corporation y Entrecostera Panatlántica, ambas presididas por Endara y con idénticos poderes de representación para el abogado Acuña.

Otros tres abogados panameños concurrieron a su constitución: Hernán Delgado Quintero, José Menalco Solís (ex ministro de Hacienda y Tesoro y ex presidente del Consejo de Seguridad Nacional de ese país), y Ceferino A. Espino. El estudio de Endara se había especializado en la constitución de empresas de dudoso origen. Lo extraño es que, en estos casos, su rol de abogados residentes había derivado al de accionistas de una sociedad que le confería poder a un extranjero. Ninguna de las denuncias que en la época circularon sobre el trío impidió que Endara se convirtiera en 1990 en presidente de su país y que Delgado participara desde 1982 y durante muchos años en los nombramientos del principal órgano judicial de Panamá (Ministerio Público), convirtiéndose en un poder inexpugnable.

La fiebre empresarial que en 1976 sacudía al aparato financiero de la DINA en Panamá, crecía también en Chile. El 12 de mayo, Hubert Fuchs, gerente y representante legal de Pesquera Chile y Pesquera Arauco; junto a Marcos Acuña, el “representante” de Guillermo Endara, crearon la Compañía de Inversiones Navarino Limitada. Esta vez Humberto Olavarría no ocultó su impronta. En la escritura figura como árbitro.

La notaría de Andrés Rubio debió habilitar un privado especial porque al día siguiente, el 13 de mayo, los mismos Fuchs, Acuña y Olavarría formaron Compañía de Inversiones Navarino Limitada y Cia C.P.A (una sociedad comandita, que se divide en acciones).

Algo grave ocurrió en esos días de mayo de 1976 entre los hombres que guardaban el secreto de las finanzas de la DINA. Porque hasta hoy no se sabe cómo falleció en un extraño accidente el abogado Marcos Acuña, el representante de Endara. Murió el 23 de mayo luego de ser trasladado a la Clínica Santa Lucía, de exclusivo uso de la DINA. La misma donde meses después sería asesinado con sarín el cabo Manuel Leyton, cuyos autores ya están condenados en primera instancia. Pero la muerte de Acuña no se ha investigado.

Al parecer, Contreras no estaba dispuesto a que nadie obstaculizara sus planes. La abrupta muerte de Acuña provocó que el jefe de la DINA, con la ayuda de Olavarría, reestructurara su red financiera agregando tres nuevas empresas en solo cinco días, todas constituidas en la notaría de Andrés Rubio y con los mismos socios: Hubert Fuchs Asenjo y Salvador Lisboa Escobar. El 24 de junio fue el turno de la modificación de la Compañía de Inversiones Navarino Limitada. Dos días más tarde, estampaban la firma en la escritura de la Importadora y Exportadora E.I.D. Limitada (E.I.D. Ltda.), para dar paso el 29 de junio a la creación de la Sociedad Servicios Electrónicos Limitada (Selectronic Ltda.) e Industrial y Comercial de Refrigeración Limitada (Infricom Ltda.), cuyo domicilio se estableció en Concepción. El árbitro: Humberto Olavarría.

La última empresa creada por Contreras y Olavarría en esos días de 1976 fue en un rubro no explorado: el agrícola. El 30 de junio, Salvador Lisboa Escobar y Federico Guerra firmaron la escritura –por cierto en la notaría de Andrés Rubio– de Agrícola Agro Claro.

Restaba un gran problema por resolver. Con la muerte de Marcos Acuña varias sociedades panameñas quedaron inutilizadas. Contreras esta vez no recurrió a un intermediario. El 1° de julio de 1976, Endara le revocó los poderes conferidos a Marcos Acuña para otorgárselos al jefe de la DINA. En ese viaje fue acompañado. Una de las versiones recogidas para esta investigación, indica que viajó con Olavarría. Otra, que fue con un abogado que conocía bien a Endara. El misterio se mantiene.

El secreto nexo chileno de Guillermo Endara

En varios interrogatorios Manuel Contreras negó una y otra vez conocer tanto esas sociedades como el origen de sus dineros. Cuando Adolfo Bañados le mostró una a una las escrituras, hubo un gran silencio. Luego se escucharon sus respuestas: “Sí, la Empresa Pesquera Chile absorbió a la Pesquera Arauco… El gobierno me encomendó disponer lo necesario para que yo tomara el control… Los directores eran nombrados por el gobierno… En algunas oportunidades recuerdo haber otorgado dineros que se necesitaban para operaciones de inteligencia en Argentina… Algunas -como Servicios Electrónicos– pudieron haber servido para desarrollar un proyecto de guerra electrónica… Edice Investiment Inc Corporation es una sociedad que se formó en Panamá por orden del gobierno a fin de ocuparla en el extranjero…”

Lo que nunca se supo, ni en ese momento ni después, es quién había hecho el nexo cómplice y de confianza entre Guillermo Endara y Humberto Olavarría y Manuel Contreras. Se habló mucho de la CIA, pero al final, se impuso el silencio.

Fue el propio Guillermo Endara quien dio una pista hace ya casi 20 años. En una entrevista que concedió al diario La Tercera el 30 de enero de 1990, dijo que “durante estudios de post grado en Nueva York en los años 60 explicó el sistema de sociedades anónimas de Panamá a un grupo de tres abogados chilenos (que no identificó por secreto profesional), los que utilizaron este medio para sacar capitales de Chile durante el gobierno de Allende y también en el régimen militar”.

Uno de esos abogados chilenos fue Alfredo Ovalle, quien hizo realizó cursos de especialización en derecho comparado en Estados Unidos a principios de los ‘60, donde coincidió con Guillermo Endara. Posteriormente, ambos estrecharían la relación hasta convertirse en socios. Fue el empresario minero quien hizo el nexo entre Endara y Humberto Olavarría para los fines que el propio ex presidente de Panamá le explicó a La Tercera.

Los servicios de Endara no sólo servirían para ocultar fondos de la DINA. También los utilizarían para otros fines de Manuel Contreras, Humberto Olavarría y el propio Ovalle y sus socios.

Bajo el paraguas y modelo Endara, la DINA bajo la conducción de Olavarría formaría nuevas sociedades en 1976, el de mayor actividad terrorista internacional y también financiera. Y de mucho desorden. Inversiones Navarino tendría tres versiones distintas, en una de ellas, todos los socios, menos Fuchs y Salvador Lisboa, firman con identidades falsas (aparece Rolando Gálvez, por ejemplo, nombre bajo el que se oculta el oficial Vianel Valdivieso). En otra, la Compañía de Inversiones Navarino Limitada y Compañía CPA, representada por Hubert Fuchs, compra todos los derechos de José Germain Jara en Germain y Lisboa Limitada. A ellas se agregan Comercial Caronte, Complejo Terranova, Dynamic Tour… De todas ellas la autora de este reportaje obtuvo copias de sus escrituras debidamente legalizadas.

Alfredo Ovalle también formó empresas panameñas, y varias, las que ha mantenido en la misma reserva que su relación con Endara, el abogado que al asumir la presidencia de Panamá declaró una fortuna personal de 17 millones de dólares.

No es extraño entones que en junio de 1991, el poderoso columnista estadounidense Jack Anderson decidiera hurgar en las actividades encubiertas de Endara. Y recordó que en abril de 1991, la prensa panameña consiguió una copia de un informe de 1990 de la Drug Enforcement Administration (DEA, agencia de EE.UU. que dirige el combate contra el narcotráfico) que asociaba varios negocios creados por Endara, con una operación de contrabando de drogas en el sur del Estado de Florida. Endara negó todo conocimiento sobre “las actividades extracurriculares” de esas empresas, acotando que había renunciado a ellas en 1987 “por consejo de un amigo”.

No sería la primera vez que su nombre aparecería en un dossier de la DEA. Otro similar realizado después de la invasión de EE.UU a Panamá en 1989, se hizo público en 1990, involucrando al Interbanco de Panamá, del cual Endara era uno de los propietarios y vicepresidente, en el blanqueo de dineros de un cartel colombiano. Un depósito por US$12 millones de un ex jefe del Cartel de Medellín y otro por US$ 6,2 millones en préstamos a un español relacionado con dos cabecillas del cartel fueron las evidencias exhibidas. El banco debió cerrar sus puertas. Endara siguió su camino.

Al Interbanco de Panamá, Ovalle lo conocía bien. El 3 de enero de 1979, se constituyó la sociedad Inversiones y Comercial Arauca Limitada. Los socios: Humberto Olavarría y Raimundo Langlois, ambos en representación de Inversiones y Comercial Sur Limitada (Incosur) con el 50% del capital; y Máximo Montero Labbé, por Interoceanic Investment Corporation, sociedad panameña, domiciliada en Ricardo Arias Nº 9, Panamá, con el otro 50%. Objeto: toda clase de inversiones en bienes raíces, muebles, valores mobiliarios y otras sociedades. En su consejo de administración, Interoceanic Investment Corp. designó a Guillermo Ronderos, presidente del Interbanco de Panamá, del que Endara era vicepresidente, gestión por la que fue acusado por la DEA de lavado de dineros. Inversiones y Comercial Sur Limitada nombró a Langlois y Olavarría.

Para entonces, Ovalle –quien paralelamente fue vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (1976-1979) – había acumulado un largo historial de empresas en Chile y en el extranjero con Humberto Olavarría. En paralelo al incremento de las empresas de la DINA, en diciembre de 1976, se aumentó el capital de Inversiones y Comercial Fontanebleau Limitada, creada ese mismo año y cuyos socios eran Ovalle, Gustavo Valenzuela Carey y Raimundo Langlois.

Fontanebleau sería una de las sociedades a partir de las cuales Ovalle y sus socios multiplicarían sus negocios con Humberto Olavarría y sus amigos en los siguientes años. Así ocurrió el 28 de enero de 1977, cuando ambos grupos se asociaron a través de Fontanebleau y de Inversiones y Comercial Sur Limitada (representada por Olavarría y Patricio Ruiz Tirado) para comprar Perelló Hermanos y Compañía Limitada de Los Ángeles, en $ 1.700.000,00. La empresa sería rebautizada como Conservera Osiris.

Las que también se multiplicaron fueron las sociedades panameñas. El 22 de agosto de 1978, ante el mismo notario Morgan, Langlois y Montero Labbé, en representación de Prime Investments Conglomerate Inc. y de Mining Ventures Inc., ambas sociedades de inversiones panameñas; y Alfredo Ovalle, por Constructora Foram y cía. Ltda., modificaron y aumentaron el capital de la sociedad Inversiones Mineras Foram Limitada, creada el 12 de Abril de ese mismo año. Sus administradores: Ovalle y Langlois.

Pero Olavarría no quedó fuera del negocio. Una de sus empresas, la Sociedad Inmobiliaria Regional Limitada, siguió en la red multiplicando las inversiones con Ovalle y Langlois en la Inmobiliaria LVM Limitada y también en la Inmobiliaria Shopping Center Limitada, para construir en un predio social de calle Rengo esquina Freire de Concepción un edificio acogido a la Ley de Pisos, destinado a centro comercial de categoría; explotación y comercialización del edificio, venta por pisos o lotes, y todas las operaciones y negocios relacionados con la construcción, recepción, habilitación y funcionamiento del inmueble y de los negocios que en él se instalen (octubre 1978).

En dicha empresa también participaría el abogado de Concepción y antiguo socio de Olavarría, Aníbal Bórquez Pincheira, cuando ésta se transformó en Constructora e Inmobiliaria Shopping Center Limitada.

Después vendrían Comercial Foram Limitada (1979), sociedad de Ovalle y Olavarría, en la que Langlois actuó como administrador; la Constructora de Viviendas Económicas Reloncaví Limitada, en la que aparece una nueva empresa panameña de Olavarría, Inversiones y Comercial Transegeo; Inmobiliaria y Constructora de Viviendas Económicas Río Baker Limitada y nuevas inversiones cruzadas a través de Inversiones Arauca Panamá S.A. e Inversiones y Comercial Arauca Limitada (20 octubre 1979).

En dichas operaciones se asociaron Máximo Montero Labbé, por la sociedad panameña Interoceanic Investment Corporation; Humberto Olavarría y Raimundo Langlois en representación de Inversiones Arauca Panamá; y el mismo Olavarría junto a Ovalle firmando por Inversiones y Comercial Sur Limitada. Lo único que se mantiene es el trío de administradores: Olavarría, Ovalle y Langlois.

En 1980, Ovalle, Langlois y Olavarría decidieron invertir en el rubro pesquero. Uno que bien conocía el jefe de finanzas de la DINA. Para entonces, EPECH estaba en liquidación, al igual que la DINA, pero sus activos fueron aprovechados hasta el último minuto por Olavarría y sus socios. En 1981, Langlois y Olavarría firmaron en representación de Inversiones y Comercial Sur Limitada junto al empresario español Julio Rasilla Buhigas, representante en Chile de S A Pesquera Industrial Gallega S.A.P.I.G., la constitución de la nueva sociedad Pesquera AROSA Ltda., con domicilio en Punta Arenas. Hasta una de las sedes de EPECH en Santiago –Moneda 856- fue utilizada por la nueva empresa gracias a Olavarría.

Meses más tarde el trío formaría una nueva sociedad en el rubro: Pesquera Chonos, a la que se agregarían pronto dos nuevas: Sociedad Pesquera Tagle y Stranger Limitada (TAGLEX) y Pesquera del Pacífico Limitada.

AROSA ya era conocida de Olavarría por los negocios que hacía con EPECH en la era de Contreras y sobre todo por su rol de interventor y liquidador con plenos poderes de la empresa, para el que fue designado por el propio Contreras, cuando aun era su presidente, en el directorio del 15 de julio de 1977. Ovalle también conocía a la pesquera española. Entre sus socios tuvo a René Muñoz Valenzuela, el contador de la DINA y de la Pesquera Chile. Porque tanto AROSA como Chonos aprovecharon activos e incluso barcos hipotecados tras la liquidación de la Empresa Pesquera Chile, que dejó millones de perdidas para el Estado.

Pero en 1981 nada de eso importaba. La DINA había sido reemplazada por la CNI, pero todo seguía igual. Los negocios entre Olavarría y Ovalle y sus socios se multiplicaban y también las empresas panameñas, con Compañía de Inversiones Golfo Pérsico S.A., Comercial Fe Limitada, Inversiones Reina Victoria S.A., Trans Egeo S.A., Casinos Internacionales, una red hotelera en Colombia y muchas más.

Olavarría también exploraba otros negocios: en el rubro de las comunicaciones (una radio en Puerto Montt y otra en Valparaíso), tenía la concesión del Casino de Puerto Varas (hasta los ’90) y también inversiones en hotelería y otros, desarrolladas de la mano de Endara en Guatemala y también en Panamá. Endara había sido de gran ayuda. El 28 de septiembre pasado, el hombre que será recordado por asumir la presidencia de Panamá tras la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, falleció de un paro cardíaco a los 73 años. En Chile, también dejó huellas y muy potentes, pero de ellas no se habla. Porque a pesar de que la intervención del Banco de Fomento del Bio Bío en 1982 provocó un remezón en las finanzas de este grupo, todos muy pronto se recuperaron.

El negocio minero de Ovalle y Langlois que empezó con una insignificante inversión (Minera Las Cenizas Uno de Cabildo), para el 2006 producía 20 mil toneladas de cobre fino al año. También son dueños de otras minas, entre ellas, la Compañía Minera Minas Carrizal Alto. Y hasta ese mismo año 2006, eran propietarios de la Minera Florida, una mina de oro que el 2005 facturó US$ 43 millones. Su venta a la minera canadiense Meridian Gold, les reportó US$ 100 millones.

«Aunque sea falsa modestia, mi negocio está muy sólido, estamos haciendo inversiones bastante cuantiosas para nuestro nivel de mediana empresa», dijo Ovalle este viernes 20 en el vespertino La Segunda. Durante la entrevista, se le preguntó por las razones de su sorpresiva renuncia a la Sonami y volvió a invocar motivos familiares. Tuvo que descartar que tenía cáncer, negar que hubiere líos de platas en el gremio e incluso que existiera un quiebre con su socio Raimundo Langlois. «Por el contrario, somos casi hermanos», sentenció Alfredo Ovalle, ante la insistencia del periodista por descartar razones de su extraña salida de la Sonami.

*Los periodistas Sebastián Minay y Juan Pablo Figueroa colaboraron en esta investigación.

Nota 1

Las escrituras y la primera parte de la historia sobre el financiamiento secreto de la DINA fueron publicadas en una serie en el diario La Nación en noviembre de 1992.

Nota 2

Lautaro Villar Requena, siendo capitán de Ejército, fue alumno de la Escuela de Las Américas en 1963, a la que concurrió por segunda vez en 1969 como mayor. Perteneció a la DINA y se suicidó en abril de 1990, a los 59 años, cuando era coronel (r).

Nota 3

-. Leonardo Reyes Herrera, de “Villar y Reyes”, comandante de grupo y jefe de la Base Manquehue de la Fach, fue condenado el 10 de junio de 2008 a 8 años de prisión junto al comandante de escuadrilla Fernando Carreño Ortega y otros 5 oficiales y suboficiales de la misma institución como coautores de dos secuestros calificados: Jorge Aillon Lara (33 años), padre de tres hijos, empleado de la Empresa de Comercio Agrícola y militante del PC, quien tras ser detenido por efectivos de la Fach desapareció sin rastro y la profesora María Arriagada Jerez (40 años), tres hijos, dirigenta del magisterio, quien fue vista por última vez en la Base Aérea de Manquehue. La condena de primera instancia, dictada por el juez Fernando Carreño, ordenó la inmediata detención de los inculpados, que en la época cumplían funciones en la Base Aérea Manquehue, de la FACH, en la ciudad de Temuco. También condenó al oficial Heriberto Pereira Rojas y los suboficiales Jorge Soto Herrera, Luis Yáñez Silva, Jorge Valdebenito Isler y Enrique Rebolledo Sotelo.

Nota 4

El jefe del Departamento Exterior de la DINA era el entonces coronel Raúl Iturriaga, quien en estos días debería ser condenado por la Corte Suprema por su participación en el crimen del general Carlos Prats y su esposa (Buenos Aires, septiembre de 1974) y ya procesado por el atentado en contra de Bernardo Leighton y su esposa, en Roma, en 1975.

Nota 5

Incluso en una de las cartas que el ex agente de la DINA Michael Townley le envía a su amigo y también agente de la DINA Gustavo Etchepare, le dice: “el proyecto Sarín (Andrea) dio resultados óptimos durante la Semana Santa de 1976”.

Londres 38 presentó hoy una querella contra una serie de directivos de la empresa pesquera, dirigida después del golpe por el propio Manuel Contreras y que habría tenido un rol fundamental en la desaparición de personas en dictadura.

A las 11:00 horas de este martes, la agrupación de derechos humanos Londres 38 – Espacio de Memoria, interpuso una querella por delitos de secuestro calificado, asociación ilícita e inhumación ilegal contra los directivos de la Pesquera Arauco. La acción se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia, iniciativa que busca esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y que impulsa una línea de investigación para encontrar a los responsables civiles y del mundo empresarial que participaron en estos hechos.

Erika Hennings, miembro del directorio de Londres 38 Espacio de Memoria, señaló que es hora de que “se comience a trabajar la línea de la responsabilidad de empresas y otros actores, terceros actores en las desapariciones y detenciones. Creemos que esta querella puede ser el inicio para otras que son necesarias”.

Con relación a la pesquera y su vínculo con la represión, afirmó: “respecto a los que pasaron por Londres 28, que son 85 personas, eran sacadas y trasladadas a distintos centros, notablemente Tejas Verdes y Santo Domingo, ubicados en San Antonio. Tenemos investigaciones que dan cuenta que trasladaban a personas en sacos ya muerta. Es decir, la responsabilidad de la pesquera es muy importante en relación a estas personas desaparecidas”.

La acción, interpuesta ante el Ministro Mario Carroza, está dirigida en contra de los ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Pedro Espinoza Bravo, oficial del Ejército y director de operaciones del organismo represivo; Alejandro Burgos De Beer, mayor de Ejército; Humberto Olavarría Aranguren, oficial de la Armada, jefe de inteligencia económica de la DINA; Orlando Jorquera Bravo, coronel del Ejército en retiro, segundo vicepresidente de la Empresa Pesquera Arauco S.A; y Gerardo Godoy García.

Además, la querella apunta a todo el equipo directivo y gerencial de la empresa: Hubert Fuchs, administrador y gerente legal de la empresa pesquera. Fuchs, marino en retiro y ex gerente de Savory, fue el nexo entre la DINA y la empresa Standard Electric, según consigna un reportaje de CIPER publicado en 2009. Un hombre clave en el entramado de financiero que sostuvo al aparato represivo de los primeros años de la dictadura.

Otros ejecutivos querellados son Luis Verdevereu, el director suplente Carlos Paniaglia, Luis Arrieta Echegaray y Salvador Lisboa Escobar. A estos se suman los abogados representantes Luis Díaz Andrades, Luis Valdebenito Muñoz y Humberto Calderón Luna.

La abogada Magdalena Garcés, explicó que la querella “se dirige a establecer la responsabilidad penal de los directores de Pesquera Arauco y Pesquera Chile, eso sin perjuicio de que existen, durante toda la dictadura, otras empresas que colaboraron con la realización de crímenes como en este caso a través de la facilitación de vehículos o infraestructura”.

“Lo que queremos es determinar el destino final de los detenidos desaparecidos y acortar las brechas de impunidad que existen en Chile donde se ha responsabilizado a unos pocos, cuando existen mayores responsabilidades y muchos silencios cómplices que han permitido que hasta el día de hoy no sepamos dónde están”, agregó.

El patrón criminal que se investiga

 Según consta en una investigación realizada por la agrupación de Londres 38, la empresa Pesquera Arauco brindó un importante apoyo logístico para el accionar criminal de la DINA.

Los prisioneros eran trasladados desde el centro de la capital hasta San Antonio a bordo de camiones frigoríficos de pescado, adaptados para ese fin. Estos vehículos, consigna el documento, salían desde Rinconada de Maipú o desde el recinto de la empresa ubicado en Lo Valledor, en Santiago.

Una vez que llegaban al Cuartel Yucatán (Londres 38), se leía la lista de detenidos que llevaban los conductores y luego eran subidos a la parte posterior del camión, completamente vendados. La carrocería fue acondicionada con dos bancas a los lados y una separación por intermedio de una reja, espacio utilizado por uno o dos agentes de la DINA que armados custodiaban a los prisioneros políticos. El camino era escoltado por camionetas Chevrolet C-10 y C-30 con agentes que conformaban equipos de emergencia.

Los trasladados tenían lugar al menos dos veces por semana, existiendo antecedentes desde enero de 1974 hasta el cierre de Londres 38 en agosto o septiembre del mismo año. El número de víctimas desplazadas por la pesquera fluctuaba de una a decenas, conforme aumentó la cantidad de detenciones. De acuerdo a diversos testimonios, la mayoría de las personas recluidas en Yucatán fueron llevadas de manera clandestina al regimiento Tejas Verdes, tanto a la Escuela de Ingenieros como al campo de prisioneros. Se trató de una práctica sistemática y reiterada donde intervinieron al menos cuatro camiones de la empresa.

Sergio Vásquez Malebrán, militante del MIR detenido el Viña del Mar el 23 de enero de 1975, también menciona camiones de la Pesquera Arauco. Su testimonio fue recogido por el periódico Punto Final en 2015: “Alrededor de las una de la madrugada del 29 de enero de 1975, nos subieron a unos camiones tipo tres cuartos de una pesquera -era una camioneta frigorífica- a Mónica Medina, Fabian Ibarra, Sergio Vesely, Erick Zott, Walkiria Jorquera, Julio Torres, Gerardo Hernández, Lilian Jorge, Abel Vilches, Frida Klimplen, María Isabel Gutiérrez, Hernán Brain, Ricardo Villar, Carlos Rioseco, Horacio Carabantes y otros. En total éramos unos 20 detenidos. En la madrugada del 29 de enero llegamos a Villa Grimaldi”.

Pesquera Arauco S.A.

Las empresas Pesquera Arauco Limitada y Empresa Pesquera Chile Limitada eran empresas filiales de la CORFO que habían sido formadas por la entidad y el Banco del Estado de Chile. Posterior al golpe militar, la empresa pasó a ser administrada y dirigida por Manuel Contreras y personeros de la DINA, que asumieron como miembros del directorio junto civiles que actuaban en favor de la dictadura.

Los bienes de la pesquera sirvieron como elementos logísticos clave en las operaciones para la desaparición de personas, como vehículos e infraestructura ubicada en San Antonio.

El recinto principal de la compañía estaba apostado en calle O’Higgins N° 1981 y, según consta en la investigación realizada por Londres 38, el oficial de Ejército Mario Jara Seguel coordinó las acciones en terreno. “Él asignó a funcionarios de su confianza a los recintos de San Antonio y Santiago y específicamente, el recinto de San Antonio fue continuamente custodiado por personal militar”, consigna el documento. “Existen teorías relacionadas con el uso de los grandes hornos de la pesquera para la desaparición de cadáveres, y llama la atención que pese a la envergadura de la maquinaria con la que el recinto de San Antonio estaba provisto para fines de dicha naturaleza, no exista una investigación detallada sobre la utilización de este lugar durante los primeros años de la dictadura, considerando la trascendencia que otros medios de la pesquera Arauco como las camionetas y camiones, tuvieron en las actividades criminales de la DINA”, sostiene.

El camino a Tejas Verdes

Samuel Houston fue detenido entre el 17 de marzo de 1974 y el 17 de septiembre de 1975. Luego de las primeras horas que pasó retenido en una comisaría de Santiago, fue llevado al Cuartel Yucatán, donde los agentes de la DINA lo sometieron a brutales torturas. Por esos hechos presentó una querella ante el Ministro Carroza en el año 2015, que actualmente cursa su investigación.

Fue trasladado en uno de los camiones de la pesquera al Regimiento Tejas Verdes, donde permaneció por 35 días a la espera del maltrato y las torturas. “Nos quedamos un grupo de cinco, seis personas al final. Después de las torturas en Tejas Verdes nos dejaron en unas cabañas semiabiertas para recuperarnos. Luego nos llevaron a Santiago”, relató.

“Yo me di cuenta cuántos éramos al llegar a Tejas Verdes. Nos bajaron, estábamos vendados, nos la quitaron junto a las amarras. Estábamos en fila y calculé, eran como dos mujeres y cinco hombres. Ahí nos revisaban los médicos, uno de ellos está en Punta Peuco, Vittorio Orvieto”, señaló, “dentro del camión había sacos y neumáticos que noté al tratar de sentarme con la vista tapada”.

Su periplo por centros de detención continuó en cuarteles de la FACH y el ex Estadio Chile, donde alcanzó a estar dos meses hasta el cierre del recinto. Posteriormente fue llevado en caravana a Tres y Cuatro Álamos.

“En términos de participación civil, no se ha hecho nada, por eso esta querella es tan importante. Hay muchas empresas que tuvieron que ver, sobre todo los primeros meses después de golpe. Las empresas del área social, que inmediatamente llegaron los dueños a recuperar, ellos delataron a los dirigentes sindicales, a los desaparecidos de los cordones industriales. La sociedad civil de esa época, es bastante responsable”.